El primer ministro británico, David Cameron, tiene posibilidades de pasar a la historia como el hombre que separó Escocia de Inglaterra e Inglaterra de Europa. Con ello tendría asegurado un hueco en los libros de texto, pero no el que le gustaría. Tanto en el caso de Escocia como en el de la UE, su postura corre peligro de desencadenar una dinámica que no pueda controlar.

Con una imagen brillante, propia de Blair, tremenda seguridad en sí mismo, un dominio de su cargo como si hubiera nacido en el 10 de Downing Street, Cameron irradia firmeza, encanto y competencia. Al principio, me lo tragué. Sus opiniones políticas no coinciden con las mías, pero pensé que a Reino Unido quizá no le vendría mal tener un primer ministro competente, pragmático, conservador liberal, coaligado con los verdaderamente liberales. Sin embargo, a medida que pasan los meses y se suceden los errores -sobre la UE, Escocia, la reforma de las prestaciones, la reforma del Servicio Nacional de Salud-, una vocecita me susurra sin cesar al oído: ¿será que, después de todo, no sabe lo que hace?

A propósito de Escocia y la UE, sus posturas son contradictorias. Cuando el dirigente nacionalista escocés Alex Salmond quiere un referéndum con tres alternativas, que incluya la opción de devo max (máximo traspaso de competencias) como alternativa a la plena independencia, Cameron dice: vaya tontería. Un referéndum necesita una opción clara, binaria. Y tiene razón.

Sin embargo, el máximo traspaso de competencias es precisamente lo que pretende que obtenga Reino Unido de la UE. Insiste en que haya una elección clara de “dentro o fuera” para Escocia respecto a la Unión Británica, pero hace todo tipo de maniobras, hasta el punto de enemistarse con los socios europeos, para evitar una elección clara entre “dentro o fuera” para Reino Unido en relación con la Unión Europea.

¿Y qué le han deparado todos sus esfuerzos? El pasado diciembre, cuando “vetó” la propuesta alemana de un tratado que incluyera toda la UE en apoyo de un pacto fiscal para la eurozona, sus bases conservadoras y euroescépticas de Westminster le vitorearon sin descanso. Nuestros socios europeos, en su mayoría, se sintieron irritados y desolados. Cuando hace unos días, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, preguntaron al ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble, por qué no se había hecho algo más para garantizar la plena participación de todos los miembros y las instituciones de la UE en la tarea de salvar la eurozona, él contestó: “Me gustaría darle el número del móvil de David Cameron”.

Ahora, si examinan el pacto fiscal acordado en Bruselas el lunes pasado, verán que está lleno de referencias a las instituciones de la UE: Comisión, Consejo, Tribunal de Justicia, hasta el Parlamento. Es más complicado de lo que habría sido si no hubiera esas referencias (solo el preámbulo ocupa más de tres páginas cuando lo he impreso), pero representa, en definitiva, que la mayor parte de la UE quiere impulsar un marco dirigido por Alemania para salvar la eurozona.

Otra cosa es que sea, o no, una buena forma de avanzar. Si no fuera por la necesidad de Angela Merkel de tranquilizar a la opinión pública alemana, no tendríamos un nuevo tratado. Casi todo esto se podría llevar a cabo acogiéndose a los tratados existentes y el llamado “paquete de seis” con nuevas regulaciones de la UE. Como política macroeconómica, la receta alemana no basta para sacar la economía europea de la crisis. Si los recortes presupuestarios en todo el continente intensifican la recesión, un pacto de reducción de la deuda podría acabar siendo, en la práctica, un pacto de aumento de la deuda. Alemania se enfrenta a un coro cada vez más ruidoso de críticas fundadas precisamente a propósito de este aspecto.

La pregunta es: ¿qué es lo que gana Reino Unido, que no está en el euro, quedándose al margen de este pacto fiscal; que pierde Suecia, que tampoco está, por firmarlo? La respuesta es: nada de nada. El futuro obstáculo regulador para la City de Londres será también grave. Reino Unido tendrá menos aliados cuando llegue el momento. Aunque la eurozona se maree más con su cóctel de ouzo griego y cerveza alemana, la economía británica saldrá igual de perjudicada.

Cameron pronunció un gran discurso en Davos, en el que analizó los problemas de la eurozona. Gran parte de su análisis era muy acertado. Pero la acogida que tuvo fue, en el mejor de los casos, tibia. Porque la imagen que dio fue como la de un hombre vestido de frac que observa desde el borde de una alcantarilla cómo intenta limpiarla un grupo de residentes y que exclama: “Venga, chicos, tenéis que cavar más; mirad, ahí hay un montón enorme de excrementos, os aconsejo que agarréis una pala más grande”.

Tanto desde el punto de vista táctico como desde el estratégico, la política de máximo traspaso de Cameron para Reino Unido acabará por borrar la influencia británica en el continente sin conseguir que sea menos vulnerable a las consecuencias de lo que ocurra en Europa.

En el caso de Escocia, el traspaso máximo de competencias tendría una dinámica diferente. A corto plazo, podría muy bien ser beneficioso para Escocia, que podría seguir disfrutando de las ventajas de formar parte de Reino Unido y reducir aún más los costes de pertenencia. Pero los ingleses se darían cuenta enseguida. Al menos una encuesta de opinión reciente mostraba un mayor porcentaje a favor de la independencia de Escocia entre los ingleses que entre los escoceses. Cuando Checoslovaquia se dividió, lo que puso en marcha el proceso fue la insistencia de los nacionalistas eslovacos en su variante de traspaso máximo de competencias, pero los que dieron el empujón definitivo fueron los checos, bajo la enérgica dirección de Václav Klaus. Ahora podría ocurrir lo mismo, en este reino nuestro en plena desunión.

Estos dos problemas tienen una solución muy sencilla, que tiene mucho que ver con lo que nos gusta considerar un rasgo del carácter nacional -según gustos- escocés, inglés o británico. La solución es hacer una pregunta directa para obtener una respuesta clara. Preguntar directamente a la gente, no a los políticos. En una democracia representativa, no conviene hacer esto muy a menudo, pero estos dos casos representan unos momentos excepcionales y, en un sentido más amplio, constitucionales.

Antes de las próximas elecciones, previstas para 2015, debemos celebrar dos consultas. En el referéndum sobre Escocia, proyectado para 2014, el Gobierno escocés quiere preguntar a sus ciudadanos: “¿Está de acuerdo en que Escocia debería ser un país independiente?”. No está mal, siempre que sea la única pregunta en la papeleta.

El referéndum británico podría preguntar: “¿Debe Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea?”. En 2014 sabremos ya mejor qué significa eso, en la medida en que se hayan hecho notar los efectos generales de una unión fiscal de la eurozona (o esta haya quebrado). Existe una extraordinaria simetría entre las respuestas que recibo cuando hago esta sugerencia a los británicos más firmes partidarios de la integración europea y algunos de sus más fervientes adversarios. Tanto los “eurófilos” como algunos “eurófobos” se horrorizan, en privado, ante la idea de un referéndum que pregunte claramente si hay que estar “dentro o fuera”. “¿Por qué?”, pregunto. “¡Porque perderíamos!”. Los eurófilos creen que los británicos votarían abandonar la UE y los eurófobos creen que votarían quedarse.

Yo, que quiero que Escocia permanezca en Reino Unido y Reino Unido permanezca en Europa, creo que debemos asumir los riesgos de la democracia. Que nos dejen escribir nuestra propia historia.

La Reina de Inglaterra, Isabel II, cumple hoy 60 años en el trono. Ha dominado mi imaginación como ha dominado la de millones de personas más. Recuerdo que estaba almorzando en 1952 con mi madre y unos primos cuando oímos la noticia de la muerte del Rey Jorge, su padre. Tuve un buen asiento cerca de la Abadía de Westminster para la coronación de 1953, gracias al puesto de mi padre en el comité legislativo de la entonces colonia de la Costa de Oro, que pronto se convertiría en Ghana. Recuerdo que la conocí en un banquete de Estado celebrado en Windsor en 1987 en honor al Rey Juan Carlos y la Reina Sofía. Aquella noche tuve una conversación con ella sobre el Príncipe Andrés, que entonces estaba en Cambridge. Y fui llamado formalmente por ella a la Cámara de los Lores en 1981 como lord, y desde entonces he hecho el juramento ante ella diez veces.

En Inglaterra, la única monarca que ha reinado durante tanto tiempo como la Reina Isabel es Victoria, que reinó durante 64 años, entre 1837 y 1901. Jorge III permaneció en el trono 60 años, de 1760 a 1820, pero estaba muy apagado al final; Isabel I fue Reina durante solo 45 años, de 1558 a 1603. Isabel II parece gozar de buena salud y espero que supere a Victoria.

La función de la Reina ha sido ocupar la jefatura del Estado durante una serie de cambios inesperados que habrían parecido tan improbables como indeseables en 1952. Hemos visto el fin del Imperio Británico en su antigua forma y su sustitución por un conjunto de naciones conocido como la Commonwealth, que tiene un fuerte vínculo sentimental pero ninguna consecuencia para la política, a excepción del «apartheid» sudafricano.

La alianza con Estados Unidos y los demás países de la OTAN fue una construcción de los años cuarenta, antes de que la Reina Isabel subiese al trono. La Unión Europea es una colaboración inusual con los vecinos de Gran Bretaña de la que a menudo se oye hablar de un modo muy poco amable a nuestros políticos, ansiosos por una ronda humillantemente rápida de aplausos y a quienes todavía les gusta pensar en los alemanes como en hunos, en los franceses como en «ranas» y en los italianos como en «itis». Todas estas alianzas son nuevas y la Reina ha sabido afrontarlas bien. Se ha comentado mucho que ayudó al Rey de España con buenos consejos sobre cómo conducirse en la política.
Sin duda, la Reina ha tenido sus favoritos entre los políticos. Churchill, para empezar, era claramente un amigo, y también, curiosamente, lo era Harold Wilson, según se decía, pero un secretario privado me dijo en una ocasión que sus distintos primeros ministros le han gustado por igual, independientemente de sus políticas. Se rumoreaba que Margaret Thatcher y la Reina no se llevaban muy bien, pero yo no vi ninguna prueba de ello en el transcurso de los años que trabajé para la primera ministra.

Muchas de estas acusaciones son inventadas y se basan en rumores que no tienen ningún fundamento real. Sí recuerdo a Denis Thatcher diciéndome que cualquier idea relacionada con un grupo de estudio sobre el futuro de la Commonwealth supondría dificultades con Palacio. Pero esa es otra cuestión.

La Reina ha sido Monarca durante 60 años de declive. Muchos de nosotros todavía recordamos que, a principios de los años cincuenta, Gran Bretaña tenía muchos tipos diferentes de aviones que mostrar a los clientes. Pero nuestra economía industrial ha muerto. Hubo una época en la que la idea de unas zonas «vetadas» a la Policía habría sido descartada como algo inconcebible. Las absurdas normas sobre sanidad y seguridad son intrusas de la última generación. Los tres últimos primeros ministros, Blair, Brown y Cameron, han hecho daño a la Cámara de los Lores con muchas invenciones irresponsables. Las Fuerzas Armadas británicas siguen siendo admirables, pero son excesivamente pequeñas para permitir que Gran Bretaña cuente demasiado en el mundo en general. La propia Familia Real ha sufrido muchos reveses.

La Reina seguramente diría que su logro ha sido mantener, en una época de escasos logros, la integridad y el atractivo de la institución de la Monarquía que ella heredó para servir, articular y dirigir. A pesar de todas las demás cosas que han desaparecido en Gran Bretaña durante la última generación, la Monarquía no lo ha hecho. Por el contrario, resplandece ahora con más brillo que nunca.

La Commonwealth parece estar en auge. El legado de la Reina es el de la buena educación, la cortesía a toda prueba y la serenidad en momentos a menudo muy difíciles. Ha dado un ejemplo maravilloso de valor y calma que ha sido extraordinariamente inspirador.

The first Queen Elizabeth was standing under an English oak tree when she learned that she had become queen.

The second Elizabeth was high up in a mgumu tree in Kenya when she became queen, at the moment her father, King George VI, died in his sleep more than 7,000 miles away.

That was 60 years ago Monday. Come June, when the London weather is as good as London weather gets and the tourists are massing, Elizabeth Alexandra Mary, the second-

longest-reigning monarch in British history and only the 40th in nearly 1,000 years, will officially celebrate her diamond jubilee.

And so, in our way, will we — the same country that, at bayonet-point, told her great-great-great-great grandfather, King George III, “Here’s your crown, what’s your hurry?”

Americans tsk-tsk and deride all that monarchy stuff, but a lot of us will be watching when the carriages and the cameras start rolling.

For an explanation, let’s turn to that international savant, Lt. Frank Drebin, from “The Naked Gun: From the Files of Police Squad!” Sholto Byrnes’ blog for the New Statesman reminded me of Drebin’s response to a question about the queen’s visit to Los Angeles in the movie:

“Protecting the queen’s safety is a task that is gladly accepted by Police Squad. For no matter how silly the idea of having a queen might be to us, as Americans we must be gracious and considerate hosts.”

We may mock it, but it’s a system that has clanked along fairly well for 1,000 years. Six decades of that is to the credit of Elizabeth II, a small woman of 85 with a still-fine complexion (“She’s like that all over,” her husband once told a relative who remarked on her wonderful skin), and possessed of less than the usual female vanity (she doesn’t even pluck her eyebrows, and oh, those shoes).

In any role but her current one, she would be merely a nice lady with good pearls and a way with horses. And yet there she is, her face on stamps and coins, her name and cipher on every bit of official business in her “realms and dominions.”

In our starred-and-striped hearts, we seem to miss her and her ilk. To make up for it, we have prom kings and queens and Disney princesses. We crown Miss America. “Queen for a Day,” back in the 1950s, might have been TV’s first reality show: It bestowed a robe and scepter and brand-new appliances on the woman we felt sorriest for.

It’s possible to feel sorry for the British queen, for her regimented and scrutinized life, for suffering from her family’s tabloid misdeeds. She has weathered all kinds of criticism – that, as a young queen she was too dependent on the advice of courtiers and that, as a mature queen, she was too insular after Diana’s death. This isn’t the highhanded 18th century monarchy Americans booted out. The queen reigns, but she does not rule. Her job, famously, is to advise, to warn and to be consulted.

The monarch is supposed to stabilize change: not too fast, lest novelty overtake good sense, and not too slow, lest one find oneself headless, like one’s French royal cousins, or shot in a basement, like the Russian ones. Some monarchs change their times — the first Elizabethan age, the Victorian and Edwardian ages. This monarch has been rather more changed by hers.

She’s still working 30 years after most people her age have retired. “Some work,” you’re thinking. “Cutting ribbons, christening ships, reading speeches others write for her.” She will never get anything but the best of food, of shelter, of medical care. Yet she’s been shot at (blanks, as it turned out), her bedroom broken into by a crazed man, and she lives her life hedged about by security and scheduling.

Would you want that always-on life? Would you, on your 21st birthday, declare to millions, your future subjects, that your “whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service”?

As if to compensate for the randomness of the lucky sperm club that is a hereditary monarchy, the queen is scrupulously dutiful. The holy oil she was anointed with at her coronation carried far more significance for her than the bejeweled secular symbol place on her head. For all that bowing and scraping that she’s accorded, the queen’s durable appeal is that she realizes it doesn’t honor her personally but the role she occupies until she dies and her heir takes her place.

Pointless as it may seem to us — and to some Britons — it is still their preferred form of government. A Guardian poll around the time of last year’s royal wedding found that about two-thirds of them find the monarchy to be relevant. Here in the United States, the powers of head of state and head of government are vested in one person — the president. In Britain, the head of government, the prime minister, gets down in the political muck, and the monarch, above the fray of politics, brings out the ceremonial bling.

Her fans say she “hasn’t put a foot wrong.” Well, she has, with political mistakes early in her reign. And the family mistakes, especially among her children, may have consequences yet to be reckoned on what Shakespeare called the “sacred throne” of England.

But not while Elizabeth sits on it.

Actualmente se recuerda a Neville Chamberlain como el Primer Ministro de Gran Bretaña que, como avatar del apaciguamiento de la Alemania nazi, contribuyó a meter a Europa en la segunda guerra mundial, pero, en un período anterior de aquel decenio decisivo y relativamente poco después del comienzo de la Gran Depresión, la economía británica estaba recuperando rápidamente su anterior nivel de producción, gracias a que el ministro de Economía, Neville Chamberlain, había recurrido al estímulo fiscal para restablecer el nivel de precios propio de su trayectoria anterior a la depresión.

Compárese aquel planteamiento con la política de expansión mediante la austeridad aplicada actualmente por el gobierno del Primer Ministro británico, David Cameron (y tan jaleada por el Ministro de Economía, George Osborne). El PIB real del país está estancado y hay muchas probabilidades de que vaya camino de disminuir otra vez.

De hecho, si los pronósticos actuales son correctos, en menos de un año la depresión de Cameron-Osborne en Gran Bretaña no será sólo la peor que ha experimentado este país desde la Gran Depresión, sino también la peor habida probablemente en él… en todos los tiempos.

Se trata de un gran logro. Como ha dicho recientemente Phillip Inman, de The Guardian: “El plan del Reino Unido para restablecerse de la crisis financiera se basaba en una recuperación a toda velocidad en 2012… La confianza de los consumidores, la inversión de las empresas y el gasto general convergerían para orientar la economía por una trayectoria de crecimiento superior a la media”.

No ha funcionado: los ministros del Gobierno “han hecho lo que los economistas de derechas les dijeron sin más, pues la teoría era la de que el gasto y la inversión del sector público estaba ‘excluyendo el sector privado’ “. En cambio, “España está mostrando el camino con su recesión provocada por la austeridad. Por donde se dirigen los débiles, nosotros [en Gran Bretaña] parecemos encantados de seguir…”

El fracaso de la expansión mediante la austeridad en Gran Bretaña debería hacer reflexionar a todos sus partidarios de todo el mundo y revisar sus cálculos normativos. La de Gran Bretaña es una economía muy abierta con un tipo de cambio flexible y cierto margen para una mayor relajación monetaria. Los tipos de interés británicos no entrañan riesgo ni prima de incumplimiento, por lo que no hay indicios de que el temor a un caos político-económico en el futuro esté ahuyentando la inversión.

Existe el argumento –no necesariamente acertado, pero argumento, de todos modos– según el cual, durante sus mandatos desde 1997 hasta mayo de 2010, los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown se excedieron en el gasto estatal sostenible a largo plazo como porcentaje del PIB. Sus medidas contrastan con las de países que redujeron sus niveles de deuda respecto del PIB en el decenio de 2000 y con las de los Estados Unidos, donde el problema no fue un gasto excesivo, sino una fiscalidad insuficiente durante el gobierno de Bush.

Sin embargo, si tomamos en serio esa opinión, Gran Bretaña, con un tipo de interés nominal a diez años de menos del 2,1 por ciento anual, debería estar experimentando ya un auge. Si ha habido jamás un lugar en el que la expansión mediante la austeridad debería dar buen resultado –donde la inversión privada y las exportaciones deberían ser elevadas y los gastos estatales bajos, lo que confirmaría la concepción del mundo de sus partidarios– debería ser la Gran Bretaña actual.

Pero la Gran Bretaña actual no es ese lugar y si la expansión mediante la austeridad no está funcionando en Gran Bretaña, ¿cómo va a funcionar en países menos abiertos, que no pueden recurrir al tipo de cambio para impulsar las exportaciones y carecen de la confianza a largo plazo que tienen los inversores y las empresas en Gran Bretaña?

Nick Clegg, Viceprimer Ministro de Gran Bretaña y dirigente del Partido Liberal Democrático, socio de la coalición con Cameron, debería poner fin ahora mismo a esta farsa. Debería decir a la reina Isabel II que su partido ha dejado de tener confianza en el Gobierno de Su Majestad y proponer humildemente que pida al dirigente del Partido laborista Ed Milliband que forme otro.

Desde luego, si Clegg hiciera eso, probablemente su carrera política estaría acabada y las perspectivas electorales de su partido quedarían menoscabadas por mucho tiempo, pero, en cualquier caso, la carrera política de Clegg y la suerte de su partido no serán precisamente sólidas durante mucho tiempo, dadas las penalidades económicas que Gran Bretaña está (y seguirá) padeciendo. Al menos el abandono de la desacertada coalición conservadora-liberal beneficiaría ahora a su país.

Que tomen nota las autoridades de los demás países del mundo: someterse a un régimen de hambre no es el camino para recuperar la salud y aumentar aún más el desempleo no es una fórmula para lograr la confianza de los mercados.

I laughed heartily as I read the news last night. British prime minister David Cameron accused my birth country, Argentina, of “colonialism” over the Falkland Islands. I originally read about his jibe on an Argentinian news site, and immediately searched for a report in English – I thought this had to be a hilarious “lost in translation” mistake. It wasn’t. Indeed, Cameron warned the British parliament: “What the Argentinians have been saying recently, I would argue, is far more like colonialism because these people want to remain British and the Argentinians want them to do something else.”

With this comment Cameron did a bit of historical “re-arranging the furniture”. He conveniently forgot to mention that the inhabitants of the Falkland Islands were expelled by an act of force in 1833, and the current population descends from the people brought by the British to replace the Argentinian inhabitants. By definition, this is an act of colonialism. Last night the Argentinian vice-president, Amado Boudou, hit back and qualified Cameron’s statements as “a fallacy, a clumsy outburst ignorant of historical realities”.

While I agree with Boudou that Cameron’s outburst is a fallacy, I believe this gauche pronouncement is a warning, and the product of fear. Cameron cannot possibly be afraid of a reprise of the 1982 war, which was a death rattle by a totalitarian dictatorship. However, he does seem to be afraid of the sudden and unexpected common front manifested in the actions undertaken by the member states of Mercosur to impede the entry to their ports of ships that fly the flag of the Falkland Islands.

Mercosur is an economic and political agreement between Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. Founded in 1991 by the Treaty of Asunción, its purpose is to promote free trade and the fluid movement of goods, people and currency among its member states. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Peru have associate member status, and Venezuela signed a membership agreement in 2006. For the past 10 years, Mercosur has been strengthening political co-operation and attempting to present a unified front on international trade and economic negotiations. However, its latest statement about the use of ports is a historical first. And ever since the leaders of Mercosur issued this joint declaration on closing ports, Cameron’s government has been escalating its fearful rhetoric.

Over a week ago Britain’s foreign secretary, William Hague, warned that the UK will resist any joint measures. The Uruguayan ambassador to the UK was summoned to the Foreign and Commonwealth Office for an explanation. Yesterday Hague started a visit to Brazil, where the Mercosur decision is said to have taken a central stage. His meeting with the Brazilian foreign minister, Antonio Patriota, must have been a disappointment, considering that Patriota issued this statement:

“Minister Hague knows that Brazil … supports the sovereignty of Argentina over the Malvinas and we support the United Nations resolution that calls for discussion about the issue with Argentina.”

Out of desperation and in a last attempt to change the outcome of this unusual united South American front, Cameron now warns about threats of colonialism and intervention. However, Cameron’s fear should also be contextualised on the home front. With his government marred by what Simon Hoggart defined as “unemployment figures climbing faster than a pantomime beanstalk”, Cameron must appear decisive on some front – any front. And unsurprisingly, his Falklands Islands bravado seems to have coincided with his crisis of credibility on the European Union. Nothing in Cameron’s outburst is fortuitous. Yesterday, as he posed for a photo op with the Italian prime minister, Mario Monti, he chose the occasion to issue more bombastic statements about the Falklands:

“The reason for holding a national security council – which also discussed other topics – is to discuss that issue, is to make sure nobody is in any doubt that Britain supports that right of self-determination, and we will go on doing so for as long as people in the Falklands want to continue in that way.”

If Mercosur presents a common front, Cameron will summon his European allies. However, despite Cameron’s histrionics, the weight of a South American alliance can never match the strength of the European Union and Nato. While many of us are observing this new form of political co-operation between members of the global south with increasing interest and enthusiasm, we should be afraid of a combined intervention by the UK and the European Union – more specifically their combined military, economic and sociocultural power, which has been used against many countries that defied colonial rule and western domination.

Leaving aside the legality of claims over sovereignty of the islands, Cameron is quick to emphasise his utmost respect for the self-determination of the Falklands inhabitants. His government should perhaps apply the same respect to the right of self-determination of South American nations, along with their wishes to associate and create alliances free from foreign intervention. After all, his government could start leading by example.

Margaret Thatcher has long been reviled by the British left, so much so that the singer Elvis Costello once fantasized about stomping on her grave in his 1989 song “Tramp the Dirt Down.” But Mrs. Thatcher achieved more than any other British peacetime prime minister of the 20th century. It is rumored that, when she dies, she will receive a state funeral — an honor rarely accorded to anyone except monarchs. There are also plans for a public celebration.

Her life is the inspiration for a new movie that opens later this month, starring Meryl Streep as “The Iron Lady.” It chronicles Mrs. Thatcher’s divisive policies as prime minister as she led Britain through the economic doldrums of the 1980s. It was a time when the country faced financial ruin and politicians were compelled to make hard choices.

Mrs. Thatcher was a tough, adversarial leader. She was never liked, even by those who supported her policies, and she was hated by those who opposed her.

Yet her political style may be just what Britain needs right now. The country is in the midst of an economic crisis that will force the government to make difficult, unpopular decisions. And that is what Mrs. Thatcher did so well. Facing long-term economic decline and the brooding menace of the Soviet Union, she broke the trade unions, sold off nationalized industries and helped imbue British capitalists with a confidence that they had not felt since the death of Queen Victoria.

She was at her best when the odds seemed against her or when she had clear enemies. In 1982, she sent an armada to fight the Argentines in the Falkland Islands. And in 1984-85, she held out against a strike by the National Union of Mineworkers, which had been powerful enough to bring down a government 10 years before.

Although Mrs. Thatcher has become a respected symbol of statesmanship outside Britain, she remains a reminder of social division within it. In 2008, the future foreign secretary, William Hague, sought to reassure American officials that he and David Cameron, soon-to-be prime minister, were “Thatcher’s children.” When his comment leaked, the Labour opposition seized upon it, keen to circulate the quote in the hopes that it would stir up old anti-Thatcher feelings. And despite being in power today, Conservative leaders still worry that they are associated with the bitterness of the Thatcher years. They speak of changing their image as “the nasty party” and the need to “detoxify the brand.”

One reason British politicians feel uncomfortable with Thatcherism is that Britain has been relatively prosperous in the last two decades, at least in part because of things the Thatcher government did: tax cuts, financial-sector deregulation and weaker unions all made Britain a more attractive place to do business.

A new generation of politicians who grew up in an age of prosperity has ceased to think of politics in terms of hard choices and scarce resources; Mr. Cameron belongs to that generation. He was just 12 years old when Mrs. Thatcher came to power in 1979 and he became leader of the Conservative Party in 2005, when the current economic storms seemed almost unimaginable. Even when Mr. Cameron became prime minister last year, the financial crisis still felt, to most of the British electorate, like something short-term and vaguely unreal.

But British politics has lost something with its post-Thatcher embrace of consensus and optimism. Thatcherism was a galvanizing force. It mobilized right-wingers to do things, such as selling off huge state-owned corporations, that many of them would once have considered impossible. It also mobilized the left to develop radical alternatives: during the 1980s, the Labour Party veered toward support for unilateral nuclear disarmament and increased state intervention in the economy.

Unlike today, voters in 1983 faced clear choices. A vote for Thatcher’s Tories was a vote for large-scale privatization; a vote for Labour was a vote for socialism. A Conservative vote meant keeping Britain in the European Economic Community; a Labour vote meant withdrawal. A Tory vote meant stationing American cruise missiles in Britain; a Labour vote meant that they would be stopped.

There are no longer such clear-cut choices. Explicit talk of class interests and inequality have been replaced by a vaguer and less divisive language of “fairness” and “equal opportunity.”

The major political parties look remarkably similar today. All are led by clean-cut 40-somethings who blend social liberalism (support for same-sex marriage and opposition to the death penalty) with acceptance of the free market. Indeed, the Conservatives now find themselves governing with strange bedfellows, in a coalition with the small Liberal Democrat Party, whose president recently described Thatcherism as “organized wickedness.” Mrs. Thatcher hated coalitions. She most likely would have preferred to lose an election than to govern without an outright parliamentary majority.

Unlike Mr. Cameron, Mrs. Thatcher came to power at a time when people felt desperate. This desperation, and the sense that she might be the last chance to restore Britain’s fortunes, accounted for much of her success.

Thatcherism was not an alien invasion. It reflected a consensus by many members of the British establishment that things could not go on as they were. This is why so many supported Mrs. Thatcher’s policies, even when they disliked her personally.

Mr. Cameron is certainly a more likable figure than Mrs. Thatcher, but likability may not be enough when the British people realize that their current predicament — requiring government spending cuts at a time of rising unemployment and financial chaos in Europe — is actually worse than the crisis when Mrs. Thatcher came to power in 1979.

In these circumstances, it will take a bracing dose of Thatcherite ideological confrontation to revive British politics.

Si va por una carretera y ve que se bifurca, ¡siga adelante! Gran Bretaña lleva 60 años siguiendo el consejo de Yogi Berra en sus relaciones con Europa. Pero, al terminar 2011, la pregunta es: ¿puede seguir tomando las dos carreteras al mismo tiempo? Si no, ¿cuál debe escoger?

En el debate británico actual, existe una postura euroescéptica minoritaria que puedo respetar, aunque esté totalmente en desacuerdo con ella, y una postura euroescéptica mayoritaria que no puedo respetar, porque se basa en el autoengaño.

La postura minoritaria dice: la independencia de Reino Unido, su soberanía y su libertad de maniobra, en un mundo cambiante y cada vez más posoccidental, son muy importantes para nosotros. Reconocemos que, al apartarnos de la línea central de la integración europea, perderemos influencia, incluso ante Washington y Pekín. Reconocemos que esta actitud inglesa respecto a la Unión Europea puede acelerar la escisión de Escocia. Pero es un precio que estamos dispuestos a pagar. ¿Que seremos una Noruega sin el petróleo? ¿Una Suiza en el mar? ¿Por qué no? Los ingleses somos un pueblo duro e imaginativo y encontraremos una forma de capear el temporal del siglo XXI.

Por el contrario, la postura euroescéptica mayoritaria, con la que David Cameron está fundamentalmente de acuerdo, dice: podemos repicar y andar en la procesión. Aunque nos mantengamos al margen de los proyectos centrales de la integración europea, nuestra influencia en Europa y el mundo no disminuirá. “Voy a decir algo sobre la influencia de Reino Unido en Europa”, explicó el subsecretario de Exteriores Henry Bellingham ante la Cámara de los Comunes la semana pasada. “La decisión de no seguir adelante con un tratado para 27 no afecta a nuestra situación dentro de la Unión Europea”. Eso es ridículo. Todo el mundo, tanto en Bruselas como en Washington y Pekín, sabe que no es verdad.

De hecho, esa decisión se tomó precisamente porque Reino Unido se había marginado en Europa. El plan de Cameron no era acabar 1 contra 26. La retórica criptochurchilliana de “pues muy bien, lo haremos solos” fue una forma de presentar la situación a posteriori. Cameron pensó que tenía un trato con Angela Merkel para dar Reino Unido las disposiciones especiales sobre servicios financieros que deseaba. Calculó mal. Al final, Alemania se puso del lado de Francia. Cuando Cameron hizo su apuesta, a primera hora de la mañana del viernes, con todos los que estaban en la mesa conscientes de que los mercados financieros mundiales iban a abrir pocas horas después, se encontró solo.

Dado que Reino Unido no es miembro de la eurozona, dijeron sus miembros, “¿quiénes sois vosotros para pararnos?”. Es importante tener en cuenta que en la mesa no apareció ninguna reserva de buena voluntad como la que suele mostrarse a la hora de ayudar a un miembrodestacado a abordar una dificultad política interna. Como Cameron decidió, hace tiempo, sacar a los conservadores del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, no estuvo presente en una reunión crucial de sus líderes -incluidos Merkel y Nicolas Sarkozy-, justo antes de la cumbre de Bruselas. Si hubiera estado, quizás habría conseguido lo que quería. Cuando uno se margina, los demás le marginan también.

Otra variante del autoengaño euroescéptico es la que dice: muy bien, puede que perdamos influencia en Europa, pero no en el mundo. “¿Aislados? No. Ahora, nuestro límite es el mundo entero”, afirma el titular de un ejemplo típico de este género, escrito por el columnista de derechas Simon Heffer. Liberada de las esposas de “la increíblemente idealista, esclerótica y corrupta familia europea”, Reino Unido puede dedicarse ahora a comerciar alegremente con India, China y Brasil. Y Estados Unidos no por eso dejará de tomarnos en serio. Es cierto, reconoce Heffer, que algunos estadounidenses tienen una extraña concepción de Europa como una especie de Estado federal como el suyo, pero “uno de los objetivos de nuestra política exterior debe ser el de reeducar a nuestros primos americanos para quitarles esas ideas”. Primo Barack, prima Hillary, quedáis advertidos. Preparaos que os vamos a reeducar.

Es una forma asombrosa de engañarse a sí mismos. Seamos sinceros. Todos los Estados miembros de la UE tienen que hacer concesiones. Claro que se pierde algo de soberanía e independencia. A cambio, se gana en influencia, escala, poder y, por consiguiente, la capacidad de garantizar una libertad, una seguridad y una prosperidad más reales para los ciudadanos. El propio David Lidington, secretario de Estado para Europa, recordó la semana pasada en los Comunes: “Una voz que representa a 500 millones de consumidores se oye mejor en Pekín, Delhi y Brasilia que 27 voces separadas”.

Es muy probable que este momento de aparente claridad -¡la separación!- se difumine en la confusión habitual el próximo año. La eurozona no se ha salvado. Es posible que Nick Clegg y el Foreign Office, con la ayuda de algunos Estados miembros liberales y comprensivos, consigan que Reino Unido vuelva a la mesa. Muchos otros Gobiernos tienen sus propios intereses especiales que proteger. Todo ello es, como dijo un diplomático, “un lío del carajo”, y se supone que a los británicos se les da muy bien resolverlos.

¿Pero estamos verdaderamente dispuestos los británicos a seguir arreglándonoslas como podamos durante otros 10 o 20 años? Supongo que las dos partes del debate británico sobre Europa estarán de acuerdo en que, en algún momento de los últimos 60 años, cometimos un gran error, aunque no estemos de acuerdo en cuál fue.

Quienes pensamos que los intereses nacionales de nuestro país exigen que sigamos siendo miembros de pleno derecho de la UE pensamos que ese error histórico fue el hecho de permanecer al margen cuando nació en los años cincuenta. Si Reino Unido hubiera estado presente en su creación, habría sido una UE diferente. Quienes creen lo contrario pensarán que el error histórico fue entrar, con retraso, en los años setenta, y después seguir adelante con toda la integración.

En cualquier caso, Reino Unido no se puede permitir otro gran error. Mi pesadilla -que me parece bastante probable- es que el circuito cerrado del Parlamento, el Gobierno y la prensa de Westminster sigan confundiendo a este país (o lo que quede de él cuando se vaya Escocia) hasta empujarlo a los márgenes de Europa. Cuando los ingleses descubran, de aquí a cinco o 10 años, que Heffer, Bellingham y compañía se equivocan de medio a medio; cuando la automarginación del país empiece a dañar su prestigio en Washington, su capacidad de proyectar sus intereses en China, India y Brasil, y a la City de Londres, entonces, Inglaterra -ya solo Inglaterra, quizá en todo caso con Gales- volverá arrastrándose para pedir, por favor, que le dejen entrar, como hizo Reino Unido en los años sesenta. Y entonces los franceses, croatas y escoceses decidirán si responden oui o non.

Esa es una visión digna del fantasma de las Navidades futuras de Dickens.

You can bet that the reason for David Cameron’s visit to Afghanistan this week was more than simply wishing frontline troops a happy Christmas. He will be listening attentively to military commanders and officials to determine if progress is really being made after the recent surge of troops and resources.

The outcome of this trip will shape his views on Britain’s role up to end of the combat operations in 2015, and will probably be the most important visit to the country he will make as prime minister. Decisions taken now will determine Britain’s legacy in Afghanistan. This is why commanders will be telling him we must stay the course, keep British troop numbers at significant levels until the end of 2014 and continue with transferring responsibility for security to the Afghans.

On 12 May 2010 the war in Afghanistan became Cameron’s war. As leader of the opposition he saw that the previous strategy wasn’t working. He was a believer in the McChrystal plan and had the foresight to support it long before Gordon Brown or Barack Obama.

He has also injected a bit of realism into the mission in a way that his Labour predecessors were either unwilling or unable to do. He has rightly brought Britain away from the nation-building rhetoric used by the previous government, and made the reason for Britain’s involvement in Afghanistan first and foremost about national security.

The strategy in place is finally working, and progress is being made. There is a lot to be optimistic about. The people that represent our ticket out of Afghanistan, the Afghan National Security Forces, are for the first time reaching a standard of capability required to carry out autonomous operations. The ANSF are far from being perfect, but that was never the goal. The goal is to get the forces to a level where they can handle the insurgency themselves, without tens of thousands of western troops on the ground. Paraphrasing TE Lawrence on the Arabs, it is better that they do it tolerably than we do it perfectly.

Levels of violence are also lower across the country, and we should not let recent attacks in Kabul discourage us. Although Kabul accounts for almost 15% of the country’s population it accounts for less than 1% of its violence. Nationally, the level of enemy-initiated attacks during the last three months is 24% lower compared with the same period in 2010. This is a result of the relentless pressure exerted on the insurgency by Isaf and Afghan forces since the surge was started last year.

While there is some movement on the political front there is still a long road ahead. The transition process is working better than most expected. The recent announcement on transition means that 50% of the population will soon be under the security control of the Afghans. We are on target for full security transition by 2015.

As with all counter-insurgencies, the conflict in Afghanistan will be brought to an end when there is a political settlement. There was much alarm over the fact that neither the Pakistanis nor the Taliban were at the recent Bonn conference. As westerners we tend to attach far too much importance to these huge international conferences, staged in some of the most glamorous cities in Europe and the US.

The political problems we face in Afghanistan will be settled in Kabul, Kandahar, Quetta and Islamabad – and not Bonn, London, Paris or Washington. In central Asia, history and culture dictate that we need local solutions for local problems. In fact, the next major international conference should be hosted in either Afghanistan itself or in Pakistan.

I realise that there are economic pressures at home, and that the war in Afghanistan is largely unpopular, but the point of a war is to win it – not to leave it as quickly as possible. The commanders on the ground need the tools to get the job done. If you give a commander half the resources, he cannot deliver half a victory. If Afghanistan is about national security, as we have been told, then the decision to keep significant troop numbers there until 2015 should not be a problem for Downing Street.

British military forces have not been defeated in Helmand – far from it. In the last two years these British forces have turned into a relatively stable area a part of central Helmand that has only 1% of Afghanistan’s population but, at its peak, accounted for about 20% of the country’s violence.

This is testament to the leadership and capabilities of the British military. We owe it to those on the frontline to let them finish the job. They must be given the chance to succeed. An unnecessarily early withdrawal could undo all the hard work and sacrifice already made.

It would also send the wrong signal to others in the region – the signal that we do not have the fortitude to see a mission through. If Britain fails in Afghanistan, historians will show that it was lost in London, and not in Helmand. The prime minister has shown real leadership on cutting the deficit, on Europe, and on Libya. I hope he will support our commanders and do the same for Afghanistan.

Algo más que la defensa de la City londinense debió justificar el aislamiento del primer ministro británico al oponerse en solitario a los acuerdos del último Consejo Europeo. Esa automarginación de la dinámica abierta hacia la integración fiscal renueva los temores a que un país esencial, una economía con un sistema financiero avanzado, quede fuera, ya no solo de la unión monetaria, sino de cualquier otra decisión que persiga perfeccionar el mercado interior. Y la dimensión financiera de ese espacio no es poco relevante, para unos y otros.

Con independencia de otros motivos de fricción, el desencuentro del Gobierno británico con el Consejo Europeo se localiza en la defensa a ultranza de las ventajas competitivas de la industria de servicios financieros de ese país. Consecuente con ello es la protección de Londres frente a cualquier amenaza derivada de una mayor integración, cuando menos en el seno de la eurozona. Tres conjuntos de medidas preocupan a ese sector y, consecuentemente, al Gobierno de Cameron.

La introducción de un impuesto a las transacciones financieras sería la primera de ellas. En los términos conocidos, afectaría a diversas operaciones realizadas en la City, especialmente las de compraventa de valores y la operativa en derivados. Se estima que en su seno podrían generarse más de la mitad de los impuestos que se espera recaudar con esa tasa en toda Europa. En segundo lugar, el establecimiento de restricciones a la venta de activos financieros en descubierto (short sales). Mientras en otros países se demoniza la capacidad desestabilizadora de esas operaciones, en la City ponen mucho más énfasis en su capacidad para generar liquidez en ambos lados del mercado. Por último, la inquietud del sector financiero británico se deriva de la pretensión del Banco Central Europeo de exigir, para la liquidación de transacciones financieras sobre instrumentos denominados en euros, la utilización de cámaras de compensación domiciliadas en países de la eurozona, lo que restaría potencial a la London Clearing House-Clearnet, cuya operatoria en euros se vería desplazada a Paris o Fráncfort.

Ante las implicaciones de esas y otras iniciativas legislativas (casi medio centenar de ellas son señalizadas como potencialmente dañinas para el negocio financiero de la City), el Gobierno británico reclama capacidad de veto en regulaciones sobre servicios financieros. Se amparan en un doble argumento. Por un lado, contrariamente a lo que se asume de forma convencional, las autoridades británicas no pretenden solo menos regulación -en realidad, sus exigencias de capital a los bancos van a ser superiores a los mínimos requeridos por Basilea II y a las del resto de Europa-, sino una regulación flexible, más basada en medición de riesgos y menos en prohibiciones e imposiciones indiscriminadas.

Por otra parte, las autoridades británicas acusan a sus socios de un “doble rasero”: nadie cuestiona la capacidad de veto francesa sobre alteraciones en la política agraria común, con el argumento del elevado peso que la agricultura francesa tiene sobre el total europeo y, en cambio, se niega a Reino Unido esa misma capacidad sobre un sector en el que su cuota en Europa es claramente superior a la francesa en agricultura.

¿Puede poner en peligro ese órdago lanzado al Consejo Europeo la posición de Londres en la liga internacional de centros financieros? La hegemonía de la City, como financiador del comercio internacional (alberga el 50% de las transacciones relacionadas con el transporte marítimo de mercancías en el mundo), se remonta al origen de las modernas finanzas. Su protagonismo es destacado en los mercados de valores, con casi un 20% de cuota mundial en compraventa de acciones, e incluso mayor en el caso de los instrumentos derivados.

Esa favorable posición competitiva descansa en una combinación de factores: las infraestructuras tecnológicas, una excelente dotación de capital humano (aun cuando un número creciente de profesionales cualificados no sean británicos) o un entorno cultural y regulatorio cómplice de la innovación y desarrollos financieros, alimentan el círculo virtuoso en torno a la liquidez y profundidad de sus mercados. Esas ventajas se han puesto también de manifiesto la última década, de vigencia del euro. El valor añadido por la industria de servicios financieros ha crecido en Londres a tasas medias anuales del 5%, más del doble que las registradas en Fráncfort o París, y solo superadas por los nuevos centros financieros asiáticos, como Hong Kong o Singapur.

De ese comportamiento diferencial cabe deducir dos lecturas opuestas para el futuro de la City tras la cumbre. La más “temerosa” atribuiría el fuerte crecimiento de Londres en la última década al hecho de haber reforzado su papel como capital financiera de la Unión Europea, papel que podría verse revertido tras el desencuentro de la pasada semana. La que estaría detrás de la postura rupturista, asume que la eurozona perderá influencia en la escena financiera internacional, al tiempo que la de Londres, en sus interrelaciones con los nuevos centros emergentes, compensaría la posible pérdida de transacciones con países europeos. De la habilidad diplomática del Gobierno de Cameron dependerá la posibilidad de conseguir simultáneamente alejar el peor de los escenarios, el aislamiento, y, seguir garantizando no solo las rentas a los ocupantes de la City, sino un papel central de su país en la integración económica y política de Europa.

Certains se réjouiront des déconvenues britanniques. Le gouvernement britannique a causé son propre isolement, sans prendre soin de nouer des alliances ni de limiter ses exigences de la dernière heure face à des chefs d’Etat et de gouvernement pour le moins surpris. Il n’empêche : l’auto-isolation du Royaume-Uni est porteuse de conséquences néfastes, y compris pour le continent. La carte de l’Europe et la nature de l’Union européenne (UE) risquent d’en être modifiée.

La première conséquence, c’est que la Grande-Bretagne elle-même en souffrira durablement. Le veto de David Cameron n’apaisera pas ses troupes eurosceptiques alors même que son allié libéral-démocrate s’en prend au premier ministre. Affaibli, celui-ci ne saura pas résister à une surenchère eurosceptique, à une demande de renégociation que les 26 ne pourront accepter, voire à un référendum, longtemps repoussé. Un référendum pourrait faire éclater le Royaume-Uni, tiraillé entre une Angleterre décidément hostile à l’UE et une Ecosse désireuse d’y rester – même si pour l’instant, le martelage de propos anti-européens laisse des traces dans l’opinion écossaise. N’oublions pas toutefois que l’Union européenne donne une prime aux petits Etats : l’éclatement de la Tchécoslovaquie et celui de la fédération serbo-macédonienne démontrent que ceux-ci y gagnent une indépendance confortable, assurés d’un marché de 500 millions d’habitants et de l’appartenance à une “communauté de sécurité”.

Quoi qu’il en soit, c’est évidemment la fin de l’Europe de la défense, deuxième conséquence de l’auto-isolement britannique. Certes Londres n’avait pas mis beaucoup du sien pour la construire. Malgré l’accord de Saint-Malo de 1998 qui avait levé, au moins théoriquement, l’hypothèque grevant une défense européenne, en affirmant que les Européens se doteraient de capacités autonomes, et malgré aussi le traité de 2010 portant sur la création d’une force commune et la mutualisation de capacités, Londres n’a cessé de bloquer la constitution d’un quartier général européen, bloquant les avancées. Cela n’a pas empêché Français et Britanniques de s’engager de concert en Libye et de présenter de concert des propositions sur les dossiers syrien et iranien. Mais à cela rien d’Européen : il s’agit d’une collaboration entre deux puissances militaires, détenant – encore – un siège permanent et un veto au Conseil de sécurité.

L’Europe de la défense reste ce qu’elle est, limitée, conduisant des opérations au mieux circonscrites dans le temps et dans l’espace, au pire chaotique et inconséquente. C’est dire que l’Union européenne est faite de quelques Etats qui, pour des raisons différentes, regardent le monde : la France et le Royaume en ont une vision stratégique, sans oublier que Londres est la première place financière, l’Allemagne une vision géo-économique, la Suède une approche diplomatico-humanitaire… mais, prise comme ensemble, l’Union européenne est une sorte d’empire austro-hongrois, continental, en décalage dans un monde en mutation.

La troisième conséquence, c’est que le traité proposé sera à 27-, dans le meilleur des cas : il ne peut s’inscrire dans le système à 27. Non que David Cameron s’y oppose : ce serait une déclaration de guerre. Il faudrait cependant que les juristes usent d’imagination, voire d’artifices, pour faire en sorte que les parties au traité intergouvernemental recourent aux institutions communautaires, Commission et Cour de justice. A prime abord, le scepticisme est de mise. C’est bien l’intergouvernementalisme et non le fédéralisme qui l’emporte – même si tout est dans tout et qu’in fine l’integergouvernementalisme ne consiste pas simplement en une simple addition des opinions des uns et des autres. En somme Nicolas Sarkozy triomphe sur Angela Merkel, on en revient au compromis de Deauville, grâce à… David Cameron. Il n’y a pas de quoi s’en réjouir.

La Commission est déjà largement affaiblie, notamment du fait que son président est, aux yeux de tous, déconsidéré. Plus qu’à déterminer le “bien commun”, ce qui serait bon pour l’ensemble, la Commission devient un pool d’experts, source d’information et d’expertise, surveillant, appréciant, voire dictant, sous l’œil du conseil, ce que les parties souscrivant au traité et aux différentes obligations devront faire. La Commission abaissée, qui peut dire ce qu’est le “bien commun” de l’UE ? Il reste deux acteurs en jeu : la Banque centrale européenne, qui le fait certes, mais dans un domaine limité de compétences, et le président du Conseil, Hermann van Rompuy, qui vient d’essuyer un camouflet en formulant des propositions destinées à éviter un nouveau traité en acérant les traités existants.

Or une Europe inter-gouvernementale est une Europe des Etats plus que du bien commun, donc une Europe des plus forts, une Europe franco-allemande qui a peut-être le mérite d’aller de l’avant, mais peut fortement se tromper sur la voie de sortie. Cela, l’isolationnisme de la Grande-Bretagne et l’intergouvernmentalisme triomphant auront contribué à le forger.

El primer ministro británico David Cameron acaba de tirar por la borda años de constante esfuerzo diplomático por mantener e incrementar la influencia del Reino Unido en Europa. En un momento de crisis económica global y de incertidumbre acerca de la supervivencia del euro, Cameron se ha negado a respaldar la iniciativa franco-alemana a favor de un nuevo tratado destinado a crear una nueva unión fiscal entre los 27 miembros de la UE. Un tratado que, entre otras cosas, se propone controlar las balanzas fiscales y los niveles de endeudamiento de los estados para evitar su quiebra y contribuir así a reforzar el euro.

En la reunión de Bruselas, Cameron exigió la preservación del mercado único y la protección de los intereses de la City londinense, que genera el 10% del producto interior bruto del Reino Unido, como condiciones para firmar el nuevo tratado. La Unión Europea dijo “no” y Cameron abandonó la mesa de negociaciones, de facto renunciando a la posibilidad de influir en el futuro desarrollo de la Unión Europea. El aislamiento británico estaba servido; recordemos que ni siquiera una primera ministra altamente crítica con la UE como fue Margaret Thatcher abandonó una mesa negociadora renunciando así a defender los intereses de su país.

La decisión de Cameron obedece a dos razones principales: por un lado, la presión ejercida por el sector euroescéptico dentro del Partido Conservador y, por otro, el compromiso de proteger la City londinense como centro financiero.

La hostilidad hacia la UE es una característica de la sociedad británica que no se limita a un grupo de diputados conservadores; el antieuropeísmo divide al Partido Conservador tanto como divide a los laboristas, y la sociedad británica, aunque elige las playas europeas para sus vacaciones, continúa utilizando la expresión “ir a Europa”. Es importante comprender que el antieuropeísmo surge entre las clases privilegiadas del país que hoy elogian a Cameron por su coraje, pero también existe entre las voces de la ultraderecha representada por el BNP (Partido Nacional Británico) y la EDL (Liga de Defensa Inglesa), así como por el partido euroescéptico UKIP (Partido por la Independencia del Reino Unido).

Nick Clegg –líder demócrata liberal en coalición de gobierno con los conservadores de Cameron– ha manifestado su profundo malestar por la decisión del primer ministro. Aun así hay que reconocer que tardó más de veinticuatro horas en articular públicamente su desacuerdo. De momento, Clegg insiste en que la coalición de gobierno no se va a romper. Los próximos días confirmarán su afirmación.

En el contexto actual, y si Nick Clegg no consigue atenuar, reinterpretar o renegociar la postura británica manifestada por Cameron, la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE es una posibilidad real. Y, en estos momentos, Cameron no tiene suficiente fuerza dentro de su propio partido para acallar, por segunda vez, las voces de sus diputados exigiendo un referéndum. Para ellos, la crisis de la zona euro otorga una oportunidad de plata para abandonar Europa y… ser libres. Pero la libertad tiene un precio y un Reino Unido aislado y sin influencia sin duda verá reducido su atractivo como centro financiero internacional.

La nostalgia del imperio británico, su extensión, riqueza, poder y influencia mundial están presentes en la conciencia colectiva del país. Adaptarse a un nuevo papel en el que el Reino Unido no dirige, no decide, debe negociar y aceptar propuestas de otros resulta francamente incómodo. El liderazgo franco-alemán les resulta molesto; ver a antiguos enemigos no sólo colaborar en la UE sino marcar el futuro de Europa ciertamente ha desconcertado a los británicos, orgullosos de su “relación especial” con Estados Unidos de América, pero sobrepasados por la UE y la potencia económica de estados emergentes como India, China o Brasil.

El Reino Unido no puede permitirse abandonar el mercado más potente del mundo –el mercado único europeo– y las grandes compañías británicas no están satisfechas con la decisión de Cameron de abandonar las negociaciones, excluyendo al país de la posibilidad de negociar e influir en decisiones que les afectarán en el futuro. Si los 17 estados de la zona euro –más nueve otros estados – optan por un nuevo acuerdo del cual el Reino Unido se mantiene al margen, este nuevo grupo se convertirá de forma explícita o implícita en el organismo de decisión más relevante de la UE en cuestiones económicas y de negocios. Además, mientras el Reino Unido permanezca como miembro de la UE, deberá acatar la legislación fiscal aprobada por la mayoría. Tal como se ha anunciado, la eurozona introducirá una tasa fiscal por transacciones dentro de la UE que afectará a la City y que el Reino Unido no podrá evitar.

Desde que el Reino Unido se sumó a la Comunidad Económica Europea en 1973, luego de que los franceses retirasen el veto de Charles de Gaulle, la relación británica con el proceso de integración europeo ha sido tensa. Los británicos son europeos renuentes, por motivos históricos y culturales.

Durante siglos, la política exterior británica luchó para evitar involucrarse permanentemente con Europa; pero, lo más importante, buscó evitar que una única potencia continental se convirtiese en dominante –particularmente si esa potencia era Francia. Mientras tanto, los británicos colonizaron grandes porciones del globo. Luego, cuando el sol se puso sobre su imperio, trataron de mantener una «relación especial» con los Estados Unidos. Formar parte de la Unión Europea no fue una afirmación de su creencia en la integración europea, sino un reticente reconocimiento de que la estrategia transatlántica había completado su ciclo. Desde entonces, la opinión pública británica respecto de la UE ha sido poco entusiasta, en el mejor de los casos.

En los últimos años, con su negativa a la moneda única y el área Schengen (que permite a los europeos cruzar las fronteras sin pasaportes), el RU se ha distanciado de importantes iniciativas de la UE. Sin embargo, el primer ministro David Cameron sorprendió a todos al vetar un nuevo tratado de la UE el 9 de diciembre –la primera vez desde que el RU se sumó a la Unión– dejando que los restantes 26 estados miembro siguieran adelante con una mayor integración fiscal propia. Lo más sorprendente es que las negociaciones fracasaron por arcanos detalles de regulación financiera.

Por ejemplo, Cameron deseaba «tachar» la propuesta de someter la directiva del plan del Esquema de Garantías de Depósitos al Procedimiento de Voto de la Mayoría Cualificada (lo que significaba que ninguno de los miembros tendría poder de veto). Cameron también objetó el requisito de exigir a las empresas financieras de otros países en Londres sin negocios en otros estados de la UE un «pasaporte único», que les permitiría operar en cualquier país miembro, pero también les exigiría someterse a las regulaciones europeas.

Esos puntos no son completamente insignificantes, pero no me preocuparía por explicarlos en una reunión de votantes comunes asombrados por la nueva política europea británica. Entonces, ¿por qué la regulación financiera se ha convertido en el improbable casus belli entre el RU y sus socios?

La explicación es, en parte, política. El Partido Conservador de Cameron incluye a miembros que han estado buscando pelea con la UE desde hace ya mucho tiempo. Para ellos, cualquier excusa es buena, y el Comisionado del Mercado Interno de la UE, Michel Barnier, les ha proporcionado municiones al pretender lo que muchos ven como una agenda regulatoria excesivamente restrictiva. Cuando los tires y aflojes por los empleos en la Comisión tuvieron lugar en 2009, el ex primer ministro del RU, Gordon Brown, fue prevenido sobre el peligro de permitir que los franceses ocuparan el puesto correspondiente al Mercado Interno. Pero eligió buscar el puesto de Política Extranjera de la UE para su aliada en el Partido Laborista, la baronesa Ashton.

Cuando Barnier fue nombrada, el presidente francés Nicolas Sarkozy describió el hecho como una «derrota del capitalismo anglosajón». Y así ha resultado –aunque tal vez no como él lo previera.

Pero debajo de la política existen otros conflictos sustanciales entre el RU y sus vecinos continentales. Barnier está a favor de las directivas europeas que imponen reglas uniformes para todos los estados miembro –llamadas medidas de «máxima armonización». Previamente, las directivas de la UE tendían a imponer estándares mínimos, que cada país podía complementar si así lo deseaba. Podían proscribir las iniciativas que el RU tiene en gran estima, como nuevas reglas para proteger a las filiales de los bancos minoristas e imponerles mayores requisitos de capital. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, ha dado a conocer sus preocupaciones respecto de ese punto.

Los funcionarios británicos también están profundamente preocupados por las medidas que obligarían a las cámaras de compensación que realizan sus negocios principalmente en euros a localizarse dentro del área de la moneda única. Ciertamente, el gobierno británico ya había comenzado un juicio contra el Banco Central Europeo para desafiar esa política antes del veto al tratado. Es posible que tengan razón; posiblemente, la propuesta del BCE sea inconsistente con los principios del mercado único.

El punto clave de la disputa, sin embargo, es el Impuesto Paneuropeo sobre las Transacciones Financieras, propuesto por la Comisión Europea con el apoyo de Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel. Desde la perspectiva del RU, el ITF es muy poco atractivo. Entre el 60 y el 70% de los ingresos se generaría en Londres, pero la UE usaría la mayor parte de ese dinero en apuntalar las finanzas de la zona del euro.

Para los británicos, esta idea despierta sentimientos semejantes a los que tendrían los alemanes si la UE propusiera un nuevo impuesto sobre el leberwurst, enviando lo recaudado al fondo común. También destacan que, a menos que se acuerde un ITF global, las empresas financieras migrarían rápidamente desde Londres a Nueva York.

Este es el mejor argumento de Cameron en el frente financiero. Pero no lo presentó con fuerza por una sencilla razón: las políticas fiscales europeas aún están sujetas a la regla de la unanimidad. En otras palabras, Gran Bretaña puede bloquear el ITF propuesto sin un protocolo especial. Esto presta veracidad al argumento de que el veto de Cameron fue básicamente una decisión política para reafirmar su apoyo local.

Es una apuesta fuerte, dado que el RU ahora parece arrastrar los pies camino a la salida de la UE. Ciertamente, el nuevo status quo no parece sostenible, con 26 países que avanzan hacia una mayor integración mientras el número 27 se mantiene distante.

¿Cómo reaccionarán las empresas financieras? ¿Les complacerá que Londres haya prestado voz a su discurso colectivo, incluso si las demandas regulatorias de Cameron no fueron aceptadas? ¿O algunas comenzarán sencillamente a contactar agentes de bienes raíces para buscar oficinas en París o Fráncfort?

El partido –Londres contra la eurozona– recién ha comenzado. Será un encuentro fascinante de ver durante los próximos meses y años.

The outcome of last week’s Brussels summit was economically inadequate and politically damaging for Britain. There was no real plan for jobs and growth, no credible plan for reducing deficits and no steps taken to properly empower the European Central Bank as the lender of last resort. The risk of further economic crisis remains but, inexcusably, the British government did little to address it.

Despite the best efforts of the prime minister to present Friday’s meeting as the last word on the issue, we still have the chance to make a bad situation better. There is a common view across Europe, as well as within the UK, that what happened was undeniably bad for business and bad for Britain. What is vital now is for Britain to chart a way forward economically, politically and diplomatically in Europe, or we will risk being locked out of the room and bereft of influence just as the economic storms worsen.

The best route for Britain to protect our national interest requires two immediate steps – first, to rebuild alliances and, second, to get a seat at the table. Before David Cameron’s decision to walk away from the summit, a number of countries were prepared to make a deal with Britain. Chancellor Merkel said recently that there was “a lot of common ground” between Britain and Germany, and we had potential allies in such countries as Poland, Sweden, the Netherlands and Denmark.

Cameron should now engage in a serious and concerted diplomatic campaign to repair the damage and secure the influence necessary as another year of fresh economic turmoil beckons. Part of that involves demonstrating Britain’s continued willingness to engage constructively on issues such as defence co-operation, climate change and completion of the single market.

Alongside this, if the government is to ensure that Britain has a voice on these crucial economic matters, it must seek what Labour was demanding in the runup to talks – a seat at the table in meetings involving the 26 others. Given that no firewall protecting the integrity of the single market was achieved last Friday, this step is now the best means of securing that and other safeguards.

Realistically, given the prime minister’s behaviour, he will now have to offer something in exchange. So Cameron could seek this seat at future meetings in exchange for supporting, rather than hindering, pragmatic accommodation on the access of the new group to EU institutions. We could and should have natural allies in the commission and in many smaller countries in this move.

Having flounced out of the room last week, only to have to start negotiating his way back in this week, would be a personal embarrassment for the prime minister, but it would be in the best interests of Britain.

In this he would be following the example of Margaret Thatcher, who was outvoted at the Milan summit in 1985 on the question of whether there should be a new treaty to bring in the single market. But, despite losing on the principle, she insisted on keeping Britain’s seat at the negotiating table. The end result was the Single European Act, which was highly beneficial to growth and jobs in Britain.

If Cameron thinks the summit was an end to Europe’s economic problems, he is dangerously naive. The collapse of the eurozone would have catastrophic consequences for Britain, so he must not simply walk away from the conversation.

The end of the summit was the beginning of a process. No treaty has yet been signed. The task of recovery must now begin in earnest.

On commence à appréhender dans toute leur ampleur les conséquences de la décision historique de David Cameron de séparer la Grande-Bretagne du reste de l’Europe. Non seulement nous nous sommes exclus d’une Europe à deux vitesses, mais notre pays s’est engagé dans une autre direction. Si l’énorme déception qu’éprouvent les dirigeants européens à notre endroit ne s’apaise pas et si le populisme anti-européen gagne du terrain en Grande-Bretagne, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l’appartenance même de notre pays à l’Union européenne (UE) et, par conséquent, sur notre avenir économique.

Il importe de bien comprendre ce qui vient de se passer. Les dispositions prises en vue de gouverner – sans la Grande-Bretagne – la zone euro conféreront, si elles sont appliquées, un pouvoir croissant à Bruxelles. L’institution essentielle qu’est la Commission européenne, dans laquelle les gouvernements britanniques avisés ont, jusqu’ici, toujours investi pour contrebalancer le couple franco-allemand, s’efforcera de préserver sa prééminence. Il est tout simplement ridicule de croire que l’influence de la Grande-Bretagne est intacte, comme le clame le gouvernement.

L’affirmation selon laquelle, en opposant son veto au traité européen, le premier ministre aurait sauvé la City de Londres d’une dangereuse menace est tout aussi fantaisiste. La régulation financière de l’UE sera décidée à la majorité, et cette majorité exigera des règles vigoureuses visant à limiter les activités de ceux qui, selon elle, ont tout fait pour exacerber la crise de la zone euro. L’instauration d’une taxe sur les transactions financières portera tort à la City et nous ne pourrons l’empêcher. Vu la façon dont le gouvernement britannique a traité ses partenaires européens à Bruxelles, pourquoi l’Union ferait-elle le moindre geste pour nous aider sur ce point, comme sur d’autres ?

Il est stupéfiant que le premier ministre ait allumé cette mèche avec une telle désinvolture. Ce faisant, il a fait passer la politique avant l’économie et jugé moins dangereux de sacrifier la place de la Grande-Bretagne en Europe plutôt que de risquer de perdre le soutien de parlementaires conservateurs rebelles. Je ne pense pas qu’il ait anticipé, et encore moins voulu, le schisme qu’il a provoqué. Pendant un déplacement à Bruxelles, il m’avait dit que sa tâche en tant que dirigeant conservateur consistait à apaiser les déchirements de son parti sur l’Europe. “Dès que vous mettez deux députés tories dans une même pièce, ils s’écharpent à propos de l’Europe “, se plaignait-il alors. Comme tous les dirigeants européens, la crise de la zone euro l’a fait tomber dans un guet-apens.

Face aux faiblesses de la zone euro, cruellement mises à nu par la crise de la dette souveraine, M. Cameron a dû faire un choix. Soit il participait à l’approfondissement de l’intégration européenne afin de sauver l’économie européenne – et britannique -, ce qui impliquait qu’il réduise au silence les plus virulents de ses parlementaires eurosceptiques, soit il amadouait ses opposants au sein du parti en souscrivant à la nécessaire intégration, mais sans que le Royaume-Uni prenne place à la table commune.

En choisissant la seconde option, il a privé la Grande-Bretagne de toute influence sur l’orientation que prendra l’Europe pour résoudre la crise, avec toutes les implications que cela aura sur une économie britannique étroitement liée au destin de la zone euro. En dépit des applaudissements de ceux qui ont salué sa combativité toute britannique, M. Cameron a en réalité opéré un choix qui marque une rupture non seulement avec les décisions de tous les gouvernements britanniques précédents, mais aussi avec celles de tous les premiers ministres conservateurs jusqu’à présent.

Depuis l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’UE, l’un de nos principes fondamentaux a été de ne jamais renoncer à exercer une influence sur la politique européenne ; donc à ne jamais nous retirer d’une table où doit être prise une décision susceptible d’affecter les intérêts britanniques. Edward Heath a posé cette règle, Margaret Thatcher l’a bétonnée et John Major l’a résolument mise en oeuvre à Maastricht. David Cameron, au contraire, l’a abandonnée, non parce que c’était son désir, mais parce qu’il lui manque l’autorité politique au sein de son propre parti pour la faire respecter.

Il ne reste plus au gouvernement qu’à espérer, comme l’a suggéré le chancelier de l’Echiquier, Lord Osborne, que l’on croie que la Grande-Bretagne continue d’exercer une influence en Europe, et non qu’elle est en train de s’éloigner d’elle. Mais c’est pratiquement impossible. La colère contre Londres est presque palpable chez les hommes politiques du continent. Depuis plus de quarante ans, nos partenaires ont fait preuve d’une grande patience. Appréciant, malgré tout, que la Grande-Bretagne fasse partie de l’Union, ils se sont accommodés des ambivalences britanniques. Le gouvernement britannique vient de leur renvoyer leur bonne volonté à la figure.

Le gouvernement doit à présent faire preuve de la plus grande prudence. Il devrait prendre toute initiative encore possible pour contribuer à améliorer la liquidité de la zone euro et mettre en place le pare-feu destiné à protéger la monnaie européenne. Il faut également identifier d’urgence les domaines politiques et les mesures permettant de mettre en valeur nos engagements européens.

Si, au contraire, le gouvernement choisit de laisser filer les choses et, pire encore, voit un intérêt politique à alimenter le sentiment anti-européen en Grande-Bretagne, il ne pourra pratiquement plus résister à la demande visant à faire figurer un référendum définitif sur l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’UE dans le prochain manifeste conservateur. Dans cette hypothèse, la Grande-Bretagne devra livrer un combat majeur pour pouvoir rester dans l’Europe. C’est cette longue mèche que vient peut-être d’allumer David Cameron.

For the last generation, despite the twists and turns of Conservative and Labour prime ministers, Britain has been determined to stay at the top table in Europe. Today, David Cameron, after months of posturing and disengagement, took the catastrophic decision to walk away.

We should be under no illusions about the import, the impact or the reasons behind the decision. The significance is that we have chosen to let 26 countries make crucial decisions without us. The prime minister’s apparent warning at the meeting that they “couldn’t use this building for their meetings” would be laughable if it was not tragic.

The impact cannot be precisely known but the scale of Britain’s isolation makes it hard to believe it will not be serious. The reality of the EU is that influence does not always come from rules but from strategic alliances. This government has been left in an alliance of one. And for what? Cameron went into this summit saying his first priority was to protect Britain’s financial services industry. Forty-eight hours later it is clear he achieved not one such protection.

Instead, he has delivered the reality that 26 EU countries will now meet to discuss financial services without our country being represented in the room. That is not in the interests of Britain.

And while Cameron tells us he made his decision to protect British business, it is British business that will lose when Britain is not involved in decisions about their largest export market.

The real reasons for this debacle are about internal Tory politics. Even before he entered Downing Street, Cameron pulled Conservative MEPs out of the centre-right grouping in the European parliament. It sent a clear signal he did not want to engage with anyone except mavericks from the extreme margins of European politics. In office, it has got still worse. As recently as March he was telling Angela Merkel he did not even want to be in the room when issues to do with the euro were being discussed. Europe got the message. Last week, when the leaders of centre-right parties in Spain, Germany and France met in Marseilles, Cameron was not invited.

Going into Friday’s crucial summit for jobs and growth, at a time of great peril for our country, the British government was bereft of influence and allies.

The truth is that Cameron never wanted a deal at this summit because he knew he was too weak to sell it to his Eurosceptic MPs back home.

When Geoffrey Howe resigned from Margaret Thatcher’s government, he complained that in European negotiations he felt like an opening batsman who found his bat had “been broken before the game by the team captain”. Today, Cameron didn’t even want to be on the pitch. Even before this summit began, he decided to pull stumps and retreat to the Eurosceptic pavilion.

Cameron could have been batting for British interests. Instead, he had put the Tory party’s self-interest ahead of Britain’s national interest. He could have built alliances over the preceding months, he could have insisted that a different deal was done rather than giving up on Thursday night. What was the alternative? He could have sought practical protections for our financial services industry rather than posturing. He could have insisted that crucial euro-area meetings affecting Britain should not take place without a British voice in the room. Instead, he has been too scared of his own backbenchers and too desperate to avoid a vote in parliament to stand up for Britain’s national interests.

So preoccupied with stabilising the Tory party, Cameron has done nothing to help deliver the stability and growth in the eurozone that is so crucial to Britain’s recovery. That should have meant support for the European Central Bank acting as a lender of last resort, and a recognition that ever greater collective austerity will never deliver the growth we need.

But neither of these steps were taken.

I fear that we will come to rue the fact that the summit was a political disaster and an economic failure for Britain and Europe. What does this mean for British politics? We know where the Tory party now stands. But it does not command a parliamentary majority.

Nick Clegg, the deputy prime minister and leader of the unashamedly pro-European Liberal Democrats, said before the summit that the key aim was to do “everything we can to avoid a great big split in the European Union” because that would be “bad for jobs and growth in this country”.

Can Clegg really look his party – or the country – in the eye and say this has not now happened? It is time for him and Liberal Democrats to ask whether this is really what they came into politics for.

Cameron has not wielded a veto as he claims. He has simply lost.

This is a terrible outcome for British business, British jobs and for Britain.

Margaret Thatcher has long been reviled by the British left, so much so that the singer Elvis Costello once fantasized about stomping on her grave in his 1989 song “Tramp the Dirt Down.” But Mrs. Thatcher achieved more than any other British peacetime prime minister of the 20th century. It is rumored that, when she dies, she will receive a state funeral — an honor rarely accorded to anyone except monarchs. There are also plans for a public celebration.

Her life is the inspiration for a new movie that opens later this month, starring Meryl Streep as “The Iron Lady.” It chronicles Mrs. Thatcher’s divisive policies as prime minister as she led Britain through the economic doldrums of the 1980s. It was a time when the country faced financial ruin and politicians were compelled to make hard choices.

Mrs. Thatcher was a tough, adversarial leader. She was never liked, even by those who supported her policies, and she was hated by those who opposed her.

Yet her political style may be just what Britain needs right now. The country is in the midst of an economic crisis that will force the government to make difficult, unpopular decisions. And that is what Mrs. Thatcher did so well. Facing long-term economic decline and the brooding menace of the Soviet Union, she broke the trade unions, sold off nationalized industries and helped imbue British capitalists with a confidence that they had not felt since the death of Queen Victoria.

She was at her best when the odds seemed against her or when she had clear enemies. In 1982, she sent an armada to fight the Argentines in the Falkland Islands. And in 1984-85, she held out against a strike by the National Union of Mineworkers, which had been powerful enough to bring down a government 10 years before.

Although Mrs. Thatcher has become a respected symbol of statesmanship outside Britain, she remains a reminder of social division within it. In 2008, the future foreign secretary, William Hague, sought to reassure American officials that he and David Cameron, soon-to-be prime minister, were “Thatcher’s children.” When his comment leaked, the Labour opposition seized upon it, keen to circulate the quote in the hopes that it would stir up old anti-Thatcher feelings. And despite being in power today, Conservative leaders still worry that they are associated with the bitterness of the Thatcher years. They speak of changing their image as “the nasty party” and the need to “detoxify the brand.”

One reason British politicians feel uncomfortable with Thatcherism is that Britain has been relatively prosperous in the last two decades, at least in part because of things the Thatcher government did: tax cuts, financial-sector deregulation and weaker unions all made Britain a more attractive place to do business.

A new generation of politicians who grew up in an age of prosperity has ceased to think of politics in terms of hard choices and scarce resources; Mr. Cameron belongs to that generation. He was just 12 years old when Mrs. Thatcher came to power in 1979 and he became leader of the Conservative Party in 2005, when the current economic storms seemed almost unimaginable. Even when Mr. Cameron became prime minister last year, the financial crisis still felt, to most of the British electorate, like something short-term and vaguely unreal.

But British politics has lost something with its post-Thatcher embrace of consensus and optimism. Thatcherism was a galvanizing force. It mobilized right-wingers to do things, such as selling off huge state-owned corporations, that many of them would once have considered impossible. It also mobilized the left to develop radical alternatives: during the 1980s, the Labour Party veered toward support for unilateral nuclear disarmament and increased state intervention in the economy.

Unlike today, voters in 1983 faced clear choices. A vote for Thatcher’s Tories was a vote for large-scale privatization; a vote for Labour was a vote for socialism. A Conservative vote meant keeping Britain in the European Economic Community; a Labour vote meant withdrawal. A Tory vote meant stationing American cruise missiles in Britain; a Labour vote meant that they would be stopped.

There are no longer such clear-cut choices. Explicit talk of class interests and inequality have been replaced by a vaguer and less divisive language of “fairness” and “equal opportunity.”

The major political parties look remarkably similar today. All are led by clean-cut 40-somethings who blend social liberalism (support for same-sex marriage and opposition to the death penalty) with acceptance of the free market. Indeed, the Conservatives now find themselves governing with strange bedfellows, in a coalition with the small Liberal Democrat Party, whose president recently described Thatcherism as “organized wickedness.” Mrs. Thatcher hated coalitions. She most likely would have preferred to lose an election than to govern without an outright parliamentary majority.

Unlike Mr. Cameron, Mrs. Thatcher came to power at a time when people felt desperate. This desperation, and the sense that she might be the last chance to restore Britain’s fortunes, accounted for much of her success.

Thatcherism was not an alien invasion. It reflected a consensus by many members of the British establishment that things could not go on as they were. This is why so many supported Mrs. Thatcher’s policies, even when they disliked her personally.

Mr. Cameron is certainly a more likable figure than Mrs. Thatcher, but likability may not be enough when the British people realize that their current predicament — requiring government spending cuts at a time of rising unemployment and financial chaos in Europe — is actually worse than the crisis when Mrs. Thatcher came to power in 1979.

In these circumstances, it will take a bracing dose of Thatcherite ideological confrontation to revive British politics.

If there is one country on earth where the cry “Death to England” still carries weight — where people still harbor the white-hot hatred of British colonialism that once inflamed millions from South Africa to China — that country would be Iran. And that is what the leaders of Iran must have been counting on when screaming militiamen, unhindered by the police, poured into the British Embassy in Tehran to vandalize it on Tuesday.

Most Iranians, like most people anywhere, would deplore the idea of thugs storming into a foreign embassy. Nonetheless, some may have felt a flicker of satisfaction. Even an outrage like this, they might have said, is a trifle compared with the generations of torment Britain inflicted on their country.

So Iran’s mullahs — they, not President Mahmoud Ahmadinejad, are reported to have been behind the attack — were not gambling in ordering, or at least tolerating, it. They presumably realized that the world would denounce their flagrant violation of international law. But they also knew it would resonate with the narrative Iranians have heard for so long about their own history.

The spark for the embassy invasion was Britain’s imposition of new economic sanctions on Iran. Pressure for those sanctions came not so much from Britain as from the United States and Israel, but those countries could not be targets for a similar attack because they do not have embassies in Tehran. Besides, Iranians these days can be surprisingly besotted with the United States; in my own visits I am often surrounded by people who compete to proclaim their love for America, and whose anger at Israel seems more political than emotional.

Those Iranians, however, feel quite differently about Britain.

Britain first cast its imperial eye on Iran in the 19th century. Its appeal was location; it straddled the land route to India. Once established in Iran, the British quickly began investing — or looting, as some Iranians would say. British companies bought exclusive rights to establish banks, print currency, explore for minerals, run transit lines and even grow tobacco.

In 1913, the British government maneuvered its way to a contract under which all Iranian oil became its property. Six years later it imposed an “agreement” that gave it control of Iran’s army and treasury. These actions set off a wave of anti-British outrage that has barely subsided.

Britain’s occupation of Iran during World War II, when it was a critical source of oil and a transit route for supplies to keep Soviet Russia fighting, was harsh. Famine and disease spread as the British requisitioned food for their troops.

One of the most popular Iranian novels, “Savushun,” is set in this period. It tells of two brothers who take roles every Iranian can recognize: The elder is ambitious and panders to the occupiers; the younger refuses to sell his grain to them and pays a tragic price for his integrity.

During their occupation, the British decided that Reza Shah Pahlavi, whom they had helped place in power, was no longer reliable. They deposed him and chose his son, Mohammed Reza Pahlavi, as the new shah.

Once the war ended, Iran resumed its efforts to install democracy, under the leadership of Mohammed Mossadegh. He had campaigned against the Anglo-Persian Agreement of 1919 and had written a book denouncing “capitulation” agreements, under which foreigners were granted immunity from Iranian law.

After he was elected prime minister in 1951, Mr. Mossadegh asked Parliament to take the unimaginable step of nationalizing Iran’s oil industry. It agreed unanimously. That sparked a historic confrontation.

Mr. Mossadegh embodied the anti-British emotion that still roils the Iranian soul. The special envoy President Harry S. Truman sent to Tehran to seek a compromise in the oil dispute, W. Averell Harriman, reported that the British held a “completely 19th-century colonial attitude toward Iran,” but found Mr. Mossadegh just as intransigent. When Mr. Harriman assured Mr. Mossadegh that there were good people in Britain, Mr. Mossadegh gave him a classically Iranian reply.

“You do not know how crafty they are,” he said. “You do not know how evil they are. You do not know how they sully everything they touch.”

Desperate to regain control of Iran’s oil, the British sought to crush Mr. Mossadegh with measures that included harsh economic sanctions — sanctions comparable to the ones they are now imposing. When that failed, they asked President Dwight D. Eisenhower to join in a plot to overthrow him. He agreed, not because he wished to help the British recover their oil but because he had been persuaded that otherwise, Iran might fall to Communism. Iran, after all, was on the southern flank of the Soviet Union, standing between it and the oil fields and warm-water ports of the Persian Gulf.

The coup, staged in August 1953, ended Iranian democracy and allowed Mohammed Reza Pahlavi to build a dictatorship that remained a staunch cold war ally of both Britain and the United States. But the alliance backfired on both countries when his repression set off the 1979 revolution that brought the mullahs to power. Today, many Iranians who loathe the mullahs nevertheless look for Britain’s hand behind any dark plot; some even accuse it of organizing the 1979 revolution, and imposing Ayatollah Ruhollah Khomeini.

More than half a century ago, Secretary of State Dean Acheson wrote that Mr. Mossadegh was “inspired by a fanatical hate of the British and a desire to expel them and their works from the country regardless of the cost.” Many Iranians still feel that way, as their country falls into ever deeper isolation. In Iran, the words “anger” and “Britain” fit easily together.

Outside interference is a central fact of modern Iranian history. And for most of the 20th century, Britain was at the center of most of it.

Nonetheless, a spark of admiration has long been buried within Iranians’ anger, as it was in many other places across the British Empire. Mr. Harriman noticed it in his talks with Mr. Mossadegh. The old man liked to tell stories about his favorite grandson, and Mr. Harriman asked where the boy was attending school.

“Why, in England, of course,” was the reply. “Where else?”

William Hague had little choice. The hand of the Iranian regime was pretty visible in the ransacking of both the British embassy compound and the northern Tehran UK staff residences. Safety required the pulling out of British diplomats, and diplomatic pride required that he demand the expulsion of their Iranian counterparts in London.

But while right may seem to have been done, these tit-for-tat expulsions rarely end well for either side. Broader objectives get put aside as time-consuming negotiations to restore full diplomatic ties displace more serious business. Without embassies the basic function of diplomacy – keeping some kind of dialogue going even when views are diametrically opposed – is essentially suspended.

Until now Britain has been a ringleader of efforts to squeeze Iran into compliance with international restrictions on its nuclear programme. Without an embassy it actually becomes a bystander, as it will quite quickly know less about what is going on in Iran than others at the table. Both as a minister and before that at the UN, I always noticed that Iran was an issue on which the US and others tended to defer to British views because, unlike Washington, we had our embassy, our own listening post. We were better informed.

But that privileged position also carried the seeds of its own undoing as it fed a real suspicion of Britain in Iran. We were seen as the Americans’ proxy, doing their business – and in the eyes of many Iranians, particularly in the regime, no doubt spying for them. These suspicions were particularly toxic because of a long history of perceived British perfidy. Iranians have long nursed the conspiracy theory, for example, that tunnels snake out from the British embassy deep into Tehran, along which British spies ply their trade.

More troublingly, you do not have to be an Iranian with a persecution complex to concede that Britain has not used its privileged knowledge of Iran to particularly good effect. It has been a loyal camp follower of a narrow American diplomacy that, other than briefly at the beginning of the Obama administration, has been consumed by the nuclear issue at the expense of a broader view of Iran’s agenda – or rather, its anxieties.

Iran’s preoccupation with its own security and relations with what it sees as the threats of the US, Israel and Saudi Arabia have always offered the prospect of a wider canvas on which to provide guarantees against outside interference, in return for curbing Iran’s nuclear and conventional armament programme. The real value of a more imaginative diplomacy of this kind would have been to remove the prop that has kept this unpopular regime going: the threat of foreign intervention.

Such a diplomatic overture might have come from a country such as the UK, with its historic links and understanding of Iran combined with its influence in Washington. It would have needed all Britain’s diplomatic skill and patience because as negotiating partners Iran’s leaders are as unreliable as any.

But long before we closed our embassy in Tehran, we had anyway lost the opportunity of any such role, as we were seen as being in the Americans’ lap. And so the decision to step up banking sanctions, which provoked the attacks on Tuesday, represented the latest step in a deepening confrontation, so perhaps the embassies were redundant anyway. This was already a showdown.

The good news is sanctions are working and putting great pressure on the regime. They are also, typically, biting at the less well off, thereby causing resentment that was reflected in the protests in Tehran. But the bigger problem, which cannot be allowed to fester, is that Iran’s fresh progress towards nuclear enrichment is provoking talk of war in Israel – at least among government hawks, if not more prudent generals.

In the meantime, for all its other difficulties, Iran enjoys a better ally in a US- and UK-liberated Iraq than it ever did in Saddam Hussein’s years. These are developments that Saudi Arabia and other Arab neighbours cannot let go indefinitely unchecked. So the region lurches towards instability and possible conflict as the west desperately ups the ante on sanctions, hoping this can break the regime and avert conflict.

It will be no comfort for British diplomats that they will now not be granted front-row seats in Tehran for what follows. And given the real dangers, that is all our loss.

Como si fuera una comisión de la verdad, la investigación oficial sobre el escándalo de las escuchas telefónicas en Reino Unido está dejando al descubierto los horrores de un mal pasado reciente. Damos gritos de asombro al oír todas esas historias de intromisión e intimidación, la angustia de una madre, un niño que se vio empujado a quitarse la vida. Pero estamos hablando de Reino Unido; por tanto, el poder descontrolado que creó esa cultura del miedo no era el del Ejército ni el de la policía militar, sino el de los periódicos sensacionalistas.

Los directores y propietarios de los tabloides, en su mayoría, siguen negando la evidencia. Invocan la libertad de expresión y el interés público y condenan a las manzanas podridas que recurrían a pinchar teléfonos y otros métodos ilegales. Sin embargo, ahora, un antiguo director ha reconocido el difícil pasado.

David Yelland, que dirigió durante casi cinco años The Sun, el periódico de masas propiedad de Murdoch, reconoció hace unos días que los directores de diarios sensacionalistas, en la época de Tony Blair y Gordon Brown, y en los primeros meses de David Cameron, tenían un poder excesivo del que no daban cuentas a nadie. Cuando le presentaban un reportaje sobre la vida sexual de un futbolista, recordó Yelland con sinceridad, no se preguntaba si publicarlo beneficiaba el interés público; preguntaba si la historia “se sostenía”. Durante su periodo al frente de The Sun, tenía la sensación de que había “un gran botón rojo en mi mesa”. Si lo apretaba, a la mañana siguiente se produciría una gran explosión en algún sitio (bang, una carrera destrozada; bang, una familia destrozada; bang, una vida destrozada). Añadió que lo más extraordinario de propietarios como James Murdoch (de News International) y directores como Paul Dacre (del inmensamente influyente Daily Mail) es lo poco, casi nada, que se conocen a sí mismos. Se consideran los niños en la última fila de la clase, “cuando en realidad son dueños del colegio entero”.

Yelland estaba respondiendo a una penetrante charla de la filósofa Onora O’Neill para el Instituto Reuters, en la que preguntaba por qué se consiente que los periodistas sean inmunes a todas las responsabilidades que se exigen habitualmente en otros ámbitos de la vida pública. “A los medios de comunicación les encanta exigir transparencia a otras personas que tienen poder e influencia”, era su conclusión, “y lo que vale para los políticos debe valer, sin duda, para los informadores”.

¿Pero hay algo que pueda cambiar el comportamiento de unos y otros? Durante los últimos 20 años, los más poderosos del país, incluido el primer ministro, han temblado ante los amos de los medios de comunicación. Los políticos británicos han tenido miedo de que esos periódicos de enormecirculación inclinaran las elecciones en su contra. Además, muchos han tenido miedo personal a la persecución, al ridículo o a la revelación de algún detalle doloroso o embarazoso de sus vidas privadas. De ahí a la palabra “chantaje” no hay mucha distancia.

¿Será posible que esta relación haya cambiado de forma irrevocable, y para mejor, desde el descubrimiento del escándalo de las escuchas? No estoy tan seguro. El miércoles 23 de noviembre, al abrir The Sun para ver su reacción ante la investigación que dirige un juez, lord Leveson, encontré un artículo de “el primer ministro David Cameron” en el que exigía al líder laborista, Ed Miliband, que dijera “a los dirigentes sindicales que pagan las facturas del Partido Laborista que estas huelgas están mal”. ¿Cuándo voy a leer un artículo de Cameron en el que diga que “el comportamiento que han tenido los periodistas de The Sun y The Daily Mail está mal”? Los tabloides no lo publicarían; y él no lo escribiría.

Recuerden que solo cuando llevaba ya casi 10 años como primer ministro se atrevió Tony Blair a calificar el comportamiento de los medios de comunicación británicos como “propio de una bestia salvaje”. Si el escándalo de las escuchas telefónicas no hubiera estallado cuando lo hizo -después de que The Guardian persiguiera la historia durante 18 meses, prácticamente sin ayuda-, seguro que el Gobierno de Cameron habría permitido a la organización de Rupert Murdoch, News International, asumir el control total de BSkyB, con lo que habría fortalecido su posición dominante. No me cabe duda de que, en privado, el número 10 de Downing Street está tan deseoso como nunca de ganarse el favor de The Daily Mail y The Sun.

En Reino Unido necesitamos que nuestros políticos electos sean más valientes a la hora de enfrentarse a unos amos de los medios a los que nadie ha elegido, y que haya más regulación tanto de la propiedad como de la política de competencia. Como destacó Yelland, si los jefes de Associated Newspapers (dueños de The Daily Mail) y News International se reúnen a comer y ponerse de acuerdo en algo, tengamos casi la certeza de que lo harán realidad, porque, entre las dos empresas, controlan aproximadamente el 60% de la prensa británica.

Lo que no necesitamos, desde luego, es que los políticos tengan poder para manipular el contenido editorial de los periódicos. Los políticos sí deben temer a la prensa, pero por razones justificadas. La mejor solución es la “autorregulación con dientes”. Pero uno o dos de esos dientes deberían contar con fondos públicos y alguna forma de imposición legal. Esto vale sobre todo en el caso de la privacidad. Casi todos los expertos en libertad de expresión están de acuerdo en que el único gran motivo que justifica las intromisiones en la privacidad es el interés público. Lo difícil es definir una y otra cosa. En algunos sitios, el equilibrio se ha inclinado demasiado en favor de la privacidad. ¿No era de auténtico interés público que a los votantes franceses se les hubiera revelado un poco antes el historial depredador del aspirante a candidato presidencial Dominique Strauss-Kahn con las mujeres?

En Reino Unido pasa todo lo contrario. Los periódicos alegan “interés público” cuando no existe. Los abogados de News of the World invocaron el recuerdo del Holocausto para insinuar que era de interés público conocer las revelaciones (no corroboradas) de que se habían visto enseñas nazis en una orgía privada en la que había estado Max Mosley, en aquella época responsable del organismo rector internacional de la Fórmula 1 (e hijo del líder fascista británico Oswald Mosley). Tonterías. Lo que querían decir no era “interés público” sino “lo que interesa al público” y, por tanto, vende periódicos. Y seamos sinceros, a la mayoría de nosotros nos interesan los cotilleos, aunque nos parezca que no debería ser así. De esta manera resume el periodista estadounidense Michael Kinsley su experiencia en la revista digital Slate durante el caso Monica Lewinsky: “Los correos electrónicos dicen que no, pero sus clics con el ratón dicen que sí”.

A medida que crece la competencia que representan los medios digitales para la prensa escrita, y con los cotilleos cada vez más íntimos que aparecen en Internet, donde la privacidad está aún más amenazada que en el viejo mundo impreso, las presiones comerciales para que los diarios sensacionalistas sigan publicando revelaciones escandalosas no tienen más remedio que aumentar. Es difícil pensar que la autorregulación va a bastar. El deseo de obtener beneficios es demasiado intenso.

Alegarán, como hacía el miércoles pasado Jane Moore en su columna en The Sun, que se limitan a dar a los lectores lo que quieren. Y, como hizo Dacre en una sesión de investigación presidida por Leveson, citarán a jueces veteranos para respaldar su argumento de que, si no mantienen su circulación con esos métodos, “se publicarán menos periódicos, lo cual va en contra del interés público” (es lo que dijo lord Woolf en una decisión judicial de 2002). ¿Qué recurso tiene la persona perjudicada? ¿Acudir a la ley? Para la mayoría de la gente, es demasiado caro. Mosley ha gastado un millón de libras para defender su caso solo en los tribunales británicos.

La “autorregulación con dientes” debe ser la receta general para los periódicos. Pero en este ámbito concreto, el de la privacidad, debería existir un tribunal independiente, financiado con dinero público, al que cualquiera pueda acudir para obtener reparaciones rápidas y baratas por las intromisiones que no se justifiquen por ningún genuino interés público. Son muy pocos los valores capaces de mirar a la cara, por así decir, a la libertad de expresión, pero la privacidad es uno de ellos. Encontrar el equilibrio entre los dos es un deber en nombre del bien común.

A pesar de los esfuerzos por mirar hacia otra parte y procurar no soliviantarse en exceso por los manejos británicos en la bahía de Algeciras, no pueden ni deben pasar inadvertidos por la gran influencia que ejercen sobre los gibraltareños. Este y otros aspectos del asunto confirman que cualquier solución del contencioso que sea realista y aceptable para España tiene que contar con el Campo de Gibraltar. Hasta épocas muy recientes esta causa unía a los españoles. Por desgracia, hoy en la zona, y como consecuencia de la errática y perturbadora política seguida durante décadas por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, se advierten grietas en la opinión incluso dentro del Campo de Gibraltar. Hay quienes opinan que apoyar en todo a la Roca es imprescindible para aliviar la desigualdad económica entre la colonia y el «hinterland». Parece casi lo último que cabía esperar, aunque ya sabemos que este es un país donde los terroristas se aceptan como los buenos y en el que los colonialistas van convirtiéndose poco a poco en libertadores. Mientras tanto, Gibraltar se regodea con su situación y practica audazmente que lo pequeño es grande, y lo anómalo, ventajoso.

El Campo de Gibraltar ha contado siempre con ideas valiosas para hacer más viable la reivindicación española de la Roca. Es verdad que las soluciones a las que me refiero nunca se han adoptado por las autoridades nacionales, pero no lo es menos que tampoco han perdido vigencia. La propuesta más antigua y que ahora rebrota en la comarca es la de establecer una zona franca contigua a la colonia cuyo objeto principal sea elevar el nivel de vida de los campogibraltareños y al mismo tiempo doblegar el contrabando que origina Gibraltar. Evidentemente, si por lo menos se consiguiera que en el municipio inmediato, La Línea de la Concepción, no hubiera un solo precio de cualquier mercancía superior al que tiene en Gibraltar, otro gallo nos cantara. Así, por añadidura, se pondría fin a la vergonzosa irregularidad de que haya británicos que compren en España y vendan en la Roca productos españoles a la vez que vetan que se puedan adquirir también en la zona.

La segunda propuesta fue estudiada y preparada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en la época del ministro Castiella: crear una provincia que abarque desde Tarifa hasta Ronda y Estepona, formada por municipios de Cádiz y Málaga. El fracaso obligado de esta solución merecería un relato tan detallado de sus altibajos y curvas como los veraniegos artículos eróticos de Muñoz Molina.

Tras la transición a la democracia, la convicción de que la humillante situación presente era ya insostenible en el último cuarto del siglo XX se reflejó en la posibilidad, recogida en el texto de la Constitución, de crear en la zona una autonomía por el estilo de las que disfrutan las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Plenamente funcional y, al mismo tiempo, punto final de este lamentable asunto. La provincia no, pero la autonomía hubiera podido conjuntarse con un Gibraltar que disfruta de bastante menos libertad que Mónaco, y no digamos que Andorra. La presunción de europeísmo de unos ciudadanos encaramados en una roca nuclearizada con su base naval adjunta parece fruto del delirio de una mente descompuesta, sobre todo porque ambas partes enfrentadas pertenecen a la misma alianza militar.

Por último, otra nueva idea presente actualmente conjuga varias ventajas sobre las citadas antes, y ni implica privilegio como la zona franca, ni establece competencia con ninguna otra unidad administrativa similar como sucede con la provincia ni permite confundir la funcionalidad de una autonomía con el encasillamiento de modos de vida, identidades, valores y presiones contra el diferente, que tanto desfiguran la actual distribución del poder territorial en España. Se trata, además, de una idea que comprende tres cualidades: se basa en una realidad preexistente, requiere un esfuerzo constructivo mínimo y depende primordialmente de los campogibraltareños.

La bahía de Algeciras destaca en España por su belleza, pero también por su utilidad. Sobre la primera cualidad hay que advertir que hemos hecho casi todo lo posible por rebajarla y hasta destruirla. Las hermosas playas y las desembocaduras de los ríos Palmones y Guadarranque han sido maltratadas por los abusos de quienes decidieron o se aprovecharon del actual uso industrial preferente en la bahía. En un momento determinado de los años 60 estaban vivas las opciones de dedicar la bahía al turismo o a la explotación industrial, y se optó por la segunda. Tal vez hubiera sido mejor la primera, pero, por desgracia, preferirla habría sido una quijotada inútil. Nuestros vecinos de Gibraltar tiraban entonces directamente a la bahía todos sus residuos, tanto biológicos como industriales. En esas condiciones se decidió instalar una refinería, y tras ella vinieron otras industrias. Como consecuencia, la bahía ya no es lo que era, pues constituye la base del desarrollo que se ha registrado en la zona, aunque facilita los abusos de la colonia británica en lo que se refiere a la venta directa de petróleo a los barcos que se estacionan en las aguas adyacentes a la Roca, que son de titularidad española.

Aun así, la gran bahía sobresale pujante y hermosa como la Plaza Mayor que es del Campo de Gibraltar. Sus costas son compartidas por los cinco municipios siguientes: Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Línea de la Concepción y Gibraltar. Todos ellos tienen población urbana distribuida en sus costas respectivas, y el total suma más de 257.713 habitantes; y lo que más importa: apenas hay solución de continuidad territorial entre estas diversas zonas urbanas. El Campo de Gibraltar de hoy es el mismo que nació en 1704, pero a una escala mucho mayor. Sigue siendo el histórico porque, salvo Gibraltar, los otros cuatro municipios fueron fundados después de la pérdida de la colonia, que cuando pasó a manos inglesas tenía alrededor de cinco mil habitantes.

Esta simple observación es muy reveladora, porque sin el nombre de tal los municipios citados poseen un carácter unitario de ciudad. Para completar el diseño de este casco urbano le sobran recursos técnicos a España, que tiene allí incluso una incipiente organización territorial propia con el nombre de Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar. Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y Tarifa abarcan, a su vez, la mayor parte rural del Campo de Gibraltar, con 58.872 habitantes.

Junto con la gran ciudad de la bahía, o de la gran bahía, hay que diseñar también el futuro de todo el territorio. La historia y la geografía han abierto un nuevo horizonte en beneficio de esta zona andaluza. El asunto de Gibraltar, que ha defraudado siempre las expectativas de esta población, lo ha hecho poniendo al descubierto lo que estábamos haciendo mal. La por tantos motivos deseable existencia de una ciudad costera de la bahía de Algeciras con medio millón de habitantes está al alcance de la mano. Sería la tercera o la cuarta ciudad de Andalucía por población y estaría entre las mayores de España. Las consecuencias demográficas, económicas, culturales, políticas e incluso logísticas de su consolidación se adivinan fácilmente. Hay que luchar por este logro, pero en caso contrario la misma dinámica demográfica puede completar el proyecto. La demografía nunca falla.

Si visita Londres por estos días notará algo extraño: mientras más se viene abajo la economía británica, con mayor vehemencia insisten los Ministros del gobierno de David Cameron y los economistas conservadores en que los recortes draconianos al gasto públicos son favorables para el crecimiento económico.

Algunos observadores perciben esta postura como un acto de fe (presumiblemente en las virtudes del libre mercado). Otros, como el economista Paul Krugman, lo ven como un acto de mala fe: los conservadores solo quieren reducir el tamaño del estado, sin importar las consecuencias que tenga para el crecimiento.

Pero… ¿hay un argumento serio que justifique recortar el gasto público para estimular una economía? La respuesta es sí. De hecho, hay dos argumentos. La investigación académica ha demostrado anteriormente que los dos funcionan en la práctica –por ejemplo, en Irlanda y en Dinamarca durante los años ochenta. Por desgracia para los conservadores, ninguno de los dos se aplica a la situación  de Gran Bretaña hoy.

El primero de los argumentos enfatiza la relación entre la política fiscal y la monetaria. En un país con un amplio déficit fiscal, el banco central debe mantener elevadas las tasas de interés para controlar la inflación. En este escenario, los recortes al gasto crean un margen para que las tasas de interés caigan. Si el país tiene un régimen cambiario flotante, la moneda además se deprecia.

Estos dos cambios son buenos para la demanda y el crecimiento. Si su impacto combinado es mucho mayor que el efecto de contracción inicial del recorte del gasto, entonces la economía bien puede crecer después de una ronda de ajuste fiscal.

Resulta obvio que esta no es la situación actual de Gran Bretaña. La tasa de interés del Banco de Inglaterra se ha mantenido apenas por sobre cero durante más de dos años y medio. Independientemente de los planes fiscales del gobierno, esta tasa de interés no puede caer a menos de cero.

La segunda razón por la que una contracción fiscal puede ser expansiva es más sutil. En una economía en donde la deuda pública está aumentando rápidamente, mientras más se posponga un ajuste fiscal, más grande de doloroso deberá ser ese ajuste. Los hogares y las empresas lo entienden y dejan de consumir o invertir adelantándose a los duros recortes al gasto y a la subida de impuestos venideros. Así las cosas, un gobierno conservador  que recorta el gasto hoy le evita a los ciudadanos ese dolor futuro. De este modo el sector privado empieza a sentirse más rico y con optimismo vuelve a gastar, ayudando a que la economía prospere.

Dicho de otra forma: sin  los recortes presupuestarios Gran Bretaña habría llegado a estar como España –o tal vez incluso como Portugal o Grecia. Una vez realizados los recortes, Gran Bretaña ya no corre el riesgo de parecerse a un irresposable país mediterráneo. Por lo tanto, los británicos pronto empezarán a gastar de nuevo y el crecimiento económico llegará.

Hasta ahora todo bien –excepto que esta historia tampoco se aplica a Gran Bretaña. No hay indicios que el país haya estado al borde de una crisis de financiamiento. Los rendimientos a diez años de los bonos del gobierno británico alcanzaron mínimos histórico mucho antes de que Cameron llegara al gobierno. Si la crisis era inminente, los mercados claramente no se dieron cuenta. Además, si los recortes presupuestales del gobierno de coalición hubieran mejorado las expectativas de crecimiento futuro, esas mejores expectatativas se habrían visto reflejadas en precios mayores de las acciones, y tampoco hay evidencia de esto.

En suma, la demanda privada en Gran Bretaña está paralizada en lugar de subir. Añádase a esto el colapso de la demanda del sector público resultante de los recortes al presupuesto, y en conjunto están todos los ingredientes necesarios para un estancamiento prolongado. Y un estancamiento, si no algo peor, es precisamente lo que están mostrando los recientes datos económicos británicos.

Mientras más dure esta situación, más grave será el problema. Los desempleados de largo plazo saldrán del mercado laboral. Las empresas que invierten poco dejarán de ser competitivas. En la jerga de los economistas, la baja demanda engendrará una baja oferta y una recuperación no inflacionaria será aún más difícil de lograr.

¿Qué debe hacer Gran Bretaña? Como la eurozona va de crisis en crisis, la salvación no vendrá del exterior. En casa el único instrumento disponible es la política monetaria no convencional. Recientemente el Banco de Inglaterra inyectó 75 mil millones de libras a la economía a través del llamado “relajamiento cuantitativo”. Este es dinero de verdad, no sólo un acto de fe.

“No soy Tony Blair…”. Una pausa silenciosa invadió el auditorio en el que Ed Miliband se dirigía al congreso laborista británico. En aquel momento los delegados no sabían si su nuevo líder les invitaba a valorar una noticia magnífica o trágica. El silencio de Ed era intencionadamente equívoco y cuando finalmente –tras cerrar los ojos durante un par de segundos– acabó con un comentario positivo acerca de Blair, la audiencia sabía que Ed había esperado demasiado, que su objetivo era sembrar la duda y la crítica acerca de la herencia política del blairismo, duramente reprobada estos días por los nuevos cuadros del partido.

Resulta evidente, Miliband no es Blair: no tiene ni su carisma, ni su personalidad, no es un orador atractivo, le falta empatía a la hora de relacionarse con la gente y los medios de comunicación británicos le definen como weird (un poco raro). Dicho esto es totalmente cierto que el laborismo liderado por Blair y Brown, en el gobierno durante 13 años, es responsable del déficit que ahora atenaza a la Gran Bretaña; porque durante este tiempo se gastó más de lo que el país se podía permitir y ahora la ciudadanía se enfrenta a una deuda que debe asumir sin haberla generado directamente.

Miliband rechaza las políticas de la tercera vía y se sitúa claramente hacia la izquierda; de ahí su apodo Ed the Red (Ed el Rojo). Su prioridad es recuperar el voto de la clase trabajadora –dejando de lado a las clases medias que Blair intentó y consiguió atraer. Para cumplir su objetivo, Miliband cuenta con el apoyo de los sindicatos, sin el respaldo de los cuales no habría podido acceder al liderazgo del Partido Laborista. Aun así, se trata de una relación no exenta de tensiones, por ejemplo cuando Miliband se pronunció en contra de la huelga convocada por los sindicatos el mes de junio pasado.

El giro hacia la izquierda del Partido Laborista significa el abandono de la centralidad política que le permitió ganar tres elecciones consecutivas –dos de ellas con mayoría absoluta. Es una maniobra arriesgada porque ofrece a los conservadores –en bandeja de plata– la posibilidad de instalarse en el centro y consolidar su liderazgo. A mi modo de ver se trata de un error de cálculo por parte del Labour, que tras el mediocre gobierno de Gordon Brown no puede permitirse más luchas internas ni experimentos de dudosa resolución. Al fin y al cabo Ed Miliband debería tener muy presente que sólo un 18% de la ciudadanía británica valora positivamente su papel como líder laborista.

Miliband critica las políticas del Estado de bienestar implementadas por Tony Blair, rechaza también sus políticas de inmigración, el acercamiento al mundo de los grandes empresarios y lo que define como un alejamiento de los principios laboristas.

Pero, ¿cómo piensa Ed Miliband generar empleo sin la colaboración de los empresarios a los que se refirió como “depredadores”? ¿Cómo dinamizar la economía del país cuando el mismo Gobierno se ve obligado a recortar puestos de trabajo a diestro y siniestro? En este contexto hay que estimular la inversión privada, plantear objetivos inmediatos pero sin olvidar desarrollar un plan a medio y largo plazo. Es necesario identificar nuevas áreas de investigación, favorecer la industria, promover la formación universitaria y profesional. El Gobierno debe facilitar este proceso y crear las condiciones que permitan la recuperación del país; no se puede alienar a los empresarios sino apoyar la creación de empleo.

En estos momentos conservadores y laboristas coinciden en la necesidad de reforzar moralmente el país a través de la promoción de valores como el trabajo, la responsabilidad y la solidaridad, lo cual representa una vuelta a aquellos valores que hasta hace bien poco eran considerados como anticuados; recordemos que el individualismo rampante invadía la sociedad.

Ya ven que la crisis económica –la necesidad– no sólo altera la economía sino que nos fuerza a buscar aquellos valores que deben permitirnos sobrevivir en una situación precaria; parece que nunca aprendemos que hay valores que deben ser para siempre. Así, mientras los conservadores defienden la big society (gran sociedad), los laboristas nos hablan del blue labour (laborismo azul); en ambos casos se trata de buscar nuevos caminos para la reconstrucción moral del país. Ambos movimientos reivindican el sentimiento de pertenencia a la comunidad, promueven la solidaridad y la ayuda mutua; los discursos cosmopolitas yacen en el olvido.

Mientras, los liberaldemócratas ponderan los gozos y las penas de estar en un gobierno de coalición; los primeros les permiten proclamar su papel de moderadores del conservadurismo de Cameron; las segundas les confirman un éxodo de afiliados hacia el Partido Laborista.

The revelations from Libya show just how far we are from touching the bottom of British complicity in rendition and torture. For anyone who had hoped that, 10 years on from the catastrophic attacks on the United States which kicked off the “war on terror” we might be starting to come to terms with the abuses carried out in our name and put them behind us, the depressing news is that we seem to be further than ever from doing so.

With the caveat that these documents have yet to be fully verified, it would appear that we have been given yet another insight into our own security services getting mixed up in some of the truly appalling abuses carried out by an odious regime.

So far we have read of British intelligence services cheerfully assisting in the rendition of a suspect, along with his wife and children, back to Libya, where they must have known about the horrific treatment opponents of the regime could expect.

And we have seen our relations with anti-Gaddafi forces poisoned virtually before they could even begin, with the new security commander in Tripoli threatening to sue MI6 and the CIA for what he alleges was their role in the years of torture he suffered under the old regime. Leaving aside the terrifyingly unpredictable face Britain must present to the world – collaborating in your torture one year and bombing your enemies the next – a key sentence stands out in what Abdul Hakim Belhaj has said about his ordeal: “[I was] surprised that the British got involved in what was a very painful period in my life.”

First, it sits in stark contrast to what the CIA has said about the revelations in these documents – that it “can’t come as a surprise that the Central Intelligence Agency works with foreign governments to help protect our country from terrorism and other deadly threats”. But more important, it shows exactly what we are at risk of losing if we continue to allow our security services to behave in the way they have done and fail to properly hold to account those involved in what happened.

People like Belhaj – and the vast majority of the British public, who find such practices abhorrent – have expressed surprise or shock that our services have been involved in the abuse of detainees. So unless we want the UK to become the kind of place where allegations of torture are met with a shrug, rather than a storm of condemnation, we need to see real action to ensure this never happens again.

This has to start with a proper inquiry, with real teeth, into the complicity of British personnel in rendition and torture. Sadly the setup for the Gibson inquiry, which is yet to commence, will not provide this. On its current lines, the inquiry lacks clout, being unable to compel the attendance of witnesses or provision of evidence; it lacks independence, with David Cameron and the head of the civil service having the final say on what, if anything, will be made public; and it lacks any meaningful way for those who have been victims of torture – and are therefore also key witnesses – to participate, and argue their side of the story.

The sad but inescapable fact is that it is hard to see any way by which the Gibson inquiry could have uncovered the evidence we have seen from Libya in the last few days: it will be reliant on what the security services choose to hand over, rather than being in a position to dig out crucial evidence itself. Moreover, we have already heard from the inquiry that it does not intend even to approach foreign personnel for evidence, thereby knocking out the chance that it would have asked for information of this kind from the Libyans or the CIA.

We have heard foreign secretary William Hague emphasising that the allegations “relate to a period under the previous government”, but the uncomfortable fact remains that they are still a problem for this one. Given Hague’s admission that he has “no knowledge … of what was happening behind the scenes at that time”, one would hope that he would be more keen than anyone to have an inquiry which can really get to the bottom of this.

There is still time for ministers to change track. We shouldn’t have to rely on the toppling of dictators to find out what abuses our own services have been involved in. Only a properly independent inquiry with real clout will let us find out on our own terms, and hold people accountable before this is allowed to do any more damage to Britain’s international reputation.

Puede que la palabra «miedo» no haya estado nunca tan presente en los medios como durante este verano. Un somero repaso a las portadas de los grandes diarios lo certifica: «EE.UU. devuelve el miedo a los mercados», «El miedo se instala en la bolsa española», «Miedo a un lunes negro», etc. La crisis económica, claro. Y, en especial, su sombra. O, si lo prefieren, la proyección de la crisis en un porvenir cada vez más incierto. En semejante contexto, no es de extrañar que los cuatro días de disturbios, saqueo y pillaje en Londres y demás ciudades inglesas fueran vistos por no pocos comentaristas de la actualidad como la consecuencia inevitable de ese miedo imperante. Un miedo que se evidencia por igual en la violenta desesperación de unos jóvenes a los que la vida parece haber dejado sin argumentos y en la tardía reacción de unas instituciones tan faltas de defensas como de soluciones. Así las cosas, para esos analistas, lo sucedido en Inglaterra este mes de agosto debería ser tomado como un síntoma de la degradación de un sistema de convivencia que ha renunciado a integrar a amplios sectores de la sociedad —los más desfavorecidos— y los ha sumido en la miseria y la marginación.

Una explicación de este tipo, sin ser del todo errónea, requiere, por lo menos, de un buen puñado de acotaciones. Es cierta la tendencia de la sociedad inglesa —y, en mayor o menor grado, de cualquier sociedad existente— a la exclusión de una parte de sus miembros. Ya en sus crónicas londinenses de la segunda guerra mundial, el periodista Augusto Assía, al referirse, admirado, a la capacidad del pueblo inglés para movilizarse ante los bombardeos alemanes —y ello sin distinción de sexo, raza o clase social—, reconocía que una parte de ese pueblo quedaba al margen. Pero una tal exclusión, añadía, en la medida en que era achacable tan solo a la voluntad del excluido, no empañaba en absoluto la iniciativa. Como si la existencia de ese poso marginal se inscribiera, por derecho propio, en la naturaleza misma de la actividad.

Por supuesto, ni la marginalidad de entonces es comparable a la de ahora ni la composición de aquella sociedad anterior al desmembramiento del Imperio de Su Majestad se asemeja a la de la establecida hoy en día en torno a Londres y las grandes ciudades del Reino. Pero, aun así, en la mayoría del cuerpo social inglés sigue prevaleciendo un sentimiento unitario —reflejado acaso en la imagen reciente de aquellos ciudadanos anónimos marchando escoba en ristre a devolver el orden a sus calles— que desprecia a todo aquel que se aleja del camino marcado por los usos y costumbres del lugar.
Por otra parte, por más que las revueltas tuvieran un origen reactivo —una respuesta violenta a la muerte violenta de un delincuente—, quienes las protagonizaron dirigieron enseguida sus actos contra la propiedad. Pero no con el objeto de procurarse algún bien de primera necesidad, como sería propio de gente menesterosa —ningún saqueo afectó, que se sepa, a tiendas de comestibles—, sino con el de hacerse con electrodomésticos de lujo, aparatos de telefonía móvil o ropas de marca. Lo indicaba certeramente Jim Waddington, profesor de la Universidad de Wolverhampton y experto en políticas sociales: «La mayoría no roba por necesidad, sino simplemente porque puede. Que muchos de ellos procedan de barrios deprimidos se debe sobre todo a la falta de control social. Los chicos en las zonas empobrecidas suelen hacer más vida en la calle, donde hay más posibilidades de unirse a los disturbios». Así pues, y al margen de que convenga revisar el sistema de ayudas sociales con vistas a mejorar su eficacia —el Reino Unido es uno de los países de la UE que más invierte en esta faceta—, no parece que la causa de la destrucción y los pillajes haya que buscarla en una supuesta miseria.

Entre otras razones, porque entre los vándalos y los rateros había también jóvenes y no tan jóvenes pertenecientes a las clases más o menos acomodadas de la sociedad. Maestros de escuela treintañeros, por ejemplo. O universitarias con expedientes intachables. O deportistas modélicas. Lo que significa que el vandalismo no conoce límites. Todos esos chicos y chicas, con independencia incluso de su origen social, han crecido en un ambiente marcado por la gratuidad. Ya sea porque residen en viviendas de protección oficial, a costa del Estado; ya porque no han tenido, a lo largo de su todavía corta existencia, ninguna necesidad de trabajar; ya, en fin, porque participan de una cultura, la digital, basada en el ocio y en el libre acceso a toda clase de productos, el caso es que su vida ha discurrido, hasta la fecha, en una suerte de irrealidad. Así, no pocos se niegan a aceptar —o simplemente ignoran, lo que resulta mucho más grave— que los bienes, en tanto que fruto de un determinado esfuerzo, individual o colectivo, tienen un precio. Y que ese precio debe pagarse, porque, de lo contrario, ni existirían esos bienes ni existiría, en consecuencia, ocasión alguna de disfrutar de ellos.
Uno puede consolarse pensando que el azote de la gratuidad, en cualquiera de sus múltiples formas, se da sobre todo allí donde la inmigración ha tendido a moldear, generación tras generación, un mundo aparte. Este sería el caso de Inglaterra y, hasta cierto punto, de Francia, con el consiguiente desgarro en el orden social. Pero el fenómeno afecta también a otros países de Europa occidental. A España, por ejemplo, y sin que la inmigración tenga nada que ver en ello. ¿O acaso debe entenderse de otro modo el movimiento del 15-M, esto es, la ocupación «de facto» por parte de unos pocos de un bien tan valioso para todos como el espacio público?

Sobra añadir que si el Gobierno español no hubiera optado por la inacción, por un improcedente «laissez faire, laissez passer»; si hubiera aplicado, en una palabra, la ley, esa apropiación indebida no habría tenido lugar. Aun así, ¿qué cabe esperar de la aplicación de la ley en un Estado donde uno de los máximos representantes de una de sus principales Autonomías —Felip Puig, consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat— afirma con orgullo, y sin que ello traiga consecuencias, que lleva en las matrículas de su coche y su moto un distintivo ilegal, el «CAT»? Poca cosa, ciertamente.
Si algo puede oponerse a esa cultura de la gratuidad que ha permitido, aquí y allá, tantos desmanes, es una cultura del esfuerzo. Una cultura que pasa no solo por el respeto a la ley y el orden como garantes de todo aquello que el ánimo y el trabajo de cada cual han sido capaces de producir, sino también —y en especial— por la educación, tomada en un sentido amplio. O sea, por lo que entendemos como enseñanza y lo que entendemos como familia. Sin el concurso de ambas instituciones —y recuérdese que no en balde «institución» había significado «instrucción, educación, enseñanza»—, sin el apoyo decidido a los valores que tanto una como otra encarnan desde hace siglos y que un progresismo terco y desnortado ha pretendido reducir a la nada, la convivencia se vuelve, quieras que no, una quimera. Y el hombre, en fin, deja de ser hombre.

The riots that swept England in early August shocked the country, mainly because there seemed to be no guiding motive or burning injustice. In fact, these riots represent a new sociological phenomenon — one that reflects the profound social, cultural and economic shifts in Britain over the past 30 years.

The August riots were new in that gangs of predominately young unemployed men were able, using new media, to launch a series of semi-organized disturbances for the purpose not of protest, but of criminal gain.

But why? Because in a savage manner, they were acting out the values that increasingly seem to govern and embody Britain: Ruthless self-interest coupled to a rootless consumer nihilism.

That’s hardly a surprise: The governing orthodoxy for the last 30 years has been that the few on top rule the many at the bottom by persuading them that the values of the wealthy are the best for the entire country. In modern Britain, the bigger the business, the more effective it is at avoiding tax. If that’s the rule for the rich, logic dictates it will set the values for the poor.

British politicians are ill-placed to condemn such actions since they themselves were hugely compromised in the scandal over the expenses claimed by members of Parliament — often for items very much like those prized by the looters. Moreover, the British political class looks highly susceptible to vested and monopoly interests. News International, for example, has been shown to have manipulated both of the main political parties for insider advantage.

Thus the top and bottom of British society seem to exhibit quite similar values — both play the system, and both see no reason why they should not. They represent the final triumph of a value system that does not recognize any objective values at all.

On the left, libertarianism used state welfare to give autonomy to people it considered too dependent on each other and too defined by outmoded codes and values. In so doing, it rendered superfluous all the bottom-up organization and structures of British working- class life, making people and communities dependent on state welfare rather than on each other.

This has been most invidious in the case of the family. Cultural libertarians on the left have followed Engels in deeming marriage to be nothing more than the bourgeois subjugation of women. Since 1997, for example, a single mother of two has seen her benefits increase by 85 percent. At the same time, the tax burden placed on a one-earner family (two parents + two children) on an average wage is 39 percent higher in Britain than that in other O.E.C.D. countries.

The result is that children in Britain are now more than three times as likely to live in one-parent households than they were in 1972; a third to a half of all British children will at some point live in a one-parent family; and a third of all British children at any one time are living with just one parent. In 1971, less than 10 percent of all births in England and Wales were outside marriage; in 2008, 45 percent of all births were.

This matters because unmarried parents have great trouble staying together. By the time a child is five, 43 percent of unmarried parents have broken up, versus 8 percent for married couples.

Over 7 million Britons now live alone, compared to three million in 1971, creating widespread social anonymity and fragmentation. Since 70 percent of young offenders come from one-parent families and a third of all prisoners come from families so dysfunctional they were taken into care by the state, family structure is not something the state can afford to ignore.

The erosion of family structures has been accompanied by a similar libertarian assault from the economic right. Under the rhetoric of free markets delivering mass prosperity, a rentier state has developed that has concentrated wealth and stripped millions of ordinary Britons of their capital, denying them a path to assets, ownership and trade.

The bottom 50 percent of the British population had 12 percent of liquid wealth, excluding property, in 1976. By 2003, that share had fallen to 1 percent, shutting the path to prosperity for those at the bottom. An O.E.C.D. survey in 2010 found that Britain has the highest correlation between parental income and outcomes for children, and therefore the lowest rate of social mobility in the developed world.

From the perspective of those who rioted, perhaps the most evident indication of how the game has moved against them is migration. Thirty years ago unskilled working-class kids could at least get jobs in shops or factories. Today these youths have lost out to new migrants — an astounding 99.9 percent of the rise of employment (not jobs) in Labour years is accounted for by foreign-born workers.

In conclusion, the rioters are shamefully emblematic of modern Britain. Their values have striking parallels with Britain’s current elite — not least because the creation of a morally denuded and economically marooned class at the bottom of society is the outcome of an elite that has embraced self-serving economics and the value system that endorses it: libertarianism under the guise of liberalism.

Libya stands on the brink of a new future, one that holds out the promise of democracy and freedom after 40 years of oppression. One of the most important tasks facing the interim government is the prevention of reprisals. That is why David Cameron and I have urged the National Transitional Council to exercise restraint and respect for human rights.

Britain has a proud history of international leadership on human rights. It was our political leadership and legal expertise that led to the creation of the European convention on human rights in 1950, a convention modelled on centuries of English law. That leadership matters now more than ever.

Yet something strange has happened in recent years: while governments have continued the call for greater rights abroad, they have belittled the relevance of rights at home. The Labour government that passed the Human Rights Act then spent years trashing it, allowing a myth to take root that human rights are a foreign invention, unwanted here, a charter for greedy lawyers and meddlesome bureaucrats.

This myth panders to a view that no rights, not even the most basic, come without responsibilities; that criminals ought to forfeit their very humanity the moment they step out of line; and that the punishment of lawbreakers ought not to be restrained by due process.

The reality is that those who need to make use of human rights laws to challenge the decisions of the authorities are nearly always people who are in the care of the state: children’s homes, mental hospitals, immigration detention, residential care. They are often vulnerable, powerless, or outsiders, and are sometimes people for whom the public feels little sympathy. But they are human beings, and our common humanity dictates that we treat them as such.

There is, of course, a sensible discussion to be had about the details of how the act operates. In November the UK takes over the chairmanship of the Council of Europe, and the government wants to take the opportunity to advance the reform of the European court of human rights, for example to improve the timeliness and consistency of its decision-making. At home, the government has set up a commission to investigate the case for establishing a UK bill of rights. It has long been my party’s policy to use a bill of rights to deepen our commitment to the protections of the Human Rights Act, and also to protect other British liberties, such as the right to jury trial.

But the biggest problem with the Human Rights Act is not how it operates in the courts, nor how it interacts with other rights. It is how it is manipulated not just by the media but by overcautious officials. It was, for example, of no help to anyone when police spokespeople blamed human rights for a decision to deliver a KFC meal to a fugitive on a roof: this had nothing to do with the Human Rights act. There is no human right to fried chicken.

So, as Cameron has said, we need to “get a grip on the misrepresentation of human rights”. Too many people have succumbed to a culture of legal paranoia where common sense decisions are questioned – not by the courts, but by overcautious lawyers and officials. This creates an ever-worsening cycle: the more we perpetuate the myth that, in the words of Jack Straw, human rights are a “villains’ charter”, the more those dealing with lawbreakers curtail their behaviour because of a general sense that rights trump common sense. The friends of human rights have the most to gain if we get a grip on this. We must give public officials back the confidence that reasonable decisions taken in the public interest will be defended by the courts – as they usually are when they actually reach the courts.

Court judgments themselves tend to tell a very different story about our rights culture than tabloid papers. The Human Rights Act and the European convention on human rights have been instrumental in preventing local authorities from snooping on law-abiding families, in removing innocent people from the national DNA database, in preventing rapists from cross-examining their victims in court, in defending the rights of parents to have a say in the medical treatment of their children, in holding local authorities to account where they have failed to protect children from abuse, in protecting the anonymity of journalists’ sources, and in upholding the rights of elderly married couples to be cared for together in care homes.

Some of these cases were decided in Strasbourg; many others were resolved by British courts thanks to the incorporation of the convention into domestic law under the Human Rights Act. I believe that was a hugely positive step which has done three things: it has ended the long delays people used to experience before they could get a hearing at Strasbourg, embedded the principles of the ECHR in our own courts, and sent a powerful message to the rest of the world about the value we place on human rights. So as we continue to promote human rights abroad, we must ensure we work to uphold them here at home. We have a proud record that we should never abandon.

En su primera intervención ante el Parlamento británico para dar explicaciones sobre la ola de violencia callejera que tuvo lugar a principios de agosto en Londres y otras ciudades del Reino Unido, el primer ministro conservador, David Cameron, explicó así las causas: «No es un problema de pobreza, es un problema de cultura».

A su juicio, la degradación moral en la que ha caído una parte de la sociedad británica, especialmente los jóvenes, es el caldo de cultivo de esos comportamientos violentos. La solución estaría, entonces, en aplicar medidas represivas combinadas con otras orientadas a la «recuperación de los valores tradicionales».

Pienso que es una respuesta equivocada. Cuando menos, parcial. Los problemas de cultura a los que se refiere Cameron son solo el síntoma superficial de una infección bacteriana profunda que corroe la cohesión de la sociedad británica: la fuerte desigualdad social.

Pero antes de ver cómo la desigualdad social acaba provocando pérdida de cohesión y descontento, permítanme una referencia a la violencia en sí misma y a las medidas para atajarla.

No hay nada que justifique la violencia callejera. Ni las situaciones de injusticia social pueden ser una excusa. La razón es que las víctimas de esa violencia son las familias trabajadoras de los barrios más pobres, que ven cómo su seguridad personal se pone en peligro y cómo su pequeño patrimonio -una tienda, un comercio, una pequeña empresa-, conseguido con denodado esfuerzo y muchas horas de trabajo queda destruido por esos comportamientos vandálicos.

La función primera de todo Gobierno es garantizar la seguridad de las personas y sus pertenencias. Y para ello debe emplear los medios policiales y jurídicos a su alcance. Pero ha de ir con cuidado, porque en esto de las medidas punitivas es muy fácil que se nos vaya la mano. Algunas de las posibles medidas anunciadas por Cameron tienen ese riesgo.

En todo caso, una cosa son las medidas represivas para atajar los síntomas, y otra muy distinta, las políticas para hacer frente a las causas. Y es aquí donde más errada veo la respuesta del premier británico.

Me temo que cuando Cameron, de origen acomodado y educado en las mejores universidades británicas, habla de problema de «valores» está pensando únicamente en las clases populares. Sin embargo, el verdadero problema de valores y la degradación moral está en las élites. Recuerden el uso fraudulento de las dietas por parte de los parlamentarios; o lo sucedido con la banca; o con las conversaciones intervenidas por el grupo de prensa de Rupert Murdoch.

Tenemos evidencia clara de que la quiebra de valores tiene mucho que ver con la desigualdad.

Por un lado, exacerba y agudiza todas las patologías sociales. El mejor libro sobre la medición de la desigualdad y sus efectos (R. Wilkinson y K. Pickett) muestra con una claridad cegadora como a mayor desigualdad de la renta mayores son las patologías sociales: trastornos mentales, homicidios, esperanza de vida, mortalidad infantil, malnutrición, sobrepeso, embarazo de adolescentes, drogas, delincuencia, inseguridad o población carcelaria.

El Reino Unido está a la cabeza en desigualdad y en esas patologías. Por el contrario, países más igualitarios muestran mucha menor intensidad de estos síntomas, haciendo verdad la idea de Wilkinson y de Pickett deque las sociedades más iguales casi siempre funcionan mejor en todo.

Por otro lado, la desigualdad es el más potente corrosivo de la cohesión social. En un precioso libro titulado Algo va mal, Tony Judt ha explicado como ningún otro cómo la desigualdad corrompe a las sociedades desde dentro. La desigualdad acentúa hasta extremos inimaginables la envidia y el resentimiento entre los que tienen y los que no tienen. Y ese resentimiento rompe los muros que contienen el malestar, provocando violencia.

La desigualdad es una poderosa bacteria que está infectando todas nuestras sociedades. Una buena terapia debe ir dirigida no solo a contener los síntomas, es decir la violencia, sino a erradicar sus causas.

Pero mucho me temo que la política de recortes sociales indiscriminados del Gobierno de David Cameron, y su enfática política para crear una big society, acabe haciendo a los pobres más pobres y acentúe el resentimiento social. Sin que, como estamos viendo, mejore el crecimiento. Es decir, la desigualdad no es buena ni para la cohesión social ni para la economía.

El problema no es exclusivo del Reino Unido. Hay una creciente intolerancia de nuestras sociedades a la desigualdad excesiva. Este agosto hemos visto como desde El Cairo a Madrid, de Israel a Santiago de Chile o Nueva Delhi la gente se echa a la calle denunciando esa desigualdad.

Aunque solo sea por aquello de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar conviene mirar cómo están las tuyas, vale la pena pararse a pensar en las causas de lo ocurrido en el país vecino. Y no caer en sus mismos errores.

Tom Watson MP said the new material was devastating and he was not exaggerating. Difficult though it may be to believe, documents released by the Commons culture, media and sport select committee are at least as damaging to News International management as the revelation last month that Milly Dowler’s voicemail had been hacked. That news prompted disgrace and resignations: now we are looking at possible criminal charges at senior levels.

Assuming that these documents hold up to scrutiny, a whole raft of executives – not journalists or editors, but well above that level – are surely likely to be questioned by police investigating the possibility of a conspiracy to pervert the course of justice. Arrests in some cases must be likely.

James Murdoch, virtually the last man standing at News International, may not be facing jail, but he will struggle to argue his way out of this corner. When he appeared before MPs beside his father he chose a strategy of bluster and blaming others. Predictably, those others have bitten back and as a result James must be finished as a company executive in the UK. It is very difficult to believe that a man so compromised in this country could ever hold a global role at News Corporation either.

Rarely can the old line about the cover-up being worse than the original crime have been so spectacularly borne out. And rarely can a parliamentary select committee have, by patient digging, unearthed such a bundle of sensations.

Most damaging of all is the implication that Clive Goodman, the royal reporter jailed for hacking in 2007, was encouraged or induced by News International executives to withhold the full truth about the extent of hacking from police and the courts. The Goodman letter makes clear that he knew in 2007 what we all now know – that hacking was widespread at the paper.

Second to that in importance is the evidence suggesting Goodman was paid nearly a quarter of a million pounds by the company after his release from jail – a far higher sum than the company previously claimed, and indeed a sum so high that to many eyes it suggests that News International bought the silence of employees.

As for James Murdoch, he is haunted now by 10 words he uttered to MPs, which he will now have to defend: “No, I was not aware of that at the time.”

He was telling Watson he was unaware of the famous “for Neville” email at the time he authorised a half-million-plus payment to Gordon Taylor in 2008 to withdraw his legal case about hacking and remain silent. That email offered – on any normal reading – firm evidence that Goodman had not been the only News of the World reporter involved in illegal hacking.

There were two people in the room with James Murdoch that day in 2008. Both have now asserted firmly that not only was he aware of the email, but it was either shown or described to him there and then. They are Tom Crone, former legal chief of News Group Newspapers, and Colin Myler, former News of the World editor.

At the same time, James’s efforts to shift responsibility to the lawyers Harbottle & Lewis also seems to have backfired. Only a fool picks a fight with a lawyer, and sure enough they have come back and slated his evidence.

James has been asked back to the media committee to clarify his evidence. That will be a humiliation so dreadful that he will be looking for any way he can to avoid it. Meanwhile a number of people accustomed to executive limos and seven-figure salaries are beginning to wonder what it might be like in jail.

Los disturbios acontecidos hace unos días en Londres, Manchester, Birmingham y algunas otras ciudades inglesas nos sugieren que las bases del orden social son quizá considerablemente más frágiles de lo que parecen. Esas algaradas callejeras advierten de que, incluso en las democracias más estables de Europa occidental, la previsibilidad de conductas individuales y colectivas que dicho orden implica no es algo que deba darse por descontado ni ser percibido como un acervo irreversible de las sociedades pluralistas en que vivimos. Al mismo tiempo, son sucesos que también nos interpelan en torno a nuestra visión personal del desorden y de cómo hemos de proceder para evitarlo o mitigarlo. Y la visión que tengamos del problema tiende a alinearnos con lo que al respecto pensaban, hace cuatrocientos y trescientos años, respectivamente, el pensador inglés Thomas Hobbes, autor de Leviatán, y el filósofo francés Jean Jacques Rousseau, a quien se debe El Contrato Social. Pues bien, ¿es usted hobbesiano o rousseauniano?

A mediados del siglo XVII, en el tiempo de incertidumbre e inestabilidad que siguió a la Revolución Inglesa, Thomas Hobbes había hecho suya una concepción pesimista de la naturaleza humana. Acabó convencido de que, sin un Estado efectivo, en ausencia de una autoridad soberana, los seres humanos tenderían a conducirse en función de un egoísmo depravado carente de constreñimientos normativos y, como consecuencia, reinaría irremediablemente el desorden. De acuerdo con este razonamiento, cuando el desorden se prefigura, como en los violentos tumultos protagonizados en días pasados por miles de adolescentes y jóvenes ingleses, es que existe un debilitamiento de las instituciones, de la autoridad consentida y de los legítimos mecanismos de control social. Restaurar y mantener el orden requiere, según este punto de vista, actuar punitivamente contra quienes lo han quebrado y elevar, hasta hacerlo disuasorio, el coste individual en que pudieran incurrir aquellos que, en adelante, intentasen menoscabarlo.

Por el contrario, avanzado el siglo XVIII, unas décadas antes de la Revolución Francesa, Jean Jacques Rousseau sostenía, en esta ocasión a partir de una concepción optimista de la naturaleza humana, que el comportamiento de carácter desbaratador y destructivo no ha de ser imputado a los individuos sino a la sociedad. Es decir, que las imperfecciones del sistema político y las desigualdades en la estructura social explicarían cualesquiera acciones emprendidas por los seres humanos, de por sí sociables y solidarios, con el fin de transgredir el orden y producir desorden. De acuerdo con esta manera de ver las cosas, acontecimientos como los que se iniciaron en el barrio de Tottenham hace dos semanas, difundiéndose luego a otros distritos dentro y fuera de la capital británica, serían un corolario de la situación sociopolítica existente en el Reino Unido. La manera de poner fin a este tipo de hechos consiste, siendo coherente con esta óptica, en desarrollar reformas estructurales e invertir en educación formal.

Diríase que el primer ministro británico, David Cameron, ha dado una respuesta marcadamente hobbesiana a los altercados que se desarrollaron durante cuatro noches en Inglaterra. Su reacción ilustraría la mirada que a buen seguro muchos de ustedes han dirigido hacia esas manifestaciones más o menos multitudinarias, acompañadas de saqueos e incendios, que acaso coincidan en describir como vandalismo en masa. Rectificando dudas iniciales sobre la respuesta de las Fuerzas de Seguridad, Cameron ordenó una represión contundente de los alborotos y un inusitado despliegue policial. Calificó a los implicados en ellos de delincuentes, instando a su identificación, detención y envío a prisión. También a la imposición de multas y sanciones. Además, el pasado día 11, en la Cámara de los Comunes, dijo que su Gobierno sopesa la posibilidad de recurrir al Ejército en situaciones similares y de bloquear temporalmente las herramientas telemáticas de redes sociales utilizadas para movilizarse por quienes perturben el orden.

Pero las expresiones de violencia que han tenido lugar en Londres y demás ciudades inglesas han sido interpretadas por numerosos comentaristas en un sentido bien diferente al anterior. Una visión alternativa de lo sucedido niega que hayamos estado ante la actuación de bandas criminales y muchedumbres arrastradas por contagio de turba al delito instintivo. En lo que es un entendimiento genuinamente rousseauniano de los hechos, que acaso sea compartido por no pocos de entre ustedes, esa visión apunta al deterioro de las condiciones de vida, las altas tasas de desempleo, la pobreza, la precarización de la vivienda o la falta de oportunidades como factores conducentes al desorden. Con ello se sugieren razones y hasta justificaciones de índole sociopolítica, atribuibles a los recortes del gasto oficial en programas social en general y los presupuestos dedicados a la educación en particular, para el estallido de violencia callejera en cuya práctica se han implicado deliberadamente varios miles de adolescentes y jóvenes ingleses.

Llegados a este punto, permita que pregunte: ¿es usted hobbesiano o rousseauniano al opinar sobre esos disturbios y en torno al desorden? Si cree identificarse con una u otra visión, es momento de repensarlo. Caso de verse como más bien hobbesiano, debe afrontar con honestidad intelectual que la ausencia de respeto a los derechos y las libertades fundamentales, la falta de conformidad normativa o el nihilismo subyacentes a los aludidos hechos no se explican en atención a una supuesta inmoralidad constitutiva de los seres humanos. A la gran mayoría de los británicos les han conmocionado y exigen castigos ejemplares. Ni tampoco se explican según el cariz de la respuesta policial, que sí permite entender la dinámica y la extensión de tales hechos. Tras aquellas actitudes y creencias hay serias carencias de socialización en tanto que personas y ciudadanos. Serias carencias, sobre todo, en la transmisión de valores a través de la familia y de la escuela, por añadidura de los grupos de pares y también de los medios de comunicación.

Ahora bien, si usted se siente más bien rousseauniano, igualmente hay sobradas cautelas que adoptar, pues sus postulados adolecen de limitaciones que cabe deducir de una somera aproximación a las expresiones violentas de comportamiento de masas ocurridas en las mencionadas ciudades inglesas. Si las condiciones políticas y sociales fuesen tan decisivas para explicarlas, no estaríamos hablando de episodios localizados y acotados en el tiempo, recurrentes periódicamente durante decenios en coyunturas distintas. Ni estaríamos hablando de episodios en los que ha participado una pequeña fracción de la población británica correspondiente a las mismas cohortes de edad de la mayoría de los implicados, cuyos orígenes sociales y niveles educativos son por lo demás bastante variados. Para añadir más confusión, la oposición laborista, que se supone más afín a Rousseau que a Hobbes, ha criticado después de los disturbios, a través de Jack Straw, que el Gobierno conservador tenga previsto recortar el presupuesto destinado a la Policía.

Dejando a un lado la idiosincrasia británica, cabe pensar que los disturbios urbanos en Inglaterra sean exponente de patologías sociales observables en otros países europeos y cuya etiología no es atribuible a una sola variable sino al efecto combinado de varias. Extraigamos lecciones de la tolerancia estatal hacia conductas antisociales, de una gestión de los asuntos públicos que suscita desafección política o del conocimiento y los recursos policiales necesarios para preservar la legalidad, pero sin ignorar las circunstancias sociales propensas a la producción del desorden. Reflexionemos críticamente sobre un multiculturalismo que genera relativismo moral y una provisión sostenida de subsidios oficiales que puede desincentivar el esfuerzo personal y disolver el sentido individual de la responsabilidad. Hobbesianos o rousseaunianos, se trata de que, en nuestras sociedades abiertas, evitar el desorden, por motivaciones a veces coincidentes y otras diferenciadas, incline la voluntad de todos o la inmensa mayoría de los ciudadanos.

It’s difficult for me to watch riots ravaging London. As a former mayor of a capital when it was caught in the throes of senseless violence, I know how powerless people in charge can be.

On May 5, 1991, two police officers reprimanded a 30-year-old Salvadoran man in the District’s Mount Pleasant neighborhood for disorderly conduct and requested that he dispose of the open container he was carrying. By all accounts, he was drunk, and a ruckus ensued. By the time the fight ended, the man had been shot by a rookie police officer.

Events quickly spiraled out of control. While Police Chief Ike Fulwood and I hoped that as people absorbed the facts that night, they would grasp that the officer had responded appropriately to a perceived threat. No such luck; the crowd amassing in Mount Pleasant reached a different conclusion.

I was very familiar with the impatience simmering among the District’s Latino residents. While campaigning for mayor the previous year, I heard on countless occasions that Latinos had grown tired of waiting for the D.C. government to acknowledge their growing presence. Latinos represented 10 percent of Washington’s population but occupied no positions of authority in government.

I was eager to address their concerns. With professionals such as Mari Carmen Aponte at the helm of the search process and Mike Ramirez a deputy in the Office of Personnel, I was confident we could soon have a government that better reflected the city’s demographic profile.

I was wrong. Though we made headway before the riots — Fe Morales Marks had been appointed superintendent of banks and Maria Borrero director of the department of unemployment services — the disturbances upended this promising start. It quickly became clear that my prayer for a quiet, early resolution would not be answered. The massive police presence designed to quell the unrest seemed only to excite the crowd, propelling it to violence. And while the riots brought attention to Latino needs, they also rubbed salt into the wound of a city deeply divided.

Fulwood and I searched for a nuanced response where there was none. How could a mayor — the first black, female mayor of any large U.S. city — show that her city would not tolerate illegal behavior while recognizing the injustices endured by immigrants? Rather like what we have seen in London recently, once D.C. police tamed the crowd in one location, it would reassemble in greater numbers elsewhere. By the second day, the disturbances had spread to Adams Morgan, growing more dangerous along the way.

The 1991 riots were an all-consuming issue for D.C. residents. Latino demands were not met sympathetically. Many Washingtonians, black and white, were resentful and expected me to handle the situation with brute force. They wanted D.C. police to check rioters for green cards. They wanted rioters deported. The thinking was clear: Why should citizens of a majority-black city — a city without a vote in Congress and ravaged by riots, poverty and HIV — step aside for anyone?

In the end, I imposed an evening curfew on affected areas, with violators facing arrest. The result was dramatic. By the end of the first evening with a curfew, the close of the second day of violence, the disturbances gave way to a restored calm. We breathed a collective sigh of relief, then rolled up our sleeves to infuse authority in the community that had cried out. We began publishing government documents in two languages. We opened a police Latino community relations office at Columbia Road and 14th Street NW. I supported the Latino Civil Rights Task Force and more.

For some, the Mount Pleasant riots served as a constructive turning point: a difficult but necessary wake-up call for city officials and residents. For me, it was a distraction — an anguished prelude to the rollout of Latino-focused policies and programs already in the works. Such a start did not portend a city full of promise, as our inaugural chant (prophetically similar to Barack Obama’s 2008 campaign slogan) suggested: “Yes We Can and Yes We Will.” After the riots, these initiatives suggested a city capitulating to angry, bitter demands. I was thoroughly frustrated by the ordeal.

Whatever my personal disappointment 20 years ago, I now appreciate that the disturbances presaged a city on the cusp of growth. People erupted after years of struggle to become respected members of the Washington community. Though I cannot condone riots, I recognize that it was important that Latinos became empowered through their own efforts. It was important, too, that the ensuing initiatives were ones for which they claimed ownership, not ones bestowed by a benevolent government.

In many ways, we are still a city divided — in fact, often defined — by ethnicity and economics. Nonetheless, we have grown by light years since those days in 1991. I can’t offer advice to David Cameron or Boris Johnson, but I pray for the same outcome for London. Rarely do we grow without some pain.

Alors que l’Angleterre subit une vague d’émeutes qui semble s’inscrire dans la durée et que les zones de turbulence s’étendent désormais à Birmingham, Manchester, Bristol ou Leicester, on peut tenter – il faut insister sur ce mot compte tenu d’événements complexes en train de se dérouler sous nos yeux – de replacer ces violences urbaines dans le contexte des émeutes britanniques depuis 1958, lorsque Notting Hill (dans l’Ouest londonien) fut le théâtre des premières véritables émeutes de l’après-guerre.

Premier constat : la difficulté de pointer une cause ethnique ou raciale à la flambée de violence. L’identité raciale de Mark Duggan, tué par la police, jeudi 4 août, n’a guère soulevé de débat… et nombre de quartiers multiethniques, où des émeutes ont éclaté depuis 1980, n’ont pas été davantage touchés que d’autres. La ville de Bradford, qui s’embrasa en 1995, et beaucoup plus gravement encore en 2001, est pour l’instant calme.

Les photos d’émeutiers, que la presse populaire conservatrice publie dans un exercice désormais bien rodé outre-Manche de name and shame (“nommer et faire honte”), montrent des visages tantôt blancs, tantôt noirs, tantôt asiatiques.

Il n’y a ici rien d’exceptionnel, car même si des “émeutes” par le passé ont volontiers été estampillées “raciales”, pareil catalogage ne résiste pas à une analyse rigoureuse des faits historiques : ainsi, à l’issue des émeutes de 1981, environ seulement un tiers des personnes arrêtées étaient issues des minorités ethniques.

Pourtant, dans la mémoire nationale, les noms des quartiers de Brixton (sud de Londres), de Toxteth (Liverpool) ou de Moss Side (Manchester) donnaient une indication claire quant à l’identité raciale des fauteurs de troubles.

L’expression anglaise de race riot (“émeute raciale”) est très prisée par la presse : deux fois quatre lettres, deux mots commençant par une même consonne, bref la promesse d’une feuille que l’on s’arrachera.

Or, seules les émeutes de Southall (West End de Londres, 1981) ou de Lozells (Birmingham, 2005) consistèrent en une confrontation directe entre deux groupes ethniques distincts.

D’aucuns peuvent également être tentés de considérer Bradford (2001) comme une émeute raciale : en effet, plus de 90 % des personnes écrouées alors étaient des jeunes musulmans d’origine pakistanaise, s’en prenant directement à une police très majoritairement blanche.

Les événements de Bradford (2001), la plus grave émeute depuis Brixton (1981), ont notamment montré la faillite d’une approche strictement sécuritaire des quartiers de type inner cities (ces quartiers populaires défavorisés à l’intérieur d’une grande ville).

En effet, en l’espace d’une journée, tous les efforts menés par Martin Baines et Phil Read en matière de community policing (police de proximité) ont été dilapidés par le déchaînement d’une violence provoquant l’envoi massif d’escadrons de police ne connaissant ni le terrain de Bradford ni le type de population qui y réside.

Etudier les causes de ces troubles revient pour beaucoup de politiques ou d’éditorialistes, à droite mais aussi à gauche, à légitimer le comportement criminel et pour tout dire suicidaire des thugs (racailles), ce qui dessine une alliance théorique entre sociologues et casseurs, où les premiers seraient en quelque sorte les idiots utiles des seconds.

Voilà qui rappelle à quel point Margaret Thatcher, en 1981 et avant la décision de commander un rapport à Lord Scarman, ne voulait pas entendre parler d’explication sur les émeutes de Brixton : seul importait de réprimer sévèrement les fauteurs de troubles. Cette approche semble également être celle de David Cameron aujourd’hui.

Entre ces deux figures du conservatisme, Anthony Blair aura assuré une continuité idéologique manifeste, d’abord en publiant, dès 1993, une tribune dans The New Statesman intitulée “Pourquoi la sécurité est une question socialiste”.

Il y déclinait notamment ce qui allait bientôt devenir la formule magique de la tolérance zéro travailliste : “Tough on crime, tough on the causes of crime” (“dur avec la criminalité, dur avec les causes de la criminalité”).

Tantôt invoqué ou dénoncé, ce soundbite (“slogan accrocheur”) ne résume pas pourtant l’approche “tolérance zéro” des néotravaillistes. En effet, il s’agit avant tout de se montrer impitoyable avec la criminalité, c’est-à-dire les comportements violents, délinquants, “antisociaux” qui génèrent cette criminalité.

Quant aux causes elles-mêmes, celles-ci sont effacées ou tendent à l’être, comme le remarque Laurent Bonelli dans son analyse de la tolérance zéro en France : on n’est guère prêt à voir dans la précarité, le chômage, la discrimination, une famille brisée, etc., autant d’éléments explicatifs, fussent-ils partiels, de la flambée de violence.

C’est exactement ce qui est en train de se passer à Tottenham ou Hackney. Dans ce quartier, Pauline Pearce, femme noire dont l’appel a été largement relayé par Twitter et les médias traditionnels – jusqu’au Sun – et dont les enfants ont souffert de la violence des gangs, a d’abord pourfendu la violence des jeunes avant de préciser : “Ils ont besoin de quelque chose, d’un centre communautaire pour que le quartier se retrouve, ils se trouvent en butte à une ségrégation imposée par le code postal et c’est comme ça que les gangs voient le jour.” La référence à l’implacabilité du code postal rappelle étrangement la France de l’automne 2005.

Dans nos deux pays, et par-delà les contrastes rituels et simplistes souvent établis entre deux modèles d’intégration différents, les inégalités considérables de richesse, que la crise montre au grand jour, et le recul d’un Etat-providence qui n’en finit plus d’être moribond, rendent sans doute inéluctables et cycliques les violences urbaines, même si celles-ci ne sont pas, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) comme à Tottenham, porteuses d’un message politique clairement articulé.

La fermeture de tant de centres pour la jeunesse (Youth Centres) en Angleterre pour cause d’économies budgétaires a accéléré les flambées de violences, où des jeunes vont chercher l’argent là où il se trouve, dans une version anglaise, encagoulée et hélas violente du Faut pas payer ! du dramaturge et Prix Nobel de littérature italien Dario Fo : bijouteries, grandes surfaces, enfin commerces de proximité. Les patrons de ces derniers, souvent issus de minorités ethniques, optent pour une stratégie de l’autodéfense car, toujours comme en France, les coupes budgétaires drastiques affectent aussi les forces de police.

Au final, l’inéluctabilité de ces violences urbaines pose en plein, comme aux Etats-Unis où les banlieues n’ont pas brûlé depuis longtemps, la question de ce que certains historiens ou sociologues américains appellent la “gestion de la marginalisation”.

There’s nothing like fear and hatred to sharpen the senses. The riots have shown Britain some unpalatable truths about itself, making it impossible to hold on to a certain Whiggish story about social progress which, in the teeth of the evidence, we have persisted in telling about ourselves.

As the violence unfolded in Tottenham, it appeared to be following a familiar pattern. A young black man is killed by the police. The “community” protests. Violence ensues. By Monday, that story had definitively broken down. The crowds burning cars and breaking into shops were, as a friend drily put it, “a triumph of multiculturalism”. Clearly another explanation had to be sought.

Suddenly we are talking again about class. The fantasy of classless Britain has floated around in our national consciousness at least since the 1980s, when it was supposed to be made flesh by mass home-ownership and the chance to own shares in BT. In recent years that fantasy has been sustained by cheap credit, which has offered the illusion of material prosperity to a nation that privately has long known it was falling behind.

In a society that has abandoned or devalued most forms of mutual assistance in favour of a solipsistic entrepreneurialism, it’s hardly surprising that, faced with the end of the good times, people help themselves. Fear and greed are our ruling passions. That’s true of the kids smashing shop windows to steal trainers. It’s also true of the MPs fiddling their expenses, the police officers taking backhanders, the journalists breaking into phones. Why wouldn’t they? Why wouldn’t any of us? The example has been set by our new masters, the one per cent for whom and by whom we’re governed. The ability of powerful actors in the financial markets to socialise risk while privatising profit appears, to the financial peasantry, indistinguishable from organised crime. No reason for the rest of us to stand on ceremony.

One may object to this rhetoric (bankers = looters) on the grounds that markets have social utility, or that bankers don’t beat up shopkeepers (they don’t have to) and sometimes give to charity. One may also feel that any attempt to understand the rioters’ motivations risks shading into justification. The strongest objection to any argument based on social conditions is the oft-made one about individual responsibility: whatever the prevailing economic or social situation, not everyone chooses to behave in a particular way, whether that’s insider trading or knocking over Evans Cycles. However, it’s hard not to think we’ve made a culture in which the strong and swift are encouraged to feel they bear no responsibility towards the halt and lame. Now, as the wheels fall off the global financial system, fear and greed are free to roam unchecked, without bothering to mask their faces.

The average Briton is a frightened, precarious and lonely little entrepreneur, jealous, not just of the banker living high on the hog, but of the “good immigrants”, the Sikhs and Turks and Bengalis standing shoulder to shoulder outside their shops and mosques and gurdwaras, ready to repel attackers. Strapped for cash and stripped of organic community (leaving aside the question of whether that ever existed), we’re left to clothe ourselves in the rags of class identity and class hatred. The poor hate the rich and the “feds” who enforce their laws. The rich hate the poor, who frighten them.

I suppose I shouldn’t have been surprised to see a large number of supposed social liberals revealing their true colours on Monday night, tweeting and bleating for curfews and water cannon and rubber bullets. Early in the evening, watching social media, I was seeing variants of the same joke: “I’m in Chiswick/Hampstead/Dulwich Waitrose and there’s a RIOT! They’ve run out of POLENTA!” The smug sense of disconnection (this is nothing to do with me, or my comfortable middle-class life – it is an affair of the poor, in places I choose not to go) was soon replaced by panic. “WHERE IS THE ARMY?” Screw civil liberties, time to declare martial law. How easy it would be to install fascism in this creaky little country! No need to torch the Reichstag – all you’d have to do would be to burn a few more sports shops.

It was galling to watch people who had recently praised the street fighters of the Arab spring finding their inner Mubarak, people who had been shocked (shocked!) that Middle Eastern dictators would switch off the internet, now calling for BlackBerry Messenger (which they’d just found out about) to be shut down. One might applaud the community spirit of the riot cleanup people, but feel uncomfortable about the motivations of the blond broom-carrier pictured wearing a tank-top with the hand-drawn slogan “looters are scum”. It’s OK to call people scum this week, particularly while demonstrating one’s own civic virtue. Go on, blond lady, let your hate-flag fly.

Soon enough the gutted buildings will be demolished and the 24-hour courts will wind down, and we will try to pretend we didn’t let our hoods slip, revealing how frightened of each other we are. Once, a powerful woman told us there was no such thing as society and set about engineering our country to fit her theory. Well, she got her way. This is where we live now, and if we don’t like it, we ought to make a change.

Desde que me trasladé a vivir a Londres hace más de un año, he visto a una mujer arrojar un gato vivo a un cubo de basura porque sí; a un grupo denominado Partido Socialista de los Trabajadores manifestarse contra el Royal Bank of Scotland, que es de propiedad pública en un 84%, y a un hombre arrojar una tarta de espuma de afeitar a un magnate de los medios de comunicación derrotado dentro de un edificio oficial.

Los estadounidenses, en general, se habrán quedado asombrados y horrorizados al ver a unos alborotadores enmascarados y con capuchas recorriendo Londres, volcando coches, quemando tiendas de muebles de cien años de antigüedad y saqueando comercios como si fueran de compras: incluso se probaban la ropa que iban a robar.

Pero al leer que los revoltosos entraron a desvalijar un restaurante pijo de Notting Hill el lunes por la noche, y que solo huyeron cuando se les enfrentó el personal de cocina armado con rodillos, es cuando uno empieza a darse cuenta de que la esencia de lo inglés consiste en no tener que rendir nunca cuentas de conductas desquiciadas y totalmente carentes de sentido. Desde este punto de vista, la sensibilidad cómica de Monty Python, P. G. Wodehouse y Mr. Bean no tiene nada de absurda; es resultado de un aprendizaje empírico.

“En Tottenham es comprensible, y en Brixton a todos les encantan los disturbios”, me dijo el otro día una colega, mientras me explicaba que el lunes por la noche la habían desviado en su camino hacia casa, en Balham. “¿Pero Clapham?”. Este es un barrio del sur de Londres lleno de australianos e irlandeses, bares bulliciosos para gente de veintitantos y tranquilos locales donde se toma el brunch los domingos. Es como ver los Carroll Gardens de Brooklyn en manos de una turba. Otro amigo cometió el error de volver del Festival de Edimburgo a “una distopía digna de Alan Moore”:

“Estoy en un andén frío y ventoso, mientras se aproxima un tren desvencijado que me va a llevar a Londres. Después, el conductor nos advierte por los altavoces de que debemos tener mucho cuidado al bajar del tren, porque ha habido ‘agitación social’ en toda la ciudad y algunos barrios pueden no ser seguros. Nos detenemos 10 minutos en Croydon East, y puedo oler literalmente a quemado”.

La causa oficial de los disturbios fue el asesinato, el jueves de la semana pasada, de MarkDuggan, de 29 años, padre de cuatro hijos y residente en Tottenham, en circunstancias que la Policía Metropolitana de Londres no logra explicar. Está en marcha una investigación a fondo. Pero si esto es un caso como el de Amadou Diallo, ¿por qué son las minorías y la clase trabajadora las principales víctimas de la agresión de los “excluidos sociales”?

En el norte de Londres, los tenderos kurdos y turcos se han aliado para formar “unidades locales de protección”, con el fin de patrullar las calles y prevenir la violencia y los saqueos que han sobrepasado a las autoridades. (Y qué embarazoso que los disturbios hayan coincidido con la visita de 200 altos cargos del Comité Olímpico, que deben de estar replanteándose si es prudente celebrar los Juegos Olímpicos del año que viene aquí). “No tenemos ninguna confianza en la policía local”, dice un jefe de unidad en Green Lanes. “Nuestras tiendas son las siguientes en la lista de objetivos de los matones que han destrozado Tottenham. Vamos a proteger lo que es nuestro”. Una mujer negra de Hackney, a quien se puede ver en un vídeo en YouTube, está horrorizada por la delincuencia: “¡Me tocáis las narices! Me avergüenzo de ser de Hackney. Porque no estamos uniéndonos para luchar por una causa; estamos destrozando Foot Locker y robando zapatillas. ¡Sois unos ladrones de mierda!”.

El antiguo alcalde de Londres Ken Livingstone ha querido sacar tajada política de esta anarquía. Primero pidió que se desplegaran los cañones de agua contra los enmascarados que arrojaban cócteles molotov y luego responsabilizó de los disturbios a las políticas de austeridad del Gobierno conservador. “Cuando se hacen recortes masivos”, declaró a la BBC el lunes por la noche, “siempre existe la posibilidad de que estalle una revuelta así”. La pomposa analogía que hizo Livingstone con la plaza de Tahrir se encontró con el rechazo cortés de Shaun Bailey, un animador social negro y conservador, que dijo que este no era el momento de apuntarse tantos políticos y que todo aquello, en definitiva, no consistía más que en robar artículos de las tiendas. Un vídeo muy visto en YouTube muestra a un joven de rasgos asiáticos al que otros ayudan a levantarse del suelo en un acto de aparente amabilidad… para luego atracarle.

“Anoche fui a Croydon a buscar a mi abuela”, me contaba esta mañana en Facebook un estudiante británico de origen afgano. “Está a unos cinco kilómetros de mi casa. Vi varios edificios en llamas. La policía estaba en la calle principal y cuando se fue apareció otra masa de gente. Había muchas personas con bolsas (probablemente llenas de todo lo que habían robado)”. Otro testigo del norte de Londres oyó “a dos chicas que discutían sobre qué tienda robar a continuación. ‘¿Vamos a Boots?’. ‘No, Body Shop’. ‘Vamos a Body Shop cuando se haya muerto’ [es decir, cuando se haya quedado vacía]“.

Puede que estos alborotadores se quejen de su exclusión social, pero eso no justifica un asalto coordinado a través de blackberrys a locales comerciales y viviendas. No hay más que oír la opinión del egipcio Mosa’ab Elshamy: “Los egipcios y los tunecinos se vengaron de las muertes de Khaled Said y Bouazizi derrocando de forma pacífica sus regímenes asesinos, no robando DVD”.

Our son lives next to a Turkish mosque on Kingsland Road in Hackney, where some of London’s worst mob violence has occurred. When looters rampaged through Hackney last weekend, there were few police officers to stop them and residents had to chase them off with butcher knives, truncheons and baseball bats. Vigilante action succeeded where normal policing failed.

Kingsland Road resembles the bustling, ethnically mixed streets of Brooklyn. During the day, it is a home of sorts for unemployed young men with nothing to do; Britain’s youth unemployment rate is currently over 20 percent. During the economic boom a decade ago, though, nearly as many were out of work, and they did not all turn to crime.

To counter the risk that they might, there were storefront drop-in centers for young people in the neighborhood; these places are now shutting down, as are other community services, like health centers for the elderly and libraries. Local police forces have also been shrinking.

All are victims of what people in Britain call “the cuts” — the government’s defunding of civil-society institutions in order to balance the nation’s books. Before the riots, the government had planned to cut 16,200 police officers across the country. In London, austerity means that there will be about 19 percent less to spend next year on government programs, and the burden will fall particularly on the poor.

The rioters in London appear to be young men of varying races — despite reports of a monolithic mob of alienated “black youth.” But there is a racial dimension to this drama. The wave of riots began with protests against the police killing of a young black man, Mark Duggan. While initially peaceful, the demonstrations soon descended into violence. When the unrest spread to Manchester on Tuesday, many of the rioters there were apparently white.

An old-fashioned Marxist might imagine that the broken windows and burning houses expressed a raging political reaction to government spending cuts — but this time that explanation would be too facile.

The last time Britain saw widespread rioting, in the 1980s, street violence came after a long and failed political struggle against the Conservative government of Margaret Thatcher, which suppressed trade unions and decimated social services. Today, the rioters seem motivated by a more diffuse anger, behaving like crazed shoppers on a spree; while some of the shops looted are big chains, many more are small local businesses run by people who are themselves struggling through Britain’s economic slump.

There has been a change in national temperament that has affected decent citizens as well as criminals. The country’s mood has turned sour. Indeed, the flip side of Britons’ famed politeness is the sort of hooliganism that appears at soccer matches and in town centers on weekend nights — an unfocused hostility that is usually fueled by vast quantities of alcohol. Fears of anarchic urban mobs date from Shakespeare’s time, and Prime Minister David Cameron has summoned these old fears, describing the present conflagration as “senseless.”

Mr. Cameron was good at selling people on the idea of cutting costs, but he has failed to make the case for what and how to cut: efforts to increase university fees, to overhaul the National Health Service, to reduce the military and the police, even to sell off the nation’s forests, have all backfired, with the government hedging or simply abandoning its plans.

In attempting to carry out reform, the government appears incompetent; it has lost legitimacy. This has prompted some people living on Kingsland Road to become vigilantes. “We have to do things for ourselves,” a 16-year-old in Hackney told The Guardian, convinced that the authorities did not care about, or know how to protect, communities like his.

A street of shuttered shops, locked playgrounds and closed clinics, a street patrolled by citizens armed with knives and bats, is not a place to build a life.

Americans ought to ponder this aspect of Britain’s trauma. After all, London is one of the world’s wealthiest cities, but large sections of it are impoverished. New York is not so different.

The American right today is obsessed with cutting government spending. In many ways, Mr. Cameron’s austerity program is the Tea Party’s dream come true. But Britain is now grappling with the consequences of those cuts, which have led to the neglect and exclusion of many vulnerable, disaffected young people who are acting out violently and irresponsibly — driven by rage rather than an explicit political agenda.

America is in many ways different from Britain, but the two countries today are alike in their extremes of inequality, and in the desire of many politicians to solve economic and social ills by reducing the power of the state.

Britain’s current crisis should cause us to reflect on the fact that a smaller government can actually increase communal fear and diminish our quality of life. Is that a fate America wishes upon itself?

The looting and rioting over the last few days have been committed by a very small proportion of this nation’s young people. They have shown us – the “grownups” – what can happen when a minority decide to take things that do not belong them, using violence as an intimidation tactic. But let’s get this straight at the outset: these events have not been motivated by a single, unifying cause. Let’s not crudely simplify this week’s violence – for if we do so, we will fail to learn the lessons that really need to be learned.

I believe there are four main aspects to the riots: young people being opportunistic; young people wanting to show those in authority who is boss; a general anger and angst among young people; and politicians jumping on the bandwagon to forward their own beliefs.

Word up, kids – smashing up your neighbour’s business or setting fire to someone’s home is pure criminality. As is throwing bricks at the police. It is not OK. Yet opportunism – the thrill of being part of the crowd – is, I believe, why and how most young people have got involved.

How do I know this? The riots have sprung up in seemingly random places and certain brands have been targeted. Young people have been looting the shops they like: JD Sports and mobile phone shops have been hit, yet Waterstone’s has been left alone. These young people like trainers and iPhones; they are less interested in books. This is criminality in a raw form, not politics. And rioters with a political message would, in any case, have been jeered by the baying crowds in their newest Adidas attire.

It is a perennial pastime of young people, almost a rite of passage, to balk at authority figures. Any teachers or parents reading this will agree. The police represent the ultimate authority figures – and, for some young people, the ultimate enemy too. Fighting them, especially when they are not able to retaliate, is always a chance for a big jolly. Young rioters, for a while, must have thought they were winning the war.

Some politicians have been reiterating the point that young people are angry about the changes currently taking place in our society, that the riots have resulted from feelings of uncertainty about their future. But people were trying to say that when I was a teenager, too. To argue that the riots are a direct result of cuts to the police or public spending is simply untrue. This is much bigger than politics – let’s not diminish what is really going on.

Politicians trying to score points from these events should feel ashamed of themselves. They are simply using the riots to confirm previously held beliefs about young people. Comparing these events to the riots of the 1980s is similarly tenuous. Financially the country may be worse off than 25 years ago, but socially we are in a far stronger position.

For me, the deepest issue at play here is one of responsibility. Who is responsible for law and order in our nation? Who is responsible for the behaviour of our young people? Can we blame the state when parents have been allowed to abdicate responsibility for the behaviour of their children?

The biggest problem our country has faced over the last two decades is that everyone thinks the government should do everything. Personal responsibility and community responsibility have been replaced by state responsibility. If the riots have shown us anything, it is that this approach does not work.

Politicians have been part of this process, and some on the left may have even encouraged our young people to riot. The liberal intelligentsia encouraged posh kids to protest and riot over student fees – and now poorer kids have joined in and we are all appalled. How can you complain when you supported such activism only a few months ago?

In a way, we are all responsible for the riots, whether directly or indirectly. We watched the previous government talk up rights for young people but with no mention of responsibilities. We have allowed our welfare system to prop up immoral lifestyles. We have not taught all our young people that an entitlement culture is morally wrong. And we have paid the price for this liberalism. Now we need to collectively grow up and take responsibility for responsibility.

Vivimos tiempos turbulentos. La economía se convulsiona como un barco a la deriva, azotado por una tormenta y lanzando por la borda en cada convulsión a sus pasajeros más vulnerables, unos con precarios salvavidas y otros sin nada. La ira de los pasajeros estalla contra quienes gobiernan la nave, incapaces de controlar lo que ya parece un inevitable naufragio y dispuestos a permitir que el huracán arrastre a tantos. Hasta ahí sirve la analogía, pues en la vida real también cabe culpar de la tormenta a quienes gobiernan el barco.

En la nave británica ha estallado un motín. Al timón, un conservador, David Cameron, con un programa de recortes sociales, austeridad y mano dura… sólo para algunos, como siempre. La perspectiva de una interminable austeridad (lo que indefectiblemente se traduce por penurias para algunos, no para todos, o al menos no para todos en la misma medida), la pérdida de protecciones sociales y la falta de esperanza para los jóvenes son circunstancias que indudablemente han tenido un efecto nuclear en el origen de la furia callejera que azota Londres y otras ciudades inglesas. Pero a la vista de casos similares en otros países, sería una simplificación atribuir exclusivamente a la crisis la violencia urbana que ha estallado súbitamente en los últimos días en el Reino Unido, y que Cameron califica de «mera criminalidad».

A lo largo de la década de los 80 y de los últimos 11 años (curioso el paréntesis de los años 90), el Reino Unido ha experimentado decenas de disturbios raciales, con escenas semejantes a las que estamos viendo ahora, aunque ninguna de estas dimensiones. Y esto último, la dimensión que está adquiriendo, es atribuible, como no se cansan de repetir los medios de comunicación, a la capacidad de organizarse por parte de los agitadores a través de redes sociales y sistemas de mensajería móvil. En otras palabras, la existencia de estas explosiones de violencia con un alto componente de odio racial no es esencialmente nada nuevo en el Reino Unido ni en otros países occidentales. Lo único que ha tomado a todos por sorpresa, especialmente a la Policía, es la velocidad con que se extienden y con ello las enormes proporciones que está adquiriendo.

También París vivió graves disturbios raciales en el otoño de 2005. Las imágenes -batallas campales contra la Policía, incendios…- eran similares, siempre lo son en estos casos, pero en el francés se habían dado circunstancias que no están presentes en el caso actual, tales como una política de laicismo que incluía la prohibición de símbolos religiosos en espacios públicos, y que precedió a las actuales restricciones al velo islámico en Francia. Un dato importante a tener en cuenta es que esos disturbios en la capital francesa se producían en momentos de gran bonanza económica. Todo esto es significativo para entender la naturaleza de las actuales reyertas en el Reino Unido.

Un episodio más significativo para comprender lo que está ocurriendo en el Reino Unido son los graves disturbios, con evidente componente racial, que se extendieron por todo EEUU en abril y mayo de 1992. El detonante en aquel caso fue la absolución en Los Ángeles, por parte de un jurado compuesto exclusivamente por blancos, de los policías también blancos que habían apaleado brutalmente a Rodney King, un delincuente habitual de raza negra. Sin Twitter ni Blackberries, con una rapidez inusitada, la violencia se extendió por la ciudad californiana e inmediatamente después por todo el país. Al igual que ahora en Londres, la Policía, cogida por sorpresa, quedó completamente desbordada. Aún recuerdo cómo mientras conducía hacia mi casa me encontré al llegar al centro de la ciudad con un escenario dantesco, rodeado de edificios en llamas, escaparates destruidos y gente asaltando tiendas y pegando tiros.

Aquellos tumultos concluyeron con centenares de inmuebles, negocios y almacenes quemados, decenas de muertos, toques de queda y las tanquetas de la Guardia Nacional patrullando las calles. ¿Eran aquellos tiempos de crisis económica en EEUU? No particularmente. Desde luego, nada comparable con la que nos asola actualmente. El componente fundamental en aquella crisis fue racial, y no sólo por las tensiones entre blancos y negros: las hostilidades entre negros y asiáticos también dieron lugar a muchas víctimas.

¿Qué lección podemos extraer de estos ejemplos? La primera, que aunque la crisis, con todo lo que conlleva de recortes sociales, ha contribuido a exacerbar las tensiones existentes, no es suficiente explicación.

El detonante de los disturbios londinenses, como es bien sabido, ha sido la muerte de un joven negro llamado Mark Duggan por lo que pudieron ser disparos de la Policía (asunto que en el momento de escribir estas líneas está aún por esclarecer). Con esa muerte, toda la comunidad inmigrante del Reino Unido -una comunidad racial y culturalmente minoritaria en un país de tradición fuertemente conservadora y clasista- se sintió de algún modo atacada.

el reino Unido sigue siendo institucional y culturalmente un país extremadamente conservador. Es posiblemente el único país del mundo donde la nobleza tiene aún su propia cámara parlamentaria, además de ser un Estado confesional, donde los obispos ocupan escaños en el Parlamento y donde incluso cualquier modificación de la liturgia y del misal tiene que ser aprobada en el Parlamento. Este perfil socioculturalmente conservador y clasista es característico de las culturas de tradición anglosajona, y necesariamente marca un contraste extremo con las culturas minoritarias de los inmigrantes, que perciben de modo muy agudo su marginación social y cultural.

No creo que haya que buscar otras motivaciones especiales para explicar estos disturbios. La violencia racial no es nada nuevo, y la extensión del fenómeno viene facilitada por las nuevas tecnologías. ¿Va la violencia en el Reino Unido dirigida contra la Policía? ¿Contra los blancos? No parece ser el caso. A la vista de las informaciones, muchos de los establecimientos asaltados, destruidos o incinerados pertenecen a inmigrantes. Cuando la violencia se desata y es secundada por jóvenes, meros adolescentes en muchos casos, cede la racionalidad para dar paso a un cúmulo de frustraciones sociales y personales.

Cómo no señalar, para concluir, el contraste tan enorme entre lo que ocurre en el Reino Unido (unos disturbios callejeros clásicos, por llamarlos así) y la insólita originalidad del 15-M, un movimiento de masas que se caracteriza por sus estrictos principios de no violencia, intergeneracionalidad y respeto. Los indeseables que recientemente han provocado tantos quebraderos de cabeza en Madrid, entre los cuales había personas con antecedentes, son elementos aislados que de ningún modo representan al 15-M. A nuestros políticos: conviene valorar lo que tenemos.

There can be few Londoners who are not aware of the riots that suddenly erupted after controversy surrounding the death of Mark Duggan. Although the media are doing their best to keep the public informed of what is happening in their area, your perception of events is vastly different when witnessing firsthand your local community being destroyed.

On Monday evening, I watched people mindlessly destroy the Pembury estate in Hackney, where I live – setting cars alight, destroying the local newsagents and damaging nearby buildings.

The newsagents had taken the precautionary measure of closing for business during the day to avoid damage being caused to the shop. This proved futile as by 8pm it had been looted and severely damaged as people casually waltzed in, stealing groceries as they pleased.

As I watched the events unfold through my window, I was appalled by the animalistic behaviour of a minority committed to causing as much trouble as possible for no apparent reason. An insufficient number of police were deployed to Mare Street and Clarence Road, offering futile attempts to contain the anger of a vast number of youths, the source of which remains unknown.

Pembury Estate was once plagued by crime, ranging from gun activity and drugs to robberies. I’ve witnessed police raids, mini-riots between youths and heavy police patrols. As a young teenager in secondary school, peers were often afraid to visit my home for fear of being attacked or robbed on the way through the estate. But anyone living here will be able to testify that over the last five years, the area has improved significantly and has become safer to walk through and live in. The local council was committed to providing funding for youth clubs and other regenerative schemes to deter young people from engaging in criminal activities, which contributed to the area improving greatly over time.

The events this week will undo years of work to regenerate the estate and restore the confidence of residents in their safety. Early on Tuesday morning, the estate resembled a desolate wasteland.

What began as a group of people rightfully seeking an explanation from the police about the death of a community member has evolved into a group of people being malignant without motive, actively destroying the communities to which they belong. People are tarnishing the memory of Duggan by committing atrocities in his name, despite his family members repeatedly imploring them to stop. They are using recent events to fulfil personal vendettas against the Metropolitan police; to steal items from shops; to commit organised crime; and to contribute to the unrest in society.

This minority of people far overshadow the many law-abiding citizens who are genuinely outraged by Duggan’s death and are peacefully awaiting their owed explanation from the Met. Of course, there must be a full investigation into what happened to Duggan and appropriate action must be taken. But current events will inevitably exacerbate the already established stereotype of the majority of young individuals as “thugs” and “gangsters”, especially within the black community.

It will take million of pounds to restore the damage caused in affected boroughs such as mine. It will take years to rebuild community relations and trust in authoritative bodies, which in turn will restore solidarity in my community. Unfortunately, the mental scars and the afflictions of those who have been injured, those whose homes have been destroyed and those whose livelihoods have been adversely affected by these wholly unacceptable events, may never fully heal.

It’s usual practice when someone is killed that their personal details are not made public until the next of kin has been informed. Mark Duggan’s family saw in headlines that he had been killed as a result of a “terrifying shoot-out”. Why such a difference in treatment? I was one of those who went to Tottenham police station on Saturday, with members of his family, to get an official acknowledgement that Mark had been killed. No official confirmation had been given to the family. As a community we were outraged they were being treated with such disregard by both the Met and the IPCC.

Why, 10 years after the Macpherson inquiry reported on institutional racism in the Met, should it still occur? We are from Tottenham: we have seen Cynthia Jarrett, Joy Gardner and Roger Sylvester killed by the police and do not expect finite answers from an investigation that has barely begun. All we really wanted was an explanation of what was going on. We needed to hear directly from the police. We waited for hours outside the station for a senior officer to speak with the family, in a demonstration led by young women. A woman-only delegation went into the station, as we wanted to ensure that this did not become confrontational. It was when the young women, many with children, decided to call it a day that the atmosphere changed, and guys in the crowd started to voice and then act out their frustrations.

I am appalled, dismayed and horrified by the level of destruction that took place. I wouldn’t defend the indefensible; however I would like to provide an insight into the mindset of someone willing to burn down their own neighbourhood as I believe that on this point, little has changed since the disturbances on Broadwater Farm 26 years ago.

To behave in this manner young people have to believe they have no stake in the neighbourhood, and consequently no stake in wider society. This belief is compounded when it becomes a reality over generations, as it has done for some. If the riots at the weekend and the disturbances around London today have come as a surprise to the police and that wider society, the warning signs have long been there for those of us who engage with black youths.

First, looting comes from the belief that if you cannot get equality and cannot expect justice, then you better make sure that you “get paid”. “It’s all about the money!” is the motto of too many young black men, who have given up all hope of attainment in a white man’s world. This is an absolute belief for those looting at the weekend – born not only out of their experiences but their parents’, too. They want to follow the rappers and athletes who live ghetto-fabulous lifestyles based on natural talents, as opposed to learned skills. They can’t see that coming through education: those who live on estates generally survive from one wage packet to the next. Sadly this mindset also makes it easier to legitimise the selling of drugs, as that too “brings in the money”.

Another sign was when they allowed themselves to be referred to by the n-word. They weren’t simply seeking to reclaim a word. They were telling the world that they were the offspring of the “field negro”, not the trained “house negro” from slavery days. The field negro’s sole intent was to escape, and maybe even to cause a little damage to the master and his property.

A third obvious sign of major discontent was the creation of gangs and the start of the postcode wars. Yet all of these signs were largely unheeded by wider society: all perceived to be a black problem. It’s black kids killing black kids, so it’s our problem to address.

On Saturday, instead of imploding and turning inward and violent among themselves, as they have been doing for the past decade, the youths exploded. The trigger may well have been the killing of Mark Duggan and the insensitive treatment of his family, but this has been brewing for some time. The government cuts – especially the withdrawal of EMA; the new barrier of tuition fees; and rising youth unemployment have all added to their sense of isolation and lack of a stake in society.

Beyond all this, the Met also has to explain to the people of Tottenham just how it allowed this to happen. Since the 1990s I have engaged with the Met and gained a working knowledge of some of its operational processes, and I know of none that can be described as “let’s just leave them to it”. The police seemed intent on protecting the police station, leaving everything north of it free for the rioters to loot or destroy.

More cynical community members suggest the Met might have been playing politics. The more the police stood off, the bolder the youths became. Some question whether disturbances mean police can turn to government, and dare it to cut their numbers in a time of civil unrest. But I believe that just as they bungled the operation to arrest Mark Duggan, and bungled the way they broke the news, they bungled it again.

At the hearing into the News of the World phone hacking scandal in London this past Tuesday, the commissioner of Scotland Yard did something unusual for a policeman. He quoted Shakespeare. Explaining the swiftness of his resignation, he mangled a bit of Macbeth: “If ’twere best it were done, ’twere well it were done quickly.” The reference was perfectly fitting for a scandal whose defining adjective is coming to be “Shakespearean.”

Many have noted superficial similarities between the scandal and Shakespearean tragedy: overheard messages, hired thugs. There’s a hashtag sprawling through Twitter: #shakespeare4murdoch. (My favorite so far: “remorse, remorse, my kingdom for remorse.”)

Usually comparisons between events in the news and Shakespeare are strained, cropping up with each downfall of a prominent public figure. Eliot Spitzer slept with a hooker. He is not Marc Antony. Tony Hayward, formerly of BP, is not Julius Caesar. Neither is Dominique Strauss-Kahn an aging version of Prince Hal. But in the case of Rupert Murdoch, the comparison is, for once, accurate: the scandal is exactly like a Shakespearean tragedy, in specific and profound ways.

The great Shakespeare tragedies fuse crises in families and in states, connecting the most significant historical events with the most delicate psychological realities. In “King Lear,” a family squabble about a retiree can be rectified only by a full-scale invasion by France. In “Antony and Cleopatra,” the fate of the Roman Empire hinges on a man who likes his Egyptian mistress more than his family.

In “Hamlet,” Shakespeare makes it clear that Claudius is a capable ruler, but because he has killed his brother and married his brother’s sister, the state must fall. The corruption within a family matters more to the health or disease of government than any policy matter.

The domestic has always mingled with the political for the Murdochs as well. The children have occupied different outposts of the empire. Rupert Murdoch’s marriage to Wendi Deng Murdoch was supposed to open access to Chinese media markets. (On Tuesday, defending her husband against a pie-wielding protester, she provided instead a sweet right hook.)

But the real scandal in Britain is how far a modern democracy came to resemble a family. Hacking into a murdered girl’s voice mail is grotesque, but the coziness of everyone involved is the bigger danger to society. Perhaps the most damaging revelation about Prime Minister David Cameron is that he had dinner over the Christmas holiday last year at the home of the former News of the World editor Rebekah Brooks (often described as another Murdoch daughter) along with Mr. Murdoch’s son James.

The corrupting power of such connections is one of the core anxieties in Shakespeare’s great tragedies. “Lear” shows a king dividing his kingdom on the basis of his daughters’ love. Goneril and Regan are happy to play the game, but Cordelia refuses to exaggerate her love for her father in order to procure power. Later, the bastard Edmund, after betraying his father in an attempt to take his title, seduces both Goneril and Regan — the ultimate incestuous political order. Family should not act like politicians, and vice versa.

The Murdoch drama is now entering its fifth act, the part when the bodies start to pile up. At the hearing before a parliamentary committee, Mr. Murdoch interrupted his son near the beginning of the proceedings to say: “This is the most humble day of my life.”

His native Australian optimism may be misleading him, however. The mood in Britain seems to desire nothing less than his complete destruction. Everything he cherishes must be sacrificed. The paper. The BSkyB deal. Rebekah Brooks. Possibly his son’s takeover of the company.

We go to tragedy to watch a man be destroyed. Macbeth must be destroyed for his lust for power, Othello for his jealousy, Antony for his passion, Lear for the incompleteness of his renunciation.

They are tragic precisely because their flaws are all too human. We do not yet know how far Mr. Murdoch is implicated in the crimes of his company, so we do not know which of Shakespeare’s tragic heroes he resembles most. If he didn’t know the extent of the phone hacking, then he’s most like the bungling Richard II, who fails to spot the decay within his kingdom. If he did know, then he’s more like the conniving Richard III, whose love of the machinations of power eventually grinds him into the machinery he’s created.

Regardless, Mr. Murdoch’s distinguishing flaw is common ambition — an outsider’s desire to force his way into the establishment. He has been singled out because his flaw is so ordinary, so widespread. Putting aside for a moment the complicity of every single reader of The News of the World, nearly all journalists and politicians played the same game, only Mr. Murdoch played it better.

One of the most profound feelings that follows watching a Shakespearean tragedy, once we have witnessed the destruction we crave, is how empty the world seems. The tension of tragedy lays bare a part of our hypocrisy that we should at least recognize in the case of Rupert Murdoch: Maybe he is a monster. Maybe he needs to be punished. But he is being destroyed because we cannot stand seeing ourselves, whether on stage or before Parliament.

Who owns a pause? Sometimes it is hard to say. If a powerful 80-year-old magnate chooses not to answer a question for 50 seconds is it because he is hopelessly out of his depth or because his contempt for the charade he is being obliged to tolerate means he will take as long as he likes before he offers a monosyllable or two?

Perhaps a pause held long enough will curdle the question sent, each second ratcheting up the disdain he has for the inquiry. Perhaps it is a mythic battle for who really owns time: “I will impose my rhythm and answer when I am ready.” But this is a dangerous game. Pausing too long can read as weakness, inarticulacy and ceding power to the questioner. Or perhaps even this is a tactical move, turning contempt into sympathy as we watch an old man under attack.

In theatre we try to make our pauses “live” and “dynamic”. When a play works well, it takes place somewhere between the audience and the stage, because it charges up the space between. It asks the audience to imagine, intuit and decipher what is really happening in front of them, and often that is most vivid in the moments of silence. We look at the journeys of pauses, how they are infused with the energy of what has just happened, then move to a moment of transformation, so the silent moment, like a volcano, then erupts into speech. We ward against passive pauses, when nothing is happening, when an audience feels dead air and look at their watches, by making sure the silences on stage are active hinges between key episodes of the drama. Pauses are “pregnant” because inside something is gestating, growing, about to be born. What will it be that comes into being? The pause is the moment when anything is possible.

A few years ago I found myself in rehearsal for Beckett’s Krapp’s Last Tape, directing the “master of the pause”, Harold Pinter, and asking him to trust the pauses more. Both Beckett and Pinter would understand this week’s events. A charismatic, ruthless patriarch fighting to hang on to his kingdom. Harold and I had the premise that the core of our Beckett play was the void, pure silence, and by deeply mining it, with all its human conflicts and yearnings, we would get close to its darkness and light.

Harold, bravely rehearsing and re-rehearsing, managing tremendous pain, sometimes needed that gentle permission to stay in a moment of silence, allowing the mystery of wordlessness to reverberate. I wonder whether this week, in that air-conditioned room, with the world’s media scrutinising every one of his pauses, Rupert Murdoch ever sensed something of this mystery; or was he too consumed with other things, like panic or fury?

At Tuesday’s select committee hearing, the script was more prescribed. Father and son had been thoroughly briefed and media-trained. A chorus of MPs drilled them with preordained questions. There didn’t appear room for it to spin off into the unexpected. However, the situation was intrinsically so dramatic because of the importance of the subject and our apparent access to these powerful, usually invulnerable characters. The micro detail of each moment was riveting, as if the king and queen themselves had been called to account. And it was also particularly riveting because of the ambiguity of the pauses. Was Rupert Murdoch so skilled at a kind of uber-power game that he was attempting to vaporise each inappropriate inquiry into his company; or were we watching a shell-shocked man so incapable of basic discourse that it almost elicited a strange kind of pity?

I wish I could ask Harold. He would know.

As long as we have had tabloids, we have had tabloid scandals.

Weighing in on the spate of scandals plaguing the British tabloid press, one commentator in 1936 acidly condemned what he called “the almost unbelievable indecency of the intrusion of the tabloid newspaper into people’s private lives.” Surely only the most degraded, low-minded people, he claimed, could produce this kind of news.

The article, from the magazine Fortnightly, was part of an ongoing debate in the interwar years about the intrusions of certain newspapers — the tabloids chief among them — into moments of “private grief.” The debate eventually made its way into the House of Commons, where major news agencies were encouraged to punish reporters who violated standards of decency in pursuit of a story. Surely, 75 years on, newspapers should have learned their lesson.

As recent events have shown, the tabloids have not lost their grip on indecent reporting, especially when it comes to breaches of privacy.  Yet this is, I think, for the better.

Rupert Murdoch, in his grilling before a Parliamentary inquiry on Tuesday, said that he did not support an absolute right to privacy. He should be commended for that, even though many of the tactics used by journalists at his now-shuttered News of the World — hacking into the cellphone messages of crime victims, slain soldiers’ families, government officials and members of the royal family, and paying police sources for information — were beyond the pale of acceptable reporting.

One does not have to support illegal activity in order to defend intrusive reporting. Perhaps intrusiveness is “indecent,” but who’s to say that is reason enough to tighten restrictions or create new laws to prevent it (or create another flaccid governmental investigation into the activities of the press, as Prime Minister David Cameron has ordered)?  The concepts of privacy and decency are so slippery (and class-bound) that they are not really the stuff of effective (or desirable) legislation when it comes to the press.

Leaving aside the illegal activities of News of the World, part of Mr. Murdoch’s News Corporation empire, the truth is that the vast majority of the tabloids carry out their news coverage above board. They are not an external source of infection, slowly contaminating the mainstream press, but rather an extension, and often an exaggeration, of the basic logic that animates all news reporting.

Every journalist, not only those working for the tabloids, is called upon to take risks in the pursuit of truth — usually within agreed-upon limits. And it is true that, to a remarkable degree, even the most egregious news outlets adhere to those limits. The tabloids may be sneakier and more persistent than more respected news sources, but this is a matter of degree, not kind.

The tabloids may test the limits of the ethically or legally acceptable, but they are often doing so in the service of a popular desire to see behind the facade of public life. They rely on the appeal (a very human one) of seeing elements of our societies that are often shamefully hidden away from view.

The tabloids are the newspapers most dutifully dedicated to ideas of exposure, and are willing to take risks in the service of that goal. It may be the case that much of what they expose is perhaps of little social import, but this is more a matter of taste, and the tabloids certainly never claimed to be tasteful.  Certainly the fact that the American tabloids first broke important news stories, like the extramarital affair of John Edwards, the former United States senator and Democratic vice-presidential nominee, suggests that they are not merely peddling insignificant gossip.

Watching the painfully choreographed, and highly policed, red-carpet arrival of Prince William and Kate Middleton at a recent Los Angeles polo match reminded me why intrusive journalistic tactics are often called upon. They exist to break down the barriers of access that keep social elites at a remove from ordinary people. The tabloids, throughout history, on both sides of the Atlantic, have been predicated on chipping away at that division. They play a fundamental role in democratic cultures, especially in societies characterized by the pull between the demands of a mass society and the persistence of social and economic inequality.

Of course, not all of the hacking at the center of the News of the World scandal had to do with social elites.  Some very ordinary, private people have been harmed merely because their lives had been touched by horrible crimes — perhaps most sensitively, the terrorist bombings of the London transit system on July 7, 2005.

Certainly laws protecting citizens from wiretapping and computer hacking should apply just as readily to those people, but that does not lead inevitably to the conclusion that any coverage of ordinary people, even if it might be considered invasive, should not be allowed, or even that it should be condemned as indecent.

Within limits, digging into private lives and exposing unsettling information is, and will most likely remain, a basic feature of popular culture in the West.

The work of the tabloids can be irritating, provocative, ethically questionable and even (as the scandal spectacularly shows) highly illegal, but when practiced according to existing laws, tabloid journalism can be an important player in modern culture, helping to mitigate some of the central tensions in democratic society. Journalism has always been marked by a battle to define the boundaries of acceptable investigative behavior.  The tabloids — just as they ought — constantly test those boundaries.

The FBI opened an inquiry late last week into Rupert Murdoch’s media empire amid allegations that British reporters tried to access cellphone messages and records of Sept. 11 victims. Rep. Peter T. King (R-N.Y.), among the members of Congress who sought the investigation, wrote to FBI Director Robert Mueller, citing news reports that reporters attempted to obtain phone records of victims through bribery and unauthorized wiretapping.

Although these kinds of tactics may come as a shock to the public, I witnessed many of the same tactics while working as a cub reporter for the Globe tabloid in the late 1990s.

Some American tabloids do not operate much differently from British ones. Many of the editors who reign over American tabloid newsrooms hail from Britain, where tabloid “journalists” have justified their tactics by deluding themselves that they are avengers for the working class, exposing the decadence of the rich and famous as well as the royal family
As tabloids on both sides of the Atlantic have started covering more serious stories involving crime and politics, however, innocent, ordinary people have joined the ranks of their victims.

I observed tabloid reporters and editors prey on the families of murder victims and witnesses by hiring investigators to access their credit card and phone records. My editors sometimes tried to bribe or blackmail government officials for information.

The problem isn’t Rupert Murdoch. The problem is that the culture of tabloid journalism in both Britain and the United States is deeply tied to criminal acts. Without illegal conduct, tabloids could not preempt the mainstream press, and they would not survive.

In 1999, while covering the JonBenet Ramsey murder case in Boulder, Colo., I reported my tabloid editors to the FBI for the attempted extortion of a police detective. My editors had threatened to publish a negative story about his family if he did not illegally leak sealed grand jury evidence. One of my editors also offered tens of thousands of dollars to an expert hired by defense lawyers for a copy of the coveted ransom note.

After I testified before a Colorado grand jury, and felony indictments were handed down to a Globe editor and a consultant, the tabloid challenged the case on 1st Amendment grounds before the Colorado Supreme Court and lost. Despite the fact that the ruling gave prosecutors the green light to proceed, agents for the Colorado Bureau of Investigation told me that the local district attorney was concerned about being criticized for prosecuting a media organization. The charges were dropped for a mere $100,000 contribution to a journalism program and an admission from the tabloid that it had acted unethically. Confidentially, the FBI told me, “Every time we get reports of misconduct by the press, we try to do something, but the U.S. attorney’s office shuts us down because of the 1st Amendment.”

A few years later, I decided to go to law school and became a prosecutor in Washington, where I had the job of handling 1st Amendment-related cases against protesters who had been charged with disrupting events at the U.S. Capitol, the White House and national monuments.

Although I secured a conviction almost every time, not one protester who asserted a 1st Amendment defense ever served a day in jail, including a demonstrator I convicted who had tried to attack Secretary of State Condoleezza Rice in the House of Representatives. “There may be other judges that will send you to jail for this, but not this judge,” the jurist told her. The reality, however, was that no other judge would have sent her to jail either. A few months later she was tackled by the U.S. Secret Service after she tried to attack President George W. Bush.

Although the law provides us with the tools we need to punish crimes related to free speech, the judicial system is too quick to bow before the 1st Amendment, and as a result we end up shielding criminals who misrepresent themselves as journalists and activists.

If Congress truly wants to resolve this issue, it should take a cue from the British Parliament and hold hearings to investigate this systemic problem. This is not just a matter of ineffective prosecution and judicial weakness. The root of the problem is our reluctance as a nation to accept that something can be criminal when it involves expression.

Crime is crime. Tabloid journalism uses illegal tactics, and it does not deserve absolute protection from the 1st Amendment.

Una lectura superficial de la crisis de News of the World podría dar una impresión equivocada de la prensa británica. Podría incluso dar pie a una mirada de superioridad, autocomplaciente e injustificada, ante los graves incumplimientos de los principios profesionales del periodismo y las evidentes infracciones de la deontología profesional que han llevado al cierre patronal voluntario del periódico de mayor difusión de Reino Unido. Un análisis atento del caso sugiere algunas lecciones que vale la pena considerar, procedentes de la tradición periodística más acreditada y capaz de afrontar sus mayores pecados.

La importancia histórica de la prensa popular dominical, en primer lugar. Sin tener los 216 años de antigüedad ni la respetabilidad social del The Times, el desaparecido News of the World deja tras sí 168 años de trayectoria, súbitamente truncada. Propiedad actual del magnate australiano global Rupert Murdoch, ambos representan a las dos corrientes que caracterizan a esa tradición. Junto al diario conservador de referencia -desprovisto hoy del tono liberal con que apoyó el ingreso británico en la Comunidad Económica Europea en los años 1970-, está el más célebre de los dominicales de éxito entre la clase obrera.

Periódicos baratos, dedicados a los sucesos y al chismorreo de famosos o celebrities, para un público sin acceso a los diarios de información y política -demasiado caros a causa de los llamados impuestos sobre el conocimiento en el siglo XIX- que gracias al descanso semanal de los diarios han sobrevivido a la aparición de los tabloides. Desde un país de lenta alfabetización y baja tradición de lectura de periódicos, hay que reconocer a esos periódicos, con sus tiradas millonarias y su papel político, una función histórica y actual de vía de acceso a la lectura, de socialización y de participación política para amplias capas de población.

El cuestionamiento de los métodos del sensacionalismo, en segundo lugar, aunque no de su existencia. La crisis de este verano y las secuelas que va a tener sobre otras cabeceras deberían moderar un desenfreno que viene de lejos y que ha contaminado incluso la deriva populista de un periódico de ceja alta como The Daily Telegraph. Para destapar el escándalo de los cobros indebidos de dietas y gastos por miembros de la Cámara de los Comunes, este diario conservador se valió también en 2009 de una de las malas artes más arraigadas y difíciles de extirpar: el pago por la obtención de informaciones, tan condenado en la deontología como la compra inversa de periodistas por parte de terceros.

El sensacionalismo -que tuvo entre sus adalides al venerado Joseph Pulitzer, en Estados Unidos- está muy arraigado en el Reino Unido, pero no está reñido con la verdad, si se basa únicamente en la forma de presentar los hechos. Lo ha recordado The Financial Times, nada sospechoso, en un editorial.

La independencia y la función crítica de la prensa, en tercer lugar, salen reforzadas, aunque se recele de las limitaciones que pudieran derivarse de la encuesta sobre incumplimientos éticos anunciada por el primer ministro David Cameron. Está en el punto de mira el fracaso de la Press Complains Comission [Comisión de Quejas de la Prensa] en prevenir la deriva del sensacionalismo hacia las fronteras de lo impropio e incluso del delito, con las facilidades que ofrecen los modernos aparatos electrónicos. Con todo, la mera existencia del organismo de autorregulación es una cuarta lección de la prensa británica, no asimilada en la mayoría de países.

La prensa británica se precia de una fuerte independencia de los partidos, aunque los juegos de Murdoch hayan podido desvirtuar su sentido. La retirada por The Guardian de su apoyo a los laboristas en las elecciones del pasado año, a favor de los liberal-demócratas, se vio como el signo de una amplia decepción social. Los cambios de apoyo sucesivos a Tony Blair y David Cameron por el sensacionalista The Sun del magnate global australiano, parece más una forma de condicionamiento de los Gobiernos que de orientación de los lectores. Las relaciones de complicidad entre política y prensa se han puesto crudamente sobre la mesa. Vieja cuestión, antiquísima. Cuestión candente, silente, aquí, sin prensa sensacionalista, pero con diarios cada vez más entregados a una intriga que desfigura la información al servicio de la política.

Lo que ha sucedido es muy propio de la mejor tradición de la prensa británica, que, como la estadounidense, es una prensa que fabrica noticias, a veces muy laboriosamente. A lo largo de varios años, The Guardian ha ido publicando información sobre el espionaje telefónico a la familia real, famosos, familiares y víctimas de guerra y de atentados, incluso a una niña secuestrada y asesinada, hasta la explosión definitiva del caso de News of the World. Hasta poner en cuestión las prácticas y ambiciones del mayor grupo mundial de comunicación. El intenso protagonismo de The Guardian en el cumplimiento de su función y en la salvaguarda de su independencia -recibió los documentos filtrados por Wikileaks, sin dejar de publicar noticias sobre Julian Assange, que canceló la colaboración- es una buena noticia para el futuro del periodismo, que necesita de ese valor añadido.

El caso News of the World y la política informativa de la News Corp. de Rupert Murdoch en el Reino Unido ha devuelto a la actualidad el viejo debate sobre los límites de los poderes del canon Montesquieu, por una parte, y el derecho a la información y la libertad de expresión, por otra. De paso, ha dirigido el foco sobre la sombreada zona de intersección de estos dos opuestos, donde se cuecen intereses comunes no siempre confesados ni demasiado visibles para los ciudadanos. Conviene recordar en este sentido que la información –nos guste o no, que este es otro tema– es un concepto con un significado a la vez económico y discursivo.

Por ello, la actividad profesional y empresarial que generan los medios de comunicación abraza objetivos duales entre la obtención de beneficios y la creación de climas de opinión favorables a sus intereses o a los de sus protegidos. La alternancia política suele coincidir, por ejemplo, con determinadas estrategias informativas y el realineamiento de los grupos mediáticos. En este sentido, la intervención sobre las empresas de comunicación es una tentación permanente, como lo es, a su vez, la influencia de determinados grupos empresariales de comunicación sobre parlamentos, gobiernos y magistrados.

En España, la transición subrayó el aspecto ideológico de los medios. Pero en la actualidad prima la función de mercancía de la información, cada vez más monopolizada por grupos empresariales bien posicionados en el mercado, pero que mantienen relaciones de interdependencia con el entorno político.

A escala mundial, otros tantos grupos marcan también la agenda, ya que dominan la información y los contenidos del entretenimiento. Se trata, de hecho, de un auténtico cártel de la comunicación encabezado por AOL-Time Warner (CNN, HBO, Warner Bros, Time, Life, etcétera), Viacom (CBS, Paramount, MTV, etcétera), Disney (ABC, Disney Channel, etcétera) y la misma News Corp., propietaria, entre otros muchos medios, de Fox News, The Times, The Sun, The New York Post, 20th Century Fox y el ahora famosísimo News of the World. Pues bien, en este contexto de concentración empresarial y de escasez de voces disidentes, News Corp. ha mantenido siempre una estrategia flexible de complicidades políticas de acuerdo con sus intereses económicos y las coyunturas políticas.

En Estados Unidos, la cadena televisiva Fox ha sido el brazo armado de las posiciones más rancias del Partido Republicano y de legitimación de las políticas bélicas de George Bush. Pero los grandes tiburones de la economía no ponen nunca todos los huevos en la misma cesta. Por ello, la misma Hillary Clinton se benefició en su carrera de senadora por Nueva York de los favores de Murdoch, lo que coincidió con la moderación de las convicciones intervencionistas en materia de políticas sociales de la hoy secretaria de Estado. Murdoch organizó colectas de dinero para la campaña de Hillary y el mismo New York Post, tan crítico con Bill Clinton, prestó sus páginas a la entonces virtual candidata a la presidencia de Estados Unidos. Ahora como entonces, la Fox no es solamente el peor adversario de Barack Obama, sino que algunos de sus comentaristas convocan directamente actos del Tea Party. Sin salir del eje atlántico, en el Reino Unido, Murdoch actuó como pareja de hecho de Tony Blair, lo que llevó a este a ganar las elecciones con una marca progresista, pero a gobernar con políticas neoliberales en materia económica e imperialistas en la militar. Murdoch, finalmente, nombró a José María Aznar, el tercero del trío de las Azores, miembro de su consejo de administración, aunque este nunca consiguió que News Corp. se posicionara en España ni en Italia, donde los intereses del jefe Rupert Murdoch chocan frontalmente con los de Silvio Berlusconi, amo y señor del grupo Mediaset.

En el plano estrictamente informativo, no nos deberíamos rasgar las vestiduras ante las prácticas abominables de News of the World y otros medios de News Corp. porque tampoco son ninguna novedad. Más bien al contrario, se trata de un auténtico clásico de la perversión periodística ya desde el siglo XIX, aquí en Europa como allá en Estados Unidos, donde William R. Hearst ya inventaba noticias, exageraba informaciones y hundía carreras y reputaciones si convenía a los intereses empresariales de su cadena de periódicos y a su red de emisoras de radio, todo aliñado con influencias en el mundo del sindicalismo y la política, entre otros aspectos.

Mientras no se resuelva la duda metafísica de la jerarquía entre el huevo y la gallina, debemos remarcar que las promiscuidades entre los poderes políticos y los económicos (sin contar, a menudo con los religiosos, que actúan como cortinas de humo) son la peor amenaza de la democracia real tal como la entienden cada vez más ciudadanos. Y el caso News of the World, la política empresarial e informativa de News Corp. y sus ramificaciones en la clase dirigente británica aparecen como una zona de sombra que el periodismo honesto tiene el deber de escrutar.

Los dramáticos sucesos de Reino Unido han penetrado incluso el caparazón de un país como Estados Unidos, obsesionado consigo mismo. Desde Stanford veo cómo el legendario periodista Carl Bernstein los compara con Watergate. En un programa matinal de televisión, Hugh Grant hace un llamamiento a los estadounidenses para que se den cuenta de la perniciosa influencia de Rupert Murdoch en los medios de comunicación de su país. El senador John D. Rockefeller pide una investigación de las actividades de la empresa matriz de Murdoch, News Corp., y que se averigüe si hubo escuchas telefónicas en Estados Unidos. Si es verdad que se espió a víctimas del 11-S, como sugirió el parlamentario británico Tom Watson hace unos días durante la sesión de control semanal al primer ministro en la Cámara de los Comunes, esta historia habrá dejado de ser un asunto extranjero para los norteamericanos. La cadena de Murdoch Fox News es la única que sigue adelante como si todo esto no hubiera ocurrido. Corre por Internet un vídeo del programa Fox News Watch, rodado durante un corte publicitario, que muestra a los contertulios bromeando sobre la única noticia de la que no tienen pensado hablar. Eso es un programa de noticias.

¿Y qué significa todo eso? “Está en marcha una especie de primavera británica”, escribe el columnista especializado en medios de comunicación David Carr en The New York Times. “La democracia, con la ayuda del sol, ha estallado en Gran Bretaña”. Es exagerado, por supuesto, pero tiene algo de razón.

Yo más bien diría que la debacle de Murdoch ha sacado a la luz una enfermedad que había ido obstruyendo poco a poco el corazón del Estado británico desde hace 30 años. Este es el ataque al corazón que te avisa de que estás enfermo pero también te da la oportunidad de salir más sano que antes. La causa fundamental de esta enfermedad británica ha sido el poder absoluto, despiadado e incontrolado de los medios de comunicación; su síntoma principal ha sido el miedo.

Es evidente que hablar de una primavera británica, haciendo la analogía con la primavera árabe, es una exageración poética. En comparación con la mayoría de los demás lugares del mundo, Reino Unido es un país libre. En muchos aspectos, está mejor ahora que cuando Murdoch compró The Times en 1981. Sin embargo, en la cúspide de la vida pública británica ha habido hombres y mujeres que se movían con el corazón encogido por el miedo, y el miedo es enemigo de la libertad.

Era un miedo que no se atrevía a manifestarse; una cobardía encubierta por el silencio, los eufemismos y las excusas que permitía el autoengaño. De puertas adentro, los políticos, encargados de relaciones públicas y, según vemos, hasta responsables de poli-cía se decían entre sí: no hay que atacar a Murdoch. Nunca hay que enfrentarse a los diarios sensacionalistas. Murdoch y compañía violaron sin escrúpulos, de manera desvergonzada e ilegal, la vida privada de muchas personas para vender periódicos y para asegurarse influencia política.

Si había alguien a quien la prensa sensacionalista no hubiera atacado directamente, siempre estaba la amenaza. En Rusia lo llaman kompromat: material comprometedor, que puede utilizarse en cuanto uno se rebele demasiado. Ahora sabemos que los pinchazos y sus responsables no se detuvieron ante nada ni ante nadie. La familia real, las familias de los soldados británicos muertos en acción, niños secuestrados: todos estuvieron sujetos a intromisiones y revelaciones.

La arrogancia de los medios de comunicación también ha influido de manera importante en la política británica. En una ocasión, cuando reflexionaba a propósito de las ruinas del bienintencionado esfuerzo de Tony Blair para resolver la crónica esquizofrenia de Reino Unido sobre la UE -un esfuerzo frustrado por la prensa euroescéptica del país-, llegué a la conclusión de que Rupert Murdoch era el segundo hombre más poderoso de Reino Unido. Pero si el criterio supremo para medir el poder relativo es saber “quién tiene más miedo a quién”, entonces habría que decir que, en ese sentido estricto, Murdoch ha sido más poderoso que los tres últimos primeros ministros, que le han temido mucho más a él que él a ellos.

Veamos las pruebas. Blair había visto a su predecesor en el cargo, John Major, y a un líder laborista, Neil Kinnock, destruidos por unos medios de comunicación hostiles. Así que aprendió la lección. Empleó todas sus armas para seducir a los magnates de la prensa. Solo cuando estaba a punto de dejar el puesto, después de 10 años, se atrevió a denunciar a los medios de comunicación británicos por comportarse “como un animal salvaje”.

Esta semana nos hemos enterado de que el sucesor de Blair, Gordon Brown, cree que piratearon los expedientes médicos, bancarios y quizá fiscales de su familia. Brown nos cuenta que acabó llorando cuando Rebekah Wade, que entonces dirigía The Sun, otro tabloide de Murdoch, le llamó para decirle que el periódico iba a revelar que su hijo Fraser, de cuatro años, tenía fibrosis quística. Pese a ello, unos años después, Brown asistió a la boda de la mencionada Rebekah, ahora Brooks, que ha sido hasta el viernes la mano derecha de Murdoch en News International, el ala británica de News Corp. La bruja Morgana del periodismo británico era demasiado poderosa para que un primer ministro que aspiraba a ser reelegido le hiciera un desprecio.

David Cameron superó a Blair a la hora de coquetear con los magnates de la prensa en general y Murdoch en particular. Peor aún, contrató al exdirector de News of the World, Andy Coulson, para ser su director de comunicación. No recuerdo haber hablado con ningún periodista británico que pensara que el antiguo director del periódico era tan inocente y tan desconocedor de lo que hacían sus reporteros como aseguraba él. Pero Cameron ignoró las advertencias que se le hicieron.

Lo más escandaloso es que la policía metropolitana de Londres archivó una investigación que debería haber llevado adelante con más energía. Las autoridades policiales no avisaron a miles de personas, cuyos nombres aparecían en las notas de un investigador privado empleado por News of the World, de que sus teléfonos podían estar pinchados. Fue la tenaz labor de los reporteros de The Guardian y The New York Times lo que obligó a reabrir la investigación policial.

El primer ministro Cameron ha prometido una investigación pública, presidida por un juez superior. Tal vez lo más importante de todo lo que habrá que dejar sentado es por qué actuó así la policía. Y una vez más, la explicación más verosímil es el miedo. Los responsables policiales temían poner en peligro su cómoda relación con los periódicos de Murdoch, que les ayudaban en sus investigaciones y les elogiaban por su lucha contra el crimen. Algunos agentes recibían dinero de la prensa de Murdoch. Ahora, varios cargos de la policía dicen que a ellos también les pincharon los teléfonos. A falta de pruebas de lo contrario, la única conclusión razonable es que la policía tenía miedo de que el animal salvaje la devorase en vez de abrazarla. También se arrodilló.

Lo único que nos faltaría es descubrir que espiaron, compraron o intimidaron a un juez superior. ¡Imposible!, gritamos. ¡Eso no! ¿Pero cuántas veces habíamos pensado antes que habíamos tocado fondo, para oír que llamaban desde abajo?

No obstante, incluso aunque queden revelaciones más graves por llegar, el futuro parece más prometedor. El mejor periodismo británico ha dejado al descubierto al peor. En el Parlamento, por fin, se han rebelado. Los líderes de los partidos y los parlamentarios de a pie están reafirmando, por fin, la supremacía de los políticos electos sobre unos magnates mediáticos a los que nadie ha elegido. Se ha derribado la barrera del miedo.

De este pútrido lodazal debería surgir un acuerdo totalmente nuevo: en los equilibrios entre la política, los medios de comunicación, la policía y la justicia en la autorregulación de la prensa y en el ejercicio del periodismo. El peligro es que, una vez que pase la indignación inicial, Reino Unido vuelva a conformarse con medias medidas aplicadas a medias, como ya ha sucedido con el impulso de reforma constitucional que nació del escándalo de los gastos. Por ahora, una de las crisis más importantes del sistema político británico en 30 años ha creado una oportunidad. Cuando regrese en otoño a Reino Unido, volveré a un país un poco más libre.

A few years ago my old boss, David Laventhol, had an extended conversation with Rupert Murdoch about newspapers. It was after some sort of big-deal journalism dinner, and they talked long after the tired waiters wished they’d go. David had a storied career in newspapers. He helped invent the Style section of the Washington Post when he was a young editor there. He was editor and publisher of Newsday, publisher of the Los Angeles Times and president of Times Mirror, finishing his career with me at the Columbia Journalism Review.

As David tells the story, Murdoch had endless questions about the tiniest details of the production and distribution of dailies, from press types to paper weight to payroll.

They talked about newspapers because they loved them. What’s interesting to consider is why. I strongly suspect they loved them for different reasons, or perhaps for very different applications of the same reason.

In a strange way, Murdoch has done newspapers — those beleaguered products of the past — a large favor. He has reminded us all of their singular power. Even in their weakened form compared with a few years ago, newspapers are simply better than any other part of our vast and rapidly changing media system at the job of digging and finding things out.

Newspapers don’t like to think about it much, but that ability confers power. When News Corp. shut down the News of the World last week, some financial analysts said it would be no big deal if he sold off the entire print portion of the empire; it is the weakest part of the portfolio, they pointed out. Shareholders would be delighted. But they were speaking in terms of financial returns, not in terms of power.

If he knows anything, Murdoch knows the power that newspapers have. His entire history is about using them to accumulate more power. By this year, he had accumulated enough power in Britain that his own man, Andy Coulson, got installed at 10 Downing Street, as Prime Minister David Cameron’s chief spin doctor, at least until the phone-hacking scandal drove Coulson out.

Consider this: In 2006, Rebekah Brooks, then the editor of the Sun — who resigned Friday as chief executive of News Corp.’s British company, News International — called Gordon Brown, who would soon become prime minister, to tell him that her paper was about to break a story reporting that Brown’s infant son, Fraser, had cystic fibrosis. Brooks would now have us believe that this was about prompting a public discussion about cystic fibrosis. If you think so, I will sell you the London Bridge. It was about who should be afraid of whom.

Here in America we don’t talk a lot about power. And especially since the digital revolution has weakened them, many newspapers shy away from using their power. They try to be all things to all readers. They focus-group. They neutralize and soften both their reporting and their opinion.

For just one example, consider the Atlanta Journal-Constitution, where blazing editorial columns were a beacon during the civil rights era. In 2009, the paper decided to quit endorsing candidates in elections because “we have heard from readers — and we agree — that you don’t need us to tell you how to vote.” Really? As Atlanta’s alternative paper, Creative Loafing, put it, the “true reason” for this fold was the Journal-Constitution’s ongoing “attempt to render the paper devoid of any opinion that could offend anyone.” Like so many papers in the U.S., the Journal-Constitution tries to muffle its own power.

That’s one choice to make, of course, though I think it’s the wrong one — it is to pretend not to be what you are. All newspapers have power, if they report in any depth at all. Even small weeklies in small communities can have great power within their communities. They should use it.

But for what? One lesson of the great scandal unfolding in Britain is that newspapers can choose to use their power for bread and circuses, like the News of the World, and to accumulate more and more power. That works, at least until it doesn’t. Or they can use their power for public service — to explain, to encourage and shape honest debate, and best of all, to expose the abuse of power of any kind, even of other news outlets. In the end, the public will appreciate that, and perhaps repay the kindness with loyalty.

The Guardian, the 279,000-circulation daily that labored away pretty much alone for two years on the phone-hacking scandal, is a case in point. Reporter Nick Davies’ first investigative piece about the abuses inside News Corp. ran in July 2009, and he just kept plugging away. Now his story has exploded in a most satisfying fashion, and even Rupert Murdoch probably has a better appreciation than he did before of the power of the daily newspaper.

Do we need any other evidence that the Kultursmogexists and that it is international – at least in the English-speaking world – than the fact that the biggest news story in the United Kingdom today is also the biggest news story here? I have in mind the telephone-hacking story about NewsoftheWorldreporters in London listening in on private conversations and possibly bribing Scotland Yard. The Kultursmogis that set of ideas and tastes that are utterly polluted by left-wing values and carried by the liberal news media to pollute peoples’ minds.

Every day, the NewYorkTimesand its subsidiaries throughout mainstream media hammer away at the story of a scandal in faraway England, and, of course, they have located Rupert Murdoch at the very heart of the story. Over the weekend, he flew to London. He meets with top aides. The NewsoftheWorldis killed off. Now a deal for BSkyB is being pulled. What comes next? Well what comes next, reports Reuters, is that the American Justice Department and the Securities and Exchange Commission are looking into Mr. Murdoch’s company, News Corp., on this side of the Atlantic for criminal behavior. Or maybe they are not. No one would go on the record and say they are investigating. Oh, yes, and by the way we have a Constitution here with a First Amendment. The Founding Fathers in their infinite wisdom did not want to see the press harassed by innuendo.

Anyone encouraging the government of the United States to investigate a news organization without proper cause is an enemy of freedom. And the harassment of Rupert Murdoch is being executed by enemies of free speech. Step back a minute. Mr. Murdoch has a record of saving the free press. He has propped up newspapers all over the English-speaking world. He has purchased the greatest newspaper in America, the WallStreetJournal, and made it better. He has added a new voice to the American media echo chamber – a conservative voice. By giving the citizenry a chance through his papers and Fox News to decide for themselves which side they are on in important issues of the day, he is a threat to the Kultursmog. That is what is going on with these tedious daily stories in the New York Timesabout London skullduggery, and many Americans know it. The newspaperis fooling no one.

Whatever was done in breach of the law in London will, of course, be investigated and prosecuted there. But there is no evidence that anything was done here. Those who call for an investigation of News Corp. here are on the wrong side of the freedom issue. What is the NewYorkTimesdoing day after day, filling its front pages with infantile hysteria? This is the same newspaper that published secret American intelligence documents hacked by the suppliers of WikiLeaks on its front pages.

Presumably, innocent people were victims of terrorists because of it, possibly American soldiers. What hypocrisy by the New York Timesto put a hacking story on its front page day after day and to complain about the Murdoch press hacking story. This is the same newspaper that during the Reagan presidency ran a Kitty Kelley story supposedly having Frank Sinatra trysting surreptitiously with Nancy Reagan while the Old Cowboy was snoozing upstairs. More recently, the paperclaimed that Roger Ailes of Fox News had committed wrongdoing that “could possibly rise to the level of conspiracy to lie to federal officials, a federal crime.” That was in February and we are still awaiting poor Mr. Ailes’ indictment. Meanwhile, Fox News continues to make more money than the combined revenue of CNN, MSNBC and the evening news broadcasts of the networks, ABC, CBS and NBC.

The NewYorkTimes is bleeding money. Its front page news stories about Mr. Murdoch will not change that and will probably only drive still more objective readers away, alarmed by its crusading zeal on behalf of a story with little resonance here. Reportedly a rich Mexican, Carlos Slim, is keeping it afloat. He is mysterious and the mystery is what does he see in the money-losing NewYorkTimes?

I predict this scandal will work its way out in London and have little consequence here. If I am wrong and it does threaten the American free press, our Founding Fathers’ safeguards embedded in the First Amendment were not strong enough.

Intellectuals in Britain have always regarded Rupert Murdoch with suspicion. His rise to prominence on the media scene in the 1980s coincided with a brutal yearlong lockout of newspaper workers, aimed at breaking the traditional hold of their labor unions. In the dominant position he subsequently gained, with four major newspapers and a large stake in television, he began to exercise significant influence over the political scene, and even greater influence on the down-market end of the press.

One anomalous feature of British journalism is its long history of scurrilous, muckraking weekly scandal-sheets, the tabloids or “gutter press,” which since the Victorian era have delighted blue-collar readers with stories of murders and sexual misconduct.

Mr. Murdoch’s achievement was to take the tabloid press from the gutter into the sewer, widening its range from coverage of celebrity scandals to the performance of criminal acts. Some of the latter, such as hacking into the phones of crime victims and their families, were appalling.

There is no redeeming feature in the scandal that has engulfed Mr. Murdoch’s British fief, News International, other than that it has now killed his biggest-selling newspaper, The News of the World. This tabloid made its money by regularly crossing the line of decency; the revelation that it also regularly crossed the line of legality surprises no one, for no one expected any better. What has horrified the British public is the nature of the illegalities. Murdoch journalists not only hacked into the phones of child murder victims and their parents, but of the families of victims of terrorist attacks and of soldiers killed in Afghanistan and Iraq.

And in search of sexual and political scandal they hacked into the phones of thousands of others; the London police say they have a list of 4,000 people who might have suffered their attentions.

Discovery of these serious crimes has brought forward a crisis that was already culminating. News International’s bid to take control of the television company British Sky Broadcasting, or BSkyB, was, in the opinion of many, a step too far, given that, even before the hacking revelations, its influence on politics and public conversation had become deeply corrosive.

The Murdoch media have influenced every election in Britain since the Thatcher era. Both major political parties have courted Mr. Murdoch in hope of his support, and when he gave it, they flourished at the polls. In return, he was allowed to take control of increasing stretches of the media landscape, meanwhile dissuading government from regulation that would hamper his operations. He already owns 39 percent of BSkyB; his reason for wishing to own it all is, as he has publicly indicated, to make it more like its American counterpart, Fox News.

Mr. Murdoch’s influence over successive governments has long been a concern. His hostile attitude toward the European Union and his ingratiating attitude toward China, to name but two examples, have influenced politicians eager to please him. That the former News of the World editor, Andy Coulson, was, until the hacking scandal broke, Prime Minister David Cameron’s trusted director of communications, is only the latest instance of this unseemly influence. Mr. Coulson is now under arrest for being part of the hacking crimes. Significantly, when the scandal emerged in 2005 under the Labor government, the police did little to pursue it; only now, under public pressure, have they begun to alert hacking victims to what happened back then.

Tabloid practices have always had a corrupting effect on the public conversation, but they reached new depths under the editorship of The News of the World by Mr. Murdoch’s much-favored deputy, Rebekah Brooks. The cynicism of tabloid technique is well understood: Splash a rumor as news on the front page, then print a one-line retraction on an inside page two weeks later. By then, the victim has been thoroughly damaged, with other papers, and the graffiti wall of blogs and Twitter, transmitting the allegations globally.

Realists accept that scandal and gossip sell, that conflict is entertainment, and that an adversarial stance attracts spectators. But the Murdoch tabloids have championed this approach beyond the breaking point. The soiling of the public debate, and the distorting influence of one foreigner on the political landscape, were barely supportable before the hacking revelations; they are now insupportable.

No doubt over-optimistically, many in Britain hope that the current scandal will at last persuade their government and fellow citizens alike to end Mr. Murdoch’s freedom to poison the well from which they drink. At the very least, they hope that culpable heads will roll. No one believes that senior managers at News International were ignorant of their employees’ crimes. Ms. Brooks claims that she was. If that is true, she failed dramatically in her role as manager; if that is false, she and others are liable for criminal prosecution.

If there proves to be a silver lining to this debacle, it would be the defeat of Mr. Murdoch’s effort to take control of BSkyB, and a diminution of his influence in British affairs. Alas, the anxiety is that the transgressions of News International will prompt a bout of media regulation that will impinge on press freedoms in the wrong way, making it harder to expose the wrongdoings of companies like News International rather than protecting us from them. If this happens, Mr. Murdoch’s degrading influence will have reached well beyond the damage it has already done.

So farewell then, News of the World. We will remember Squidgygate and Camillagate, the buying up of witnesses (“blood money”), the “kiss and sell” affairs, the celebrity hacks and most recently the phone hacking. Its editors have been “drinking at the last chance saloon” for 30 years, which should enter the record books as the longest swill in history.

It saw off the powerless Press Council, replaced by the worthless Press Complaints Commission (PCC). Nothing has really changed since it was condemned for publishing topless pictures of Diana on a private beach, to which judgment the paper responded by republishing them under the headline “This is what the row’s all about, folks”.

The News of the World proved that, whenever cutthroat circulation was at stake, self-regulation was bound to fail in instilling any sense of ethical conduct, or even respect for the criminal law, in the business of tabloid infotainment. That is partly because we are an excessively prurient society, addicted to Sunday morning schadenfreude as we read of other people’s griefs and adulteries. But it is also because the harlot’s prerogative through the ages, of power without responsibility, has cowed most of the democratic institutions that should stand up for decency and the rule of law.

For all the self-righteousness on display in parliament, MPs took their cue from the prime minister’s utterly mistaken assumption that there should be no public inquiry until police investigations had run their course. By which time – years into the future, as Scotland Yard virtually admitted yesterday, engulfed by 11,000 pages with 4,000 names (and that’s just for 2006) – memories will have faded and News International will be the proprietor of BSkyB.

This is exactly the situation that the Inquiries Act of 2005 was passed to avoid. It permits a speedy and authoritative examination of a matter of scandal and concern, so as to allay public disquiet and ensure the scandal is not repeated. Such an inquiry does not pre-judge trials – it has no power to determine anyone’s civil or criminal liability. But its chairman has the power to require the production of documents and to insist that anyone – even Rupert Murdoch – attend for public examination. This power can be enforced by the high court, on pain of criminal sanction. Such an inquiry is set up by resolution of both houses of parliament, to examine a matter “of urgent public importance”.

The issues that need urgent inquiry are not made any less urgent by the closure of the paper. They are not only those identified by the prime minister, such as the ineptness of the original police investigation. There must be an examination of the culture of the tabloid press, the bribery and corruption that has gone on between journalists and their police sources, the total failure of self-regulation (and how to replace it), the inadequate training of journalists in law and ethics (most had no idea that phone hacking was made illegal in 1998, and still regarded payments to police as “inappropriate”, when in fact they are seriously criminal).

Previous royal commissions into the press – the last reported in 1975 – did achieve some useful reforms, especially by introducing rules to protect against media monopolies (scandalously ignored by John Biffen when Murdoch took over the Times and Sunday Times) and laying down the test for “fit and proper” proprietors. That is a test which a public inquiry would be much better equipped to answer than Jeremy Hunt, a judge in his party’s cause.

There can be no excuse to delay, other than fear of News International (and, to be fair, the company has said it would welcome a public inquiry). Moreover, police inquiries in this area have not been very competent or comprehensive; witnesses and suspects do not have to answer questions; there will be no attempt to get at the truth about ethical standards. Police are notoriously poor at investigating senior police officers, whose relations with media executives need to be put under the microscope. In such sensitive and political matters, Britain is still in the age of constable Dogberry – in the US, the process would be conducted much more effectively by special prosecutors, and in Europe by examining judges.

So a public inquiry under the 2005 act, set up in the next few days with a clear brief (which must include BSkyB) and a deadline to report in six to nine months, is the sensible way forward. David Cameron is right to avoid a sitting judge – they should be kept out of politics. Fortuitously, two leading jurists who have valuably contributed to intellectual debate on press freedom – Lord Hoffmann and Sir Stephen Sedley – have recently retired, and may be available to chair.

A few respected members of the press and public should be appointed to the tribunal – the likes of Kate Adie, Martin Bell, Richard Branson and Harold Evans come to mind. With its own counsel and team of investigators, the hearings could begin in October and be over by Christmas, with the report published by Easter. Hunt has postponed his quasi-judicial decision on BSkyB until September, but no one will believe it is in any sense “judicial” unless it is informed by a proper inquiry into the fitness of News International.

The closure of the News of the World must not end the debate over the ethical limits of tabloid journalism: this dramatic gesture should be a signal to begin it in earnest. The PCC is a confidence trick that has ceased to inspire confidence – other countries which respect free speech have statutory “press ombudspersons” who adjudicate public complaints, direct retractions and compensation, enforce rights of reply and monitor ethical standards. Had the British media been prepared to accept this form of statutory regulation, the public would be enjoying the News of the World for years to come.

The chances that Rupert Murdoch would choose to shut a 168-year-old newspaper, a profitable one at that, are nil. The News of the World’s closure is a sure sign that the man at the top, known for calling all the shots himself, isn’t alone any more.

News Corp is a family-run company – and, more and more, a family imbroglio. Some of the intrigue: Rupert has ceded substantial power to his son James, who made the decision to close the NoW. While James’s power is part of a calculated succession plan, he also has his own leverage: he is his father’s closest family ally in accommodating Wendi, the patriarch’s divisive third wife. His father needs his support.

James has an often tense relationship with his sister, Elisabeth, who has a tense relationship with Wendi. Elisabeth has built her own media company, which her father bought this year, giving her great say within the company. James and Elisabeth’s relationship, indeed many of the family relationships, are facilitated by Elisabeth’s husband Matthew Freud, the most famous, and most famously slippery, PR man in London. One of Freud’s closest friends is Rebekah Brooks, the CEO of News International, who almost everybody believes needs to be fired.

Rebekah, counselled by Matthew, has become James’s most dedicated lieutenant. James and Matthew are determined not to fire her (indeed, she is an important instrument in Matthew’s business).

As it happens, Wendi doesn’t like Rebekah. Rupert, who has described Rebekah as a social climber in his family, can’t press for her ousting for fear of siding with Wendi against his children.

Rupert’s oldest son, Lachlan, once the presumed heir and now a sullen presence in Australia, fights with his brother and is most closely aligned with his sister Elisabeth. Their older half-sister, Prudence, is aligned with James. Ultimately, they will have four votes between them when it comes to running the company, with no tie-breaking mechanism.

Just as the NoW was a throwback to another era of lawless newsrooms, News Corp is a throwback to an insular and Byzantine family rule, and a them-versus-us relationship to the world. We don’t apologise, don’t accommodate – we wield our power: that is the Murdochian view. To them, the campaign against the NoW is a campaign by Murdoch’s enemies.

The embattled Murdochs – and that is how they see themselves – have denied, stonewalled, stood tough, no matter that virtually every statement they’ve made about the unfolding scandal has been contradicted by events to come. If there’s regret on their part, it’s not so much about breaking the law, as it is about giving their enemies a weapon. Shutting the paper down is, they hope, a way to take away that weapon.

James seeks to be his father. He’s Rupert without the subtlety – quite something to think about. Even his father was gobsmacked when, during the 2010 general election campaign, James publicly upbraided the editor of the Independent for his paper’s coverage of News Corp.

Rupert has watched much of the phone-hacking scandal unfold from afar. And he’s been grumpy about it, often complaining to Robert Thompson, the Wall Street Journal editor, about how James has been handling the mess. That’s one reason James doesn’t much like Thompson or his father’s other advisers. He sees himself as his father’s adviser, and their advice often leads to his interference. In this he has the support of his siblings, who don’t like their father’s interference either. (Two of Rupert’s key confidantes, his communications chief, Gary Ginsberg, and general counsel, Lon Jacobs, lost their jobs this year in part because they didn’t get along with James.)

Recently the Murdochs have started to refer to the hacking scandal as a crisis as serious as News Corp’s near-bankruptcy in the early 90s – in family lore one of Rupert’s finest moments. That, however, was a crisis resolved by negotiation, cutting deals, and leveraging strength. Rupert is at his best when talking power to power (one reason why the BSkyB deal seems still viable).

But this crisis is about public perception and trust, which is not, to say the least, Rupert’s nor his son’s métier. Family insiders say it was Freud who suggested closing the paper. He is said to have described it to James as a “Wapping” approach – that is, when Rupert in the dead of night moved his British papers to Wapping to break the print unions.

Closing the NoW may be the first instance of proactive PR strategising during the scandal, but it is probably too little too late. Credibility may be restored, and the public cry for blood sated, only when the company is no longer run by someone named Murdoch.