Si repasamos la prensa española de los ochenta encontraremos respecto a conceptos como «árabes» o «islam» una confusión notable dominada, en líneas generales, por la desconfianza y el desconocimiento, cuando no por la animadversión. No se trata de criminalizar a estas alturas a periodistas y empresas informativas, sino de dejar constancia de lo que había. Nos centramos en la prensa escrita del tiempo por ser más fácil de analizar que las emisiones radiales o de televisión, o en la prensa digital por el evidente motivo de que a la sazón no existía. En términos amplios, el ambiente era poco propicio y amistoso. Latía, en la izquierda, el recuerdo de «los moros que trajo Franco», de la guerra del Rif y de la «tradicional amistad» del Caudillo con el Mundo Árabe, dado que los árabes constituían uno de los dos puntales retóricos de la diplomacia española, carente de otros mejores. La derecha, por su parte, seguía manejando con más o menos convicción la imagen de la España de la Reconquista, de la unificación política de los Reyes Católicos y del peso que en el imaginario colectivo conservaba —y conserva— la memoria del moro asaltante, taimado y ladrón, independientemente de lo adecuadas y justas que puedan ser, o no, esas ideas. Más preocupados como estábamos por otros conflictos internos, se manifestaba la inquietud del pueblo español en Cartas al Director provocadas por la invasión de la Costa del Sol de dinero árabe —que se quedaba con clínicas, terrenos, voluntades—; acerca de la negación de protección a Ceuta y Melilla de la OTAN; o en noticias sobre incipientes muestras de «racismo» (rigurosamente entrecomillado) protagonizadas por este o aquel alcalde.

Presidía el escenario un trasfondo de información deficiente y escasa intención de abordar esos campos de forma seria y bien documentada; para bien o para mal, pero sobre buenas bases de elementos sólidos (la mayor abundancia, en la actualidad, de datos y canales informativos no ha mejorado el panorama; por el contrario, lo ha enturbiado más). Podíamos leer que «Saddam Husein es un sunita, es decir, un musulmán flexible» (El Independiente, 13/08/1990), cuando se preparaba la primera guerra contra Irak; que un Javier Valenzuela redujese a siete los imanes chiíes o que el mismo pendolista confundiese abbasíes con baazistas y se quedara tan fresco (El País, 14/05/1986); o que un Pedro Crespo glosara en términos ambiguos la coba de munícipes andaluces a los dudosos príncipes saudíes que ocupaban sus pueblos («lo malo no vino con los árabes rubios de ojos azules, con la saga de los omeyas, sino con sus acompañantes africanos» (La Voz de Galicia, 03/09/1981). Posturas como la de Alfonso Grosso representaban bien la actitud dominante, al afirmar hallarse «más cerca de Israel que de los países árabes y es, creo, claramente prooccidental , proeuropeo (…) diez años más de administración árabe de Jerusalén hubieran terminado con todos los fundamentos arquitectónicos y paisajísticos de nuestra cultura judeo-cristiana» (El País, 27/11/1980). En la misma dirección se expresaba por extenso Pedro José Ramírez en su artículo «España y los árabes» (Diario 16, 22/06/1981), en el cual abogaba por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel (pretensión razonable), entreverando el asunto con un listado casi exhaustivo de los choques, rivalidades y sangrías habidos entre España y «los árabes» (así, en bloque) a lo largo del último siglo.

Sin riesgo de generalizar, puede afirmarse que la sociedad española en su conjunto no era proárabe a principios de los años 80, o en las postrimerías del régimen de Franco. Más bien abrigaba una vaga atracción folclórica muy superficial en cuanto rozaba con el moro mítico de tal o cual lugar —sobre todo en el sur— que a un tiempo servía de envoltorio y máscara para ocultar desconfianza, repulsión, miedo, sentimientos de superioridad y, en el mejor de los casos, un paternalismo concesivo que encontraba su espacio en la pachanga nacional como uno más de sus ingredientes secundarios. Nada más. No obstante, si entre 1972 y 2002 se abriera y cerrara un paréntesis en blanco —por ejemplo, el despertar a la vida de alguien en coma durante treinta años— la sorpresa podría ser grande al abrir el diario ABC (07/07/2002) y leer una singular noticia: «El Castillo de Niebla albergará las “Veladas Andalusíes”. Huelva. La antigua alcazaba árabe del Castillo de Niebla acoge hoy la primera de las “Veladas Andalusíes”, un programa de cenas amenizadas con música, danza y teatro de al-Andalus, que tienen como objetivo reproducir y recrear la cultura islámica que dominó la Península Ibérica durante ocho siglos. Las veladas, que cuentan con el apoyo del ayuntamiento de la localidad, incluyen en su edición de este año cuatro menús diferentes, omeya, almorávide, almohade y nazarí…». Soslayando ese chistoso «teatro de al-Andalus», puede asegurarse que todas estas reconstrucciones circulan entre el pastiche, la guardarropía de baja estofa y la tomadura de pelo. Y no merece la pena extenderse más sobre el asunto: ahora mismo, un restaurante madrileño que dice servir comidas medievales prepara la adafina judía con ¡patatas!
Noticias así parecen mostrar un amoroso interés, de estado de opinión pasado al extremo contrario y de aceptación normalizada de comunidades humanas anteriormente en entredicho. Y hasta de exaltación feliz. En principio y en abstracto sería para felicitarse, si no surgieran de inmediato varias preguntas incómodas: ¿se ha hecho arabófila la sociedad española; y, en caso afirmativo, qué papel han desempeñado los poderes políticos y medios de comunicación en el prodigioso fenómeno?¿Han desaparecido las causas de resquemor en los órdenes cultural, religioso y político que alimentaban la desconfianza?¿Qué factores han entrado en juego para llegar al presente panorama de exaltación acrítica? ¿Hasta qué punto conveniencias coyunturales —de estricto interés oportunista de partidos, personas o grupos económicos y de información— han favorecido la irrupción de esa imagen tierna y blanda inencontrable con anterioridad? ¿Han operado efectos benéficos/odiosos (según se mire), y en qué sentido, en la psicología de las masas españolas los grandes acontecimientos mundiales como el alza del petróleo, el terrorismo islámico, la explosión demográfica de los musulmanes?

Son muchos interrogantes, cada uno de los cuales requiere una amplia respuesta por separado, pero es obvio que los árabes de hace cincuenta años no representaban peligro serio para Occidente, por hallarse, amén de divididos (aspecto similar en nuestros días), aún sometidos a diversas formas de colonización, o recién salidos de tutelas y protectorados. Por añadidura, la natalidad galopante ha duplicado, triplicado y hasta cuadruplicado la población (Egipto, de veinte millones de almas a ochenta), con las consiguientes tensiones internas, búsqueda de alimentos y desbordamiento sobre otros países, musulmanes o no.

En el lejano 1957, compañías occidentales mantenían el control del petróleo de Arabia, Kuwait, Argelia, Irak, Libia, y el precio del crudo no alcanzaba los tres dólares por barril, precio que se comenzaría a disparar durante la crisis de octubre de 1973, sin que hasta el momento se haya detenido. El incremento de los precios ha obrado una doble consecuencia sumamente negativa para nuestros pueblos occidentales: el uso del petróleo como arma política y militar contra nosotros y la disposición de ingentes recursos económicos por parte de regímenes y gentes que en ningún caso, con primaveras o sin ellas, pueden calificarse de democráticos. Paradójicamente, la materialización de las amenazas a gran escala (en los setenta ya existían grupos terroristas, como Septiembre Negro, pero todavía incipientes) ha generado en Europa corrientes de pavor disfrazadas de conciencia autocrítica, que dificultan por sus excesos de buenismo entreguista una relación normalizada y justa con las naciones árabes, por supuesto mucho más allá del problema terrorista, y aunque nosotros —españoles— veamos todo deformado por el prisma que nos impuso Rodríguez durante ocho años, con su Alianza de Civilizaciones, sus rendiciones preventivas y el odio a cuanto signifique España. En el momento en que escribimos solo podemos hacer votos para que Mariano Rajoy no se equivoque y sea capaz de enderezar el entuerto heredado, también en este campo.

Actualmente, millones de europeos sienten miedo y frustración al afrontar el desempleo, la pérdida de ahorros y pensiones, unas prestaciones sociales radicalmente reducidas y otras penalidades económicas. Sus temores están justificados, porque la crisis financiera actual está socavando la propia unión que se creó para curar las heridas de Europa al final de la segunda guerra mundial.

Pero, en medio del sufrimiento general, se ha pasado por alto a un grupo: los romaníes. Millones de romaníes, la minoría étnica mayor y más desfavorecida de Europa y que cuenta con una población como la de Grecia, están atrapados en la extrema pobreza y la ignorancia, agravadas por la discriminación generalizada. De hecho, según las conclusiones de la encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación de 2009, los romaníes padecen una discriminación más grave que ningún otro grupo étnico minoritario de Europa.

Las dificultades provocan actitudes agresivas, vengativas e intolerantes y los romaníes han pasado a ser los chivos expiatorios en esta crisis económica. De hecho, los ataques verbales contra los romaníes están ayudando a los partidos de extrema derecha a movilizarse y a los dirigentes nacionalistas a conseguir votos. Incluso algunos partidos políticos más centrados han recurrido a una retórica antirromaní que hace un decenio habría resultado inconcebible, pero los romaníes se han abstenido de responder con la misma moneda a la violencia, a veces letal, que se les inflige.

Hace seis años, la Fundación de la Sociedad Abierta, el Banco Mundial y nueve gobiernos nacionales abordaron la cuestión preparando un plan pormenorizado para integrar a los romaníes en la sociedad europea. El programa, conocido como “Decenio de la inclusión de los romaníes 2005-15”, asignó prioridad a cuatro sectores: salud, vivienda, educación y empleo. Este año, la Comisión Europea ha pedido que todos los Estados miembros de la UE formulen y apliquen estrategias para fomentar la inclusión social de los romaníes en dichos sectores.

El Deceno de la inclusión de los romaníes ofrece un plan para lograr la integración  y la igualdad y eliminar la discriminación ilegal, pero sólo se podrán alcanzar esos objetivos, si la UE resuelve su crisis financiera, inicia una recuperación sostenible y, por encima de todo, se transforma en una economía no excluyente. De lo contrario, los romaníes servirán inevitablemente de cómodos chivos expiatorios de la UE.

La exclusión social no es sólo moral y legalmente repugnante, sino que, además, es contraria al interés económico. La de los romaníes es la población más joven y que crece más rápidamente de Europa, con una media de 25 años de edad, frente a la media europea de 40 años. Según una reciente investigación del Banco Mundial, los romaníes representan el 23 por ciento, aproximadamente, de quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral de Bulgaría. En Rumania, son el 21 por ciento. Sin embargo, la inmensa mayoría de los romaníes en edad de trabajar carece de la instrucción necesaria para competir con éxito en el mercado laboral.

Al seguir segregando a los niños romaníes en escuelas “especiales”, en las que poco se espera de su rendimiento, que es peor aún, los Estados miembros de la UE están desperdiciando centenares de millones de euros al año en productividad e ingresos fiscales. El mensaje es sencillo: mejorar las oportunidades para los romaníes es moralmente acertado y también económicamente inteligente.

La integración es posible. Yo crecí en una ciudad pequeña y empobrecida de la Servia central, donde mis padres lograron salir de la pobreza y la privación extremas. Mi padre obtuvo un título de bachillerato y trabajó de taxista, mientras mi madre asistía a las clases universitarias y trabajaba en una oficina estatal. Nos sentimos orgullosos de la casa de dos habitaciones que mis padres lograron construir antes de que nos mudáramos a otra mayor en una zona con mezcla de poblaciones de diferentes orígenes étnicos.

Por haberme criado en una familia que se esforzó para subir de la pobreza a la clase media, yo estudié Derecho y completé un programa de gestión de ONG en la Universidad de Harvard. Miles de romaníes han hecho recorridos similares y cientos de miles más pueden hacer lo mismo.

Europa no puede seguir marginando a una de sus minorías; el prejuicio antirromaní y la discriminación ilegal no pueden seguir imperando. El status quo está dañando a millones de romaníes, pero también está dañando económica y moralmente a Europa. El tópico histórico es aplicable a este caso: se juzgará la grandeza de Europa por el trato que dé a sus miembros más vulnerables.

En 2005, Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, tuvo que hacer frente a disturbios callejeros en las afueras de París (Seine-Saint-Denis) y a un largo centenar de vehículos incendiados en sus calles. La mecha: la muerte de dos adolescentes -Zyed Benna, de 17 años, y Bouna Traoré, de 15- al refugiarse en un transformador eléctrico tras una persecución policial. El ministro anunció que la ley se aplicaría por doquier, y se extrañó de la polémica que había suscitado la palabra “chusma” que él mismo había empleado en los barrios conflictivos.

El reciente detonante de la violencia en Londres: la muerte de Mark Duggan, un negro de 29 años, abatido en una operación policial. En esos gravísimos desórdenes, los más violentos en 25 años, muere otro joven en el distrito de Croydon, al sur de la capital, donde varias casas, establecimientos de cadenas nacionales y humildes tiendas de barrio son quemadas durante los violentos disturbios, a los que se añaden tres muertes. Cameron anuncia que atajará los “enfermizos” incidentes violentos.

En Salt (Girona), a finales de enero de este año, un menor de edad de origen magrebí fallece al caer al vacío cuando escala unas cañerías huyendo de la policía. La protesta acabó en gran algarada y quema de coches. En la posterior manifestación pacífica, Iolanda Pineda señaló que los vecinos de Salt dieron “un ejemplo de ciudadanía” e hizo un llamamiento a la Generalitat de ayuda a la educación, urbanismo, salud y seguridad. Jaume Torramadé aboga ahora por la redistribución de los inmigrantes, estableciendo cuotas de pisos y viviendas solo para personas con nacionalidad española. (Nadie escoge el lugar en el que nace, pero puede decidir el lugar en el que espera satisfacer sus aspiraciones legítimas con el fin de vivir lo mejor posible -casi siempre con el fin de vivir sencillamente- y realizarse como persona).

Las causas y las consecuencias son semejantes en esos casos expuestos, en los que las autoridades alegan que los sucesos posteriores responden a un patrón organizado y que muchos de los protagonistas de los altercados provienen de otros barrios o municipios.

Pero ¿cuáles han sido los antecedentes de esos incidentes? En una grave crisis económica, carente de mesura y de unión política, ¿cuáles las actitudes,cuáles ciertos comentarios nada inocentes que dañan la convivencia respecto a la inmigración?

Considerarla como problema principal, no desvincularla de la delincuencia en general y, sobre todo, alejarla de nuestra convivencia, fomentando guetos al margen de la sociedad civil, privándola de un rico y saludable mestizaje de culturas, es un gravísimo error con consecuencias que estallarán ante nuestros ojos.

El resultado de falta de argumentos y de herramientas político-sociales que impidan mejorar la condición de los inmigrantes incrementarán reacciones xenófobas y discriminatorias. Aunque no se tomen actitudes violentas contra las culturas, si no se promueve el diálogo entre ellas se impide el verdadero mestizaje: equilibrio entre la escucha y la relación mutua.

Siempre estamos a la sombra de nuestras propias culturas. Sombra que nos acompaña y continúa en nuestro fuero interno, incluso si vivimos mucho tiempo en una cultura diferente. Sin embargo, eso no es negativo: nuestras diferencias pueden convertirse en fuente de mutuo enriquecimiento. Lo que cuenta, lejos de leyes que rigen la comunicación internacional, son las personas con su historia. Son las personas las que se reencuentran y no las culturas en el sentido abstracto del término. Son las personas quienes deben aprender a reconocerse, respetarse y apreciar la recíproca alteridad.

Senghor, poeta y humanista senegalés que cantó la negritud -palabra creada por el martinico Aimé Césaire-, fue gran defensor de la savia de las culturas: lo que llegó a convertirse en fecunda, grandiosa, creación literaria de las civilizaciones mediterráneas.

Los escritores con sus propias miradas sobre la realidad, con sus miradas incisivas, son la prueba jamás desmentida del poder de lucidez que caracteriza a la literatura, anunciadora de los males que acechan a la sociedad. Nos tienden el espejo de unos acontecimientos, unas actitudes, que nosotros -sus contemporáneos y la historia- deberíamos sentir empatía al reconocer.

En Francia son numerosas las obras que describen la marginación y la xenofobia. El pionero marroquí Dris Chraïbi describe en Los chivos la vida dura y miserable de los populosos barrios destinados a los norteafricanos: los desarraigados. Ese inmigrante, “animal herido que le da vergüenza morir a la luz del día”, sin un trozo de carne para llevar a la boca de su hijo enfermo, en medio de un pueblo indiferente. En Topographie idéale pour une agression caractérisée, del argelino Rachid Boudjedra, el inmigrante llega al metro de París: caverna, intestino, por donde gente de mirada cansina, desamparada y triste se apresura entre carteles, planos, tableros publicitarios, paredes, puertas, pasillos, que se multiplican en trágica simetría. La agresión frente a ese paisaje geométrico -mensajes desconocidos- alucina, desorienta al emigrante en el que anida la claustrofobia, el vértigo.

Ese inmigrante, en Hospitalité française, de Ben Jelloun, “es el que se mancha las manos, trabaja con su cuerpo, lo expone al riesgo, al accidente y al rechazo”. Fouad Laroui, en Des bédouins dans le polder y en tierras neerlandesas, adopta la sátira social, ironía del pudor del marginal: tono lúcido del desconocimiento del otro, diálogo de sordos por ambas partes, generando situaciones tragicómicas.

En las urdimbres novelescas de la segunda generación inmigrante magrebí en Francia, los jóvenes protagonistas en paro, con problemas de drogadicción, se reúnen en los huecos de las escaleras de los edificios de hormigón con hacinamiento hormigueante. Hablan de su desarraigo, de “su barrio de exilio”, lejos de la sociedad que les recuerda que eres “árabe”, eres “musulmán”. Y el relato Le sourire de Brahim, de Nacer Kettane, cobra triste realidad cuando el hermano del narrador, con el cráneo estallado en una manifestación en París, es llevado dignamente por su madre.

Nina Bouraoui, en Garçon manqué, recoge la historia de amor de su padre argelino y de su madre bretona como pretexto para explorar, denunciar, el racismo en la sociedad francesa: “Un día, en la parada del autobús número 21, escucho decir mirando a mi padre: Hay demasiados árabes en Francia. Muchísimos. Y además cogen nuestros autobuses. Sus palabras y mi silencio. Esa incapacidad para responder. Para aullar. Este hombre es mi padre. Respétele o le insulto. Respétele o le golpeo. Respétele o le mato. Y no es solamente mi padre. Es un hombre. Mi silencio confirma justo la expresión: estar fulminado por el dolor”.

Desde Cataluña, las marroquíes Najat el Hachmi y Laila Karrouch abogan por “ganar otra cultura” mientras conservan su propia identidad: ciudadanas en su nuevo país junto con la anhelada complicidad de los autóctonos, en sus textos autobiográficos Jo també sóc catalana y De Nador a Vic. Esperanzado futuro: depositado en sus hijos y en la próxima generación catalana.

Todos esos actuales ejemplos literarios, que dan cuenta del vértigo de ese estar siempre un poco en otra parte, a veces en desfase con la realidad y con frecuencia heridos al presente, pero conscientes de medirse con coraje a la insolencia del azar, ¿no nos lleva a reflexionar que algunos de nuestros antepasados participaron de esa realidad o que nuestros hijos o nietos, tal vez, participen un día no tan lejano?

El mundo se compone de múltiples orillas: no son vírgenes, sino salpicadas por corrientes entreveradas desde tiempo inmemorial. Cada uno de nosotros, en su propia historia individual y psicológica, posee sus orillas, pero hay que remontarlas, ir al encuentro unos de otros, y hacer de ello nuestra riqueza y un mundo más habitable.

A los viejos planteamientos de cómo tejer diversidad y tolerancia, multiculturalismo y universalismo y de cuál debe ser la responsabilidad de cada uno, en ese derecho a la diferencia y el deber de semejanza, se añade ahora el acuciante desespero de una juventud sin futuro.

Six years ago today, on July 7, 2005, Islamist suicide bombers attacked London’s transit system. They blew up three subway trains and a bus, killing 52 people and leaving a nation groping for answers.

In one sense the meaning of 7/7 is as clear to Britons as that of 9/11 is to Americans. It was a savage, brutal attack intended to sow mayhem and terror. Yet whereas 9/11 was the work of a foreign terrorist group, 7/7 was the work of British citizens. The question that haunts London, but that Washington has so far barely had to face, is why four men brought up in Britain were gripped by such fanatic zeal for a murderous, medieval dogma.

British authorities have expended much effort in seeking to understand how the 7/7 terrorists acquired their perverted ideas and became “radicalized.” In the immediate wake of the attacks, much ink was spilled over the role of extremist preachers and radical mosques. More recently, the focus has shifted to universities as recruitment centers for terrorists.

But this obsession with radicalization misses the point. The real question is not how people like Mohammad Sidique Khan, the leader of the 7/7 bombers, came to be radicalized, but why so many young men, who by all accounts are intelligent, articulate and integrated, come to find this violent, reactionary ideology so attractive. To answer it, we need to look not at extremist preachers or university lecturers but also at public policy, and in particular the failed policy of multiculturalism.

Multiculturalism has become a fraught issue throughout Europe in recent years. A rancorous chorus of populist politicians, like Geert Wilders in the Netherlands and Jimmie Akesson in Sweden, have made major electoral gains by stoking fears about multiculturalism. Mainstream politicians have joined in, too. Prime Minister David Cameron of Britain and Chancellor Angela Merkel of Germany have recently made deeply critical speeches, and the Dutch government decided last month to dump a decades-old policy of multiculturalism.

The real target of much of this criticism, however, is not multiculturalism but immigration and immigrants — especially Muslims. Mr. Wilders, leader of the Freedom Party, the third largest in the Dutch Parliament, has campaigned for an end to all non-Western immigration, a ban on mosque building and the outlawing of the Koran. Mr. Akesson, whose far-right Sweden Democrats shocked the nation by winning 20 seats in last year’s parliamentary elections, denounces immigration as the biggest threat facing Sweden since World War II. Centrists have responded not by challenging such prejudice but by appropriating the right’s arguments in an effort to hold on to votes.

Part of the difficulty in thinking about multiculturalism is that it has come to have two meanings that are rarely distinguished. On one hand, it refers to a society made diverse by mass immigration, and on the other to the policies governments employ to manage such diversity. The failure to distinguish between these meanings has made it easier to use attacks on multiculturalism as a means of blaming minorities for the failure of government policy.

Mass immigration has been a boon to Western Europe. It has brought great economic benefits and helped create societies that are less insular, more vibrant and more cosmopolitan. But the policies designed to manage immigration have been largely a disaster. To see why, one needs only to look at the experience of Britain and Germany. Both have adopted multicultural policies, though they have taken different paths. The consequences, however, have been similar.

Thirty years ago, Britain was a very different place than it is now. Racism was vicious, visceral and often fatal. “Paki bashing,” the pastime of hunting down and beating up Britons with brown skin, became a national sport in certain circles. I remember organizing patrols on the streets of East London during the 1980s to protect South Asian families from rampaging racist thugs. Workplace discrimination was endemic and police brutality frighteningly common. Anger at such treatment came to an explosive climax in the riots that rocked London, Liverpool, Birmingham, Bristol and other cities during the late 1970s and early 1980s. It was in response to this rage that Britain’s multicultural policies emerged.

The British government developed a new political framework for engaging with minority groups. Britain was now in effect divided into a number of ethnic boxes — Muslim, Sikh, Hindu, African, Caribbean and so on. The claims of minorities upon society were defined less by the social and political needs of individuals than by the box to which they belonged. Political power and financial resources were distributed by ethnicity.

The new policy did not empower individuals; instead, it enhanced the authority of so-called community leaders, often the most conservative voices, who owed their positions and influence largely to their relationship with the state. In 1997, the Islamist groups that had led the campaign against Salman Rushdie’s “Satanic Verses” during the 1980s helped set up the Muslim Council of Britain. Its first general secretary, Iqbal Sacranie, had once declared death “too easy” for Mr. Rushdie. Polls showed that fewer than 10 percent of British Muslims believed that the council represented their views, yet for more than a decade the British government treated it as their official representative.

Politicians effectively abandoned their responsibility to engage directly with minorities, subcontracting it out to often reactionary “leaders.”

If the prime minister wanted to get a message to the “Muslim community,” he called in the council or visited a mosque. Rather than appealing to Muslims as British citizens, politicians preferred to see them as people whose primary loyalty was to their faith and who could be politically engaged only by other Muslims. As a result religious — and Islamist — figures gained new legitimacy in their own neighborhoods and came to be seen by the wider society as the authentic voice of British Muslims.

More progressive movements became sidelined. Today “radical” in an Islamic context means someone who is a religious fundamentalist. Thirty years ago it meant the opposite: a secularist who challenged both racism in the streets and the power of the mosques. Secularism was once strong within Muslim communities, but it has been squeezed out by the new relationship between the state and religious leaders.

Many second-generation British Muslims now find themselves detached from both the religious traditions of their parents, which they often reject, and the wider secular society that insists on viewing them simply as Muslims. A few are drawn inevitably to extremist Islamist groups where they discover a sense of identity and of belonging. It is this that has made them open to radicalization.

A similar process has taken place in Germany. Postwar immigrants, primarily from Turkey, came not as potential citizens, but as “gastarbeiter,” or guest workers, who were expected to eventually return to their native countries. Over time, immigrants became transformed from a temporary necessity to a permanent presence, partly because Germany continued relying on their labor, and partly because they — and especially their children — came to see Germany as home.

The German state, however, continued to view them as outsiders and to refuse them citizenship. Unlike the practices in Britain, France or the United States, German citizenship is based on blood, not soil: it is granted automatically only to children born of German parents. Germany has nearly four million people of Turkish origin today, many of them born there, but fewer than 25 percent have managed to become citizens. Instead, multiculturalism became the German answer to the “Turkish problem.”

In place of citizenship and a genuine status in society, the state “allowed” immigrants to keep their own culture, language and lifestyles. One consequence was the creation of parallel communities. Without any incentive to participate in the national community, many Turks became dangerously inward-looking. Today, almost a third of Turkish adults in Germany regularly attend mosque, a higher rate than elsewhere in Western Europe and higher than in many parts of Turkey. The increasing isolation of second-generation German Turks has made some more open to radical Islamism. The uncovering last year of German jihadis fighting in Afghanistan should therefore have come as no surprise.

In Britain, the promotion of multicultural policies led to the de facto treatment of individuals from minority groups not as citizens but simply as members of particular ethnic units. In Germany, the formal denial of citizenship to immigrants led to the policy of multiculturalism. In both cases this has resulted in the creation of fragmented societies, the scapegoating of immigrants and the rise of both populist and Islamist rhetoric.

IN neither Britain nor Germany did multiculturalism create militant Islam, but in both it helped clear a space for it among Muslims. The challenge facing Europe today, therefore, is how to reject multiculturalism as a political policy while embracing the diversity that immigration brings. No country has yet succeeded in doing so.

In principle, the French assimilationist resolve to treat everyone as a citizen, not simply as an inhabitant of a particular ethnic box, is welcome. Yet as evidenced by police brutality against North African youth and the state ban on burqas, France continues to tolerate, and even encourage, policies that polarize society in the name of colorblindness. And although the relationship between Muslims and the state is healthier in America than in most European countries, the furor over a proposal to build an Islamic center and mosque near ground zero in New York reveals that the same fears and problems that haunt Europe exist in the United States.

There is no off-the-shelf solution. But the anniversary of 7/7 should remind us of how much is at stake in finding one.

The European Union, at long last, is taking a significant step to improve the lives of Europe’s millions of Roma. Rather than proposing a grand plan for EU-level action, the European Commission’s recently released “EU framework for national Roma integration strategies up to 2020” calls on each member state to write its own plan.

This approach recognizes that the most pressing needs of the Roma – improvements in education, housing, health care, and employment opportunities – are in the hands of member states, not the Commission. But putting the onus on national governments also reflects the caution with which EU institutions approach the deep social problems faced by the Roma.

The EU has woken up to these problems in the past two or three years, thanks, most recently, to the crisis in France last summer, which followed an influx of thousands of Roma migrants. Politicians have understood that the social exclusion and stigma suffered by Roma are a pan-European problem requiring an EU-level framework. But the general view is that Roma exclusion has proved intractable for many centuries, and that concerted action will not make much difference now.

In fact, few countries have ever really tried – and not owing only to a lack of resources. To be sure, ending Roma exclusion would require public spending on Roma communities to be orders of magnitude higher than it is now. But, even in an age of austerity, the amount required is small relative to EU spending on social inclusion or cohesion. Rather, the biggest need is to raise national leaders’ political will to combine policies and practices proven to work.

Imagine what life is like if you are a Roma today. You are four times more likely to live below the poverty line than someone from another ethnic background. Your sub-standard housing will probably be in a slum without a sewage system or any transport to the nearest town. You probably went to a poor-quality, segregated, Roma-only school, at which very few of your classmates completed primary education.

Indeed, you may have no birth certificate or other identity papers, or any legal claim to your home. If you are the victim of a crime, you don’t want to go to the police, because they might abuse rather than protect you. In other words, you live in the Third World, even if geographically you are in the middle of Europe.

Poverty and prejudice are mutually reinforcing. When a baby cannot be registered because Roma parents face discrimination and live in an isolated settlement, she will inevitably lack the documents needed to set up a legal business when she grows up. If a Roma girl has no contact with children from other ethnic groups in a decent school, she is unlikely to be able to persuade an employer to give her a decent job, and her family is likely to see early marriage as her only means of survival.

Tackling one problem in isolation is unlikely to yield significant results. Even if bias and discrimination disappeared overnight, it would take years to break the vicious cycle of Roma exclusion. Public policies need to address the multiple deprivations that Roma face, and they need to survive changes in government. That’s where an EU-level framework can help, by encouraging sustained efforts and evidence-based policy-making.

The good news is that there is plenty of experience that shows which development policies work. Integrated schooling is proven to improve academic results for all of the children involved. Early childhood programs and neo-natal intervention – aimed at improving expectant mothers’ health and teaching parenting skills – plus two years of pre-school give Roma children a much greater chance of going on to secondary education, which is essential to getting a decent job. And adult job training yields the triple benefit of raising household incomes, increasing tax revenues, and giving Roma the chance to work with people from other ethnic backgrounds.

The EU member states’ own experience also needs to be systematically assessed, so that countries can see what works and what is a waste of money. For example, other countries can learn from Spain’s progress in improving housing for Roma, or from Hungary’s microfinance program for Roma entrepreneurs.

All governments face a major impediment to better policies, however: lack of data on the Roma. It is impossible to devote the right resources and design better policies if officials have no information about those who need help.

Many Roma do not feature in official statistics, and governments have little information on whether policies aimed at improving their welfare have had any effect. Even worse, governments typically do not even try to assess the impact of their programs, though evaluation is standard practice in development projects.

It is possible to collect data on the Roma without stigmatizing them. The United Nations Development Program and the Open Society Foundations are collaborating with the World Bank on a major household survey this year that will provide valuable information on the living conditions of Roma in the EU and the Western Balkans. The aim is to enable governments to design more effective policies based on hard evidence, and we hope that national governments will then conduct this kind of official survey regularly.

The European Commission has established a framework. National officials now need to use better data to develop policies with explicit targets, appropriate funding, and provisions for monitoring, accountability, and evaluation.

Achieving greater social inclusion for the Roma is not impossible. It requires, above all, that European governments move beyond the scattershot policies and bureaucratic inertia that have left generations of Roma on Europe’s margins.

Europe’s leaders seemingly have awakened from a long slumber to discover that state-sponsored multiculturalism threatens the fabric of their societies. Their somber conclusions should cause reflection by Americans about the potential threats to national identity here and how educational institutions could play a constructive role in preserving our shared values.

Many well-meaning people still think that multiculturalism is synonymous with pluralism, or a healthy respect for diverse cultures and languages. Unfortunately, multiculturalism is too often used as a derisive ideology seeking to replace Western values and institutions and to transform society on terms dictated by immigrant cultures and belief systems. Much of liberal academe encourages or even actively promotes that brand of multiculturalism.

Islamic extremists have made abundantly clear how destructive separatism can be in inciting clashes of civilizations, as hearings in the House Homeland Security Committee will seek to document, beginning Thursday.

Of course, it is wrong to ascribe hateful motives to most Muslims, who are themselves diverse in their nationalities and interpretations of Islamic law. But it could be dangerous to Western society to ignore the threat posed by radical strains of multiculturalism. In declaring recently that “multiculturalism has failed,” British Prime Minister David Cameron took a perfectly reasonable first step toward defunding separatist groups that are avowed enemies of the state.

French President Nicolas Sarkozy sounded even more dire tones than Mr. Cameron, asserting that immigrants must embrace a national community: “We have been too concerned about the identity of the person who was arriving and not enough about the identity of the country that was receiving him,” he argued.

Demographics offer a partial explanation for differing levels of alarm. France has far and away the highest concentrations of Muslims in Europe – as much as 10 percent of the population. Islam is now the second-largest religion in that country.

Though it has been the target of homegrown terrorism, Britain has proportionately one of Europe’s smallest Muslim populations – less than 3 percent. As for the United States, Nevada is the only state where Muslims constitute as much as 2 percent of the population. However, Boston College professor Peter Skerry has noted, “In specific metropolitan areas such as Detroit, New York, Chicago and Los Angeles, Muslims represent a large and visible minority.”

Moreover, the Muslim population in the United States is growing and “now rivals Jews as a percentage of the population.”

But focusing exclusively on numbers or on the Muslim presence ignores another major problem: the poor record of programs and policies to integrate immigrants of a variety of faiths and ethnic backgrounds into a common culture and language. In fact, certain laws and regulations already in place – many of them adopted with the surge of Hispanic immigration in mind – can be described fairly as government-mandated multiculturalism:

c The $7 billion federal Head Start program, which provides child-development services to disadvantaged families, requires that only “culturally and linguistically appropriate” services be offered. Staff members are to speak and respect the home languages and cultural backgrounds of all the preschoolers. Given that almost a third of children in Head Start speak a language other than English (some 140 languages in all), the mandate is both vast and expensive.

c The state of Illinois mandates bilingual education, even for 3- and 4-year-olds in public preschool. These segregated programs prevent children from gaining critical English-language skills and contribute to harmful cycles of linguistic isolation.

There are approximately 5 million linguistically isolated households in the United States, where all adults have difficulty with English, and the number continues to rise, especially among Hispanics. Yet most of the nation’s public-school bilingual-education programs produce more dropouts than proficient English speakers.

c Widely used textbooks increasingly are depicting Islam in the most favorable possible light, even to the extent of redefining jihad- the “holy war” rallying cry of terrorists – as a noble struggle against oppression, and glossing over the illiberal implications of strict application of Islamic law (Shariah), most notably the subjugation of women.

Historically, public schools have performed one of their greatest services in unifying a nation of immigrants, linguistically and culturally. If the emphasis of government programs remains on fostering differences rather than unity, then America may find itself in the kind of multicultural mess that exists in major European nations.

El multiculturalismo patrocinado por el Estado fracasó. Esa sentencia del primer ministro británico, David Cameron, pronunciada inmediatamente después de abdicaciones similares de multiculturalismo por parte de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés Nicolas Sarkozy, sugiere que se está dando vuelta una página en la sociedad europea. ¿Pero es así?

El ataque de Cameron al multiculturalismo no se anda con rodeos. “Francamente”, dijo, “necesitamos mucho menos de la tolerancia pasiva de los últimos años y mucho más liberalismo activo y muscular”. No estaba criticando el pluralismo étnico y cultural, sino la idea de “multiculturalismo estatal”, que aplica diferentes estándares morales a diversos grupos sociales. En el futuro, declaró Cameron, los grupos musulmanes que, por ejemplo, no respeten los derechos de las mujeres, defiendan la libertad de expresión o promuevan la integración perderán toda la financiación del gobierno.

Sin embargo, no sólo el multiculturalismo oficial fracasó en Europa; también lo hizo el multiculturalismo respaldado por grandes sectores de la sociedad civil europea. Suecia, uno de los países más liberales del mundo, pero que también fue testigo recientemente de un aumento del extremismo, es un caso concreto.

Durante mucho tiempo se conoció a Suecia por su liberalismo en cuanto a estilo de vida. Los suecos son abrumadoramente seculares e indiferentes frente a la iglesia sueca. Los homosexuales pudieron registrar uniones civiles desde 1995 y casarse desde 2009, y el país es uno de los más radicales en cuanto a entender los derechos de las mujeres –como puede atestiguar el fundador de WikiLeaks, Julian Assange-. Es más, la amplísima libertad de expresión es una de las razones por las que Assange colocó los servidores de WikiLeaks en el país.

Pero la libertad de expresión de Suecia también fue uno de los motivos detrás del horroroso ataque suicida en Estocolmo en diciembre del año pasado. Según un último testamento dejado por el atacante, un ciudadano sueco llamado Taimour Abdulwahab, los compradores de Navidad en la ciudad de Estocolmo tenían que morir en venganza por “el respaldo de los suecos” a Lars Vilks, un artista que generó indignación en el país con dibujos del profeta Mahoma como un perro. Vilks sostenía que su trabajo era una provocación destinada a revelar el liberalismo selectivo dentro del establishment intelectual sueco –su multiculturalismo, uno podría decir.

El atentado suicida de Estocolmo no fue el primer acto de violencia asociado con Vilks. Dos jóvenes recientemente fueron sentenciados a prisión por intentar prenderle fuego a la casa del artista. Durante una conferencia en la Universidad de Uppsala el verano pasado, una multitud atacó a Vilks, profesor de historia del arte, al grito de Allahu akbar. El artista de 64 años fue golpeado en la cabeza, pero se salvó de sufrir heridas graves gracias a una fuerte protección policial.

Lo que resulta notable no es sólo la violencia y las amenazas contra Vilks –cualquiera que dude sobre la determinación de los extremistas islámicos en Suecia debería ver el video de esa conferencia en YouTube-, sino también la reacción del establishment sueco por lo demás radicalmente secular. Una cantidad de influyentes intelectuales y políticos suecos dirigieron sus críticas más duras contra Vilks, no contra aquellos que reclamaban censura y hasta incitaron a la violencia.

Sólo unos pocos diarios y revistas políticas del país publicaron los dibujos de Vilks. Al igual que el asesinado cineasta holandés Theo van Gogh y el novelista británico Salman Rushdie antes que él, Vilks fue criticado por los liberales y la izquierda por causar malestar con su arte. En este sentido, debe considerarse exitoso el trabajo de Vilks al haber logrado exponer patrones de doble moral –no importa lo que uno piense del dibujo en sí.

En Suecia, como en las igualmente liberales Holanda y Dinamarca, los populistas de derecha se beneficiaron con el fracaso de los liberales a la hora de salir en defensa de sus valores. Los Demócratas de Suecia (SD, por su sigla en inglés), un partido con raíces en el movimiento blanco supremacista del país, ingresó al Parlamento por primera vez en septiembre de 2010, con el respaldo del 5,7% del electorado sueco. El SD intentó posicionarse como el único defensor de los homosexuales y los judíos frente a la intolerancia agitada por la inmigración musulmana de gran escala en las últimas dos décadas. Los suecos que están lejos de la plataforma original del SD aparentemente están dispuestos a estar representados por un partido que hasta hace poco estaba lleno de neonazis.

En consecuencia, la falta de “liberalismo muscular” en uno de los países más liberales del mundo le allanó el camino tanto a los islamistas como a los populistas de derecha. Los principales políticos de Europa expresaron sus posturas, y ahora llegó el momento de que la sociedad civil europea –sus periódicos, críticos, curadores, académicos y editores- declaren el fracaso del multiculturalismo y demuestren una dosis de coraje a la hora de defender los valores que dicen representar.

Etre musulman aujourd’hui en Occident, c’est être placé au cœur des mutations identitaires du monde. En effet, des sociétés fortement multiculturelles se développent. Malgré ces dynamiques, les résistances sont violentes, les évolutions se heurtent à différents conservatismes déstabilisés dans leurs certitudes et leur refus du mouvement.

Les tentatives désespérées pour empêcher la progression du multiculturalisme installent les pays européens dans une tension identitaire, marquée par un repli qui n’offre aucune issue en terme de modèle de société. L’épicentre sismique de la mutation, hier l’immigration, est aujourd’hui l’islam. Mais la finalisation de l’instrumentalisation reste la même : la peur comme moteur d’une idéologie ou d’une identité.

Le “danger musulman” est positionné au cœur du discours politique des partis d’extrême droite. Mais pas seulement ! Depuis une décennie, la droite ne cesse de s’attaquer au “problème musulman” en le confondant gravement avec la question de l’immigration. Elle applique à cette religion la notion d’intégration. Erreur, car l’écrasante majorité des musulmans de ce pays sont des citoyens français. Quant à la gauche, elle renvoie, comme la droite, l’expression de cette minorité à une laïcité doctrinaire. Loin de faire vivre son principe qui, pourtant, crée les conditions d’un vivre ensemble. Cette approche incantatrice et figée ne permet pas à la jeunesse de se réapproprier cette notion.

Dans l’inconscient collectif français, le signe religieux (pas seulement physique, mais aussi celui d’une pensée en partie différente) est un signe d’aliénation. Cette attitude dogmatique s’inscrit dans le prolongement d’un regard néocolonial. L’héritage des mémoires refoulées, particulièrement celle de la guerre d’Algérie, continue d’interférer sur les représentations de l’islam.

Le retour désastreux de l’identité nationale dans le débat politique a considérablement aggravé une fracture entre les musulmans et une bonne partie de la population. Un tiers des Français considère (certes à un instant T, et ce n’est qu’un sondage) leurs concitoyens musulmans comme un “péril intérieur”.

Une grande faiblesse du traitement politique et médiatique réservé à la question de l’islam est la non-prise en compte de sa diversité culturelle et cultuelle. Diversité des héritages (Maghreb, Afrique sub-saharienne, Asie, Europe et désormais “franco-français”). Diversité des interprétations et des pratiques. Diversité sociale : l’islam reste très lié à des quartiers populaires marginalisés et discriminés lorsque, dans un même temps, une classe moyenne émerge. Face à la difficulté d’appréhender la minorité musulmane, les discours politique et médiatique ont construit les figures du “musulman modéré” et celle de l’islamisme (allant des conservateurs aux terroristes).

MUTATIONS IDENTITAIRES

Les sociétés de traditions musulmanes sont, elles-mêmes, en mutations identitaires. Voilà ce qui pourrait créer des dynamiques communes et des échanges constructifs ! Dans le fond, le discours fondamentaliste est très faible religieusement et spirituellement. Paradoxalement, ce n’est pas l’islam sa base, mais l’anti-occident. Par ce fait, l’émergence d’une puissante citoyenneté occidentale musulmane annule leur lecture d’un monde binaire : Occident contre islam.

Certaines sociétés, et une grande partie des individus, ont su faire évoluer la pratique et les modes de pensée avec les aspirations nouvelles. Le besoin d’émancipation dans les sociétés musulmanes ne relève pas forcément de “l’occidentalisation”, mais d’une inscription dans le mouvement des sociétés. Il se heurte aux mêmes résistances que dans notre société. Le danger de l’islamisation de l’Occident a son pendant, la peur d’une occidentalisation des sociétés musulmanes. Leur grille de lecture commune est le rejet de l’évolution des évolutions par le métissage des pensées, des modes de vie et des identités.

La culture islamique n’est pas homogène. Chaque société l’a adaptée à son temps et son histoire. Et la présence de plus en plus importante des musulmans en Europe est un facteur d’évolution de la pensée islamique. Ouvrir la porte d’un dialogue constructif serait, ici comme là-bas, porteur de dynamisme et de changements.

Al otro lado del Atlántico, las repercusiones de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos han puesto a prueba los valores de la tolerancia religiosa y la libertad individual. En una población de 300 millones de habitantes hay entre 2,5 y 7 millones de musulmanes en EE. UU., un tercio de los cuales son afroamericanos. Han surgido enfrentamientos por mezquitas propuestas en numerosos lugares como Tennessee, California, Georgia, Kentucky, Wisconsin, Illinois, Brooklyn y Staten Island. Particularmente alarmante y reveladora ha sido la batalla de alto voltaje sobre la construcción prevista de un centro de la comunidad musulmana cerca de la zona cero en Manhattan, lugar de los atentados del 11-S del 2001. Los críticos y detractores han apodado el proyecto “la mezquita de la zona cero”.

Islamófobos como Pamela Geller y Robert Spencer, propagandistas ultraconservadores, han aprovechado la construcción del proyectado centro para avivar el sentimiento antimusulmán. El candidato presidencial Newt Gingrich se mostró fuertemente contrario a su edificación, diciendo que no debe ser permitida mientras Arabia Saudí prohíba la construcción de iglesias y sinagogas. Construir el centro “con vistas al World Trade Center – donde un grupo de yihadistas mató a más de 3.000 estadounidenses”, opinó Gingrich, es un acto político de “triunfalismo musulmán”. Dijo que el Congreso estadounidense podría “establecer un área conmemorativa nacional” con supervisión sobre lo que allí se edifique. Gingrich justificó su posición al establecer una analogía con el holocausto. “Los nazis no tienen derecho a poner un cartel al lado del Museo del Holocausto en Washington”, dijo. El comentarista conservador Charles Krauthammer hizo un razonamiento similar en The Washington Post.En general, los políticos de derecha se han subido al carro de los ataques al islam y a los musulmanes para anotarse goles políticos fáciles. En la campaña por el cargo de gobernador del estado de Nueva York, el republicano Rick Lazio afirmó que el plan para construir el citado centro minaba el derecho de los neoyorquinos a “sentirse seguros y estar seguros”.

Cierto número de políticos y ciudadanos, entre ellos el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y recientemente el presidente Obama han defendido la construcción del centro después de la decisión de la comisión de Monumentos y Edificios Históricos de la ciudad de Nueva York de aprobarla sobre la base del principio de la libertad de religión. Pero el virulento debate mostró claramente que la política y el discurso sobre el terrorismo contribuyen a amenazar consagrados valores estadounidenses. Incluso Obama habló de “actitud prudente y sensata” en relación con la construcción del centro islámico en el lugar en cuestión.

El sentimiento antimusulmán se ha propagado por muchas zonas de Estados Unidos. El pastor Bill Rench, de la Iglesia Bautista del Calvario, en el valle californiano de Temecula, expresó tal vez mejor los sentimientos de quienes se oponen a la construcción de la mezquita en Temecula. “El punto de apoyo islámico no es muy fuerte en este lugar y realmente la gente no quiere que su influencia se extienda”, dijo Rench a Los Angeles Times.”Todos esos rumores sobre células durmientes motivan inquietud. ¿Hemos de ser complacientes sólo porque estas personas dicen que es una religión de paz? Muchos otros han dicho lo mismo”, añadió.

Una década de exacerbado sentimiento antimusulmán se ha cobrado, en definitiva, su precio. En el 2010, el Muslim West Facts Project, de Gallup, publicó los resultados de una gran encuesta sobre los prejuicios estadounidenses hacia el islam, que mostraban una relación de causalidad entre el aumento del antiislamismo y la política sobre el terrorismo. La conclusión más destacada es también la que más era de esperar: la opinión de una ligera mayoría de estadounidenses, el 53%, era escasamente favorable con respecto a la fe islámica (22%) o nada favorable (31%). Los estadounidenses doblan las probabilidades de expresar sentimientos negativos con relación a los musulmanes que en el caso de los budistas, los cristianos o los judíos. Un 66% de los estadounidenses discrepa de la afirmación de que la mayoría de los musulmanes acepten otras religiones, mientras que un 68% afirma que las confesiones cristiana y musulmana “no son esencialmente las mismas”. Como era de esperar, el 40% de los estadounidenses admitió que sabía bien poco sobre el islam, mientras que el 23% afirmó que no sabe nada en absoluto.

El columnista de The Boston Globe James Carroll afirmó, en relación con las conclusiones de la encuesta, que los musulmanes son enormemente malinterpretados y juzgados injustamente, aunque los estadounidenses están “en guerra y son presas de temor”, y añadió que “los temores exagerados se autoalimentan y la dinámica de los prejuicios puede llevarnos a aguas revueltas”. Comparó los estereotipos sobre los musulmanes con una corriente invisible que ha discurrido bajo la superficie de la cultura occidental durante un milenio. El columnista del Philadelphia Inquirer Stephan Salisbury advirtió que la perspectiva antimusulmana adoptada por los principales candidatos políticos puede allanar el camino a “la aparición de un líder que amalgame la demonización y condición de chivo expiatorio de los musulmanes, los temores multiplicados por la gran inquietud económica, el avance del activismo de extrema derecha y el desprecio cada vez mayor a la clase política de Washington”. Los líderes políticos de Estados Unidos, escribió, “han ido afilando un discurso antimusulmán que abona la actitud antimusulmana hasta el punto de que se está extendiendo como una nube o columna de humo sin control”.

La M como término o voz de animosidad contra los musulmanes, según publicó USA Today en agosto del 2010 en un artículo sobre por qué cada vez más estadounidenses creen que Obama es musulmán, se ha convertido en un término peyorativo en EE. UU. Según una encuesta del Pew Research sobre religión y vida pública de agosto del 2010, un 18% de estadounidenses dijo que creían que Obama era musulmán, por encima de un 11% en marzo del 2009.

Una encuesta de Newsweek indicó que un 52% de los republicanos cree que es “concluyentemente cierto” o “probablemente cierto” que Barack Obama comprende los objetivos de los fundamentalistas islámicos que quieren imponer la ley islámica en todo el mundo. Pese a los esfuerzos de la oficina del presidente para restar importancia a las pasmosas conclusiones, USA Today se centró en la costumbre o actitud de usar el M-word a guisa de burla, o peor aún, en llamar a alguien musulmán sólo cuando le desagrade o bien tema a esa persona: la manera de rebajar cortésmente a alguien en las conversaciones. El periódico preguntó: “¿Se está convirtiendo el M-word en la injuria o insulto político que traspasa los filtros sociales?”.

El discurso sobre el terrorismo y el auge de la islamofobia en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, socava los valores estadounidenses y occidentales en todo el mundo, permitiendo a Bin Laden y sus lugartenientes presentarse como legítimos combatientes o luchadores por la libertad que combaten a la única superpotencia que queda en el mundo. Desde finales de los 90, el objetivo fundamental de Al Qaeda ha sido provocar un choque de culturas entre el mundo del islam y Occidente. Aunque Bin Laden y sus hombres perdieron la lucha por hacerse con los corazones y mentes musulmanes, la islamofobia echa leña al fuego del discurso de Al Qaeda aportándole el oxígeno que la sustenta.

Afortunadamente, la islamofobia encuentra eco entre una pequeña minoría en Estados Unidos y Europa. La mayoría de los occidentales son tolerantes y se esfuerzan por librar a la sociedad de la xenofobia y las tendencias intolerantes.

Leer la primera parte del artículo.

Casi una década después del 11 de septiembre del 2001, el islam y los musulmanes estadounidenses se ven aún sometidos a juicio en Estados Unidos y en Occidente, vinculados a Al Qaeda y culpables por asociación debido al simple hecho de ser de la misma fe. Además de la aventura militar en Iraq y Afganistán-Pakistán, el aumento de la deuda, la militarización de la política interna, el discurso sobre la política antiterrorista y la idea de que Occidente sigue bajo una amenaza constante e inminente han puesto de manifiesto profundas diferencias culturales, legales e ideológicas en el seno de las sociedades occidentales, lo cual ha dado lugar a la aparición de tendencias retrógradas y de legislación draconiana dirigidas contra los musulmanes. Esas tendencias, conocidas como islamofobia, se han propagado por los países occidentales y amenazan el tejido mismo de los valores y pensamiento occidentales.

La islamofobia, a la que a veces se alude como “el nuevo antisemitismo”, ha agitado de nuevo el fantasma de su fea faz bajo apariencia y pretexto diferentes para alcanzar las costas de Estados Unidos. La guerra global contra el terrorismo ha permitido que la extrema derecha, incluida la derecha religiosa, demonice a los musulmanes y les presente como elemento extraño y quinta columna en el seno de las sociedades occidentales.

Aunque inicialmente impulsado por poderosos grupos de extrema derecha, tal sentimiento ha penetrado en la médula de la sociedad estadounidense.

En Europa, la alarma sobre la islamización advertida en el continente – haciéndose pasar por el temor a una crisis demográfica según la cual los musulmanes se reproducirían a mayor ritmo que sus homólogos cristianos-se ha convertido en un tópico y se refleja en la literatura, desde enfoques más complejos como el de Christopher Caldwell en Reflexiones sobre la revolución en Europa: islam, inmigración y Occidente (Allen Lane, 2009) hasta polémicas más descarnadas como la de Mark Stein en América sola: el fin del mundo tal como lo conocemos (Regnery Publishing Inc., 2006) y Bat Ye´Or en Eurabia: el eje euro-árabe (Fairleigh Dickinson University Press, 2005). América sola, un éxito de ventas de The New York Times,tuvo amplio eco entre los europeos y estadounidenses ultraconservadores, ofrece una visión aterradora de una debilitada, estéril e impotente Europa invadida por población musulmana notablemente fértil y violenta: ¡llegan las hordas musulmanas! Dado el alcance e intensidad de la movilización e instigación ideológica desde el 11-S, este discurso alarmista se ha convertido ya en algo trillado.

Recientes encuestas y sondeos de opinión, incluyendo los del prestigioso Pew Research Center, indican que un número creciente de occidentales aceptan una imagen marginal de los musulmanes. Buena parte de la opinión general afirma que no está dispuesta a permitir que los musulmanes gocen de los mismos derechos y libertades – también en materia religiosa-y estatuto jurídico de que gozan los demás. De acuerdo con una encuesta nacional realizada por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, el 44% de los estadounidenses dice que el Gobierno debería restringir las libertades civiles de los musulmanes estadounidenses.

Existe una auténtica industria artesanal cada vez mayor compuesta por comentaristas y políticos occidentales que se nutren de propinar mamporros al islam so capa del discurso de la guerra contra el terrorismo. Expertos en terrorismo como Daniel Pipes, Steven Emerson y Robert Spencer encabezaron la acusación contra el islam, pero esta actitud ha calado mucho más. Un apunte del blog de Martin Peretz, director de The New Republic,de septiembre del 2010, es ilustrativo de esta retórica viperina. “Francamente, la vida musulmana no tiene valor, sobre todo para los musulmanes”. Peretz añadía: “Me pregunto si he de honrar y respetar a estas personas y pretender que son dignos de los privilegios de la Primera Enmienda; me temo que abusarán de ellos”. Aunque Peretz pidió disculpas por la segunda parte, defendió no obstante su afirmación de que los musulmanes consideran la vida musulmana de escaso valor. “Se trata de la afirmación de un hecho, no de un juicio de valor”, escribió.

Matthew Duss, responsable de temas de seguridad nacional del Center for American Progress, dijo en la publicación Forward que el odio a árabes y musulmanes ha tenido hogar permanente no sólo en The New Republic,una de las revistas más antiguas y avanzadas de Estados Unidos, sino también en muchos otros foros proisraelíes que echan leña al tema del islam con fines políticos. Duss apunta directamente a Peretz en relación con el aumento de la islamofobia en The New Republic.

Fox News, la casa de Glen Beck y Sean Hannity y de varios presentadores de programas de difusión nacional, entre quienes se cuentan Rush Limbaugh y Michael Savage, dos comentaristas de medios influyentes en Estados Unidos, suele promover la islamofobia en el ámbito nacional. En una entrevista en el popular programa de televisión The View,de la cadena ABC, Bill O´Reilly, destacada figura de la Fox, declaró que “los musulmanes nos mataron el 11-S”.

Además, destacados políticos como Newt Gingrich, posible candidato a la presidencia, Peter King y el senador Saxby Chamblis, dos políticos republicanos, legitiman todos ellos la demonización de los musulmanes mediante lenguaje engañoso. Los sectores críticos del Movimiento Cristiano Evangélico estadounidense y destacados líderes religiosos como Pat Robertson, John Hagee y Franklin Graham, figuras influyentes de la derecha religiosa, por citar algunos, han contribuido asimismo a la intensificación y escalada de este fenómeno en Estados Unidos.

De modo similar, se suscita un encendido debate en toda Europa – bastión del liberalismo y el multiculturalismo- acerca de la población musulmana. En Suiza, un gran sector de la población votó a favor de la prohibición de construir minaretes, pese a que la comunidad musulmana en Suiza sólo cuenta con unas 400.000 personas y en su mayoría no son árabes o africanos, sino europeos de Bosnia, Albania y Kosovo. Bélgica debate la posibilidad de aprobar una legislación para proscribir el uso del niqab por parte de las mujeres. En octubre del 2010, la prohibición de velo facial fue aprobada en ambas cámaras del Parlamento francés por un margen abrumador y está previsto que entre en vigor antes de mediados de este año.

Los países europeos con abultadas minorías musulmanas han experimentado un aumento notable de retórica antimusulmana. Tal actitud se agudiza considerablemente cuando se combina con la fiebre antiinmigración en un marco de dificultades económicas y altos índices de paro. Esta ola de islamofobia ha suscitado interrogantes de hondo calado sobre el futuro de las multiculturales y multirreligiosas sociedades occidentales. Sacando tajada de la existencia de este enconado debate, los líderes de Al Qaeda Osama bin Laden y Ayman al Zauahiri difundieron varias cintas grabadas en que condenaban la discriminación contra los musulmanes y prometían atacar a los países europeos que habían insultado al islam y su profeta. La ironía es que quienes atacan al islam suministran a Bin Laden y sus asociados nuevos instrumentos para recabar apoyos.

Leer la segunda parte del artículo.

Tal vez sea aquí, en nuestro propio país, donde menos se ha insistido en el carácter ejemplar de la reacción de la inmensa mayoría tras el 11-M. A la cordura de la calle tratando al terrorismo de terrorismo, sin concesiones a la estigmatización de los musulmanes, siguió un juicio penal que, mal que le pese a cierto sector mediático, fue la admiración de la intelligentsia europea y estadounidense. A medio camino entre la sorpresa admirativa y la envidia sana, España fue, una vez más, diferente.

La diferencia la marcaba esta vez el ciudadano de a pie, su sentido común, avezado en la brega con el terrorismo y propenso a una vivencia personal de la fe religiosa: que España es un país profundamente católico que no va a misa no es ninguna paradoja. Tras demasiados años de nacionalcatolicismo, de eso era de lo que se trataba: de deslindar Iglesia y Estado, iglesias y naciones. A nuestro modo, entendíamos mejor a nuestros nuevos vecinos musulmanes si ellos celebraban el Aíd y nosotros celebrábamos la Navidad. No mucho más complicada era la relación hasta que llegaron los cálculos electorales, los vientos del Norte y la crisis.

Desde siempre, por así decir, la derecha española ha coqueteado con el fantasma de la inmigración, en uno de sus típicos ejercicios de cinismo: a la par que el Partido Popular alimentaba cuidadosamente su discurso antiinmigración, la población extranjera pasaba del 1,6% al 8,4% durante los Gobiernos de Aznar. Por más que el porcentaje de musulmanes apenas llegara al 16% de los inmigrantes, el salto del fantasma general de la inmigración al fantasma particular del musulmán no presentaba dificultades: “¡Qué viene el moro!”. No hacía tanto tiempo que la maurofobia y la maurofilia se debatían en el corazoncito del Régimen. El experimento fue adelante en las elecciones de 2008, con sus dudas y titubeos, pues en convocatorias anteriores no había dado los réditos esperados. Los debates que venían de Europa, avivados aquí con el ardor que nos caracteriza cuando de imitar al Norte se trata, acudieron en auxilio de los aventadores de la amenaza islámica, derechistas en su mayor parte, aunque no faltaron oportunistas de izquierda.

Sin embargo, y pese a lo que se sostiene, no se trata precisamente de que el islam vaya a deseuropeizar Europa, sino al contrario: son las élites europeas las que se sirven del islam para desmontar Europa, para actualizar las ideas-fuerza de unos nacionalismos que creíamos superados tras la brutalidad del siglo XX. Al paisaje suizo (¿qué es Suiza sino un paisaje?), le repugnan los alminares. Al “deber de civilizar” francés, le sulfura ver que las hoy compatriotas de Jules Ferry llevan hiyab. En Alemania, pueblo, tierra y lengua no admiten plurales en turco, kurdo o árabe. En los Países Bajos y Bélgica, siglos de inestable estabilidad comunitaria no soportan el roce de unas comunidades musulmanas que buscan su lugar. La lista de agravios de las patrias europeas podría seguir con Italia, Suecia, Reino Unido…

Pero España era diferente, su islamofobia ilustrada (esto es: intelectual, nuevorriquista, nuevoeuropeísta, masoquista por negadora de la propia historia) no cuajaba en una sociedad harta de viejas esencias nacionales. Hacía falta algo más para que ciertos sectores políticos la lanzaran contra el votante. Faltaba la crisis, eterno río revuelto del voto: el paro, el recorte de las prestaciones sociales, la degradación de los servicios públicos han de tener un culpable en la calle. En tiempos de tribulación, el desprecio a lo distinto se quita la careta y sale de caza. El viejo mundo frentista, el nosotros/ellos tan español, que en lo tocante a la herencia islámica ya dio pie a la división entre “albornocistas y castristas”, halla nueva formulación: el ellos por excelencia, los musulmanes, es una sobrecarga para “nuestro” Estado de bienestar, con tanto trabajo conseguido, se dice, fundamental para el futuro de “nuestros” hijos, se remacha.

Empaquetar política y mediáticamente la islamofobia intelectual es fácil. Solo hacen falta dos cosas: crisis y elecciones. Acabamos de salir de los comicios catalanes. En primavera aguardan las autonómicas y municipales, siempre más propicias que las generales a este tipo de estrategias.

Ciertas televisiones, ciertas radios y ciertos periódicos ya han puesto en circulación la cantinela:

1. El islam es una amenaza para Europa, afirman. Según este aserto, no hay que descuidarse. España aún convive con la primera generación de inmigrantes musulmanes, pero nos resistimos a aprender la lección. Nos faltan recursos intelectuales y valor político para hacer frente a la amenaza islámica.

2. Occidente es superior al islam. La grandeza civilizacional de Occidente frente al islam es dogma de fe. La civilización islámica, si algún día fue grande, se fue por el desagüe de la historia.

3. El islam no ha tenido Reforma ni Ilustración, ni puede tenerlas. Es arcaico, no evoluciona, su doctrina se clausuró con la tríada Corán/Mahoma/charía. Lo islámico es refractario a la historia, a la disidencia y a la cultura.

4. El islam es incompatible con la democracia. Niega la libertad individual, la pluralidad y los matices. Es un sistema totalitario. Regula hasta el más mínimo detalle de la vida. Posterga al individuo en favor de la comunidad. Los musulmanes no saben gestionarse.

5. El islam atenta contra la dignidad de la mujer. La considera inferior, la aparta de la vida pública y la recluye tras el velo. Las musulmanas aceptan gustosas esta sumisión.

6. Los musulmanes son, intrínsecamente, unos radicales. La inmigración musulmana es un semillero de delincuencia y salafismo.

7. De todos los inmigrantes, los musulmanes son los más reacios a la integración: ¡ni los chinos ni los negros ponen tantos reparos!

8. La culpa es del laicismo. El laicismo anticatólico beneficia al islam. Se carga contra la Iglesia y se contemporiza con el islam. El relativismo cultural y la multiculturalidad son una plaga.

9. La culpa es del buenismo, que alimenta los vicios de los musulmanes y les da alas. El buenismo les anima al proselitismo y a la reivindicación del derecho a la diferencia.

10. Cataluña es la cabeza de puente de la islamización de España. Cataluña ampara a los musulmanes contra España. Se les quiere dar el derecho al voto para que voten contra España. Que el inmigrante musulmán no sea hispanohablante, es útil en el combate contra el castellano. Los musulmanes son manipulables…

Como todo decálogo, este de la islamofobia nacional tiene su corolario: quien no reconozca las anteriores verdades, no es un buen español, es un alma cándida desinformada o un islamista de tapadillo. Por lo general son las derechas quienes profesan estas ideas, pero tienen también seguidores entre la izquierda, con un lenguaje más disimulado o tibio. Son ideas que atentan contra los derechos individuales en nombre de la igualdad, y contra la igualdad en nombre de la libertad.

Si bien no es esta la ocasión de abordar las conexiones estructurales entre islamofobia y racismo, no deberían dejarse de lado, puesto que el islam no es la religión ni el modo de vida del hombre blanco europeo. Como ya sabía Angela Davis, el retorno del racismo es siempre algo voluntario, no el estallido de algo reprimido. La islamofobia crea y resuelve un problema, su propio problema. Que no es, por descontado, la gestión de la presencia de los musulmanes en Europa. El problema de los islamófobos es Europa misma, la Europa de la socialización a través del trabajo y de la escuela, la Europa de la ciudadanía y el espacio público abiertos y compartidos, la Europa propulsada por “la burguesía librepensadora y el movimiento obrero”, en palabras de Daniel Bensaïd. Porque el hecho indisimulable es que se quiere desmontar el Estado de bienestar y la universalidad de los derechos en que Europa se sustenta.

Al acabar la guerra fría, un oficial soviético fingió que se compadecía de sus vencedores: “Acabáis de perder a vuestro Adversario Absoluto, ¡ya podéis estar preocupados!”. Como si los gobernantes y los diplomáticos no hubieran perseguido siempre varios objetivos a la vez. Desde luego, las movilizaciones totalitarias, si son verdaderamente absolutas, adoptan un blanco único: el imperialismo de Estados Unidos, el judeobolchevismo, el sionismo, los infieles, o cualquier otro Enemigo presuntamente hereditario. Por el contrario, los movimientos democráticos huyen de las restricciones de la idea única. Entre 1945 y 1989, un occidental, aun a riesgo de molestar a los simplistas y los sectarios, podía oponerse al mismo tiempo a los dictadores comunistas, las guerras coloniales, la corrupción de los privilegiados, el machismo de los conservadores, etcétera. 20 años después, da la impresión de que el diagnóstico soviético era acertado y necesitamos encontrar un chivo expiatorio único e indivisible.

La campaña para las elecciones presidenciales francesas comienza mal. En el verano de 2010, el Elíseo daba el toque de corneta con una ofensiva contra los gitanos que consistió en enviar gendarmes y excavadoras a demoler las chabolas de las barriadas improvisadas, mientras las cámaras de televisión se detenían sobre las muñecas aplastadas, los frigoríficos destripados, la resignación triste y digna de los más pobres de entre los pobres. ¡15.000 gitanos que vivían de forma nómada en suelo francés ponían en peligro a la República! La ultraderecha aprovechó la brecha moral y proclamó que “la ocupación” de dos tramos de calle en París (una veintena en total) a la hora de las oraciones coránicas del viernes era un desafío trascendental para la nación. Los musulmanes alegaron la falta (comprobada) de lugares de culto cerrados. Como buen laico, poco inclinado al angelismo, me asombra este espectáculo semanal. Cada cual tiene su gusto: unos prefieren a las rubias, otros a los rubios, otros a Mahoma, Jesús o Jehová, unos la bullabesa, otros los pralinés, yo adoro el chocolate. ¡Enhorabuena! Pero nadie tiene derecho a imponer sus ritos y sus manías a quien no los comparte. Es decir, ¡que se construyan las mezquitas necesarias y que se despejen de inmediato las vías ocupadas de forma indebida!

Vetar los lugares abiertos y cerrados a la segunda religión de Francia es comportarse como bomberos pirómanos. Quienes protestan contra la ocupación religiosa de la calle se oponen también, paradójicamente, a la construcción de espacios apropiados, con o sin minarete (dependiendo de los decretos municipales). Invocan la reci-procidad: mientras las iglesias cristianas estén prohibidas en Arabia Saudí, debemos rechazar las mezquitas en nuestros países. ¿Entonces habría que cortar la mano a los ladrones, lapidar a las adúlteras, ahorcar a los homosexuales, porque esa es la norma de algunos países? ¿Ojo por ojo, diente por diente? ¡Por favor! La tolerancia laica, gloriosa invención de Europa, permite la vida en común en la diversidad de deseos y colores. Si otros países prefieren la restricción y la uniformidad, peor para ellos, pero no deben ser nuestra inspiración.

Una excepción planetaria: en el viejo continente, todas las religiones son minoritarias en la práctica, y van a seguir siéndolo. Juan Pablo II observó, lúcido y desolado, que “los europeos viven como si Dios no existiera”. Su sucesor lo confirma y culpa al “relativismo” que domina la ciudad y el campo. Aunque se la considera una nueva barbarie, la tolerancia impera. Acepta todas las religiones e “irreligiones”, sin dar preferencia a ninguna. Aunque desagrade a los defensores de una fe pura y dura, los europeos, en una inmensa mayoría, repudian la guerra de religiones y los proselitismos agresivos. ¿Incluso los musulmanes? En nuestros países, sí.

Pensemos en el ejemplo de Francia. Si el 17% de sus habitantes de origen musulmán se declaran devotos de la oración del viernes, quiere decir que queda un 83% de tibios y despegados. Poco después de los disturbios de las banlieues en 2005 (que no tuvieron nada que ver con el islamismo) y el conflicto de las caricaturas de Mahoma, un sondeo internacional reveló que los musulmanes franceses eran los más adaptados a las normas occidentales: el 91% tenía una buena opinión de los cristianos y el 71% una buena opinión de los judíos, único caso en el mundo en el que las respuestas positivas eran superiores a las negativas; el 72% de los musulmanes creyentes no veía ningún conflicto entre su fe y la vida en una sociedad más bien agnóstica (The Pew Global Attitudes Prospect, 2006). Mas en general, un sondeo comparativo (Harris) desvelaba que los franceses son los que mejor acogen a los inmigrantes (International Herald Tribune, 25 de mayo de 2007). Son muchas señales -por supuesto, sujetas a posibles cambios- que ponen en duda la importancia supuestamente insuperable de los problemas planteados por la inmigración. Si las elecciones presidenciales se desarrollan en torno a las ideas de ocupación, invasión o islamización, la derecha habrá allanado el terreno al Frente Nacional (FN) y la izquierda habrá caído en la trampa.

¿Es posible que el FN plantee las preguntas acertadas aunque ofrezca malas respuestas? ¡No! Sus preguntas vitrificadas son tan desastrosas como sus respuestas desmesuradas. Hay que estar obsesionado -o querer obsesionar al elector- para proclamar a los cuatro vientos que la inmigración es la base de nuestros males, por delante del desempleo de los jóvenes, la paralización del crecimiento y el riesgo de estallido del euro y de Europa. Y, aunque nadie hable de ello, ¿por qué milagro va a escapar el continente a la corrupción globalizada, que se apoya en los recursos de Estados cleptómanos y mafiosos (por ejemplo, Rusia) o monocráticos y sin principios (como China), o petroislamistas, o narcomarxistas, o ambas cosas? El futuro no se juega en una calle de Barbès ni en el saqueo oficial de unas casuchas improvisadas.

Este tipo de actos de magia deshonran la política. Antes, se introducían agujas en muñecas rellenas de paja para ahuyentar los males. Hoy, cinco millones de finlandeses juzgan a su Gobierno por la incorporación de 8.000 trabajadores somalíes; dos o tres banqueros alemanes que entienden que Europa se ha entregado a los fanáticos religiosos triunfan en los sondeos y las librerías; después de 500 años de coexistencia honrada y democrática, en los que inventó el chocolate con leche y el “reloj de cuco” (Orson Welles), Suiza se inclina por guillotinar los minaretes; en Verona, riquísima provincia de Italia, la Liga del Norte prohíbe utilizar los bancos públicos a los “clandestinos”. Y así sucesivamente. Solo faltaba que la rubia Marine (Le Pen) reavivase los fantasmas de su padre, para mayor disfrute de los hijos de la OAS y los bastardos de Al Qaeda.

¿Vamos a capitular y a abandonar los verdaderos retos por los pastos oscuros de conflictos imaginarios? Si la política se dedica a demonizar las caravanas y las mezquitas, si la derecha republicana se deja atropellar por las obsesiones de la ultraderecha, si la izquierda democrática espera sacar las castañas del fuego sin salir de su coma intelectual, pobre Francia y pobre Europa. Vuestro destino se decidirá entre Pekín, Moscú y Washington, e incluso en Teherán y La Meca.

A l’occasion des difficultés de l’islam en Europe (le dernier exemple étant la question des prières sur la voie publique), on s’aperçoit que le débat n’est déjà plus possible, comme s’il était déjà posé qu’évoquer ces problèmes était le propre de mauvaises gens (de droite, d’extrême-droite, ou apolitiques, etc.) qui en parlent parce que c’est leur symptôme, et qu’en fait il n’y a pas de problème pour les gens sains que nous sommes. Du coup, impossible de lire l’événement, de le décoder.

Un journaliste raconte un meeting de laïcs où on lui dit que des  policiers se déguisent en juifs pour arrêter les musulmans qui les agressent ; alors il questionne : “C’est quoi, se déguiser en juif ?”, et il obtient la réponse stupide qu’il veut : “Il n’y a qu’à mettre un chapeau et un manteau noir!” Or chacun sait ce qu’est un juif “visible”, en banlieue, et déjà dans le XIX^e ou le XX^e arrondissement : il peut porter ou non une kippa, être grand blond ou petit brun ; il peut se faire attaquer (il peut même se faire “déconseiller” de s’inscrire dans un établissement public car la direction ne peut pas assurer sa sécurité. On n’en dit rien car cela relève déjà d’un silence d’ou d’un renoncement antérieur…). De même pour les prières massives sur la voie publique, puisque c’est l’extrême droite qui en parle, c’est qu’elles relèvent de ses obsessions. Pourtant, des laïcs débonnaires vous diront que si la laïcité protège les gens dans leur religion, elle protège aussi l’espace public contre l’empiétement des religions. C’est en tout cas son travail.

Je sais, par ma pratique, que la pensée est sous-tendue par des affects ; mais de là à ce qu’une pensée ou une idée ou une question soit écartée du fait que des gens que l’on n’aime pas l’ont touchée du doigt, et l’ont pour ainsi dire contaminée, il y a de quoi s’inquiéter. Ou de quoi se demander quelle grosse culpabilité est en jeu (car c’est souvent cela qui impose le tabou là où il y aurait de quoi penser et inventer). Et ce tabou devient risible tant on en parle. Ainsi, certains disent que dans l’islam les femmes et les homos sont maltraités ; “Mais nous, est-ce qu’on les traite mieux ? Franchement ? Non ? Alors…” Alors, il n’y a plus de problème. Ou encore, d’aucuns disent : l’islam n’a pas fait la séparation entre pouvoir politique et religion ; “Et nous ? Depuis quand l’avons-nous faite ? Depuis quelques siècles ? C’est quoi, quelques siècles ?…” Pas grand chose… Allez, encore un problème en moins. On “se remet en question” devant l’homme démuni supposé inférieur ; le tout dopé par la culpabilité de la Shoah (où expulser de gens, c’est comme les déporter, les envoyer à Auschwitz). Tout ce paquet de culpabilité, qui est surtout le fait des élites, est vécu à l’occasion de l’islam, ou consommé sur son dos., on brandit les extrémistes et cela supprime les problèmes que l’on a avec l’autre. Ce qu’on y gagne est douteux, mais qu’est-ce qu’on paie ? Quelle culpabilité ? Celle du colonialisme ? Très peu en ont profité ; outre que c’est un peu loin ; est-ce la vindicte envers ses parents qui n’ont pas été “bien” ? C’est peut-être plus profond. Il y a la culpabilité “humaniste”, celle de l’européen qui est sûr d’être supérieur et qui “trouve ça profondément injuste” ; doublée d’une culpabilité “chrétienne”.

CULPABILITÉ ET REFOULEMENT

Or cela se complique parce qu’en face, il y a aussi un paquet de culpabilité, plus refoulée, mais que les “jeunes”, inconscients comme ils sont, expriment ou passent à l’acte. Il y a une souffrance chez ces jeunes beurs violents qui ignorent que par leur acte ils paient une dette à leur tradition ancestrale que leurs parents ont mise de côté par impuissance, et qu’ils font vivre, eux, par des “mini-jihads maison”, en agissant ce qu’ils entendent ou qu’ils décodent dans leur famille comme discours sur les “juifs” et les “chrétiens”, dans le fil de cette tradition non-relookée. Parfois, les parents eux-mêmes souffrent de prolonger, par routine, ce qui dans leur tradition est assez hostile aux autres, comme s’ils honoraient là une dette inquestionnable. La réalité les invite à la questionner, et c’est très difficile. Ils savent comme tout un chacun, plus ou moins consciemment, que les livres fondateurs fonctionnent aussi comme des textes identitaires, au-delà ou en marge de toute croyance religieuse. Et là, tout se passe comme si beaucoup de musulmans appréhendaient que leur livre fondateur fût le seul à fustiger des peuples vivants et actuels, notamment les chrétiens et les juifs ; comme s’ils savaient que les autres savaient, que ça ne devait pas se dire mais que chacun n’en pense pas moins, et gamberge d’autant plus fort qu’il n’y a jamais eu de mots là-dessus, ni d’explication (Des responsables musulmans, même sans être interpellés se défendent en arguant que “La Bible aussi est très violente ! ” C’est vrai, elle est violente, surtout envers les siens, mais elle ne fustige aucun des peuples actuels, et pour cause, elle les précède). En tout cas, il s’ensuit chez eux une culpabilité, dont le refoulement est cher payé dans les faits, et ne peut que craquer un jour ou l’autre.

On a donc deux culpabilités face à face, avec interdit de parler. Comme blocage, on ne fait pas mieux. D’où ces effets aberrants : on nous prévient qu’en parler risque de faire le jeu de ceux-ci, surtout si ceux-là s’en mêlent. Pour plus de sûreté, il ne faut faire le jeu de personne ; et l’on se retrouve à jouer tout seul, sous le regard narquois du réel.

Or si ce qui touche à l’islam devient tabou, ce sont surtout les musulmans qui en souffrent, du côté du convivial, de l’être-avec. Souffrance de dire son nom au téléphone pour une recherche d’emploi, et d’entendre le silence de l’autre, même s’il est de bonne foi il ne veut pas de “problème” ; et l’emploi est déjà pris. Celle de voir que ceux-là même qui dénoncent l’islamophobie, c’est-à-dire la peur de l’islam, la provoquent soigneusement, par des menaces ou des violences. Celle de se sentir pris en otage par les fondamentalistes, alors que ce qu’on veut c’est vivre avec les autres, tous les autres, sans devoir rendre compte des actes extrémistes, qu’on désavoue mais qu’on ne peut pas dénoncer sans être pris pour un traître et menacé à son tour. On doit donc ravaler son silence, qui rejoint l’autre Silence, dans la même amertume.

Tout doit rester dans le non-dit ; et c’est cette exigence (perçue comme de santé mentale) qui a poussé nos élites zélées à poser et imposer que quiconque “touche” à l’islam est un “facho” ; la preuve c’est que les fachos sont très enclins à y toucher… Mais le refoulement n’empêche pas l’inconscient de “travailler”. Prenez l’exemple des minarets, pourquoi feraient-ils question ? Il faut bien des lieux de culte. Or tout se passe comme si ça se savait, sans que ce soit dit, qu’en terre d’islam il était interdit depuis toujours d’élever un bâtiment qui ne soit pas au-dessous des bâtiments musulmans, a fortiori moins haut que les mosquées. Est-ce cette trace dans l’inconscient qui fait que beaucoup, en toute bonne foi, ne veulent pas de minaret, mais admettent sans problème qu’il y ait des lieux de culte musulmans et que ceux-ci se cotisent pour louer de grands espaces (gymnases, etc.) pour les prières en attendant de construire ? En somme, faut-il attendre que des provocateurs soulèvent les problèmes pour enfin… ne pas les aborder ? Pendant ce temps, l’effort du refoulement alimente la souffrance des principaux intéressés, des femmes, des gays, des juifs, des musulmans, qui veulent seulement “vivre avec” et ne se sentent coupables de rien ; tout juste redevables et désireux d’une certaine mise au point, très simple, que des gribouilles en tout genre veulent coûte que coûte empêcher. On ne peut pas changer les textes, mais on peut transformer le rapport qu’on a avec ; tout comme on ne change pas son passé mais le regard qu’on a sur lui.

In the Métro stations and the streets of Paris, it’s easy to sense the anxiety and irritation of passers-by when they encounter a Roma woman carrying a baby in her arms or holding a little girl by the hand and asking plaintively for a few coins. In August, however, the French government — attacked on all sides after the political and financial scandals of the summer — decided to take cynical advantage of this shameful sentiment: President Nicolas Sarkozy began to condemn criminals of “foreign origin”; hundreds of Roma encampments were violently razed; and more than 1,000 of the 20,000 Roma in France were deported.

While most cultural and ethnic minorities have become visible here, the Roma remain obscure; indeed, many of the French still confuse these Roma — who have been driven by poverty from their villages in Romania and Bulgaria since the 1990s — with gypsies. This means that the Roma have been endowed with the romantic aura of the performers in old traveling carnivals and of bohemians; from Mérimée to Hugo, gypsies have been emblematic of freedom and adventure and proud beauty. It also means that they have been saddled with the urban myths of gypsies as thieves, sellers of pots and pans, organized beggars with their children in rags but driving Mercedeses, stereotypes that the president of the republic himself has repeated.

These Roma have become second-class citizens of the European Union, able to travel freely within the union’s borders but, because of the “transitional” nature of their civil status, allowed to stay in other countries for only three months at a time. They are thus condemned to working off the books and to begging, building temporary shelters and living on vacant lots or in empty buildings that become little slums. They are constantly exposed to the threat of expulsion. And like Sisyphus, they are pushed back to their country of origin, simply to return, legally, to France — just as unwanted at home as they are here.

The French politicians who pushed for this free-market Europe have forgotten that if you want wealth and capital to cross borders, you have to accept the fact that the poverty of others becomes yours as well. Like the people in the subway who are irritated by the reminder of this truth, the French government and most of the neighboring states have made the Roma the perfect scapegoats for the failure of their imagination: a Europe that is white, rich and impenetrable, where the Roma are the pariahs.

Difficile mémoire russe… Les violences du samedi 11 décembre sur la place du Manège, au centre historique de Moscou, sont venues rappeler que la Russie d’aujourd’hui a ses problèmes d’immigrés, comme le reste de l’Europe, en partie hérités de son empire, et qu’elle est loin d’être un pays à l’encéphalogramme social plat. C’est peut-être du problème national que partira l’étincelle qu’on peut prévoir.

«La Russie aux Russes» est un slogan impossible dans un pays qui est multiracial depuis son berceau: peuples de la steppe intégrés dans le creuset moscovite, Tatares vaincus mais intégrés depuis le XVIe siècle, peuples du Caucase arrimés à l’empire depuis la fin du XVIIIe et les guerres coloniales du XIXe. Et maintenant les «Arbeitsgaster» – le mot est aujourd’hui usité en russe – légaux ou illégaux, surtout venus des républiques indépendantes d’Asie centrale, et de plus loin. Car la Russie se développe économiquement, et attire à elle des millions d’immigrés. On discute de quotas, de légalisation, comme ailleurs.

Mais la particularité ici est que l’on ne sait pas à quoi l’on est arrimé. La référence à la Russie et au patriotisme est certes omniprésente, en particulier dans les grands médias télévisés. On veut redresser l’image de la Russie, on fait appel à la diaspora russe, l’ancienne et la nouvelle, aujourd’hui répandue dans tout l’Occident, et reliée à la patrie. L’Eglise russe, seule force vraiment indépendante de l’Etat, étend sa juridiction sur des pans entiers de l’empire qui échappent au Kremlin: c’est elle qui incarne «le monde russe» dont parlent souvent le patriarche Kirill et son bras droit l’higoumène Hilarion, jeune moine compositeur et historien, promu en un rien de temps N° 2 de l’Eglise orthodoxe russe. Les succès du pouvoir sont assez évidents, en dépit de la crise économique: nouveaux TGV, obtention des Jeux olympiques, de la Coupe du monde de football, gigantisme de Moscou et autres villes. Mais quelle est cette nation dite «Fédération de Russie»? De fédération elle n’a que le nom: on n’en sort pas volontairement. Ce n’est pas un «melting pot» à l’américaine, c’est un maillage culturel complexe, étonnant, sui generis, où la langue russe est lingua franca. La victoire de 1945 est omniprésente dans les monuments et dans les manuels. Une sorte de syncrétisme historique définit les Russies qui se sont affrontées dans la plus terrible des guerres civiles du XXe siècle comme des héritiers à parité de la Russie. L’Eglise de Moscou et celle de l’Etranger ont fusionné. Le général Denikine est au cimetière du monastère Donskoï, pas loin de Soljenitsyne. Staline réapparaît ici ou là, et l’Archipel du Goulag est inclus dans le programme scolaire grâce à l’édition abrégée que Natalia Soljenitsyne vient d’en faire. Mais la Russie n’est pas plus chrétienne que le reste de l’Europe, mais le tandem au pouvoir n’a derrière lui qu’un parti informe qui peine à élaborer une plate-forme… Alors les passions nationalistes et xénophobes se développent dans une certaine jeunesse désœuvrée, et le sport pourrait bien jouer ici comme ailleurs un rôle de boutefeu.

J’étais juste avant les désordres du Manège aux cérémonies du quinzième anniversaire de la Maison de la Russie à l’étranger, fondée par Soljenitsyne, une Maison qui «rapatrie» les trésors de la pensée russe élaborés dans la diaspora: un travail magnifique mais pour happy few, évidemment. Puis au Temple du Christ Sauveur, l’immense église de l’architecte Thon reconstruite à l’initiative de l’ancien maire Louj­kov: la crypte abritait une belle exposition sur le monastère des Solovki dans la mer Blanche et le camp de concentration qu’il abrita de 1919 à 1939. Des dizaines de milliers d’intellectuels, de clercs y furent martyrisés, précipités encore vivants dans la mer depuis le fameux escalier abrupt de l’ermitage de Sikera, des hommes transformés en chevaux, fusillés par douzaines, immergés dans la mer par les trous sur la glace.

Le problème de la mémoire était au centre. Un prêtre, fils et petit-fils de prêtres, tous assassinés, lui-même rescapé du goulag, le père Sergueï Pravdolioubov, parla avec force du «courage qui nous manque pour affronter notre passé». Le poète Koublanovski donna l’exemple d’une croix que son groupe avait érigée dans les années 1990 sur des fosses communes qu’ils avaient repérées près de Yaroslav, et qui a aujourd’hui disparu: lieu de mémoire non entretenu, ignoré par la population, parfois vandalisé.

Une autre visite fut pour le polygone de Boutovo, à une trentaine de kilomètres de Moscou, où, dans les années 1936-37, en cinq mois furent exécutés 28 000 hommes, dont plusieurs prélats transférés des Solovki. L’organisation macabre était méthodique; on a repéré 13 fosses communes qui ont trente ou quarante mètres de long, quatre de large. Une palissade a été construite pour protéger le lieu. C’est l’Eglise orthodoxe qui s’occupe du lieu de cette sinistre mémoire. Je le visitai avec son jeune directeur, Igor Garkavyï. Il aimerait bâtir un mur avec les 28 000 noms. On en est loin: une douzaine de noms sont donnés à l’entrée, à titre d’échantillon. Une petite église de bois venue du Grand Nord fait un contraste presque joyeux avec le lugubre champ où serpentent les fosses communes. On y célèbre le pardon et la Résurrection. Hors palissade, une autre église récente, dans le style de Pskov, beaucoup plus grande, a été bâtie par les soins d’un mécène croyant. Au sous-sol, une sorte de petit musée avec quelques vitrines où sont montrées des bottes, des sacoches trouvées pendant les fouilles. Trois cent soixante martyrs ont été canonisés lors d’un synode de l’année 2000 par l’Eglise orthodoxe russe: les icônes de ces nouveaux saints font le tour de la crypte, et celles des saints du jour sont exposées à la vénération. Combien de visiteurs ce lieu reçoit-il par an? Moins de 6000, dit le directeur. Il est allé à Oradour-sur-Glane, en Auvergne, là ce sont plus de 10 000 visiteurs par an, dont de nombreux Allemands…

Boutovo n’est pas le seul musée du goulag et de la persécution. Il y a le musée de Perm’, il y a un musée à Solovki, quelques autres encore… La petite, mais toujours vaillante organisation Memorial (www.memo.ru) , l’Eglise avec sa visibilité infiniment plus grande: voilà les défenseurs de la mémoire des massacres. Dans la Russie qui étale insolemment luxe et misère, c’est peu, et ces lieux sont peu visités. Faute d’une élaboration juste de la mémoire collective entre utopie et violence inouïe de la guerre civile, dans l’immensité du phénomène goulag, la mémoire russe reste schizophrénique, les plaies ouvertes, beaucoup d’aveuglements sont toujours là… Et l’on se bat sur la place du Manège, à deux pas de la statue équestre du maréchal Joukov, vainqueur de 1945, du mausolée de Lénine, de l’urne de Staline scellée dans le mur du Kremlin, de la chapelle d’Ibérie reconstruite à l’entrée de la place Rouge, et du Musée historique dont le hall présente un superbe arbre généalogique des Romanov. Autant de lieux de mémoire qui se tournent le dos.

Si usted visita Estocolmo, le aconsejo que, además de los museos, los palacios, el barrio antiguo y las islas, visite un modesto barrio del Sur de la ciudad llamado Rinkeby. La inmensa mayoría de sus pobladores son familias inmigrantes y, me dicen, se trata de uno de los distritos más pobres del país, aunque la idea de pobreza en Suecia, que ha alcanzado el más alto nivel de vida del mundo junto con Suiza, tenga poco que ver con lo que para el resto del planeta esta palabra significa.

Lo importante de conocer en Rinkeby es el colegio público, una institución que es un espejo de lo que debería ser la sociedad humana, el mundo entero, si prevalecieran entre nosotros los mortales la sensatez, el tino y el espíritu práctico. Hay en este colegio chicos y chicas que hablan 19 idiomas distintos y proceden de un centenar de países diferentes. Todos conocen el sueco y el inglés, pero no han perdido su lengua materna porque el colegio se las ha arreglado para que todos reciban, cuando menos una hora por semana, clases en el idioma que hablan en casa y hablaron sus ancestros. El director del colegio, Börje Ehrstrand, está convencido de que la integración de estos niños a la cultura y a los usos de Suecia es más fácil no si rechazan, sino reivindican y se sienten orgullosos de su origen. La filosofía que impregna la escuela de Rinkeby cabe en una palabra: tolerancia.

De la frenética cantidad de cosas que hice y que vi en los ocho días que acabo de pasar en Estocolmo, pocas me conmovieron tanto como la tarde que estuve en Rinkeby. Me dieron la bienvenida 19 niños y niñas, cada uno en un idioma distinto. Todos ellos constituían un verdadero abanico de las razas, las tradiciones, las religiones y las culturas del mundo. Había jovencitas escandinavas en minifalda junto a muchachas veladas del Yemen, árabes norafricanos entreverados con turcos, chilenos y chinos, atuendos extravagantes y formales. Comenzaron la función cantando canciones nórdicas relacionadas con la Navidad.

Después, vino el espectáculo. Constaba de dos partes. La primera consistía en un resumen de la vida y la obra de Alfred Nobel (1833-1896), el químico que inventó la dinamita, fue un poderoso industrial y legó su fortuna para la creación de los premios que llevan su nombre. Esta síntesis biográfica no ocultaba que el fecundo y célebre personaje había sido un socialdemócrata republicano y antimonárquico y que había pergeñado también algunas obritas literarias, con más entusiasmo que inspiración. Luego, la representación se volvió todavía más didáctica y nos explicó a los presentes en qué consistían los hallazgos y realizaciones que habían merecido este año a sus autores los premios Nobel de Medicina, Física y Química. ¡De quitarse el sombrero! La víspera, en un programa de la BBC, los propios laureados intentaron iluminarnos a los profanos sobre aquellos inventos y -creo que no hablo por mí solo- nos dejaron a todos en la luna de Babia. Estos mocosos, en cambio, a través de sus dibujos, fotografías, tarjetas y explicaciones orales, algunas impregnadas de buen humor, consiguieron darnos a los espectadores una idea bastante más precisa de aquellos logros científicos, incluido el prodigio magnético del sapo volador (la estrella de los Nobel de este año, sin la menor duda), conseguido por el físico Konstantin Novoselov.

La segunda parte consistió en contar y representar de manera resumida una novela mía, El hablador, en la que un muchacho judío peruano, limeño y de clase media, se vuelve un contador de cuentos machiguenga, es decir, vive una conversión cultural que es también una mudanza histórica, de hombre moderno y racional en un ser primitivo, mágico y religioso. Lo hicieron maravillosamente bien, ilustrando con diseños, música y estampas, los textos que iban leyendo en diferentes idiomas los distintos narradores. Me pareció estar reviviendo las interioridades de todo lo que fue la construcción de aquella historia.

Ni el barrio ni la escuela de Rinkeby fueron hace 20 años la sombra de lo que son ahora. La violencia reinaba en el lugar y las fotos de la época muestran que las aulas, patios y pasillos escolares eran un monumento a la suciedad y al desorden, en tanto que el rendimiento escolar era el más bajo del país. Fue en estas condiciones en que uno de los profesores, Börje Ehrstrand, asumió la dirección. Las reformas que introdujo fueron discutidas con los padres de familia, a los que, a partir de entonces, se les dio una participación intensa y constante en todas las actividades escolares, incluidas las didácticas. Ellos mismos y los alumnos aseguraron a partir de entonces la limpieza del local, haciendo trabajo voluntario.

Los dos primeros años son los más difíciles y en ellos la tarea primordial de la escuela es ir limando la desconfianza y la actitud huraña de los recién llegados hacia sus compañeros de carpeta que visten distinto, hablan otra lengua, adoran a otro dios. Algunos se adaptan con facilidad; los que no, tienen cursos especiales, a los que asisten los padres, asesorados por los dos psicólogos que forman parte del plantel. Generalmente, a partir del tercer año la comunicación y los intercambios son fluidos y se puede hablar de una integración en la diversidad, porque los denominadores comunes -el idioma y la aceptación del “otro”- ya forman parte de la personalidad del alumno.

La escuela de Rinkeby no solo es notable porque en ella coexistan niños y niñas de todo el espectro cultural; también, porque desde hace tres años sus alumnos figuran en el palmarés del concurso nacional de matemáticas y por los excelentes logros académicos del promedio. La demanda ha hecho que en los últimos cinco años la escuela haya crecido, que en la actualidad una cuarta parte de sus alumnos procedan de otros barrios, y que la fama de la institución vaya trascendiendo las fronteras suecas. Hace poco, la Comunidad Europea la premió como la institución que más éxito ha tenido en la prevención de la delincuencia juvenil.

Sentí mucho no haber tenido ocasión de conversar, en esa tarde tumultuosa, con Börje Ehrstrand, a fin de conocer más de cerca al autor de esta hazaña cultural y democrática que es el colegio que dirige. Pero sí visité la biblioteca y me dio gusto saber, por boca de una de las bibliotecarias, que la enseñanza de la literatura y la incitación a leer forman parte primordial del currículo de la escuela. No es de extrañar que, al revés de lo que se suele creer, que la escuela no es más que un reflejo de aquello que ocurre en la vecindad, en este caso la formidable transformación del colegio del barrio haya tenido un efecto saludable en la comunidad que lo rodea, atenuando la violencia, las disputas étnicas y religiosas, la criminalidad.

Suecia no ha sido inmune a los prejuicios contra la inmigración que, atizados por la crisis financiera y la consiguiente reducción del empleo, ha dado a partidos y movimientos extremistas, antiinmigrantes y xenófobos, una presencia política que no tenían. Por primera vez, uno de ellos ha entrado al Parlamento sueco en las últimas elecciones. No es la primera vez que ocurre así. Cuando una sociedad es víctima de alguna catástrofe, económica o política, surge la necesidad de un chivo expiatorio y, por supuesto, los inmigrantes son los blancos principales. No importa que todas las estadísticas señalen que sin la emigración los países europeos no podrían mantener los altos niveles de vida que tienen y que lo que los trabajadores extranjeros aportan a la economía de un país es muy superior a lo que de ella reciben. Pero la verdad se hace añicos contra lo que Popper llamaba el espíritu de la tribu, ese rechazo instintivo del “otro”, del que no forma parte de la propia manada u horda, esa cerrazón primitiva que es el mayor obstáculo para que un país alcance la civilización.

Por eso, lo que ha conseguido el colegio de Rinkeby es tan importante y debería servir de modelo a todos los países que reciben grandes contingentes de inmigrantes y quieren evitarse los problemas que resultan de la marginación y discriminación de que estos suelen ser víctimas. Hay que empezar con los niños. Que estos aprendan a convivir con quienes tienen hablas, pieles, dioses, costumbres distintas, y que, conviviendo, vayan desprendiéndose, como de un residuo inútil, en sus propias culturas, de todo aquello que dificulta o impide la coexistencia con los otros, es la más segura manera de conseguir que más tarde, cuando sean ya hombres y mujeres, puedan vivir en paz en esa diversidad étnica y lingüística, que, nos guste o no, será el rasgo primordial del mundo cuyos umbrales ya pisamos.

Con demasiada frecuencia analizamos la realidad nacional e internacional a partir de informaciones de actualidad y datos recién publicados. Nos quedamos en el «qué» de las cosas dejando su «por qué» en manos de los historiadores. Es arriesgado ejercer de politólogo sin conocimiento de la historia. Por ejemplo, reflexionar sobre las tribus aporta algo a la comprensión de nuestra realidad.

Desde que la especie humana habitó la tierra, aparecen las tribus. Estas agrupaciones primarias se caracterizan por tener en común un lenguaje propio y determinados rasgos culturales que los diferencian de otras. En los pueblos sedentarios, las tribus suelen ocupar una zona geográfica bien delimitada —costa, montaña, desierto, selva—, hábitat que condiciona la evolución del comportamiento tribal. La historia de la humanidad es la historia de luchas tribales por el poder y lo es todavía hoy. Cuando la organización tribal ha sido violentada por invasores más poderosos, la guerra sustituye a la paz. Es el caso de África. Los Estados africanos surgen en época todavía reciente a partir de arbitrarias demarcaciones coloniales cuyos límites geográficos no coinciden con la estructura tribal subyacente. El queso se corta en porciones en vez de en rodajas. Los resultados, vigentes hasta hoy, dan lugar a un sinnúmero de graves conflictos interestatales, promovidos por intereses tribales que permean ilusorias fronteras. La búsqueda del poder se basa también en la solidaridad tribal. En estado puro, la pertenencia tribal es más fuerte que cualquier ideología por lo que, en democracia, cada tribu seguirá votando a los suyos y fomentará la natalidad para contar con más votos y ganar las elecciones.

El proceso civilizatorio europeo, que arranca con el reconocimiento de la soberanía del yo individual en el Renacimiento florentino, ha conducido a la superación gradual del primitivismo tribal. Pero esta conquista es todavía reciente. Recordemos que si el imperio carolingio respondía ya en los siglos VIII-IX a un ideal de monarquía universal, Francia como Estado, al igual que Dinamarca, solo comienza a tomar forma a principios del siglo XIV. La Carta Magna inglesa data de 1215, pero el Reino Unido de hoy solo se constituye en 1707 con la alianza matrimonial de los Tudor ingleses y los Estuardo de Escocia. La unidad italiana, se produce en 1861 mientras que en Alemania, mosaico de Estados feudales que constituyó el Sacro Imperio Romano-Germánico, la conciencia nacional, teorizada por Fichte en sus Discursos a la nación alemana, 1807, surge como reacción a la ocupación napoleónica con el Zollverein, mercado común impulsado por Prusia, como preludio de la unidad nacional. Tras la orgía identitaria del nazismo, paradigma renovado del espíritu tribal, la reunificación alemana solo tuvo lugar hace 20 años. Nuestra Península Ibérica fue también tribal —aunque la historiografía medieval haya preferido llamarla feudal— hasta que el fin de la Reconquista en 1942 y la expulsión de los judíos crean las condiciones para la creación de un Estado unitario, democráticamente revisitado por el Estado de las autonomías en la vigente Constitución de 1978. Puede, sin embargo, afirmarse que en Europa, aun tamizadas por la civilización y el visionario sueño europeo —también escaldadas por las terribles consecuencias de las conflagraciones que en el siglo XX ensangrentaron el continente— las tribus siguen existiendo bajo el nombre de identidades. Incluso conocen un nuevo despertar, quizás como respuesta autoafirmada frente a la globalización homogeneizadora; de ahí las dificultades para resolver la difícil ecuación de «unidad en la diversidad». Aunque todos sabemos que, en un mundo globalizado, un peso específico suficiente es necesario para competir con éxito en lo político, en lo económico y en lo cultural, asistimos a una ola identitaria generalizada que aquí, allá y acullá cristaliza en nuevos nacionalismos con inquietantes visos xenófobos.

El problema radica en olvidar que el ser humano es a la vez complejo y contradictorio, individual y social. Recientemente, Salman Rushdie recordaba con gran lucidez en ABC Cultural que «podemos ser, somos, muchos yos al mismo tiempo», que todos tenemos identidades múltiples, otros tantos «genes del alma», en palabras de Amin Maalouf, incorporados a lo largo de nuestra trayectoria personal que nos hacen únicos y diversos. A mayor educación y sofisticación social, más oportunidad de encontrar en cada uno de nosotros puentes, pasarelas y complicidades con miembros de otras tribus a las que también pertenecemos sin que ninguna prevalezca de modo absoluto. Quizás el camino hacia la solución de «unidad en la diversidad» llegue a encontrarse en la declinación positiva de los diversos yos que forman parte de nuestra individualidad, en el reconocimiento de nuestra identidad multidimensional nacional, étnica, tribal y religiosa. Para ello, habremos de rechazar cualquier intento de imponernos etiquetas identitarias simplistas y, por ende, empobrecedoras. Retrocedemos en la historia cuando, por miedo a ser acusados de traición a la tribu, aceptamos ser limitados a una única dimensión que será siempre excluyente. Dejemos de escuchar cantos de sirena tras los que se esconde la sed de poder de quienes los emiten. Nuestras identidades múltiples contienen muchos puntos de encuentro con las de los miembros de otras tribus vecinas y en ellos se halla la semilla de la tolerancia. Podemos hablar otras lenguas, tener costumbres distintas y tradiciones particulares pero no por ello dejaremos de ser culturalmente mestizos ni renegaremos de los valores compartidos para echar por la borda tantos vínculos familiares e intereses comunes, incluyendo los económicos. Lo contrario es retroceder en nuestra condición humana, es dar a la intolerancia un lugar de privilegio, es perder peso específico y la oportunidad de escribir juntos la página de la historia que nos ha tocado vivir.

Las identidades cerradas que Amin Maalouf califica de «asesinas» y que en Europa parecían felizmente superadas, constituyen un grave factor de riesgo cuando el sentimiento tribal deriva en nacionalismo y éste se convierte en ideología dominante de la mano de unos pocos aprendices de brujo que no dudan en jugar con fuego si ello satisface sus intereses personales. La respuesta ciudadana ha de ser más Europa, más España, más diversidad cultural que nos enriquece, incluyendo la aportada por los inmigrantes que nuestra Europa envejecida tanto necesita; y, sobre todo, más respeto a las identidades múltiples de cada uno de nosotros, a nuestros yos multidimensionales que se sublevan ante ataques arbitrarios. En España y en Europa aún nos queda mucho camino por delante.

A principios de los 80, en una de mis primeras experiencias internacionales, asistía en Túnez a una reunión de especialistas en derecho de autor. En una pausa, se me acercó el representante de Mauritania para preguntarme de qué país era. Cuando supo que era española me miró con aire confundido. Después dijo: «¿Y en España hay… tribus?». Sorprendida y divertida, le respondí que no. Craso error de principiante.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona ha condenado a un año de cárcel a Benbrahim, imán de Cunit (Baix Penedès) , y a nueve meses a Abderramán el Osri, presidente de la asociación Casa Islámica de Cunit, por «coacciones graves» a Fátima Ghailan, mediadora cultural del consistorio. La sentencia incluye una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la mediadora durante dos años. Hasta aquí, todo parece razonable. A partir de aquí, todo son desaciertos. Osri ha dicho que no ve necesario dejar de liderar la comunidad musulmana del municipio y cierra el tema diciendo: «Es cosa de nuestra comunidad». Por su parte, Judith Alberich, alcaldesa del consistorio, afirma que se trata de un conflicto privado. Pues bien, a mi entender no es ni una cosa ni otra.

No es cosa de una comunidad. La afirmación del señor Osri esconde algo mafioso, caciquil, y, por supuesto, está lejos de ser la afirmación de alguien a quien le importe la democracia. De hecho, antes de que estallase el conflicto que ahora se ha juzgado un informe del ayuntamiento ya describía la comunidad que preside Osri como una asociación unipersonal, centrada en su persona. De ningún modo el señor Osri se puede sentir con el derecho de representar a toda la comunidad musulmana de Cunit. A lo sumo es el representante de un grupúsculo de gente que tiene una visión intransigente del islam. Fátima también es musulmana y no parece encajar bien en esta comunidad. Como ha quedado demostrado, los condenados se creen con el derecho de decidir quién es y quién no es un buen musulmán.

No es tampoco un conflicto privado. Esta afirmación me recuerda lo que antes pasaba con el maltrato a las mujeres. Nadie movía un dedo porque era un conflicto privado, un asunto doméstico. Han hecho falta muchas campañas de sensibilización social para que penetrase en el imaginario social que el maltrato a las mujeres es cosa de todos. Esta manera de entender una agresión no hace más que dejar solas a las víctimas e incrementar su sensación de indefensión. Y, al mismo tiempo, no anima a la denuncia a personas que pueden tener problemas similares.

Por su parte, la Comisión Islámica, órgano representativo del islam ante el Gobierno español, ha optado por una neutralidad más que indignante. «No pediremos a los musulmanes de Cunit que cambien de líderes», ha afirmado su secretario general, Riad Tatary. Mimon Jalich, secretario de la Unió de Centres Islàmics de Catalunya, ha sido uno de los pocos representantes de una parte de la comunidad musulmana que han dicho claramente que por el prestigio del islam habría que expulsar a los condenados de la asociación.

Escribo este artículo porque no me resigno a que se acepte con tanta naturalidad que este es un asunto de una comunidad. Precisamente es esta visión comunitarista de la sociedad la que no podemos permitirnos en una sociedad cada vez más mestiza, identitariamente rica y plural. Farhad Dalal, psicoanalista inglés, originario de la India y experto en dinámicas grupales y en conducción de grupos, dice que las culturas (y, a mi entender, también se pueden incluir las religiones) no son esas entidades unitarias y homogéneas que se nos quiere hacer creer. Están repletas de opiniones diversas y de conflictos. Lo mismo ocurre con los individuos. No puede haber una pertenencia auténtica. No es posible que exista una proclamación de pertenencia estricta que no pueda ser discutida.

Fátima Ghailan sufrió coacciones y asedio de personas que creen que solo se puede ser musulmán de la forma que ellas lo entienden. El fanatismo es contrario a esta idea plural de la identidad, de las culturas y de las religiones.

Y, en cambio, solo esta visión plural y compleja del individuo y de las culturas -que por otra parte defienden muchos más intelectuales, entre los que destacaría a TzevetanTodorov, Kwame Anthony Aappiah, Amin Maalouf, Abdelwahab Meddeb, Edward Said, Wole Soyinka, Amartya Sen y un largo etcétera- nos puede ayudar a no fragmentar nuestra sociedad en comunidades cerradas en ellas mismas que se ignoran o, aún peor, luchan para imponerse.

De ninguna manera una coacción o cualquier otro tipo de abuso se puede despachar como un asunto privado o como un asunto que incumba solo a una comunidad. Fátima Ghailan ha demostrado ser una mujer que tiene integradas perfectamente todas sus pertenencias en su identidad. Es musulmana, originaria de Marruecos, catalana y mujer libre. Y es perfectamente libre de decidir cómo vestir, cómo educar a sus hijos y con quién relacionarse.

Este es un caso importante porque nos muestra con claridad que la comunidad musulmana, como todas las comunidades, no es una. Y es muy posible que conflictos como este vuelvan a surgir porque, desgraciadamente, no son pocos los líderes religiosos que tratan de imponer su visión del islam en lugar de aceptar la complejidad de la comunidad a la que representan.

A pesar de sus matizaciones posteriores, las polémicas declaraciones de la cancillera alemana, Angela Merkel, anunciando el fin del multiculturalismo plantean preguntas en torno a los modelos de integración en Europa, e incluso algunas más profundas sobre la relación que mantiene nuestra sociedad con la inmigración.

En primer lugar, es importante aclarar que estas declaraciones se están dando en el contexto europeo y no, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto se debe a la forma en cómo se han fundamentado los estados europeos, forjados históricamente sobre la base de la tradición nacional, y a partir del triángulo de una nación, un Estado, una lengua (y una religión). Dado el contexto de creciente diversidad, la identidad nacional, que en su momento ayudó a los estados europeos a conseguir la cohesión necesaria, empieza ahora a actuar en su contra.

En segundo lugar, debemos considerar nuestro sistema político. La democracia representativa conlleva la competencia abierta entre partidos, y una lógica de pensar a corto plazo (las elecciones). Un escenario de mercantilización de la política que encuentra en el tema de la inmigración un magnifico recurso para desarrollarse sin freno. Los partidos pueden monitorizar fácilmente los sentimientos ciudadanos recurriendo a la ambigüedad y a la manipulación de los datos. A los partidos les conviene, y mucho, que haya un sentimiento de rechazo muy focalizado en la religión y el islam. ¿No hay freno a la corrupción emocional? El surgimiento de partidos antiinmigración, con cierto éxito en algunos países europeos (llegando a tener un poder clave en la formación de gobiernos), provoca a su vez un cambio en el discurso de los partidos tradicionales, los cuales hasta la fecha habían tenido una actitud de prudencia hacia la inmigración.

Finalmente, y como tercera reflexión, y quizá como síntesis de todo lo anterior, las declaraciones de Merkel, y a pesar de sus matizaciones de querer incorporar a turcos en la Administración alemana, muestran cómo el discurso se convierte en una política. Los partidos ya no se plantean tanto el qué hacemos, sino que lo que les preocupa es construir argumentos electorales sobre el qué decimos. Lo que importa es el discurso en sí mismo para captar votos, y Merkel forma parte de esta política del discurso. Además, se equivoca. De hecho, no solo Alemania no ha sido nunca multicultural, sino que, a pesar de tener inmigrantes desde hace décadas, no ha habido una política lingüística que les dé oportunidades y los haga partícipes de la sociedad alemana.

Esta despreocupación alemana constituye de hecho el principal esfuerzo de la política catalana. Catalunya está elaborando una política lingüística para la integración desde el mismo momento en que se ha diagnosticado, y con acierto, que los inmigrantes están aquí no solo para trabajar, sino para realizar sus proyectos de vida personales y familiares, para quedarse. Alemania debería entonar el mea culpa. Ella ha provocado la situación que ahora dice que debe terminar. Este recurso populista es muy fácil de usar en política, y muy efectivo, pero afecta directamente a la cohesión social, provocando fracturas entre la población y legitimando la xenofobia.

En cambio, en España, en general, y en Catalunya, en particular, la diferencia viene de la forma en que se está gestando un enfoque propio, orientado sobre la base de dar respuesta inmediata a los casos concretos. El enfoque es pragmático y está contribuyendo, hay que confiar en ello, a la construcción de un sistema de defensa ante el discurso más antiinmigrante. En lo que sí debería tener cuidado España es en la opción PP, que tira del populismo y pierde, de nuevo, el sentido de la responsabilidad política. La distribución de trípticos xenófobos es una técnica fascista, enseñamos a nuestros alumnos. El PP comienza a ser un problema para la cohesión. Su desesperación por el voto le está haciendo perder un horizonte social. Ganar votos sobre la base de retroalimentar fracturas sociales es también una técnica poco democrática. Exagerando problemas concretos, alimentando con desenfreno ideas falsas, el PP, no los inmigrantes, debería ser nuestra máxima preocupación.

El resultado final, hay que confiar, dependerá en parte de la respuesta de la sociedad civil (red asociativa ciudadana, grupos de empresarios, sindicatos, plataformas sociales, equipos de fútbol, Iglesia católica y otras confesiones religiosas, etcétera). Todos deberían hacer un llamamiento a la recapacitación. Si ni la UE ante el tratamiento discriminatorio y de limpieza étnica de Sarkozy ni los partidos políticos tradicionales de valores más humanistas tienen fuerza para frenar esta tendencia al populismo, la sociedad civil en su conjunto debería manifestarse contra esta enfermedad populista, que ahora también parece afectar, como un virus, a los partidos tradicionales de derecha, europeos, alemanes y españoles.

La campaña electoral en Cataluña se desarrolla entre un gran nerviosismo político y una aparente indiferencia ciudadana. En medio, el tema de la inmigración recorre el escenario electoral. Las tensiones se van acumulando alrededor de tres ejes: “Los inmigrantes son los causantes de la delincuencia”, “los inmigrantes amenazan nuestro bienestar y reducen nuestras posibilidades de tener trabajo”, o “muchos inmigrantes son fundamentalistas religiosos potencialmente peligrosos”. Lo cierto es que Cataluña ha pasado de una población de 6 millones de personas en el 2000 a superar los 7,5 millones en la actualidad. Son cifras récord. Y es meritorio que todo ello se haya producido, como en el resto de España, sin notables tropiezos, gracias, básicamente, a muchos municipios y a las entidades que trabajan en ese ámbito. De todos es sabido que la distribución de tan ingente volumen de recién llegados no ha sido proporcional en el territorio. Y, por tanto, hay poblaciones y barrios que acumulan porcentajes de población inmigrada muy significativos. Sabemos que sus lugares de acogida se concentran en los barrios que resultan más accesibles para las frágiles economías de los que apenas sí han reunido lo necesario para llegar e instalarse. Y es a esos barrios donde se dirigen ahora las esperanzas electorales de algunas formaciones políticas. Unas, con más descaro y desinhibición, como Plataforma per Catalunya, apuntan directamente al exceso de inmigrantes que “roban” oportunidades y prestaciones a los “nacionales”, y proponen la necesaria expulsión de los inmigrantes de religión musulmana, apelando a las raíces cristianas de los españoles. Otras, como el Partido Popular, tratan de compensar sus debilidades entre el electorado conservador y nacionalista catalán, con una campaña muy agresiva en inmigración. Un día arremete contra los gitanos rumanos en Badalona, amparándose en el ruido generado por Sarkozy y la débil respuesta de la UE y del propio Zapatero; otro, acusa a los inmigrantes de abusar de la sanidad pública; y al siguiente exige que los inmigrantes dispongan de “certificados de buena conducta” donde conste la opinión de sus vecinos. Y todo ello muy bien aderezado con constantes e inequívocas alusiones a la conexión entre inmigración, incivismo y delincuencia.

¿Hasta dónde llegará el PP y hasta qué punto contaminará al resto de fuerzas políticas catalanas? El panfleto que editó el líder popular en Badalona, García Albiol, preguntaba: “¿Tu barrio es seguro?”, acompañando el texto con una foto de un balcón con el lema “No queremos rumanos”. Esa iniciativa ha provocado que la Fiscalía de Cataluña especializada en temas de odio y discriminación haya citado al concejal para dilucidar si esa campaña puede ser constitutiva de delito. Para García Albiol, “lo que no han podido parar en la calle, lo intentan parar en el juzgado”. Lo cierto es que García Albiol crea escuela, y el dirigente popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, trata de imitar la estrategia haciéndose acompañar por los medios de comunicación en busca de campamentos de gitanos en Barcelona, o acusando a los inmigrantes de los problemas de sostenibilidad de la sanidad pública o de otros servicios públicos. En otro folleto preelectoral, el PP afirma que “nosotros decimos lo que muchos piensan y no se atreven a decir”, y consideran que convendría priorizar a la inmigración “que comparte con nosotros cultura y valores”. En esta misma línea, han acusado recientemente a CiU de haber favorecido a la inmigración que no supusiera un acicate a la españolización lingüística de Cataluña. Faltan semanas para las elecciones catalanas, y meses para las elecciones municipales, pero parece que la estrategia del PP en Cataluña es una especie de banco de pruebas para el resto de España. La cautela actual de los dirigentes españoles del PP puede trocarse en “garcialbiolización” si la cosa sale bien en Cataluña.

La líder popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha relacionado sus posiciones con lo que ocurre en Europa. Y no le falta razón. Sarkozy, Berlusconi y la reciente evolución de la opinión pública en Alemania, Suecia u Holanda, apuntan a un rebrote de la derecha xenófoba, acompañada por la derecha más convencional, que ha radicalizado sus posiciones políticas para taponar el ascenso de la extrema derecha. En Cataluña, buenos son los ataques a “los otros”. La presencia de Plataforma per Catalunya en los Consistorios de algunos de los municipios con mayor número de inmigrantes puede catapultar a su líder, Josep Anglada, al Parlamento catalán, y genera nerviosismo su extensión en los próximos comicios locales. El problema es que contra esa tendencia a criminalizar a los inmigrantes, sobre todo y por ahora a los de religión musulmana, no caben medias tintas, y son precisamente las medias tintas lo que caracteriza no solo al PP, sino también a CiU y a algunos dirigentes socialistas. Después de la escaramuza de Vic, en la que el alcalde democristiano de CiU propusiera denunciar a los inmigrantes sin papeles, la formación nacionalista catalana impulsa la creación de un mapa de los sin papeles con finalidades aún no aclaradas. Algunos alcaldes socialistas han abanderado la prohibición del burka en sus poblaciones, a pesar de que su número es meramente anecdótico, y ponen todo tipo de pegas a la instalación y al funcionamiento de mezquitas. Con todo ello, lo que se está consiguiendo es que se vayan considerando como normales y dignas de ser tenidas en cuenta por parte de la ciudadanía, opiniones que fácilmente se deslizan hacia la xenofobia y a la discriminación.

Es preocupante la tibieza o incluso condescendencia de algunos partidos políticos ante la gravedad de los escarceos del PP con esas posiciones. En momentos como los actuales, y ante la sensación de amenaza que muchos ciudadanos pueden tener en relación a la sostenibilidad de prestaciones sociales de todo tipo, se puede empezar con la heterofobia, acusando a “otros” de lo que nos viene sucediendo, y acabar con posiciones de racismo que no tengan de hecho base racial. Se niega a nuestros “otros” clásicos (los gitanos), se sigue con los nuevos “otros” (islamofobia) y al final se va ampliando la cosa hacia esos “tantos” que abusan de nuestros derechos y ponen en peligro el poco trabajo al que “nosotros” tenemos derecho y el poco o mucho bienestar del que “nosotros” ahora disponemos. Estamos ante el clásico tema del desplazamiento de las fronteras entre “nosotros” y “ellos”. Es increíble que un dirigente político justifique su posición aludiendo a que expresa lo que los ciudadanos piensan pero no se atreven a manifestar. Construir posiciones de fuerza política desde las bajas pasiones ha conducido siempre a peligrosos excesos. Si la fuerza de algunos partidos en Cataluña ha de basarse en la estigmatización de colectivos por razón de su origen, más vale que se lo hagan mirar. De hecho, están dignificando con su actitud ambigua posiciones mucho más radicales y abiertamente racistas. Y, al final, si entendemos que muchas de las acusaciones que se hacen a los inmigrantes derivan de su situación de exclusión social (que comparten con muchos “nacionales”), lo que acaba desencadenando un racismo primario es la situación de aquellos que acumulan rechazo al unir a su condición de pobres, el origen étnico y la religión que profesan, y esos son los musulmanes.

La Europa actual se ha edificado sobre innumerables conflictos de religión, y hemos inscrito en nuestros códigos la libertad religiosa como algo insoslayable. Pero tenemos miedo del radicalismo de aquellos que no han hecho aún los deberes de secularización de sus pautas de conducta pública y política. No avanzaremos en la aceptabilidad mutua con exacerbación de las diferencias, y menos si convertimos la religión en la divisoria cultural y en el límite de la incorporación a la plena ciudadanía. El islam es ya una religión europea, que debe encuadrarse en la lógica de la secularización del espacio público y de la vida política. No podemos caer en la trampa de confundir una opción religiosa, que no todas las personas de un mismo origen comparten o practican, con una forma de vida o como una expresión cultural. Necesitamos una clara desautorización de aquellos que pretendan criminalizar una práctica religiosa convirtiéndola en un cuerpo extraño desde el punto de vista cultural y social. Y en Cataluña, algo de eso nos estamos jugando.

El viernes pasado, en Nueva York, descubrí un club de striptease próximo al solar en el que se proyecta levantar un centro islámico, lo que sus oponentes denominan “la mezquita de la zona cero”. Mientras las bailarinas giraban en sus postes con tanto erotismo como una cajera de Walmart al acabar un larguísimo turno, pregunté al fornido portero -Scott, que vive en Brooklyn- si habían sufrido alguna protesta por esa profanación de un terreno sagrado. Por ejemplo, ¿había llamado a su puerta algún airado comentarista de Fox News? Bueno, respondió, uno o dos transeúntes habían manifestado objeciones desde que estalló la controversia sobre el centro islámico. “La gente tiene derecho a opinar lo que quiera”, dijo Scott; pero el New York Dolls Gentlemen’s Club llevaba 30 años allí y las personas que trabajaban en él tenían que vivir de algo.

Un club de striptease en el sitio exacto del peor atentado terrorista cometido en territorio estadounidense sería una auténtica profanación. Y, aunque por supuesto no es comparable, edificar una nueva mezquita allí mismo sería muestra de una enorme falta de sensibilidad. Nueve años después, el terreno en el que se alzaban las Torres Gemelas sigue siendo un solar en construcción, pero en una exposición situada junto a él puede verse el proyecto para erigir un conjunto conmemorativo de estanques, árboles y un museo, además de una “torre de la libertad”. Como ocurre en los cementerios del horror de Auschwitz, Katyn, Hiroshima e Ypres, en el agujero dejado por el World Trade Center, el tacto histórico y la intención conmemorativa deben prevalecer por encima de cualquier otra consideración.

Ahora bien, resulta que el club de striptease de Murray Street no está en la zona cero y que tampoco lo está el sitio en el que se prevé construir el centro islámico, que es una antigua fábrica de abrigos Burlington situada en Park Place. Están a tres y dos manzanas de distancia respectivamente. Ninguno de los dos edificios es visible desde ese “terreno sagrado” laico que es el solar del World Trade Center. En Nueva York, dos manzanas son muchísimo. Cuando uno llega a Park Place, no tiene la menor duda de que está en otro sitio, en medio del ajetreo y la locura habituales de la ciudad, con un mercado amish en la esquina que vende pollo amish a la barbacoa, fettucine amish y sushi amish; cosas que tienen de amish lo que yo de chino.

Después, los detractores del centro planeado para Park Place -perdón, la “megamezquita de la zona cero”- hablan sobre fuentes de financiación nada claras y declaraciones sospechosas de su principal impulsor, el imán Feisal Abdul Rauf. Motivos, dicen, para que se construya más lejos. Es un razonamiento tan ilógico que más parece un acto de fe. Si el centro estuviera financiado por terroristas o tuviera unos líderes islamistas radicales y sanguinarios, lo que habría que hacer es impedir su construcción, a dos manzanas o a 200.

A la hora de la verdad, estas afirmaciones también están tergiversadas o basadas en razones que no se sostienen. La bloguera antiislamista Pamela Geller, por ejemplo, despotrica en su página web porque, dice, Rauf estuvo relacionado con un grupo pacifista malayo que financió la flotilla de Gaza. Su titular es: La ‘obra benéfica’ del imán Rauf, de la zona cero, financió una misión genocida”. Jon Stewart, en su programa The Daily Show, hizo una estupenda parodia de esta forma de culpa por asociación: destacó que el segundo mayor accionista de la empresa de Rupert Murdoch, News Corporation, que es propietaria de Fox News, es el príncipe saudí Al Waleed Bin Talal, que está relacionado con el Carlyle Group, que ha hecho negocios con la familia Bin Laden, “uno de cuyos hijos -obviamente no voy a decir cuál- es tal vez antiamericano”.

Durante un debate televisivo celebrado poco después del 11-S, Rauf hizo el torpe y provocador comentario de que las políticas de Estados Unidos habían sido “un accesorio del crimen” y que Osama Bin Laden era un personaje “hecho por Estados Unidos”. Fue una intervención equivocada y ofensiva. Pero hay que verla junto al resto de sus palabras y sus hechos; Rauf se ha dedicado a promover una versión suave, sufí, del islam, compatible con una sociedad libre. Yo no soy muy partidario de su palabrería interconfesional, pero, si el mundo musulmán estuviera compuesto solo por gente como él, no tendríamos los problemas que afrontamos hoy, ni se habrían producido los atentados del 11-S. Por eso el Departamento de Estado le ha financiado un viaje por Oriente Próximo para explicar el islam estadounidense.

No existe, pues, ninguna objeción razonable a que se construya en Park Place este centro islámico, que asegura tener la misión de promover la paz, el amor, el diálogo interconfesional y la natación. Sin embargo, ante las elecciones legislativas del 2 de noviembre, vemos a políticos veteranos, expertos e incluso presuntos adversarios de la discriminación religiosa, condenarlo o eludir la cuestión con palabras engañosas. Newt Gingrich, el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, ha criticado los planes con el argumento de que “los nazis no tienen derecho a poner un cartel junto al Museo del Holocausto en Washington”. La estrella de Fox News, Bill O’Reilly, dice que no debe construirse porque “los musulmanes nos asesinaron el 11-S”. Sarah Palin escribió en Twitter: “Musulmanes pacíficos, por favor refudiadlo “. Ante una difícil contienda electoral, incluso Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado, se ha distanciado del presidente Obama y su precavida defensa del derecho constitucional de los musulmanes a construir el centro.

Lo más ridículo es que Abraham Foxman, de la Liga Antidifamación, insista en el traslado del edificio. Al hablar de los familiares de víctimas del 11-S que se oponen al centro (aunque algunos otros familiares lo apoyan), Foxman dice que “su angustia les da derecho a mantener posturas que otros calificarían de irracionales o intolerantes”. Es decir, una organización creada para combatir la intolerancia sale en defensa de la intolerancia. Y el resultado de todo esto es que, en un sondeo realizado por Pew en agosto, el 51% de los estadounidenses encuestados decían que se oponían a la construcción del centro cerca del lugar del World Trade Center.

Esto no puede acabar bien. Si el proyecto sigue adelante, será una manzana de la discordia constante. Si se traslada, habrá más musulmanes dispuestos a creer a los islamistas radicales cuando les digan “lo veis, os lo habíamos dicho, América es islamófoba”. En cualquier caso, Estados Unidos está cometiendo una estupidez. Por si no tuviera suficientes problemas propios, está conspirando para crearse uno que, hasta ahora, no había tenido; o que, por lo menos, había tenido en mucho menor medida que la mayoría de los países europeos.

Ha habido algunos yihadistas nacidos en Estados Unidos, pero existen numerosas pruebas de que los musulmanes estadounidenses, en general, están mejor integrados y apoyan más al Estado en el que viven que la mayoría de sus homólogos europeos. Los motivos son varios, pero uno de los más importantes es la tradición de la libertad de expresión y de religión contenida en la Primera Enmienda, y que ahora es objeto de debate a unas cuantas manzanas de la zona cero (no, insisto, en la zona cero propiamente dicha). Esa gran tradición, que Scott, el portero de New York Dolls, parece comprender mejor que Foxman, Gingrich y Reid, dice: esto es Estados Unidos, donde Geller puede despotricar, las stripers pueden contorsionarse, los cristianos, judíos y musulmanes pueden rezar, y Stewart puede reírse de todo ello. Esto es Estados Unidos, donde nadie tiene derecho a que no le ofendan. Por Dios, que no se contagien de nuestra enfermedad europea.

¿Qué ha sido de los buenos europeos, esas agradables personas de los pequeños países nórdicos que gustaban de considerarse los adalides del mundo en materia de libertad y tolerancia?

Muchos europeos progresistas siguen vivos y coleando, pero primero en Dinamarca, después en los Países Bajos y ahora en Suecia, partidos populistas y antiprogresistas que infunden miedo a los inmigrantes – en particular los musulmanes- han logrado poder suficiente para establecer los programas políticos de sus países o al menos influir en ellos. Dichos partidos no son exclusivos de Escandinavia y de los Países Bajos, sino que forman parte de una ola mundial de irritación contra las minorías políticas selectas, a las que se reprochan todas las inseguridades que entraña la economía mundializada, la crisis financiera y la vida en sociedades étnicamente más mezcladas. La psicología que subyace al Tea Party en EE. UU. y a los partidos aintiinmigrantes en Europa es similar.

El Partido de la Libertad holandés (cuyo único miembro es su dirigente, Geert Wilders), el Partido Popular danés, liderado por Pia Kjaersgaard, y los Demócratas suecos de Jimmy Akesson afirman ser defensores de la civilización occidental contra su principal enemigo: el islam. Hablan de las libertades occidentales, incluida la de expresión, pero Wilders quiere prohibir el Corán y el burka y un diputado al Parlamento danés ha llamado al islam “una peste en Europa”. El Gobierno conservador de Dinamarca no podría gobernar sin el apoyo del Partido Popular. Los conservadores moderados suecos tendrán que depender de los Demócratas para formar un gobierno viable y Wilders ha recibido garantías de los partidos conservador y democristiano de que, a cambio de su apoyo, se prohibirá el burka en los Países Bajos y se frenará la inmigración.

La influencia de esos nuevos populistas tan habilidosos, que riñen su guerra contra el islam, se extiende más allá de las fronteras de sus países. El nacionalismo va en aumento en el mundo occidental.

El populismo europeo se centra en el islam y la inmigración, pero puede estar movilizando una rabia mayor contra las minorías selectas expresada por ciudadanos que no se sienten suficientemente representados o temen quedar rezagados económicamente. Las minorías políticas selectas de la Europa del norte, en gran medida socialdemócratas o democristianos, han desdeñado con frecuencia esos temores y su paternalismo y condescendencia puede explicar por qué la reacción ha sido particularmente intensa en esos países progresistas.

Una posible solución es dejar que los partidos populistas entren en el gobierno, si logran un número suficiente de votos. La idea de que un candidato de un Tea Party llegue a ser presidente de Estados Unidos es alarmante, desde luego, pero los populistas europeos sólo podrían formar parte de gobiernos de coalición.

Es cierto que los nazis de Hitler se apoderaron de Alemania en cuanto fueron votados para ejercer el poder, pero los nuevos derechistas europeos no son nazis. No han recurrido a la violencia ni han violado ley alguna: aún no. Mientras así sea, ¿por qué no concederles una responsabilidad política real? Entonces no sólo tendrían que demostrar su competencia, sino también moderar sus actitudes.

Por eso el modelo danés es probablemente la peor solución, pues no requiere una capacidad de los populistas para gobernar. Mientras Wilders y sus homólogos europeos estén fuera del gobierno, no tendrán un incentivo para atemperar su retórica antiprogresista y dejar de alimentar la hostilidad para con las minorías étnicas y religiosas.

Eso es lo que sucedió en la Austria de Wolfgang Schüssel hace un decenio. Allí el populista Partido de la Libertad se escindió cuando algunos optaron por moderar sus opiniones para tener éxito en el gobierno, pero la decisión de la UE de imponer una forma de limbo diplomático a Austria por la decisión de Schüssel de incluir el Partido de la Libertad en su coalición de gobierno puede disuadir a otros conservadores de seguir ese rumbo. Por ello, es más probable que los conservadores mayoritarios acepten un acuerdo sobre principios que desde hace mucho tiempo hemos dado por sentados, como la igualdad civil y la libertad religiosa.

De hecho, la reacción de los conservadores mayoritarios – e incluso de algunos socialdemócratas-,temerosos del poder de los populistas, dentro o fuera del gobierno, ante las opiniones antiprogresistas ha sido ya inexcusablemente blanda. Quienes ven el peligro de una guerra cultural con los musulmanes o la estigmatización hostil de las minorías deben poder influir en la opinión con argumentos prácticos. Se debe convencer a los ciudadanos de que sin una inmigración controlada los europeos estarán peor económicamente. Con índices de natalidad en descenso, se necesitan inmigrantes para mantener la prosperidad europea. Al mismo tiempo, las economías de Europa deben estar menos enredadas en reglamentaciones protectoras para que los inmigrantes puedan encontrar trabajo más fácilmente.

Por último, se debe exponer con mayor solidez el argumento de que será mucho más difícil proteger a nuestras sociedades contra el terrorismo revolucionario del islam radical sin el apoyo activo de todos los musulmanes respetuosos de la ley. Europa no estará más segura con políticos según los cuales estamos en guerra con el islam. Al contrario, su influencia no sólo hará la vida menos civilizada, sino también mucho más peligrosa.

Don’t lie to Viviane Reding. That’s the lesson of this week’s revelation that, contrary to French government assurances that “specific ethnic groups had not been targeted in France,” an Interior Ministry circular had in fact ordered evacuation of camps of “Roma, as a matter of priority.”

Visibly enraged, the European Union’s commissioner for justice, fundamental rights and citizenship pronounced herself “personally convinced that the commission will have no choice but to initiate infringement action against France.”

The commission’s wake-up call to racism in France is welcome. But will outrage lead to legal action? And what about the wave of anti-Roma measures in other E.U. states that the commission has steadfastly ignored until now?

The time it has taken for the commission to react suggests observers should hold their applause. After all, until just a few days ago, commission officials were saying they saw “no intention to target action against the Roma” in France, despite abundant evidence to the contrary.

The French expulsions were publicly launched in late July at the highest levels of the government after a clash between Roma and police in the Loire Valley that led to the shooting death of a youth. President Nicolas Sarkozy proclaimed that those responsible for the clash would be “severely punished” and ordered the government to expel all Roma immigrants.

France’s senior law enforcement official, Interior Minister Brice Hortefeux, dispelled any further doubts about the policy in August, when he told reporters at a Roma campsite in southern France: “One does not apply the law halfway. The law applies to everyone. The Roma community is not above the law, nor is it beneath the law. That means that the objective announced by the president of the republic, that half our country’s illegal camps will be dismantled in three months, will be met.”

Days earlier, the minister had responded to a wave of international criticism by noting, “It’s not a question of expelling Roma because they are Roma.” He then cited crime statistics showing a 138 percent rise in the number of Romanians — overwhelmingly Roma — arrested in Paris last year, mostly for pick-pocketing. Over the past month, nearly all of the many hundreds of people sent back to Eastern Europe have been Roma. And yet, only when written proof forced the commission’s hand did it respond.

The issue, then, is not whether Roma have been targeted — they have — but whether this week’s about-face represents the pique of an individual commissioner or a fundamental shift of policy in Brussels.

Two tests will tell.

First, will the commission take France to court? José Manuel Barroso, the president of the European Commission, has yet to publicly endorse this step. His silence on the expulsions has been lamentable. Will he now come out in support of his fellow commissioner?

Second, even if the commission follows through in this case, is France a one-off? Or will the commission begin to apply its new-found moral conviction on issues of racial equality to other E.U. states as well?

Take Italy. In May 2008, the interior minister, Roberto Maroni, reportedly declared: “All Roma camps will have to be dismantled right away, and the inhabitants will be either expelled or incarcerated.” Two days later, when a mob of 60 razed a Roma camp in Naples with Molotov cocktails, Maroni quipped: “That is what happens when gypsies steal babies, or when Roma commit sexual violence.”

The same month, Prime Minister Silvio Berlusconi promulgated a state of emergency defining the presence of “irregular third-country citizens and nomads” — read Roma — as a crisis justifying extraordinary measures. The authorities began evicting Roma from their camps. The emergency decree was extended the following year. The commission has yet to do anything.

Nor are France and Italy alone. In July, Denmark summarily expelled a group of persons identified by Copenhagen’s lord mayor as “criminal Roma.” But once again, there has been no word from Brussels.

In short, the French expulsions are only the most recent, and visible, manifestations of an ingrained prejudice which is poisoning European discourse and undermining European values.

If Commissioner Reding’s umbrage is to result in more lasting change, the commission must formally refer the French expulsions and similarly egregious measures by other governments, to the European Court of Justice. Let the judges make clear that racism has no place in today’s Europe.

In the late ’90s and early ’00s, I used to frequent a boutique in the East Village called Michael and Hushi. Hushi Mortezaie, an impish club kid born in Iran and raised in the Bay Area, made outlandish, psychedelic, robot-chic clothing and was getting the coolest of the East Village cool kids to wear his strategically slashed and torn Farsi-graffitied shirts, though none of them had any idea that in some cases they were bearing post-Iranian Revolution political slogans.

I — born in Iran, raised in the Los Angeles area — used to go to downtown parties in a skimpy halter top that featured newsprint-emblazoned mujahideen women brandishing machine guns, their bullets bedazzled in gold next to the words “Long Live Iran.” It was the first time I had worn anything having to do with my homeland; I loved that feeling of for once being able to both be Iranian and a play on it.

In one of the last days of August 2001, I remember being at the boutique again, and Hushi was giddy preparing for Fashion Week. His store windows were freshly adorned with his “Persian collection,” a new line of hijab-and-harem-pant Iranophilia. “Girl, get ready!” he said, “Iran is going to be the new black.”

Days later, there we were, two Middle Eastern 20-somethings who now had some explaining to do. Friends started speaking in roundabout inquiries: What exactly was the status of my green card? How were my father and brother faring? Were they Muslim, by the way?

Hushi’s stylists, meanwhile, were calling him to ask how he was — and when he was going to be getting rid of that window display. But somehow we really were fine, even under the heavy air of everyone’s condescending concern.

Little did we know that it would take almost a full decade for the proverbial 9/11 fallout to fall out, for anti-Muslim xenophobia to emerge, fully formed and fever-pitched, ostensibly over plans to build an interfaith cultural center near ground zero. Even in New York, stronghold of progressive ethics and cultural diversity, my former home of 12 years, August 2010 became the evil twin of that still-innocent August 2001.

In addition to the mosque, of course, there was the Florida pastor who wanted to burn Korans on the Sept. 11 anniversary, and who has yes-no-maybe-so reconsidered, after a hearty load of negative press and a dab of executive-branch headshaking. And, hey, what do you get when you put a drunk white college student, who had actually been to Afghanistan, into the cab of a Bangladeshi Muslim? The wrong answer and a stabbing, allegedly.

It’s one test I would have passed. For the record: I am not Muslim. My immediate family ultimately kept us as agnostic as possible; religion went only as far as my mother praying to the American concept of a guardian angel and my dad “studying” Zoroastrianism. But most of the extended Khakpours are Muslim and, culturally, it’s a part of me insofar as I am a Middle Easterner.

I am also a New Yorker, a deal that was sealed forever nine years ago. I had just moved from Brooklyn to downtown Manhattan to shack up with a boyfriend. The studio was 25 floors up, with a nearly all-glass wall that framed a perfect view of the World Trade Center.

Now, when I look back on ages 23 to 32, every aspect of my life is shadowed by what I saw through the glass that blue-and-gold Tuesday morning: two towers, each gashed and stunningly hazed in the glitter of exploding windows, falling, one after the other, over and over again. But what was once simple apprehension and mortification and trepidation has become increasingly entangled with feelings of exhaustion and marginalization and even indignation.

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A deep dark admission: lately — and by lately I mean this era I worked so hard for, when a liberal person of color, a man who resembles my own father, would be our president — I’ve found myself thinking secretly, were certain things better in the George W. Bush era? Was it easier to be Middle Eastern then?

Just six days after 9/11, at the Islamic Center of Washington, President Bush said, “Those who feel like they can intimidate our fellow citizens to take out their anger don’t represent the best of America, they represent the worst of humankind.” He added: “The face of terror is not the true faith of Islam. That’s not what Islam is all about. Islam is peace.” Did that assurance mean more to white Americans coming from someone who looked like them?

Xenophobia and racism still abounded, but the lid stayed on the pot. Perhaps when Republicans held both the White House and Congress, conservatives weren’t sweating a thing; for them, people of color, along with all our white liberal friends, were lumped together in one misery-loves-company fringe. But now that the tables have turned, conservatives have positioned themselves as aggrieved victims. (I recall the advice of an older female relative: Always let men you’re in relationships with have all the power; it’s when they lose power and get insecure that your problems start.)

Indeed, has the most irrational breed of 9/11 payback emerged precisely because we elected an African-American president whose middle name — the name of cousins of mine — has turned into an H-word slur? A commander in chief whom the most misled and confused perceive in cartoon cahoots with terrorists, or at least as their religion-mate? As if that weren’t enough, take last year’s Fort Hood gunman, add a helping of the would-be Times Square bomber and top it off with “ground zero mosque” — and voilà, a boiling hot summer of anti-Islamic assault. Suddenly, anyone with skin as dark as President Obama’s could be a “secret Muslim,” and any Muslim must surely be a not-so-secret terrorist.

The world Hushi and I were in, before 9/11 and just after, was not a picnic for brown people. And there’s no need to cast 2001 to 2008 in an ideal light. None of us breathed easy. It’s just that we expected to breathe easier as time went on.

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My brother, who lives in Brooklyn, recently discovered that many of his Muslim friends in New York felt that the Islamic cultural center was a bad idea to begin with, for this sole reason: it was going to put them in danger. He and his friends feel a fear that they haven’t in ages, or ever.

During our late-night calls, my brother and I talk about nothing but what’s on the news, and we laugh a lot, but we laugh nervously. My sense of humor, honed in my immigrant childhood, was always my ultimate disarming mechanism, a handy way to infuse the blues with some off color.

This was my modus operandi during a book tour in 2007, when 90 percent of my Q-and-A’s were about Mahmoud Ahmadinejad, Iran’s notorious president, as my publication date coincided with his infamous visit to Columbia University. It was annoying and even baffling, because it had nothing to do with me or the book. But I laughed and joked with the audience so that it was clear to them I was, like, totally un-Ahmadinejad, dudes.

The hilarity started to curdle at the moment I was also feeling the most euphoric: during Mr. Obama’s bid for the presidency. It was around then that I began murdering whole days on the Internet, and not just on the Internet but in its dirty basement, the comments sections of blogs. There, an angry tribe of fake names spoke in misspelled obscenities and declaimed the true, evil nature of Middle Easterners and their intentions in this country. This is silly, I’d tell myself, these trolls aren’t representative of my neighbors or of Americans.

Then I’d go on Facebook, and engage in more online warfare with friends of friends, real flesh-and-blood people with real-life names, who a bit more politely and grammatically stated the same. And there was me — a non-Muslim, who has publicly criticized certain Islamic practices — flaccidly battling for Muslims worldwide. It got to the point that I was telling people I didn’t even know that their opinions were making my life downright “unlivable.”

It reminds me of how I used to experience so many mixed emotions when I’d see women in full burqa in Brooklyn: alarm at the spectacle (no matter how many times I’d seen it), followed by a certain feminist irk, and finally discomfiture at our cultural kinship. And then it would all turn into one strong emotion — protective rage — when I’d see a group of teenagers laughing and pointing at them.

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Every day, I lose America and America loses me, more and more. But I should still be in my honeymoon phase, since I’m actually just a 9-year-old American. And that’s my other association with autumn 2001. As luck would have it, my citizenship papers finally went through not long after the towers fell. That November, I was in a Brooklyn federal courtroom singing, along with a room full of immigrants, the national anthem that I hadn’t sung since K through 12.

I remember on that day, 9/11 leaving the foreground of my mind for the first time. I remember looking around that room and feeling, in spite of myself, a sense of optimism about the future. I remember feeling a part of something. I remember feeling thrilled at the official introduction of the hyphen that would from now on gracefully declare and demarcate my two worlds: Middle-Eastern American. The same hyphen that today feels like a dagger that coarsely divides had once, not too long ago at all, been a symbol of a most hallowed bond.

As my flight approached America last weekend, my mind circled back to the furor that has broken out over plans to build Cordoba House, a community center in Lower Manhattan.I have been away from home for two months, speaking abroad about cooperation among people from different religions. Every day, including the past two weeks spent representing my country on a State Department tour in the Middle East, I have been struck by how the controversy has riveted the attention of Americans, as well as nearly everyone I met in my travels.

We have all been awed by how inflamed and emotional the issue of the proposed community center has become. The level of attention reflects the degree to which people care about the very American values under debate: recognition of the rights of others, tolerance and freedom of worship.

Many people wondered why I did not speak out more, and sooner, about this project. I felt that it would not be right to comment from abroad. It would be better if I addressed these issues once I returned home to America, and after I could confer with leaders of other faiths who have been deliberating with us over this project. My life’s work has been focused on building bridges between religious groups and never has that been as important as it is now.

We are proceeding with the community center, Cordoba House. More important, we are doing so with the support of the downtown community, government at all levels and leaders from across the religious spectrum, who will be our partners. I am convinced that it is the right thing to do for many reasons.

Above all, the project will amplify the multifaith approach that the Cordoba Initiative has deployed in concrete ways for years. Our name, Cordoba, was inspired by the city in Spain where Muslims, Christians and Jews co-existed in the Middle Ages during a period of great cultural enrichment created by Muslims. Our initiative is intended to cultivate understanding among all religions and cultures.

Our broader mission — to strengthen relations between the Western and Muslim worlds and to help counter radical ideology — lies not in skirting the margins of issues that have polarized relations within the Muslim world and between non-Muslims and Muslims. It lies in confronting them as a joint multifaith, multinational effort.

From the political conflicts between Israelis and Palestinians to the building of a community center in Lower Manhattan, Muslims and members of all faiths must work together if we are ever going to succeed in fostering understanding and peace.

At Cordoba House, we envision shared space for community activities, like a swimming pool, classrooms and a play space for children. There will be separate prayer spaces for Muslims, Christians, Jews and men and women of other faiths. The center will also include a multifaith memorial dedicated to victims of the Sept. 11 attacks.

I am very sensitive to the feelings of the families of victims of 9/11, as are my fellow leaders of many faiths. We will accordingly seek the support of those families, and the support of our vibrant neighborhood, as we consider the ultimate plans for the community center. Our objective has always been to make this a center for unification and healing.

Cordoba House will be built on the two fundamental commandments common to Judaism, Christianity and Islam: to love the Lord our creator with all of our hearts, minds, souls and strength; and to love our neighbors as we love ourselves. We want to foster a culture of worship authentic to each religious tradition, and also a culture of forging personal bonds across religious traditions.

I do not underestimate the challenges that will be involved in bringing our work to completion. (Construction has not even begun yet.) I know there will be interest in our financing, and so we will clearly identify all of our financial backers.

Lost amid the commotion is the good that has come out of the recent discussion. I want to draw attention, specifically, to the open, law-based and tolerant actions that have taken place, and that are particularly striking for Muslims.

President Obama and Mayor Michael Bloomberg both spoke out in support of our project. As I traveled overseas, I saw firsthand how their words and actions made a tremendous impact on the Muslim street and on Muslim leaders. It was striking: a Christian president and a Jewish mayor of New York supporting the rights of Muslims. Their statements sent a powerful message about what America stands for, and will be remembered as a milestone in improving American-Muslim relations.

The wonderful outpouring of support for our right to build this community center from across the social, religious and political spectrum seriously undermines the ability of anti-American radicals to recruit young, impressionable Muslims by falsely claiming that America persecutes Muslims for their faith. These efforts by radicals at distortion endanger our national security and the personal security of Americans worldwide. This is why Americans must not back away from completion of this project. If we do, we cede the discourse and, essentially, our future to radicals on both sides. The paradigm of a clash between the West and the Muslim world will continue, as it has in recent decades at terrible cost. It is a paradigm we must shift.

From those who recognize our rights, from grassroots organizers to heads of state, I sense a global desire to build on this positive momentum and to be part of a global movement to heal relations and bring peace. This is an opportunity we must grasp.

I therefore call upon all Americans to rise to this challenge. Let us commemorate the anniversary of 9/11 by pausing to reflect and meditate and tone down the vitriol and rhetoric that serves only to strengthen the radicals and weaken our friends’ belief in our values.

The very word “islam” comes from a word cognate to shalom, which means peace in Hebrew. The Koran declares in its 36th chapter, regarded by the Prophet Muhammad as the heart of the Koran, in a verse deemed the heart of this chapter, “Peace is a word spoken from a merciful Lord.”

How better to commemorate 9/11 than to urge our fellow Muslims, fellow Christians and fellow Jews to follow the fundamental common impulse of our great faith traditions?

Many commentators and activists have reacted with fury to the French government’s expulsion of hundreds of Roma, or Gypsies, to Bulgaria and Romania. Many critics liken these expulsions to the deportations of Jews organized by France’s Vichy regime during World War II. It’s hard to know what is more outrageous: the policies practiced by President Nicolas Sarkozy or the analogies proffered by his critics.

Yet in the history of modern France, the wartime Vichy regime has no monopoly on xenophobic reflexes and exclusionary policies. Over the course of the 20th century, it was French republican governments that laid the administrative and legal foundations for official discrimination against Gypsies.

In 1912, the republican government passed a battery of laws ostensibly aimed at vagrancy. Yet the government revealed its hand when it created an identity card that specifically targeted Gypsies. The French law used the term “nomads,” and did not specify “Gypsies,” but the instructions to local officials lent themselves to racial identification. (This is being repeated in Arizona’s proposed anti-immigrant law.)

The identity cards allowed authorities to track the movements of Gypsies during the first World War, but they were rarely interned in camps. That changed by the mid-1930s. With the great influx into France of political and religious refugees from Central and Eastern Europe, France created a new kind of identity card that, as the historian Pierre Piazza noted, sought “to delimit more rigorously the contours [of the national community] and to better locate those who did not make up part of it.”

With relentless logic, there followed the creation of dozens of “special centers” — soon to become concentration camps — for refugees recently arrived on French soil. At the same time, France passed a law empowering officials to strip recently naturalized citizens of French nationality. Finally, shortly before the German invasion in the summer of 1940, the French government ordered local officials to herd “nomads” into assigned areas. In justifying its action, the government declared: “Wandering individuals generally without a home, a homeland, or an actual profession, constitute a danger for national security … that must be removed.”

When the Vichy regime came into existence a few months later, it built upon policies and structures introduced by the now-defunct republic. The popular view of Vichy — as four years that had nothing in common with what went before or what followed — cedes to a more accurate rendering, which shows important and unsettling continuities between democratic governments and authoritarian regimes in France.

Of course, the republic would never have applied a racist policy toward Gypsies and Jews as Vichy did, much less participate in the systematic deportation of these groups to the death camps. In this respect, Vichy and the republic have nothing in common.

Nonetheless, the continuities between democratic and authoritarian phases in French history lead to a more general observation, often overlooked: Democracies are as likely as authoritarian states to practice xenophobic or racist politics.

Thinkers from Plato to Tocqueville have commented on the dangers inherent in the rule of the majority — especially when the majority is swayed by the passionate actions and speeches of the few. The lot of Gypsies in contemporary France and Romania is a case in point. While these states do not subject their Roma populations to the punitive policies pursued by Pétain’s France or Ceausescu’s Romania, they do relegate them to the margins of their societies.

In present-day Romania, the Roma population has a poverty rate three times higher than the national average, with low life expectancy, low rates of literacy and 100 percent unemployment in some areas. Since joining the European Union, the Romanian government has reluctantly designed initiatives aimed at facilitating integration of the Roma. Affirmative action programs and the appointment of local-level educational and health mediators have been the most publicized. But the effectiveness of these programs has been at best limited, and anti-Roma sentiments persist in the public and among policy makers.

Romanians now see the French expulsions as proof that integration of the Roma into any European society is mere utopia. So the actions of the French government are undermining the already frail attempts at implementing policies that would target Roma discrimination in Romania.

As for France, Daniel Cohn-Bendit, leader of the European Green Party, says that Sarkozy has “taken the French for fools” in pursuing his anti-Roma policy. Perhaps. But recent polls reveal a nation evenly divided over the issue, so Cohn-Bendit’s claim means that nearly half the French population are fools.

We need only consider earlier French laws aimed at the Gypsies, passed in 1912, 1938 and 1940, to see that xenophobia flared at those moments when France faced the threat of war. Moreover, on the eve of both the first and second World Wars, France was awash in fears over the nation’s declining birthrate and its capacity to maintain its historical legacy as a dominant economic, cultural, political and military power.

While the French republic doesn’t now face the prospect of war, it does face other crises: economic stagnation, decaying inner cities and a top-heavy state staggering under the increasingly unrealistic expectations of the public. It must also wrestle with perplexing questions of national identity and national security provoked by an E.U. that continues to extend its writ.

Here’s the rub for Sarkozy, and blessing for the Roma: The E.U., long criticized for its “democratic deficit,” may now become the defender of last resort for Europe’s last stateless people.

Lost in the furor over the proposed Islamic cultural center near Ground Zero is a simple fact: The opposition to the center is the strongest argument in favor of it going right where it is planned. By most accounts, much of the opposition is based on an inaccurate conflation of Islam with terrorism, stemming from ignorance about the Muslim religion, culture and people. While troubling, this is hardly surprising in a nation in which a significant minority of Americans believe that our Christian president is Muslim (and so what if he were?).

Exiling the center to another part of Manhattan will expand and deepen the gulf between the Islamic community and its neighbors. The best way to bridge this gap is to help people understand that their trepidation is based not in reality but born of a myth that has been cruelly exploited. The Islamic cultural center can help span this chasm.

Of course, it’s not fair to expect a minority community to educate the majority, especially when the majority is so hostile to it. Sadly, minorities have long shouldered the burden of proving to the majority that they pose no threat, that they are not inferior and that they, too, deserve everything the majority takes for granted as its due — while patiently enduring misunderstanding and even abuse. They do all this in the face of demands that they are going too fast, pushing too hard and making life too uncomfortable for others.

That was the case in 1963 when white ministers in Birmingham, Ala., accused Martin Luther King Jr. of exacerbating racial tensions by leading protests against the city’s segregation laws. They called his actions “unwise and untimely.” Dr. King responded with his “Letter from Birmingham Jail,” in which he wrote: “Frankly, I have yet to engage in a direct-action campaign that was ‘well timed’ in the view of those who have not suffered unduly from the disease of segregation. For years now I have heard the word ‘Wait!’ It rings in the ear of every Negro with piercing familiarity. This ‘Wait’ has almost always meant ‘Never.’ ”

Nearly 50 years later, it is Muslims who are being told to wait, to go away and remain out of sight until their presence can be tolerated by others. While much has changed in the past five decades, the drumbeat against the Islamic center echoes the calls of the well-meaning but misguided Birmingham ministers. Following in the footsteps of those who called for King and his “outsiders” to retreat, opponents of the cultural center urge that it be banished to another neighborhood because its presence near Ground Zero is unsettling and potentially dangerous.

But forcing the Islamic center out of sight will only allow ignorance and fear to fester and grow. It will keep more Americans from learning a lesson that King shared with the ministers: “Anyone who lives inside the United States can never be considered an outsider anywhere within its bounds.”

If the center is established in Lower Manhattan, the people most opposed to it now will eventually have a chance to learn that Muslims aren’t the enemy. That they aren’t dangerous or terrorists or even, in fact, outsiders. They are the lady who smiles at them in the grocery store; the teenager who roots for the Yankees; the little girl who plays with their daughter. Muslims are their neighbors. They are Americans. They are their friends.

The Islamic center needs to be right where it is planned because that’s where human change will come about — one parent, one child, one friend at a time. Instead of demanding that the Muslims get out, the residents of Lower Manhattan should be grateful that their fellow Americans are willing to stay put and make the effort, under difficult circumstances, to build bridges so that, as King said, “the deep fog of misunderstanding can be lifted from our fear-drenched communities.”

In Nicosia last week, marchers from the ultra-nationalist youth group ELAM (Greek popular front) attacked two Asian bystanders. A Nigerian man was beaten and forced into the path of a moving car.

This incident takes its place in the recent litany of violence against foreign workers, students or, in the most notorious case, a 15-year-old Afro-Cypriot assaulted by 40 of her classmates while their teachers stood by. Earlier this year, the Palestinian community centre in Larnaca was vandalised, while the headquarters of the anti-racist organisation KISA are regularly graffitied with swastikas.

It is typical for another reason – the general absence of public sympathy. The teachers’ union obstructed punishment of the schoolgirl’s attackers, and the Cypriot police are so unwilling to even record racially aggravated assaults that many non-white migrants no longer bother. Listening to opinions on TV phone-ins and talk radio, it becomes clear that the attitude of wider society is that “i xeni” (foreigners) should not be here in the first place, and so deserve whatever they get.

There is an irony here, given the number of Cypriots who emigrated in the 60s and 70s to seek a better life abroad. Indeed, some estimates put the number of diaspora Cypriots as being greater than the remaining population of the island. As Denis MacShane remarked last week, Cypriots have become a formidable enough voting block in London that they may prove a significant obstacle to David Cameron’s desire for closer ties with Turkey.

Of course, Cyprus is not alone in struggling to cope with rising immigration. Indeed, due to geographical proximity to both Africa and Asia, and to the porous Green Line, Cyprus has one of the highest rates of migration – both legal and illegal – in Europe.

Nonetheless, there is something uniquely callous in the Cypriot attitude to asylum seekers, economic migrants and, to put it most simply, non-whites of all kinds. It is more striking given the low crime and unemployment rates, the high GDP per capita compared with all neighbouring nations, and the island’s long history of welcoming outsiders (such as refugees from the Armenian genocide in 1915).

The major source of such disregard for people outside one’s own ethnic group is the Cyprus problem, and no solution currently on the table would address this. Whether one chooses to date the situation to the invasion by Turkey in 1974, the coup by junta-supported Greek Cypriots the same year, the bombings by Turkey in 1964, the attempt by Greek Cypriots to tear up the constitution in 1963, or simply to the British colonial strategy of divide and rule, the fact is that Cypriots have been split along ethnic lines far beyond living memory. The sandbags and barbed wire of the Green Line that runs through the middle of Nicosia are only the most potent reminder of this.

Since 1974, the international conversation about Cyprus has been of “bi-communal solutions”. Both sides have formally committed to separate administrations for Greek and Turkish Cypriots plus a central assembly where representatives of the two sides will meet in equal numbers. Another possible solution, talked of with increasing frequency, is of a permanent partition into two states. External parties – the UN, EU, UK, Greece and Turkey – allow no other possibilities to be discussed.

Allowing only two ethnicities into the national conversation encourages zero-sum thinking, where “we” can only win if “they” lose. Both sides try hard to portray themselves as the only victims of the conflict, often in toe-curlingly exaggerated language.

Like all victim complexes, the Cypriot version leaves little room for nuanced understanding of a newly multicultural country. Faced in the 1950s with the need to formally assign minorities to one of the two permitted groups, Cypriot authorities decided the question along religious lines, with the mostly Muslim Roma becoming “Turkish” and the Catholic Maronites “Greek”. How might they deal with today’s growing Buddhist, Hindu, Jewish populations? Why should their descendants be forced to become “Greek” or “Turkish”?

Without external pressure to admit that the biggest injustices on the island these days are practiced against non-indigenous populations, Cypriots will continue to assume a pose of self-righteous victimhood.

A year ago today, when Chinese police violently suppressed a peaceful protest by the Uighur minority in Urumqi, the capital of the western region of Xinjiang, the world essentially looked the other way. This is the message of “Can Anyone Hear Us?” a report that the Uyghur Human Rights Project recently issued on the unrest. Drawing on eyewitness accounts, the report details the firing on protesters that led to hundreds of deaths, as well as mass beatings, the arbitrary detention of thousands and a 10-month communications shutdown that cut off the region from the outside world. At a Washington conference last week where the report was released, an eyewitness testified that he saw police handing out steel batons to mobs of Han Chinese, confirming reports that security forces fomented anti-Uighur violence.

Beijing has blamed “overseas hostile forces” for the violence, especially Uighur leader Rebiya Kadeer, who was exiled to the United States from a Chinese prison in 2005. But the source of the unrest is entirely internal, the immediate cause being an attack on Uighur workers at a Guangdong toy factory 10 days before the Urumqi protests.

The presence of Uighur workers 3,000 miles east of Urumqi illustrates China’s anti-Uighur policy, which encourages Han Chinese settlement and employment in the western Xinjiang region while jobless Uighurs, especially young women, are recruited to work in factories in eastern China. The focus on women is not accidental, Kadeer explained at the Washington conference: “We believe that it is part of the authorities’ efforts to threaten our continuity as a people because they are taking these women out of their communities at the time they would be getting married and starting families.”

In fact, the population transfer that is altering Xinjiang’s ethnic composition is one dimension of a systematic Chinese policy that threatens the survival of the Uighur people. The Uighur language has been virtually eliminated from school instruction, while hundreds of books on Uighur history and culture have been banned and even ceremoniously burned. The Uighurs’ Muslim faith is under attack as religious personnel are forced to undergo “patriotic re-education” and the construction of mosques is strictly controlled. Not least, Chinese authorities are in the process of demolishing the Old City of Kashgar, forcibly removing 200,000 people in 65,000 households and destroying what has been called “the cradle of Uyghur culture.”

U.N. Secretary General Ban Ki-moon has called the plan to demolish 22 Palestinian homes in East Jerusalem “provocative” and “contrary to international law.” But the wholesale destruction of Old Kashgar and the entire Uighur culture merits not a word. As George Orwell said with Stalin in mind, “the most enormous crimes . . . can actually escape notice altogether, so long as they do not happen to fit in with the political mood of the moment.” Clearly, the awful plight of the Uighurs does not fit with the political mood of this moment, even among their co-religionists in the Muslim world.

The report released last week contains recommendations to the Chinese government and the international community. What is noteworthy about the recommendations to Beijing — for media freedom and the rule of law, as well as for acknowledgement of the underlying causes of the Urumqi protests — is that they are consistent with the principles and goals in the Charter 08 declaration signed by more than 8,000 Chinese citizens, including the call for a federated republic “within which all ethnic and religious groups can flourish.”

Chinese democrats and the Uighur minority are threatened by the extreme nationalism that the Beijing government incites to gain legitimacy in the absence of democratic authority derived from popular consent. The dialogue they have begun in exile needs to resonate in China through the extensive communication channels that the regime cannot altogether block, thereby countering nationalist hatred and reinforcing a common commitment to nonviolence and a different future for China.

Much can also be done by the international community. A resolution introduced by Rep. James McGovern (D-Mass.) would have the United States raise the issue of Uighur rights in meetings with Chinese officials, request that embassy staff be allowed to observe trials and seek to establish a consulate in Urumqi. The United States and the international community should also support the Uighurs’ three-month-old call for an independent international investigation into the events of last July and the opening of a meaningful dialogue with Chinese authorities.

Uighur voices have been crying in the wilderness. It’s time to listen.

For many Pakistanis, the deaths of more than 80 members of the Ahmadi religious sect in mosque attacks two weeks ago raised questions of the nation’s future. For me, it recalled a command from my schoolboy past: “Write a Note on the Two-Nation Theory.”

It was a way of scoring easy points on the history exam, and of using new emotions and impressive-sounding words. I began my answer like this:

The Two-Nation Theory is the Theory that holds that the Hindus and Muslims of the Indian Subcontinent are Two Distinct and Separate Nations. It is a Theory that is supported by Numerous Facts and Figures. During the War of Independence of 1857 the Muslim rulers of India were defeated by the British. Suddenly the Hindus, who had always held a grudge against the Muslims for conquering them, began to collaborate with the new British rulers. They joined British schools, worked in British offices and began to make large amounts of money, while the Muslims, who were Discriminated Against, became poorer and poorer. It was now Undisputable that the Hindus and the Muslims were Two Distinct and Separate Nations, and it was becoming necessary for the Muslims to demand a Distinct and Separate Homeland for themselves in the Indian Subcontinent.

To that point, my “note” had only built up the atmosphere of mistrust and hostility between Hindus and Muslims. It had yet to give examples of the Distinctness and Separateness of the two communities (such as that Hindus worshipped the cow but Muslims ate it), of Hindu betrayals and conspiracies (they wanted Hindi, not Urdu, to be the national language). And it had still to name and praise the saddened Muslim clerics, reformers and poets who had first noted these “undisputable” differences.

I got points for every mini-note that I stretched into a full page, which was valid if it gave one important date and one important name, each highlighted for the benefit of the teacher. This was because the teacher couldn’t really read English, and could award points only to answers that carefully showcased their Facts and Figures.

After the exam I would go home. Here the Two-Nation Theory fell apart. I was part-Shiite (my mother’s family), part-Sunni (my father’s family) and part-nothing (neither of my parents was sectarian). There were other things: the dark-skinned man who swabbed the floors of the house was a Christian; the jovial, foul-mouthed, red-haired old woman who visited my grandmother every few months was rumored to be an Ahmadi. (It was a small group, I had been told, that considered itself Muslim but had been outlawed by the government.)

But even more than these visible religious variations, I was more aware of things like caste and money: my mother’s family was upper caste, claiming a magical blood bond with the Prophet Muhammad, and owned large tracts of land in the countryside. My father’s relatives, however, were undisguised converts from Hinduism who had fled their villages long ago and now lived in the city, where they were always running out of money, working in government offices and selling homemade furniture and gambling (and losing) on the stock market.

The Two-Nation Theory allowed only for the simple categories of Hindu and Muslim, one for India and the other for Pakistan; it had no room for inner complications like Shiite and Sunni and Christian and Ahmadi. (I had yet to learn that more than a million Hindus still lived in Pakistan.) It also required the abolition of magical blood claims and landholdings and stock markets, so that our personalities and situations could be determined purely by our religious beliefs.

But I knew that things weren’t really like that. And this was something I knew from the beginning, and lived with quite comfortably: the history in my textbook was Distinct and Separate from the histories of real people.

Some years later, in a secluded college library in Massachusetts, I read a very different account of the Two-Nation Theory. Here I learned that it was devised in the 1930s by a group of desperate Muslim politicians who wanted to extract some constitutional concessions from the British before they left India.

The Muslims of India, these politicians were saying in their political way, were a “distinct group” with their own “history and culture.” But really, the book told me, all they wanted was special protection for the poor Muslim minorities in soon-to-be-independent, mostly Hindu India.

But the politicians’ gamble failed; they were taken up on their bluff and were given a separate country, abruptly and violently cut-up, two far-apart chunks of Muslim-majority areas (but what about the poor Muslim minorities that were still stuck in Hindu-majority areas!) that its founders (but it was a mistake!) now had to justify with the subtleties of their theory.

It was like a punishment.

One by one, the founders died — the most important, Muhammad Ali Jinnah, just a year after Pakistan’s birth. Their theory could have died with them. What was the use now of the idea of Muslim specialness — the distinctiveness and separateness of Indian Muslims — in an independent, Muslim-majority country?

But the idea was kept alive and made useful: first by a set of unelected bureaucrats, then by generals, then by landowners, and then by generals again. And, always, to blackmail the people (still indistinct and unspecial). An Islamic dance was danced: sovereignty rested with “Allah alone”; the country would be called an Islamic republic; alcohol and gambling were banned; the Ahmadi sect was outlawed (to please the fringe mullahs) for violating, with their beliefs and practices, Muhammad’s position in “the principle of the finality of [Muhammad’s] prophethood.”

It peaked with the government takeover in 1977 by Gen. Muhammad Zia ul-Haq, who announced that his great wish in life was to “Islamize” the people of Pakistan. The Two-Nation Theory, confined so far to political slogans and clauses in the Constitution, now went everywhere: it was injected into textbook passages (the ones I would reproduce, with new words and emotions, in my exam) and radio shows and programs on the one state-run TV channel. And it branched out, becoming anti-Communist (to attract American money), anti-Shiite (to attract Arab money, given for cutting Iran’s influence in the continent), anti-woman (to please the mullahs) and still more anti-Ahmadi (to enhance the pleasure and power of the mullahs).

The Two-Nation Theory was dynamic, useful, lucrative.

And it still is lucrative. Its best rewards are nowadays found in the high ratings (and correspondingly high advertising revenue) of Pakistan’s newly independent TV channels. Dozens of them are competing to sell the fastest-burning conspiracy theories (India and Israel and America are behind the latest suicide bombings) and the most punishing religious advice (don’t wear nail polish, don’t celebrate birthdays, kill blasphemers wherever you find them), that a semi-urban, semi-Islamized population, raised on years of government textbooks and radio shows and TV sermons (themselves confirmed and elucidated by the sermons of mullahs in neighborhood mosques) finds hard to shut out.

So the coordinated gun and bomb attacks during services at two Ahmadi mosques here on May 28 surprised no one. Some were saddened. But most took it as a matter of course. On the TV channels news of the assaults was reported and displayed (all those eyeballs, all those ads) but not explained. And in Lahore’s Main Market, near rickshaw stands and fruit stalls — the rickshaw drivers and fruit sellers standing in the heat outside the window display of an electronics shop, watching the muted carnage on an imported flat-screen TV — the incident was mulled over and attributed in the end to the larger madness that was overtaking the country.

IT was, they agreed, in some ways like the burning last year of a Christian village outside Lahore, and in other ways like the sporadic killings of Shiites in the years before that. But they also likened it to the televised killings of armed clerics in Islamabad’s Red Mosque — carried out three years ago by the military itself — and the unadmitted, unexplained attacks by American drones still falling on the people in the western mountains.

In the drawing rooms of Lahore, among the children of bureaucrats, landlords and military men (amazingly practical and un-Islamic in their drawing rooms), it was said that the Ahmadi attacks, though tragic, were not a sign of doom. After all, the Punjabi Taliban, who had claimed responsibility, were just another network — easily disrupted (when the time came) by a combination of on-the-ground raids and abductions, long and unexplained detentions, and perhaps strikes on mountainside training centers by the Predator drones that we don’t admit to knowing anything about.

That was their idea of the war on terrorism: the physical removal of a nuisance, something rare and extreme and isolatable.

A few days later, I read in the newspaper that the police had made an arrest in the Ahmadi attacks. The suspect’s name was Abdullah and he was 17 years old. When asked for his motives, he said that he had learned that Ahmadis were drawing cartoons of the Prophet Muhammad, “so their bloodshed was a great service to Islam.”

It was a simple enough statement. But I wondered about his ideas. Had he taken them from the Constitution? Or was he inspired by the court order days earlier banning Facebook for holding a contest of cartoons of the Prophet Muhammad?

Did he hear it in a mosque, or see it on a TV screen in the window display of an electronics shop? Did he read about blasphemy and its punishments in a textbook? Or was he one of those boys (Twenty million? Thirty million?) who don’t go to school and can’t read textbooks?

Was he taught about the Ahmadis in the mountains of Waziristan, where the police say he trained for his mission? Did he witness an American drone attack there? Did he think it was carried out by Ahmadis? Was it confirmed for him by a popular talk show host that the Ahmadis were America’s agents in Pakistan? And, in Waziristan, was he trained by the good Taliban, the ones the Pakistani military is trying to protect, or the bad Taliban, the ones it is trying to kill?

Or was he told about the Ahmadis after he had come all the way to the vast, grassy compound on the outskirts of Lahore where doctors and professors and businessmen — and even, it is said, some bureaucrats and landowners and military men — converge now and then to hang out with the masses and talk about the ways and woes of Islam?

Several theories now, with several competing culprits. It’s hard to pick just one.

Beauty pageants are plastic and degrading for all of the run-of-the-mill feminist reasons: the history of racism and exploitation in pageants, those impossible beauty ideals, and the overwhelming sense that it’s all being orchestrated for the titillation of a primarily male audience.

So imagine my surprise when I, a Muslim feminist, heard that Rima Fakih, a Michigan-based Lebanese-American Muslim woman, won this year’s Miss USA contest last Sunday in Las Vegas. Did her win change all the rules overnight just because she’s Arab and Muslim?

Not exactly. Let’s not downplay the fact that Fakih’s crown represents sexist ideals and expectations. Her victory is not a real one for Muslim women or Arab-American women, in that it does not necessarily do anything to advance rights for either group.

But there are reasons to welcome Fakih’s victory. Her win is another victory over the white beauty ideal (even if it doesn’t chip away at other beauty standards like thinness or light skin). The Miss USA winners of the last 10 years represent a varied racial mix of whites, Latinos, and African Americans, and Fakih adds to this diversity.

The backlash has already begun, but Fakih’s win is a (tiny) reinforcement of the Muslim American presence in this country. It reminds America that even though a Faisal Shahzad pops up every now and then, the majority of us are just living and working Americans like Rima Fakih. As Janan Delgado states in her own ambivalent reflections on Fakih’s win, “American media’s disproportionate focus on ‘Arab’ terrorism is so overwhelming, that a connection between ‘Arab’ and practically anything that does not involve violence is a welcome relief.”

Fakih comes from a Shia Muslim Lebanese family. She is a face of Muslim Americans that most Americans are not used to seeing. As someone who sees American Muslim women almost always represented one-dimensionally as victims in headscarves, it’s kind of refreshing to see something else. To squabble over whether she should represent Muslim women because she has danced with a stripper pole and won a beauty contest feels preachy and slut-shaming. She doesn’t have to represent Muslims in general or Muslim women in particular – she’s just part of the Muslim American cornucopia.

Although Fakih has won the Miss USA crown, she’ll never win everybody over. American conservatives are foaming at the mouth about her spurious connections to Hezbollah, and many feminists are disapproving of her win because it came from another sexist doll factory. Women like Fakih face double trouble when they achieve any type of success: she’s a win for Arab-Americans, but a loss for women in general. She represents the diverse facets of Muslim Americana, but she also represents the impossible cultural standards that women in this country are supposed to live up to.

But why throw the beauty queen out with the bath water? Instead of bristling at the entire pageant process and the chatter about whether her win is a one for Muslims or not, we can just be happy that an immigrant Shia woman from Lebanon grew up to win Miss USA.

Por cuarto año consecutivo, la encuesta elaborada por los ministerios del Interior, de Justicia y de Trabajo e Inmigración refleja el perfil moderado, integrado y tolerante de los musulmanes en España. Es comprensible que el Gobierno español haya querido conocer cómo se pronuncian los miembros de este colectivo en relación a su encaje en la sociedad española. De hecho, otros gobiernos europeos han patrocinado en los últimos años este tipo de macroencuestas, que se convierten en una forma de medir la temperatura social en el seno de este colectivo. En nuestro país, los sondeos de opinión son el instrumento fetiche de los gestores públicos para conocer lo que opina la ciudadanía. Si recurren a ellos para saber si la gente les va a votar, ¿por qué no utilizar la misma metodología para evaluar el grado de integración de los musulmanes en España? La intención es loable, pero el objetivo es demasiado ambicioso.

LOS RESULTADOS son espectaculares: el 94% de los entrevistados rechazan el uso de la violencia para defender las creencias religiosas, el 81% se declaran totalmente adaptados a la vida y a las costumbres españolas, y un 84% dicen no haber encontrado ningún obstáculo para practicar su religión en España. Algunas voces han levantado una sombra de duda sobre estos datos, sugiriendo que el Gobierno ha intentado edulcorar estos resultados. Hay que decir que los responsables de esta encuesta siempre han reconocido la existencia en la misma de un componente de «deseabilidad social», donde los entrevistados pueden haber exagerado su conformidad con algunas de las preguntas que les fueron formuladas. Este factor, muy frecuente en todo sondeo de opinión, se hace mucho más relevante en este caso, sabiendo que se trata de una encuesta oficial, y en la que la mitad de los entrevistados llevan menos de cinco años en España.
Las sospechas ante este sondeo no son de tipo metodológico. Se da por supuesto que existe otra realidad «verdadera» respecto del islam en España, que parece querer ser disimulada a través de este barómetro. Esta realidad nos mostraría que estamos ante un colectivo que rechaza integrarse en nuestra sociedad, y que periódicamente nos los recuerda. Así podría ser interpretada, por ejemplo, la última polémica sobre el velo de una alumna musulmana en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
No obstante, seguimos estando atados a un profundo desconocimiento de las dinámicas que mueven el islam en España, lo que tienta nuestros prejuicios y abre el camino a las especulaciones. Un suceso hace la noticia, pero un conjunto de sucesos no necesariamente describen una tendencia social dada. De la misma manera, una encuesta tampoco puede resolver nuestra ansiedad social ante el islam, que seguimos percibiendo como la representación de todo lo contrario a lo que somos.
La interpretación de los datos de esta encuesta se encuentra condicionada por el hecho de haber entrevistado solo a musulmanes de origen inmigrante. Hoy, cuando el islam español comienza a ser una realidad sociológica, es incomprensible que se siga considerando el colectivo musulmán como algo extraño a nuestra sociedad. Supone, además, contradecir el principio de notorio arraigo del islam en España, formulado por ley desde 1992. Es esta una de las primeras pruebas de la ambigüedad que se esconde en lo más profundo de este barómetro.
La otra sería la valoración que se hace de la religiosidad de los entrevistados: un 52% de ellos se declaran como muy practicantes, tres puntos por encima de la encuesta anual anterior. El aumento de la religiosidad en este colectivo es relativizado ante los indicadores de integración anteriormente citados. No hay nada contradictorio en ello: los musulmanes en España, como en el resto de Europa, tienden al mantenimiento de su religiosidad, sin entrar en colisión con las formas de vida europeas. Ahora bien, cuando desde una perspectiva comparada, se dice en la encuesta que los musulmanes inmigrantes practican más que los católicos españoles, y que los primeros lo hacen tal como lo hacían los segundos en los años 70, ¿se nos está sugiriendo que el perfil actual de secularización de la población española debería de ser adecuado también para otros colectivos? Hemos de recordar que en España seguimos pensando que mantener una religiosidad activa y visible dificulta la integración de los musulmanes en nuestra sociedad. Veamos, si no, alguna de las primeras reacciones al velo de Najwa Malha.

En resumidas cuentas, por mucho que insista este sondeo, no me atrevo a afirmar si los musulmanes están bien o mal integrados en España. En cambio, tengo serias dudas de que como sociedad estemos cumpliendo nuestra parte en este asunto. Sin querer contradecir los resultados de este barómetro, solo querría aportar un dato para la reflexión: en un estudio reciente, hemos contabilizado 60 conflictos ante la apertura de mezquitas en España durante el periodo 1995-2008. Atención: 40 de ellos solo en Catalunya.

Entre el 8 y el 9 de abril, España acoge una cumbre para abordar uno de los principales desafíos de Europa: el de integrar a la etnia romaní. Preocupada por una amplia gama de problemas, Europa ha hecho demasiado poco por los romaníes o gitanos. Pero, en este sentido, España se ha convertido en líder por sus iniciativas para garantizar que sus más de 500.000 gitanos tengan los mismos derechos que los demás ciudadanos del país.

He oído que en España los romaníes se sienten tan gitanos como españoles, que se sienten en su lugar. Pero, en otros países, no comparten esa misma sensación de inclusión. Unos 12 millones de romaníes viven en la Europa actual, principalmente en el Este, una región que ha registrado un impresionante crecimiento económico durante las dos últimas décadas. Sin embargo, para la mayoría de los romaníes, ahora la vida es peor que antes, ya que el 70% está en paro y muchos viven en condiciones deplorables.

Esas penalidades económicas se ven agravadas por la tensión social. En todos los países en los que viven romaníes, el conjunto de la población les es hostil. A pesar de las resoluciones aprobadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ordenando a la República Checa, Grecia y, justo el mes pasado, a Croacia, que introduzcan reformas, normalmente los romaníes se ven privados del acceso a la vivienda, la educación y la asistencia sanitaria. En Italia, los gitanos son realmente perseguidos por el Estado, que vulnera así la legislación europea.

En algunos países, los niños romaníes se ven automáticamente en clases para discapacitados mentales. En otros, relegados a escuelas separadas y de inferior calidad o a clases especiales para gitanos. Esta denigrante práctica no sólo cunde en Europa Oriental.

Creo que la educación constituye el núcleo de este asunto, e incluso en España, que ha hecho grandes progresos, un porcentaje desproporcionado de gitanos asiste a colegios de mala calidad, presentando elevados índices de abandono escolar y una irregular asistencia a clase.

Las fundaciones de mi Open Society Institute, cuando comenzaron a funcionar en 1984, comprendieron que los romaníes constituían el caso más grave de exclusión social por motivos étnicos que se registraba en Europa y decidieron que su educación fuera algo prioritario. El resultado de esa iniciativa es una pequeña y bien instruida élite que está realizando una importante contribución a la emancipación de los gitanos, tanto en sus propios países como en el entorno europeo. Pero su número es demasiado escaso.

Con su ayuda, en 2005 lanzamos la Década para la Inclusión de los Romaníes, que reúne a gobiernos y organismos de la sociedad civil con el fin de eliminar las barreras a las que se enfrenta esta etnia en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda. La iniciativa incorpora a 12 países, principalmente de Europa Oriental, la mitad miembros de la UE, entre ellos España, mientras que la otra mitad se compone de países que aspiran a entrar en la Unión. Los problemas a los que se enfrentan los romaníes afectan a toda Europa.

Este mismo año, mi fundación ha trasladado nuestros programas educativos destinados a gitanos al recién creado Fondo para la Educación de los Romaníes. En 2009, el Fondo ayudó directamente a 30.000 niños y 800 estudiantes universitarios de esta etnia, y es ahora una institución preparada para ampliarse. La necesidad es grande: sólo el 6% de los niños gitanos asiste a la escuela primaria y uno de cada cuatro integrantes de esa etnia es analfabeto.

Encomiables son las iniciativas tomadas por España para garantizar la igualdad de los gitanos dentro de su sociedad.

El éxito de la cumbre de Córdoba dependerá de que sus conclusiones sean refrendadas en junio por el Consejo Europeo, para que así los jefes de Estado y de Gobierno comprometan al máximo nivel a la UE en una profunda estrategia de inclusión de los romaníes en toda la Unión.

En consecuencia, la presidencia española, bajo la dirección del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, debería presentar al Consejo Europeo un conjunto de recomendaciones relativas al Fondo para la Educación de los Romaníes y la elaboración de una estrategia europea respecto a esta etnia.

Dicha estrategia debería basarse en la labor pionera de la Década para la Inclusión de los Romaníes: reuniendo a gobiernos e instituciones de la sociedad civil; solicitando a los primeros que fijen objetivos concretos y haciéndoles rendir cuentas, y, sobre todo, manteniendo a la minoría romaní en la agenda política. Como la integración de los gitanos tardará más de una década, esta estrategia debería estar contemplada en el presupuesto de la UE, a partir de la próxima perspectiva financiera que se iniciará en 2014.

La política educativa no entra dentro de las competencias de la Unión, pero la educación es clave a la hora de garantizar la inclusión social de los gitanos. La UE debería adoptar el Fondo para la Educación de los Romaníes como herramienta fundamental de inclusión. Cuando digo adoptar me refiero a proporcionarle una financiación adecuada, bien dentro del propio presupuesto de la Unión, bien alentando a los Estados miembros a contribuir en mayor escala al mantenimiento de ese Fondo.

En Hongrie, en novembre dernier, deux «ombudsmen», médiateurs de la République, ont publié des propositions concernant l’enregistrement et la gestion des données de type ethnique.

Le premier de ces ombudsmen est à la tête d’un organisme similaire à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), l’autre est le médiateur responsable des conflits touchant les minorités, lui-même se définissant comme Rom.

Ils ont proposé de rendre administrativement visibles les minorités, pour que les citoyens ne soient plus «monochromes» et que la perception extérieure d’appartenance minoritaire soit enregistrée. Cette mesure concerne en particulier tout ce qui est justice criminelle, non seulement les délinquants, mais aussi les victimes, ainsi que les personnels de police. Ils vont jusqu’à proposer l’enregistrement des origines «perçues» des enfants relevant de la protection infantile.

Cette idée n’est pas restée sans écho : le parti du gouvernement sortant a pris à son compte la proposition de l’établissement de statistiques ethniques sur l’origine des malfaiteurs.

La tension entre la majorité de la population et la minorité rom est palpable. Des faits divers dans lesquels des Roms peuvent être impliqués servent de support aux propos racistes dans les blogs, y compris dans les meilleurs journaux. Même la télévision publique a projeté récemment un film documentaire-fiction hostile aux Roms. Le parti Jobbik («Mouvement pour une meilleure Hongrie», extrême droite) prône l’exclusion des Roms. En capitalisant leur rejet il peut devenir, aux élections législatives prochaines, la troisième, voire la deuxième force politique du pays. La menace n’est pas simplement politique : la police a mis fin l’été dernier à l’activité d’un petit groupe de tueurs qui exécutaient des Roms, choisis au hasard, souvent dans leur sommeil (1).

Le rejet des Roms est instrumentalisé et sert à les priver de travail. En effet, au sein de l’Union européenne, c’est en Hongrie que le marché du travail s’est le plus réduit après le changement de régime. La grande majorité des hommes roms travaillaient avant 1990 : ils ne sont aujourd’hui plus que 15 %. Ce chômage massif et chronique entraîne une misère profonde : seuls 5 % d’entre eux vivent jusqu’à 65 ans, ce taux est de 20 % dans la majorité non-rom.

Les difficultés de cette frange de la population hongroise ont suscité la mise en place de programmes compensatoires, en particulier en matière d’éducation, financés en grande partie par Bruxelles, et dont les résultats ont souvent été paradoxaux. Des aides à la formation des petits Roms ont été octroyées à des écoles où ils étaient plus nombreux, ce qui a rapidement provoqué la fuite des élèves favorisés. Les écoles subventionnées sont donc devenues des «écoles ghettos».

Les aides à des communes – qu’elles viennent du gouvernement hongrois ou de l’Union européenne – sont souvent accaparées par la municipalité «majoritaire» en utilisant la minorité comme prétexte. Une analyse de la Cour des comptes hongroise a conclu qu’il était impossible d’évaluer l’efficacité des programmes en faveur des Roms et de savoir qui en avait bénéficié.

De nombreux pays se battent avec les problèmes des minorités défavorisées et essaient d’y répondre par des programmes divers. Leur efficacité est aussi incertaine que celle des programmes hongrois en faveur des Roms.

En réalité, les problèmes du quart-monde dans les sociétés modernes sont si complexes qu’ils ne pourront probablement être résolus que par des programmes taillés sur mesure pour les individus. Un sur-mesure qui, de fait, n’est appliqué pratiquement nulle part. En France par exemple, les programmes sont ciblés sur des quartiers ou des villes où habitent des immigrés et leurs enfants. Mais en réalité ces programmes sont ciblés sur les «quartiers» et non sur les personnes. Tout en apportant une certaine amélioration, ils maintiennent un vivier de problèmes sociaux, en y concentrant des aides. Ceux qui peuvent trouver des solutions quittent ces quartiers, et d’autres en difficulté les remplacent.

Les programmes se succèdent, dotés d’un niveau de bonne foi et d’authenticité divers. Les bailleurs de fonds sont beaucoup trop préoccupés pour s’attarder sur la réflexion et la concertation, pour comprendre la nécessité de solutions «taillées sur mesure» et leur caractère incontournable.

Le prix de ce dédain et de ce manque de réflexion est que ces millions dépensés pourraient bien n’avoir pour seul résultat que de fabriquer la preuve du caractère «irrécupérable» des défavorisés en général, et des minorités marginalisées en particulier.

Ce sont donc des ombudsmen roms ou, plus généralement, des représentants de la «diversité» qui nous feront croire que le marquage de leurs «frères» parviendra à résoudre les problèmes ?

(1) «Les Roms de Hongrie relèvent la tête», de Florence La Bruyère, «Libération» du 23 mars 2009.

En los últimos veinte años, se han producido cambios importantes en la regulación de los derechos y de la acomodación institucional de distintos grupos étnicos y religiosos en las democracias liberales. Ello ha conllevado cambios tanto en la teoría democrática, como en la práctica institucional. Un ejemplo son las declaraciones de derechos aprobadas en los últimos años por la ONU, el Consejo de Europa, la Unesco o la Organización de Estados Americanos. Veamos el caso de las poblaciones inmigradas.

En términos generales, podemos constatar la existencia de dos posiciones en torno a la relación entre multiculturalismo y democracia liberal. Ambas se reclaman como las auténticamente liberales y democráticas:

1) Ciertos políticos y analistas contraponen el multiculturalismo a los derechos humanos. Se defiende que los derechos son sólo individuales – los derechos de grupo se acostumbran a ver aquí como una amenaza a los derechos humanos-.Se trata de una posición que reivindica el universalismo de las conquistas legales asociadas a las revoluciones inglesa, americana y francesa, contraponiéndolas a un inevitable relativismo de las posiciones favorables a la multiculturalidad. Es una posición ilustrada que entiende que los estados democráticos son la salvaguarda de los derechos individuales y de los valores universales basados en la dignidad humana. La democracia se asocia a conceptos legitimadores, como la igualdad de ciudadanía y la soberanía popular, entendidos generalmente en términos uniformes y homogéneos.

2) Los defensores del multiculturalismo liberal, por el contrario, lo entienden como una ampliación de los derechos humanos y de las conquistas de las revoluciones liberales clásicas. La idea subyacente es que el lenguaje de los derechos individuales, y del universalismo y estatalismo del liberalismo tradicional esconde una serie de sesgos favorables a los particularismos étnicos, religiosos, etcétera, de las mayorías en las democracias actuales. En nombre de la igualdad de ciudadanía se trata de manera desigual, o sea peor, a las minorías culturales de las democracias. El respeto a las identidades culturales forma parte de la dignidad individual. La ampliación de derechos hacia los grupos minoritarios – étnicos, religiosos, etcétera-se entiende que debe establecerse no en términos absolutos, sino dentro de los límites de la tradición liberal, como el resto de los derechos.

¿Quién lleva más razón, o más razones, en este debate? A pesar de la existencia de versiones no liberales del multiculturalismo (tradicionalistas religiosos, conservadores), y de casos empíricos sobre el uso del multiculturalismo como coartada para la perpetuación de determinadas desigualdades – de género, por ejemplo-,en términos generales es la segunda posición la que apunta en la dirección correcta. De hecho, esta es la posición liberal defendida por la ONU y otras organizaciones internacionales cuando esgrimen que lo cultural debe respetarse, pero que a la vez nadie debe invocar la diversidad cultural para conculcar derechos humanos (Human development report 2004).

Los derechos humanos son a la vez una fuente de progreso moral y una restricción de las prácticas políticas de los gobiernos y de los ciudadanos. Lo que el multiculturalismo liberal añade al liberalismo tradicional es una vocación de respetar el valor de la igualdad más allá de la retórica sesgadamente individualista y universalista del liberalismo primigenio. Estamos, así, ante una cuarta ola de derechos, tras las asociadas a los derechos liberales, democráticos y sociales. Las dos últimas tuvieron que ser arrancadas al liberalismo de los siglos XIX y XX, tras procesos no siempre pacíficos – piénsese, por ejemplo, en las luchas por el sufragio universal y el derecho de asociación, que hoy parecen derechos evidentes pero cuya constitucionalización costó vidas y violentos enfrentamientos sociales; o en los procesos de descolonización de la segunda posguerra; o en el movimiento de los derechos civiles en EE. UU. en los años sesenta del siglo XX.

La diversidad cultural está para quedarse. Y parece claro que las democracias han privilegiado históricamente a unos grupos concretos de población sobre otros grupos a quienes se les exigía asimilarse a la mayoría. Ello exige a gritos refinar las ideas heredadas – como el significado del valor de la igualdad-,cuya interpretación clásica se ubicaba en sociedades mucho más simples y homogéneas que las actuales. También exige profundizar en las prácticas democráticas y en unos derechos que siempre presentan dimensiones individuales y colectivas. Cuando se produce un choque entre distintos tipos de derechos, las democracias liberales ya proveen de mecanismos para su resolución (tribunales, procesos consocionales…), de modo parecido a cuando se producen colisiones entre los derechos individuales. El multiculturalismo liberal tiene la ventaja de contribuir a cambiar las prácticas liberales, de las mayorías y de las minorías. Los límites están en los derechos humanos y en la aceptación de la democracia. Todo esto está lejos del relativismo. Más bien representa una nueva fase ilustrada hacia cotas más altas de civilidad yde progreso político y moral. Contraponer de manera abstracta derechos humanos y multiculturalismo es un error conceptual e histórico, además de un obstáculo para la mejora ética de las democracias de raíz liberal.

As the great Tiger Woods steps down from the global stage, however temporarily, it is an interesting moment to consider the interplay of celebrity, sex, race and the corporatisation of sport. At first, I found all the hoopla difficult to understand. Tiger Woods always seemed so unremittingly phlegmatic that it’s hard to imagine him as the “sexposed!” “horndog!” described in all the tabloids.

But my image of Woods comes entirely from advertisements for Accenture, Gillette and Nike. My image is of Tiger the corporate logo, Tiger the symbol of well-executed “swoosh,” Tiger the carefully designed avatar of business acumen, family values and gentlemanly athleticism.

At the same time, he is a celebrity, heretofore a fairly subdued member of the velvet-roped elite, but a celebrity none the less. And sooner or later, there is nothing our culture loves more than ripping stars to shreds. If the role of the corporate sponsor is to gild our icons, the role of the paparazzi is to slice and dice those bodies beautiful into a million little quivering pathologised pieces.

Add in the fact that Tiger Woods is the embodiment of America’s complicated racial aspirations. He was the face of so-called “biracialism” before Barack Obama. No one is ever allowed to forget that his father was African American and his mother Thai. These things are still monitored closely in the United States. Our too-recent history of strict anti-miscegenation laws has endowed the offspring of such unions with a twitchy kind of unresolved attention.

Only a few months ago, a justice of the peace in Louisiana refused to issue a marriage licence to a white woman and a black man because he thought such pairings were bad for the children. And just last week, Congress and the Justice Department were still debating whether to issue a posthumous pardon to Jack Johnson, the first black heavyweight boxing champion who, in the 1900s, married three white women and was prosecuted for transporting women across state lines for immoral purposes.

Johnson was a complicated character, to be sure. Then, when boxing was still considered something of a white gentleman’s pastime, Johnson’s victories in the ring incited riots. Novelist Jack London issued the call for a “Great White Hope” who could best him; other voices issued the call to have him lynched. In recent history, it is the golf links that remain the playground of genteel white manfolk. Indeed, golf is the most racially segregated sport in America; access to courses is prohibitively expensive, so it remains the pursuit of the well-to-do executive class.

It should come as no surprise, then, that some measure of Woods’s heroic status has been grounded not merely in the excellence of his game, but in the fact that he has been lionised as an “honorary white.” He lives in a mansion in Florida, in a gated enclave. He married a Swedish model. His trousers are neatly pleated and nicely braided belts ensure that they do not “ride low.” His T-shirts are tailored and, to all appearances, starched. When he transgresses, his wife takes after him with a very expensive nine-iron rather than the proverbial pot of boiling grits.

It is all proof, said one waggish radio broadcaster, that golf can turn almost anyone into “an old, retired white guy”.

At the same time, Tiger Woods has also operated as a kind of answer to badly behaved basketball players like Dennis Rodman: he was cast as the well-educated, softly spoken, supremely non-threatening “Great Black Hope”.

Woods was the rebuttal to those enduring images of the insatiable black Lothario, the antithesis of Jack Johnson, who famously taunted America with his inter-racial liaisons, boasted about his conquests and mistreated them publicly. (When asked by a reporter how he sustained his sexual prowess, Johnson is alleged to have responded that one must “eat jellied eels and think distant thoughts”.)

Hence, Tiger Woods’s fall from grace has intimations that reach far beyond his personal life. As we know, there’s a great deal of money resting on Tiger the property. When he took leave to recover from reconstructive knee surgery last year, television ratings for golf tournaments fell 50%. Nike alone sells $600m-worth of golfing gear every year based largely on the qualities of play and personality he has brought to the game.

His fall has tossed him into the great media wood-chipper, however; in fewer than 10 minutes of television coverage, I heard comparisons with OJ Simpson no fewer than five times. Yes, OJ – the one whose wife was brutally murdered. But the only comparison I can see is that both Simpson, the face of Hertz, and Woods, the face of Nike, were configured by their corporate sponsors as good, assimilated black people who proved that we were a rainbow society. The reality of their lives was not what was being sold.

But for my money, Simpson and Woods’s flaws are so substantively, so qualitatively different that the very mention of them in the same breath strikes me as really derived from some residual anxiety about black men married to white women.

OJ Simpson, although acquitted of murdering his wife, was known to have hit her on occasion. Woods, while admittedly a serial philanderer, is the one who was found semi-conscious and bloody, the windows of his car smashed by his wife in an apparent fit of high “rescue” dudgeon.

I suppose we’ll never know what really happened on the night of 30 November 2009. It’s not exactly truth be damned, but “truth” has become something of a commodity, whose value must compete against the gleeful media whoring of celebrity. But if the past remains murky and fictive, we can surely foresee what comes next. Now begins the ritual cleansing that is so much the script of America’s teeter-totter between puritanism and prurience, sex and race, purity and penance. Whole industries are built upon impossible rectitude and grieving remorse, great falls from grace and elaborate rites of redemption.

But the most dangerous subtext in this otherwise delicious debacle is the great unspoken subtext: until 30 November, it had almost become a cliche that Barack Obama was the Tiger Woods of the political sphere. That perceived conflation of identity is what saddens me most about Tiger Woods’s fall from grace.

Yes, he’s human and yes, he is entitled to whatever private life he can salvage. But his underwritten role in our national pantheon served as the deus ex machina for the hope of a more integrated America, a more settled diversity that could be taken for granted, that was calming in its “post-racial” promise. The revealed precariousness of that promise is what has been most disheartening about the feeding frenzy of stereotype into which we are now sinking.

To quote William Blake’s celebrated poem “The Tyger” – if wildly and completely out of context: “What the hammer? What the chain?/ In what furnace was thy brain?”

Deux certitudes ressortent du tohu-bohu qui fait suite à la votation du 29 novembre 2009 où 57,5% des votants ont choisi d’inscrire dans la Constitution fédérale l’interdiction de la construction de nouveaux minarets.

Première certitude: il ne fait guère de doute qu’objectivement, la Suisse vient là d’inscrire le plus spectaculaire des autogoals: grave détérioration d’image internationale, risques de représailles en tout genre, incohérence par rapport à un ensemble d’idéaux fondateurs. […]

Une deuxième certitude, cependant, émerge peu à peu: c’est la grande difficulté de la plupart des commentateurs à rendre compte du phénomène et à l’analyser clairement. D’un côté s’exprime un populisme épais qui aime à fustiger la cécité d’élites incapables d’entendre les inquiétudes du «peuple»; de l’autre, une gauche qui, très sûre de sa supériorité morale, n’a pas de mots assez durs pour dénoncer pêle-mêle le racisme, l’égoïsme et l’intolérance des Suisses – tout juste si l’on daigne se souvenir qu’après tout, plus de 40% des votants, donc pas très loin de la moitié, a rejeté cette initiative. Même parmi les universitaires appelés à commenter l’événement, à l’exception bienvenue de quelques analystes plus clairvoyants, on peine à faire beaucoup mieux et à aller au-delà de ces caricatures.

Somme toute, cette difficulté n’est pas étonnante, car toute la réflexion sur la diversité, le vivre-ensemble, le multiculturalisme, reste pour bonne part enfermée dans une série de concepts tout à fait insuffisants pour penser les réalités de la diversité linguistique et culturelle des sociétés modernes.

Oublions les approches essentialistes, aujourd’hui complètement discréditées, qui postulent l’incompatibilité radicale des cultures différentes, et concluent que la solution est à chercher dans des sociétés homogènes séparées par des frontières aussi étanches que possible. Ce qui reste alors, c’est un discours dominant, voire hégémonique, principalement organisé autour du concept de tolérance. Or s’il est une chose que ce vote nous montre, c’est que s’il est utilisé seul, ce concept de tolérance nous mène rapidement à des impasses.

Certes, dire non à une manifestation d’altérité culturelle comme les minarets, c’est probablement un signe d’intolérance. Par contre, dire non à d’autres manifestations d’altérité culturelle comme, par exemple, les crimes d’honneur ou les mariages forcés, est-ce faire preuve d’intolérance? Assurément pas: on s’accordera en général à reconnaître que ce non-là constitue une défense parfaitement justifiée des droits de la femme, droits arrachés de haute lutte à une société patriarcale. A lui seul, le concept de tolérance ne nous éclaire donc pas beaucoup, car une même personne peut tout à fait «tolérer» les minarets, mais pas les mariages forcés; dès lors, il faudrait la considérer comme à la fois tolérante et intolérante. Cela rend le concept même de tolérance à peu près inutilisable. Pour sortir de cette impasse (dont les répercussions politiques paralysantes ont été éloquemment mises en évidence ce 29 novembre), il faut aussi prendre en compte ce que l’on est invité à tolérer. C’est là une évidence toute simple que l’on ose à peine dire en Suisse, mais qui est bien connue au Québec où, sous le nom d’accommodement raisonnable, elle a fait l’objet d’un débat public soutenu et passionnant: jusqu’où la société d’accueil doit-elle accepter, voire s’adapter à diverses expressions d’altérité culturelle provenant, notamment, de l’immigration?

Il est fort probable qu’en Suisse, ceux qui ont voté oui le 29 novembre n’ont pas voté sur les minarets, mais sur un ensemble d’autres manifestations d’altérité, réelles ou supposées, quotidiennes ou rarissimes, allant des problèmes de crimes d’honneur aux histoires d’exemption de cours de natation en passant par la bonne vieille Überfremdung. Pour désamorcer cette dérive, ce flou sur les débats qui s’est soldé par le coup de massue du 29 novembre, il aurait fallu pouvoir débattre sans tabou de toutes ces questions sur la place publique. Or ce qui a entravé un tel débat, c’est justement le manque d’instruments analytiques qui permettent de poser les problèmes sans sombrer dans le type de caricature dont on vient de parler.

Pourtant, certains instruments existent et parmi ceux-ci, l’un des plus prometteurs est sans doute celui de tolérabilité, qui émerge tout juste dans la littérature en théorie politique et en gestion de la diversité, et qui sert à compléter le concept, galvaudé, de tolérance.

La tolérabilité, c’est une gradation que chacun établit, étant donné sa plus ou moins grande tolérance, entre différentes manifestations d’altérité. Ainsi, avec la tolérance qui est la sienne (qu’elle soit limitée ou au contraire très grande, peu importe), tel ou tel citoyen pourra, par exemple, attribuer une tolérabilité élevée aux minarets, mais une tolérabilité faible – voire nulle – aux mutilations rituelles.

Certains objecteront immédiatement que cette «tolérabilité» est insaisissable, car elle variera d’une personne à l’autre, et parce qu’elle est elle-même le produit des représentations qui règnent dans une société. Mais le fait que les jugements varient d’une personne à l’autre et que, bien évidemment, la tolérabilité soit située dans l’espace et dans le temps (est-il nécessaire de rappeler que des pratiques normales au Moyen Age nous paraîtraient, aujourd’hui, intolérables?) ne signifie pas qu’elle n’ait aucun sens politique et social! Bien au contraire: on peut la définir et la mesurer, et tel est exactement l’un des objectifs d’une étude unique au monde et actuellement en cours à travers la Suisse auprès de plus de 50 000 jeunes gens. La population interrogée dans cette étude, financée par la Confédération, c’est la quasi-totalité, sur deux années consécutives, des jeunes hommes (de nationalité suisse) passant par le recrutement, plus un échantillon de contrôle composé de jeunes hommes étrangers et de jeunes femmes suisses et étrangères. En tant que base de données, il s’agit là d’une véritable Rolls-Royce.

La récolte de données étant toujours en cours, il est trop tôt pour présenter des chiffres. Par contre, on peut signaler certains résultats frappants issus des pré-tests effectués en 2007 auprès d’un échantillon d’environ 800 personnes. Le questionnaire propose une liste de près d’une cinquantaine de manifestations d’altérité linguistique et culturelle (dont seules quelques-unes concernent l’islam, du reste: la problématique de l’altérité ne s’y limite évidemment pas), et demande aux répondants de se prononcer sur leur caractère plus ou moins acceptable. Il en ressort une gradation (ou un «ordre de tolérabilité») remarquablement stable, quel que soit le profil des répondants: vers le haut de l’échelle, on trouve des expressions d’altérité culturelle touchant, par exemple, aux coutumes alimentaires; tout en bas, la polygamie. Ce qui change entre groupes de répondants, par contre, c’est le seuil où l’on passe du «plutôt ou tout à fait acceptable» au «plutôt ou tout à fait inacceptable». Les pré-tests suggèrent (et ce n’est pas une surprise) que ce seuil dépend, entre autres, du niveau de formation ou de la région de résidence.

C’est justement la stabilité de cette gradation qui permet d’identifier clairement un ensemble de manifestations d’altérité qui sont quasi unanimement acceptées, et d’autres qui sont quasi unanimement rejetées: en d’autres termes, cette notion de tolérabilité n’est pas un mirage, mais une réalité sociologique. Si l’on arrive à cerner celle-ci avec plus de précision, cela ouvre la porte à un renouvellement assez fondamental de la réflexion sur l’altérité. Cela peut aussi contribuer à repenser les politiques d’intégration. Par exemple, la réflexion éthique et juridique autour de questions telles que le port du voile (quelles que soient les recommandations auxquelles cette réflexion pourra aboutir) pourra s’appuyer sur une connaissance sociologique de ce qu’en pensent les jeunes Suisses. Grâce à l’importance et au degré de détail des données, les politiques publiques pourront aussi identifier quels groupes sociaux devraient tout particulièrement être mis au bénéfice d’une (in) formation plus poussée sur les défis du «vivre-ensemble» et, surtout, autour de quels enjeux précis de ce vivre-ensemble ce travail d’information est particulièrement indispensable (le port du voile? les problèmes de voisinage? l’usage des langues sur le lieu de travail? etc.).

Toutefois, l’utilité la plus fondamentale de cette notion de tolérabilité est ailleurs. En effet, les sociétés changent, et les conditions d’un vivre-ensemble harmonieux sont nécessairement en évolution – pas forcément rapide, mais constante. Ce vivre-ensemble doit donc être en permanence rediscuté. Et pour ce faire, il est indispensable de réfléchir «en deux dimensions», et de débattre non seulement à l’aide du concept de tolérance, mais aussi du concept de la tolérabilité. Car c’est de la combinaison de la tolérance et de la tolérabilité que peut émerger un vivre-ensemble dans lequel chacun trouve son compte.

As the debate intensifies within the Obama administration over how to stabilize Afghanistan, one major problem is conspicuously missing from the discussion: the growing alienation of the country’s largest ethnic group, the Pashtun tribes, who make up an estimated 42 percent of the population of 33 million. One of the basic reasons many Pashtuns support the Taliban insurgency is that their historic rivals, ethnic Tajiks, hold most of the key levers of power in the government.

Tajiks constitute only about 24 percent of the population, yet they largely control the armed forces and the intelligence and secret police agencies that loom over the daily lives of the Pashtuns. Little wonder that in the run-up to Thursday’s presidential election, much of the Taliban propaganda has focused on the fact that President Hamid Karzai’s top running mate is a hated symbol of Tajik power: the former defense minister Muhammad Fahim.

Mr. Fahim and his allies have been entrenched in Kabul since American forces overthrew the Taliban in 2001 with the help of his Tajik militia, the Northern Alliance, which was based in the Panjshir valley north of the capital. A clique of these Tajik officers, known as the Panjshiris, took control of the key security posts with American backing, and they have been there ever since. Washington pushed Mr. Karzai for the presidency to give a Pashtun face to the regime, but he has been derided from the start by his fellow Pashtuns with a play on his name, “Panjshir-zai.”

“They get the dollars, and we get the bullets,” is the common refrain among Pashtuns critical of the government. “Dollars” refers to the economic enrichment of Tajiks and allied minority ethnic groups through an inside track on aid contracts. The “bullets” are the anti-Taliban airstrikes and ground operations in Pashtun areas in the south and east of the country.

While Mr. Karzai has tried to soften the image of Tajik domination by appointing Pashtuns to nominally important positions, much of the real power continues to rest with Tajiks. For example, he appointed a Pashtun, Abdul Rahim Wardak, to replace Mr. Fahim as defense minister — but a trusted Panjshiri, Bismillah Khan, remained an army chief of staff and kept fellow Tajiks as his top corps commanders and in other vital spots, including director of military intelligence, army inspector general and director of counternarcotics forces.

The National Security Directorate, which oversees the civilian and military secret police and intelligence agencies, is headed by a Northern Alliance veteran, Amrullah Saleh. Michael Semple, a former adviser to the European Union representative in Kabul, told me that Mr. Saleh had appointed “some credible Pashtun provincial directors” but that “the intelligence services are still basically seen as anti-Pashtun and pro-Northern Alliance because the power structure in the directorate is still clearly dominated by the original Northern Alliance group,” and above all because “they also have control of the prosecution, judicial and detention branches of the security services.”

The Obama administration is pinning its hopes for an eventual exit from Afghanistan on building an Afghan National Army capable of defeating the insurgency. But a recent study by the RAND Corporation for the Pentagon, noting a “surplus of Tajiks in the A.N.A. officer and NCO corps,” warned of the “challenge of achieving ethnic balance, given the difficulty of recruiting in the Pashtun area.” The main reasons it is difficult to recruit Pashtuns, one United Nations official recently said, are that “70 percent of the army’s battalion commanders are Tajiks” and that the Taliban intimidates the families of recruits. It doesn’t help that many of the army units sent to the Pashtun areas consist primarily of Tajiks who do not speak Pashto.

Pashtun kings ruled Afghanistan from its inception in 1747 until the overthrow of the monarchy in 1973. Initially limited to the Pashtun heartland in the south and east, the Afghan state gradually incorporated the neighboring Tajik, Hazara and Uzbek areas to the north and west.

It was understandable, then, that Pashtun leaders tried to make the last king, Zahir Shah, the president of the interim government that ruled from 2002 until the first presidential election in 2004. The king, revered by the Pashtuns, was to have limited powers, with Mr. Karzai, as prime minister, in day-to-day control. The Tajiks, however, objected, and on the eve of the national assembly that set up the interim government, the Bush administration’s special envoy, Zalmay Khalilzad, sided with the Tajiks and had a bitter 40-minute showdown with the king, who then withdrew his candidacy.

Pashtun nationalism alone does not explain the Taliban’s strength, which is fueled by drug money, Islamist fervor, corrupt warlords, hatred of the American occupation and the hidden hand of Pakistani intelligence agencies. But the psychological cement that holds the disparate Taliban factions together is opposition to Tajik dominance in Kabul. Until the power of the Panjshiris is curbed, no amount of American money or manpower will bring the insurgency to an end.

Tras envolver militarmente la región de Xinjiang, rica en petróleo, es posible que las autoridades chinas hayan sofocado la revuelta uigur. Sin embargo, este episodio, el más mortífero de las manifestaciones de minorías étnicas registradas a lo largo de decenios – junto con el levantamiento que tuvo lugar en la meseta tibetana-muestra los costes políticos de la absorción étnica forzosa y hace trizas el espejismo de una China monolítica.

Las políticas de absorción forzosa en Tíbet y Xinjiang, ricos en petróleo, dieron comienzo después de que el hombre fuerte del país, Mao Tse Tung, creara un corredor de enlace entre las dos regiones rebeldes engullendo la zona india de Aksai Chin, de 38.000 km2,parte del Estado de Jammu y Cachemira.

En la actualidad, alrededor de un 60% del territorio de la República Popular China comprende territorios que no habían estado bajo el gobierno directo de la dinastía Han. El tamaño de China, de hecho, es el triple del que poseía bajo la última dinastía Han, la dinastía Ming, que cayó a mediados del siglo XVII. En el sentido territorial el poder Han se halla en su cenit, circunstancia simbolizada por el hecho de que la Gran Muralla se construyó a modo de perímetro de seguridad del imperio Han.

La absorción manchú en el seno de la sociedad Han y la dilución de la población autóctona en la Mongolia interior significa que los tibetanos y los grupos étnicos musulmanes de lenguas túrquicas de Xinjiang sean los únicos grupos que quedan como núcleos resistentes.

Sin embargo, los acontecimientos sucedidos desde el año pasado se alzan como penoso recuerdo ante los ojos de las autoridades chinas en el sentido de que su estrategia de colonización étnica y económica de la tierra tibetana y uigur está atizando un notable malestar. Mientras por una parte los esfuerzos gubernamentales para extender el uso de la lengua, cultura y poderío comercial Han han alimentado el resentimiento local, por otra el desarrollo económico en esas regiones – orientado a la explotación de sus ricos recursos-ha contribuido a marginar a la población autóctona. Mientras se deja a la población local el empleo en trabajos serviles, los colonos Han se reservan los empleos bien pagados y directivos, símbolo de la ecuación entre colonizados y colonizadores.

Factor aún más importante, la misma supervivencia de las principales culturas de etnia no Han se ve amenazada. Desde el adoctrinamiento en la escuela y la reeducación política forzosa a la reducción drástica del suelo cultivable y de la vida monástica, el hecho es que las políticas chinas han contribuido a infundir sentimientos de sojuzgamiento y resentimiento en la población de Tíbet y Xinjiang.

A fin de sinologizar los territorios poblados por minorías, la multifacética estrategia de Pekín comprende seis factores: alterar cartográficamente las fronteras del suelo patrio de ciertas etnias; inundar demográficamente culturas no Han, al modo como la expansión del gobierno Han sobre Manchuria, Mongolia interior y Taiwán se logró ampliamente mediante la migración durante un prolongado periodo de tiempo; reescritura de la historia para justificar el control chino; colonización económica; puesta en práctica de una hegemonía cultural susceptible de difuminar las identidades locales, y mantenimiento de la represión política.

En el plano demográfico, Pekín no intenta un exterminio étnico en estas regiones, sino una asfixia étnica. Esta estrategia, consistente en asfixiar a la población autóctona mediante la campaña migratoria, equivale a la aniquilación cultural.

Un primer paso en esta dirección fue la reorganización cartográfica de las regiones de residencia de minorías. Mediante una división electoral de Tíbet de acuerdo con sus propios intereses, Pekín situó la mitad de la meseta de Tíbet y casi el 60% de la población tibetana bajo jurisdicción Han en las provincias de Qinghai, Sicuani, Gansu y Yunan. El desmembramiento cartográfico de Tíbet creó el marco destinado a diluir étnicamente a los tibetanos, tanto en las áreas separadas como en el resto del Tíbet, rebautizado como “región autónoma de Tíbet”.

En el caso de la Mongolia interior, se hizo lo contrario: se amplió para incluir áreas Han como la región de Henao a fin de reducir a los mongoles a una minoría e impedir cualquier demanda o aspiración (inspirándose en el deseo de China de unificación con Taiwán) en el sentido de la unificación de las dos Mongolias.

En la actualidad, las lenguas tibetana y uigur están desapareciendo ya de las escuelas locales a medida que las autoridades las retiran del currículo académico. Y, como parte integrante de la estrategia de absorción forzosa, las familias de las minorías étnicas son obligadas a enviar al menos a un miembro de la familia a trabajar en fábricas situadas en distantes provincias Han o a enfrentarse de lo contrario a una multa de dos mil yuanes, alrededor de doscientos euros. Se anima sobre todo a las jóvenes de minorías a trasladarse a provincias Han y casarse con un Han como parte del programa de absorción patrocinado por el Estado. La rápida sinologización, sin embargo, no ha hecho más que agudizar el sentido de identidad y ansia de libertad tibetana y uigur.

La principal idea directriz del sistema chino sigue siendo la uniformidad, como señala el eslogan del presidente Hu Jintao relativo a una “sociedad armoniosa” concebida para reforzar la cuestión de la adhesión social. Apenas es de extrañar que la respuesta pública de Hu al malestar uigur consistiera en pedir a las autoridades locales que “aislaran y asestaran un golpe” a los agitadores, en lugar de ir a las causas del descontento.

Mientras India aplaude la diversidad, China rinde tributo a un monoculturalismo artificialmente impuesto, aunque incluye oficialmente 56 nacionalidades, la nacionalidad Han (que, según el último censo del 2000, representaba el 91% de la población total) y 55 grupos étnicos minoritarios. China intenta no sólo restar importancia a su diversidad étnica, sino ocultar las brechas culturales y lingüísticas existentes en el seno de la mayoría Han, no sea que las divergencias históricas norte-sur afloren nuevamente.

Los Han (divididos en siete o más grupos distintos desde el punto de vista lingüístico y cultural) serán cualquier cosa salvo un grupo homogéneo. Las principales lenguas de China aparte de las empleadas en territorios de minorías, incluyen el mandarín, el hakka (hablado en varias áreas del sur), el gan (provincia de Jiangxi), el wu (provincia de Zhejiang), el xiang (provincia de Hunan), el yue (sobre todo en la provincia de Guangdong), el pinghua (vástago yue), el min del sur (hokkien/ del taiwanés) y el min del norte.

No obstante, los comunistas se han valido del mito de la homogeneidad para atizar el nacionalismo Han. Este mito, concebido en un principio para unificar a los no manchúes en contra de la dinastía manchú Qing, fue ideado por Sun Yat-Sen, un cantonés que encabezó el movimiento republicano que tomó el poder en 1911. La posterior imposición de la lengua del norte, el mandarín, contribuyó a instaurar una lingua franca en una sociedad diversa, pero casi un siglo después no es el mandarín sino las lenguas locales las que se siguen hablando comúnmente.

Actualmente, gracias a la mayor conciencia de la realidad derivada de los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, los hakka, los sichuaneses, los cantoneses, los shanghaineses, los fujianeses, los swatoweses, los hunaneses y otras comunidades clasificadas oficialmente como Han reafirman sus identidades distintivas y su patrimonio cultural.

Los problemas internos de China no desaparecerán a menos que sus gobernantes dejen de imponer la homogeneidad cultural y renuncien a la asfixia étnica como estrategia del Estado llevada a la práctica en áreas de minorías. Tras el levantamiento tibetano en el 2008, el año 2009 será recordado como el de la revuelta uigur. Si se considera que el año próximo se cumplirá el LX aniversario de la ocupación china de Tíbet, el centro de atención se situará en los desafíos internos de China. Mientras el crecimiento económico aminora su ritmo y el malestar interno aumenta a una cadencia similar a la del PIB chino, tales desafíos se extienden de hecho al corazón de la propia China.

La forma democrática de Gobierno se basa en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona como requisitos ineludibles. El valor constitucional del pluralismo demanda que nadie pueda ser discriminado, como establece el artículo 14 de la Constitución española, por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal.

Una consecuencia de ello es, por ejemplo, que el Estado democrático se funda en la tolerancia hacia la diversidad cultural que expresan los ciudadanos, como titulares de derechos fundamentales. Pero la tolerancia no es indiferencia. Y el respeto a las tradiciones que se cristalizan en los comportamientos humanos en una sociedad multicultural no es ni puede ser ilimitado. La garantía de los derechos humanos es una frontera infranqueable, de lo contrario el Estado democrático perdería su identidad.

El tema es de actualidad. Una mujer mauritana ha sido condenada por un tribunal español por haber casado a su hija a los 14 años y haberla forzado a mantener relaciones sexuales con un hombre de 40 años. La joven denunció a sus padres, residentes en España, por haberla obligado a ir a Mauritania para casarse y después, de vuelta a su domicilio en Cádiz, repetir la experiencia con un marido 26 años mayor que ella. La condena ha sido por la comisión de los delitos de agresión sexual, coacciones y amenazas. La mujer mauritana ha pedido respeto para sus tradiciones. Y sus compatriotas han reclamado lo mismo ante la puerta del órgano judicial, afirmando que: “Os respetamos en nuestra tierra. Respetadnos en vuestra tierra”.

Pero resulta que obligar a una menor de edad a casarse y mantener relaciones sexuales, en el Estado democrático es una vulneración de un derecho humano básico, es un atentado flagrante a la libertad de la persona, es un delito. Y ante ello no hay tradición que pueda oponerse. El Estado no puede permanecer indiferente a lo que ocurre en su territorio, sino que ha de ser beligerante en defensa de la dignidad de las personas. En este sentido, las reglas privadas de la comunidad familiar nunca pueden prevalecer si la libertad del individuo está en peligro.

Este caso y otros, como la ablación del clítoris, o la negativa de ciertas familias inmigrantes a escolarizar a sus hijas adolescentes, o el reciente ocurrido en Francia de no alimentar por razones religiosas a los hijos para purificarlos, plantean la cuestión de cuál ha de ser la respuesta de los poderes públicos ante estos comportamientos o, más aún, cuál ha de ser el grado de tolerancia del Estado ante determinadas tradiciones.

Es evidente que tradiciones culturales o religiosas como las descritas colisionan con los valores de libertad e igualdad, que el Estado en una sociedad democrática ha de amparar sin distinción de nacionalidades. El hecho de que los ejemplos expuestos sean protagonizados por personas procedentes de la inmigración, como consecuencia de ciertas singularidades culturales, no puede suponer para los poderes públicos el establecimiento de distinción alguna respecto de otros comportamientos igualmente lesivos para la dignidad humana. Por ejemplo, en nuestro contexto más próximo, los lacerantes casos de violencia doméstica, la oposición de sectas religiosas a las transfusiones de sangre, o el sectarismo moral del que hacen gala otras sectas más sibilinas con los enfermos terminales.

La inmigración que viene a la Unión Europea y a Estados Unidos en busca de un lugar en el sol es esencialmente económica. Un sol, el de los países desarrollados, estructuralmente hegemónico y no siempre justo, pero donde los derechos de las minorías han de ser en todo caso respetados, en un contexto de integración a valores y principios democráticos básicos. Un contexto que ha de ayudar a superar situaciones de injusticia social y rémora moral. Por esta razón, el respeto que el Estado democrático de acogida debe garantizar a las señas de identidad de las minorías religiosas o culturales no puede hacerse sacrificando valores democráticos intangibles como la dignidad o la libertad de la persona.

El Estado no puede caer en una especie de paternalismo que, por mor de un exacerbado respeto a la multiculturalidad o la singularidad identitaria, permita comportamientos como los descritos. La democracia ha de servir para liberar personal y socialmente al individuo, no para explotarlo económicamente y mantenerlo ligado a referentes morales retrógrados.

El caso de la mujer mauritana y el respeto que sus compatriotas demandaban a sus tradiciones es un supuesto de diversidad cultural que el Estado democrático no puede tolerar. La necesaria garantía de la diversidad no alcanza a legitimar el establecimiento de un sistema jurídico alternativo, que proteja supuestos derechos naturales incontrovertibles fruto de la tradición.

El Estado no puede cobijar una diversidad moral en beneficio de valores que solamente procuren la subordinación y la alienación social. Frente a ello, los valores que son expresión de la racionalidad democrática han de ser un perímetro insuperable.

So it turns out that the 12 Muslims arrested two weeks ago – you know, the ones who, according to ­Gordon Brown, were planning a “very big terrorist plot” – were ­doing nothing of the sort. The ­arrests and subsequent release highlight how, in a time of heightened concern, anyone who is male and Muslim – and, even worse, happens to have ­Pakistani heritage – can get mistaken for a potential terrorist. It isn’t just the police who have a problem telling the difference. The trouble is that it isn’t obvious who is a benign, peace-loving Briton who happens to be Muslim, and who is a rage-filled Islamist intent on causing mayhem.

It used to be simple to spot the fundamentalist: they would have tell-tale signs such as metal hooks and carry a charred copy of The Satanic Verses or a “Death to Israel” placard. It isn’t so easy now. What does a moderate Muslim look like? How to tell if a bearded neighbour is a pious believer or plotting to blow up the local shopping centre? How to distinguish between the student who is taking photographs to send to relatives and the jihadist on reconnaissance?

If only these were theoretical dilemmas. Last week I was detained at JFK airport in New York. At the end of a lengthy grilling the officer turned to his colleague and said: “We have a 37-year-old male who has been to Pakistan in the past three years – shall I deport him?” The fact that the Pakistan trip was for a Radio 4 documentary, or that I had written a book which devoted a chapter to my fascination with the US was irrelevant. I was Pakistan-born and had a funny name so I was suspicious. It isn’t that I don’t understand the concern, or that some of it isn’t legitimate; I wish I knew what I should say next time to prove I don’t want to blow anyone up, and just want to spend a few days visiting galleries.

British Muslims are constantly called upon to denounce the extremists, to distance themselves from their ideas and actions. This leaves them forever on the defensive, having to react to the actions of the militant minority. So perhaps it’s time to get proactive. That in itself is controversial: the standard response from British Muslims is to say that they shouldn’t have to apologise for the actions of the extremists, that those Islamists are as Muslim as the KKK are Christian. But that theory doesn’t help much in practice.

So here are a few suggestions for how to help the police, airport immigration and anyone else who finds it hard to differentiate between liberal and extremist Muslims. All Muslims who consider themselves liberal and tolerant could apply for a special card which when presented would show the holder was a “pre-approved Muslim”, thus saving time at airports. Sure, some may say that such a card would represent a gross violation of human rights but I think it could be marketed like a credit card: membership has its privileges – in this case not being indiscriminately arrested or held up when travelling. Those who feel uncomfortable carrying a card could be offered an alternative – a white girlfriend perhaps, someone to vouch for the fact that they have successfully ­integrated into society and have no immediate plans for a holy war.

Perhaps I could carry a sandwichboard with the slogan “I ❤ John Stuart Mill”. That may prove too subtle, maybe something more permanent is needed to convince the sceptics. How about all moderate Muslims having “Don’t panic – I’m Islamic” inked on their forearms by a government-approved tattoo artist. That way, the next time extremists march in Luton against returning British soldiers, the moderate Muslims would only have to walk around in a T-shirt and everyone could breathe easy ­knowing they were not the bad guys.

There is one other possibility: that Muslims are presumed innocent, unless there is evidence to the contrary.

Should public policy be colour-blind? Or must governments and public institutions take account of people’s ethnicity and culture in formulating policy? It is a debate that has been reignited by President Nicolas Sarkozy’s attempt to introduce ethnic monitoring in France.

Unlike in Britain, where public institutions routinely collect information about people’s ethnic origins, it is illegal in France to classify people in this fashion. The foundation stone of the secular French republic is that all citizens should be equal and free from distinctions of race or religion. But senior politicians have begun to recognise that France remains deeply disfigured by racism. To combat this, Sarkozy argues, it is necessary to collect ethnically based data. The British experience suggests that such policies often do more harm than good.

Two assumptions underlie the argument for ethnic monitoring: first, that ethnicity and culture are the most important labels we can place on people; and second, that there is a causal relationship between membership of such a group and disproportional outcomes between groups.

If Bangladeshis are overrepresented in poor housing or if African Caribbeans are underrepresented in higher education, it is viewed as a consequence of belonging to those particular groups. Neither assumption is valid. Minority groups are not homogenous but are as divided by issues of class, gender, age and so on, as the rest of the population. These factors often shape individuals’ lives far more than do race, ethnicity or culture.

Take, for instance, the question of educational attainment in Britain. We all know that Asians excel at school and that African Caribbeans perform worst. Except that they don’t. Pupils of Indian origin tend to do well, but the performance of Bangladeshis and Pakistanis is similar to that of African Caribbeans. Bottom of the class come white working-class boys.

Children of Bangladeshi and Pakistani origin used to be labelled “Asian”. Now they are more likely to be seen as “Muslim”. When they were Asians they were bracketed together with children of Indian origin, and the differences between the groups were largely ignored. Now that they are Muslims, the poor performance of Bangladeshis and Pakistanis has attracted attention, but is often put down to “Islamophobia”.

To improve the educational possibilities of all these groups — Bangladeshis, Pakistanis, African Caribbeans and working-class whites – we have to understand what they have in common – which derives less from their race than their class. Bangladeshis and Pakistanis in this country come largely from poor rural areas, and African Caribbeans are predominantly working class. A system obsessed by ethnic categories, however, is rarely able to make those kinds of connections.

Ethnic monitoring does not just produce misleading data. The process of classification often creates the very problems it is supposed to solve. Local authorities have used ethnic categories not just as a means of collecting data but also as a way of distributing political power — by promoting certain “community leaders” – and of disbursing public funds through ethnically based projects. Once the allocation of power, resources and opportunities become linked to membership of particular groups, then people inevitably begin to identify themselves in terms of those ethnicities, and only those ethnicities.

Take Bradford. The majority of Muslims in the city come from the Mirpur area of Pakistan. But few identified themselves as Muslims – until the local council began rolling out its multicultural policies in the 1980s. Declaring that every community had “an equal right to maintain its own identity, culture, language, religion and customs”, the local authority looked to the mosques to act as the voice of the Muslim community and funded social projects along faith and ethnic lines. The council thereby helped create a Muslim identity that had barely existed before. By 1990 the city’s Mirpuri community boasted 18 mosques. Fourteen of them had been built in the previous decade, in the wake of the council’s multicultural policy. A community that had worn its faith lightly now became defined almost entirely by that faith.

National government has pursued a similar policy. Rather than appealing to Muslims as British citizens, with a variety of views and beliefs, politicians of all hues prefer to see them as people whose primary loyalty is to their faith and who can be engaged only by other Muslims. Should we be surprised then if, as a consequence, many Muslims come to see themselves as semi-detached Britons? Last week the government published Contest 2, its new anti-terrorism strategy. But it has still not understood the extent to which its own multicultural policies have helped fan the flames of Islamic radicalism.

Citizenship has no meaning if different classes of citizens are treated differently, whether through multicultural policies or through racism.

The British government’s brand new counter-terrorism strategy is already in disarray – and ministers have only themselves to blame. The souped-up plan to fight al-Qaida, confound dirty bombers, halt suicide attacks and confront “extremism” in the country’s Muslim community was unveiled by the prime minister with much fanfare on Tuesday. But even before the 175-page “Contest 2″ document had been launched, the credibility of its promise to engage with the Muslim mainstream had been thrown into question by the decision of Hazel Blears, the communities secretary, to cut all links with the Muslim Council of Britain.

Blears had been gunning for the MCB, the country’s main Muslim umbrella body, which has shown increasing independence in recent years, particularly in relation to British foreign policy. The pretext was a statement about Israel‘s onslaught on Gaza signed by the MCB’s number two, Daud Abdullah, which Blears interpreted as a call for attacks on British ships if they were sent to intercept arms supplies to Hamas. Ten days ago, in a tone more associated with Raj-era colonial governors than democratic politicians addressing independent community bodies, Blears delivered an ultimatum to the MCB: either it sacked its elected deputy general secretary or all contacts would be severed.

Never mind that Gordon Brown’s idea about policing Palestinian waters has been kicked into the long grass of international talks; or that Abdullah, a Caribbean-born veteran of Grenada’s leftwing New Jewel Movement (later overthrown by Ronald Reagan) made clear he was not calling for such attacks – let alone attacks on Jewish communities, as Blears claims in a letter in today’s Guardian. All links have now been suspended. And if there were any doubt that the attempt to isolate Britain’s most significant Muslim body was linked to the new anti-terror policy, the timing of the ultimatum for the eve of the launch made clear that for Blears they were all of a piece.

Not surprisingly, the MCB has rejected the government’s diktat. As it acknowledges, to do anything else would destroy its credibility in the community, which can in fact only be boosted by the confrontation. The point seems to have belatedly dawned on Blears, whose department yesterday appeared to be looking for a way out as it pressed for “further clarity” from the MCB about its attitude to violence in the Middle East.

But the dispute goes to the heart of the fatal flaw in government policy towards the terror threat. Instead of simply aiming to stop indiscriminate attacks, something that unites almost all Muslims as well as non-Muslims, the idea underlying the new strategy is to confront “nonviolent extremism” as well. The definitions of such a catch-all target specified in earlier drafts, including support for armed resistance anywhere in the world, sharia law and a belief that gay sex is sinful, have mercifully been dropped. It became clear to other ministers – reported to include Jack Straw, John Denham and Harriet Harman – that not only would such zealotry brand most of Britain’s 2.4 million Muslims extremist, it could also apply to many Christians, orthodox Jews and atheists as well.

But strong echoes of this folly remain: for example, in the categorisation of those who reject Israel’s legitimacy as extremist. It is a policy that has been driven by neoconservative-leaning thinktanks – such as Policy Exchange, the Centre for Social Cohesion and the government-funded Quilliam Foundation – who believe Islamism, a political trend as broad as socialism or liberalism, is the enemy, rather than the tiny takfiri groups who think it’s a good idea to blow people up on buses and tubes.

That’s a dangerous blind alley, which makes such attacks more, rather than less, likely. Instead of listening to representative groups which can honestly reflect what drives Muslim anger – notably western support for wars of occupation in the Muslim world – the government ends up talking to its own creations and attempting to use cash to buy political docility. It is the same approach which preferred listening to republican defectors than Sinn Féin in Northern Ireland, as the former chief of the defence staff Lord Guthrie enthusiastically emphasised this week.

The Contest 2 strategy has one merit, at least. It does for the first time officially acknowledge what the rest of the world has known for most of the past decade: that Muslim “perception” of the west’s support for Israel, the Iraq and Afghan wars and the wider war on terror plays a “key role” in fuelling “radicalisation”. But instead of then getting to grips with the cause of the problem, the response is still to treat the symptoms. Since Israel’s western-backed devastation of Gaza unleashed a new wave of Muslim political activism, for example, the reaction has been heavyhanded policing, attempts to link protest with terrorism and renewed Islamophobic campaigns in the media.

Perhaps Blears thought attacking the MCB would play to the gallery in such a climate. But as the Jewish Chronicle columnist Geoffrey Alderman warned yesterday, not only was her interference a democratic outrage, but a dangerous precedent for other community organisations. Would Blears refuse to engage with a Jewish Board of Deputies leader, he asked, who backed West Bank settlements the government regards as illegal? Muslims are already angered by the double standards that allow Britons to serve with Israeli forces in Gaza and the Zionist Federation to raise charitable funds for occupation troops accused of war crimes, while any parallel moves to support Hamas are treated as involvement in terrorism.

The government preaches globalisation but has failed to face up to the implications of the multiple identities and loyalties that flow from it. The presence of a large population with recent roots in a part of the world where British forces are fighting unpopular wars is one reason why domestic and foreign policy can never again be separated in the way that was possible in colonial times. The government’s counter-terrorism plan talks about Muslims needing to accept Britain’s shared values. Fortunately, they do already. Both Muslims and non-Muslims oppose wars of aggression and want British troops brought home from Iraq and Afghanistan; they both accept people’s right to defend themselves against invasion and occupation; and both mostly sympathise with the Palestinian cause. Now responding to that consensus would be a real counter-terror strategy.

As a child, I was unsure if I belonged to Britain, India – or both, or neither. In the day I went to a multifaith, multi-ethnic state school in the East End of London. At school I was taught to question, think and see all religions equally. In the evenings, I attended Koran schools at a mosque on Brick Lane where I was forced to learn to read Arabic, but not to understand meanings of words. I was not allowed to question, but simply to bob to and fro and learn Arabic prayers without understanding. All our teachers were elderly Asian immigrant men, and we were not allowed to mix with girls. At school, our teachers were mostly English women and we were encouraged to mix with everybody.

I developed two personalities, two worlds, two allegiances: one at “English school” and another at the mosque. I was torn, confused and full of questions. But what now? Two decades on, surely Britain’s Muslims are in a better place.

Today, there are between 1,200 and 1,600 mosques in Britain – no definite figure exists. Yesterday, the Charity Commission sought to gloss over the malaise in them by publishing figures on attendance, but not inquiring into difficult areas. At Quilliam, Britain’s first counter-

extremism think-tank, we commissioned a poll of more than 1,000 mosques in 2008, during Ramadan when mosques are busiest. Despite employing Urdu and Bengali-speaking researchers, we could poll only just over 500. Most British mosques don’t maintain a reception or service to answer questions, and not every one we did reach was willing to answer.

Quilliam’s report, Mosques Made in Britain, reveals the true extent of the mess. We found that 97 per cent of imams, or leaders, were from overseas and 92 per cent were educated abroad, mostly in Pakistan or Bangladesh. Almost all mosques are controlled by first-generation immigrant men, leaving most British Muslims – women and young people – out of the management structure.

This is not new. Quilliam has merely found evidence of a problem that has been known among Muslims for more than two decades.

Most British Muslims are under 25. When, like me, they have questions about identity, belonging, values, and religion, their local mosque leadership is futile. Britain’s mosques are run by men who are physically in Britain, but psychologically in Pakistan. They retain their village rituals and sectarianism, and prevent the growth of an indigenous British Islam. And for as long as young Muslims are confused about whether they belong in Britain or elsewhere, we risk handing them over to preying extremists in our midst.

By importing cheap imams from poor, intellectually deprived and theologically conservative places mosques put young Britons in the hands of men who do not have the linguistic or cultural backgrounds to deal with modern Britain. Little wonder, then, that many young Muslims turn to radical university Islamic societies, extremist websites, and Hamas-supporting groups in Britain for “religious guidance”.

Mosques Made in Britain also found that nearly half of mosques do not make provisions for women. And those that do provide disgraceful, unhygienic quarters for them to pray and ensure that women maintain no real presence at mosques. With very few exceptions, most mosque management committees are dominated by older men who have successfully kept out women.

As this generation of imams and elders eventually move aside, who will take their place? Of the 27 or so Muslim seminaries or dar ul uloom in Britain, 25 come from the austere, Deobandi tradition – the preferred school of the Taleban. So while British soldiers risk their lives in Afghanistan, in British Muslim seminaries we allow the teaching of intolerance, unequal treatment of women, religious rigidity, the banning of music and theatre, and an end to free mixing of the sexes.

At these seminaries, medieval textbooks are still taught without any reference to context. Graduates of these highly conservative madrassas have taken up nearly 100 posts as chaplains in our prisons. Soon, they will move into mosques as English-speaking imams, without any understanding of British values of liberty, tolerance and pluralism.

How long will we tolerate this underworld in Britain?

Two years ago the Government established a Mosques and Imam National Advisory Board and included Hamas supporters to win over radicals. What has it achieved? Large numbers of British mosques are not properly registered with the Charity Commission, imams work with children without Criminal Record Bureau checks, and mosque buildings flout health and safety regulations. Would other schools or churches get away with this?

More than three years after the July 7 bombings, where are the citizenship classes in mosques? Or the English-language teaching for foreign imams? With such problems on our doorstep, as a community we are still focused on British policy in Palestine and Iraq at the expense of our children’s education, gender apartheid at mosques, and inadequacies in language, safety and leadership. Labour politicians are only too keen to campaign for the Muslim vote in mosques in Blackburn, Manchester and Bradford while turning a blind eye to the failure that surrounds their constituents. For how much longer?

Tomorrow is the 20th anniversary of the Ayatollah Khomeini’s issuing his fatwa calling for Salman Rushdie’s death. The burning of The Satanic Verses on Britain’s streets was a defining moment. The novel’s alleged slur on the Prophet Muhammad politicised many Muslims, pushing them in a more radical, confrontational direction. Some see the Rushdie controversy as the first step on the road to the 7/7 terrorist attacks.

But good came from that 20-year-old furore. It was the catalyst for a furious and fast-paced debate about what it means to be British. While other European countries have only just started to grapple with the growing immigrant communities, the Rushdie affair helped to compress change and the evolution of national identity into a few years. One day we will look back and admit that we are better for it.

In the 1960, 70s and 80s the first generation of black and Asian immigrants tried to fit in by playing down their cultural differences with each other and the British mainstream. By and large, immigrant communities kept away from politics – and when they did enter the political arena, Asians and West Indians were united in wholly secular movements such as Rock Against Racism.

But as immigrant numbers grew in the 1980s, “black unity” started to splinter into smaller identities, divided by religion or country of origin. Sikhs – who fought to be exempt from the crash-helmet laws because of their turbans – were the first to become politicised. In 1984, when the Indian Government attacked the Golden Temple, India’s holiest Sikh shrine, a much more forceful Sikh identity started to take shape. Hindus also started to assume a more religious identity as revivalist movements grew in India.

British Muslims went farther down the segregationist road. Frustrated by the unwillingness of politicians and the media to share their anger at Rushdie, many started mobilising. The Muslim Parliament was set up in 1992 because some British Muslims felt they needed parallel institutions to champion their causes. It discouraged Muslims from voting, let alone entering mainstream politics, seeking to create a “non-territorial Islamic state” in Britain.

The realisation that such confrontational political Islam would not work in Britain cleared the way for the rise of “community leaders”. The Muslim Council of Britain (MCB), modelled on the Jewish Board of Deputies, was founded in 1997. It pushed the view that British Muslims had to get involved in national politics if they wanted to fight for their interests.

Although this approach suited the Government’s quasi-colonial, multicultural approach to ethnic minorities and was helpful after 9/11 and the riots in Oldham and Burnley in 2001, it unravelled after 7/7. It had become clear that throwing money at these groups was neither building social cohesion nor dampening down extremism.

When Trevor Phillips, the chairman of the Commission for Racial Equality, seemed to dismiss “multiculturalism”, he opened the floodgates to an angry debate on whether Britain was being split apart by focusing too heavily on promoting cultural diversity. But that debate began with the Satanic Verses controversy; at heart it was about the search for cultural identity – can you be both Muslim and British?

The collapse of the old identity politics is to be welcomed because it indicates progress to a stage where we are all happy with multiple identities – geographical, cultural, national, racial and more. The earlier associations of British identity, first with race and whiteness, then with a particular culture or way of life, cannot survive in this globalised era. So we are all, regardless of colour, searching for a new language to describe ourselves. British? English? Scottish Muslim? Black British?

Why should I be seen merely as an Asian? I am equally importantly a Briton, a vegetarian, a Londoner, of Sikh origin and much more.

It is important to remember two things. First, to take an American analogy, Britain had to go through the Malcolm X and Jesse Jackson phase – the confrontational “black power” approach – to reach the more conciliatory Obama generation. But whereas the US went through this over several decades, we have zoomed past it much quicker. Without these controversies progress would have been much slower.

Second, a clash of ideas is necessary for progression, however repetitive it might become. Two years ago Inayat Bunglawala, the assistant general secretary of the MCB, admitted in an article entitled “I used to be a book burner” that he had been wrong to call for The Satanic Verses to be banned: “I believe the freedom to offend is a necessary freedom,” he added, completing a spectacular U-turn.

Successive controversies have generated much less anger and revealed, despite a noisy fringe of extremists, an increasing political maturity among British Muslims. The row over the Danish cartoons of the Prophet led to a few protests in Britain, but the general reaction was more subdued than the past.

Muslim groups now regularly state that British Muslims have more religious freedom than in almost any other country. In the past they would never have admitted such a thing. The climate has changed.

Today, there is open willingness within ethnic minorities to highlight religious extremism or forced marriage. A growing number of young people from ethnic minorities are reaching the top ranks of politics and the media. The BNP has become wary of admitting its own racism and even the most virulent right-wing tabloids accept that modern Britain is a multiracial society where people have hyphenated identities.

Despite the rows and arguments, the British experience has been much better than that in Europe. France sticks to its official colour-blind approach but it has failed to make minorities feel that they have a stake in mainstream society. Germany has yet to shake off its history of associating nationality with bloodline and makes it difficult for even third or fourth-generation Turks to be full citizens. The Netherlands has careered from extremely liberal attitudes to much more xenophobic ones. Britain, in marked contrast, has conducted itself in remarkable civility.

What started with the furore around The Satanic Verses has not yet finished and probably never will – as the world evolves, the way we think about ourselves will mutate too. But thanks to Salman Rushdie and the book-burners, we are at least being spared the long, drawn-out convulsions of change.

Jacqui Smith’s announcement yesterday of tougher measures to exclude “preachers of hate” is the latest in a series of initiatives to prevent young British Muslims turning to violent extremism. A mushrooming array of guidelines for schools, colleges and councils emphasises the need to challenge the narrative al-Qaida uses to attract recruits.

These guidelines do nothing to challenge the dominant narrative by which violent extremism is commonly explained, a narrative that sees even peaceful groups as transmission belts on which insecure Muslims are shuffled towards violence. However, there is a very different narrative of British Islam, which the government is less keen to talk about. There is a reason for that.

The dominant story is of a second generation who grew up in the Paki-bashing 80s and suffered a profound identity crisis on reaching adulthood. Torn between the culturally based Islam of their families and the pressures of contemporary society, these Muslims proved easy prey for radicalisation by exiled clerics from hardline groups, who presented a narrative of historical oppression going back to the Crusades.

With variants, that model is put forward by rightwing thinktanks, Conservative ideologues, former Hizb ut-Tahrir activists and erstwhile leftwingers. At its core is the idea that even non-violent organisations such as the Muslim Council of Britain and those connected with groups like the Egyptian Muslim Brotherhood are on what the former left commentator Nick Cohen calls “a continuum whose terminus is pathological hatred”. Or, as Newsnight’s Richard Watson puts it: “Today’s suicide bombers are yesterday’s Islamists.”

That narrative is powerfully countered in Race & Class, the journal of the Institute of Race Relations (on whose board I sit). Arun Kundnani’s article starts from the identity crisis of second-generation Muslims – but takes it in a very different direction.

He explains the influence of the Muslim Brotherhood ideologue Sayyid Qutb, not in terms of his (undoubted) social fundamentalism, but of his insistence that it’s up to individual Muslims how to interpret their religion. Echoing the Protestant reformation, Qutb advocated a global Islam, liberated from national forms. His vision gives Muslims an attachment to a world community; it is compatible with many aspects of modernity; and, on a personal level, it gives Muslims an Islamic excuse not to marry their cousins.

For some, this blend of globalism and individualism explains the attraction of political Islam to the 7/7 bombers. But it also explains the trajectory of other Muslims, who have moved from youthful militancy towards a very different kind of engagement, a trajectory of which involvement in the anti-Iraq war movement is an obvious example.

For Cohen, the Stop the War Coalition is an unholy alliance of a demoralised, morally relativist left and an “Islamist far right”. If that were true, you would expect the left to sell out to Islamism on issues such as women’s and gay rights, free speech and antisemitism, while the Islamists remained ideologically steadfast. In fact, far from dragging duped progressives towards a hardline Islamist agenda, much of the intellectual movement has been the other way.

So, as Catholics picketed parliament for the right to discriminate against gay couples, the MCB issued a statement supporting the legislation on the grounds that, despite Islam’s opposition to homosexuality, it “stands opposed to discrimination in all its forms”. Rightly, and not before time, the MCB has lifted its boycott of Holocaust Day. In a Guardian article last year, the former Young Muslim student activist Inayat Bunglawala (now of the MCB) reiterated the importance of the anti-Satanic Verses campaign, but said that he was wrong to call for it to be banned. Similarly, the MCB didn’t call for the banning of Fitna, the anti-Islam film by the Dutch MP Geert Wilders, on the grounds that (as Bunglawala put it), the “same freedoms which allow Wilders to taunt Muslims so openly are also the ones which allow Muslims and others to spread the teachings of their faith”.

The co-chair of the February 2003 Iraq war march, Anas Altikriti of the British Muslim Initiative, points out that the Qur’an says nothing about homosexuality beyond relaying the Biblical story of Sodom and Gomorrah. The Birmingham Respect councillor Salma Yaqoob has consistently opposed bans of and protests against anti-Muslim material. Influenced by Abdelwahab El-Affendi (author of Who Needs an Islamic State?) and the international scholar Tariq Ramadan, these Muslims are seeking to build a distinctly European Islam that sits easily with western pluralism and its political processes, without having to sacrifice the essentials of their beliefs.

So why is this narrative not trumpeted in the myriad guidelines on combating extremism? It’s not Muslim views on halal meat or the hijab that bother the government, but their views on other matters. All these activists oppose the government’s attacks on civil liberties. Like the 7/7 bombers, they were politicised not by Afghanistan or Iraq but by the Bosnian war, and the sight of western countries standing by while Muslims were dispossessed, raped and murdered on Europe’s eastern doorstep. They see no reason to keep quiet about their views of western foreign policy now. As Yaqoob puts it, the huge support for the February 2003 march – particularly from middle England – led many Muslims to feel they belonged to Britain for the first time.

On these pages, Ziauddin Sardar has argued that the problem with the ex-Islamist Quilliam Foundation is not that it is anti-fundamentalist or anti-segregationist, but that it is anti-political; it wants Muslims to keep quiet. In fact, as Kundnani argues, a whole generation of British Muslims has rejected “the folkoric religio-cultural practices of their parents” in search of new ways of being Muslim, in public, in contemporary Europe. What could be more welcome?

Ahora que ha muerto en Moscú, me acuerdo de cómo recibió la izquierda intelectual su visita a España en los años setenta. Hoy, más de treinta años después de la publicación de Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn es la voz atronadora que levantó a solas uno de los mayores y más rigurosos monumentos literarios contra los crímenes del totalitarismo soviético, el escritor que golpeó la buena conciencia de la izquierda mundial con el «yo acuso» de los tiempos del terror. Tiempos en que, bajo las máscaras del idealismo, el aire olía a persecución y muerte. Pero cuando aterrizó en España, finales del franquismo, las personas progresistas le recibieron con desconfianza y muecas de desdén. Hubo hasta alguno que no se resistió a bromear y formuló el irónico comentario de que el peor delito del régimen soviético había sido dejar en libertad a Solzhenitsyn. Parte de esa actitud reproducía el conocido rechazo de Sartre a mencionar la cuestión del Gulag sobre la argumentación de que desanimaría la justa militancia de la clase obrera francesa. Para la mayoría de intelectuales europeos que, en aquella época, se identificaban con la izquierda o que sencillamente rechazaban la sombra napoleónica de los Estados Unidos, y les consternaba la perspectiva de un mundo capitalista bajo vigilancia del coloso de las barras y estrellas, la condena a la Unión Soviética era, por lo menos, problemática.

Siempre hay gente que sostiene que la verdad es a veces inoportuna, desfavorable. Siempre hay figuras públicas que susurran que la verdad es un lujo. A esto se le llama pensar con sentido práctico, y en ocasiones, pensar con sentido político, con sentido de Estado. Hoy, aquellos decenios de no querer ver ni querer decir lo que se sabía respecto de la vida atenazada al otro lado del telón de acero, en países y ciudades avasalladas por los kafkianos jerarcas del Kremlin, nos resultan incomprensibles. Y sin embargo, no parece que hayamos aprendido nada de la impostura cínica de Sartre ni que hayamos renunciado al complaciente mecanismo de la autocensura. A principios del siglo XXI hemos cambiado de ilusiones, eso es todo. Mucha gente inteligente de buenas intenciones y política humanitaria se repite a sí misma y a sus partidarios otras mentiras, y a veces, como en el pasado, a fin de no prestar auxilio y dar aliento al gran Satán del mundo, los Estados Unidos. Una de estas ilusiones es la del multiculturalismo que a nivel de política internacional ha desembocado en la bucólica Alianza de Civilizaciones.

Hoy, en la era de las comunicaciones y las migraciones masivas, la pluralidad es un hecho tan irreversible como la globalización. Nos guste o no vivimos en ella, y el sueño de una cultura única o el espejismo de ser los depositarios de una religión que debe imponerse a los demás resulta, en el mejor de los casos, una quimera nostálgica y, en el peor, una amenaza a la vida. Por ejemplo, cuando las ideas de pureza -racial, religiosa o cultural- se transforman en infiernos de limpieza étnica, como en la antigua Yugoslavia de Milosevic y Karadzic. O cuando los ideólogos integristas del Islam, con diatribas como «Quienes creen, combaten en la senda de Dios» incitan a los jóvenes musulmanes de Oriente y Occidente a matar y morir por una fe pura.

Los fundamentalistas utópicos de la Alianza de Civilizaciones nos dicen que casi todas las diversidades -de usos, de costumbres, de tradiciones, de valores- pueden y deben superarse, contra toda cerrazón estólida, en un diálogo fraterno, y que los crecientes contactos entre pueblos y culturas distintas, destinados a aumentar, suponen un enriquecimiento vital. Y es cierto. Pero no es menos cierto que dichos contactos generan situaciones conflictivas y elecciones dramáticas que no podemos ignorar, situaciones que impiden, moralmente, transigir, dialogar, tolerar. Y aquí, ante esta frontera, es donde fracasan los profetas del multiculturalismo, que con excesiva frecuencia distorsionan la tolerancia en algo que se asemeja mucho a ella, pero que en realidad es lo opuesto: la indiferencia, la intercambiabilidad de cualquier cosa por cualquier otra, un pretexto para justificar muchas cosas reaccionarias y opresivas. Por ejemplo, la opresión de la mujer en los regímenes islámicos. ¿O alguien cree que el burka, la prohibición de conducir y viajar o la purificación de las niñas mediante la ablación deben respetarse por el sencillo hecho de formar parte de una tradición? ¿Alguien piensa que el infierno de una vida de sometimiento, a Alá, al clan, al padre, a los varones de la familia, como el padecido por la exdiputada holandesa de origen somalí Ayaan Hirsi Alí puede tolerarse bajo el respeto común a todas las culturas? ¿Es cultura ser lapidada por adulterio? ¿No se comete un terrible error, fosilizando la perspectiva moral de millones de personas, cuando ignoramos que muchos musulmanes se sienten atrapados en Estados inspirados en el Medio Oriente neolítico y miran hacia las democracias occidentales como modelo e inspiración? Paradojas de nuestro tiempo: personas que se indignarían ante cualquier tentativa de limitar el derecho a la sátira de las creencias católicas o que se escandalizan ante cualquier intervención pública de la Iglesia tienden, al mismo tiempo, a considerar ilegítimo que se satirice y se critique a los Jomeini que ruedan por el mundo, cuando no cierran los ojos ante las monstruosidades derivadas de algunos planteamientos del Islam.

¿Adónde hemos llegado? Ya resulta desolador -y con frecuencia letal- que una parte de la humanidad considere que la convivencia política y social deba regirse implacablemente por un libro originado entre los nómadas de Arabia en el siglo VII. Pero más grave aún es que aquel «Todo está permitido» vaticinado con horror por Dostoievski haya dado en Occidente un paso hacia delante bajo el escepticismo posmoderno. El pecado del etnocentrismo asusta más a las almas sensibles de la izquierda que el relativismo morboso y complaciente, parodia de la verdadera tolerancia, en el que todo vale y nada se puede objetar al sátrapa tercermundista o al ritual bárbaro.

Nos manifestamos por el limbo legal de Guantánamo, pero apenas nos perturban las ejecuciones de apóstatas y heréticos en países de Oriente Medio donde se ha implantado la sharia. Cuando en 1989 el ayatolá Jomeini condenó a muerte a Salman Rushdie por publicar los Versos satánicos, en lugar de salir incondicionalmente en defensa de la libertad de expresión, muchos escritores, periodistas y políticos europeos prefirieron lamentar que se hubiera ofendido la sensibilidad musulmana. A la somalí Ayaan Hirsi Ali la amenazaron de muerte por defender en Holanda -país de libertad, de derechos civiles, de diálogo, de tolerancia- entre la población musulmana, entre las mujeres sobre todo, que ninguna creencia religiosa ni política es aceptable si está reñida con los derechos humanos y que por lo tanto debe ser combatida sin el menor prejuicio, y en vez de solidarizarse con la perseguida, sus vecinos y conciudadanos holandeses la echaron del edificio donde vivía, amparados por los jueces, porque su presencia los ponía también a ellos en el punto de mira de jóvenes fundamentalistas como el asesino del cineasta Theo Van Gogh.

El diálogo tiene sus fronteras, duras y dolorosas como toda frontera que siempre separa, pero inevitables. No es moral ser ante todo tolerante, porque el plano ético al que la idea moderna de tolerancia se refiere no es un primer plano, no «es un ante todo». Raymond Aron afirmaba que sólo hace falta honradez para discernir entre lo preferible y lo espantoso, y Victor Serge, uno de los intelectuales que pasó en la Unión Soviética por todas las etapas de la represión y relató a Occidente las purgas de Stalin, decía que sólo se necesita algo de claridad e independencia para decir la verdad. A fin de cuentas, su caso, como el de Solzhenitsyn, es un ejemplo moral. Y hay muchos Solzhenitsyn. Tantos como ocasiones en que los derechos de las personas deben ser defendidos contra los opresores unánimes y las masas obedientes. No resulta peregrino pensar que si la cultura de la libertad resiste y se salva de los asaltos del fanatismo o del nihilismo destructor es por la determinación indomable de esos ciudadanos que denuncian la injusticia de lo que a veces parece irremediable o de lo que aconseja la prudencia hipócrita. Personas como Ayaan Hirsi Ali, que, por haber sufrido en carne propia los horrores del oscurantismo religioso y la barbarie política, saben la diferencia.

The political knives are out for Shahid Malik, Britain’s first Muslim minister. For years poor Malik has bent over backwards to toe the New Labour line and be the epitome of an acceptable, moderate Muslim. But Malik also knows his own community and, when a ministerial edict went out to boycott the largest Islamic cultural and political event ever staged in Britain, he balked. By any reckoning, he argued, the IslamExpo extravaganza, which attracted 50,000 people over the weekend, was a mainstream gathering and an important opportunity to win hearts and minds. Only when his departmental boss, the international development secretary, Douglas Alexander, cracked the whip did Malik relent.

Now he is paying the price in time-honoured style. First, he was taken to task in the Times by Dean Godson, research director of the rightwing thinktank Policy Exchange, which was last year found to have relied on faked evidence for an inflammatory report into extremism in British mosques. Then, as if by magic, a knocking story appeared, complete with a withering comment from a “Whitehall source” about Malik’s “seriously poor judgment”, detailing the minister’s failure to realise that a peace meeting he was due to address with his department’s knowledge was linked to the Moonie cult.

Anyone who attended IslamExpo will know that it was, as Boris Johnson’s champion Andrew Gilligan put it, an “impressive and serious” celebration of the diversity of Muslim art and culture. The political debates brought together a broad range of voices – from the US Nixon Centre’s Robert Leiken to Rached al-Ghannouchi, who played a key role in reconciling mainstream Islamism with democratic principles in the 1990s – as well as many more women than attend most mainstream British political events.

They would have been broader still if some of the harshest critics of British Muslim leaders had not joined the government and Tory frontbench boycott, which took in Stephen Timms, the employment minister, and Conservative community spokeswoman Sayeeda Warsi, as well as the unfortunate Malik.

The trigger for their abandonment of a rare chance to engage with thousands of British Muslims seems to have been an article by the increasingly extreme anti-Islamist campaigner, Ed Husain, comparing the event to a British National party rally. His case for such a patently absurd claim was that some of the organisers had had links with Hamas or the Muslim Brotherhood, though the details are contested. But it was enough for Hazel Blears, whose communities department has been taking an ever-harder line against the most politically active sections of the Muslim community, to insist on a boycott.

Note that there is no suggestion of involvement in current terrorism in this controversy, in Britain or Israel. The issue is the government’s growing hostility to dealing with anyone connected with the highly diverse movement that is Islamism. This is a political trend that has violent and non-violent, theocratic and democratic, reactionary and progressive strands, stretching from Turkey’s pro-western ruling Justice and Development party through to the wildest shores of takfiri jihadism. But it’s largely on the basis of this blinkered opposition that the government is now funding Husain’s Quilliam Foundation, promoting other marginal groups such as the Sufi Muslim Council and turning its back on more representative bodies such as the Muslim Council of Britain.

This is a dangerous game, whether from the point of view of reducing the threat of terror attacks on the streets of London or narrowing the gulf between Muslims and non-Muslims in the country as a whole. As opinion polls show, most Muslims around the world are broadly sympathetic to Hamas as a movement resisting occupation of Palestinian land – and British Muslims are no exception. If such attitudes become a block on engagement with official Britain, or are ignorantly branded “Islamofascist”, then the government and Tory opposition are going to end up talking to a very small minority indeed.

It’s a risk well-recognised by some inside government. As one minister argues: “This cannot continue, it’s completely counterproductive. You have to engage with those with influence over those you want to influence.” Some Muslim activists trying to work with government blame Blears’ Sufi Muslim advisers, Azhar Ali and Maqsood Ahmed; one senior local authority specialist despairs that by refusing to deal with Muslim organisations the advisers crudely brand Islamist, ministers are “isolating themselves from the majority”.

Blaming advisers is too easy. The British government, which is taking part in the military occupation of two Muslim countries, is hardly in a position to throw up its hands in horror at sympathy with political violence abroad. But blurring the lines between support for those fighting foreign occupation and backing for violent attacks on civilians at home helps get the government off the hook of its own responsibility for the terror threat.

Part of the explanation given for pulling out of IslamExpo was that one of the organisers had expressed sympathy for suicide bombings in Israel. That was also the basis for banning the radical cleric Yusuf al-Qaradawi from Britain. However, both David Cameron and the government-backed Quilliam Foundation have strongly praised another cleric, the Grand Mufti of Egypt, Ali Gomaa, even though he is also on record as supporting Palestinian “martyrdom operations”. The crucial difference is that al-Qaradawi is linked to the Muslim Brotherhood, the most popular opposition movement in the Arab world, while Gomaa is appointed by the pro-western Mubarak dictatorship.

This is also the key to official policy towards Muslim organisations in Britain. The groups currently regarded as beyond the pale – such as the organisers of IslamExpo – are those keenest to promote Muslim involvement in British society and politics. But they are also the most actively opposed to western policy in Iraq, Afghanistan and Palestine – an important point of common ground, incidentally, with most non-Muslim Britons. The organisations the government backs, on the other hand, are those who keep quiet about the wars the US and Britain are fighting in the Muslim world. If the priority is really community integration and prevention of terror attacks, this sponsorship of clients and stooges is going to have to stop.

At the heart of Europe, police have begun fingerprinting children on the basis of their race – with barely a murmur of protest from European governments. Last week, Silvio Berlusconi’s new rightwing Italian administration announced plans to carry out a national registration of all the country’s estimated 150,000 Gypsies – Roma and Sinti people – whether Italian-born or migrants. Interior minister and leading light of the xenophobic Northern League, Roberto Maroni, insisted that taking fingerprints of all Roma, including children, was needed to “prevent begging” and, if necessary, remove the children from their parents.

The ethnic fingerprinting drive is part of a broader crackdown on Italy’s three-and-a-half million migrants, most of them legal, carried out in an atmosphere of increasingly hysterical rhetoric about crime and security. But the reviled Roma, some of whose families have been in Italy since the middle ages, are taking the brunt of it. The aim is to close 700 Roma squatter camps and force their inhabitants out of the cities or the country. In the same week as Maroni was defending his racial registration plans in parliament, Italy’s highest appeal court ruled that it was acceptable to discriminate against Roma on the grounds that “all Gypsies were thieves”, rather than because of their “Gypsy nature”.

Official roundups and forced closures of Roma camps have been punctuated with vigilante attacks. In May, rumours of an abduction of a baby girl by a Gypsy woman in Naples triggered an orgy of racist violence against Roma camps by thugs wielding iron bars, who torched caravans and drove Gypsies from their slum homes in dozens of assaults, orchestrated by the local mafia, the Camorra. The response of Berlusconi’s government to the firebombing and ethnic cleansing? “That is what happens when Gypsies steal babies,” shrugged Maroni; while fellow minister and Northern League leader Umberto Bossi declared: “The people do what the political class isn’t able to do.”

This, it should be recalled, is taking place in a state that under Benito Mussolini’s fascist dictatorship played a willing part in the Holocaust, during which more than a million Gypsies are estimated to have died as “sub-humans” alongside the Nazi genocide perpetrated against the Jews. The first expulsions of Gypsies by Mussolini took place as early as 1926. Now the dictator’s political heirs, the “post-fascist” National Alliance, are coalition partners in Berlusconi’s government. In case anyone missed that, when the Alliance’s Gianni Alemanno was elected mayor of Rome in April, his supporters gave the fascist salute chanting “Duce” (equivalent to the German “Führer”) and Berlusconi enthused: “We are the new Falange” (the Spanish fascist party of General Franco).

So you might have expected that Berlusconi would be taken to task for his vile treatment of the surviving Roma of Europe at the G8 summit in Japan this week by those fearless crusaders for human rights, George Bush and Gordon Brown. Far from it. Instead, Bush’s spokesman issued a grovelling apology to the Italian prime minister on Tuesday for a US briefing describing his “good friend” Berlusconi as “one of the most controversial leaders of Italy … hated by many”.

It has been left to others to speak out against this eruption of naked, officially sanctioned racism. Catholic human rights organisations have damned the fingerprinting of Gypsies as “evoking painful memories”. The chief rabbi of Rome insisted it “must be stopped now”. Roma groups have demonstrated, wearing the black triangles Gypsies were forced to wear in the Nazi concentration camps, and anti-racist campaigners in Rome this week began to bombard the interior ministry with their own fingerprints in protest against the treatment of the Gypsies. But, given that the European establishment has long turned a blind eye to anti-Roma discrimination and violence in the Czech Republic, Hungary and Romania, along with the celebration of SS units that took part in the Holocaust in the Baltic states, perhaps it’s no surprise that they ignore the outrages now taking place in Italy.

The rest of us cannot. There are particular reasons why Italy has been especially vulnerable in recent years to xenophobic and racist campaigns – even while crime is actually lower than it was in the 1990s (and below the level of Britain). The scale of recent immigration from the Balkans and Africa, an insecure and stagnant job market and the collapse of what was previously a powerful progressive and anti-fascist culture have all combined to create a particularly fearful and individualistic atmosphere, the leftwing Italian veteran Luciana Castellina argues.

But the same phenomena can be seen to varying degrees all over Europe, where racist and Islamophobic parties are on the march: take the far right Swiss People’s party, which on Tuesday succeeded in collecting enough signatures to force a referendum on banning minarets throughout the country. In Britain, as Peter Oborne’s Channel 4 film on Islamophobia this week underlined, a mendacious media and political campaign has fed anti-Muslim hostility and violence since the 2005 London bombings – just as hostility to asylum seekers was whipped up in the 1990s. The social and democratic degeneration now reached by Italy can happen anywhere in the current climate.

Italy has a further lesson for Britain and the rest of Europe. Berlusconi’s election victory in April was built on the collapse of confidence in the centre-left government of Romano Prodi, which stuck to a narrow neoliberal programme and miserably failed to deliver to its own voters. Meanwhile, centre-left politicians such as Walter Veltroni, the former mayor of Rome, pandered to, rather than challenged, the xenophobic agenda of the rightwing parties – tearing down Gypsy camps himself and absurdly claiming last year that 75% of all crime was committed by Romanians (often confused with Roma in Italy).

What was needed instead, as in the case of other countries experiencing large-scale immigration, was public action to provide decent housing and jobs, clamp down on exploitation of migrant workers and support economic development in Europe’s neighbours. That opportunity has now been lost, as Italy is gripped by an ominous and retrograde spasm. The persecution of Gypsies is Italy’s shame – and a warning to us all.

At Harvard, the star of Arabic A is a girl named Maha. Maha Muhammed Abulaal, to be precise. She’s the pouty protagonist in the melodrama that runs throughout “Al-Kitaab,” the standard beginning text in Arabic classes at Harvard and other American universities.

We are taught to speak our first Arabic sentences by expressing Maha’s incurable angst. We learn in Chapter 1 that Maha is desperately lonely. In later chapters, we are told that she hates New York, has no boyfriend and resents her mother.

Soon we encounter her equally depressing relatives in Egypt — such as her first cousin Khalid, whose mother died in a car accident and who was forced to study business administration after his father told him literature “has no future.”

Like Maha, Khalid is loveless; his only romantic prospect ran away with a rich engineer. The family eventually intervenes with plans to marry the cousins off to each other. This makes everyone equally unhappy.

Then the story ends.

Since Sept. 11, 2001, the number of Americans studying Arabic has more than doubled. Nearly 24,000 U.S. students enrolled in Arabic classes in the fall of 2006, the Modern Language Association reported in November. In 2002, 264 colleges offered Arabic; as of the 2006-07 academic year, 466 did.

Young, ambitious Americans are responding constructively to our country’s new challenges by demanding Arabic classes. But there are not enough teachers to meet this demand, and the available textbooks are suffused with the stale prejudices and preoccupations of the pre-Sept. 11 Middle East.

To study Arabic in America today is to be inducted into a world of longing, abandonment and regret. And that’s before you even touch the political issues.

Most maps of the Middle East in “Al-Kitaab” do not include Israel, though a substantial minority of Israelis, both Jews and Arabs, are native Arabic speakers. Alongside simple Arabic poems, students read about anti-Western heroes such as Gamal Abdel Nasser.

The DVD that comes with “Al-Kitaab” includes footage of Nasser’s mass rallies in Cairo — including slogans in Arabic and French such as “Brother Nations in Struggle, We Are By Your Side.” These scenes of totalitarian rage are fondly described by the narrator as “dreams of his youth.”

The accompanying lesson describes the highlights of Nasser’s career, including the nationalization of the Suez Canal and the formation of the United Arab Republic. No mention is made of Egypt’s defeat in the Six-Day War or of Nasser’s brutal, repressive rule. In my class, we were asked to recite a passage about Nasser to practice our vocalization. (I refused.)

The last lesson in the book — which we skipped — features Maha’s mother speaking wistfully of her childhood in Palestine: “My childhood was taken from me!” Over mournful music on the DVD, she talks about returning to Jerusalem, as if she were a refugee, but the images suggest that she left voluntarily after the Six-Day War, when Israel offered citizenship to the Arab residents of East Jerusalem. The fact that Israel also claims Jerusalem as its capital is ignored.

My class watched three movies this semester, all with political themes. One was “West Beirut,” which cast Christians as the prime bad guys in Lebanon’s civil war (though, to be fair, there was plenty of hatred all around). Another was “The Tale of Three Jewels,” an allegorical film about Palestinian nationalism that portrayed Israeli soldiers as bloodthirsty child-killers.

The third movie, “Destiny,” told the story of the great medieval Islamic philosopher Averroes and his struggles against Islamic religious fundamentalism. It was a bit more nuanced than the first two. But the film omitted the fact that it was only through the Hebrew transcription of Averroes’s writings by Jewish scholars in Egypt that his works were preserved for posterity.

Friends and relatives who have used “Al-Kitaab” at other American universities report similarly morose experiences. At several colleges and high schools, students have created Facebook profiles for Maha. The Harvard profile for Maha informs visitors in the “About Me” section: “I’m pretty lonely. I only have one friend. My parents are always busy.”

We may laugh, but there is something fundamentally wrong with this indoctrination into misery. Most introductory language classes avoid controversial political subjects. In fact, they often highlight the brighter side of different cultures. Particularly with the growing importance of Arabic, can’t we do better?

The U.S. government has funded studies on anti-Semitism in Palestinian textbooks. Fairfax county officials have asked the State Department to investigate the teaching materials at a Saudi-funded school. “Al-Kitaab” is published by Georgetown University Press, with some assistance from the National Endowment for the Humanities. Perhaps we should also be looking into the content of the federally funded materials used in Arabic programs at our own universities. Learning Arabic should not include lessons in political propaganda.