Mi carta anual de este año es un alegato en defensa de la ayuda a los más pobres, para que avancen hacia la autosuficiencia.

Sirviéndonos de los medios más modernos -por ejemplo, de semillas, vacunas, medicamentos contra el sida o anticonceptivos-, hemos hecho avances asombrosos. Sin embargo, si no difundimos al máximo esos éxitos no generaremos los compromisos de financiación necesarios para seguir avanzando y salvar vidas. Están en juego las perspectivas de futuro de 1.000 millones de personas.

Prioridad a la investigación agraria. El éxito del mundo en conjurar hambrunas condujo a la autocomplacencia. Con el paso del tiempo, los Gobiernos, tanto de países desarrollados como subdesarrollados, han ido dando menos prioridad a la agricultura. La ayuda a este sector pasó del 17% en los países ricos en 1987 a solo el 4% en 2006. Durante los últimos 10 años, la demanda de alimentos se ha incrementado… Pero no al mismo ritmo que la oferta, lo cual ha generado un aumento de precios.

Entretanto, la amenaza del cambio climático está quedando más patente. Estudios preliminares demuestran que solo el incremento de la temperatura mundial podría reducir la productividad de los principales cultivos en más de un 25%. El cambio climático también aumentará el número de sequías e inundaciones que pueden acabar con todo un periodo de cosechas. Mientras la población se encamina hacia los 9.700 millones de personas que indican las proyecciones, cada vez hay más gente que vuelve a llamar la atención sobre la posibilidad de que el mundo futuro no sea capaz de sustentarse.

Creo que esos funestos pronósticos también pueden ser erróneos. Podemos ayudar a los agricultores pobres a incrementar de forma sostenible su productividad para que puedan alimentarse ellos y sus familias. De ese modo mejorarán la seguridad alimentaria mundial. Pero eso solo ocurrirá si damos prioridad a la innovación agrícola.

Inversión en vacunas. La organización responsable de ayudar a las comunidades pobres a utilizar vacunas que salvan vidas se llama Alianza GAVI. El pasado verano, GAVI organizó una reunión para recabar compromisos de pago de países y organizaciones donantes. El objetivo era reunir por lo menos 3.700 millones de dólares en cinco años, y sabíamos que no era el momento ideal para pedir tanto dinero. Pero GAVI acabó recibiendo compromisos de pago por valor de 4.300 millones de dólares.

Gracias a ese dinero los niños más pobres del mundo comenzarán a recibir las mismas vacunas que los de los países ricos. Gracias a la generosidad de los donantes y a la considerable reducción de precios aplicada por los fabricantes de vacunas, ahora GAVI puede sufragar dos vacunas relativamente nuevas, la del rotavirus (para prevenir la principal causa de diarrea) y la del neumococo. En 2015 esas vacunas evitarán 190.000 muertes por diarrea y 480.000 por dolencias respiratorias (además de mejorar la salud general de cientos de millones de niños). En 2015 la cantidad comprometida anteGAVI salvará cuatro millones de vidas.

Por eso me parece que el 13 de junio de 2011, fecha de la conferencia de donantes, es un día histórico para la equidad sanitaria mundial. Para mí y Melinda fue muy emocionante. Lo que más nos emocionó fue que tantos aliados compartieran nuestra idea de un mundo equitativo y que, incluso en estos tiempos difíciles, estuvieran dispuestos a respaldarla monetariamente.

La lucha contra el sida y el éxito del Fondo Mundial. Los avances también han sido asombrosos en la difusión de los tratamientos contra el sida. Ello se debe principalmente al Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y también al proyecto PEPFAR estadounidense, el Programa Presidencial de Emergencia para la Lucha contra el sida. En la actualidad, más de 6,6 millones de personas están vivas gracias a los antirretrovirales. Hace 10 años, parecía que casi todas ellas iban a morir porque solo los países ricos disponían de esos medicamentos.

En vista de los países en los que trabaja el Fondo Mundial, no es sorprendente que parte del dinero se haya desviado a fines ilícitos. Sin embargo, el propio Fondo Mundial detectó esos problemas y cambió su forma de gestionar las ayudas a la formación, principal foco de corruptelas.

Nuestra fundación, principal patrocinador no gubernamental del Fondo Mundial, le ha entregado a lo largo de los años 650 millones de dólares por la increíble influencia que tienen sus fondos.

Cómo alimentar a 9.000 millones de personas. Las proyecciones indican que en los próximos 40 años la población mundial solo crecerá un 8% anual. Según la media de estimaciones de las Naciones Unidas, acaba de superar los 7.000 millones y llegará a los 9.700 en torno a 2050. No obstante, las poblaciones de gran parte de los países pobres, las que más sufren para alimentarse y educar a sus ciudadanos, en ese año habrán superado más de dos veces su tamaño actual.

En todo el mundo hay más de 200 millones de mujeres que, aunque declaran que no quieren tener hijos en los próximos dos años, no están tomando anticonceptivos. Si las familias que quieren espaciar más el nacimiento de sus hijos o tener menos pudieran acceder a los medios adecuados, pasarían dos cosas: la primera, que les costaría menos enfrentarse a los desafíos de la pobreza; la segunda, que al ir bajando paulatinamente los índices nacionales de crecimiento demográfico, los Gobiernos podrían responder mejor a las necesidades de todos sus ciudadanos.

Conclusión. La inversión en los más pobres (ya sea mediante la lucha contra plagas agrícolas, los tratamientos contra el sida o el suministro de la vacuna del sarampión a niños de zonas apartadas) marca una gran diferencia. Por desgracia, mucha gente cree lo contrario, que el dinero destinado al desarrollo es un desperdicio o que no logra resultados duraderos. El año próximo, Melinda y yo vamos a dedicar mucho tiempo a explicar por qué se equivocan. La cantidad de dinero relativamente escasa que se ha gastado en desarrollo ha mejorado las perspectivas de futuro de miles de millones de personas, y puede hacer lo mismo para miles de millones más si decidimos seguir invirtiendo en innovación… estamos seguros de que si la gente escucha historias vitales que ellos mismos han ayudado a mejorar, querrán hacer más, no menos.

Muchos izquierdistas desconfían de la idea de que el crecimiento económico ayuda a reducir la pobreza en los países en desarrollo. Ellos argumentan que las políticas orientadas al crecimiento tratan de aumentar el producto nacional bruto, y no tratan de aliviar la pobreza, y que la redistribución es la clave para la reducción de la pobreza. Estas afirmaciones, sin embargo, no han sido demostradas con pruebas fehacientes.

Desde la década de 1950, los economistas del desarrollo han entendido que el crecimiento del PIB no es sinónimo de mayor bienestar. Pero, incluso antes de su independencia, los líderes de la India consideraron el crecimiento como esencial para la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar social. En términos económicos, el crecimiento fue un instrumento, no un objetivo; es decir, el medio por el cual los verdaderos objetivos, como ser la reducción de la pobreza y el avance social de las masas, se lograrían.

Un cuarto de siglo atrás, señalé las dos formas distintas en las que el crecimiento económico tendría dicho efecto. En primer lugar, el crecimiento atraería a los pobres hacia un empleo remunerado, y consecuentemente los ayudaría a salir de la pobreza. Mayores ingresos harían que ellos puedan aumentar su gasto personal en educación y salud (tal como parece haber sucedido en la India durante su reciente período de crecimiento acelerado).

En segundo lugar, el crecimiento aumenta los ingresos del Estado, lo que significa que el gobierno potencialmente se encuentra en posición de gastar más en salud y educación para los pobres. Por supuesto, esto no significa que un país, necesariamente, vaya a gastar más en estos ítems por el simple hecho de que se aumentaron sus ingresos, y, aún en caso de que eso sea cierto, puede ocurrir que los programas que dicho país elige para financiarlos no sean eficaces.

En ignorancia casi intencional del hecho de que el modelo centrado en el crecimiento sí ha funcionado una y otra vez, los escépticos defienden una alternativa de modelo de desarrollo “redistributivo”, que creen que tendrá un mayor impacto en la reducción de la pobreza. Los críticos del modelo de crecimiento argumentan que es imprescindible redistribuir el ingreso y la riqueza tan pronto como sea posible. Afirman que el estado indio de Kerala y Bangladesh como país son ejemplos de lugares donde la redistribución, en contraposición al crecimiento, ha conducido hacia mejores resultados para los pobres en comparación con el resto de la India.

Sin embargo, como muestra el trabajo reciente de Arvind Panagariya, economista de la Universidad de Columbia, las estadísticas sociales de Kerala eran comparativamente mejores que las del resto del país, incluso antes de que se instituyera el actual modelo redistributivo. Además, Kerala se ha beneficiado enormemente de las remesas enviadas por sus trabajadores emigrantes en el Oriente Medio, un factor que no está relacionado a su política de redistribución. En cuanto a Bangladesh, el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que admito que es una fuente controversial, ubica a dicho país por debajo de la India.

En los países pobres, donde la cantidad de pobres supera a la de ricos por un gran margen, la redistribución aumentaría el consumo de los pobres sólo mínimamente; digamos, un chapati (pan indio) por día, y el incremento no sería sostenible en un contexto de bajos ingresos y alta población. En resumen, para la mayoría de los países en desarrollo, el crecimiento es la principal estrategia a fin de alcanzar el desarrollo inclusivo; es decir, el desarrollo que de manera consciente incluye a los miembros más pobres y marginados de la sociedad.

Sin embargo, la sostenibilidad política del modelo de crecimiento requiere tanto de un esfuerzo simbólico como de un esfuerzo material. Si bien el crecimiento realmente beneficia a los pobres, los ricos a menudo se benefician de manera desproporcionada. Así que, para mantener a los pobres comprometido con el sistema a medida que sus aspiraciones económicas se despiertan, se debería aconsejar a los ricos que disminuyan su consumo ostentoso.

Al mismo tiempo, y primordialmente, los pobres necesitan un mayor acceso a la educación a fin de aumentar sus oportunidades económicas y su movilidad social. “Menor exceso y mayor acceso” debe convertirse en el postulado que guíe la política de desarrollo.

Les prix alimentaires ont battu des records cette année. Il y a trois ans, ils avaient déjà entrainé des millions de personnes dans la famine. Pourtant, nous avons de la nourriture. Mais elle ne se trouve pas au bon endroit et au bon moment.

Lors d’une réunion à Dakar cette semaine, des experts internationaux ont examiné une nouvelle proposition controversée, émanant du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, cherchant à instaurer un nouveau système de stockage des céréales en Afrique de l’Ouest. Les pays du G20 ont récemment apporté leur soutien à cette idée lors d’une réunion à Washington.

Le PAM mettrait ainsi en place quatre structures de stockage des denrées alimentaires – au Burkina Faso, au Ghana, au Mali et au Sénégal – qui contiendraient jusqu’à 67 000 tonnes de nourriture, soit assez pour faire face à une crise alimentaire en Afrique de l’Ouest durant trente jours. Un approvisionnement supplémentaire pour soixante jours serait disponible grâce à un système “virtuel” soutenu par les négociants privés de la région. Cette réserve aurait un coût initial de 44 millions de dollars (environ 33 millions d’euros) et un coût de fonctionnement annuel de 16 millions de dollars (environ 12 millions d’euros).

Réaliser des stocks alimentaires publics est quelque chose de controversé, même lorsque les récoltes sont abondantes, et cette proposition a déjà attiré ses détracteurs. De nombreux experts craignent à juste titre qu’une importante réserve de céréales biaise les prix mondiaux. Dans de nombreux pays, les marchés agricoles sont des monstres de complexité, notamment en raison d’interventions étatiques. Il faudrait moins d’intervention, et non plus, allèguent ces experts, et les gouvernements ne devraient pas faire appel à un système de stocks pour maintenir des prix arbitraires, faussant les échanges et affectant la production.

Le dispositif du Programme alimentaire mondial tient compte de nombre de ces craintes. Conçu comme un compromis entre des économistes sceptiques à l’égard d’un Etat fort et des activistes convaincus que les variations de prix des denrées alimentaires doivent se faire en douceur, la proposition du PAM se concentre sur l’approvisionnement en nourriture pour de l’aide humanitaire et seulement sous des conditions particulières de prix mondiaux. Le dispositif concède à ces économistes que les prix du marché ne devraient pas être fixés de manière artificielle, tout en apaisant les activistes en reconnaissant que quelque chose doit être fait.

L’idée de stocks alimentaires à des fins humanitaires provoque pourtant des réserves. Dans un récent article pour le Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD), Christopher Gilbert soutient que, dans le cas où la population vulnérable est définie de manière trop large, les marchés pourraient recevoir de la nourriture dans des quantités qui nuisent aux agriculteurs locaux en provoquant une baisse des prix. Il ajoute que des programmes mal conçus peuvent avoir des conséquences sur la distribution alimentaire entre les ménages, certains en bénéficiant moins que d’autres.

Plus important encore, il souligne que les gouvernements doivent s’assurer de ne pas entreprendre des actions qu’il serait préférable de confier au secteur privé. Sur ce point, les dirigeants pourraient s’inspirer d’expériences asiatiques où des stocks privés sont généralement encouragés en période d’abondance et découragés en temps de crise.

Des stocks alimentaires à des fins humanitaires ont du sens en temps de crise – tant qu’ils ne perturbent pas les marchés internationaux ni ne portent atteinte aux agriculteurs locaux. Les millions de personnes desservies par les agences humanitaires devraient recevoir de la nourriture quand et là où elles en ont besoin. En Afrique de l’Ouest, la récente proposition du PAM pourrait au moins rendre ceci possible.

If the word crisis is vastly overused, to speak of a global food crisis is, if anything, an understatement.

The first signs of trouble appeared in 2000, when global grain stocks declined for the first time in several decades, but it was not until the spring of 2007 that the full gravity of what was occurring became clear. During that year, the prices of the principal food staples — rice, corn, soybeans and wheat — effectively doubled throughout the world. This was an unprecedented rise, and it reversed more than 50 years of declining prices. Grain prices dropped by 75 percent between 1950 and the end of the 1980s and then remained low into the first years of the new century.

The results were immediate and devastating: By the most conservative estimates, the number of hungry or chronically malnourished people rose by at least 100 million, to nearly one billion people — that is, to almost one-seventh of the world’s population. Food riots and other forms of unrest broke out throughout the world. One good result was that agriculture was restored to its rightful, central place on the development agenda after decades of being the poor stepchild (the proportion of U.S. foreign aid devoted to agriculture dropped from 17 percent in 1980 to about 3 percent in 2006).

But the root causes of the crisis have yet to be properly addressed. This is particularly serious because while global grain prices have declined substantially since 2008, they are poised to rise again. When they do — and specialists agree that they will, at least in the medium term — the costs in terms of both human suffering and political and social upheaval are likely to make the 2007 price crisis pale by comparison.

It is easy to mock the various conferences, emergency meetings and seemingly endless policy documents that have tried to mitigate the threat but so far have achieved little. In fairness, though, responding effectively will be extraordinarily difficult. Despite what some conspiracy-minded critics have alleged, the crisis has a number of drivers, each one of which would be challenging enough on its own, but which taken together seem to call for a radical restructuring that is hard to imagine in the current political climate.

These drivers include the diversion of grains in North America and Western Europe to biofuel production; higher energy costs, which translate into more expensive chemical fertilizers; and since 2000, financial speculation over staple crops, which causes price fluctuations.

As if this were not bad enough, these changes have been taking place during a period of very rapid population growth. And in some regions with dramatic demographic increases, like sub-Saharan Africa and parts of South Asia, climate change is threatening to lower crop yields at precisely the time that more staple foods urgently need to be produced.

Although everyone agrees there is a food emergency, there is little agreement on what should be done. The dominant approach, championed and to a considerable extent financed by the Bill and Melinda Gates Foundation — now the world’s principal private funder of agricultural research — holds that the global food crisis is fundamentally the result of both inefficient and insufficient food production. Therefore the solution is what Gordon Conway, the former president of another major philanthropic supporter of this effort, has called “the doubly green revolution.” Conway has defined this as harnessing “the power of science and technology not just for the better-off, or even the majority, but for those millions of poor and hungry who deserve and have a right to enough to eat.”

Arrayed against this view are the agroecologists, grouped around organizations and coalitions like the Right to Food movement in India and their intellectual supporters, like Olivier De Schutter, the U.N. special rapporteur on the right to food. They argue that agroecology — the application of ecological principles to agriculture — offers the possibility of increasing crop yields without resorting to expensive, patented inputs like chemical fertilizers or genetically engineered seeds, which are beyond the means of poor smallholder farmers in Africa or Asia. They also argue that the global food crisis is less a technical problem susceptible to a technical solution than a social and political crisis, whose roots and, by extension, solutions, lie in creating a fairer and more accountable world system.

For now, the technological approach remains in the ascendant. Whether it remains so much longer will depend to a considerable extent on whether its innovations live up to their advance billing, are financially sustainable and prove to be culturally acceptable to farmers in the poor world.

Both sides would probably agree that neither technical innovation nor agroecology can work unless governments are fully committed to reducing the number of hungry and chronically malnourished people. When governments have been committed, progress has been very rapid, as the examples of China, Thailand, Vietnam, Mexico, and, most brilliantly, Brazil, have demonstrated conclusively over the last three decades. When they have not been, as is the case, disgracefully, in India — where the malnutrition rate for children under five stubbornly remains at 46 percent, double the average in sub-Saharan Africa — conditions have deteriorated.

But if the global food crisis is real, it is not unsolvable. One of the greatest accomplishments of the 20th century was to make famine — for all of human history a scourge that seemed as inevitable as the other three horsemen of the apocalypse, war, plague, and death — a rarity. Today, famine is almost invariably the product of evil governments, North Korea being the obvious case, or of no government, as in Somalia. The hunger that maims and blights should be consigned to the past, just as the hunger that kills has been.

Growing up as a child during the Korean War, I knew poverty first hand.  I saw it around me every day; I lived it. One of my earliest memories is walking up a muddy track into the mountains to escape the fighting, my village burning behind me and wondering what would happen to my family and me.

The answer was the United Nations and other international agencies. With the help of many countries and friends, my country was able to get back on its feet and carry on after that terrible and devastating conflict. Thanks to decades of hard work and sacrifice by millions of Koreans, the Republic of Korea rose from desperate poverty to prosperity in less than a half-century.

As Secretary-General of the UN, I am still living that story. Everyday, I work to help end the extreme poverty that traps nearly a billion of the world’s people.

You may imagine, then, the powerful memories that I felt when I visited the Mwandama Millennium Village in the deeply impoverished southern African country of Malawi. As in my youth, I saw once again the challenges and hardship of rural poverty. Yet I also saw, once again, the power of community spirit to overcome it – the same sense of solidarity and determination that launched Korea’s rural modernization five decades ago.
In 2000, the world’s leaders committed to achieve major reductions in poverty, hunger, and disease by 2015. These targets, endorsed by all UN member countries, comprise the eight Millennium Development Goals. The Millennium Village Project, a partnership of academia, business, and UN agencies, aims to show how these goals can be achieved in even the poorest communities in the world.

Like South Korea’s own experience in fighting poverty, Millennium Villages in Africa, and similar projects elsewhere, are now surging ahead in food production, children’s health, and in forging a sustainable pathway out of poverty itself. At the same time, I was impressed with one crucial difference between Korea’s efforts in the 1960’s and what is possible today. Touring the Mwandama Village, I saw the potential of modern technologies – smart phones and mobile broadband, improved seed varieties, the latest in drip irrigation, modern diagnostic tests for malaria, and low-cost solar-energy grids – to advance human well-being in ways that simply were not feasible even a few years ago.

I saw a community health worker using a smart phone to manage malaria treatment within a household. The worker used a low-cost diagnostic kit to confirm the malaria diagnosis, circumventing the need for a microscope and laboratory; a smart phone to key in the test results and receive advice from an “expert system” designed by public-health specialists; and state-of-the-art combination drug therapy to cure the illness. The child was cured within the home; a few years ago, that same child would have faced a high risk of death unless he was somehow brought to a distant clinic in time.

I saw other breakthrough changes in daily life. In a community that once could not feed itself, a giant warehouse was almost bursting with tons of surplus grain. By using high-yield seeds, better soil management, and proper row planting, the community has more than tripled its crop production, and villagers who previously were hungry grain buyers are now food-secure grain sellers.

That surplus, in turn, has contributed directly to improved education, as families donate a portion of their surplus to the school’s mid-day meal program. Now the students get a nutritious bowl of porridge and fruits, giving them the energy to pursue their studies throughout the school day. As so many schools have discovered, mid-day meals lead to an end-of–year jump in performance on national exams.

This month, the Millennium Villages Project launches its second five-year stage on the way to the MDGs target date of 2015. Around Africa, and now around the world, governments are scaling up the lessons from this particular project and others like it: empower communities, help them to invest in their futures using cutting-edge technologies, and thereby end extreme poverty. The MDGs might once have seemed to be merely a set of hopes and aspirations. Now we know that they are actually a practical roadmap out of poverty.

The world leaders who met at the UN in September for the annual General Debate all agreed on a central point: the importance of fighting poverty, hunger, and disease is crucial for our collective survival. They know that extreme poverty threatens the lives of hundreds of millions of people who lack reliable access to adequate nutrition, potable water, health care, and education.

They also know that the dangers don’t stop at the edge of the village or slum; today’s hunger hotspots all too frequently become tomorrow’s violent hotspots. Regardless of whether we are rich, poor, or in between, we share an overwhelming interest in the MDGs’ success, so that every region trapped in extreme poverty can break free, grow, and prosper.

El reciente promesa de $350 millones realizada por los líderes africanos y la comunidad internacional para ayudar a las más de 13 millones de personas que enfrentan el hambre en el Cuerno de África subraya la constante necesidad de atención y financiación para evitar que esta hambruna cobre y deje cicatrices en más vidas. Pero, mientras que aún queda mucho más por hacer para satisfacer las necesidades inmediatas de las víctimas de esta hambruna; al presente, nosotros deberíamos también pensar en soluciones a largo plazo para impedir, ante todo, que sucedan crisis alimentarias de esta escala.

Muchas personas ven las hambrunas como fuerzas de la naturaleza, que están completamente fuera de nuestro control. Sin embargo, las hambrunas son provocadas por más razones que únicamente el clima. Son eventos complicados arraigados en la gobernabilidad, seguridad, mercados, educación e infraestructura, y es posible influir sobre todos estos aspectos.

Tenemos las herramientas para prevenir las crisis alimentarias que están disponibles a través de inversiones inteligentes y de largo plazo en agricultura. Las tres cuartas partes de las personas más pobres del mundo obtienen sus alimentos e ingresos de pequeñas parcelas de tierras de cultivo, y la mayoría de dichos pequeños agricultores son mujeres. Estos agricultores no tienen ningún margen para el error, así que necesitan aumentar sus posibilidades de producción de un cultivo. Cuando los agricultores pueden producir más y obtener más ingresos, ellos se tornan en más resistentes para enfrentar eventos traumáticos, como ser el clima severo, y son capaces de situar a sus familias y a si mismos en un camino hacia la autosuficiencia.

En el año 2008, cuando se dispararon los precios mundiales de los alimentos, el hambre asoló a Etiopía, amenazando a más de 14 millones de personas en el Cuerno de África. Oxfam América, con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates organizó una respuesta de dos pasos a la crisis. El primer paso se centró en los 225.000 agricultores de Etiopía que se encontraban en mayor riesgo, y les proporcionó lo que ellos inmediatamente necesitaban más: alimentos. El segundo paso fue la organización de proyectos de dinero en efectivo a cambio de trabajo, mediante los cuales se construyeron represas, se rehabilitaron manantiales y se construyeron caminos, ayudando así a que las personas fortalezcan sus pequeñas parcelas y mejoren su resistencia frente a futuras sequías.

Cuando la sequía retornó este año, estas inversiones dieron sus frutos. En lugar de necesitar ayuda alimentaria, muchas de las familias de los agricultores fueron capaces de hacer frente a las inclemencias del clima y pudieron mirar de manera optimista al futuro esperando recibir sus cosechas.

Este no es un ejemplo aislado. Gracias al liderazgo de los países africanos que han hecho que el desarrollo agrícola sea una prioridad, como también gracias a los incansables esfuerzos de muchas organizaciones internacionales, se están realizando progresos reales para derrotar al hambre y la pobreza en el continente.

Ghana, por ejemplo, redujo drásticamente tanto la pobreza como el hambre en el transcurso de los últimos 25 años al centrarse en inversiones agrícolas. Hoy, el resultado muestra un próspero sector agrícola que está creciendo a más del 5% anual, y una reducción en los niveles de hambre de un 75% desde el año 1990 hasta el 2004.

Del mismo modo, Etiopía ha dado grandes pasos para reorientar las políticas agrícolas e invertir más en mejoras de productividad para los pequeños agricultores, aumentándose el gasto para ayudar a mejorar rendimiento de cultivos en los últimos años.

Variedades más vigorosas de cultivos ayudan a los agricultores a sobrellevar condiciones meteorológicas difíciles. Nueva variedades de maíz tolerantes a la sequía, por ejemplo, ya están beneficiando a más de dos millones de pequeños agricultores en África. Hasta el año 2016, se espera que los niveles de producción del maíz aumenten hasta en un 30%, beneficiando a 40 millones de personas en 13 países del África subsahariana.

Otros proyectos, que por ejemplo incluyen el programa Alimentar el Futuro de Estados Unidos, el Programa Mundial de Seguridad Alimentaria y Agricultura, y organizaciones como la Alianza para una Revolución Verde en África, están encontrando nuevas maneras de impulsar la productividad de los pequeños agricultores a lo largo del mundo en desarrollo.

En un momento de intenso debate sobre los presupuestos, las personas de todo el mundo deben recordar que estos tipos de inversiones no sólo salvan vidas y promueven la estabilidad, sino que también ahorran dinero en el largo plazo. Las estimaciones muestran que la ayuda de emergencia durante hambrunas cuesta siete veces más que la prevención de las mismas.

Es por eso que es más importante que nunca que los donantes internacionales y los gobiernos africanos continúen apoyando los programas que proporcionan a los pequeños agricultores acceso a buenas semillas, herramientas de calidad y mercados fiables, ya que todo ello es necesario para que sean autosuficientes. Depende de todos nosotros garantizar que esta horrible hambruna sea la última.

En el momento del nacimiento de la sociedad industrial en Europa, el tema de la pobreza –miseria, se la llamaba entonces– estaba aún muy presente, y las principales respuestas que suscitaba eran de orden caritativo y a menudo obra de las Iglesias. A continuación, se desarrolló la idea de que la cuestión social no era tanto la de la pobreza como la de una relación de dominación donde se oponían los obreros y los dueños del trabajo. La explotación de los trabajadores se convirtió entonces en el gran asunto. La transformación quedó ilustrada de forma espectacular en la respuesta dada por Karl Marx a Joseph Proudhon, que publicó a media dos del siglo XIX Filosofía de la miseria y fue objeto de la réplica de Marx en un libro titulado Miseria de la filosofía. Ya no era el momento de tratar sobre la pobreza; de hacer caso a Marx, lo que había que hacer era aplicarse a desarrollar un conocimiento concreto y crítico del movimiento histórico y acabar con la “crasa ignorancia” y el carácter “pequeño burgués” del proceder de Proudhon.

En efecto, el siglo XX hasta la década de 1980 dio más bien la razón a Marx, al menos sobre ese punto. Dejando de lado un desempleo a menudo residual o las épocas de crisis, las sociedades industriales incluyeron a los obreros; y, si estos se movilizaron, fue más para denunciar la injusticia, incluso la brutalidad de las relaciones de producción, que la miseria o la pobreza. Los obreros podían definirse como proletarios, el discurso político podía hablar de su pauperización, pero el corazón de la cuestión social ya no se encontraba ahí: estaban ante todo dominados y explotados, privados del control que consideraban legítimo sobre las herramientas de producción, los frutos de su trabajo y, de modo más amplio, las orientaciones generales de la vida colectiva. El movimiento obrero no pedía tanto librar a los obreros de la pobreza como asegurarles la dirección de la historicidad, el control de la inversión, el gobierno de la sociedad. Y, si había que aportar respuestas a las dificultades propiamente económicas de la población, estas no se esperaban tanto de las organizaciones caritativas como del Estado, que se suponía que debía asegurar la redistribución y contribuir a la justicia social (el Estado-providencia o Estado de bienestar). Por su parte, las capas medias, esa “pequeña burguesía” tan a menudo vilipendiada por los marxistas, se analizaron casi siempre a partir de una idea de polarización, pensando que oscilaban o vacilaban entre los dos campos del conflicto estructural, llamado por muchos de clase.

Entonces llegaron las décadas de 1980 y 1990, la salida de la época industrial clásica y con ella el declive del movimiento obrero, pero también la exclusión, la relegación en barrios que se volvían miserables y una no relación social que ocupaba el lugar de las relaciones de producción. El Estado de bienestar se fue destruyendo a medida que se desarrollaban las ideologías liberales y luego neoliberales que acompañaron ese movimiento de conjunto para justificarlo mejor. Se extendió el desempleo y, con él, la precariedad. Varios países occidentales conocieron entonces disturbios urbanos, se habló de guetos, se crearon o reforzaron organizaciones humanitarias para ayudar a mantener la cabeza fuera del agua a unas poblaciones en situación desesperada.

A partir del 2008, la crisis financiera y económica ha amplificado esta evolución hasta el punto de poder decir que hoy el principal drama social consiste en no ser explotado, estar sin trabajo o muy precarizado. En los países occidentales, no se percibió de forma inmediata que esas transformaciones ponían en entredicho de un modo fundamental la estructura social, quizá debido a que las instituciones encargadas de la redistribución o de la seguridad social fueron capaces de evitar lo peor.

Sin embargo, esa ya no es la situación. En todas partes, en Europa y fuera de ella, los informes presentan la misma constatación: la pobreza progresa masivamente, incluso en el seno de los países septentrionales. Lo medido en esos países es relativo, y el cálculo consiste por lo general en considerar los ingresos medios. La pobreza se sitúa en Europa a partir del momento en que una persona gana menos del 60 por ciento de tales ingresos. En otras palabras, hablar de pobreza es hablar de desigualdades. Y decir que aumenta la pobreza es decir que se incrementan las desigualdades. En toda Europa se impone hoy la misma constatación: los ricos son más ricos que antes, y los pobres, más pobres.

Y, en semejante contexto, quienes se encuentran en medio, las capas medias, se inquietan: ¿no están también ellas amenazadas, sobre todo en estos tiempos de crisis, y no corren también el riesgo de quedar atrapadas en la espiral de la caída social? Los que tienen más edad se preguntan por el futuro de sus hijos, que vivirán peor que ellos; y es también en el seno de esas categorías intermedias donde se encuentran con frecuencia los actores más activos en los movimientos de indignados.

Los años de neoliberalismo triunfal han engendrado desigualdades crecientes, una clase cada vez más numerosa de pobres que son también cada vez más unos excluidos, una clase de ricos muy reducida, y sin relación alguna que los vincule y oponga al mismo tiempo unos con otros, y unas capas medias inquietas. El capitalismo fabrica hoy miedo, rabia, repliegue, o también pulsiones nacionalistas y xenófobas o racistas; es mucho menos que ayer una relación social de dominación organizada en el trabajo, las fábricas y los talleres. Y las capas medias, tradicionalmente activas en términos políticos y culturales, se sienten también ellas abandonadas, rezagadas o al borde de la movilidad descendente.

En contra de lo que ocurría cuando una relación social fundamental estructuraba la vida colectiva a partir de una relación antagónica entre el movimiento obrero y el capital, ya no buscan en sentido de su acción junto al primero, que ya apenas existe, ni del segundo, que se ha alejado considerablemente de ellas. Se está insinuando una nueva estructura social marcada por fuertes desigualdades, la ansiedad de las capas medias y la ausencia de un principio central de conflictualización. Es lo que viene a decir, en última instancia, la constatación actual acerca del incremento de la pobreza.

La historia dirá si se trata sólo del final del proceso de descomposición de la antigua sociedad o del nacimiento de una nueva.

Con el agravamiento de la crisis económica y la perspectiva de otra recesión importante en el horizonte, la creciente desigualdad social se convirtió en una cuestión cada vez más apremiante. ¿Cómo se refuerza una sensación de solidaridad y responsabilidad dentro de un país? ¿Quién protegerá a los más débiles?

Mientras reflexiono sobre esta cuestión, me viene a la mente un debate que tuve hace más de diez años en Berlín con el teólogo alemán Hans Küng y participantes norteamericanos y asiáticos. El tema era “Globalización y ética” -específicamente, una comparación de las maneras en que Europa, Estados Unidos y Asia protegen a los miembros más frágiles de sus respectivas sociedades.

Todos los participantes coincidieron en que en Europa el estado tradicionalmente desempeñaba el papel que llevaba a cabo la filantropía privada en Estados Unidos y la familia en Asia. Pero todos nos apresuramos a agregar que ningún modelo era “puro”; vale decir, la familia ya no era lo que solía ser en Asia, el estado desempeñaba un papel más importante de lo esperado en Estados Unidos y muchas veces no cumplía con las expectativas en Europa.

La realidad se ha tornado aún más complicada desde entonces: el papel de la familia sigue decayendo en Asia; la filantropía, a pesar de unos pocos individuos extraordinariamente generosos, hace rato que encontró sus límites en Estados Unidos; y, posiblemente a excepción de los países nórdicos, el estado en Europa, sobrecargado por la deuda, ya no tiene los medios o la voluntad para asumir nuevas responsabilidades.

Entonces, ¿quién se ocupará de proteger a los más débiles si ninguno de estos tres actores puede hacerlo como corresponde? ¿Vamos camino a un mundo unido por la incompetencia y la deficiencia compartidas?

En el mundo occidental, los más pobres son los más afectados por el estancamiento económico. Sin embargo, en los países de rápido crecimiento de los mercados emergentes, los ricos tienden a cerrar los ojos ante el sufrimiento de los más pobres, excepto cuando se sienten amenazados por el riesgo de un levantamiento politico como, digamos, en Arabia Saudita.

De hecho, las elites adineradas en los países emergentes viven en un estado de negación de sus pobres, ignorándolos literalmente. Brasil e India son particularmente asombrosos en este sentido. El crecimiento económico es necesario, pero no suficiente: también hace falta una fuerte sensación de responsabilidad social.

Sería absurdo condenar, como hacen algunos, a la globalización como el principal y único culpable de la erosión de las fuentes tradicionales de apoyo a los pobres. La globalización es por sobre todo un contexto, un entorno, aún si las consecuencias de la primera crisis financiera y económica importante de la era global profundizan aún más la brecha entre los muy ricos y los muy pobres.

Sin embargo, la globalización hace que los más vulnerables sean más visibles, y por lo tanto hace que la ausencia de justicia social resulte más inaceptable. Un mundo de mucha mayor transparaencia e interdependencia crea nuevas responsabilidades para los ricos. O, más precisamente, hace que la antigua responsabilidad de proteger a los más débiles sea más difícil y más urgente.

En un mundo de creciente complejidad, quizá lo que hagan falta sean soluciones simples. Se podría seguir, por ejemplo, el principio de ventaja comparativa de Adam Smith: lo que Europa hace mejor es el estado, mientras que Asia sigue basándose en la familia y Estados Unidos continúa centrándose en la iniciativa individual. El problema es que en un mundo de referencias universales, la legitimidad de las soluciones surgirá más que nunca de su aceptabilidad cultural y de su eficiencia.

En Europa occidental, por ejemplo, el llamado al sacrificio de todos los ciudadanos para resolver la crisis de deuda va en contra de una percepción persistente de que no todos contribuirán de la misma manera, y que la desigualdad social se verá exacerbada por la austeridad. Restablecer el crecimiento en el corto plazo y, al mismo tiempo, abordar los problemas de la deuda en el mediano y largo plazo bien puede ser la única respuesta válida a la crisis.

Pero no funcionará, ni en Europa ni en otras partes, sin un énfasis mucho mayor en la justicia social. Si bien algunas de las personas muy ricas se quejan, como lo hizo recientemente Warren Buffett, de que no pagan suficientes impuestos, la generosidad iluminada de estas pocas almas felices -que quieren salvar al capitalismo y al liberalismo- probablememnte no sea emulada por los nuevos ricos en los países emergentes, mucho menos por los ricos en otras partes. Seamos realistas: la gente como Buffett y Bill Gates tienen muy pocos seguidores entre los muy ricos de Estados Unidos. ¿Y acaso las sociedades asiáticas pueden realmente reflotar una sensación efectiva de responsabilidad familiar?

La globalización sí parece haber debilitado las diferencias culturales perceptiblemente en la última década. Pero, cuando se trata de la protección de los más débiles y la lucha contra la creciente injusticia social, quizá la “desculturización global” cree una oportunidad para combinar lo mejor de lo que queda en determinadas tradiciones. Quizá los países deberían intentar basar sus sistemas de bienestar social en una nueva síntesis de estado, familia y filantropia.

Las vacaciones de agosto empiezan con tres noticias relacionadas con la comida. La primera y más trágica es la hambruna de Somalia. Ya hacía décadas que en el mundo no se vivía una situación de hambre parecida pero la guerra constante, el pirateo y la falta de instituciones que faciliten el mercado y el crecimiento económico han hecho que reaparezca un fantasma que, gracias a Dios, es cada vez menos frecuente. Digo gracias a Dios pero tendría que decir gracias a las fundaciones Ford y Rockefeller, que entre los años cuarenta y setenta financiaron lo que se ha denominado la revolución verde: a base de mezclar variedades genéticas y de aplicar fertilizantes, plaguicidas y regadíos, la productividad del trigo, el arroz y el maíz se multiplicó por cinco mientras los precios se dividían por dos. El éxito de esta revolución permitió que países como India no sólo dejaran de sufrir las hambrunas de los sesenta, sino que en la actualidad exporten cinco millones de toneladas de arroz anuales.

Si bien la productividad agrícola ha aumentado espectacularmente, no se puede decir lo mismo de la eficiencia con la que distribuimos los alimentos. Y es que todos los supermercados del mundo tiran toneladas de comida cada día ya que llega la fecha de caducidad de los productos frescos cuando todavía no han sido vendidos. A todos nos gusta tener donde escoger cuando vamos a comprar y por eso los supermercados tienen más producto del que venden. Lamentablemente, eso implica que una parte sustancial de lo que producimos acaba en la basura.

Lo que nos lleva a la segunda noticia del verano: investigadores del Laboratorio de Síntesis Computacional de la Universidad de Cornell en Estados Unidos han presentado un ordenador que imprime comida. La técnica recuerda las primeras impresoras inkjet que tenían tres tubos de tinta de tres colores. El ordenador escupía microgotas contra un papel y la mezcla de las tintas permitía imprimir documentos o fotografías en una infinidad de colores. Pues bien, el equipo de Cornell ha utilizado esta técnica con el chocolate: la impresora escupe gotas de diferentes tipos de chocolate que, una vez solidificadas, crean bombones con infinidad de sabores. De hecho, en lugar de imprimir sobre un papel, lo hacen en tres dimensiones (una técnica que también se utiliza para producir objetos industriales de plástico) depositando microgotas de chocolate líquido que, al solidificarse, acaban formando un bombón con la forma deseada por el diseñador.

Al leer esta noticia me pregunté si algún día se inventarían impresoras láser de comida. Me lo pregunto porque las impresoras que sustituyeron a las inkjet fueron las de láser, que no escupían tinta líquida, sino partículas de polvo seco. Imaginamos que fuera posible deconstruir un pollo en sus partículas elementales: por una parte el agua y por la otra cada uno de los componentes de la carne, la piel, la grasa, etcétera. Todas estas partículas se podrían guardar pulverizadas dentro de unos cartuchos. Al no contener agua, este polvo podría ser almacenado mucho tiempo. Cuando alguien quisiera comer un pollo, utilizaría una impresora láser que, en un instante, lo imprimiría en 3D partícula a partícula, calentando cada píxel a la temperatura deseada. Además de producir sólo la comida necesaria sin necesidad de tirar nada a la basura, este procedimiento tendría otras ventajas. Primero, las personas con problemas médicos podrían imprimir comida sin los componentes perjudiciales. Por ejemplo, pan sin gluten, queso sin colesterol o carnes sin grasa. Segundo, a las personas que necesitan dieta, sus médicos o nutricionistas les podrían construir cada día su comida sin los componentes que no les convienen. Tercero, a los que tienen que comer poca sal pero no les gusta la comida insípida, el médico les podría ir reduciendo la dosis a base de imprimir la comida cada día con un poco menos de sal de manera que el paciente no se daría cuenta del cambio. Lo mismo pasaría con la gente de que tuviera que comer poco azúcar, poca grasa o poco de lo que sea. Cuarto, en lugar de tomar pastillas, a los enfermos se les podrían incorporar los fármacos directamente en la comida. Y quinto, al tener montañas de alimentos almacenados en polvo sin riesgo de pudrirse, los países ricos podríamos enviar impresoras cuando un país se encontrara en situación de emergencia, como es el caso de Somalia en la actualidad.

Lógicamente, todo eso es una pura elucubración porque todo dependería de que alguien fuera capaz de deconstruir la comida en sus componentes esenciales y eso no lo puede hacer nadie. Nadie… ¡de momento! Y es que sí que hay alguien que, de proponérselo, podría hacerlo. Se trata, ¿cómo no?, de Ferran Adrià, el protagonista de la tercera noticia del verano: cuando salga publicado este artículo hará dos días que El Bulli ha cerrado definitivamente. El mejor restaurante de todos los tiempos ha sido un centro de creación culinaria donde una de las mentes más privilegiadas y creativas que hay, la del maestro Adrià, nos ha dado cosas como la espuma, el aire, las esferificaciones o… ¡las deconstrucciones! Ferran ha imaginado maneras de manipular productos que nos han dado unos placeres hasta entonces inimaginables. Ahora El Bulli desaparece como restaurante y se convierte en una fundación dedicada a la creatividad. Quizás sea este el primer paso para obtener las impresoras de comida que permitan completar la revolución verde y erradicar, ahora ya definitivamente, el hambre en el mundo.

Yet again, famine stalks the Horn of Africa. More than ten million people are fighting for survival, mainly pastoralist communities in the hyper-arid regions of Somalia, Ethiopia, and northern Kenya. Every day brings news of more deaths and massive inflows of starving people into refugee camps in Kenya, across the border from Somalia.

The immediate cause of this disaster is clear: the rains have failed for two years running in the dry regions of East Africa. These are places where water is so scarce year after year that crop production is marginal at best. Millions of households, with tens of millions of nomadic or semi-nomadic people, tend camels, sheep, goats, and other livestock, which they move large distances to reach rain-fed pasturelands. When the rains fail, the grasses shrivel, the livestock die, and communities face starvation.

Pastoralism has long been a harrowing existence in the Horn of Africa. The location of life-supporting pasturelands is determined by the unstable and largely unpredictable rains, rather than by political boundaries. Yet we live in an era when political boundaries, not the lives of nomadic pastoralists, are sacrosanct. These boundaries, together with growing populations of sedentary farmers, have hemmed in pastoralist communities.

The political boundaries exist as a legacy of the colonial era, not as the result of cultural realities and economic needs. Somalia, for example, contains only a part of the Somali-speaking pastoralist population, with large numbers living across the border in Kenya and Ethiopia. As a result, the Ethiopian-Somalia border has been war-torn for decades.

A massive drought this year was not exactly predictable, but the risk of famine was easily foreseeable. Indeed, two years ago, in a meeting with US President Barack Obama, I described the vulnerability of the African drylands. When the rains fail there, wars begin. I showed Obama a map from my book Common Wealth, which depicts the overlap of dryland climates and conflict zones. I noted to him that the region urgently requires a development strategy, not a military approach.

Obama responded that the US Congress would not support a major development effort for the drylands. “Find me another 100 votes in Congress,” he said.

I don’t know whether Obama’s leadership might have found those votes, but I do know that the US has not mustered the national effort to respond effectively to the Horn of Africa’s needs. The US is far too focused on expensive and failed military approaches in the drylands – whether in Afghanistan, Pakistan, Yemen, or Somalia – to pay heed to long-term economic development strategies aimed at addressing the root causes of these countries’ ongoing crises.

This year’s drought came at a time of political and economic turmoil in both the US and Europe. America’s distorted political system gives the rich everything they want in the form of tax cuts, while slashing programs for the poor. There is no interest in Washington, DC, in addressing the needs of America’s poor, much less the needs of the world’s poor.

In Europe, the global financial crisis of 2008 left a legacy of deep political and economic crisis in the weaker economies of Southern Europe. This crisis absorbed almost all of the European Union’s political attention this summer, even as famine in Africa has worsened.

The unfolding disaster in the Horn of Africa will not solve itself, and four factors make the situation potentially explosive. First, long-term human-induced climate change seems to be bringing more droughts and climate instability. The US and Europe are not only failing to respond to the African drought; they have probably contributed to it through their greenhouse-gas emissions.

Second, fertility rates and population growth in the Horn of Africa continue to be extremely high, even as children perish in the famine. Unless and until widespread family planning and modern contraceptive services are established, expanding populations in the Horn of Africa will crash against a harsher future climate. Third, the region is already living in extreme poverty, so adverse shocks push it toward calamity. And, finally, regional politics is highly unstable, leaving the Horn extremely vulnerable to conflict.

But there is still realistic hope. The Millennium Villages Project, which I have the honor of helping to lead, has demonstrated that pastoralist communities can be empowered through targeted investments in livestock management, veterinary care, business development, mobile health clinics, boarding schools, and local infrastructure such as safe water points, off-grid electricity, and mobile telephony. Cutting-edge technologies, together with strong community leadership, can unlock long-term sustainable development.

The countries of the Horn of Africa are now stepping forward to help themselves through this approach. Six countries in the region with large dryland zones – Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Djibouti, and South Sudan – have joined together in a Drylands Initiative to use best practices and cutting-edge technologies to support their pastoralist communities’ effort to escape the scourges of extreme poverty and famine. Many companies, such as Ericsson, Airtel, Novartis, and Sumitomo Chemical, are participating in this effort by making their technologies available to impoverished pastoralist communities.

A new regional partnership is starting to take hold, beginning with the affected communities and their national governments. Several countries in the Arabian Peninsula, just across the Red Sea from the Horn, are also showing an encouraging readiness to deploy their oil earnings for emergency relief and long-term development. The Islamic Development Bank, representing the 57 members of the Organization of Islamic Cooperation, is also showing leadership. Through this new partnership of communities, governments, businesses, and academia, the current crisis could yet mark the start of regional recovery and development.

Vivimos en un mundo de abundancia. Hoy se produce comida para 12.000 millones de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando en el planeta habitan 7.000. Comida, hay. Entonces, ¿por qué una de cada siete personas en el mundo pasa hambre?

La emergencia alimentaria que afecta a más de 10 millones de personas en el Cuerno de África ha vuelto a poner de actualidad la fatalidad de una catástrofe que no tiene nada de natural. Sequías, inundaciones, conflictos bélicos… contribuyen a agudizar una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, pero no son los únicos factores que la explican.

La situación de hambruna en el Cuerno de África no es novedad. Somalia vive una situación de inseguridad alimentaria desde hace 20 años. Y, periódicamente, los medios de comunicación remueven nuestros confortables sofás y nos recuerdan el impacto dramático del hambre en el mundo. En 1984, casi un millón de personas muertas en Etiopía; en 1992, 300.000 somalíes fallecieron a causa del hambre; en 2005, casi cinco millones de personas al borde de la muerte en Malaui, por solo citar algunos casos.

El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países. Las causas del hambre son políticas. ¿Quiénes controlan los recursos naturales (tierra, agua, semillas) que permiten la producción de comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Hoy, los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano.

Se señala a la sequía, con la consiguiente pérdida de cosechas y ganado, como uno de los principales desencadenantes de la hambruna en el Cuerno de África, pero ¿cómo se explica que países como Estados Unidos o Australia, que sufren periódicamente sequías severas, no padezcan hambrunas extremas? Evidentemente, los fenómenos meteorológicos pueden agravar los problemas alimentarios, pero no bastan para explicar las causas del hambre. En lo que respecta a la producción de alimentos, el control de los recursos naturales es clave para entender quién y para qué se produce.

En muchos países del Cuerno de África, el acceso a la tierra es un bien escaso. La compra masiva de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, Gobiernos, fondos especulativos…) ha provocado la expulsión de miles de campesinos de sus tierras, disminuyendo la capacidad de estos países para autoabastecerse. Así, mientras el Programa Mundial de Alimentos intenta dar de comer a millones de refugiados en Sudán, se da la paradoja de que Gobiernos extranjeros (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Corea…) les compran tierras para producir y exportar alimentos para sus poblaciones.

Asimismo, hay que recordar que Somalia, a pesar de las sequías recurrentes, fue un país autosuficiente en la producción de alimentos hasta finales de los años setenta. Su soberanía alimentaria fue arrebatada en décadas posteriores. A partir de los años ochenta, las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que el país pagara su deuda con el Club de París, forzaron la aplicación de un conjunto de medidas de ajuste. En lo que se refiere a la agricultura, estas implicaron una política de liberalización comercial y apertura de sus mercados, permitiendo la entrada masiva de productos subvencionados, como el arroz y el trigo, de multinacionales agroindustriales norteamericanas y europeas, quienes empezaron a vender sus productos por debajo de su precio de coste y haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. Las devaluaciones periódicas de la moneda somalí generaron también el alza del precio de los insumos y el fomento de una política de monocultivos para la exportación forzó, paulatinamente, al abandono del campo. Historias parecidas se dieron no solo en países de África, sino también en América Latina y Asia.

La subida del precio de cereales básicos es otro de los elementos señalados como detonante de las hambrunas en el Cuerno de África. En Somalia, el precio del maíz y el sorgo rojo aumentó un 106% y un 180% respectivamente en tan solo un año. En Etiopía, el coste del trigo subió un 85% con relación al año anterior. Y en Kenia, el maíz alcanzó un valor 55% superior al de 2010. Un alza que ha convertido a estos alimentos en inaccesibles. Pero, ¿cuáles son las razones de la escalada de los precios? Varios indicios apuntan a la especulación financiera con las materias primas alimentarias como una de las causas principales.

El precio de los alimentos se determina en las Bolsas de valores, la más importante de las cuales, a nivel mundial, es la de Chicago, mientras que en Europa los alimentos se comercializan en las Bolsas de futuros de Londres, París, Ámsterdam y Fráncfort. Pero, hoy día, la mayor parte de la compra y venta de estas mercancías no corresponde a intercambios comerciales reales. Se calcula que, en palabras de Mike Masters, del hedge fund Masters Capital Management, un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es de carácter especulativo. Se compran y venden materias primas con el objetivo de especular y hacer negocio, repercutiendo finalmente en un aumento del precio de la comida en el consumidor final. Los mismos bancos, fondos de alto riesgo, compañías de seguros, que causaron la crisis de las hipotecas subprime, son quienes hoy especulan con la comida, aprovechándose de unos mercados globales profundamente desregularizados y altamente rentables.

La crisis alimentaria a escala global y la hambruna en el Cuerno de África en particular son resultado de la globalización alimentaria al servicio de los intereses privados. La cadena de producción, distribución y consumo de alimentos está en manos de unas pocas multinacionales que anteponen sus intereses particulares a las necesidades colectivas y que a lo largo de las últimas décadas han erosionado, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, la capacidad de los Estados del sur para decidir sobre sus políticas agrícolas y alimentarias.

Volviendo al principio, ¿por qué hay hambre en un mundo de abundancia? La producción de alimentos se ha multiplicado por tres desde los años sesenta, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado desde entonces. No nos enfrentamos a un problema de producción de comida, sino a un problema de acceso. Como señalaba el relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, en una entrevista a EL PAÍS: “El hambre es un problema político. Es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución”.

Si queremos acabar con el hambre en el mundo es urgente apostar por otras políticas agrícolas y alimentarias que coloquen en su centro a las personas, a sus necesidades, a aquellos que trabajan la tierra y al ecosistema. Apostar por lo que el movimiento internacional de La Vía Campesina llama la “soberanía alimentaria”, y recuperar la capacidad de decidir sobre aquello que comemos. Tomando prestado uno de los lemas más conocidos del Movimiento 15-M, es necesaria una “democracia real, ya” en la agricultura y la alimentación.

If the past is anything to go by, TVs the world over will show heart-wrenching pictures of malnourished Somali babies with distended kwashiorkor bellies; of flies feeding on their eyes; of mouths sucking at milkless breasts. Environmental experts will pontificate on the recurrent droughts in Somalia. Aid organizations will canvass the world’s rich to find the funds to feed the starving. Governments will make promises they won’t keep. What has been a tributary of refugees leaving Somalia and entering neighboring Kenya will become a flood. This will be channeled into refu­gee camps, which will overflow with rivers of human misery.

A couple of years ago, I was visiting my good friend Abdullahi Mohamed Shirwa, a respected civil society leader based in Mogadishu. He wondered aloud if the country would continue to exist, given the prevailing circumstances. A week ago, I received a call from him. He described the situation as “disastrous, almost beyond repair.” He asked: “Why are our people being left to die, starving — decade after decade?”

Nearly 170,000 Somalis have arrived in the refu­gee camps since January, according to the United Nations. Yet the suffering humanity fleeing the famine is indicative of the catastrophe awaiting an even larger multitude of Somalis. I am talking about those who have stayed behind, those from whom death harvests its daily dividend. After all, they are in worse need, desperate for help that they are not likely to receive. This is because humanitarian agencies are not allowed to reach these unfortunates. Access is being prevented by al-Shabab, the al-Qaeda-linked hard-line religionists who claim divine sanction — and who are declaring death on the cut-off hordes.

In a way, the current situation in Somalia is much worse than the one in 1992. During the famine then, warlords held the nation hostage. Millions of Somalis were caught in the middle, and hundreds of thousands died of hunger. In response to the crisis, the United States sent in the Marines to to do “God’s work,” as President George H.W. Bush put it. But that intervention was a half-measure, and the unfinished mission led directly to the calamity we’re living today.

The U.S. military action in Somalia resulted in the deaths in 1993 of 18 American service members; thugs supporting the warlord whom the Americans were hunting dragged corpses through the dusty alleys of Mogadishu. Humiliated, the United States withdrew. Al-Qaeda claimed credit for the attack and went about the business of recruiting terrorists nearly undisturbed, and was able to launch attacks on the U.S. Embassies in Tanzania and Kenya five years later.

By withdrawing, the Americans played into the hands of the disrupters of peace, ultimately privileging the terrorists. The United Nations rewarded the warlords with undeserved honor, describing them as leaders instead of treating them as criminals. The warlords were invited to a series of national reconciliation conferences to form a government, and Somalis equated this bizarre turn of events to the notion of entrusting a flock of sheep to hyenas. Only a fool thinks that no harm will come to his sheep.

After the United States left Somalia, the rest of the world stood by, leaving the warlords to profit from their criminality. Al-Qaeda strengthened its presence in the country. Foreign vessels entered Somali waters and engaged in illegal fishing, which caused piracy to balloon into an ugly reality. Somalia lived on mortgaged time, leased out to criminals of one sort or another, an ideal world for terrorists to flourish.

If we had had foresight and acted upon it; if the Marines had disarmed the warlords; if the U.N. Security Council had issued arrest warrants for the warlords early on, stopping them from prolonging the failure of the state; if the Security Council had dealt with the warlords — who had denied millions of starving people access to food — decisively, in the same way it dealt with the genocidal regimes in Serbia, Rwanda, Sierra Leone and Sudan, then al-Qaeda would not have established a secure base from which to plan terrorist attacks. Our country would not have been hamstrung by the enormity of our problem, nor would it have become the world’s worst humanitarian disaster.

For two decades, many alliances known by different names and belonging to different interest groups, all of them harmful to Somalia, have collaborated to destabilize the country. The Nobel Prize winner Amartya Sen has said that famines are easy to prevent and that they often disappear with the establishment of a multiparty democracy, a free press and an active political opposition. These elements of a democratic society can guard against famine or mitigate its disastrous consequences.

We don’t have any of that in Somalia. Instead, we know that the recurrence of droughts stems from political collapse — the failure of the governing class to deal with impending catastrophes, which often take years to materialize.

By the time drought is upon us, it is often too late. On my last visit to Somalia in February and March of this year, one could already see terrible times coming, a rainless season on the horizon. People were studying the arid desert winds for signs. Many people I spoke to couldn’t help forecasting a famine. The word, in fact, was on everybody’s lips in Galkayo, in the central region of the country. There, the wells had dried up, and wars were being waged over the right of the nomads to water their beasts.

To date, the world has taken only piecemeal steps to deal with the Somali people’s plight. So far, none has worked. It is time that the Security Council referred Somalia to the International Criminal Court for an in-depth investigation, as happened with other recent humanitarian disasters in Sudanand Libya, for example. Only the high-profile nature of such a prosecution could ensure that justice is done and Somalia can become a governable country.

The alternative is for the international community to prepare to return to Somalia in 10 or 20 years. Then, humanitarian agencies will have to negotiate for access to millions of starving Somalis with some new group of criminals bent on the physical elimination of their people, knowing that, as in the past, they can pursue their goal with impunity.

Across the Horn of Africa, people are starving. A catastrophic combination of conflict, high food prices and drought has left more than 11 million people in desperate need. The United Nations has been sounding the alert for months. We have resisted using the “F-word” — famine — but on Wednesday, we officially recognized the fast-evolving reality. There is famine in parts of Somalia. And it is spreading.

This is a wake-up call we cannot ignore. Every day I hear the harrowing reports from our U.N. teams on the ground. Somali refugees, their cattle and goats dead from thirst, walking for weeks to find help in Kenya and Ethiopia. Children who arrive alone, terrified and malnourished, their parents dead, in a foreign land.

From within Somalia, we hear terrible stories of families who watched helplessly as their children died, one by one. One woman recently arrived at a U.N. displacement camp 87 miles southwest of Mogadishu after a three-week trek. Halima Omar, from the region of Lower Shabelle, was once considered well-off. Today, after three years of drought, she barely survives. Four of her six children are dead.

“There is nothing in the world worse than watching your own child die in front of your eyes because you cannot feed him,” she said of her ordeal. “I am losing hope.”

Even for those who reach the camps, there is often no hope. Many are simply too weak after long journeys across the arid land and die before they can be nursed back to strength. For people who need medical attention, there are often no medicines. Imagine the pain of those doctors, who must watch their patients perish for lack of resources.

As a human family, these stories shock us. We ask: How is this happening again? After all, the world has enough food. And yes, economic times are hard. Yet since time immemorial, amid even the worst austerity, the compassionate impulse to help our fellow human beings has never wavered.

That is why I reach out today: to focus global attention on this crisis, to sound the alarm and to call on the world’s people to help Somalia in this moment of greatest need. To save the lives of the people at risk — the vast majority of them women and children — we need about $1.6 billion in aid. So far, international donors have given only half that amount. To turn the tide, to offer hope in the name of our common humanity, we must mobilize worldwide.

This means everyone. I appeal to all nations — both those that fund our work year in and year out, and those that do not traditionally give through the multinational system — to step up to the challenge. On July 25, in Rome, U.N. agencies will gather to coordinate our emergency response and to raise funds for immediate assistance.

Meanwhile, we must all ask ourselves, as individual citizens, how we can help. This might mean private donations, as in previous humanitarian emergencies in Indonesia after the tsunami or Haiti after the earthquake, or it could mean pushing elected representatives toward a more robust response. Even in the best of circumstances, this may not be enough. There is a real danger we cannot meet all the needs.

The situation is particularly difficult in Somalia. The ongoing conflict there complicates any relief effort. More broadly, sharply rising food prices have stretched the budgets of international agencies and NGOs. Operating conditions are complicated by the fact that the transitional national government of Somalia controls only a portion of the capital, Mogadishu. We are working on an agreement with the forces of Shabab, an Islamist militia group, to grant access to areas of the country that they control. Even so, serious security concerns remain.

We must also recognize that Kenya and Ethiopia, which have generously kept their borders open, face enormous challenges of their own. The largest refugee camp in the world, Dadaab, in Kenya, is already dangerously overcrowded with some 380,000 refugees. Many thousands more are waiting to be registered. In neighboring Ethiopia, 2,000 people a day are arriving at the Dolo refugee camp, also struggling to keep pace. This compounds a food crisis faced by almost 7 million Kenyans and Ethiopians at home. In Djibouti and Eritrea, tens of thousands of people are also in need — and potentially many more.

Even as we respond to this immediate crisis, we need to find ways to deal with underlying causes. Today’s drought may be the worst in decades. But with the effects of climate change being increasingly felt throughout the world, it surely will not be the last. This means practical measures: drought-resistant seeds, irrigation, rural infrastructure, livestock programs.

These projects can work. Over the last 10 years, they have helped boost agricultural production in Ethiopia by 8% a year. We have also seen improvements in our early warning systems. We knew this drought was coming and began issuing warnings in November. Looking ahead, we must ensure that such warnings are heard in time.

Above all, we need peace. As long as there is conflict in Somalia, we cannot effectively fight famine. More and more children will go hungry; more and more people will needlessly die. And this cycle of insecurity is growing dangerously wide.

In Somalia, Halima Omar told us: “Maybe this is our fate — or maybe a miracle will happen and we will be saved from this nightmare.”

I cannot accept this as her fate. Together, we must rescue her and her countrymen and all their children from a truly terrible nightmare.

Arot Katikov is the opposite of a thriving western baby. Looking much younger than he is, the boy can’t stop crying and vomiting, and he has diarrhoea. On arrival at Lodwar district hospital he is discovered to be suffering from malnutrition and one of its complications, tuberculosis. When Setina, aged 10 months, turns up at the same place, she faints with hunger. Her mother, Ngiupe, grabbed Setina and her brother and ran from their farm near the Ugandan border when Pokot raiders came and stole their cattle and killed their neighbours. Setina’s three-year-old brother died on the way to the hospital, and she is now lying in her mother’s arms, too weak to lift her head, her eyes glazing over as her mother rocks her to sleep or oblivion.

Further to the south, Somalia is suffering its worst drought in 50 years. This is the children’s famine. Running from conflict, and sick with hunger and thirst, people are fleeing to the borders or the aid camps, many children dying on the way or too weak to survive once they get there. In some areas one in three children is seriously malnourished and at severe risk of death. In October the rains will come, most likely bringing epidemics of malaria and measles. Some of the children just lie down and wait for death, which is likely; or mercy, which is elsewhere.

This week, while the famine was happening, every media outlet in the western world devoted itself to the circus surrounding a gang of communications reprobates. Public outrage over News International is justified, of course, and the abuse suffered by the family of a murdered girl cannot go unheeded. There can be no hierarchy of moral outrages, and the wrong done to Milly Dowler and her family and dozens of other victims should be its own category. But must it chase the possible death of 500,000 children off the front pages? We don’t have to find the Murdochs acceptable in order to find the famine intolerable, but it is no category error to think of them at the same time.

We are each of us children of many things, and one of the things I’m a child of is Live Aid. I was 17 in 1985. We had our arguments with it, but there was no doubting the sudden power of that idea, pushed hard by Bob Geldof, that our lives were bankrupt in the face of third world suffering. It didn’t make every pleasure a guilty pleasure, but it made a generation aware that there was a price to be paid for its satisfactions. Yet it is now obvious that this was a realisation we failed to make permanent. Too many of our own children don’t know where Somalia is and they don’t care, so long as the stories of celebrities and their misdoings can continue to upholster their privilege and entitlement, a world beyond right or wrong.

I once spent time with Unicef at a rehabilitation centre in Malawi where you could literally see the children crossing the threshold of survival, and just because people paid attention. We came from a generation that wanted that kind of carefulness to be part of a sense of how life had to be lived. It wasn’t a lifestyle choice, it was a categorical imperative, to make the world less indecent. But the last week has shone a light into the empty places of our conscience. With the hacking scandal, we can name the guilty parties and make a hoopla of doing so, but I ask the millions who read those papers and fed those empires and lapped up stories about dead little girls where they really stand in their moral crusade. And does it extend at all to the dead and dying little girls of Africa?

I’ve seen it there with my own eyes. They need high-nutritional food, Plumpy’nut it’s called, along with sanitised water and jabs against disease. Unicef is supporting 800 nutrition centres across Somalia and providing 1.2 million people with access to safe drinking water. The Unicef field workers have been up all night and I caught some of them on the phone, exhausted but determined, and shocked by the lack of western response. When I asked what it would take to save those half a million children they said about £37m. Less than the transfer price for your averagely brilliant footballing hero I thought, as I put down the phone.

This is the week when members of the rich old media proved their bankruptcy and the values of the country were put on trial. Other things happened. Fadumo came to one of the camps with her son, Ahmed, who looked like he might not make it. “We came today to receive Plumpy’nut, and, thanks to God, my son is thin, but he will get better.” The Unicef therapeutic teams are all around him in an instant, and then they move on to another, and yet another child waiting for love. Ahmed’s breathing is stable and there will be more food for him in the morning, won’t there? Ahmed may never own a mobile phone, but he too pleads for your outrage.

La escasez y el encarecimiento de los alimentos en el norte de África y en Oriente Próximo están agravando el hambre en el África subsahariana, donde han desembarcado los países árabes más ricos comprando tierras, a bajo precio, con el objetivo de cultivar lo necesario para dar de comer a sus propias poblaciones.

La hambruna devasta el cuerno del continente negro. Etiopía, uno de los países más hambrientos del mundo y donde más de trece millones de personas necesitan ayuda alimentaria internacional, ofrece paradójicamente tres millones de hectáreas de su tierra más fértil a ricos países árabes como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Kuwait o Bahréin y a sus fondos de inversión. A esta grave situación hay que añadir la avalancha de somalíes, 134.000 hasta el momento, que abandonan su país y se refugian en Etiopía y Kenia huyendo de la guerra, de la sequía y de la falta de alimentos. Se calcula que el 50% de los niños somalíes sufre desnutrición severa.

Esta nueva crisis alimentaria, iniciada ya en años anteriores, hizo que los dictadores de Libia, Argelia, Túnez o Egipto subvencionasen alimentos para calmar a sus poblaciones, utilizando incluso a algunos ejércitos para repartir pan. Ahora muchos de los países árabes del norte de África luchan por vivir en democracia mientras persiste el encarecimiento de los alimentos y se deteriora su situación económica, con un turismo que les ha abandonado y un tejido empresarial muy dañado.

No olvidemos que esta región es una de las principales consumidoras de trigo del mundo. El Gobierno egipcio reparte gratuitamente el equivalente a 2.000 millones de dólares al año en trigo; un 60% de las familias de ese país depende de esa donación, según ha publicado recientemente en el Herald Tribune Lester R. Brown, presidente del Earth Policy Institute.

Egipto produce trigo gracias al agua del río Nilo. Tras un acuerdo con sus vecinos Etiopía y Sudán, puede utilizar un 75% del flujo. Pero esta situación está cambiando con la llegada a los países más meridionales de compradores de tierras extranjeros.

Alimentos como el maíz, el trigo, la soja o el azúcar han incrementado espectacularmente sus precios en el norte de África y Oriente Próximo. La situación llega a ser tan desesperada que Naciones Unidas ha denunciado que en Yemen los niños tienen que recurrir a tomar khat, una droga que, al ser mascada, genera un estado de euforia leve y anula el apetito.

Por esto, los ricos países árabes antes citados, han decidido, además de importar alimentos, invertir en las tierras fértiles africanas desplazando a sus comunidades autóctonas, aprovechándose de que, en la mayoría de los casos, los campesinos subsaharianos no tienen documentos de compra o alquiler y que sus corruptos gobernantes miran hacia otro lado mientras sus cuentas corrientes aumentan día a día. Algunos de los países elegidos son Mozambique, Malí, Sudán, Uganda, Madagascar, Etiopía, Senegal, Tanzania, Camerún y Zimbabue.

Estas escandalosas compras ponen en peligro la futura alimentación de los africanos que se quedan sin tierras propias que trabajar y solo pueden aspirar, como mucho, a ser peones de los nuevos propietarios árabes. Naciones Unidas, a través de su organismo para la alimentación, FAO, ha lanzado en diversas ocasiones la voz de alarma diciendo que solo conservando las pequeñas explotaciones agrícolas se puede detener el aumento del hambre y la desnutrición en África.

A veces, estas inversiones son llevadas a cabo directamente por los Gobiernos de los países árabes, y otras muchas por empresas, fondos de inversión o de pensiones intermediarias, que además se convierten en grandes especuladores de esos cultivos, pasando a ser los protagonistas de la subida de precios de los alimentos, sin importarles en ningún momento las condiciones de trabajo de los autóctonos.

Uno de los millonarios más importantes del mundo, el saudí Al Amoudi, a través de la compañía Saudi Star, ha dedicado 2.000 millones de dólares a comprar tierras en Etiopía. En cuanto al Banco de Desarrollo Islámico, tiene planes de inversiones multimillonarias para el cultivo de arroz en Malí, Senegal y Uganda.

Por su parte, Libia posee cientos de miles de hectáreas también en Malí a través de su fondo de inversiones Libia Africa Investment Portfolio, empresa que controla la familia Gadafi. Otra de sus empresas, Malibya, ha comprado 100.000 hectáreas con la misma finalidad. Pero mientras los extranjeros compran tierras, miles de malienses se han visto en la necesidad de emigrar a otras zonas del país a causa de la sequía que están sufriendo, una de las peores de los últimos 20 años.

A estos datos fríos se les puede poner caras como la de esos 54.000 somalíes que el mes pasado decidieron dejar lo que tenían para salir caminando de su país, a través del desierto, en dirección a alguno de los campos de refugiados que Naciones Unidas tiene en los países limítrofes.

Cuando nací, en 1946, éramos 2.500 millones. Ahora somos 7.000 millones. En 65 años, la población mundial se ha incrementado en 4.500 millones de personas. Hay tantos humanos vivos en estos momentos como humanos han vivido en los últimos cuatro o cinco siglos, tal vez incluso más. La reducción de la mortalidad (infantil y adulta) y el alargamiento de la vida media de los supervivientes es la causa de tan espectacular incremento. Hacer proyecciones especulativas a 30 o 40 años vista no conduce a ninguna parte, porque los vectores que rigen el fenómeno son demasiado complejos. La demógrafa Anna Cabré no se cansa de repetirlo. Pero que ya somos 7.000 millones y que vamos in crescendo va a misa.

¿Cuántos alimentos demanda toda esa gente? Depende. Los casi 1.200 millones de indios vegetarianos o semivegetarianos precisan menos que los 500 millones de europeos omnívoros, tirando a carnívoros. No es que los indios coman menos (puede que también), sobre todo es que comen de forma más eficiente. Tras cada kilo de carne hay 10 kilos de grano o más. El pedazo de tierra que alimenta a 10 vegetarianos apenas alcanza para sostener a un solo carnívoro. El problema es que muchos asimilan el desarrollo a la hamburguesa, de modo que los 1.500 millones de chinos que quieren ser como los occidentales aspiran a comer tanta proteína animal como nosotros. Si ello ocurriera de golpe, los mercados mundiales de grano quedarían desabastecidos en pocas semanas.

Según la FAO, organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la agricultura y la alimentación, 1.000 millones de personas pasan hambre. Se estima que el número de hambrientos disminuyó ligeramente en la pasada década, pero vuelve a subir a raíz del mal momento económico. En todo caso, una de cada siete personas sufre hambre. Viene a ser un 15% de la humanidad. Si añadimos las mal alimentadas, el porcentaje supera el 20%. Me parece atroz. La derivación continuada de los alimentos disponibles hacia el engorde intensivo de ganado empeoraría el panorama. A menos, claro, que se incrementara la producción alimentaria.

Aquí colisionan concepciones e intereses contrapuestos. El industrialismo optimista (tal vez simplemente inconsciente) no ve problema alguno. La llamada revolución verde de la segunda mitad del siglo XX ya marcó el camino: abonos y fitosanitarios, maquinaria al por mayor, semillas seleccionadas y, más recientemente, plantas biológicamente modificadas (o sea, transgénicos). Me temo que las cosas no son tan sencillas. Todo eso pudo hacerse cuando la energía estaba tirada y cuando la Tierra aún podía tragarse agroquímicos sin parpadear. Esas vías están agotadas, saturadas, al menos. La única opción nueva y con posibilidades alternativas son los transgénicos, pero cuentan con sólidas oposiciones (fundamentadas unas, gratuitas otras).

Pienso que con los alimentos ocurre lo mismo que con la energía. Hay que volver la vista hacia la gestión de la demanda. Hasta ahora solo ha preocupado la gestión de la oferta, poner en el mercado tanto como el mercado pedía o era capaz de absorber. Eso es el pasado. El futuro de los 7.000 millones que somos ya y de los 10.000 millones que pronto seremos no puede depender de un suelo agrícola que ya no tenemos, de una energía de la que no disponemos y de una capacidad de carga que ya se agotó. El progreso del siglo XXI no es la iteración de los formatos del siglo XX y menos aún de los del siglo XIX.

Los occidentales comemos demasiado y desequilibradamente. Centenares de millones pasan hambre y sufren deficiencias proteínicas, mientras nuestros adolescentes se hinchan de grasas y proteínas animales en fast foods que proliferan por doquier. En Occidente propendemos a la obesidad deletérea en un mundo de gente famélica. ¿Dónde está el progreso? Pero tampoco me seducen los doctrinarios de la verdura cruda: somos una especie omnívora, por eso tenemos caninos (aunque sensiblemente atrofiados, detalle significativo). Lamentablemente, la manida dieta mediterránea es una vieja equilibrada opción que triunfa en los libros y retrocede en los hogares.

Según EL International Food Policy Research Institute, el 90% de las exportaciones de arroz y maíz, cereales básicos, depende de media docena de países. Cualquier disminución de su capacidad productiva derivada del cambio climático en curso sería fatal. En estos momentos, más que pensar en nuevas prótesis tecnológicas consumidoras de energía -y exaltadoras del efecto invernadero, por tanto-, convendría reorientar hábitos alimentarios, mejorar los sistemas de redistribución de las cosechas y relanzar la producción local. Son soluciones sociológicas que no favorecen la cuenta de resultados de según qué corporaciones, pero ¿quién dijo que estas organizaciones sean parte de la solución? De momento, más parece que sean parte del problema. La sostenibilidad, también en el capítulo alimentario, empieza por mirar las cosas de un modo distinto.

De las casi siete mil millones de personas en el mundo, alrededor de mil millones mueren de hambre debido a una larga lista de desafortunados sucesos y circunstancias locales, aunado a una demanda en constante aumento, patrones climáticos impredecibles y una gestión financiera deficiente. Además, la escasez de alimentos podría empeorar, pues se espera que la población mundial llegue los nueve mil millones para 2050 o antes.

Sin embargo, con los programas adecuados podemos producir alimentos suficientes para todos. En efecto, si se toman ahora las medidas apropiadas podemos erradicar el hambre.

Para cubrir la demanda esperada de los  próximos veinte años, el suministro global de alimentos debe aumentar en un 50%. Por lo tanto, necesitamos un crecimiento basado en la agricultura para incrementar el suministro y mantener precios asequibles mientras que se incrementan los ingresos de los agricultores pobres en los países en desarrollo.

Lo anterior se puede lograr mediante un programa dedicado a los agricultores de subsistencia que no solo mejore la productividad sino también reduzca la dependencia del clima y ofrezca instrumentos de financiamiento simples para alentar la inversión en nuevas tecnologías y equipos, una mayor propiedad de la tierra y un acceso más fácil a los mercados locales. Sacar a los agricultores de subsistencia de las condiciones precarias en las que viven equivaldría a reducir a la mitad el número de personas que mueren de hambre.

Sin embargo, un programa como ese puede funcionar solamente si las organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) trabajan conjuntamente con los gobiernos nacionales y con socios y donantes privados. La Unión Europea y otros países desarrollados están decididos a abordar el problema de la seguridad alimentaria global, y podrían adaptar fácilmente sus propios programas para participar en este proyecto más amplio.

Por ejemplo, la UE apoya el crecimiento de la agricultura y el desarrollo rural a través de dos tipos de instrumentos. Las iniciativas geográficas como el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) contribuye con la implementación de políticas agrícolas en los países de África, el Caribe y el Pacífico (el Instrumento de cooperación para el desarrollo ofrece una ayuda similar en América Latina, en Asia y en África del Sur). Dichos programas ya representan un gasto significativo –el actual FED, en aplicación desde 2007 hasta 2013, ha destinado más de mil millones de euros para apoyar la agricultura, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria tan solo en África.

El segundo tipo de instrumento es un fondo de emergencia para resolver eventos inesperados como desastres naturales, colapsos de los mercados e inestabilidad política. El Fondo alimentario ad hoc de la Unión Europea por mil millones de euros, que se creó en 2008 para responder rápidamente a los precios disparados de los alimentos en los países en desarrollo, es un buen ejemplo. Sus objetivos también incluyen impulsar la agricultura en el corto y mediano plazo en algunos países.

Como parte de un proyecto de la FAO en Burkina Faso, el Fondo alimentario de la UE ha ofrecido semillas de alta calidad a 100,000 agricultores vulnerables, lo que ha beneficiado a alrededor de 700,000 personas en medio de la creciente crisis alimentaria en la región de Sahel. Con la ayuda de la UE por un monto de 18 millones de euros, esta operación mejorará la seguridad alimentaria de aproximadamente 860,000 hogares rurales, o más de seis millones de personas.

De igual manera, dos proyectos de programas alimentarios en Mozambique, que suman un total de 2,5 millones de euros, están beneficiando a casi 50,000 agricultores y a alrededor de 300,000 familias rurales al incrementar la producción agrícola, mejorar las condiciones para la comercialización de los productos y tratar los problemas de la seguridad alimentaria que afectan los hogares del campo.

Además de estos instrumentos financieros, necesitamos mejorar el status quo mediante la inversión en la investigación y desarrollo necesarios para modernizar la agricultura y reducir el riesgo de malas cosechas. Mejor, es necesario desarrollar sistemas de producción de ganado sostenibles y tenemos que impulsar inversiones en la creación de capacidad, servicios de formación, acceso a los mercados y esfuerzos para fortalecer las cadenas de abastecimiento.

También es importante la investigación de medidas más efectivas para combatir las enfermedades transfronterizas de animales y plantas. La agricultura, después de todo, se tiene que ver en el contexto de un sistema ecológico integral, que también significa desarrollar métodos perfeccionados para conservar los recursos como el suelo, los bosques y la pesquería.

Para abordar la seguridad alimentaria global eficazmente, debemos cambiar la forma en que tratamos el desarrollo rural, lo que requiere adoptar un enfoque de abajo hacia arriba. Otra vez, pienso que la UE está a la vanguardia en los países en desarrollo en cuanto a las políticas que promueven el crecimiento económico de amplia base rural mediante el aumento de la producción primaria y una mayor eficiencia. En efecto, mediante la promoción de prácticas agrícolas y tecnologías que sean ambientalmente sostenibles e ingresos rurales más elevados, estas políticas también estimulan las actividades rurales no agrícolas.

Sin embargo, también se deben abordar los problemas de la punta del sistema alimentario. Una medida importante sería una mejor regulación de los mercados financieros globales a fin de terminar con la especulación de derivados que fuerzan el aumento de los  precios de los alimentos.  Además, necesita concluir urgentemente la Ronda de Doha de negociaciones comerciales mundiales de la Organización Mundial de Comercio; y la UE ha realizado una serie de acciones positivas en esa dirección al proponer grandes cambios a su régimen de subsidios a la exportación.

El gasto europeo en reembolsos por exportación ha disminuido considerablemente en años recientes –de un 30% en gastos agrícolas en los años noventa a menos de 1% actualmente (si se excluye el desarrollo rural). Esta enorme disminución es resultado de reformas sucesivas a la Política Agrícola Común de la UE, debido a los compromisos que la UE ha hecho con la OMC, y otros acontecimientos en los mercados mundiales. El año pasado, el gasto de la UE en reembolsos por exportación cayó en más de 40% respecto de 2009, a solo 400 millones de euros.

Cada vez hay más agricultores de subsistencia que tienen que dejar sus tierras debido a presiones que no pueden controlar, por lo que tenemos que encontrar la manera de equilibrar las necesidades y derechos de las poblaciones rurales y urbanas. Si no empezamos a hacerlo ahora las generaciones futuras no podrán tener un mundo ambientalmente sostenible donde las personas puedan vivir con dignidad.

El alcalde de Madrid no quiere mendigos durmiendo a la intemperie. Al mandarles a pernoctar bajo techo, Gallardón toma en serio la ironía del escritor francés Anatole France, que explicaba la majestuosidad de la ley en el hecho de que prohibiera a los parisienses dormir bajo los puentes del Sena. Decisión justa, pensarían muchos, porque la prohibición iba dirigida a todos, aunque evidentemente no afectaba a todos por igual. Para los ricos la ley les suponía tal vez privarse de alguna siesta a la vera del río; para los pobres, quedarse sin su casi-hogar.

No es una medida original. Gil y Gil, sin ir más lejos, ya la practicó a conciencia. A los pobres no se les ha perdido de vista ni siquiera en la más venerable tradición política. Para Aristóteles, por ejemplo, política y pobreza van tan unidas que la segunda llega a ser la razón de ser de la primera. Dice en su Política que en toda sociedad hay dos partes, la de los pobres y la de los ricos. El noble arte de la política consiste en hacerlos convivir, asunto nada fácil, señala, porque los ricos quieren imponer sus reglas y los pobres, los únicos interesados en reglas comunes, no tienen fuerza para hacerlas valer. El Filósofo, que no era un revolucionario precisamente, entendió, sin embargo, que solo desde el margen, es decir, desde la pobreza podrían pensarse reglas justas de convivencia porque el secreto de los que viven al margen es saberse marginados y eso, la marginación, no podía ser el precio de la convivencia. Aristóteles pensaba que quien haya experimentado una vez la dureza de la marginación, no podía aceptar que el precio de la vida en común fuera la exclusión de algunos. Y cuenta el caso de aquellos pobres que, liberados del destino de tener que pagar su insolvencia económica con la esclavitud, gracias a una ley, esta sí revolucionaria, de Solón, no corrieron al Ágora para hacer valer sus derechos de seres libres, sino que plantearon otra forma de hacer política que no tuviera que contemporizar con la esclavitud, ni basarse en exclusiones, como era el caso del Ágora ateniense.

El secreto de los pobres es la conciencia de la falsa universalidad del sistema de los ricos. Eso era evidente en la edad de bronce del capitalismo, cuando se trabajaba para vivir y se vivía para trabajar. Y sigue siéndolo hoy cuando, ante la crisis financiera, el Estado corre en socorro de los bancos al precio del empobrecimiento general. Aunque esta movilización general en ayuda de los ricos se nos presente como inevitable o un mal menor, los pobres saben que no son medidas para salvar a todos porque ellos ya están hundidos.

Por eso a los sistemas políticos dominantes les desasosiega la figura del mendigo. Han invertido mucho en ideología para hacerlos invisibles: desde la repetida tesis de que los pobres son culpables de su pobreza, hasta el dicho evangélico de que “pobres, siempre los tendréis entre vosotros”, pasando por el desprecio del marxismo que solo veía en ellos un ejército de parásitos. Si son culpables, inevitables e inútiles, solo cabe quitarles de en medio. No es un asunto de estética. Se trata más bien de ocultar la figura denunciadora de un sistema político construido con exclusiones pero presentándose con una vocación compasiva, como decía aquel Bush de su política.

Los pobres son, en su desamparo, peligrosos. La pobreza ha sido el humus en el que han nacido los episodios de agitación social más definitivos. La experiencia de pobreza, en los unos, y el espectáculo de la miseria, en los otros, han sido el detonante de la indignación social. Las utopías de un mundo mejor o las teorías revolucionarias, incluidas las marxistas, solo han fructificado en terrenos abonados con la indignación provocada por el espectáculo de seres impotentes y humillados.

En un momento como el actual en el que la izquierda necesita la complicidad de la derecha para subsistir -¿cómo pagar si no la factura del Estado de bienestar o la protección al desempleo?- los pobres son el resto de una tradición crítica que se ha quedado sin claros contenidos. Son el índice de un fracaso. No solo del fracaso de un sistema empeñado en identificar los intereses de una minoría social con los de toda la sociedad, sino del fracaso de la política occidental que nació con la idea de encontrar reglas de juego que valieran para el partido de los ricos y de los pobres. Esa confianza estaba fundada en la experiencia de la humanidad, expresada en los mitos más antiguos, de que la pobreza no es algo natural, ni merecido, ni irremediable, sino que es un empobrecimiento del hombre por el hombre. Lo natural, desde la Biblia a Rousseau, es la igualdad. La política quiere hacer cohabitar al rico y al pobre porque entiende que hay una relación nada inocente entre pobreza y riqueza. Vamos, lo mismo que Alierta, el presidente de Telefónica, que decide de una tacada despedir a 6.000 trabajadores y repartirse 450 millones de euros entre los directivos.

La geografía de la pobreza y la privación social ha cambiado dramáticamente en las dos últimas décadas. Más del 70% de los pobres en el mundo ahora viven en países de ingresos medios. Este patrón, que probablemente continuará en la siguiente década, plantea preguntas importantes. ¿El desarrollo humano y la reducción de la pobreza han ido a la par con el crecimiento del ingreso? ¿Está incompleto el crecimiento si no hay progreso social e inclusión de géneros?

Consideremos a Asia del Sur donde la tasa de pobreza cayó del 60% en 1981 al 40% en 2005 –no lo suficientemente rápido, dado el crecimiento de la población, para disminuir el número total de pobres. De hecho, la cifra de personas pobres (definidas como las que viven con menos de 1.25 dólares per cápita al día según la paridad del poder adquisitivo de 2005) en Asia del Sur incrementó de 549 millones en 1981 a 595 millones en 2005, y de 420 millones a 455 millones en la India, donde viven casi tres cuartas partes de los pobres de la región.

En otras palabras, si bien las economías de Asia del Sur han tenido resultados en la reducción de la pobreza, el simple hecho de igualar las tendencias globales puede no ser suficiente para la región que concentra el mayor número de pobres.

En comparación con China, la India ha tenido un crecimiento del ingreso más lento, que en parte explica su tasa de pobreza más alta. Sin embargo, la tasa de pobreza de un país también depende del grado de desigualdad del ingreso –cuya reducción hace que el crecimiento sea más favorable a los pobres- y la desigualdad en China de hecho ha aumentado más rápidamente que en la India. Entonces, una corriente de progreso verdaderamente puede beneficiar a todos, y el crecimiento puede vencer a la desigualdad en lo que se refiere a la reducción de la pobreza.

Además, el crecimiento del ingreso ha contribuido a mejorar la educación. La tasa de alfabetización de los adultos en Asia del Sur va a la par con las normas globales. Sin embargo, los resultados en educación están rezagados en lo que se refiere a los niveles secundario y terciario, que se van haciendo cada vez más necesarias para prosperar en el mundo actual.

Tampoco los indicadores de salud han avanzado a la par que el aumento del ingreso. Asia del Sur tiene las tasas de desnutrición más altas del mundo y el mayor número de niños desnutridos, que tienen una tasa de mortalidad más elevada, un menor desempeño cognitivo y una mayor probabilidad de abandonar la escuela. Más de 200,000 personas en la India mueren anualmente de malaria, principalmente en las regiones pobres.

Además, mientras mucha de la atención internacional de la salud actual se concentra en el África subsahariana, la India junto con Bangladesh, Bután, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, sufren en la misma medida por las enfermedades tropicales no atendidas. En efecto, tan solo en la India se presenta una tercera parte de las infecciones intestinales mundiales causadas por parásitos y más de la mitad de los casos totales de elefantiasis, lepra y leishmaniosis.

En los últimos 50 años, las formas más sobresalientes de desigualdad, incluyendo la discriminación contra las mujeres en el acceso a la educación, la salud, el empleo, la participación política y los recursos domésticos se han revertido en gran medida. No obstante, en Asia del Sur persisten grandes desigualdades de género, más que en otros países de bajos ingresos.

Aunque la igualdad de género en la educación primaria ha aumentado, la tasa de deserción es mayor en el caso de las niñas que en el de los niños. La tradición de la dote presiona a las familias de las niñas a que las casen pronto, lo que da lugar a una preferencia por los niños – y por lo tanto a abortos de fetos femeninos. La legislación, los tribunales y los mecanismos de aplicación de las leyes no han logrado reducir los altos índices de violencia contra las mujeres. La tasa de mortalidad de las niñas es mucho mayor que la de los niños.

Estos indicadores son sintomáticos de un patrón general de discriminación. Las expectativas de que cuando las niñas crezcan no harán mucho más que servir a sus maridos reducen los incentivos de los padres para invertir en la educación de sus hijas. Las mujeres sin educación tienen entonces pocas alternativas y las expectativas se cumplen. De ese modo, las mujeres quedan atrapadas en un círculo continuo de impotencia que tiene importantes efectos negativos a largo plazo. En 2008, la participación de las mujeres en la fuerza laboral de la India era del 35% en promedio, mientras que en los países de bajos ingresos era del 58%. Además, una gran parte de las mujeres de la región trabaja en el sector informal.

La paradoja de Asia del Sur es que el crecimiento ha sido fundamental para reducir la pobreza y mejorar las condiciones sociales, pero la tasa de pobreza y las condiciones sociales no han mejorado con la rapidez suficiente para reducir el número total de personas que viven en la miseria. Como resultado, los encargados del diseño de políticas deben empezar a considerar las intervenciones directas de política para acelerar el progreso social, con énfasis especial en el desarrollo humano y la inclusión de género.

En el mundo incierto de hoy, los desórdenes sociales, la desigualdad de género y los conflictos en aumento han puesto a prueba la capacidad de los países para crear empleos, promover la igualdad de género, capacitar a los jóvenes y diseñar programas efectivos de protección social. Afrontar esos desafíos requiere entender con claridad cómo se pueden ampliar las oportunidades económicas para asegurar una reducción más rápida de la pobreza, promover el desarrollo humano y estimular el crecimiento con inclusión de género.

Una mayor igualdad de género puede contribuir al crecimiento económico y al desarrollo y las iniciativas importantes orientadas a aumentar las oportunidades para las mujeres pueden transformar a la sociedad. Si hace una generación más niñas hubieran asistido a la escuela, se habrían podido evitar millones de muertes infantiles cada año y decenas de millones de familias habrían tenido mejores condiciones de educación y salud y habrían sido más felices.

Nunca se debe pensar que un aumento de las desigualdades sociales es el precio inevitable del crecimiento acelerado, y no se debe considerar que las condiciones más igualitarias en materia de educación, salud y género son reformas de “segunda etapa”. Una estrategia de desarrollo que promueva primero el crecimiento y hasta después se ocupe de la miseria no es sostenible. Las políticas orientadas a lograr una redistribución más eficiente no tienen por qué obstaculizar el crecimiento en sí.

Abstract:

El siguiente documento aborda el estudio de la pobreza como un factor de riesgo para la estabilidad de los países que la padecen, aunque con implicaciones claras para la seguridad de otras regiones del planeta. En este caso, el objeto de atención preferente será la situación de África Occidental, atendiendo a las implicaciones que la pobreza endémica tiene para la seguridad de Europa en general y de España en particular. El propósito es llamar la atención sobre un factor de inestabilidad a menudo descuidado.

Tras una breve introducción, el epígrafe 2 analiza por qué la pobreza es una fuente de riesgos y cómo se transmiten esos riesgos a través de las fronteras. Los epígrafes 3 y 4 se ocupan de la situación actual de desarrollo humano de los 20 países que integran la región. Las secciones 5 y 6 contienen el análisis de las principales fuentes de riesgo y factores adversos así como los desarrollos más recientes de los principales conflictos. A continuación, se sintetizan las implicaciones para la seguridad de España y de Europa, para cerrar con la sección de propuestas y recomendaciones.

Resumen ejecutivo:

Con frecuencia, la pobreza y la falta de oportunidades económicas son las causas más citadas para explicar la continua inestabilidad que padece el África Occidental, región en la que habitan 340 millones de personas y están diez de los veinticinco países más pobres del mundo.

Naturalmente, las dinámicas de los conflictos en África Occidental son muy complejas y merecen un análisis detallado. No obstante, en el origen de la mayoría subyacen unas mismas causas: un reparto injusto de la riqueza, regímenes autoritarios que mantienen los privilegios económicos de una minoría, militarización, discriminación étnica, represión política y violaciones de los derechos humanos.

A lo largo de 2009, un 39% de los conflictos que tuvo lugar en el África subsahariana tuvo como escenario algún país de África Occidental. De los 34 conflictos que se registraron el pasado año en la zona que nos ocupa, 28 fueron intraestatales y sólo seis, enfrentamientos entre Estados. El control de recursos naturales, de regiones específicas o de las estructuras gubernamentales fueron, en ese orden, las causas más prevalentes. Respecto a los conflictos interestatales, el control de recursos es la causa más frecuente y el común denominador a todos ellos. Trece de los veinte países que integran la región estuvieron involucrados, al menos, en un conflicto. Con gran diferencia es la República Democrática del Congo –el país con el Índice de Desarrollo más bajo en la región– el que presenta la mayor propensión al enfrentamiento.

Hay al menos tres formas de aproximarse al vínculo entre pobreza y conflicto en África Occidental. La más habitual es la que considera la existencia de una relación causa-efecto entre ambos fenómenos. Una segunda perspectiva profundiza sobre la pobreza a la luz de los cambios en la naturaleza de los conflictos y las amenazas a la seguridad. Por último, y coincidiendo con el desarrollo de modelos integrales de seguridad, hay quienes ven en la pobreza una fuente de riesgos que se globalizan entre personas, países y generaciones. De ahí la necesidad de considerar nuevos enfoques de política e instrumentos para hacer frente a sus causas y efectos.

África Occidental es una de las regiones más precarias del mundo, donde la pobreza extrema afecta a uno de cada tres habitantes. Aunque en años recientes el crecimiento económico había sido sostenido en casi todos los países, las cifras de 2009 muestran una desaceleración, o incluso una caída, del PIB en 18 de los 20 países del conjunto. El PIB regional no llegó en 2009 al 2% de la renta agregada de la UE y el PIB por habitante en media fue menos de 400 dólares. En cuanto a la incidencia de la pobreza, los datos disponibles para trece países muestran que en diez de ellos más de dos tercios de la población viven con menos de dos dólares al día. En el caso de la extrema pobreza, el promedio de la región supera el 40%.

Los indicadores nutricionales y de seguridad alimentaria regional ponen de manifiesto que muchos africanos Occidentales se enfrentan, cada vez más con más frecuencia, a restricciones en las opciones de su sustento. De hecho, las tasas de malnutrición aguda han llegado a niveles serio y crítico en la mayoría de estos países en los últimos años. Como cabe suponer, otros indicadores educativos y sanitarios relevantes refuerzan este panorama sombrío.

En la región hay numerosas circunstancias presentes en el entorno, que pueden ser relevantes para la seguridad en la medida en que se manifiesten y resulte complicado descartar de forma definitiva la posibilidad de efectos perjudiciales. Entre los principales factores adversos cabe referirse a un crecimiento descontrolado de la población, la afluencia de flujos migratorios hacia países de la OCDE, la alternancia de inundaciones, sequías y plagas, el aumento de los precios de los alimentos y la energía y la incidencia del VIH/SIDA, entre otros. Cuando intervienen agentes que aceleran o crean las condiciones para la materialización del riesgo y sus efectos un factor adverso deviene fuente de riesgo; en el caso que nos ocupa estaríamos hablando de los tráficos ilícitos en el Golfo de Guinea, la piratería, el terrorismo y la tendencia de los Estados al fracaso.

La Política Europea de Seguridad y Defensa se reorientó hacia África en 2003, como motivo de la operación Artemis, en la República Democrática del Congo. Desde entonces, y por lo que se refiere a la África Occidental, el compromiso de la UE se ha ido extendiendo desde situaciones de conflicto abierto al sector de la seguridad, además de desplegar fuerzas militares. En 2007, en el marco de la Cumbre de Lisboa, los líderes europeos y africanos presentaron estrategia conjunta África-UE, que sin embargo, no ha conseguido transformar la cooperación para el desarrollo y la cooperación política entre ambos. Necesariamente, el compromiso en el ámbito del mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y la reconstrucción posconflicto debe ser capaz de vincular la seguridad con una perspectiva de desarrollo que considere al menos tres aspectos esenciales: crecimiento económico; mejora de las estructuras económicas, sociales y políticas; y mejora del bienestar socio-económico de la población. Tan importante como disponer de unos intereses de seguridad comunes, unos mecanismos para establecer una agenda y unas estructuras bien desarrolladas que respaldan las colaboraciones intercontinentales, así como la disponibilidad de fondos, lo es ser capaces de para vincular las políticas de desarrollo nacionales con la prevención de los conflictos y la reconstrucción posconflicto.

Para ello, en este documento de trabajo se hacen una serie de propuestas y recomendaciones, aunque en el punto de partida resulta imprescindible que la pobreza sea reconocida como una fuente de riesgos e inestabilidad en las estrategias de seguridad de Europa y de sus Estados miembros; seguir ahondando en el desarrollo de un concepto de seguridad amplio que abra la puerta a la participación de otros ministerios y agencias gubernamentales en la gestión de los aspectos transversales de la seguridad; e impulsar estrategias de cooperación para el desarrollo educativo, económico y de la asistencia sanitaria, empleando enfoques pragmáticos, pero innovadores.

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Durante diversos periodos de la historia se ha practicado el asedio, cuya finalidad era rendir por hambre a poblaciones. Hoy podemos decir que el hambre nos asedia, pues casi 900 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Esta situación sucede cuando las personas no tienen acceso social, económico, físico y de forma sostenida a una cantidad suficiente de comida para llevar una vida activa y saludable.

El drama del hambre azota con especial crueldad al tercer mundo, pero una situación de inseguridad alimentaria podría llegar en un plazo de 40 años al primer mundo. Esto puede producirse si los líderes de países desarrollados y organismos internacionales no se dejan de palabras y suntuosas reuniones repletas de comida, y pasan a la acción para erradicar el hambre en los países subdesarrollados y a diseñar políticas eficientes de producción y distribución de alimentos a medio y largo plazo.

Los desajustes en la producción de cereales entre el 2006 y el 2008 motivaron un alza de precios que causó problemas en países desarrollados. Y ahora mismo asistimos a una cadena de levantamientos populares en países árabes del llamado segundo mundo, donde el deterioro de las condiciones sociales y alimentarias tiene mucho que ver en ello.

Garantizar la seguridad alimentaria se ha convertido en nuestros días no solo en un problema a escala global, sino también en una prioridad de los gobiernos relacionado con la seguridad nacional.

Es más fácil decirlo que hacerlo, pues son muchas las amenazas y retos demográficos, económicos, climáticos y políticos que se ciernen en el horizonte, entendiendo por tal el periodo 2010-2050.

La perspectiva demográfica es obvia: se calcula que la población mundial, en algún momento del lapso de tiempo mencionado, se situará en torno a los 9.000 millones de personas, y todas querrán comer.

Si para entonces el tercer mundo ve agravada su situación, y buena parte de su población no puede comer y beber, se desplazará, produciendo flujos migratorios masivos e incontrolados. Lo que incrementará las posibilidades de conflicto e inestabilidad en el sistema global.

Desde un punto de vista económico, hay que aludir a las economías emergentes y a la mejora de la calidad de vida en general en los cinco continentes. Un incremento de la población y del consumo significa que la demanda de alimentos aumenta, y se calcula que entre el 2010 y el 2050 crecerá un 70%. La competencia por superficies cultivables, agua, energía y la sobreexplotación de los caladeros puede llevar a que quizá no se produzcan suficientes alimentos. De cara a asegurarse la comida del futuro, países como China, la India, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí y otras monarquías petrolíferas se han lanzado a comprar tierras y recursos naturales, fundamentalmente en África.

Debido a factores relacionados con el cambio climático, en los años venideros se perderán áreas cultivables por culpa de la desertización y del descenso de las precipitaciones. Nunca sumar dos y dos fue tan fácil. Esto es, menos tierras fértiles, menos alimentos, menos pastos y, claro, menos alimentos disponibles.

Y el problema solo puede acrecentarse cuando la gestión de los recursos cae en manos no democráticas, que no dudan en usar el hambre como herramienta política para satisfacer sus intereses particulares.

Dado que no podemos ser marxistas de la rama de Groucho y decir «paren el mundo, que yo me bajo en esta estación», solo cabe empezar desde ya a afrontar con rigor este desafío, que puede marcar el destino de la humanidad.

¿Qué puede hacerse? Entre otras medidas, cabe proponer las siguientes.

Extensión de la democracia, pues solo un régimen democrático se somete al control público y se preocupa realmente por su población, favoreciendo su educación, alimentación y desarrollo. Un sistema internacional de democracias es esencial para la acción y coordinación política necesaria para abordar la seguridad alimentaria.

A ello ha de sumarse una inversión global y relevante en proyectos agrícolas I+D+i. El objetivo de estos es, por un lado, aumentar la productividad de las tierras y, por otro, mejorar los productos transgénicos, así como combinarlos con una transición hacia programas de selección natural asistida por marcadores (SAM). Al hacerlo, obtendremos cultivos ecológica y económicamente sostenibles con mejores y mayores producciones, reforzando la soberanía alimentaria de países en vías de desarrollo.

También los principales actores globales deben acordar una explotación coherente de los recursos marítimos e hídricos, así como aumentar las áreas agrícolas en el primer mundo. Por ejemplo, la UE tiene que replantearse su política agrícola común y cesar en sus incentivos a la no producción.

Hay mucho en juego. La estabilidad global, presente y futura, pasa por la seguridad alimentaria. Como dijo Laurence Dudley Stamp, «un mundo hambriento nunca podrá ser un mundo pacífico».

The World Economic Forum convening this week in Davos, Switzerland, is organized around the theme of “Shared Norms for the New Reality.” As in past years, the conference will feature plenty of debate about how to solve global challenges in a multipolar, interdependent world. This “new reality,” however, is getting a little old.

Politicians, commentators and pundits have long opined – in Davos and elsewhere – about the arrival of emerging markets and the shift of economic power away from the West. Indeed, this theme is arguably the leading narrative in geopolitics and economics. The rise of the developing world quite rightly shapes our understanding of investment opportunities, the balance of military power, global governance and more.

Yet on one issue our understanding remains impervious to this new reality: the state of global poverty. Our sense of this topic remains firmly rooted in the year 2005 – the last year for which the World Bank has produced data on the number of people living on less than $1.25 a day. Thus we are routinely told that “today,” 1.37 billion people around the world are poor, including 456 million in India and 208 million in China, but such figures are six years out of date.

A lot has changed in the past six years. The economies of the developing world have expanded 50 percent in real terms, despite the Great Recession. Moreover, growth has been particularly high in countries with large numbers of poor people. India and China, of course, but also Bangladesh, Tanzania, Ethiopia, Vietnam, Uganda, Mozambique and Uzbekistan – nine countries that were collectively home to nearly two-thirds of the world’s poor in 2005 – are all experiencing phenomenal economic advances.

In the new Brookings Institution report “Poverty in Numbers: The Changing State of Global Poverty from 2005 to 2015,” we updated the World Bank’s official $1.25-a-day figures to reveal how the global poverty landscape has changed with the emergence of developing countries. We estimate that between 2005 and 2010, nearly half a billion people escaped extreme hardship, as the total number of the world’s poor fell to 878 million people. Never before in history have so many people been lifted out of poverty in such a short period. The U.N. Millennium Development Goals established the target of halving the rate of global poverty between 1990 and 2015; this was probably achieved by 2008, some seven years ahead of schedule. Moreover, using forecasts of per capita consumption growth, we predict that by 2015, fewer than 600 million people will remain poor. At that point, the 1990 poverty rate will have been halved and then halved again.

The decline in poverty is happening in all the world’s regions and most of its countries, though at varying speeds. The emerging markets of Asia are recording the greatest successes; the two regional giants, China and India, are likely to account for three-quarters of the global reduction between 2005 and 2015. Over this period, Asia’s share of the world’s poor is anticipated to fall from two-thirds to one-third, while Africa’s share is expected to rise to nearly 60 percent. Yet Africa, too, is making advances; we estimate that in 2008 its poverty rate dropped below the 50 percent mark for the first time. By 2015, African poverty is projected to fall below 40 percent, a feat China did not achieve until the mid-1990s.

These findings are likely to surprise many, but they shouldn’t. We know that growth lies at the heart of poverty reduction. As the growth of developing countries took off in the new millennium, epitomized by the rise of emerging markets, a massive drop in poverty was only to be expected.

With few exceptions, however, those who care about global development have been slow to catch on to this story. We hear far more about the 64 million people held back in poverty because of the Great Recession than we do about the hundreds of millions who escaped impoverishment over the past six years. While there is good reason to focus public attention on the need to support those still stuck below the poverty line, there is also reason to celebrate successes and to ensure that policy debates are grounded in reality.

When talk at Davos inevitably turns from the haves to the have-nots, participants should avoid falling back on their long-held views. It is time to break our collective cognitive dissonance, by which we exalt the remarkable growth of developing countries while simultaneously bemoaning the intractability of global poverty.

“Cómo duele en la cabeza de un hombre que pasa hambre el ruido de un huevo duro rompiéndose sobre un mostrador!”.

Esta imagen me recuerda, aunque tengan muy poco que ver entre sí, la estúpida arrogancia del escritor que esgrime su hambre para sentirse superior a sus congéneres en una de las más conocidas novelas del escritor noruego Knut Hamsun. O el voluntario ayuno que expone ante su público con orgullosa y tozuda profesionalidad el protagonista de Kafka en El artista del hambre. O la casi ufana pobreza de Hemingway en París era un fiesta. O el hermoso cuento de Luis Mateo Díez donde un hombre se encamina hacia la pobreza voluntariamente porque es la única solución que encuentra para desprenderse de la insustancialidad que dibuja su asfixiante vida burguesa, el fulgor que le guía en la oscuridad de su banal existencia. Aquel verso, de un poema de Jacques Prévert, fue el primer contacto literario que tuve con la pobreza. La experimenté, alguna vez, como una amenaza tangible. Ser, como esos personajes urbanos de Paul Auster, repentinamente pobre. Desasistido en un abrir y cerrar de ojos de la generosidad humana, de la piedad. El horror a la intemperie, a la insignificancia material.

El Diccionario de la Lengua Española define a un pobre, en su primera acepción, como alguien que no tiene lo necesario para vivir. Y unas líneas más abajo, en una tercera acepción, dice lo siguiente de la misma figura: infeliz, desdichado y triste.

No deja de llamar la atención que una misma entrada nos defina a un pobre con esa familiar impersonalidad de los diccionarios y un poco más adelante nos proponga su dramática novela. De pronto, el aséptico personaje del diccionario adquiere una áspera y aflictiva existencia. El Diccionario de uso del español, de María Moliner, intensifica el drama del pobre. No en su primera acepción, que casi dulcifica su condición comparada con la del diccionario de la Real Academia, sino en la quinta, con un rotundo “pobre de solemnidad”. Algo así como si detrás de su escueta formulación se escondiera un relato más naturalista, en la estela de dolorosa indigencia del poema de Prévert.

Dickens y Benito Pérez Galdós (al final de su vida él mismo pobre) cuánto nos ayudarían en la investigación de la pobreza en el siglo XIX. De la misma manera que la pintura barroca española en el siglo XVII, con José de Ribera a la cabeza, complementa con precisión sobrecogedora los estudios macroeconómicos de la época. Estas instancias, muchas veces, independientemente de su mayor o menor nitidez expresiva, empeño descriptivo o reflexión filosófica, nos aproximan a un fenómeno social que cada vez nos incumbe más y del cual es casi imposible abstraernos. Cada día vemos más en nuestras ciudades crecer el ejército de pobres.

Los tenemos a nuestro lado. Incluso es posible que los tengamos en nuestro propio rellano. Ese señor o señora correctamente atildados a los que una noche descubrimos hurgando en el contenedor de la esquina.

La ciencia estadística, junto con el arte y la literatura, ayudan a hacernos una idea científica y emocional de este terrible problema. El éxtasis económico y financiero de la sociedad europea antes de la actual crisis disimuló a la perfección la miseria cotidiana. Los actuales 12,5 millones de británicos que están por debajo del umbral de pobreza, no se hacen de un día para otro. Ni el millón de asalariados pobres en Francia, de los cuales la mayoría son mujeres, tampoco. Ni los tres de cada 10 hogares españoles que llegan a fin de mes con enormes dificultades. Ni los 1.200 millones de pobres que viven en nuestro amado planeta con menos de un dólar diario.

El Banco Mundial maneja en sus informes oficiales el concepto de pobreza absoluta, que debe de ser algo así como el pobre de solemnidad de María Moliner. Pues bien, en 2004 vaticinó que no sería hasta el 2015 que dicha pobreza se rebajaría en un 50% en todo el mundo, aunque el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el mismo año, sentenció que dicho horizonte no se alcanzaría en África hasta el año ¡2147!

En 1933, George Orwell publicó Vagabundos en París y Londres, su primer libro. Lo leo ahora en la excelente edición de Carlos Villar Flor (Menoscuarto). Sus vivencias en ambas ciudades europeas las consideró “una lección de pobreza”.

Fabián Estapé escribe en Mis economistas y su trastienda que Alfred Marshall compró un día un cuadro que representaba a un mendigo. Lo colgó en su despacho, no fuera que se olvidara de que la misión de un economista es solucionar los problemas de los más humildes.

Millones de personas hay ahora mismo en el mundo a las que les duele en sus cabezas el ruido de un huevo duro rompiéndose lejos de su alcance.

The word “hunger” connotes two different experiences: deprivation and desire. In our two African countries, and in the developing world in general, nearly 1 billion people experience a severe lack of food and yearn to lift themselves out of poverty. For our world to be stable, it must become free of the worst forms of deprivation. For our world to be more just, the desires of the poor must be fulfilled.

A decade ago, the world agreed to halve extreme poverty and hunger by 2015 as part of the UN millennium development goals. World leaders gathered in New York last week to renew their commitments for addressing global hunger, even as this goal is slipping away. In fact, due to the steep rise in food prices from late 2007 to early 2009 and the recent global economic crisis, global hunger has actually increased. Today, one out of every six people on earth is undernourished.

Our countries are struggling with multiple interlinked challenges: as food prices turn volatile, poor households’ access to food weakens; as rainfall and temperature patterns change, small farmers lose yields; and when water is scarce and soil is eroding, yields drop. The rate of growth of yields is falling below critical levels for the first time in three decades. Together, these trends make food access and production more uncertain. As this happens, small farmers and people living in poverty who depend on agriculture, especially smallholders, are the most vulnerable.

We know the solutions to our systemic challenges: our farmers need improved inputs, including seeds as well as improved soils; they need roads that will connect them to markets; they need agribusiness credit and private sector investments to spur growth; they need facilities to reduce their estimated 40–60% post-harvest losses and they need training and technology to cope with climate change. Most of all, they are yearning for results. If we can boost agricultural productivity, we can accelerate economic growth and raise incomes for communities, countries and our continent as a whole.

As our governments take action, we need the international community to do its part as well. A green revolution in Africa depends on locally driven solutions plus reliable donor support. Neither ingredient is sufficient on its own – both are indispensable.

That is why Africans, on whose shoulders the responsibility of transforming agriculture rightly falls, have devised a powerful initiative to support smallholder farmers using the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) process. Through CAADP, African nations have developed and are developing comprehensive agriculture strategies and sector investment programmes and have pledged to devote 10% of our national budgets to agriculture. Between 2007 and 2009, Rwanda has increased its investment in agriculture by 30%, and in Sierra Leone, agriculture has gone from 1.6% of the budget to 9.9% in 2010. More than 20 African countries have adopted CAADP.

A year ago, world leaders gathered at L’Aquila and pledged $22bn towards food security and to help reverse three decades of declining donor support for agriculture. The G20 in Pittsburgh called for a multilateral fund to scale up assistance in the agriculture sector. To advance this commitment, the United States, Canada, Spain, South Korea and the Bill and Melinda Gates Foundation launched the Global Agriculture and Food Security Programme as a new fund to help the world’s poorest farmers. Our two countries were among the first five recipients of $50m grants from this fund.

In Rwanda, two-thirds of smallholder farms are located on steep hillsides, where soil erosion is a major problem. Torrential rains wash away fertilisers and improved seeds before their benefit can be felt. This new fund is supporting an ambitious hillside terracing initiative so that farmers – the vast majority of whom are women – can protect their land, have better yields and generate more income to care for their families. In Sierra Leone, the fund is helping small-scale farmers move from subsistence to commercial farming, including investing in the necessary infrastructure to facilitate the processing, packaging, storage and marketing of agricultural surpluses triggered by commercialisation.

For our two countries, this fund, managed by the World Bank, has proved to be one of the few sources of new and additional financing for agriculture that is aligned with our needs and priorities. The fund reflects the international community’s will to act in a co-ordinated manner on an issue that is fundamental to poor countries’ growth, development and stability. With governance of the fund shared by developed and developing countries, it demonstrates a mutual commitment to sustain our focus on agriculture until the job is done.

Yet, six months after its launch, with a lack of additional pledges, the fund’s sustainability is at risk. Next month, several African countries that have completed their comprehensive agriculture strategies will be approaching the fund for support. Unless new donors come forward, most of these countries will be turned away.

African countries like ours are leading by example. Now, donors must keep their side of the bargain. We urge broader and deeper support for the global agriculture fund. Let our collective action be sustained until we end food insecurity. Let it be inspired by the aspirations of a billion people.

As 140 heads of state and government gather Monday at the United Nations for the Millennium Development Goals summit, they and the public will ask what has come out of this decade-long effort.

The answer will surprise them: A great deal has been achieved, with some of the most exciting breakthroughs occurring in Africa.

I recall how the Millennium Development Goals were initially greeted with cynicism — as unachievable, pie-in-the-sky, a photo-op rather than a development framework. Cynicism has been replaced by hope, born of experience, commitment and breakthroughs.

Back in 2000, the situation in Africa was widely regarded as hopeless. Roughly half of Africa’s population was living on less than one dollar a day. AIDS, malaria and TB were out of control. Wars were pervasive; Liberia, Sierra Leone, Sudan, Uganda, Somalia, and the biggest of all, Congo, were all entangled in conflicts. The African economies had stagnated or declined for a generation.

When my colleagues and I suggested that AIDS, malaria and other epidemic diseases could be controlled and that Africa’s economic growth could be spurred if the world helped the continent to achieve the Millennium Goals, we were often greeted with derision. Africa, I was told, was simply too violent, too corrupt, too divided to improve.

A decade later, the picture has changed dramatically. AIDS incidence has declined, from an estimated 2.3 million new cases in 2001 to 1.9 million in 2008; longevity has risen tremendously, with millions of Africans now on antiretroviral treatment. Malaria is dropping decisively because of programs to distribute bed nets and provide medicines. Measles deaths fell by 90 percent between 2000 and 2008, before a frustrating uptick this past year when donors mistakenly cut back their financing for immunizations. Primary school net enrollments have risen from 58 percent in 2000 to 74 percent in 2007. Most of Africa’s major wars have subsided.

Africa’s economy has also picked up. During 1990-2000, Africa’s per capita G.D.P. declined by 0.3 percent per year. Between 2000 and 2010, per capita growth was around 3.1 percent per year. And Africa has shown resilience in the current crisis, with this year’s per capita economic growth at around 2.5 percent.

Extreme poverty is declining, though not yet fast enough to meet the MDG targets. The share of the African population in extreme poverty has also declined from around 58 percent in 1999 to probably under 50 percent in 2010.

The Millennium Development Goals themselves deserve a lot of credit by providing a powerful organizing framework and a bold but realistic time horizon.

Dozens of African governments have now adopted national planning strategies based on the Millennium Goals. Nations around the world now have specific, time-bound, outcome-oriented plans that are showing real progress because they are tapping into the synergies of poverty reduction, increased agricultural output, disease control, increased school enrollments and improved infrastructure as targeted by the Millennium Development Goals. The donor countries helped to promote major advances in public health when they created the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria, and the Global Alliance for Vaccines and Immunizations.

China’s economic rise has also pulled up the demand for Africa’s mineral and hydrocarbon resources. China obliged as well by becoming a major funder of Africa’s roads and power networks — critical areas where the United States and Europe have mostly stopped financing investment projects.

Asia and the Middle East more recently have become major markets for Africa’s tropical agricultural output as well. African leaders, such as President Bingu wa Mutharika of Malawi, also broke old donor-led shibboleths by establishing new government programs to get fertilizer and high-yield seeds to impoverished peasant farmers who could not afford these inputs. Farm yields soared once nitrogen got back into the depleted soils.

The Millennium Development Goals have always recognized the need for a global partnership to end poverty, and U.N. Secretary General Ban Ki-moon and U.N. agencies have been persistent in their support of this ambitious agenda. Ironically, though, the main obstacles to achieving the goals by 2015 in Africa are international in origin, many due to high-income countries.

The first challenge is the donor shortfall in honoring specific financial commitments to Africa. Africa was told in 2005 by its donor partners to expect about $60 billion in financing from all of the world’s governments in 2010, but actual aid is only around $45 billion.

The second is human-induced climate change, another visitation upon Africa from the outside world. The region that has contributed by far the least to human-induced climate change is the one bearing the highest price in terms of drought and crop failures.

The third threat is large-scale corruption, often fueled by major American, European and Asian companies. Of course, it is Africa’s responsibility to resist temptations, but global companies (sometimes with the support or tacit knowledge of governments) must also stop spreading the big dollars around.

The fourth threat is rampant population growth. The Roman Catholic Church, politically powerful throughout the continent, continues its opposition to birth control and family planning.

The fifth threat is trade. Europe and the United States preach free trade, but then close their markets to African agricultural products.

The sixth risk is that of neglect. President Obama has spent only one day in sub-Saharan Africa, and has hardly said a word about the Millennium Goals to the American people. Ironically, it is the precisely the goals themselves, rather than hundreds of billions of dollars of annual military spending, that can offer the U.S. and other countries a path to security in places like Afghanistan, Yemen and the Horn of Africa.

The world leaders will agree on the right principles at the summit: targeted investments for agriculture, education, health, energy and microfinance; gender equality; the complementary roles of development aid, trade and private financing. The real question is whether the rich countries will deliver what they’ve promised in the five remaining years, after having fallen far short in the first 10.

When the donor nations have not just talked but have actually pooled their funds to support the national plans of poor countries, the speed of advance has been breathtaking. The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria is the right model. If donors will match that successful effort with similar pooled support in areas such as smallholder agriculture, primary education, primary health, family planning and infrastructure, Africa’s leaders can do the rest.

On their 10th birthday, the Millennium Development Goals offer the world a realistic path to ending extreme poverty.

Ten years ago, heads of state from across the world promised “to spare no effort to free their fellow men, women and children from the abject and dehumanizing conditions of extreme poverty, to which more than a billion of them are currently subjected.” The historic Millennium Declaration was duly adopted and the Millennium Development Goals (MDGs) were established, with the aim of reversing the grinding poverty, hunger and disease affecting billions of people.

Ten years is a long time, and many millions will be looking to the United Nations General Assembly’s summit meeting next week to assess progress on the MDGs for a beacon of hope, a chink of light. For millions who continue to eke out a living on less than $1 a day, our words alone will not be fodder enough for the hungry and destitute, unless they are backed by action that leads to significantly more progress.

We will hear much in the coming days about maternal health and child mortality, about gender equality and combating disease. These are critically important issues and it is absolutely right that we focus on safe motherhood, redouble our efforts to fight H.I.V./AIDS and malaria, and improve the lives of women and children in all developing countries. What we will almost certainly not hear much about, however, is the most off-track and possibly least fashionable Millennium Development Goal intervention — sanitation.

Sanitation is often referred to as an “orphan” MDG, not included in the initial list of eight Millennium Development Goals until some two years after the others were established. No one likes to talk about disposal of human waste. But the lack of adequate toilets is one of the greatest untold development challenges facing the international community.

There are 2.6 billion people who will go through today, just as they do every day, without a proper toilet. According to a recent report in The Lancet, the biggest killer of African children under five is diarrhea, which kills more children globally than AIDS, measles and malaria combined. The vast majority of these deaths could be prevented by investing in safe toilet facilities, clean drinking water supplies, and raising awareness of the need to improve hygiene practices — for example, washing hands with soap. These simple and cost-effective interventions can also significantly reduce other leading causes of child deaths, such as pneumonia and under-nutrition.

Such illnesses have a critical impact on the health sector and subsequently the economy. At any one time, half of all hospital beds in developing countries are filled with people suffering from water and sanitation-related diseases, and some 443 million school days are lost each year due to sickness. We know, for example, that 11 percent more girls attend school when sanitation is available.

In Liberia, we have seen important gains in reducing child mortality and an increase in budgetary government funding to the water and sanitation sector, from $200,000 in 2006 to $524,000 last year. With just 14 percent of Liberians having somewhere to call a toilet of their own, huge challenges remain, especially if we are to reach the most vulnerable and marginalized sections of society, and improve the population’s well-being.

If our heads of state meeting next week are serious about achieving the Millennium Development Goals — not only to halve the proportions of people without access to sanitation and water by 2015, but also to get more children into school and to reduce child mortality by two thirds — we must commit ourselves to ending water and sanitation poverty.

April of this year witnessed the first glimmer of hope. At the first high-level meeting of the Sanitation and Water for All partnership, Liberia, together with 17 other African and Asian countries, made strong commitments to increase access to basic sanitation and safe drinking water at the national level. These countries also reiterated their commitment, under the eThekwini Declaration, to allocate 0.5 percent of their G.D.P. to sanitation.

In Liberia, we recognize that we will face challenges in meeting these targets at the national level. But we are totally committed to face and overcome them by working effectively in partnership with civil society, the private sector and other financial and development partners, to ensure that no child dies needlessly from sanitation and water-related illness.

We cannot wait another 10 years. Let us act now to ensure that citizens everywhere can live healthy and dignified lives, full of the promise and potential that is their right.

Isabel is four years old. Her belly and ankles are swollen and she walks as if it hurts a little bit. Her family, who live in eastern Guatemala, have not had the means to feed her properly, so she is being treated for kwashiorkor – acute malnutrition.

Even though it is classified by the World Bank as a middle income country, the level of inequality in Guatemala is such that almost half its children under five suffer from chronic malnutrition. This is the fifth highest rate of chronic malnutrition in the world, higher even than that in Haiti, which is by far the poorest country in the Americas.

Isabel will stay in the clinic supported by Christian Aid until she is well again. In some ways, she is lucky. At this time of year when the previous year’s harvest has run out, children do die of hunger in this part of Guatemala.

Isabel will recover from kwashiorkor but she will never recover from the irreversible effects of chronic malnutrition, which severely stunts physical and mental development. There’s no excuse for this anywhere, and especially not in a country with as much wealth as Guatemala. Along with the dubious distinction of having the fifth highest level of chronic malnutrition, it is also the world’s fifth largest exporter of coffee and sugar.

This state of affairs is no accident. It is a direct result of the extremely regressive tax regime in Guatemala and many other Latin American countries. The poorest pay a far higher proportion of their income on the equivalent of VAT and other indirect taxes, whilst the business elite enjoy a very generous regime of tax incentives. As a result, one in 20 Guatemalan children does not reach the age of five due to infectious and diarrheal diseases that are easily preventable and treatable. Two-thirds of the country’s children do not complete primary school on time and illiteracy levels are closer to the average for sub-Saharan Africa than to that for Latin America.

Guatemala stands out as much for its indicators of wealth as for those of poverty. The country with the highest number of private aeroplanes and helicopters per head in Central America is also the country with the highest rate of women dying from complications in pregnancy because they lack affordable transportation to a health centre.

In an effort to address these extreme inequalities, a Christian Aid-supported thinktank, the Central American Institute for Fiscal Studies (Icefi in Spanish), hosted an international symposium in Guatemala City last week. It was attended by Simon Pak, an internationally recognised tax expert, with a view to strengthening the Tax Justice Network in Latin America and tackling some of the more regressive policies in the region. Because Guatemala has one of the lowest tax burdens in Latin America, as well as one of the most generous regimes of tax breaks, Icefi chose to focus on the country as a case history for regressive tax policies in the region.

The report focuses on three human rights – those to food, health and education – and on three serious threats to these rights: child malnutrition, maternal mortality and low primary school completion. These issues were selected because they have been declared national priorities by successive governments in Guatemala. They also represent three key fronts in the struggle against poverty, to which all states have committed through the framework of the UN millennium development goals. If they are to have any hope of achieving the goals, and reducing the number of damaged children like Isabel, then governments need money. And the only reliable, sustainable source of that money is tax.

The global economic crisis has claimed many victims – unemployed workers, flooded homeowners and bankrupt pensioners – but nowhere have the repercussions been as devastating as in the developing world.

The setback to the fragile gains of recent years, particularly in Africa, threatens to return millions of people to the extreme poverty from which they had just managed to escape. In addition to the prospect of enormous human suffering, severe economic, political, and social pressures now threaten to overwhelm and destabilise developing countries, triggering conflict on an unprecedented scale.

What makes the downward spiral particularly disheartening is that the economic crisis has hit at a time of the first glimmerings of progress, notably in healthcare. Since 2000, the rate of people dying from Aids has declined, child-killing diseases like malaria and measles are being tackled more effectively, universal primary education is inching forward, and the targets for safe drinking water are in sight.

Now, though, the global economic crisis is sapping developed countries’ shaky efforts to fulfil their commitments for official development assistance (ODA) in order to achieve the United Nations’ millennium development goals (MDGs). A UN report warns that annual investment from these donor countries is falling $35bn short of the $150bn goal. Unless something changes, there is little chance that the MDG targets can be sustained in the long run.

Indeed, the consequences of the fall-off in ODA are already dramatic; the number of people going hungry and in extreme poverty is now far greater than before, and the same is true of the unemployed, those who work in vulnerable jobs, or earn less than $1.25 (81p) a day. Progress in health and literacy is being undermined. World Bank data links the economic downturn to an increase in mortality among children under the age of five.

Moreover, 536,000 women a year die in childbirth, and maternal health is also the one goal towards which progress has stagnated since the targets were established 10 years ago. Every minute that passes means one less mother, and it is shameful that 99% of these deaths occur in developing countries.

So should we despair of achieving the MDGs, not just by the original deadline of 2015 but even by the end of the century? Viewed through the traditional ODA prism, with its one-year budgets, public-finance constraints and competing national priorities, there seems little cause for optimism. But there is a way to replace the traditional paradigm with an internationally accepted model that has a proven record of success, particularly in healthcare.

Innovative financing mechanisms offer the means to tap incrementally into global financial flows without disrupting economic activity. Among the best-known examples is Unitaid, a UN-sponsored international drug-purchase facility funded largely through a small fee added to airline tickets, which has raised $1.5bn since 2007. This reliable funding source has spearheaded the fight on the three health-related MDGs: treating and fighting life-threatening diseases like HIV/Aids, malaria, and tuberculosis; reducing childhood mortality; and improving maternal health.

Providing funding in 93 countries, Unitaid today finances drugs for three-quarters of the children around the world who receive antiretrovirals. Widespread coverage has been achieved through Unitaid’s influence on the price of life-saving drugs: it guarantees a market through long-term commitments to purchase high volumes of medicines and diagnostics – a commitment made possible by the sustainable and predictable funding of the “air tax”. As a result, the price of antiretrovirals has been cut by more than 50%.

Similarly, Unitaid is attacking child mortality through Unicef’s extensive programme to eradicate mother-to-child HIV transmission. By the end of 2010, 4 million African women will be screened, and tri-therapies treatment provided to 500,000 pregnant women worldwide.

Unitaid is now building on this success by teaming up with the Millennium Foundation to give individuals a chance to help fight major diseases through micro-contributions. An innovative fundraising mechanism called Voluntary Solidarity Contribution will allow air travellers and others to make a voluntary micro-donation to Unitaid simply by ticking a box when buying say, a plane ticket, and adding $2 to the total cost.

The “air tax” currently applies to only 7-10% of all airline tickets sold, yet the $400m it brings in yearly accounts for three-quarters of Unitaid’s financing. With more than a billion people now travelling by air every year, and with a total of 2.2bn flights sold, extending the “air tax” approach to a voluntary contributions model would vastly multiply the programme’s benefits.

Such new financing mechanisms, in addition to national ODA investments, are an important means of supporting the beleaguered MDGs. In September, Ban Ki-moon, the UN secretary general, convenes a summit in New York to renew the drive toward reaching the MDGs, the world leaders in attendance should endorse their use to address MDG priorities in areas other than health.

When the MDGs were adopted in 2000, the sense of urgency was powered by the moral conviction that extreme poverty had become an unacceptable anachronism in our globally connected world. But more is needed, and September’s summit in New York will be an important opportunity for countries to voice their full-throated support for innovative financing mechanisms, and thus give the MDGs a fighting chance.

Slum tourism has a long history — during the late 1800s, lines of wealthy New Yorkers snaked along the Bowery and through the Lower East Side to see “how the other half lives.”

But with urban populations in the developing world expanding rapidly, the opportunity and demand to observe poverty firsthand have never been greater. The hot spots are Rio de Janeiro, Mumbai — thanks to “Slumdog Millionaire,” the film that started a thousand tours — and my home, Kibera, a Nairobi slum that is perhaps the largest in Africa.

Slum tourism has its advocates, who say it promotes social awareness. And it’s good money, which helps the local economy.

But it’s not worth it. Slum tourism turns poverty into entertainment, something that can be momentarily experienced and then escaped from. People think they’ve really “seen” something — and then go back to their lives and leave me, my family and my community right where we were before.

I was 16 when I first saw a slum tour. I was outside my 100-square-foot house washing dishes, looking at the utensils with longing because I hadn’t eaten in two days. Suddenly a white woman was taking my picture. I felt like a tiger in a cage. Before I could say anything, she had moved on.

When I was 18, I founded an organization that provides education, health and economic services for Kibera residents. A documentary filmmaker from Greece was interviewing me about my work. As we made our way through the streets, we passed an old man defecating in public. The woman took out her video camera and said to her assistant, “Oh, look at that.”

For a moment I saw my home through her eyes: feces, rats, starvation, houses so close together that no one can breathe. I realized I didn’t want her to see it, didn’t want to give her the opportunity to judge my community for its poverty — a condition that few tourists, no matter how well intentioned, could ever understand.

Other Kibera residents have taken a different path. A former schoolmate of mine started a tourism business. I once saw him take a group into the home of a young woman giving birth. They stood and watched as she screamed. Eventually the group continued on its tour, cameras loaded with images of a woman in pain. What did they learn? And did the woman gain anything from the experience?

To be fair, many foreigners come to the slums wanting to understand poverty, and they leave with what they believe is a better grasp of our desperately poor conditions. The expectation, among the visitors and the tour organizers, is that the experience may lead the tourists to action once they get home.

But it’s just as likely that a tour will come to nothing. After all, looking at conditions like those in Kibera is overwhelming, and I imagine many visitors think that merely bearing witness to such poverty is enough.

Nor do the visitors really interact with us. Aside from the occasional comment, there is no dialogue established, no conversation begun. Slum tourism is a one-way street: They get photos; we lose a piece of our dignity.

Slums will not go away because a few dozen Americans or Europeans spent a morning walking around them. There are solutions to our problems — but they won’t come about through tours.

Una vez iniciados los inevitables ajustes fiscales, ahora hay que centrar el debate en el reparto de sus costes. Las primeras medidas (elevación del IVA, congelación de pensiones y reducción de salarios e inversión pública) sesgan el esfuerzo hacia las capas sociales medias y bajas. Y, por ello, sería conveniente que los presupuestos incluyan una ampliación de la base sobre la que recae el sacrificio. Gran Bretaña sugiere el camino: elevaciones en el IRPF y en la tributación de las plusvalías y otras rentas del capital o reconsideración del trato fiscal de las SICAV, por ejemplo, y mejoras en el trato fiscal para las pymes, las creadoras de empleo. En todo caso, como espero que esta discusión emerja el próximo otoño, no es mi interés entrar en materia antes de tiempo. Pero, relacionadas con aquel reparto y al albur de otras consecuencias de la crisis, quisiera hacer llegar un tipo distinto de reflexiones, aparentemente alejadas de los graves problemas que afrontamos.

Hace meses vengo observando en mi barrio, Sant Andreu del Palomar, en Barcelona, una creciente presencia de hombres y mujeres escarbando en los contenedores de basura. Con un metódico proceso, toman una bolsa, extraen algo que puede ser de utilidad y vuelven a colocarla en su sitio, pasando a continuación a otra y, así, hasta finalizar la inspección. Su perfil exterior es muy diverso. Pero en ningún caso se esperaría, a la luz de su apariencia, que sus necesidades fueran tan básicas y perentorias.

A este colectivo se ha añadido, estos últimos días, el de una joven pareja, con una pequeña, -o pequeño-, de pocos meses en brazos de la madre, recogiendo chatarra, de forma también muy profesional, trajinando un carrito donde la atan para su mejor transporte. Observando esta familia, el cuidado con el que apilan el metal, la ayuda de esa madre con el carro en una mano y el niño en brazos, el trabajo meticuloso de su compañero analizando cada contenedor, tuve la certeza de que nos estamos equivocando. Que el héroe, los héroes, de esta crisis son, como siempre, los de abajo, como Carlos Fuentes quiso titular una de sus obras más conocidas. Que hay que tener mucho coraje para tirar adelante, con perspectivas de avance social nulo, luchando solo por la más estricta supervivencia. Y que los héroes modernos, por ejemplo nuestros futbolistas de los mundiales embolsándose 600.000 euros por barba, no lo son.

Contemplando aquella niña, ¿o niño?, en los brazos de esa joven, con el calor abrasador de las tres de la tarde de un día de finales de julio en Barcelona, las preguntas se me agolpan. ¿Tienen cobijo decente? ¿Cómo acunan al bebé? ¿Qué alimentos recibe? ¿Cómo lo bañan? ¿Tienen alguien que les apoye? ¿Qué les depara el futuro? ¿A dónde se dirigen? Viéndolos desaparecer calle abajo, sin ruido ni aspavientos, se refuerza mi convicción de que una sociedad avanzada no puede, no debe, permitir esas desigualdades, y, entre ellas, la de oportunidades. Porque esa niña, ¿o niño?, ya está en la vía equivocada, aquella que lleva al fracaso escolar, la pobreza y, finalmente, la marginación. Porque lo que importa es el futuro. Y al de esa niña, ¿o niño?, poco o nada podrán aportar sus padres.

No se argumente que se trata de una situación extrema. Que lo es. Pero problemas que se asemejan a este, con intensidades dispares, los tienen muchas de nuestras familias, enfrentadas a los estragos de una crisis que no provocaron, a la ruptura de expectativas de sus jóvenes, y no tan jóvenes, y al descubrimiento de un horizonte sombrío para sus hijos.

A la luz de esta nueva realidad, mis preocupaciones macroeconómicas me parecen menos relevantes. O, en todo caso, si continúan siendo importantes es porque deberían tener traducción positiva en la vida de esos millones de personas, en sus perspectivas de futuro, en la educación y el trabajo de sus hijos. En fin, en la vida misma de nuestra sociedad y de los valores sobre los que deseamos construirla y reforzarla.

Quizá sea mi nieta Laura, la hija de mi hija, no hace mucho recién estrenada en el mundo, la que me empuja a contemplar la realidad desde otro ángulo. Jugando con ella, viendo todo el cuidado que recibe y adivinando el apoyo, de todo tipo, que se anticipa para su futuro, las desigualdades, en especial, la de oportunidades, me parecen menos aceptables que nunca. Por ello, es importante que los próximos presupuestos del Estado incluyan medidas que afecten más a aquellos que más tienen. Que reequilibren, siquiera sea de forma modesta, los estragos de la crisis.

Escribo estas líneas al atardecer, cuando, con la aparición de las primeras sombras de la noche, la pobreza desaparece, regresa a su cubil, silenciosa como siempre. Pero, aunque no la veamos, está ahí, sufriente, desesperanzada y, en especial, heroica. Nuestra economía no está bien, pero ello no significa que, al amparo de la situación actual, abandonemos el esfuerzo en pos de una sociedad más igualitaria, con una creciente igualdad de oportunidades. Una salida de la crisis que olvide qué sociedad futura deseamos, será una salida en falso. Al menos para mí.

El joven estaba colocado junto a la escalera mecánica que hacía de paso obligado para salir del metro. Su edad pasaría de los veinte años, pero sin excesos. Vestido correctamente, con la camisa abierta y una cazadora discreta, azulenca. La mirada algo ida, como de quien espera pocas novedades y está un poco aburrido de su propia historia. Estatura mediana, ligeramente echado hacia delante. Quizá el rasgo más singular de su aspecto fuera una discreta perilla, casi un bozo perfilado que le resaltaba el rostro, otorgándole un aire de efebo con experiencia de gustar. A sus pies un cartel, claro y rotundo, de aspirante a mendigo: “Si no me ayudan, tendré que prostituirme”.

Me quedé mirándole tan intensamente que me hubiera gustado ser de aquellos fotógrafos antiguos que hacían retratos con una máquina pesada y trípode, y que se echaban sobre la cabeza un trapo a modo de capucha antes de hacer una señal con la mano y avisar de que salía el pajarito. Una foto de época, de la nuestra. Un veinteañero, a la puerta interior de un metro, en una capital del mundo desarrollado, nos amenaza con prostituirse si no le echamos unas monedas en el cuenco que nos ha puesto delante.

Llevo semanas dándole vueltas a esa misma escena. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que un chaval echara sobre mí la responsabilidad de ejercer de puto si no le daba una limosna. ¿Limosna? Una de esas palabras moribundas de un tiempo que creíamos ido. Nadie admitiría hoy que le diéramos una limosna; todo lo más asumiría que le concediéramos una ayuda. Y sin embargo es lo mismo, sólo ha cambiado el lenguaje; pero si cambia el lenguaje es que algo ha sucedido que obliga a variar el significado. Si las cosas no cambian y las palabras sí, es que alguien nos está engañando. La lógica común confirma que si yo presto ayuda a una persona es porque no se trata de un mendigo, porque a los mendigos se les daba una limosna, no una ayuda. ¿Pero cómo podría ser un mendigo quien tiene la posibilidad de prostituirse?

En una sociedad abierta, a todo el mundo le cabe la posibilidad de prostituirse y además no se trata sólo de una posibilidad entre mil, sino de la forma más eficaz de colocarse en un mercado altamente competitivo. Pero es menester entender que el puto involuntario que me responsabiliza de su mal oficio no es algo intelectual ni de conciencia, sino algo tangible y físico, y degradante, como la prostitución. ¿Alguien se imagina a una joven con un cartel donde precisara que si no la ayudaban debería “hacer la calle”? Se entendería como un llamamiento indirecto a la prostitución, y con toda probabilidad habría un enjambre de tipos dispuestos a llenarle cuantos cuencos hiciera falta.

Los mendigos son retratos sociales, evidentes por exhibicionistas, pero bastante más complejos de lo que creemos, y por eso nos dan cierta aprensión y nos resistimos a analizarlos. ¿En qué se diferencian los mendigos de nuestra infancia, que exhibían sus llagas y amputaciones, de los que hoy aparecen con un cartel advirtiéndome que volverán a la prostitución si yo no les ayudo, es decir, que conocen ese oficio, y que apelan a mi piedad y sobre todo a mi pretendida buena conciencia? Exactamente igual que ocurría con el tullido de las puertas de las iglesias de antaño.

El hombre o mujer que se disfraza en la Rambla de la primera idiotez que se le ocurre, pensando siempre en el efecto que tendrá en el turista, ¿es un mendigo o un artista? Está claro que empezaron siendo mendigos y acabaron en la creencia de ser artistas, algo bastante más común de lo que la gente cree. (Yo conozco un buen montón de personal que está permanentemente ordeñando la teta institucional, pedigüeños de la subvención, que ejercen de creativos, cuando la realidad es que se trata de mendigos, por más que gocen de un tren de vida excepcional). Refiriéndome a ese espectáculo patético-festivo de las esculturas humanas de la Rambla barcelonesa hay una diferencia notable entre aquel honrado mendigo, ya fallecido, que hacía de gallina yque no engañaba a nadie – sencillamente llamaba la atención ante su pobreza-,frente a las malas artes del mendigo desvergonzado que se disfraza de Che Guevara, de cowboy John Wayne o de hada madrina con angelito. Es el tránsito mendaz del mendigo al artista.

Un principio societario no recogido en la Constitución pero de plena vigencia dice que cada uno se gana la vida como puede, lo cual contribuye a las más variadas experiencias. La mendicidad urbana es una de ellas. Urbana se traduce en exhibicionista, en lo que tiene la ciudad de espectáculo. La mendicidad oculta, ese otro flagelo de la crisis, no tiene nada que ver con esto; es otro capítulo de un drama que se vive puertas adentro. Yo me estoy refiriendo a lo que se exhibe, a ese juego de la desvergüenza entre el que se anuncia y el que lee atentamente el aviso, para dar paso a la comprensión en forma de propina o de sonrisa. Aún me admira que no hayamos festejado a Aena con un clamoroso pateo por su gesto de desmontar los bancos de la terminal 2 del aeropuerto de El Prat para que no puedan usarlos los mendigos.

Constituye una aportación de envergadura universal a la posmodernidad. Si no tienen bancos donde instalarse, dejará de haber mendigos permanentes en El Prat. Hace décadas nos hubiéramos preguntado quiénes eran los mendigos para evitar que se pusieran en El Prat, pero hoy es más sencillo. Si no hay bancos, no hay mendigos visibles. La miseria se explica ahora como antaño la energía; ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Si usted se disfraza de escultura, plantea una cuestión cultural – ¿son arte las figuras humanas?-,no un problema social descarnado. Soy un artista y además cumplo con el sagrado deber de un horario. Entre maquillaje, atrezo y posado, ocho horas al día, con pausa para almorzar.

No sé si alguien ha escrito ya una historia de la mendicidad, seguro que sí, aunque yo la desconozca. Para la gente de cierta edad la experiencia mendicante ha hollado nuestras vidas. Porque siempre hemos vivido rodeados de mendigos. Cambiaban las formas, no lo contenidos. Recuerdo que mi madre no podía soportar que al dar una limosna le respondieran con un escueto “gracias”; ella exigía un “Dios se lo pague”. En esa sencilla diferencia hay dos concepciones del mundo. Una, moderna: el ciudadano “gracias”. La otra, arcaica: “Dios tiene memoria”. Ahora nos han cambiado el lenguaje y estamos en la “ayuda” como metáfora de la posmodernidad. Sólo la necesidad es parecida, pero las formas de manifestarla han cambiado porque ha cambiado el poder.

Tuvo su momento de éxito el mendigo con animales. En España, donde los animales, fuera cual fuera su número de patas, eran maltratados, la aparición de un mendigo cual Francisco de Asís, rodeado de perros drogatas y gatos fumados, causaba sensación. Pero la fórmula caducó porque la gente se acostumbró a tener animales domésticos y a tratarlos mejor, por más que sigan cagando en la calle sin remisión, que para eso tienen dueño o dueña arrogante, jactanciosos de pagar sus impuestos al ayuntamiento. La presunta guardería canina mendicante perdió su encanto. Ahora llega el chantaje social. Ome ayuda o me hago chapero, o camello, o tironero. Oficios bajos, sin cualificación profesional, para los que sirve cualquiera, al parecer. Basta con no ayudarle, para profesionalizarse. Sería imaginable un tipo de cuerpo entero, con traje cruzado y un diente de oro, con puesto fijo a la puerta del metro de paseo de Gracia: “Si no me ayuda, tendré que ejercer de guardaespaldas”. Ode sicario. ¿Quién de nosotros no le ofrecería una sonrisa cómplice y un billete? La vida da muchas vueltas, ¿quién nos asegura que no volveremos a encontrarle de segurata en El Prat, ahora que han quitado los bancos y ya no nos quedará esa última opción de los viajeros arruinados, la de instalarnos en una terminal de aeropuerto para ver pasar a los afortunados que aún pueden viajar?

Es un largo y tortuoso camino el de la mendicidad, que pasa por la piedad y la pena hasta llegar al chantaje social, veteado de complicidad mafiosa. Como en tantas otras cosas fue el malvado Baudelaire quien orientó al mundo: “¿Por qué los pobres no se ponen guantes para mendigar? Harían fortuna”.

La Comisión Europea ha publicado recientemente un eurobarómetro dedicado a la ayuda oficial al desarrollo; a pesar de las graves dificultades económicas que estamos atravesando, el 72% de la ciudadanía europea considera que debemos cumplir nuestros compromisos de ayuda con los países en desarrollo, o incluso incrementarlos.

Europa no es ya la primera economía del mundo, pero sí el primer donante y somos muchos los que deseamos mantenernos en vanguardia de la lucha contra la pobreza. A la vez, somos el continente de la cohesión social. En Europa, los impuestos y transferencias reducen las desigualdades más que en ninguna otra región del mundo. Pese a sus imperfecciones, nuestro sistema de seguridad social apuesta inequívocamente por una distribución de riqueza equitativa y sostenible. En los últimos meses hemos comprobado el reto que supone avanzar hacia un modelo similar, en el ámbito de la sanidad, para el nuevo Gobierno estadounidense.

Europa es la voz más autorizada para exigir un pacto mundial contra la evasión fiscal y a la vez promover un mejor diseño de los impuestos de los países en desarrollo. Por cada dólar dedicado a la cooperación internacional, entre 8 y 10 dólares salen ilícitamente de los países receptores de ayuda. No podemos evitar preguntarnos qué ocurriría si esos 800.000 millones de dólares (más de 585.000 millones de euros) anuales se invirtieran, de manera eficiente, en la provisión de bienes públicos. Estaríamos, qué duda cabe, ante un escenario de menor pobreza, mejor distribución de la renta y mayor dinamismo económico. El pasado junio, el Grupo de Trabajo noruego sobre Flujos Ilícitos de Capital publicó un informe muy claro sobre el impacto de los paraísos fiscales: cercenan la soberanía de los Estados, de cuyos recursos se nutren; aumentan los costes de imposición en los países sin secreto bancario; crean asimetrías de información en el mercado; dificultan la eficiencia en la asignación de recursos, y fomentan delitos económicos, a la vez que facilitan la comisión de otros, todavía más graves.

En los países en desarrollo, la evasión se combina con la escasa capacidad recaudatoria de los Estados para alimentar una espiral de pobreza y exclusión. El peso de los ingresos fiscales no alcanza a la mitad del que representan en los desarrollados (13% frente al 38% del PIB). El margen de maniobra para llevar a cabo políticas sociales es en general muy limitado, y más aún en tiempos de crisis. La recaudación de impuestos se corresponde, por otra parte, con la capacidad de los Estados para recabar una enorme cantidad de información, esencial a la hora de tomar decisiones políticas fundadas. Como escribió Joseph Schumpeter a principios del siglo XX, “los impuestos no sólo contribuyeron a crear el Estado, sino también a formarlo”.

En las últimas décadas del siglo XX, buena parte de los trabajos sobre gobernabilidad económica en el Tercer Mundo fueron formulados en términos técnicos, apolíticos, dejando a un lado el necesario análisis sobre el modo en que los Estados pueden financiar sus funciones más básicas. Las cuestiones relativas a la democratización y la transparencia son, desde luego, importantes, pero también debemos preguntarnos dónde pueden hallarse los recursos locales que permitan financiar los bienes y servicios públicos, imprescindibles para consolidar la legitimidad del Estado, de tal manera que no se comprometa la solvencia fiscal ni la eficiencia económica. Al fin y al cabo, el sistema tributario viene a ser uno de los principales nexos de unión entre el Estado y la ciudadanía.

A raíz de la crisis que estamos atravesando, tanto la ONU como el G-20 han coincidido en la necesidad de mejorar la transparencia del sistema financiero internacional e incrementar los ingresos fiscales, mediante sistemas tributarios modernizados, como pasos indispensables para avanzar hacia una adecuada financiación del desarrollo.

La Unión Europea está capacitada para promover una adecuada gobernabilidad fiscal, mediante una posición común ambiciosa, basada en sus señas de identidad: la cohesión social y la solidaridad. El pasado diciembre, el Parlamento Europeo impulsó una conferencia de alto nivel sobre Fiscalidad y Desarrollo, que puso de manifiesto un alto grado de consenso entre las instituciones europeas competentes.

Durante la presidencia española, vamos a promover avances en este ámbito, impulsando un mejor diseño de los sistemas tributarios, así como una modernización administrativa capaz de mejorar la información fiscal y desincentivar la economía irregular, en los países en desarrollo.

Los avances no son fáciles, pero tampoco imposibles, como se ha demostrado en España. Los Pactos de la Moncloa, con su componente de reforma fiscal, fueron en su día esenciales para iniciar un proceso de recuperación económica -en un contexto de crisis mundial- sentando, a la vez, las bases para la construcción del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos actualmente. La mejora de la capacidad recaudatoria, unida al fortalecimiento de la eficacia y la rendición de cuentas -en definitiva, la legitimidad- de las instituciones, puede representar una verdadera liberación de la dependencia externa para los países receptores de ayuda oficial al desarrollo.

Desde que en 1901 nacieron los premios Nobel, siete españoles han recibido dicha distinción: dos de Medicina y cinco de Literatura. Sin embargo, nunca ha recibido un español el premio Nobel de la Paz. Vicente Ferrer, quien dedicó toda su vida a luchar contra el sufrimiento de los más desfavorecidos en una sociedad de castas jerárquicas y desigual en la India, ya no puede obtener dicho reconocimiento pues el Nobel no se otorga a título póstumo. Cuando se cumplen siete meses de su muerte, una plataforma ciudadana independiente ha querido presentar a la Fundación Vicente Ferrer al premio Nobel de la Paz. No piden el premio para Vicente sino para su legado, para un programa de desarrollo integral que desde hace cuarenta años se expande por el distrito de Anantapur, al sur de la India, reduciendo la pobreza extrema y la exclusión social.

En estos proyectos trabajamos muchos, en la India y en España, gracias a la confianza y al apoyo de más de 150.000 personas. Se trata de un programa de Cooperación en el más puro sentido de la palabra, que hace de puente entre Oriente y Occidente. La Fundación Vicente Ferrer en España se esfuerza en conseguir los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la autonomía del programa de desarrollo y poder mantener el compromiso de permanencia de la organización en la India y, así, poder seguir trabajando junto a las personas más desfavorecidas de Anantapur.

Cuando hablamos de desarrollo, en la actualidad, pensamos inmediatamente en cubrir las necesidades fundamentales del ser humano: agua, comida y vivienda. El desarrollo, sin embargo, es mucho más que eso. Leyendo a Amartya Sen, principal pensador de este campo y premio Nobel de Economía en 1998, concluimos que desarrollo significa también ampliar las capacidades de las personas para que éstas puedan tomar decisiones por sí mismas, libremente.

En este orden de ideas trabaja la Fundación Vicente Ferrer en la India. Apoyamos el desarrollo de las comunidades con recursos para la construcción de viviendas, escuelas, centros de salud, hospitales y shangams (asociaciones de mujeres), pero es en el ámbito de la libertad donde se conquistan los mayores retos. La estructura social en la India, basada en un rígido sistema de castas profundamente arraigado y discriminatorio, condena a la pobreza a las castas más bajas y a los grupos tribales de las zonas rurales. La exclusión impide muchas veces el desarrollo humano, social y económico de las castas discriminadas y es precisamente en ellas en quien la Fundación centra su trabajo. Potenciar la justicia social y la confianza, promover la capacidad de decisión de las personas y priorizar la libertad, son los objetivos últimos de un programa de desarrollo que encuentra, entre los más desfavorecidos, a los líderes de un proceso de desarrollo que va mucho más allá de la mera producción de recursos y riqueza.

Hablamos de desarrollo, pero ¿qué tiene éste que ver con la paz? A diario escuchamos que la paz es imprescindible. La gente se moviliza por ella y se escriben larguísimos artículos y estudios debatiendo sobre cómo conseguirla. Paz. Esa palabra tan deseada, tan pronunciada y manipulada, es un concepto complejo que alberga en su interior un sueño colectivo. No obstante, la paz puede entenderse como mucho más que la mera ausencia de violencia. Paz es bienestar humano, social y económico. Es un techo bajo el que cobijarse, arroz para llevarse a la boca y una fuente de donde beber, pero también implica que los derechos individuales de las personas sean respetados. La pobreza, la exclusión y el trato discriminatorio e injusto generan el sufrimiento del ser humano y muchas veces son origen de la violencia y los conflictos que existen en el mundo. Por ello, Paz no es sólo oponerse a la violencia física o estructural, sino que es un proceso, una construcción que empieza por el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando hablamos de desarrollo humano y social, hablamos también de Paz.

En este estricto sentido podemos afirmar que el modelo de desarrollo que la Fundación lleva más de cuarenta años implementando en la India es un camino de construcción de paz. A través de un amplio programa que abarca la educación, la ecología, la sanidad, la vivienda y la integración social de las mujeres y las personas con discapacidad, se favorece el desarrollo integral de las personas. Pero es en el ámbito de la comunidad donde el proyecto hace más por la paz. La unión en torno a intereses y necesidades comunes organiza a las personas y fortalece el sentimiento de pertenencia al grupo. Independientemente de religión, género o casta, los ciudadanos se agrupan y asocian para tomar las riendas del desarrollo de su comunidad. La participación directa de todos los miembros de la comunidad aumenta la capacidad de autogestión y decisión, asegurando la sostenibilidad del proyecto y elevando el nivel de confianza y autoestima de las personas. Donde antes había exclusión se potencia la confianza y la capacidad de decisión. Donde había pobreza se genera la solidaridad entre la misma comunidad.

El modelo de la Fundación Vicente Ferrer convierte cada aldea en una pequeña «nación» que encuentra en sus ciudadanos a su pequeño gobierno. Se crea un modelo de comunidad fuerte y solidaria que es capaz de protegerse en los momentos críticos de hambre, sequía, paro o enfermedad. La Fundación no hace de cada persona pobre un rico, pero sí hace fuerte a la colectividad. Es así como a través del ejercicio colectivo de la ciudadanía, el modelo de la Fundación construye una base sólida para el desarrollo de las personas y las comunidades. Una base donde empezar a desarrollar una sociedad más justa e igualitaria que, a su vez, es el mejor cimiento para construir un camino de paz.
El Nobel de la Paz no se ha otorgado nunca a un español ni a una organización de este país. Tampoco se ha dado nunca a un programa de desarrollo integral. Estamos convencidos que Vicente Ferrer reunía todos los méritos, pero ya no lo podrá recibir. Su muerte, sin embargo, hace que sea ahora más evidente que nunca el reconocimiento de un programa mayúsculo que desde 1969 está en marcha para acabar con la pobreza extrema y conseguir una sociedad de ciudadanos más justa en el sur de la India. Éstos son requisitos indispensables, los cimientos más sólidos, para conseguir una paz larga y duradera en la India y fuera de sus fronteras. Desde la Fundación Vicente Ferrer, herederos de un legado humano inmenso que podría replicarse más allá de la India, creemos que ha llegado el momento de que el Comité Nobel traslade su mirada de la superficie, donde afloran los conflictos, a las profundidades donde se encuentran los cimientos para la paz. Ahí es donde nuestros proyectos en la India se desarrollan desde hace más de cuarenta años, en silencio y sin pausa, construyendo un camino de paz que sirva de ejemplo a otras sociedades donde la pobreza y la injusticia están aún presentes.

Conmueven en estos días las imágenes de la tragedia, desolación e infortunio de Haití. En el trasfondo queda la imagen de la pobreza extrema, que aflora a medida que las casas se han ido hundiendo y los equilibrios de las infraestructuras precarias se han roto. Las causas de la pobreza de países como Haití son varias. Su renta per cápita no llega a 1.200 dólares y un 72% de la población vive con menos de dos dólares diarios. Un desastre, en medio de abusos coloniales, dictaduras políticas y déficits educativos y sanitarios múltiples.
Pero, más allá de aquellos factores institucionales, parte del problema de la pobreza de esos países radica en su elevada tasa de fertilidad general, la media de niños nacidos a lo largo de la vida de una mujer, para remarcar que un cambio hacia una mayor planificación familiar es una condición necesaria para su bienestar. Sin estas transformaciones, parece imposible que ninguno de los países atrasados pueda alcanzar nunca los llamados objetivos del milenio.

Parte del éxito de algunos países asiáticos se debe a estos cambios. Entre 1960 y el 2000, en esa parte del mundo, la fertilidad de las mujeres casadas ha bajado de seis a tres niños. La secuencia es muy simple. Con tasas de fertilidad de 5 o 6 niños, no hay economía que aguante crecimientos suficientes que permitan que la renta per cápita no baje. Con una natalidad tan elevada, resulta infactible lograr una educación primaria o una sanidad básica universal. Hijitas sin educación son con frecuencia madres solteras u objeto de embarazos no deseados, en un círculo de pobreza y alta fertilidad. Se asocian también estas concepciones a una elevada mortalidad infantil. En Haití, cuatro veces más que la del mundo desarrollado y entre dos y tres veces más que la de Guadalupe o Martinica, islas confines. No es un tema de medicamentos bajo patentes o de contraconceptivos de coste elevado. Son otras las causas: la educación y la asimetría de poder de géneros en que estas sociedades viven.
La idea de que las familias pobres eligen tener muchos hijos porque saben que muy pocos sobrevivirán es poco aceptable. A ricos y pobres lo que les separa es el uso o no de contraceptivos. El descenso de la fertilidad se concentra en las clases más ricas, agravando la desigualdad en las rentas familiares per cápita.
Los dilemas morales aquí son tan mayúsculos como necesitados de ser abordados. La interferencia externa en las relaciones humanas que el sexo domina, la legitimidad o no de subsidiar económicamente la contraconcepción, la capacidad de condicionar las ayudas internacionales a prácticas no aceptadas por determinadas culturas religiosas y gubernamentales, ya desde la oferta asistencial (sanamientos maternales), ya desde la demanda (condones), o cómo hacer frente al estigma social de la reversión del proceso. Hoy es marca de bienestar saltarse la norma en las políticas chinas de control de la natalidad. Pero es inapelable que algo en este terreno tiene que entrar en la agenda de la lucha contra la pobreza.
Fueron necesarios 130 años para pasar de los 1.000 millones de habitantes del planeta a los 2.000, 30 años más para llegar a 3.000, 15 años para los 4.000 y ahora en 12 años hemos pasado de 4.000 a 6.000 millones. Muchos de ellos, en los países menos desarrollados. Al mismo tiempo, con lo que el Bixby Forum de Berkeley identificaba hace un año como 80 millones anuales de embarazos no deseados, la pobreza ha pasado a ser más extrema. La diferencia en el crecimiento natural (nacimientos menos muertos) por minuto entre países desarrollados y menos desarrollados es de cuatro en el primer caso y de 154 en el segundo. Níger tiene un crecimiento económico anual del 2%, mientras que la población crece un 3,9%. Si esta cifra no cambia, con la tasa de fertilidad actual de 7,1 niños por mujer, el 2050 Níger pasaría de los 14 millones actuales a 80 millones: ninguna economía tiene un crecimiento que pueda conseguir que la renta per cápita no se haga añicos aún más en un proceso demográfico como el citado, y más en un país como Níger, en el que ya hoy el 86% de la población vive con menos de dos euros diarios.

La labor de reducir la tasa de fertilidad total no es imposible: Kenia lo está haciendo: de 8,12 en los años 60 a 5 en la actualidad, a pesar de que, si la tasa no baja más, los 84 millones de habitantes resultantes pueden acabar con estándares de renta per cápita más bajos que los que hoy tiene Somalia. Filipinas ha tenido éxito en estas iniciativas. Y es que las clases más pudientes en esos países no practican menos sexo, sino que lo hacen con más precauciones. En este sentido, el acceso a la planificación familiar y a los anticonceptivos no son un bien de mercado libre: las barreras tangibles e intangibles existentes entre pobres y sin educación llevan a que no se consideren unos beneficios sociales que hay que proteger.
Toca ahora ayudar a reconstruir Haití. Pero más allá de los cimientos físicos de las nuevas casas e infraestructuras, hay que impulsar programas de educación que empiecen a atacar parte de los males que les han llevado a la pobreza.

Cuanto menos educada es una sociedad, mayores son las diferencias económicas entre los más desvalidos y los poderosos.

Richard Barnet, vino hace treinta años a Valencia para pronunciar una lección en honor de Ramón Rodrigo, quien promovió la creación de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Barnet, asesor del Presidente Kennedy y fundador del Instituto de Estudios Políticos, mostraba su preocupación por la creciente población mundial y el reparto de la riqueza en un momento que unos cuatro mil millones y medio de habitantes poblábamos el planeta y eran evidentes los problemas de la escasez de recursos y el aumento de la población.

La población mundial actual supera los seis mil millones y medio de personas y es evidente un cambio climático global, que en opinión de los expertos se debe al creciente aumento de población (más de 100 millones de personas anuales) y a sus incesantes demandas energéticas.

En el reciente bicentenario del nacimiento de Darwin, son más vigentes las ideas de Thomas Malthus, quien ya alertó del problema de la superpoblación mundial y la escasez de alimentos a principios del siglo XIX. Malthus proponía la reducción de la natalidad a través del celibato hasta el matrimonio, que debía ser tardío. Se inspiró en Richard Cantillon, un especulador de divisas y banquero irlandés, y en Adam Smith, quien se debatió entre el apoyo al capitalismo puro y su temor a que los monopolios ocasionaran una escasez en los mercados.

Aristóteles ya achacaba la pobreza a la reproducción incontrolada y Platón y algunos filósofos chinos expresaron sus temores por la destrucción de la tierra a causa de la deforestación. A comienzos de la era cristiana, Tertuliano, que acuñó el término Trinidad para explicar las tres personas de Dios, disculpaba las plagas y las hambrunas porque servían para limitar el crecimiento desorbitado de la raza humana. Seguro que todas estas opiniones influyeron en Darwin durante el desarrollo de la teoría de la selección natural como mecanismo por el que se produce la evolución. Estas y muchas otras ideas las recogió Richard Barnet en su libro «The lean years».

Quizá el ministro Corbacho, que recomienda un aumento de la natalidad en España, debiera conocer la obra de Barnet y releer a Malthus y los informes cada vez más abrumadores sobre el calentamiento global y el aumento de la población. Asimismo, convendría que recordase que la esperanza de vida media, afortunadamente, sigue creciendo, por lo que se debe posponer la edad de jubilación.

Es cierto que durante la transición y el primer gobierno socialista, los responsables políticos, incluido Felipe González, eran jóvenes y pensaban en adelantar la jubilación. Pero, a medida que han madurado, sus ideas han empezado a cambiar, el mismo Javier Solana, -al que aprecio entre otras cosas porque, siendo muy joven, visitó a Severo Ochoa y compartió su almuerzo con él-, ha aguardado hasta los 66 años para renunciar a su valorado papel de Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.

Desde luego la jubilación anticipada es contraproducente no sólo económicamente, sino incluso a nivel social. Los jubilados tienden al aburrimiento y la apatía tras la fase inicial de euforia, lo que les lleva a depresiones por sentirse inútiles o a buscar, en el mejor de los casos, trabajos en negro o mal pagados, con lo que compiten con los millones de jóvenes que buscan su primer empleo y podrían complicar la situación económica. Incluso si se contratan jóvenes para cubrir sus plazas, se está haciendo con peores salarios, lo que supone una pérdida general de la capacidad adquisitiva.

Las grandes compañías energéticas se reúnen anualmente, cada vez en un lugar, pues hace muchos años, cuando la reunión se celebró en Madrid, se me invitó a la misma por intercesión de amigos como Tomás Calleja. Recuerdo que les hablé con gran entusiasmo de la fijación del anhídrido carbónico, en la que había trabajado durante años, pues es un tema fundamental, y de invitar a grandes científicos como algún Premio Nobel. Los asistentes me miraron horrorizados, puesto que sus empresas dependían de los accionistas y estos naturalmente demandaban los mayores beneficios económicos posibles. No comprendieron que la energía acabaría por ser un límite a las posibilidades de desarrollo y que encontrar nuevas fuentes de suministro iba a permitirles el mantenimiento de la población.

Años después, en 1992, con motivo de la Expo de Sevilla, se editó un libro en homenaje a la Reina en el que colaboraron muchas personalidades. En él se trataba en profundidad el problema de la superpoblación, cuando ya habitábamos el planeta más de cinco mil millones de personas. Muchos profetas han desechado el llamado catastrofismo maltusiano, al asegurar que los humanos serían capaces de controlar la naturaleza y explotar ilimitadamente los recursos. Incluso Karl Max creía en la necesidad de someter las fuerzas naturales al control de la sociedad. Por cierto, Marx le ofreció a Darwin dedicarle su libro «Das Kapital», y éste, amablemente, lo rechazó.
Los apóstoles de la abundancia, basada en los esfuerzos humanos, son generalmente las cámaras de comercio, como antes lo fuera el Comité Central del Partido Comunista. Las reflexiones pioneras del Club de Roma sobre la necesidad de poner un límite a nuestro crecimiento, son más que acertadas.

El 1 de Junio de 2009 se celebró la reunión de los Premios Rey Jaime I en Valencia. Participaron relevantes personalidades internacionales incluidos 21 Premios Nobel de Química, Física, Medicina y Economía (hecho que sólo ocurre en estas reuniones anuales y, de manera excepcional, durante la celebración del centenario de la creación de los Premios Nobel). En dicha reunión se aprobó y firmó por los ochenta jurados asistentes la siguiente declaración:

“Los miembros de los Jurados de la XXI edición de los Premios Rey Jaime I llaman la atención sobre la pobreza y el hambre en el mundo que afecta a más de 1.000 millones de personas. La crisis económica actual debería comprometer el esfuerzo de todos por crear las condiciones adecuadas que permitieran a las naciones más afectadas desarrollarse y reducir sus niveles de pobreza. Las sociedades más avanzadas deberían reforzar su compromiso con los países pobres y ayudarles a vencer la pobreza y el hambre.”

La declaración fue enviada a múltiples líderes mundiales, como el Presidente Obama.

En la redacción de la declaración nos ayudó un borrador de la Dra. Isabel Ortiz, funcionaria de la ONU, quien se reunió recientemente en Estambul con responsables del Banco Mundial a fin de encontrar soluciones al incremento poblacional, señalado como fuente directa de la pobreza y el hambre por filósofos, matemáticos y científicos desde la antigüedad. Esperemos que de estas reuniones surjan soluciones efectivas a la pobreza.

Depuis quelques années, l’espoir des pays émergents d’Asie et d’Amérique latine de rattraper un jour les pays développés occidentaux se concrétise. Mais en emboîtant le pas aux anciens pays industrialisés, ils accentuent aussi la pression sur les ressources naturelles. Or l’accumulation de dioxyde de carbone atteint ses limites. C’est un constat qui va radicalement modifier le schéma de développement que devront emprunter les pays pauvres du continent africain. Le changement climatique et la mondialisation changent la donne en matière de coopération au développement. Le Sommet de Copenhague revêt ainsi une importance majeure pour le climat, certes, mais aussi pour la politique de développement.

En 1992, 178 Etats se sont engagés, lors de la Conférence des Nations unies pour l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro, à respecter un programme d’action en faveur d’un développement respectueux de l’environnement, socialement équitable et économiquement viable. A l’époque, il y avait donc déjà un consensus quant au fait qu’environnement et développement vont de pair.

L’accumulation des émissions conduit la biosphère au bord de la rupture. On s’accorde désormais à dire que rattraper les pays occidentaux et copier leur mode de vie pourrait bien réduire à néant les ressources naturelles de la planète. Il y a donc lieu de redéfinir la notion de «développement». Il ne s’agit plus de rattraper les pays industrialisés sur leur chemin de croissance, d’imiter le développement passé, d’imiter l’Amérique ou la Suisse.

Faut-il donner la priorité à la réduction de la pauvreté dans le monde ou à la lutte contre le réchauffement climatique? Il est clair que cette question n’a pas lieu d’être. Car un développement mondial durable appelle des efforts pour réduire le gaspillage des ressources et limiter les émissions annuelles de CO2 à moins de 2 tonnes par an et par habitant, que ce dernier soit riche ou pauvre, qu’il vive au Nord ou au Sud. Il est désormais également admis que les problèmes de pauvreté vont s’exacerber si l’on ne freine pas le réchauffement climatique.

La majeure partie des excédents de CO2 dans l’air a été produite pendant les deux siècles de croissance industrielle européenne et américaine. La contribution de l’Inde et de la Chine par habitant a été minime, et celle des pays en développement les plus pauvres quasi nulle. Voilà pour les causes. Qu’en est-il des conséquences?

Les données publiées en 2007 par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que le réchauffement climatique s’exprime par une augmentation des extrêmes climatiques. Ainsi, neuf des dix catastrophes naturelles les plus graves des dernières années (en termes de victimes) étaient dues au climat. Elles ont principalement touché les pays en déve­loppement et les pays émergents. Et le malheur veut que les régions concernées par ces catastrophes climatiques soient celles où la précarité est déjà grande.

Les risques majeurs concernent l’Afrique subsaharienne où toute variation des précipitations entraîne rapidement une pénurie, laquelle provoque à son tour une lutte pour la survie et une augmentation des migrations. En Asie, l’absence de mousson risquerait de se traduire par un effondrement de la production de riz. Et dans de nombreuses régions du monde, le manque d’eau et de terres constructibles sont autant de sources potentielles de conflits.

Le changement climatique a un impact disproportionné sur les pays en développement, où règnent déjà des conditions difficiles en termes de climat, de sols ou de ressources en eau, alors que chez nous, les effets ne sont encore que peu marqués.

La coopération au développement et l’aide humanitaire offrent un soutien aux pays et aux populations pauvres dans leurs efforts pour s’adapter au réchauffement climatique. Nous qui sommes à l’origine du mal, nous devrions considérer ce soutien comme allant de soi, comme une compensation.

Mais il ne s’agit pas seulement de limiter la casse. L’objectif de développement durable mondial ne peut être atteint que si pays pauvres et pays riches prennent ensemble le chemin de la réduction des émissions de CO2. Les solutions techniques ne manquent pas, certaines sont déjà appliquées. La Chine sera bientôt le leader mondial de la production d’énergie issue du solaire thermique et, l’an dernier, elle a construit plus de parcs éoliens que tous les autres pays. Ces deux technologies ne couvrent toutefois que moins de 1% de la consommation énergétique chinoise. Quant à l’Inde, elle est également devenue l’un des poids lourds de la production d’énergie éolienne.

Miser sur une croissance basée sur les énergies fossiles pour assurer sa prospérité n’est plus viable. La politique de développement doit accorder une place plus importante à la formation, à l’innovation, aux partenariats technologiques et au partage des connaissances. Il faut continuer à investir davantage dans la démocratie, afin que les citoyens de tous les pays, y compris ceux du Sud, puissent prendre leur destin en main.

Protection du climat et lutte contre la pauvreté sont indissociables. Le Sommet sur le climat à Copenhague doit poser les jalons pour que le réchauffement de la planète ne dépasse pas le seuil critique de 2 degrés Celsius en moyenne. Il s’agit principalement de réduire les émissions de CO2 dans les pays industrialisés et les pays émergents et – en même temps – de ne pas laisser accroître celles des pays pauvres. Les pays industrialisés comme les pays en développement doivent rapidement pouvoir opter pour un développement pauvre en CO2 afin de ne pas dépasser, d’ici à 2050, un niveau mondial d’émissions de gaz à effet de serre de 2 à 4 tonnes par habitant et, à long terme, de les stabiliser à moins de 2 tonnes par habitant. Différentes instances internationales estiment qu’il faudra investir chaque année plusieurs centaines de milliards de dollars pour aider les pays en développement à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter au réchauffement inéluctable du climat. Ce sont des montants considérables, qu’il faut cependant mettre en regard avec le coût de l’inaction, si nous restons les bras croisés.

Cuando la crisis de la globalización (crisis ambiental, social y alimentaria) nos enseña que hay que devolver el papel de gobernabilidad real a los estados, este –falto de práctica y con los mecanismos oxidados– traslada otra vez sus obligaciones al sector privado. O al menos esta es mi impresión al vivir en directo el desarrollo de la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria que se celebra en Roma desde el día 16 y que acaba hoy. Aunque con algunos contrapuntos interesantes.
Como decía, los gobiernos aquí reunidos –faltan muchos de los jefes de Estado responsables de perpetuar el hambre en el mundo, como los del G-8– trasladan al sector privado su fracaso en la resolución de la crisis crónica de la malnutrición. Es decir, apelan a las corporaciones de la agroindustria, de la investigación, etcétera, a que centren sus negocios en resolver el hambre del planeta. Que ahí tienen también un futuro comercial.

A los gobiernos y administraciones, después de tantos años de fiascos y destrucción de cualquier política pública, se les ve muy confiados en nuevas tecnologías salvadoras que esperan que lleguen de la mano de las empresas privadas para producir más comida, para disponer de semillas mejoradas frente a las sequías o inundaciones o – y no es una broma– sembrar el cielo con espejitos para combatir el cambio climático. Seguramente por eso la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) organizó en Milán, unos días antes de la cumbre, una reunión con las principales empresas de la alimentación. Allí, el presidente de Nestlé delató a los culpables del hambre: «Los bienintencionados activistas, cuya hostilidad hacia las nuevas tecnologías alimentarias está agravando la crisis alimentaria mundial». Oído, aunque muchos de esos activistas entendemos que donde existe una verdadera sequía que combatir es en la adopción de políticas valientes que atajen las injusticias generadoras de pobreza. Porque, ¿quién dispone de los recursos productivos, quién controla el comercio internacional y quién marca los precios tan bajos que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos?
Las respuestas a esas preguntas han quedado aclaradas en el Foro de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria organizado en paralelo a la cumbre oficial. En esta ocasión, desde muchas organizaciones sociales aquí presentes, se ha coincidido en denunciar dos realidades muy actuales que explican el porqué del hambre. Por un lado, cómo miles de campesinos y campesinas están siendo expulsados por la compra de sus tierras por terceros países. Un fenómeno que se conoce como el «nuevo acaparamiento de tierras». Países con políticas que se olvidaron de sus productores y confiaron una buena parte del abastecimiento de sus alimentos en manos del mercado están comprando tierras en países pobres para disponer de cosechas propias a precios ventajosos. Quizá por eso el lema del foro cita al jefe indio Lakota Tashunka Witko, cuando expresó que «uno no vende la tierra por la cual camina su pueblo». Y, en segundo lugar, los reclamos de las comunidades de pescadores artesanales que, bien por la presión de la pesca industrial sobre los recursos marinos bien por el desembarco de flotas extranjeras (Somalia es un claro ejemplo) o bien por una salvaje expansión de la acuicultura, tienen cada día mucho más complicado vivir de sus capturas. De pescado, me refiero.
La Cumbre de Roma ratificará entre otros temas un nuevo modelo para la gobernabilidad de la agricultura y la alimentación, basado en la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA), donde los estados se reservan –menos mal– la capacidad de ser ellos los que adopten las decisiones políticas, aunque ya adelantan que los fondos que se recauden para la lucha contra el hambre los manejará en su mayoría el Banco Mundial. Recordemos que esta entidad ha impulsado en los últimos años los proyectos y programas más neoliberales que el mundo en vías de desarrollo conoce y que tanto ha favorecido al capital empresarial.

Aun con todo, la valoración que hacen los movimientos sociales y las organizaciones rurales de la reforma es positiva. Se dispondrá de una buena oportunidad, porque el nuevo Comité de Seguridad Alimentaria contará con un espacio de consulta en el que podrá participar, obviamente, el sector privado, pero también la sociedad civil en un número significativo aún por determinar.
Una vez corroborada esta nueva arquitectura, en la medida en que la articulación de las organizaciones campesinas, indígenas, de pescadores, de mujeres rurales, de oenegés, etcétera, tenga capacidad para proponer, presionar y pedir resultados, tendremos garantías de mejores estrategias que llegarán construidas desde abajo y desde los verdaderos protagonistas. Serían, si se les escucha, políticas basadas en la soberanía alimentaria de los pueblos, en la agricultura a pequeña escala, sostenible ecológicamente y con prioridad en la comercialización local.

En los últimos tres años el número de personas que pasan hambre en el mundo ha pasado de 854 a 1.020 millones, de modo que no sólo no nos acercamos al primer objetivo del milenio, que es reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre en el mundo para el 2015, sino que nos alejamos de tan noble objetivo. La conjunción de la fuerte subida de los precios de los alimentos iniciada a finales de 2007, y la aguda recesión económica que el mundo sufre desde mediados de 2008, explica el empeoramiento del hambre en el mundo.

Acabar con el hambre es un reto gigantesco que requiere del compromiso firme de todos los gobiernos, tanto de los países pobres como de los países ricos, de la sociedad civil, del sector privado y de las organizaciones internacionales.

La cumbre mundial sobre seguridad alimentaria, que se clausura hoy en Roma en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), pretende llamar la atención de la opinión pública y de la comunidad internacional sobre esta lacra de la humanidad, sellar el compromiso de todos los gobiernos para alcanzar el primer objetivo del milenio y acabar con el hambre en el mundo en el plazo de tiempo más corto posible, y apoyar las reformas en marcha de las organizaciones internacionales y del sistema global de gobernanza de la agricultura y la alimentación para lograr avances efectivos en la lucha contra el hambre.

Según estimaciones de los expertos, hacia el año 2050 la población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes, lo que representa un aumento del 35% respecto a la actual y la mayor parte de este aumento de población ocurrirá en los países en desarrollo. La población urbana representará el 70% del total, frente al 49% actual, y la renta por habitante aumentará considerablemente. Para responder al aumento de la demanda de alimentos de una población más numerosa, más urbana y con más renta, se estima que la producción mundial de alimentos deberá aumentar de aquí al año 2050 en torno a un 70%.

Ello sólo se puede lograr con instituciones y políticas adecuadas, tanto a nivel global como nacional, y con un notable aumento de la inversión pública y privada en la agricultura de los países en desarrollo, pues el mayor potencial para aumentar la producción mundial de alimentos está en dichos países.

Según estimaciones de la FAO la inversión agraria en los países en desarrollo deberá aumentar en un 50% para cubrir la mayor demanda mundial de alimentos en 2050, lo que requerirá aumentar los fondos destinados a la agricultura y la alimen

-tación, tanto en los presupuestos nacionales de los países en desarrollo como en los presupuestos de cooperación de los países desarrollados. En este sentido, la Declaración asume el compromiso de aumentar los fondos destinados a la agricultura, pero no cuantifica objetivos concretos.

El uso de tecnologías sostenibles y adaptadas a las particulares condiciones ecológicas, económicas y sociales de los países en desarrollo será un factor clave para alimentar a la humanidad, pues según las conclusiones de una reunión de expertos celebrada en la sede de la FAO en octubre de 2009, el 90% (80%, en los países en desarrollo) del incremento de la producción de alimentos procederá del aumento de los rendimientos de los cultivos, y sólo un 10% (20%, en los países en desarrollo) procederá del aumento de la superficie cultivada. Por ello, es esencial aumentar los recursos destinados a la investigación agraria, reformar el Grupo Consultivo de Centros Internacionales de Investigación Agraria y reconstruir los Sistemas Nacionales de Investigación Agraria que en muchos países en desarrollo fueron desmantelados con las reformas liberales de los años ochenta.

En cuanto a las políticas a seguir, la cumbre consagrará el modelo de dos vías que consiste en combinar medidas de emergencia como la ayuda alimentaria o las redes de protección social para las poblaciones más vulnerables, con medidas de mediano y largo plazo destinadas a mejorar las infraestructuras rurales, la investigación agraria, el acceso a los mercados de medios de producción y de productos agrarios, los sistemas de gestión de riesgo, estudiar la viabilidad de crear sistemas de reservas de alimentos, al menos para hacer frente a situaciones de emergencia y apoyar a los agricultores de los países en desarrollo con ayudas que no distorsionen el comercio. La Declaración de la cumbre incluirá compromisos para avanzar en las negociaciones comerciales internacionales, evitar restricciones a las exportaciones y recomendar ciertos límites a las políticas de fomento de la producción de biocombustibles, si se demuestra que pueden afectar negativamente a la seguridad alimentaria mundial.

Uno de los logros principales que se esperan de esta cumbre y que podría marcar la diferencia respecto a cumbres anteriores, es el acuerdo sobre un nuevo sistema mundial de gobernanza para la agricultura y la alimentación. La crisis desatada a principios de 2008 con la fuerte subida de los precios de los alimentos evidenció que una de las causas de dicha crisis fue la falta de un sistema de gobernanza global de la agricultura y la alimentación que garantizase la regulación, convergencia y coordinación de políticas nacionales que afectaron negativamente a la seguridad alimentaria mundial. Desde principios de 2009 se ha estado trabajando en la reforma del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, creado en 1996 con sede en la FAO, pero que desde hace años no cumplía funciones relevantes. La reforma que ha sido discutida y aprobada por todos los actores y grupos de interés involucrados, ha consistido en hacerlo más incluyente, de modo que no sólo participen los gobiernos, sino también el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones privadas, agencias de Naciones Unidas y el Banco Mundial; reforzar sus atribuciones, especialmente en la coordinación y convergencia de políticas; aumentar sus recursos y dotarlo de un grupo de expertos de alto nivel para analizar los impactos de las políticas y recomendar posibles medidas a adoptar para mejorar la seguridad alimentaria mundial.

La cumbre aprobará esta reforma del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, que se constituirá así en un elemento central del nuevo sistema de gobernanza mundial de la agricultura y la alimentación.

Les récents chiffres portant sur la faim et la malnutrition dans le monde sont alarmants : plus d’un milliard de personnes ont faim et deux milliards et demi manquent des micronutriments essentiels à une vie active et au plein épanouissement physique et mental. Les déficits en fer, en vitamines A et en zinc comptent encore parmi les dix principales causes de mortalité dans les pays en développement. Dans ces pays, un enfant sur trois souffre d’un déficit de croissance. Le sommet mondial sur la sécurité alimentaire, convoqué à Rome du 16 au 18 novembre, offre aux dirigeants du monde une occasion unique de s’entendre sur une stratégie coordonnée visant à y mettre fin.

Car ce qui fait du fléau de la faim un scandale, c’est qu’elle est évitable. Certes le changement climatique représente un défi majeur à la sécurité alimentaire mondiale à l’avenir et, à l’heure actuelle déjà, des pluies de moins en moins prévisibles, la multiplication des sécheresses et des inondations ont des impacts sur les populations vulnérables. Mais le défi qui consiste à produire suffisamment pour nourrir la planète est un défi que nous parvenons à relever : les récoltes de cette année, par exemple, sont seulement légèrement inférieures à celles de 2008, lorsqu’un montant record de 2 287 millions de tonnes de céréales avaient été produites. Cependant, il faut en même temps accepter de revoir des modes de production et de consommation parfois non soutenables qui menacent d’épuisement rapide nos ressources naturelles.

Mais la faim ne constitue pas qu’un problème technique. Elle pose un défi politique. Elle est le résultat de choix qui ont gravement accru les inégalités entre pays et au sein de chaque pays. L’agriculture n’a pas été soutenue par le passé comme il l’aurait fallu, en raison d’une diminution de l’aide au développement du secteur agricole, passée de 17% en 1980 à 3,8 % en 2006, et aussi d’un régime du commerce international pénalisant pour les pays en développement, qui a rendu l’agriculture souvent moins attrayante pour les paysans les plus vulnérables du Sud. Cela a provoqué un exode rural massif, qui a conduit à une croissance exponentielle des bidonvilles autour des grandes cités ; et celles et ceux qui sont restés dans les campagnes ont été confinés le plus souvent à une maigre agriculture de subsistance. Le pouvoir d’achat de larges groupes de la population est à présent trop faible pour qu’ils puissent acheter de la nourriture sur les marchés. Ils ont faim parce qu’ils sont pauvres, et ils sont pauvres parce que, trop souvent, ils ont été oubliés des politiques publiques. Leur voix n’est pas entendue lorsque les décisions politiques les concernant sont prises.

La responsabilisation des gouvernements est donc un outil essentiel de la lutte contre la faim. Le droit à l’alimentation doit, pour cette raison même, être au cœur des efforts de relance de l’agriculture : fonder nos efforts sur le droit à l’alimentation, c’est assurer un meilleur ciblage de nos actions, qui doivent bénéficier aux plus vulnérables ; c’est garantir leur participation à la définition et à la mise en œuvre des choix qui les concernent ; et c’est veiller à ce que les laissés-pour-compte, celles et ceux que les politiques de soutien n’atteignent pas, puissent s’en plaindre. Il s’agit également de changer le regard que nous portons sur ceux qui souffrent de la faim : de personnes vulnérables à qui l’on fait la charité à des personnes dont les droits sont fondamentaux.

Une responsabilité mutuelle doit s’instaurer entre les pays donateurs et leurs partenaires, afin que, conformément à l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et du plan d’action adopté à Accra en septembre 2008, l’aide devienne plus prévisible et s’inscrive mieux dans les stratégies nationales des partenaires, en même temps que son utilisation corresponde mieux aux besoins réels de la population. De mutuelle, cette responsabilité doit devenir triangulaire : c’est aussi envers les populations que les gouvernements donateurs, comme leurs partenaires, ont des obligations.

Le sommet mondial sur la sécurité alimentaire constitue une opportunité unique pour passer de la rhétorique à l’action. Nous appelons les participants à tirer les enseignements des échecs et des réussites passés. Globalement, nous n’avons pas su combattre, de manière décisive, la faim dans le monde. Les promesses faites de sommet en sommet ne sont pas toujours suivies d’effets. L’aide reste mal coordonnée, et la gouvernance mondiale en matière d’alimentation et d’agriculture est encore trop fragmentée. Des évolutions prometteuses existent. Il en est ainsi de la déclaration du G8 à L’Aquila, en juillet, qui a replacé le développement agricole des pays les plus pauvres au cœur de la stratégie de lutte contre la faim. La réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui va lui permettre de jouer un rôle clé dans le système de gouvernance mondial de la sécurité alimentaire, est un autre élément déterminant pour l’avenir et les directives pour le droit à l’alimentation offrent un outil opérationnel très utile pour assurer la sécurité alimentaire au niveau national.

A Rome, les dirigeants du monde auront une occasion historique de réformer le système actuel. Nous ne pouvons plus admettre tant de vies gâchées et d’enfants victimes de la faim qui ne demandaient qu’à vivre et que nous aurions pu éviter. Nous devons, et nous pouvons, vaincre la faim et faire du droit à l’alimentation une réalité pour tous.

En las próximas cuatro décadas la población mundial crecerá en 2.300 millones de personas y se hará más rica. Satisfacer la demanda de los 9.100 millones de habitantes del planeta en el 2050 exigirá producir un 70 por ciento más de alimentos que hoy en día. Por tanto, a no ser que tomemos ahora las decisiones adecuadas, nos arriesgamos a que el día de mañana la despensa mundial esté peligrosamente vacía.

Sobre todo porque en los próximos años el sistema alimentario mundial debe hacer frente al creciente desafío del cambio climático – que puede reducir la producción agrícola potencial hasta en un 30 por ciento en Áfricay hasta en un 21 por ciento en el conjunto de los países en desarrollo-,y también afrontar plagas y enfermedades transfronterizas más graves que afecten a animales y plantas. Al mismo tiempo, el sector tendrá que hacer frente a una reducción de la mano de obra agrícola – ya que unos 600 millones de personas se desplazarán del campo a las ciudades-y a una mayor competencia por la tierra y los recursos naturales, incluyendo la procedente del sector de la bioenergía.

Nuestra respuesta a estos desafíos determinará cómo podremos alimentar al planeta el día de mañana. Pero igual de importante es ocuparnos de que la gente esté alimentada hoy en día. Esto supone acabar con la difícil situación de 1.020 millones de personas que actualmente sufren desnutrición, actuando de forma decidida para erradicar el hambre completa y rápidamente.

Con la revolución verde del pasado siglo, el mundo evitó una hambruna masiva en Asia y América Latina en la década de 1970, dedicando el 17 por ciento de la ayuda al desarrollo a proyectos de irrigación, sistemas de producción de semillas, fertilizantes y forraje, carreteras rurales e instalaciones de almacenamiento.

Al afrontar un desafío similar hoy en día, el camino que seguir debe ser necesariamente diferente. Además de impulsar la inversión en agricultura, necesitamos usar de una forma más eficiente la energía, los insumos químicos y los recursos naturales, y centrarnos más en las necesidades de los campesinos y las familias rurales que viven de la agricultura.

En este sentido, un reto importante será el del agua, ya que necesitaremos de forma simultánea ampliar la superficie de regadío usando proporcionalmente menos agua. La clave para cuadrar este círculo reside en la captación y almacenamiento de aguas y en técnicas que mejoren la eficiencia en el uso del agua.

A medida que disminuya la población rural y agraria, la agricultura será cada vez más intensiva en capital – y conocimientos-para producir más alimentos y de mayor calidad para una población urbana más rica y numerosa. Por tanto, se necesitarán inversiones importantes, porque los futuros aumentos de la producción deben proceder casi en su totalidad de incrementos sostenibles de los rendimientos y de una mejor intensidad de cultivo, más que de un aumento de la superficie cultivada. De ahí también la importancia de invertir en investigación y desarrollo.

Los campesinos necesitarán también capacitarse para aprender nuevos métodos y tecnologías, y ello requerirá invertir en educación y extensión agraria. Muchas de estas inversiones procederán del sector privado y de los campesinos.

Sin embargo, para que las inversiones privadas en agricultura sean atractivas, también se deben dedicar importantes cantidades de dinero público a infraestructuras, educación, tecnología y sistemas de extensión. Se necesitan inversiones en instalaciones y equipamientos. No tiene sentido producir alimentos a no ser que haya carreteras y vehículos que permitan llevarlos a los mercados, que exista un mercado, y que el producto pueda ser almacenado y conservado.

Pero ni la financiación ni las cosechas récord serán capaces por sí solas de asegurar que todas las personas tengan acceso a los alimentos que necesitan. Si la gente pasa hambre hoy en día no es porque el mundo no esté produciendo suficientes alimentos para todos, sino porque estos no son producidos por el 70 por ciento de las personas pobres cuyo principal medio de vida es la agricultura y paradójicamente no tienen lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Por tanto, alimentar a todo el mundo en el 2050 requerirá también de estrategias de reducción de la pobreza, redes de protección social para productores y consumidores y programas de desarrollo rural. Se necesitará el establecimiento de un modelo de condiciones socioeconómicas que mejore el acceso de la gente a los alimentos. Y una reforma del sistema de comercio agrícola de forma que no sólo sea libre, sino equitativo.

Estos temas estarán presentes en los debates de la cumbre mundial sobre Seguridad Alimentaria que se celebrará en Roma del 16 al 18 de noviembre, y en la que los jefes de Estado y de Gobierno de los 192 estados miembros de la FAO decidirán sobre las políticas y estrategias que aseguren que todo el mundo tenga comida suficiente hoy y el día de mañana.

Considero que es nuestro deber, como comunidad global, hacer todo lo que esté en nuestras manos para desterrar el fantasma del hambre para siempre.

En estos días, un dólar no llevará muy lejos en una economía rica, pero en un país pobre como aquel del que provengo, Sierra Leona, hasta medio dólar puede salvar una vida o alimentar a toda una familia. Cada centavo invertido en África cuenta hoy en día para asegurar el futuro del continente.

La opinión de los expertos es unánime: la crisis financiera, alimentaria y energética golpeará con fuerza a “los mil millones de abajo”, los más pobres de 60 países que sobreviven con cerca de un dólar al día. Debido a la crisis, muchos países africanos no podrán cumplir el plazo del 2015 de reducción de la pobreza para la Meta de Desarrollo del Milenio.

El continente ha logrado importantes avances socioeconómicos en la última década. Lo he visto por mí mismo durante viajes recientes a Benín, Ghana, Etiopía, Egipto, Namibia, Nigeria, Senegal y Sudáfrica.

Entre estos avances se pueden mencionar: reformas de libre mercado, liberalización de las economías, la constante introducción de ambientes de estímulo a los negocios, fortalecimiento de las mujeres, educación. Sin embargo, la mayoría de estos avances hoy está en serio peligro.

La crisis financiera ha significado un duro golpe para las remesas. Los migrantes están perdiendo sus empleos o esforzándose mucho por reservar algo de dinero para sus parientes de sus países de origen. La perspectiva económica del Banco Mundial sugiere que las remesas caerán de un 5% a un 8% este año.

Esta no es más que la punta del iceberg de las decenas de millones de dólares a los que se puede dar seguimiento. Las compañías extranjeras están retirando sus capitales, restringiendo el financiamiento para las importaciones y las exportaciones. El comercio está en declive. El índice de desempleo, especialmente en los grupos en desventaja – jóvenes y mujeres-está aumentando a un ritmo preocupante. Sólo en Sierra Leona, cerca del 60% de los jóvenes se encuentra sin trabajo.

Si no se llega a esos mil millones de desposeídos, puede que aumenten la migración masiva y la inseguridad global. No prestar atención a las naciones más pobres equivale a posponer una crisis mucho mayor que producirá hambrunas, desórdenes y migraciones masivas. La pobreza es también una incubadora de enfermedades, y el flujo de migrantes legales e ilegales las llevará a las naciones ricas.

La pobreza no es tan sólo su problema. Es nuestro problema también. Si los países en desarrollo colapsan, habrá millones llamando a nuestras puertas, y la primera será Europa. Esta inmigración masiva afectará las relaciones sociales ya deterioradas en varios países, con consecuencias impredecibles. Sólo una respuesta global coordinada puede garantizar que a largo plazo los mil millones más pobres visiten Europa como turistas y negociantes, no como solicitantes de asilo.

África debe hacer su parte. Precisa de inversiones para superar la dependencia de una agenda dominada por los donantes y una economía agrícola, y aprender a competir a escala global. Puede generar crecimiento sostenible a través de la industrialización y la creación de un mercado único.

Necesita promover la producción y el comercio, ampliar las agroindustrias y el comercio agrícola, y crear riqueza y nuevos empleos. El desarrollo del comercio agrícola puede estimular un crecimiento económico más amplio, dar impulso al comercio regional y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza.

La globalización ha sido beneficiosa para muchos en el mundo en desarrollo. En este momento de importancia crítica, no podemos permitir que se esfume.

Debemos convertirla en un proceso más inclusivo y asegurarnos de que los recursos financieros sigan llegando a África y al mundo en desarrollo, de manera que sigan integrándose en la economía global; de que el proteccionismo se evite y los mercados se mantengan abiertos, y de que las naciones más pobres puedan crecer para salir de la persistente pobreza a través del comercio.

La abundancia de experiencias relevantes de los países de Asia y de otras áreas que se han industrializado recientemente puede mostrar a los países africanos cómo despertar sus economías, acelerando el proceso de creación de riqueza y reducción de la pobreza en el continente.

Y, por último, pero no menos importante: el desarrollo no ocurrirá sin acceso a la energía. Esta crisis puede ayudar a formular un nuevo enfoque: aumentar el acceso a servicios energéticos fiables y renovables para permitir un desarrollo sostenible, promover la eficiencia energética para asegurar que el crecimiento económico no eleve la demanda de energía y la degradación ambiental y termine agravando el cambio climático.

África tiene un gran potencial de energía hidroeléctrica, pero sólo un 7% se ha explotado hasta el momento. Las reservas africanas de gas natural llegan a cerca de un 8% de las reservas mundiales. Posee un 10% de las reservas mundiales de petróleo, pero requiere importantes inversiones para desarrollar tanto los medios energéticos tradicionales como los renovables.

Todavía no está totalmente claro cuánto del billón de dólares prometidos en la cumbre del G-20 en Londres llegará finalmente a África. Por eso, tenemos que mantenernos atentos a las cifras y seguir recordando a los líderes mundiales las necesidades de quienes viven a su sombra en el mundo en desarrollo.

Esto ajustará las prioridades de las políticas, pondrá en práctica estrategias para evitar una catástrofe humana y ayudará a África a asegurar el lugar que se merece en el ámbito económico global.

The G8′s $20bn initiative on smallholder agriculture, launched at the group’s recent summit in L’Aquila, Italy, is a potentially historic breakthrough in the fight against hunger and extreme poverty. With serious management of the new funds, food production in Africa will soar. Indeed, the new initiative, combined with others in health, education and infrastructure, could be the greatest step so far toward achieving the Millennium Development Goals, the internationally agreed effort to reduce extreme poverty, disease and hunger by half by 2015 .

During 2002-06, I led the United Nations Millennium Project, which aimed to achieve the Millennium Development Goals, for then-UN secretary general Kofi Annan. One cornerstone of the project was smallholder farmers, meaning peasant farm families in Africa, Latin America and Asia – working farms of around one hectare (2.5 acres) or less. These are some of the poorest households in the world, and, ironically, some of the hungriest as well, despite being food producers.

They are hungry because they lack the ability to buy high-yield seeds, fertiliser, irrigation equipment and other tools needed to increase productivity. As a result, their output is meager and insufficient for their subsistence. Their poverty causes low farm productivity, and low farm productivity reinforces their poverty. It’s a vicious circle, technically known as a poverty trap.

The millennium project’s hunger task force, led by two world-leading scientists, MS Swaminathan and Pedro Sanchez, examined how to break this vicious circle. The hunger task force determined that Africa could substantially increase its food production if help was given to smallholder farmers, in the form of agricultural inputs. The millennium project recommended a big increase in global funding for this purpose. Drawing on that work and related scientific findings, Annan launched a call in 2004 for an African “green revolution”, based on an expanded partnership between Africa and donor countries.

Many of us, notably current UN secretary General Ban Ki-moon, have worked hard to make this possible, with Ban repeatedly emphasising the special emergency arising from the global food, financial and energy crises of the last two years. The G8 announcement reflects these years of effort, and of course the boost from the leadership of US president Barack Obama, Spanish prime minister José Luis Zapatero, Australian prime minister Kevin Rudd, World Bank president Robert Zoellick, European commissioner Louis Michel, European parliamentarian Thijs Berman and others.

Now the key is to make this effort work. The lessons of history are clear. Getting seed and fertilizer to smallholder farmers at highly subsidized prices (or even free in some cases) will make a lasting difference. Not only will food yields rise in the short term, but farm households will use their higher incomes and better health to accumulate all sorts of assets: cash balances, soil nutrients, farm animals, and their children’s health and education.

That boost in assets will, in turn, enable local credit markets, such as microfinance, to begin operating. Farmers will be able to buy inputs, either out of their own cash, or by borrowing against their improved creditworthiness.

A consensus has now been reached on the need to assist smallholders, but obstacles remain. Perhaps the main risk is that the aid bureaucracies now trip over each other to try to get their hands on the $20bn, so that much of it gets taken up by meetings, expert consultations, overhead, reports and further meetings. “Partnerships” of donors can become an expensive end in themselves, merely delaying real action.

If donor governments really want results, they should take the money out of the hands of 30 or more separate aid bureaucracies and pool it in one or two places, the most logical being the World Bank in Washington and the International Fund for Agricultural Development (Ifad) in Rome. One or both of these agencies would then have an account with several billion dollars.

Governments in hunger-stricken regions, especially Africa, would then submit national action plans that would provide details on how they would use the donor funds to get high-yield seeds, fertilizer, irrigation, farm tools, storage silos and advice to impoverished farmers. An independent expert panel would review the national plans to verify their scientific and managerial coherence. Assuming that a plan passes muster, the money to support it would quickly be disbursed. Afterward, each national program would be monitored, audited and evaluated.

This approach is straightforward, efficient, accountable and scientifically sound. Two major recent success stories in aid have used this approach: the Global Alliance on Vaccines and Immunizations, which successfully delivers immunisations to young children, and the Global Fund to Fight Aids, TB, and Malaria, which supports national action plans to battle these killer diseases. Both have saved millions of lives during the past decade, and have paved the way to a new more efficient and scientifically sound method of development assistance.

Not surprisingly, many UN agencies and aid agencies in rich countries fight this approach. All too often, the fight is about turf, rather than about the most effective way to speed help to the poor. Obama, Rudd, Zapatero and other forward-thinking leaders can therefore make a huge difference by following up on their pledges at the G8 and insisting that the aid really works. The bureaucracies must be bypassed to get help to where it is needed: in the soil tilled by the world’s poorest farm families.

En septiembre de 2008 asistí a una reunión de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas que intentan reducir la pobreza antes de 2015. Se habló de la necesidad de destinar más fondos para erradicar el hambre, prevenir las muertes infantiles y maternas, proporcionar agua no contaminada y servicios sanitarios, o educar a las niñas. La reunión coincidió con el desplome de uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street. Sin demora, los Gobiernos fueron capaces de inyectarle dinero en abundancia. Unas sumas muy superiores a las que nunca habían logrado reunir para frenar la pobreza.

La recesión económica global reproduce el patrón del cambio climático: los ricos son en gran medida responsables, pero los pobres sufren las peores consecuencias. El Banco Mundial ha pronosticado que en 2009 otros 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó la crisis alimentaria del año pasado. La Organización Internacional del Trabajo prevé que entre 18 y 51 millones de personas pierdan su empleo. En África, millones de personas siguen viviendo bajo el umbral de la pobreza. América Latina es la región con más desigualdades del mundo. India emerge como gigante económico, pero no aborda las penurias de su población urbana. En China crece el desfase entre el nivel de vida de los trabajadores rurales y migrantes y las acomodadas clases urbanas. Estados Unidos ocupa el puesto 27 en la clasificación de los 30 países de la OCDE que más sufren la pobreza endémica.

La cruda realidad es que mucha gente es pobre a causa de las políticas de discriminación, marginación y exclusión adoptadas o toleradas por los Estados, con la connivencia de empresas o actores privados. Las personas que viven en la pobreza sufren la inseguridad en todas sus formas, desde el hambre hasta la brutalidad policial. Son ignoradas y oprimidas, sus voces no se oyen. ¡Qué mayor negación de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos!

Los Gobiernos no sólo han renunciado a la regulación económica y financiera a favor del mercado, sino que han fracasado a la hora de proteger los derechos humanos. Con su actuación negligente, los líderes mundiales han generado una enorme brecha al no invertir en ellos. Frente a la recesión, los Gobiernos poderosos están volviendo la mirada hacia sí mismos haciendo caso omiso de la crisis de derechos humanos que les rodea. Y ante el riesgo de inestabilidad política, responden reprimiendo las críticas y con una falta total de rendición de cuentas.

La crisis económica global amenaza con conducir a más gente a la pobreza y convertirla en blanco de violaciones de derechos humanos. La crisis alimentaria está empeorando, y aun así apenas atrae la atención de la comunidad internacional, a pesar de que la ONU señala que casi mil millones de personas padecen hambre en el mundo. Y el hambre aumenta por la falta de inversión en agricultura, la competencia desleal por la bajada de precios, el cambio climático, el aumento de la población y la demanda masiva de biocombustibles. Además, millones de personas que dependen de la ayuda alimentaria, como en Zimbabue, se convierten en moneda de cambio de los Gobiernos para controlar a su oposición política.

El despido de cientos de miles de trabajadores migrantes reduce las remesas que ascienden anualmente a unos 200.000 millones de dólares, y que son una importante fuente de ingresos en países como Bangladesh, Filipinas, Kenia o México. Esto reduce los ingresos de los Gobiernos y, por tanto, los fondos destinados a bienes y servicios básicos. Pero aunque se contrae el mercado de trabajo, sigue aumentando la presión migratoria. Sólo en 2008, 67.000 personas emprendieron la peligrosa travesía hasta España por el Mediterráneo; no se sabe cuántas murieron durante el trayecto. La solución de los países de la UE son acuerdos bilaterales con terceros países, como Mauritania, donde se puede detener arbitrariamente, recluir en condiciones precarias y expulsar sin ninguna garantía legal.

Los mismos líderes que se afanan por sacar adelante programas de estimulación de la economía global siguen ignorando conflictos sangrientos que generan abusos masivos contra los derechos humanos. Estos conflictos agudizan la pobreza y ponen en peligro la estabilidad regional, como en Israel y los Territorios Ocupados, Afganistán, Darfur o Pakistán, donde la violencia está produciendo desplazamientos masivos de población.

Ante esta situación, el mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo político y económico distinto que funcione igual para todas las personas. Un liderazgo que empuje a soluciones integradoras, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos. Una nueva generación de Estados, bajo la forma del G-20, reclama ese liderazgo mundial. Pero para convertirse en líderes efectivos deben enfrentarse primero a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en la defensa de los derechos humanos. ¿Serán capaces de hacerlo? Amnistía Internacional acaba de lanzar una nueva campaña global, Exige Dignidad, que movilizará a las personas para presionar a los líderes políticos y de empresa, y conseguir que rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos que generan o agudizan la pobreza.

President Obama has embarked on a promising new course to fight hunger and promote economic growth and political stability in countries like Cambodia, Honduras and Malawi. These countries, and many more, have large populations of impoverished farm families. Tough climates, environmental degradation and a lack of modern farm technology often limit food production to one-third or less of its potential. President Obama recently called upon Congress to double financial support for agricultural growth in developing countries to more than $1 billion in 2010. His program aims to help smallholder farmers get things like better seeds, fertilizer, small-scale irrigation and access to markets so they can overcome hunger and break out of extreme poverty. This new program could have amazing results — if it is properly carried out.

A crucial factor in determining the program’s success will be how Washington delivers aid to the farmers. The traditional approach, and the wrong one in this case, would be for Washington to try to decide what’s best for each country, and then spend considerable time and money on report-writing, site visits and professional advice. When aid programs are operated this way, they can end up spending half or more of their funds on United States-based travel, personnel and administration, and take years to get off the ground. The benefits for poor countries are then much too little and too late.

Rather than have Washington decide the kind of aid each country will receive, the recipient countries should be invited to prepare plans and budgets that would be reviewed by independent experts. These plans would describe the inputs needed by the farmers, the expected increase in production, how the strategy would be put into place and how much money would be required. Such plans, if described with care, could then be closely monitored by the United States and other donors to gauge results and avoid corruption.

Two international programs during the last decade, championed jointly by the United States, other governments and the Gates Foundation, have demonstrated the benefits of such a scientific, results-based aid approach: the Global Alliance for Vaccines and Immunization, and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. These programs have saved millions of lives and protected hundreds of millions more from disease and infection. Here’s how they work: Low-income countries submit national action plans to the two programs, which then scrutinize the plans on their scientific, financial and management merits. If the plans are properly put into effect, recipients get more financing.

It’s time to adopt these strategies to fight hunger. The good news is that many poor and hungry countries already have elaborate and sophisticated plans for their smallholder farmers, but until now they’ve lacked the financial means and donor support to put those plans into action.

This is not to say that these countries must do all the planning on their own. They can also draw upon the expertise of international farm experts from respected global agencies like the United Nations International Fund for Agricultural Development in Rome, and food research centers in the United States and abroad. They can also seek guidance from America’s land-grant universities, as the Obama plan envisions, and leading agricultural companies.

For maximum effect, the United States should also pool its efforts with other donor countries and the United Nations. America’s $1 billion per year could be at least doubled by the contributions of others, including Spain and the European Commission. The overall program — pooled financing, country proposals with independent scientific review, and technical assistance for recipient countries — could be based at the United Nations International Fund for Agricultural Development.

The Obama administration recognizes that many volatile regions — the Horn of Africa, parts of the Middle East like Yemen and areas of South and Central Asia — are unstable in large part because they are hungry and poor. The next step is to empower recipient governments to map their own path to development. Mr. Obama’s new initiative could be a major pillar of a strategy that is based on generosity, good science and rigorous management.

El 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. La lucha contra la plaga de la desnutrición ha contado con un largo periodo de progresos moderados, pero sostenidos. Ello no obstante, tras los espectaculares incrementos de precios de los alimentos básicos, este año se ha invertido la tendencia. Se ha producido un fuerte retroceso que nos ha situado de golpe años atrás. Según la FAO, en la actualidad son 923 millones las personas que pasan hambre en el mundo, 75 millones más que hace un año. Este retroceso evidencia la existencia de nuevas variables que dan al traste con el conformismo actual.
¿Qué hacer? Las estadísticas nos dicen algo que todos ya sabemos, que la clave de la lucha contra el hambre es el desarrollo económico y ello quiere decir formación, tecnología, infraestructuras, equipos, maquinaria. Desnutrición y subdesarrollo se retroalimentan y para romper la cadena hay que actuar sobre el eslabón del crecimiento económico. A pesar de ello, buena parte de los fondos en la lucha contra el hambre se destinan a actuaciones asistenciales; solo una parte se dirige a mejoras estructurales que modifiquen la capacidad de desarrollo del país asistido. Pero la asistencia es imprescindible. No por razones estratégicas podemos dejar de atender lo inmediato. Es más, cuando la necesidad es perentoria, lo inmediato no admite demoras ni semántica sobre prioridades.
En un símil próximo, Manuel Vázquez Montalbán decía no atreverse a fijar los límites que separaban la caridad de la solidaridad. En resumen, se dispone de unos recursos escasos para cubrir unas necesidades asistenciales urgentes y unos costosos objetivos de desarrollo económico a largo plazo.
Sin embargo, en el puzle del siglo XXI a favor de la opción del desarrollo, además de los recursos clásicos, contamos con una nueva pieza que no había sido considerada hasta ahora: se trata de internet. A veces, las cosas más evidentes aparecen invisibles a nuestros ojos. Internet y en general las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han roto todos los muros y fronteras virtuales hasta imponer la realidad actual de un mundo globalizado.
Años atrás, voces ilustres advertían de los riesgos de la sociedad dual, la conectada y la no conectada a las redes telemáticas (autopistas de la información). Hoy se está viendo que las TIC están siendo la puerta para integrar dos mundos reales, el conectado al bienestar y el desconectado de este bienestar.

¿CUÁL ES LA puerta que abre internet para lograr este objetivo? La respuesta es el conocimiento, que internet pone a disposición de toda la humanidad a un coste, en términos relativos, muy reducido. Hoy, teóricamente, cualquier habitante del planeta puede tener acceso con cierta facilidad, vía Internet, a la información de una biblioteca con más información que cualquier otra biblioteca del mundo 15 años atrás. Este acceso, a pesar de las múltiples barreras culturales y económicas que efectivamente existen, está provocando una dinámica de contagio del conocimiento en forma de mancha de aceite. Internet se ha convertido en la más importante herramienta de intercambio cultural, de comparación, de diálogo y de información de la humanidad. Se trata de un gigantesco club de usuarios donde todos son maestros y todos, a su vez, alumnos.
Por otra parte, internet abre las puertas al intercambio de servicios. Es el llamado offshoring o outsourcing internacionales o, dicho en otras palabras, la deslocalización digital. Las relaciones comerciales entre centro y periferia son casi tan viejas como la humanidad. El comercio de mercancías ha sido la base del intercambio económico entre la metrópoli y las colonias, entre países desarrollados y el llamado tercer mundo. Sin embargo, es una relación que con excesiva facilidad pasa a ser desigual. Por el contrario, el intercambio de servicios vía internet crea relaciones casi anónimamente más igualitarias y, por tanto, favorables al desarrollo de los países de la periferia. Un ciudadano de Nueva Delhi, por ejemplo, puede competir con un profesional cualificado de Los Ángeles con unas infraestructuras mínimas de comunicación, un ordenador y conocimiento. No importa que el interlocutor esté a 9.000 kilómetros de distancia o en el despacho de al lado, el coste es parecido, solo importa el conocimiento. Hoy es Nueva Delhi, pronto puede ser Luanda. Tal como dice Thomas Friedman, la subcontratación exterior no es solo cosa de traidores, también lo es de idealistas.

DE HECHO, garantizar el acceso económicamente accesible a las redes telemáticas de información y comunicación es la herramienta más eficaz en términos coste-beneficio para el desarrollo autosostenido. Algo que organizaciones como la Bill and Melinda Gates Foundation deberían considerar, dada precisamente su proximidad cultural con esta herramienta tecnológica.
En otro sentido, para nuestro país, esta nueva realidad es la puerta a nuevos retos e incertidumbres. Nos acercamos a un mundo distinto, multipolar, más desarrollado y, por lo tanto, más apretado. Ello requerirá muchos reajustes, no siempre fáciles. En cualquier caso, en un mundo sin fronteras, encerrarse en un imaginario castillo local es una ilusión que puede salir muy cara dentro de unos años.

As world leaders prepare to gather in New York for yet another UN summit on poverty, one question looms large: is there any point? The answer will depend on whether the meeting recycles old platitudes or sets out practical plans for combating deprivation, disease and illiteracy.

The summit is an attempt to renew support for the millennium development goals – the targets adopted for the reduction of global deprivation by 2015. They include cutting child deaths by two-thirds, the rate at which mothers die in childbirth by three-quarters, extreme poverty and malnutrition by half – and making available universal primary education.

With public attention locked on to the credit crisis, and rising energy and food costs, it’s easy to lose sight of what’s at stake: 10 million children die each year from preventable, poverty-related diseases; there are 1.4 billion people in the world surviving on less than $1.25 a day; and more than 70 million primary school-age children are out of school.

The development goals are supposed to be a sort of promissory note for the world’s poor redeemable in 2015. But at the moment they have all the credibility of a sub-prime mortgage security.

Business-as-usual projections tell their own story. The gap between the pledges and projected outcome in 2015 is equivalent to 4.5 million child deaths, more than the entire under-five population of the UK. What can the UN summit do to change this picture? Rich countries need to stop talking and start delivering on aid and trade.

Three years ago at the Gleneagles G8 summit, countries promised a step increase in aid. Since then, aid flows have been stagnating, and research indicates developed countries are $30bn down on their commitments. And it’s real money, not promises, that builds schools, pays health workers and funds pipes to carry clean water. The UN summit is an opportunity for recalcitrant donors to fulfil their promises.

Then there was Doha. This was supposed to be the trade talks’ “development round”. Rich countries were going to open their markets to the poorest and slash the farm subsidies that undermine developing countries’ agricultural economies. In the event, the only thing that has been slashed is the credibility of the World Trade Organisation.

It would be too much to expect the UN summit to revive the corpse of Doha. But developed countries could provide full market access for the poorest countries in other regions. Listen to some millennium development goal enthusiasts and you’d think all that stands between the world and those targets is a lack of aid generosity and fairer trade rules. Sadly it’s not. Developing country governments have much to answer for.

Take the case of India. For almost two decades the country has been in the premier league of world economic growth. Meanwhile, the child death toll is falling at less than half the rate needed to achieve the UN target. The economy might be booming, but 45% of India’s children are still malnourished. India may be a world leader in delivering hi-tech computer services to global markets, but a public health system that saves children from diarrhoea? Forget it.

But there are positive examples too. In Brazil, the Bolsa Familia programme provides income transfers of $35 a month to 11 million of the poorest families. In return, they make a commitment to keep their children in school and take them for health checks. The scheme is reducing inequality, helping extend opportunity and breaking the transmission of poverty across generations. It’s called redistributive social justice. It works – and more countries should try it.

La actual crisis económica hace que todos nos replanteemos nuestro presupuesto y busquemos sacarle el mejor partido a nuestros recursos económicos. Familias, empresas y organizaciones reducimos nuestros gastos para afrontar los próximos meses, esperando que esta situación temporal cambie lo antes posible. En momentos así es cuando más valor tiene la solidaridad. Ahora se evidencia realmente nuestra generosidad con los más necesitados, los más vulnerables. Ahora más que nunca debemos dedicar el dinero a lo que de verdad vale la pena. En época de bonanza económica, cuando el donativo no supone ninguna renuncia, cualquiera puede ser solidario, pero el compromiso auténtico, la verdadera solidaridad, se demuestra cuando las cosas no van tan bien y, a pesar de ello, seguimos esforzándonos por ayudar a quien lo necesita.
Por ello es tan importante en estos tiempos de preocupación por el futuro seguir informando y concienciando de la pobreza y la precariedad en que viven millones de personas (en el tercer mundo, pero también en el primero). La crisis económica no solo es una realidad para nosotros: lo es para todas las personas en los países del sur, que por la subida de precios de los alimentos han pasado de dos comidas al día a una, han retirado a sus hijos de la escuela o han renunciado a unas medicinas que ya no pueden pagar.

LA TELEVISIÓN ha mostrado estas últimas semanas las tormentas y huracanes que han azotado sin piedad el Caribe, causando cientos de muertos y miles de desplazados solo en Haití. Como cada año, llueve sobre mojado en el país más pobre de América. La diferencia esta vez es que Haití estaba ya al borde del colapso mucho antes de que llegaran las inundaciones. En abril, la crisis alimentaria provocó disturbios en la capital, Puerto Príncipe, que se saldaron con cinco muertos y la dimisión del primer ministro. La lluvia que ha caído sin pausa estas semanas no solo ha destrozado las infraestructuras de por sí endebles del país, sino que ha inundado el valle Artibonite, en el que se cultiva el 80% del arroz haitiano, justo cuando llegaba la hora de la cosecha. Así que los precios, ya de por sí muy altos, seguirán subiendo sin respiro.
Quizá la población consuma ahora pasteles de barro, que desde hace un cierto tiempo forman parte de la dieta habitual en uno de los barrios de chabolas de la capital, el mal llamado Cité du Soleil. Es el único alimento que escapa a la tendencia inflacionista. En situaciones como esta, la comunidad internacional debe actuar a tiempo y proporcionar la ayuda necesaria para reconstruir el país y, ante todo, para alimentar a la población. ¿O es posible escudarse en la crisis económica global para no actuar ante una catástrofe humanitaria local de esta envergadura?
En los últimos meses también nos ha llegado a través de los medios la peor cara de Etiopía: la de la desnutrición. En las áreas afectadas por la sequía, las familias etíopes ignoran la crisis mundial y sus causas. Lo que conocen bien son sus efectos. En el último año, las lluvias escasearon en muchas zonas de las regiones de Afar, Somalí, Oromya y Sur. Encima, el precio de los cereales se disparó, lo que privó a muchos de su alimento principal. En los mercados el precio del teff, el cereal con que se prepara el pan básico del país, ha aumentado casi un 40%.
Así que la principal preocupación de las familias, sobre todo en las zonas rurales, es conseguir comida para el día siguiente. Han perdido cosecha tras cosecha y tampoco se han salvado los animales, el principal medio de vida de estas comunidades dedicadas mayoritariamente al pastoreo. Según el Programa Mundial de Alimentos, hay 10 millones de afectados por la crisis. Dentro de un mes empieza la cosecha, pero por casi todo el país los campos siguen secos. La poca lluvia de los últimos meses apenas ayudará a una minoría. La gran mayoría de etíopes seguirán obligados a esperar la ayuda internacional, que tarda en llegar y que también se ve afectada por los precios del mercado: si los presupuestos destinados a ayuda humanitaria y cooperación no aumentan, pero los precios de los alimentos se triplican, una organización que antes repartía tres sacos de trigo hoy estará dando tan solo uno.

SON SOLO dos claros ejemplos que ilustran una situación muy grave que no podemos ignorar. Girar la vista y centrarnos en nuestros problemas domésticos no es admisible. La solidaridad es un valor humano que todos debemos mantener en momentos así, cuando es más necesaria que nunca. Si, después de revisar su presupuesto familiar, algún donante se ve obligado a reducir parcialmente sus donativos o su tiempo, que no su compromiso, las organizaciones nos habremos de adaptar al nuevo escenario. Pero me preocupan especialmente en esta situación los avisos de diversos estamentos gubernamentales y autonómicos que apuntan a retrasos en los compromisos de alcanzar a medio plazo porcentajes de ayuda del 0,7%. En Intermón Oxfam y en muchas otras organizaciones trabajamos cada día para que la situación de muchas personas pueda mejorar. Personas que luchan por su supervivencia y por acceder a una vida digna, para sí y para sus hijos. La dignidad humana es una constante, no depende de la coyuntura. La auténtica solidaridad, tampoco.

Han sido diversos los analistas que han expresado un juicio crítico acerca del, en su opinión, limitado perfil que la política internacional tuvo en el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero. Hay, sin embargo, un campo al que es difícil extender ese juicio: la cooperación para el desarrollo. Desde su constitución en la pasada legislatura, el Gobierno socialista ha tratado de hacer de la lucha contra la pobreza mundial una de sus señas de identidad. El propio presidente personalizó este empeño en Naciones Unidas, a los pocos días de su toma de posesión; y recientemente lo ha vuelto a hacer en una conferencia convocada para dar a conocer su política internacional. Nunca antes ese compromiso había sido tan explícito, ni había sido expresado a tan alto nivel: justo es reconocerlo. En correspondencia, el sistema de cooperación vivió en estos últimos años un intenso proceso de cambio. No siempre los propósitos se ajustaron a una razonable estimación de capacidades, ni en todos los casos se advirtieron los requerimientos técnicos y de gestión que el proceso requería. El comienzo de esta nueva legislatura puede ser un buen momento para reparar en ello.

Ha de empezar por reconocerse que es mucho lo avanzado. La manifestación más visible de ese proceso la proporciona el intenso crecimiento de la ayuda. En 2003, el año anterior al primer triunfo electoral de Rodríguez Zapatero, la cooperación española cerraba el ejercicio con una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) equivalente a algo menos de 2.000 millones de dólares; en 2007 la AOD superó los 5.700 millones: es decir, en apenas cuatro años los recursos, medidos en dólares, casi se triplicaron, convirtiendo a nuestro país en el séptimo donante del mundo. El coeficiente de AOD sobre el PIB, que mide el esfuerzo de los donantes, siguió similar trayectoria, pasando de un modesto 0,23% al 0,41% actual. Como consecuencia, el esfuerzo español no sólo supera hoy holgadamente el promedio del resto de donantes de la OCDE, sino también -por primera vez en la historia- el correspondiente a la media de la UE.

La expansión de recursos fue acompañada de otros cambios relevantes en la orientación de la ayuda. Rompiendo con la tradición autárquica que había caracterizado a la cooperación española, el Gobierno decidió implicarla más activamente en la promoción de respuestas cooperativas a escala internacional. Se sumó así a la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se animaron propuestas de diverso alcance como la Alianza de Civilizaciones o la Alianza contra el Hambre. Al tiempo, se recompusieron los lazos de confianza entre los actores sociales del sistema de cooperación, manteniendo en su seno un elevado nivel de consenso. Y, en fin, se trató de acompañar el crecimiento de la ayuda con una reforma parcial de los procedimientos de gestión, procediendo a una más exigente programación de sus acciones.

Pese a este importante impulso reformador, sigue habiendo carencias. Una primera es la excesiva fragmentación de la ayuda: un rasgo derivado de la presencia en su seno de múltiples actores que operan con notable autonomía. Además de la Administración central, los Gobiernos autónomos y las corporaciones locales están implicados en la política de ayuda, aportando algo más del 14% del total de los recursos. El surgimiento de este tipo de cooperación ha permitido enraizar respuestas solidarias en instancias más cercanas a la ciudadanía, pero a costa de dispersar la ayuda. No siempre estas instituciones han dispuesto, además, de los medios técnicos y humanos para garantizar una cooperación de calidad, por lo que buscaron en las ONG la vía preferente de canalización de sus recursos. Este hecho, unido al propio apoyo que la Administración central brinda a las ONG, ha originado que España sea uno de los sistemas de cooperación donde estos actores han alcanzado un mayor protagonismo. De nuevo, un factor que ayuda a explicar la fragmentación del sistema. Un cálculo modesto atribuiría a las ONG la gestión de cerca de un tercio de la ayuda bilateral bruta. Si ello contribuye a dotar a la cooperación española de una mayor sensibilidad y capilaridad social, también refuerza los niveles de dispersión de sus intervenciones. Conviene señalar que la fragmentación de la ayuda no sólo afecta a la eficacia y coherencia del sistema, sino también presiona a los gobiernos receptores, que ven multiplicado el número de sus interlocutores. Así pues, elevar la calidad y capacidad de impacto de la cooperación requiere mejorar la coordinación de actores, tanto en España como en los países donde se opera.

En segundo lugar, caracteriza a la cooperación española la falta de un perfil definido de prioridades. Se pretende hacer de todo y casi en todas partes. Mientras donantes más experimentados limitan su ámbito preferente de actuación a apenas una docena y media de países, España sitúa a medio centenar entre sus prioridades. Los esfuerzos de programación, si bien meritorios, no han ayudado a corregir este rasgo, al haber definido las estrategias más por vía de agregación que de selección. La mejora de la eficacia de la ayuda demandaría una política más selectiva, que defina de forma más cuidadosa las ventajas propias y asiente sobre ellas la contribución de España al sistema de cooperación internacional. La dinámica de expansión de recursos conspira, sin embargo, contra esta exigencia selectiva.

En tercer lugar, caracteriza al sistema público español su tendencia a convertirse en canalizador de recursos, más que en promotor de iniciativas de desarrollo. Es muy bajo el peso que tiene en su seno la ayuda programática, que es el núcleo más articulado y previsible de la actividad de un donante. Lo que revela la limitada capacidad de la cooperación española para afrontar intervenciones directas en los países beneficiarios; y, en cambio, confirma su recurrente búsqueda de fórmulas alternativas de más fácil desembolso (operaciones de deuda, financiación a ONG o apoyo a instituciones internacionales).

En estos años, una de las vías más socorridas para canalizar los nuevos fondos ha sido el apoyo al sistema multilateral. Se partía, bien es cierto, de un muy bajo nivel de presencia de España en este tipo de organizaciones, particularmente de Naciones Unidas, lo que obligaba a una acción correctora como la realizada. No obstante, no parece que se hayan sometido siempre las aportaciones a un análisis detenido de conveniencia, en función del mandato y eficacia de la institución beneficiada, ni se han creado las capacidades necesarias para hacer un seguimiento exigente de los programas acordados.

En todo caso, el crecimiento de la ayuda española no puede descansar en el recurso indefinido a la financiación multilateral. Es necesario asentar sobre bases propias la ampliación de la ayuda, lo que obliga a invertir más activamente en las capacidades del sistema. Una tarea que debe comenzar por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). No sólo requiere esta institución mayor agilidad operativa, sino también una cultura de trabajo orientado a resultados y una mayor dotación de personal técnico del que ahora dispone. La reserva casi exclusiva de los puestos directivos a personal diplomático, sin consideración de su previa experiencia en materia de cooperación, constituye una traba en la requerida profesionalización de la AECID que parece haber sobrevivido al empeño reformador.

Existe el compromiso, suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, de alcanzar antes de 2012 el 0,7% del PIB en materia de ayuda al desarrollo. El presidente Rodríguez Zapatero lo reiteró en la presentación reciente de su política exterior. El tono del ciclo económico no va a facilitar la tarea, pero ésta se convertirá en imposible si no se superan las limitadas capacidades de gestión de nuestra ayuda.

Hacer realidad lo comprometido exige, por tanto, transitar de la externalización de recursos a la inversión en las propias capacidades humanas, institucionales y técnicas del sistema; de los gestos vistosos a la reforma paciente y silenciosa de la gestión. Si ese proceso impusiera un ritmo más lento a la expansión de los recursos sería una transacción aceptable, porque el objetivo no es crecer a toda costa (y a cualquier coste), sino generar un sistema de cooperación sólido y eficaz.

Cuando murió su padre, Aquilino Flores tenía 12 años y sabía que su tierra, Huancavelica, uno de los departamentos más pobres de la sierra peruana, no le depararía más futuro que la inseguridad y el hambre en que había vivido desde que nació.

Entonces, como millares de sus comprovincianos, emigró a Lima. Allí empezó a ganarse la vida lavando autos en los alrededores del Mercado Central. Era un muchacho simpático y trabajador y, un día, el dueño de uno de los carros que lavaba, le propuso que le vendiera algunos de los polos que fabricaba en su taller informal. Le dio 20 y le dijo que se tomara todo el tiempo que le hiciera falta. Pero Aquilino vendió las 20 camisetas en un solo día. De este modo, antes de haber alcanzado la adolescencia, pasó de lavador de autos a vendedor ambulante de ropa en el centro de la Lima colonial.

No tenía casi instrucción pero era empeñoso, inteligente y con una intuición casi milagrosa para identificar los gustos del público consumidor. Un día le preguntó a su proveedor de polos si se los podía confeccionar con figuritas de colores, que eran los preferidos de sus clientes. Y como aquél no fabricaba ropas estampadas, Aquilino subcontrató a un tintorero informal para que añadiera adornos e imágenes a las camisetas que vendía. A veces, él mismo le sugería los diseños y colores.

Como el negocio funcionaba bien, Aquilino se trajo de Huancavelica a sus hermanos Manuel, Carlos, Marcos y Armando y los puso a trabajar con él. De vendedores ambulantes pasaron luego a ser comerciantes estables en el Mercado Central. Para conseguir los mejores sitios del local, estaban allí a las cuatro y media de la madrugada y no se movían de sus mostradores hasta el anochecer.

De intermediarios y vendedores, se convirtieron después en productores. Comenzaron con una máquina de coser en un garaje, luego otra, otra y muchas más.

El gran salto del negocio artesanal de Aquilino Flores comenzó el día en que un comerciante de Desaguadero, la ciudad fronteriza entre Perú y Bolivia y paraíso del contrabando y la economía informal, le hizo un pedido de ¡10.000 dólares de camisetas con dibujitos de colores! Aquilino tuvo una especie de vértigo. Pero él nunca le había escurrido el bulto a un desafío y aceptó el reto. De inmediato, subcontrató a todos los talleres de confección del barrio y trabajando a marchas forzadas llegó a entregar los 10.000 dólares de polos en los plazos prometidos. Desde entonces, la familia Flores se dedicó, además de vender, a producir ropas para los peruanos de bajos ingresos y a distribuir sus mercancías ya no sólo en Lima sino por provincias y a exportarlas al extranjero.

Cuarenta años después de su llegada a Lima con una mano atrás y otra adelante el ex lavador de autos y ex vendedor callejero es el dueño de Topitop, el más importante empresario textil del Perú, que tiene ventas anuales de más de 100 millones de dólares y que da empleo directo a unas 5.000 personas (dos tercios de ellas mujeres) e indirecto a unas 30.000. Cuenta con 35 almacenes en el Perú, tres en Venezuela, varias fábricas y un próspero sistema de tarjetas de crédito para el consumo en sociedad con un banco local. Sigue siendo un hombre sencillo, orgulloso de sus orígenes humildes, que trabaja siempre unas 12 horas diarias y los siete días de la semana. Sus hijos, a diferencia suya, han estudiado en las mejores universidades y contribuido como profesionales a la formalización y modernización de sus empresas, un modelo en su género y no sólo en el Perú.

Tomo todos estos datos sobre Aquilino Flores y Topitop de un penetrante estudio del economista Daniel Córdova y un equipo de colaboradores que aparece en un libro recién publicado en los Estados Unidos: Lessons from the Poor (Lecciones de los pobres), editado por Álvaro Vargas Llosa para The Independent Institute, una fundación que promueve la cultura liberal. En él se estudian cuatro casos de empresas y los clubes de trueque que surgieron en Argentina durante la crisis financiera del año 2001-2002. Las empresas, dos de América Latina y dos de África, que, como las de los Flores, nacieron sin capital alguno, por iniciativa de gentes muy humildes y de educación precaria, y que, a base de esfuerzo, perseverancia, intuición y astuto aprovechamiento de las condiciones del mercado, consiguieron crecer hasta convertirse en poderosos conglomerados que hoy operan en el mundo entero dando empleo a decenas de miles de familias y contribuyen así al progreso de sus países. Es un libro estimulante y práctico que muestra, con pruebas palpables, que la pobreza es derrotable para quienes tienen ojos para ver y conciencia para aprender de los buenos ejemplos.

Lo extraordinario de estas cinco historias es que todas estas empresas salieron adelante a pesar de operar en unos contextos sociales y políticos hostiles al mercado libre y a la empresa privada, envenenados de populismo, intervencionismo estatal y corrupción, donde la propiedad privada era atropellada con frecuencia y las reglas de juego de la vida económica cambiaban todo el tiempo según el capricho de unos gobiernos demagógicos e ineptos.

Lo que muestra esta investigación es que la necesidad y la voluntad de vivir de los pobres son capaces a veces de superar todos los obstáculos que, en los países del tercer mundo, levantan contra la iniciativa individual y la libertad el estatismo, el nacionalismo económico, el colectivismo y otras ideologías anti-mercado. Y que la falta de capital y de formación profesional pueden en casos extremos ser compensadas por la experiencia práctica y el esfuerzo. Si los Flores y los Añaños en el Perú, si la cadena de supermercados Nakamatt en Kenia y las empresas de diseño industrial Adire de Nigeria -los cuatro casos investigados en el libro- alcanzaron, pese a tantos escollos y dificultades que encontraron, la prosperidad de que ahora gozan, no es difícil imaginar lo que ocurriría si los pobres del tercer mundo pudieran trabajar en un contexto propicio, que alentara el espíritu empresarial en vez de asfixiarlo con el reglamentarismo y la tributación confiscatoria y, en vez de inseguridad jurídica, sus comerciantes, artesanos e industriales contaran con reglas de juego estables, claras y equitativas.

Otra de las enseñanzas de esta investigación es que la mejor ayuda que pueden prestar los países desarrollados y los organismos financieros internacionales para combatir la pobreza y el subdesarrollo no son las dádivas ni los subsidios que, en contra de los generosos propósitos que los animan, sirven para embotar la iniciativa y crear actitudes pasivas, de dependencia y parasitismo, y estimular la corrupción, sino crear las condiciones de libertad y competencia que permitan a los pobres trabajar y valerse de sus propios medios para mejorar sus condiciones de vida y progresar. Abrir los mercados que ahora tienen cerrados a los productos que proceden de los países subdesarrollados es, según todos los economistas que escriben en Lessons from the poor, la mejor ayuda posible que los países ricos pueden dar para impulsar el desarrollo en África y América Latina, las dos regiones más atrasadas del mundo, pues en Asia, con excepción de satrapías como Myanmar, ya parece haber despegado.

Los pobres saben mejor que nadie, porque lo han aprendido en carne propia, que no son los Estados ineficientes del tercer mundo, paralizados por el cáncer de la burocracia y roídos por la ineficiencia, los tráficos delictuosos, el amiguismo y otras taras, quienes los sacarán de la pobreza. Saben, como Aquilino Flores cuando se rompía los lomos lavando autos o trotando por las calles de Lima vendiendo camisetas, que su supervivencia dependía sólo de su ingenio, su trabajo y su voluntad de superación. Esa energía puede mover montañas, a condición de que no se agote y esterilice luchando contra artificiales obstáculos que vienen siempre de la intromisión estatal. Los héroes civiles cuyas hazañas describen los estudios de este libro son un ejemplo vivo de que la pobreza en la que viven cientos de millones de personas todavía en el mundo no es una fatalidad irredimible sino un mal que puede ser combatido y vencido con unas armas cuya divisa cabe en cuatro palabras: trabajo, propiedad privada, mercado y libertad.

What’s the world’s greatest moral challenge, as judged by its capacity to inflict human tragedy? It is not, I think, global warming, whose effects — if they become as grim as predicted — will occur over many years and provide societies time to adapt. A case can be made for preventing nuclear proliferation, which threatens untold deaths and a collapse of the world economy. But the most urgent present moral challenge, I submit, is the most obvious: global poverty.

There are roughly 6 billion people on the planet; in 2004, perhaps 2.5 billion survived on $2 a day or less, says the World Bank. By 2050, the world may have 3 billion more people; many will be similarly impoverished. What’s baffling and frustrating about extreme poverty is that much of the world has eliminated it. In 1800, almost everyone was desperately poor. But the developed world has essentially abolished starvation, homelessness and material deprivation.

The solution to being poor is getting rich. It’s economic growth. We know this. The mystery is why all societies have not adopted the obvious remedies. Just recently, the 21-member Commission on Growth and Development — including two Nobel-prize winning economists, former prime ministers of South Korea and Peru, and a former president of Mexico — examined the puzzle.

Since 1950, the panel found, 13 economies have grown at an average annual rate of 7 percent for at least 25 years. These were: Botswana, Brazil, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Malta, Oman, Singapore, Taiwan and Thailand. Some gains are astonishing. From 1960 to 2005, per capita income in South Korea rose from $1,100 to $13,200. Other societies started from such low levels that even rapid economic growth, combined with larger populations, left sizable poverty. In 2005, Indonesia’s per capita income averaged just $900, up from $200 in 1966.

Still, all these economies had advanced substantially. The panel identified five common elements of success:

· Openness to global trade and, usually, an eagerness to attract foreign investment.

· Political stability and “capable” governments “committed” to economic growth, though not necessarily democracy (China, South Korea and Indonesia all grew with authoritarian regimes).

· High rates of saving and investment, usually at least 25 percent of national income.

· Economic stability, keeping government budgets and inflation under control and avoiding a broad collapse in production.

· A willingness to “let markets allocate resources,” meaning that governments didn’t try to run industry.

Of course, qualifications abound. Some countries succeeded with high inflation rates of 15 to 30 percent. Led by Japan, Asian countries pursued export-led growth with undervalued exchange rates that favored some industries over others. Good government is relative; some fast-growing societies tolerated much corruption. Still, broad lessons are clear.

One is: Globalization works. Countries don’t get rich by staying isolated. Those that embrace trade and foreign investment acquire know-how and technologies, can buy advanced products abroad, and are forced to improve their competitiveness. The transmission of new ideas and products is faster than ever. After its invention, the telegram took 90 years to spread to four-fifths of developing countries; for the cellphone, the comparable diffusion was 16 years.

A second is: Outside benevolence can’t rescue countries from poverty. There is a role for foreign aid, technical assistance and charity in relieving global poverty. But it is a small role. It can improve health, alleviate suffering from natural disasters or wars, and provide some types of skills. But it cannot single-handedly stimulate the policies and habits that foster self-sustaining growth. Japan and China (to cite easy examples) have grown rapidly not because they received foreign aid but because they pursued pro-growth policies and embraced pro-growth values.

The hard question (which the panel ducks) is why all societies haven’t adopted them. One reason is politics; some regimes are more interested in preserving their power and privileges than in promoting growth. But the larger answer, I think, is culture, as Lawrence Harrison of Tufts University argues. Traditional values, social systems or religious views are often hostile to risk-taking, wealth accumulation and economic growth. In his latest book, “The Central Liberal Truth,” Harrison contends that politics can alter culture, but it isn’t easy.

Globalization has moral as well as economic and political dimensions. The United States and other wealthy countries are experiencing an anti-globalization backlash. Americans and others are entitled to defend themselves from economic harm, but many of the allegations against globalization are wildly exaggerated. Today, for example, the biggest drag on the U.S. economy — the housing crisis — is mainly a domestic problem. By making globalization an all-purpose scapegoat for economic complaints, many “progressives” are actually undermining the most powerful force for eradicating global poverty.