Reformar el sistema electoral es una reivindicación social de esta legislatura que no debiera quedar aparcada. Si el que está vigente se ajustara proporcionalmente al veredicto de las urnas del pasado 20 de noviembre, Mariano Rajoy tendría hoy más urgencia en despachar con Rosa Díez y Josep Antoni Duran i Lleida que con los banqueros. Necesitaría la coalición o el apoyo explícito de la cuarta fuerza política en número de votos (UPyD) y la quinta (CiU) para poder formar un Gobierno con ciertas garantías de estabilidad. En su lugar, como es bien sabido, y dado que nuestro sistema electoral se sirve de dos reglas que distorsionan el resultado final (el sistema D’Hont y la circunscripción provincial), el Partido Popular dispondrá en el próximo cuatrienio de una holgada mayoría absoluta habiendo cosechado menos del 50% de los votos, y partidos como Amaiur o Esquerra Republicana disfrutarán de un altavoz desproporcionado en la política nacional, a pesar de no sumar entre ambos más que el 2,42% de las papeletas emitidas.

Que nuestra ley electoral necesita una revisión no es ninguna novedad. Lo que es nuevo es que dicha revisión, dada la victoria del PP, vaya a quedar en el baúl de los recuerdos tras el 20-N, justamente después de una legislatura marcada por la insatisfacción generalizada hacia nuestra clase política (tercer problema que más preocupa a los españoles después del paro y la economía) y el movimiento de los indignados, que tantas simpatías ha cosechado. La renovación de la vida política, la representatividad de las instituciones y el sistema electoral eran algunas de las reivindicaciones de este movimiento que solo atienden ahora las formaciones que como UPyD, IU o Equo salen perjudicadas en el reparto de escaños y, por tanto, no tienen ninguna posibilidad de abrir el debate.

La proporcionalidad de los votos es la base de la democracia: un ciudadano, un voto. Nuestro sistema transgrede tal principio exageradamente. Mientras que cada escaño de UPyD ha necesitado casi 230.000 votos, el PP solo ha requerido 58.230 y Amaiur, 47.661. Visto desde otro ángulo, al único diputado socialista por Soria salido del 20-N solo ha obtenido 16.058 votos. Los 10 de Madrid, 87.504 cada uno.

Puede, sin embargo, que no sea una mala idea incorporar ciertos correctivos para promover legislaturas estables y dar voz a los territorios menos poblados y periféricos. El sistema D’Hont se aplica en una treintena de países porque evita la excesiva fragmentación de los Parlamentos y los problemas de gobernabilidad. En España se suma, sin embargo, otro elemento mucho más distorsionador (la circunscripción provincial) que favorece con exceso a los partidos con alta concentración territorial de votantes, lo que tendría sentido en un país tan descentralizado como este si no fuera porque ya se dispone de Gobiernos y Parlamentos autónomos, además del Senado. Esta Cámara alta, por cierto, de importante representación territorial, cuesta 55 millones de euros anuales y su reforma, cuando no su desaparición, es una reivindicación que debería ser atendida. De su escasa relevancia tal como está hoy concebida da fe el mínimo interés que suscita su composición. De la necesidad de su reforma hablan también las urnas: se han disparado esta vez los votos para el Senado en blanco (1,26 millones; el 5,3% del total) y nulos (más de 900.000; el 3,71%).

De los dos grandes, solo el Partido Socialista ha mencionado en la campaña electoral alguna reforma del sistema, pero establecer listas abiertas, aun suponiendo una mejora de la representatividad política, no tiene el calado suficiente para la regeneración que se desea. Cambiar las reglas para el reparto de escaños o reformar el Senado tampoco sería la panacea, pero abriría una vía importante de regeneración en una democracia que como la española empieza a ofrecer síntomas de rigidez y partitocracia.

Es síntoma de rigidez la incapacidad para pactar un cambio de la Constitución que no sea por el procedimiento abreviado, como ha ocurrido recientemente con el techo para los déficits públicos. La sucesión de la Corona, eliminando la extemporánea preferencia del varón, y la remodelación del Senado son las reivindicaciones más demandadas desde que hace 33 años se aprobó la Carta Magna.

De la partitocracia hay abundantes señales. Las más obvias son los sistemas cerrados y casi siempre por aclamación mediante los cuales los partidos encumbran a sus líderes y la numantina resistencia de las grandes formaciones a perder los privilegios que les otorga un reparto de escaños evidentemente injusto. Porque la distancia que hoy castiga en escaños al PSOE frente al PP puede volverse en su favor en los próximos comicios y viceversa. Los partidos se aferran al poder conquistado y rechazan también la posibilidad de perder puestos de trabajo en los que colocar a los suyos, bien sea en las Diputaciones, bien en el Senado, bien en las Administraciones autonómicas.

En tales reformas tienen, además, los nuevos gobernantes una panoplia de posibilidades para aplicar sus planes de austeridad. Pero su necesidad no deviene de la mera coyuntura económica, sino de la imperiosa urgencia de profundizar en nuestros modos democráticos y de devolver a los ciudadanos su afecto por la política.

Está en el ambiente que la percepción  generalizada respecto de nuestra clase política se mantiene bajo mínimos, hasta tal punto que, según los sondeos, es considerada el segundo problema nacional. La convicción creciente, cierta o no, de que los políticos están distanciados de los ciudadanos, constituyen una oligarquía con intereses propios distintos a los generales y se dotan de inaceptables privilegios, sigilosamente se va instalando entre nosotros. La simpatía que han sentido por los indignados (con los políticos) personas de un amplio espectro ideológico, contribuye a confirmarlo.

Y cuando decimos “políticos”, no nos referimos sólo a individuos sino también, aun con mayor motivo, a los partidos, los auténticos sujetos de la vida política.

Si esta convicción crece hasta hacerse ampliamente mayoritaria, la democracia entrará en zona de peligro. Las crisis económicas prolongadas, con los costes sociales consiguientes, son siempre un buen caldo de cultivo para todo tipo de populismos simplistas que suelen desembocar en salidas autoritarias. Por tanto, es necesario regenerar la democracia y una de las medidas más posibles y urgentes es la reforma electoral. Si esta reforma pretende ser eficaz en esta labor regeneradora debe aprovecharse para reformar los partidos políticos. Para comprender este alcance, apuntemos algunas características de los dos sistemas electorales clásicos, el mayoritario y el proporcional.

En el sistema mayoritario se elige un diputado por distrito y gana el candidato que ha obtenido más votos. Se trata, sin duda, de un sistema sencillo y claro, así es en Gran Bretaña y EE. UU. El sistema proporcional, más complejo, exige distritos amplios y se vota a listas de candidatos presentadas por los respectivos partidos. Mediante la aplicación de una fórmula matemática los votos obtenidos se convierten en escaños según criterios de proporcionalidad. Es la fórmula predominante en Europa, también la española en el Congreso y en todas las comunidades autónomas. Ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes.

El mayoritario permite una mayor proximidad entre electores y elegidos y, por tanto, un mayor conocimiento y control sobre el parlamentario, así como una más exigente rendición de cuentas al final de la legislatura. Sin embargo, tiene como desventaja fomentar que los diputados defiendan intereses puramente localistas y que se tienda al bipartidismo dejando marginadas las opciones políticas minoritarias.

La fórmula proporcional, en cambio, permite que el resultado en escaños refleje mejor el pluralismo político: las minorías pueden obtener más fácilmente representación y se frena el abstencionismo de quien no se identifica con los grandes partidos. Sin embargo, también presenta inconvenientes: primero, al votar a una lista se despersonalizan las elecciones, sólo se conoce al primero de la lista; segundo, y más importante, se otorga un gran poder a las direcciones de los partidos que son quienes confeccionan las listas de candidatos, de tal manera que, de hecho, a excepción del líder, en lugar de votar a candidatos se vota a una lista de perfectos desconocidos cuyo mayor mérito ha sido y seguirá siendo callar y obedecer.

Intentar corregir esta situación introduciendo en el actual sistema proporcional las listas desbloqueadas o abiertas no creo que sea un remedio suficiente si lo que se pretende es reformar los partidos y prestigiar la política. A mi modo de ver, la mejor solución consiste en encontrar un tercer modelo que combine las ventajas de los dos sistemas clásicos. En el sistema mixto, el sistema alemán, cada elector dispone de dos votos: uno para elegir por el sistema proporcional la lista nacional única propuesta por cada partido; y el otro para elegir a un candidato individual en cada pequeño distrito de acuerdo con el sistema mayoritario. Así, el ciudadano alemán sostiene una relación cercana con el diputado elegido directamente en su distrito mientras la fórmula proporcional aplicada a la lista nacional permite un mayor pluralismo en el resultado final que impide caer en las simplificaciones del bipartidismo.

Pero, además, esta fórmula mixta tiene otra ventaja todavía más interesante: los candidatos individuales que se presentan en los distritos cobran personalidad propia ante sus electores y se independizan, en cierta manera, de la dirección de los partidos que en su origen les designaron. Esta relación de proximidad diputado/ elector, mejora necesariamente la calidad  del diputado dado que está más controlado por los ciudadanos y, en su caso, la reelección no depende sólo de la voluntad del partido sino también de su propio éxito electoral. Los partidos, por decirlo así, se esponjan, se hacen más porosos y abiertos, dejan que la sociedad penetre en sus estructuras, sus diputados están cercanos a un público al que deben rendir cuentas. A su vez, la lista nacional permite mantener la columna vertebral de cada partido impidiendo que se disgregue.

En Catalunya corren aires de reforma electoral. No me extrañaría, sin embargo, que dicha reforma fuera gatopardiana: cambiarlo todo para que no cambie nada.

Con el objetivo claro de alcanzar la cifra de un millón de extracomunitarios con derecho a voto en las futuras elecciones municipales de 2011, el Consejo de Ministros ya ha aprobado la firma de acuerdos para los ciudadanos extracomunitarios procedentes de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur y Nueva Zelanda. También se espera que próximamente se añadan Bolivia, Venezuela y Uruguay, pendientes de los informes internos de sus respectivas administraciones y organismos electorales. La idea es facilitar la integración y participación de los ciudadanos de estos países en sus municipios de residencia.

Sin duda, la idea de integrar a los inmigrantes en el círculo de participación ciudadana es el núcleo del sistema de integración. Sin embargo, la participación en la vida pública de un país no es el único elemento que puede situar a un inmigrante en condiciones de integración. El panorama español vigente recoge entre el catálogo de derechos y libertades de los que gozan los extranjeros en España el derecho de participación pública: un derecho cuyo ejercicio queda limitado a aquellos que residen legalmente en nuestro país. Conviene hacer un esfuerzo político ambicioso y abarcar otros aspectos de la realidad de la inmigración, donde el derecho a voto se estructure sobre bases sólidas de actuación y no solo como un elemento más de una campaña electoral dirigida a la captación votos.

El futuro inmediato es claro: las próximas elecciones municipales de mayo de 2011 serán las primeras en las que los ciudadanos extracomunitarios residentes legales en España van a tener la ocasión de participar en la elección de sus representantes municipales. Esta nueva situación va a plantear algunas interesantes consecuencias: por un lado, las fuerzas políticas van a tener que cuidar su discurso en materia de inmigración, ya que los votos que se puedan ganar entre algunos nacionales enfadados con el fenómeno de la inmigración pueden perderse entre los colectivos de inmigrantes que ahora votan; por otro lado, la restricción constitucional de la reciprocidad, prevista en el artículo 13.2 de la Constitución Española, va a configurar un doble estatus político entre aquellos extranjeros que pueden votar y aquellos otros que no van a poder hacerlo.

De este modo, se hace necesario, después de poner sobre la mesa algunos datos que nos ilustren acerca del referido auge del fenómeno migratorio en España, detenerse a analizar cómo se encuentra regulado el disfrute del derecho al voto en los diversos procesos electorales por parte de los ciudadanos extranjeros residentes en España. Solo habiéndolo hecho será posible extraer algunas conclusiones al respecto y formular algunas sugerencias de actuación. Al hacerlo, tomaremos como horizonte más próximo el de las próximas elecciones municipales del próximo 22 de mayo del 2011.

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Hace unas semanas, participando en un seminario donde se analizaba la reforma electoral que se está tramitando en el Parlamento, un prestigioso académico conocedor de estos asuntos decía que las leyes electorales, para ser objeto de reforma, necesitan haber colapsado previamente o que el sistema político haya quebrado. Yo no llego a tanto, pero reconozco que algo de cierto hay en esa afirmación.

El actual debate parlamentario (la reforma superó ayer el trámite de comisión en el Senado sin cambios) es el más intenso que nunca se había hecho sobre nuestro régimen electoral desde la aprobación de la vigente ley de 1985. El resultado será, también, la reforma más importante que se ha aprobado estos años. Sin embargo, en la opinión pública especializada, los medios de comunicación y los partidos políticos minoritarios, la impresión es que se va a desaprovechar una oportunidad para modernizar un modelo electoral que trae causa en normas preconstitucionales y que algunos ven como la última hipoteca que nos dejó el tardofranquismo. Hay elementos del sistema preconstitucionales, pero también es cierto que ello no ha impedido que el resultado de su aplicación durante estos 35 años haya sido francamente positivo.

Para no enredarse con las diferentes posibilidades electorales existentes, hay que decir que, a partir de los dos grandes sistemas electorales -el mayoritario y el proporcional-, las opciones mixtas que han ensayado los países democráticos de nuestro entorno son muy variadas. Por eso, al final se comprueba que decantarse por uno u otro tan solo depende de las circunstancias del país y de la importancia que se les dé a las normas tendentes a compatibilizar representatividad y gobernabilidad.

En España, cuando se habla del sistema electoral es frecuente hacerlo como si no existiese nada más que el proporcional que se utiliza para la elección de los diputados; sin embargo, hay que recordar que, entre otros, también existe un sistema mayoritario de listas abiertas y desbloqueadas para el Senado, aunque eso no suponga mucho cambio a la hora de la elección de unos u otros representantes.

Pero limitémonos al sistema proporcional del Congreso. Es cierto que la proporcionalidad del modelo está corregida. Tanto la designación de la provincia como circunscripción, como la asignación fija de un mínimo de dos diputados a cada una de ellas antes de hacer el reparto en función de la población, cuanto la opción por la fórmula D’Hondt para transformar los votos en escaños, son decisiones -una de carácter constitucional y las otras dos voluntad del legislador-, que se decantan por corregir la proporcionalidad a favor de la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria.

El resultado es que en estos años se ha conformado un mapa político del siguiente tenor: dos grandes partidos, entre dos y cinco partidos de corte nacionalista y, sobreviviendo con dificultad, dos pequeños partidos de ámbito estatal (IU y UPyD). Los dos grandes partidos se han alternado en el poder durante estos años y, cuando no han conseguido mayorías suficientes para gobernar en solitario, se han valido de los apoyos puntuales de los nacionalistas, que han cumplido esa función a cambio de una buena consideración para los intereses políticos de sus territorios.

Hasta ahora esta dinámica ha funcionado razonablemente bien (aunque los ciudadanos que no pertenecen a territorios con partidos nacionalistas se consideren agraviados), puesto que el desarrollo del Estado autonómico hacía que el Gobierno de turno tuviera recursos y posibilidades para satisfacer las necesidades de los partidos nacionalistas que funcionan como bisagra. Ahora bien: ¿qué sucederá cuando desplegado plenamente el Estado de las autonomías no queden transferencias o cantidades económicas que transferir? Cuando suceda que quien esté en condiciones de gobernar no pueda satisfacer las reclamaciones de aquellos que se prestan a ser aliados parlamentarios -por ejemplo, algo que podría suceder cuando CiU exija en Cataluña un modelo de financiación similar al Concierto Vasco para apoyar una investidura en Madrid-, habrán cambiado las condiciones políticas de nuestro país y, como decía al inicio de este artículo, surgirá con fuerza la necesidad de reformar el sistema electoral para que aparezca una fuerza política con capacidad de ser partido bisagra de carácter nacional.

Por eso las reformas electorales, de momento, difícilmente van a cambiar los elementos estructurales del sistema. No lo hacen porque los agentes políticos que han de impulsarlas se sienten conformes con el modelo y la gobernabilidad aún es posible. Si un día los dos grandes partidos se tuvieran que aliar para cerrar el paso a reclamaciones nacionalistas que pusieran en peligro la integridad de España, probablemente se empezaría a pensar cómo hacer para que la alternancia se pueda dar sin que los intereses generales estén en peligro.

Mientras tanto, nos tendremos que conformar con reformas que mejoren el ejercicio del derecho de sufragio, que corrijan prácticas fraudulentas en los empadronamientos o la emisión del voto, que mejoren el procedimiento electoral, que garanticen el derecho de sufragio en las elecciones municipales a los inmigrantes o que limiten los gastos electorales poniendo coto a campañas que parecen empezar el día después de celebradas las últimas elecciones.

Todo lo anterior no es poco. Es de una gran importancia porque afecta al ejercicio de derechos fundamentales y, de paso, perfecciona un régimen electoral reconocido como uno de los mejores de nuestro entorno político.

El régimen electoral es una pieza clave del Estado constitucional, pues habilita la participación política de los ciudadanos, transforma sus votos en escaños y, en definitiva, hace operativo el principio democrático en las instituciones de nuestro Estado, que propugna como uno de sus valores superiores el pluralismo político.

Como hemos analizado en numerosas ocasiones, la Ley Orgánica 5/1985, vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en la todavía franquista Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, recogidos en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. En 1978, esos parámetros pasaron a formar parte de la Constitución española y finalmente todos ellos fueron ratificados en 1985 en la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General).

Conviene recordar estos antecedentes para aquilatar correctamente el origen y las pretensiones de la Ley que pretendemos cambiar. Si los objetivos del legislador de entonces eran mantener un sistema que garantizara el bipartidismo, los del legislador del siglo XXI han de ser instaurar un sistema político que garantice la pluralidad, la igualdad de los electores ante la ley al margen de su opción ideológica y el control de los ciudadanos sobre los poderes públicos.

La Ley electoral actual consagra algunas magnitudes que en nada se corresponden con la España de hoy. Así, dentro del rango de entre 300 y 400 diputados que fija el artículo 68.1 de la Constitución, el artículo 162 de la LOREG opto por mantener la cifra de 350 diputados que ya figuraban en la Ley preconstitucional. Sin embargo, las peculiaridades de la distribución poblacional española y el crecimiento del padrón de habitantes desde 1977 han originado la segunda ratio entre diputados y electores más baja en los países europeos.

El artículo 68.2 de la Constitución consagró también una representación mínima inicial por provincia, de suerte que 100 escaños de la Cámara, más otros dos de Ceuta y Melilla, se asignan con independencia de la población, lo que determina que el número de votos necesarios para la atribución de un escaño presente importantes desviaciones de unas circunscripciones a otras.

Finalmente, y para garantizar el principio de proporcionalidad mandado por la Constitución, la LOREG optó por recoger, aunque sin nombrarla, la fórmula utilizada desde las primeras elecciones democráticas, conocida como regla D’Hont. Como se puede apreciar, tenemos un sistema electoral diseñado en el franquismo y en el que nuestros dos principales partidos políticos se sienten como en casa. Dado que es imposible en democracia imponer el partido único, han legislado lo más parecido, el bipartidismo. Y ambos tan a gustito.

Nuestra propuesta de reforma -que será debatida en el Pleno de esta semana como enmienda a la totalidad del texto que llegó de la Comisión Constitucional- recoge una buena parte de las recomendaciones del Consejo de Estado en aras de garantizar la igualdad de votantes y partidos políticos en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes.

En relación con el primero de estos objetivos -la igualdad de los electores y partidos políticos-, se ha optado por el aumento del número de diputados a 400 y la reducción de la representación mínima inicial a un diputado. Al mismo fin contribuye la sustitución de la fórmula D’Hondt por el método Hare, que aporta un mayor grado de proporcionalidad al sistema.

Por lo que respecta al segundo objetivo -el refuerzo de la participación de los electores en la designación de sus representantes-, se modifica el sistema de listas de candidatos al Congreso de los Diputados, permitiendo que los votantes especifiquen el orden de preferencia de los candidatos incluidos en la lista; o sea, se implanta el sistema de listas desbloqueadas, instrumento fundamental para la regeneración democrática.

Nuestra propuesta de reforma persigue asimismo aclarar cuestiones relativas al censo electoral, reforzando las garantías para combatir los denominados empadronamientos fraudulentos con fines electorales. Por lo que respecta al procedimiento de votación del censo de españoles residentes en el exterior, se regula un procedimiento muy garantista que presenta la importante novedad de permitir a los españoles que viven en el extranjero depositar el voto en urna en el consulado durante los tres últimos días de campaña, sin perjuicio de mantener el voto por correo para todos aquellos que no puedan desplazarse a votar en la dependencia habilitada al efecto.

En relación con las campañas electorales, la reforma persigue, de un lado, evitar la injerencia de los poderes públicos en las mismas mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras; y de otro, reducir la publicidad y la propaganda durante el periodo electoral. Se reduce el límite máximo de gastos de publicidad que pueden asumir las candidaturas en campaña, y se congelan las subvenciones por voto/escaño y mailing a lo largo del año 2011. Es decir, se suprime el mailing con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La reforma incide también en la publicidad e información electoral en los medios de comunicación, manteniendo el respeto a los principios de pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa, en el conjunto de la programación de los medios de comunicación de titularidad pública durante el periodo electoral.

En suma, nos encontramos una vez más ante un debate de extraordinaria importancia para nuestro sistema democrático cuyo resultado final está cantado antes de iniciarse. El acuerdo férreo ente el PSOE y el PP (del que los nacionalistas son meros beneficiarios) para que no cambie nada y así garantizarse entre ambos la alternancia en el poder, hace imposible modificar un sistema electoral que se ha demostrado manifiestamente contrario a los principios constitucionales de igualdad ante la ley: el derecho activo de cada ciudadano de elegir a sus representantes en igualdad de condiciones y el derecho pasivo de los partidos políticos de ser elegidos también en igualdad de condiciones.

Esta reforma es clave para la regeneración democrática, para que los ciudadanos ganen el control sobre la política, para la recuperación de principios constitucionales que no son negociables. Garantizar la igualdad jurídica y la libertad individual requiere de reformas profundas de un sistema electoral que pervierte el propio régimen democrático. Por eso, además de las reformas antes mencionadas proponemos que las listas sean desbloqueadas para que cada ciudadano ponga una cruz al lado de cada candidato y ordene sus preferencias; reducimos los gastos en publicidad y propaganda electoral y se congelan de forma inmediata las subvenciones y suprimimos el mailing con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Unión Progreso y Democracia no va a cejar hasta conseguir estos objetivos, que no son ideológicos sino democráticos. Ni el PSOE ni el PP quieren cambiar una ley que les garantiza perpetuarse en el poder; pero ambos estarán más que dispuestos a cambiarla cuando necesiten los votos de un tercero para conseguir o mantener el poder. Nuestra condición innegociable será esta. A partir de ahí, podremos hablar. Queda dicho.

Una disposición transitoria de la ley de reforma política de 1976 instaba al Gobierno a regular las primeras elecciones a Cortes «para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores, a razón de cuatro por provincia y uno más por cada provincia insular: dos por Ceuta y dos por Melilla». Las elecciones al Senado se inspirarían en criterios de representación mayoritaria y las del Congreso de proporcionalidad, conforme a dos bases: por la primera, «se aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso»; por la segunda, «la circunscripción electoral será la provincia, fijándose un número mínimo de diputados para cada una de ellas».

En la última etapa de la dictadura, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, a la sazón director del Instituto de Estudios Administrativos, encargó a un grupo de juristas demócratas encabezado por Óscar Alzaga un borrador de ley electoral, una trasposición de la vetusta pero experimentada ley maurista de 1907. Sobre aquellos cimientos, la UCD emprendió una intensa negociación con los partidos que llevó a un sistema consensuado que cumplía tres requisitos: facilitar la formación de mayorías; permitir que minorías estatales relevantes -se estaba pensando en el PCE- lograran representación significativa; y otorgar a las formaciones nacionalistas, presentes solo en sus territorios, una representación relevante en la Cámara baja. Aquel acuerdo se plasmó en real decreto-ley de 23 de marzo de 1977, que ya fue la pauta de las elecciones del 15-J y más tarde en la ley orgánica de régimen electoral, que se promulgó en 1985.

Existe un consenso politológico bastante arraigado en torno de las teorías de Duverger según el cual no hay unos sistemas electorales mejores que otros: lo importante es su estabilidad y permanencia. Hasta ahora, el modelo español ha sido invariable. Pero de la misma forma que las formaciones nacionalistas han utilizado su peso parlamentario para negociar y obtener competencias para sus territorios e incluso para reformar los equilibrios del Estado de las autonomías, todo indica que las minorías no nacionalistas también podrían utilizar su peso para forzar reformas del sistema electoral.

De hecho, es probable que tanto IU como UPyD consigan incrementar su presencia en el Congreso en las elecciones del 2012, y ambos han emprendido campaña en demanda de una reforma que acentúe la proporcionalidad. El argumento, muy elemental, era resumido así por Gaspar Llamazares: «Los ciudadanos que votan a las fuerzas políticas minoritarias ven que es necesario multiplicar por diez el número de votos de las fuerzas políticas mayoritarias para tener un número equivalente de escaños. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta casi medio millón de votos cada uno de nuestros escaños, cuando al PSOE o al PP esos mismos escaños les cuestan unos 60.000. En definitiva, en estos momentos la aplicación de la ley electoral es un escándalo democrático…» Díez y Llamazares forman en el Congreso una Numancia resistente al sistema electoral ahora vigente. La diputada de UPyD ha invocado en más de una ocasión el informe del Consejo de Estado de febrero del 2009 redactado a instancias del Ejecutivo sobre las posibilidades de una reforma de la legislación electoral. Como fórmula correctora, Díez ha defendido algunas de las opciones que figuran en el informe: aumentar el número de diputados de 350 a 400, rebajar la representación mínima inicial de dos a un diputado por circunscripción y buscar una fórmula «más proporcional» que la del método D’Hont para calcular la atribución de escaños, como la del cociente Hare, por la que se decanta el Consejo de Estado, el método del resto mayor (o cociente Droop) o el método Sainte-Lagüe.

Muchos no compartimos en absoluto estas estridentes lamentaciones porque no creemos que los sistemas mayoritarios sean menos democráticos que los proporcionales. Pero tampoco hay argumentos potentes para cerrarse en banda a una revisión de la norma siempre que se haga con un consenso de intensidad semejante al constituyente. Lo que no sería razonable es que, ocasionalmente y de manera oportunista, una minoría con súbita capacidad de presión forzara la reforma de la ley electoral en su provecho… Como, sin ir más lejos, están intentando los liberaldemócratas de Nick

Clegg, que han impuesto a los conservadores esta condición para suscribir el pacto de gobierno que ha llevado a David Cameron a la jefatura del Gobierno.

Así las cosas, nuestro debate electoral debería plantearse preferentemente antes de que concluya la legislatura, con el fin de consolidar el consenso vigente o de forjar otro nuevo. Produce inquietud la expectativa de que el equilibrio político futuro pueda depender decisivamente de que se cambien o no las reglas de juego a mitad del partido.

Tras dos años de reflexión, el PSOE y el PP han acordado promover cambios en el sistema electoral. Pero las reformas orientadas a aumentar la proporcionalidad -demandadas tanto por los partidos pequeños de ámbito estatal como sugeridas por el Consejo de Estado- se han quedado nuevamente en el tintero. El sistema electoral español es uno de los más “mayoritarios” dentro de los sistemas “proporcionales”. Si bien es ampliamente reconocida la disfuncionalidad que esto genera en términos de representación, sus defensores argumentan que, como contrapartida a la desproporcionalidad, existen claros beneficios para la estabilidad y la gobernabilidad política.

En efecto, la estabilidad defendida por los grandes partidos es, a primera vista, una cualidad positiva del sistema político, pues la fragmentación del Parlamento -inducida por una mayor proporcionalidad en el reparto de escaños- tendería a dificultar la construcción de mayorías.

No obstante, la disyuntiva entre proporcionalidad y estabilidad no debe exagerarse. Esta tensión se debilita al mirarse con perspectiva temporal; la estabilidad, desde un punto de vista dinámico, puede devenir en rigidez. Un sistema con poca proporcionalidad aumenta los costes (voto/escaño) para los partidos pequeños, generando barreras a la entrada para nuevos competidores. Esto dificulta una adecuada incorporación de las preferencias de los electores, ya sea directamente a través de los nuevos partidos o indirectamente a través del movimiento de las formaciones existentes ante la amenaza de potenciales competidores.

La estabilidad no solo debe asociarse a la construcción de mayorías en el corto plazo, sino también a la capacidad del sistema de adecuarse de manera flexible a las demandas de los ciudadanos en el largo plazo. Al igual que en la física, los materiales siempre deben mantener algún grado de flexibilidad para ser resistentes; la rigidez los vuelve vulnerables.

El sesgo mayoritario del sistema electoral español ha favorecido a los dos grandes partidos en desmedro de los pequeños. El coste de votos por escaño es al menos cinco veces mayor para IU y UPyD comparado con el PSOE o el PP. Conjuntamente, estos dos partidos mayoritarios han aumentado sistemáticamente su fuerza en el Congreso durante las últimas décadas, pasando del 80% de los diputados en 1989 al 92% en 2008. No sorprende, pues, que el sistema español se defina como bipartidista junto a países como Estados Unidos o Chile. De hecho, la experiencia de estos países ilustra algunas consecuencias no deseadas del exceso de estabilidad.

El caso de Estados Unidos ha sido ampliamente discutido. El país norteamericano muestra una escasa variabilidad de políticas entre gobiernos demócratas y republicanos. Las barreras a la entrada de terceros partidos -generadas por un sistema “mayoritario”-, junto a numerosas instituciones con poderes de veto, hacen que el sistema político norteamericano sea extremadamente rígido en cuanto a las posibilidades de cambiar el statu quo.

Al mismo tiempo, la desafección electoral es notoria: la participación electoral no sobrepasa los dos tercios en las elecciones presidenciales, y difícilmente sobrepasa el 50% en las legislativas.

El caso de Chile, aunque menos conocido, es aún más extremo. Dos coaliciones, que operan en la práctica como partidos dado su alineamiento parlamentario, se han repartido el Congreso desde el regreso de la democracia. La Concertación y Alianza han ocupado exactamente los mismos escaños en el Senado desde 1993, evidenciando una escasa competencia. Este inusual reparto es el efecto de un sistema electoral “proporcional” de carácter muy “mayoritario”, dado que los chilenos eligen tan solo dos diputados por distrito (“binominal”). El desinterés ciudadano por esta competencia pactada ha generado una baja sostenida del 30% en la participación y una fuerte desafección de los ciudadanos, particularmente entre los jóvenes.

La reforma al sistema electoral español debería considerar el grado de estabilidad y con ello el carácter bipartidista del actual modelo. Al respecto, las modificaciones que aumenten la magnitud de los distritos -sean estos tanto provincias como comunidades autónomas- tendrían un efecto positivo sobre la competencia y la flexibilidad del sistema de partidos. Esto se debe a que la elección de escaños es menos costosa en términos de votos, lo que beneficiaría a los partidos emergentes. No obstante, otras reformas en pos de una mejor representatividad podrían ser ambiguas en este mismo sentido. Por ejemplo, una de las propuestas de IU -disminuir el número mínimo de escaños por distrito de dos a uno-, tendría efectos contrarios en circunscripciones grandes y pequeñas. En las primeras, aumentaría el número de diputados elegidos, beneficiando la competencia. Pero en las segundas, aquellas provincias de menor población donde PP y el PSOE se reparten casi automáticamente las bancadas, disminuir el número de escaños solo contribuiría a aumentar la concentración de partidos.

Es cierto que la actual ley electoral impone estabilidad al sistema, pero dicha estabilidad no debe confundirse con rigidez. Un sistema estable garantiza la gobernabilidad, pero también debe permitir una evolución dinámica y flexible en la representación política. Un sistema rígido, por el contrario, no permite la canalización del conflicto, generando mayores inestabilidades en el largo plazo. La desafección ciudadana, sin duda, la primera de ellas.

Ukraine is losing the right to call itself a democratic nation and is drawing into question any hope it has for EU membership any time soon. For even before campaigning starts ahead of local elections on 31 October there is speculation that the result is being manipulated. This is because a recent law prevents parties formed less than a year ago, and individuals standing independently, from participating.

On 27 July, President Viktor Yanukovych enacted a law that prohibits candidates from standing who are not from a party registered, even locally, at least one year before the election. There is little logic to the new law apart from that it shuts the door on any newly formed parties and bars those of successful politicians Sergei Tigipko and Arseniy Yatsenyuk, who came third and fourth respectively in the presidential election held last January.

The new law also stops political blocs – umbrella organisations of affiliated parties – from putting up candidates as in previous elections. Only individual parties may compete. This weakens the opposition, which hitherto has competed in blocs. But it has little effect on the president’s Party of Regions, which has a powerbase in the predominantly Russian-speaking east and south of the country.

The new law also prevents independent candidates from running. Mayoral candidates can only be nominated by the local organisations of political parties, therefore denying unaffiliated citizens the right to stand. The law appears designed to propagate the ruling elite, where those in power nominate the candidates rather than selection by the people.

All this does little to shore up Ukraine’s fledgling democracy. Since the fraudulent presidential election of 2004 and subsequent orange revolution, Ukraine’s political scene has been characterised by political infighting between president, government and parliament. In February this year, Yanukovych – the defeated candidate in the 2004 presidential election – made a spectacular comeback, narrowly beating then prime minister, Yulia Tymoshenko, for the presidency. Soon after, his forces ousted the Tymoshenko government and today enjoy a virtual monopoly on power, controlling parliament, the cabinet of ministers and the presidency.

The new electoral changes do little to build the credibility of his administration. Since coming to power, Yanukovych’s administration stands accused of some decidedly undemocratic actions. These include bending constitutional procedures in order to form a government, railroading the budget through parliament without proper due process and curbing fundamental rights, such as the right to assembly and media freedom.

Also of concern is an apparent disregard for Ukraine’s constitution. This was highlighted by the signing into law of a 25-year extension to the lease of the Russian Black Sea fleet’s naval base in Sevastopol in contravention of the constitution, which bans any foreign bases on Ukrainian territory.

To be fair, Yanukovich has managed to instil a degree of stability, agree a $15.5bn financial injection from the IMF and begun work on resolving the rights and status of some 300,000 dispossessed Crimean Tatars deported during the Soviet era, which is commendable.

But if Ukraine still harbours aspirations to join Europe’s top table, it must demonstrate that it is worthy. A potential springboard to EU membership will be the conclusion of an association agreement with the EU, which includes a free-trade agreement and the possibility of visa-free travel with the 27-member nation bloc. Yet the new election law can only be described as an affront to European norms of democracy and represents the sort of electoral meddling that is inconsistent with a country aspiring to EU membership.

The international community needs to find its voice. The west already has sufficient reason to care. Ukraine is a country of 46 million people; a nation that controls the flow of gas to millions of EU households. It remains one of the world’s largest exporters of grain – the leading barley exporter and sixth largest of wheat – at a time when the global market is in turmoil. A stable, democratic Ukraine is in everyone’s best interests.

¿Cuál es el derecho más importante de un ciudadano?». Quedé perplejo cuando vi la pregunta en un borrador del interrogatorio que tiene que rellenar un inmigrante que pretende ser ciudadano de Estados Unidos. Lógicamente,el más fundamental de todos es el derecho a la vida, pero en este caso se trata de un derecho humano más que de uno de ciudadanía. Tal vez la respuesta correcta sería el derecho a trabajar,o el derecho a ser juzgado honradamente en caso de un presunto delito, o el derecho ala libertad de pensamiento y de expresión. Tratándose de EEUU, hasta podía ser algo culturalmente singular, como aquel famoso derecho a llevar armas concedido por la Constitución.

Terminé confesando que no sabía cómo contestar. La respuesta correcta, según los oficiales de la Agencia Nacional de Inmigración y Ciudadanía es «el derecho a votar». Nunca se me hubiera ocurrido tal cosa. El hecho cada no sé cuántos años de dejar unas señales en un trozo de papel o de cartón, sin influir en absoluto en la elección de un Gobierno –que depende como sabe todo el mundo, del rumbo general de las tendencias del público y no de la voluntad individual de tal o cual votante– ni en el resto del proceso político ni en el mando de país, es un derecho totalmente desdeñable.

Que se le atribuya valor tiene que ser un truco por parte de la clase política, burlándose de los demás para convencerles de que sus votos cuentan para algo. En EEUU, las elecciones presidenciales son una farsa, que ya han abandonado millones de votantes. Sólo hay dos partidos a los que el sistema permite ganar escaños o nombrar al jefe del Estado, y para ello tienen que gastarse ingentes sumas económicas. Además, las dos formaciones son clavadas, casi indistinguibles. Como dijo Gore Vidal, «los estadounidenses tenemos dos partidos: uno conservador, otro reaccionario».

En el Reino Unido, donde yo tengo ese famoso derecho de votar, la situación, como acabamos de ver en las elecciones legislativas del 6 de mayo, el sistema es aún más irracional –un insulto, desde luego, a quien se molesta en depositar su voto–. Hay muchos partidos, pero la técnica electoral sólo permite que tres de ellos logren escaños en Inglaterra, con algunas pocas circunscripciones que quedan accesibles a los partidos nacionalistas o regionalistas en Escocia, Gales, e Irlanda del Norte. De los tres partidos privilegiados, el Laborista es el más favorecido ya que consigue ganar más escaños con menos votos que los demás. Por tanto, los laboristas pueden perder el voto popular y seguir ejerciendo el mando supremo, como ya ocurrió en las elecciones de 1974. Abstenerse de un sistema tan ridículo y tan injusto me parece racional, honrado y necesario. Así que yo tengo el valor de no votar. Voto –puesto que se trata de una abstención consciente y ejemplar, y no de una mera falta de responsabilidad cívica ni exceso de holgazanería– por no votar.

Siendo aún estudiante, en la Universidad de Oxford yo pertenecía a un club de debates que permitía y contabilizaba no sólo los votos a favor o en contra, sino también las abstenciones absolutas, las abstenciones positivas y las abstenciones negativas. No había quien entendiese la diferencia, pero, por el capricho comprensiblemente estudiantil, las abstenciones negativas ganaban siempre. Yo solía integrar las abstenciones positivas.

Tengo que confesar que una vez, hace más de 30 años, acudí a las urnas. Me lo exigió mi mujer. Vivíamos en una circunscripción de una zona muy burguesa del sur de Inglaterra, donde casi todo el mundo era conservador y no existía ninguna posibilidad de que ganase otro candidato. Además, los sondeos nacionales eran bastante claros. Los conservadores, bajo el Gobierno de Thatcher, iban a arrasar con una mayoría inmensa, tras cinco años de laborismo flojo e ineficaz ante una serie de huelgas destructoras e injustificables. El público se había cansado y demandaba que cambiasen las cosas. Entonces, «¿cómo quieres que yo pierda el tiempo en ir a votar?», pregunté a mi mujer. Me contestó con argumentos clásicos como que participar en el proceso político era la obligación de un demócrata; que sería un caso de arrogancia imperdonable desdeñar un sistema que presumía de colocarme al mismo nivel de mis 45 millones de conciudadanos; o que Margaret Thatcher tenía la oportunidad histórica de convertirse en la primera mujer que ocupara Downing Street y que había que apoyarla, porque los conservadores iban «a salvar el país». Pensé en discutir con mi mujer, pero, como estábamos recién casados, me pareció mejor callarme y cumplir.

Cuando llegamos al colegio electoral –una casucha poco sólida al lado de la escuela infantil de la comarca– vi que entre los candidatos había una persona a quien conocía por sus obras: el astrónomo Patrick Moore, tipo genial, uno de esos excéntricos ingleses que enriquecen la vida por su sentido de humor irónico y su caballería anticuada. No me gustaban sus ideas políticas, que eran bastante derechistas, pero le voté a él por rechazo al sistema. Cuando salimos, mi mujer me miró con una cara de gran desconfianza. «¿Votaste al candidato conservador, verdad?», me preguntó. «Por supuesto, darling», le contesté, atrapado entre la timidez y vergüenza. Si mi mujer lee esta crónica, sufriré las consecuencias de aquella lejana y modesta traición.

Varios años después sentí la tentación de volver a votar porque, entre los folletos lustrosos de lujo y a todo color que llegaron a nuestro buzón, había uno que me pareció honradamente modesto, de aspecto poco profesional, en papel reciclado, con una sola foto en blanco y negro. Pero el candidato era del Partido Marxista y no me sentía capaz, bajo mi fe de historiador, de apostar por el marxismo.

Ahora en Inglaterra, tras la victoria del Partido Conservador sin mayoría absoluta que ha tenido como consecuencia la formación del primer Gobierno de coalición en varias décadas, la reforma electoral parece –junto a los problemas de una economía cada vez más parecida a la de Grecia– el asunto más urgente que deben abordar los políticos.

A pesar de sus imbecilidades, hay que reconocer que el antiguo sistema inglés tiene su encanto, por ser un vestigio de un pasado dorado anterior al momento en el que los partidos conquistaron su dominio absoluto de la vida política.

Como muchas otras peculiaridades de la tradición británica, el padrón electoral es una de las consecuencias más o menos benignas de la gran ventaja histórica de no haber sufrido revoluciones violentas ni guerras civiles en los siglos XIX y XX. Su propuesta subyacente es que cada votante elija, por simpatía y conocimiento íntimo, a una persona concreta, y no a un partido. En cada circunscripción, la persona que consigue la mayoría simple de los votos sería el diputado elegido, y trabajaría imparcialmente por el bien de todos los habitantes de su circunscripción. Desgraciadamente, la época dorada se acabó ya hace bastante tiempo y nos hace falta un sistema ajustado a la política moderna –tal vez un sistema parecido al modelo español–, reflejando el número de votos de cada uno de los partidos nacionales, pero respetando la necesidad de incluir con ciertas limitaciones a los nacionalistas o a los extremistas, y de posibilitar, por lo menos, a un Gobierno fuerte con mayoría absoluta en el Parlamento. La mejor solución sería mantener el principio de elección de representantes por mayorías simples, pero logrando que todas las circunscripciones sean uniformes. Así se evitaría el escándalo del sistema vigente, del cual resulta que un votante en Escocia tenga más peso electoral que su homólogo en Londres o Birmingham.

Por supuesto, la eficacia del sistema que calificamos de democracia depende de que algunos votantes, por lo menos, acudan a las urnas, pues en el caso de que nos abstuviésemos todos, los políticos no se sentirían obligados de solicitar el apoyo del público ni de seguir estrategias que reflejen la opinión popular. Pero ese mérito me parece poco, ya que los políticos no suelen cumplir con las promesas que esparcen a la hora de las elecciones. Y la opinión pública es, por regla general, equivocada o inmoral, adicta al egotismo, a las soluciones a corto plazo y a la política de prodigalidad.

Hay quien dice –a diferencia de la Agencia Nacional estadounidense de Inmigración y Ciudadanía– que votar no es un derecho, sino una obligación del ciudadano. En Australia y Nueva Zelanda, que son países ejemplares por su tradición democrática, votar es obligatorio, aunque las multas para quien no cumple son modestas y siempre le queda al votante la opción de estropear su papeleta de voto o de dejarla en blanco. Empero, si existiera tal obligación legal en Inglaterra, yo no estaría dispuesto a cumplirla. Aunque rechazo el derecho a votar, el derecho a no votar me parece precioso, y la mayor garantía de que, tarde o temprano, cambiaremos el sistema por algo mejor.

Creo que merecen desmontarse cuidadosamente las razones mediante las que José Ignacio Wert sale en defensa del sistema electoral en su artículo en estas páginas del pasado 20 de abril. Sus argumentos configuran lo que podemos denominar la “defensa oficial” del sistema, una defensa que, rutinaria e invariable, se reitera a modo de mantra desde hace más de 30 años. Conviene revelar su inconsistencia, porque aquí nos jugamos mucho.

Empezaré aclarando que, aunque el señor Wert utilice una expresión un tanto extraña en este contexto, la de “equidad”, entiendo que lo que quiere decir es “igualdad”, pues “igualdad” es, en efecto, el término que utilizaba Rosa Díez en su artículo inicial, el que abrió el debate y al que Wert responde. Admitido esto, podemos ir directamente al asunto. Es rotundamente falsa la tesis que constituye el eje de la defensa oficial del sistema y que Wert recoge así: “La equidad (léase “la igualdad”) no es ni puede ser la única dimensión a atender a la hora de evaluar una Ley Electoral”. No, vamos a ver.

La igualdad de voto no es una dimensión del sistema electoral, tal y como lo son, por ejemplo, la gobernabilidad, la proporcionalidad, la capacidad de generar coaliciones, etcétera. La igualdad de voto no es una característica, es un requisito sine qua non para que una ley electoral sea considerada democrática. No hay ni una sola teoría de la democracia, ni una, que no la garantice ni la considere imprescindible. Ni siquiera llega a tanto el liberalismo de Schumpeter, que de entre los diferentes relatos filosóficos que justifican la democracia -el liberal, el republicano, el deliberativo, el participativo, etcétera- pasa por ser el menos exigente desde un punto de vista normativo. La igualdad de voto no se pone en duda: si el voto no es igual, la elección no es democrática. Punto.

Pero hay sistemas electorales, se alegará, que no suponen un voto igual y que se encuentran plenamente justificados. En efecto, los hay. Pero solo en dos tipos de situaciones específicas. Y ninguna puede alegarse para nuestro sistema.

La primera situación es la “federal”. Muchos Parlamentos no reflejan la voluntad de un único “pueblo”, sino de muchos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo. O cámaras territoriales como el Senado de Estados Unidos o el Bundesrat alemán. Ahí no están representados los ciudadanos, sino ciertas entidades territoriales (que para abreviar he denominado “pueblos”, pero que pueden ser regiones, comunidades, etcétera). En estos contextos federales el voto de los ciudadanos no tiene por qué ser igual.

¿Puede justificarse el voto desigual en España atendiendo a esta circunstancia? Sí, pero no dos veces. Sí en el Senado, la cámara territorial; no en el Congreso, la cámara ciudadana. Por eso la Constitución no recoge el voto igual para el Senado, pero sí lo hace -aunque de manera meramente ornamental, visto lo visto- para el Congreso.

También en ciertas circunstancias extraordinarias -una guerra, una catástrofe natural, la salida de una dictadura- está justificada la cancelación de los derechos fundamentales (y la igualdad de voto lo es). Ahora bien, tal cancelación habrá de ser siempre transitoria, teniendo como único objetivo mantener el orden para, precisamente, garantizar los derechos fundamentales en cuanto hayan prescrito las circunstancias excepcionales. ¿Puede invocarse algo así hoy en España? Por supuesto que no.

Y, sin embargo, eso es lo que contra toda evidencia alega la defensa oficial. Escuchemos a Wert: hay que sacrificar la igualdad para favorecer la eficacia. ¿Y en qué consiste exactamente esa “eficacia” para la que se pide en sacrificio nada menos que la igualdad de voto?

No es, por descontado, una cuestión de vida o muerte, un último recurso desesperado para salvar un sistema que sin tal remedio naufragaría. Una situación excepcional así pudo darse en las dos primeras citas electorales, en las que la UCD fue la gran beneficiada por el sistema electoral. Entonces podía considerarse justificado, desde un punto de vista prudencial, sobrerrepresentar a UCD para que los nostálgicos de la dictadura no acabaran con la aventura democrática. Fue una manera de calmar a la bestia franquista, y sin duda mereció la pena. Pero, ¿qué significa “eficacia” en 2010?

No se engañen: significa tan sólo “comodidad” para el PP o para el PSOE. Wert lo deja bien claro: la define como la mayor o menor “posibilidad de Gobiernos mayoritarios o cuasi mayoritarios de cualquiera de los dos partidos centrales”. Es sencillamente escandaloso afirmar que la igualdad de voto haya de sacrificarse en aras de tal eficacia. Y lo es por partida triple.

En primer lugar, es un argumento antidemocrático. La igualdad se puede rescindir para salvar al sistema transitoriamente… no para hacer más fácil su gobierno. Prueben, si no, a proponer en la próxima junta de vecinos que los del tercer y cuarto piso tengan menos poder de voto porque así se facilita el gobierno de la escalera. ¿No suena bien, verdad? Pues eso es lo que defienden el señor Wert y otros paladines del sistema actual. Cuando Rosa Díez alega que no puede ser que 500.000 españoles que votan a un partido obtengan un escaño mientras que 500.000 que votan a otro consiguen 10, lo único que responden Wert y los suyos es que así se “facilita la formación de Gobiernos estables”. Y no permitiendo votar a los del quinto derecha también, desde luego. Desprovisto de ropajes técnicos y eruditos, el argumento resulta tan grotesco que cuesta encajarlo.

En segundo lugar, se trata de una tesis manifiestamente errónea desde un punto de vista empírico. Hace ya mucho tiempo que la ciencia política descartó la idea de que los Gobiernos monocolor sean “más eficaces” que los de coalición. No sólo no hay evidencia empírica, es que en todo caso tal evidencia apuntaría lo contrario. De los 10 países más desarrollados del mundo según la ONU, sólo dos tienen habitualmente un Gobierno monocolor. Wert vende que los Gobiernos monocolor son más “eficaces”. No sólo respondo que es rotundamente falso, sobre todo le pido que, si de verás lo cree así, haga todo lo posible para que un partido gane por mayoría las elecciones… menos manipular la igualdad de voto. En Estados Unidos, por ejemplo, no lo hacen: sería jugar sucio.

Y, por último y en tercer lugar, aunque la tesis fuera empíricamente cierta y moralmente democrática -y no es ni una cosa ni la otra- es que, en el colmo del absurdo, aquí y ahora no se cumple. No sé en qué país vive Wert, pero en el mío cada dos por tres al PP o al PSOE los tienen que sustentar otros partidos pequeños para poder gobernar. ¿De veras conviene violar la igualdad de voto en aras de esta “eficacia”? La respuesta sería “no” aunque el remedio funcionara, pero, hombre, es que si ni siquiera lo hace.

Es ya una traición y un fracaso democrático pensar en términos de posibles resultados electorales y no de garantías ciudadanas reales, pero: ¿qué panorama terrible y desolador se adivina con un sistema proporcional de circunscripción única y voto igual? Probablemente uno en el que IU y UPyD tienen más presencia y el PP y el PSOE pueden pactar con ellos o con los nacionalistas periféricos, a su gusto. ¿Es algo ingobernable, ineficaz, inestable? No, claro. Es bastante parecido a lo que hay, y, de hecho, una inmensa mayoría lo consideraría preferible. Únicamente a los intereses puramente partidistas del PP y del PSOE les resultaría “ineficaz”, porque la presencia de IU y UPyD lo sería a su costa y, por tanto, perderían escaños y porción del pastel. El acabose, sin duda.

Pero, sobre todo, es que el espíritu que anima casi todo el párrafo anterior supone de por sí una derrota de la democracia: da igual qué partidos ganen, lo que importa es que los ciudadanos posean intactos sus derechos de participación política. Por eso, la esencia del ideal democrático palpita sólo en la primera frase de tal párrafo, y no en el resto. Si no lo tenemos claro, ya hemos perdido la batalla. Que no les despisten.

Si el trasfondo, según el Diccionario de la RAE, es «lo que está o parece estar más allá del fondo visible de una cosa, o detrás de una situación», la presente crisis -presentada como económica o financiera- tiene un trasfondo político, que no es el mismo en los distintos países afectados por ella. Si nos fijamos en la que padecemos los españoles, advertimos que en su trasfondo hay unos partidos políticos ineficaces, fruto en parte de una mala legislación electoral, en un clima de corrupción que nos agobia.

Se censura a los dirigentes políticos, tanto si forman parte del Gobierno como si están en la oposición, por no hacer más de lo que hacen. Se les critican ciertos silencios o determinadas posturas equívocas, pero no se tienen en cuenta sus posibilidades reales de actuación. El actual sistema de partidos condiciona mucho a todos. Y en la coyuntura actual, hay que reflexionar por si fuera posible reformarlo y mejorarlo.

He apuntado antes que la ley electoral es la causa de algunos de nuestros males. Veamos. El sistema electoral establecido por el Real Decreto-ley de 18 de marzo de 1977 no satisfacía plenamente las aspiraciones democráticas. La fórmula de las listas cerradas y bloqueadas genera una representación política despersonalizada: los ciudadanos no se pronuncian a favor de seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, a los que conocen y en los que confían, sino que la relación de nombres -muchos de ellos distantes y desconocidos- va envuelta en las siglas de un partido; la elección es, en esencia, un acto de apoyo a la correspondiente formación política. El peso específico de los candidatos influye poco en la decisión.

En La Vanguardia expuse mis reservas, en aquellos días lejanos de marzo de 1977, al sistema del Decreto-ley. El Gobierno de entonces alegó que era una solución provisional, ideada para encauzar las grandes corrientes de opinión y dejar fuera del reparto de los escaños parlamentarios a los numerosos grupúsculos que amenazaban con hacer ingobernable la futura democracia. Sin embargo, lo provisional se ha convertido en permanente, en virtud de sucesivas decisiones políticas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 19 de junio de 1985, ha consagrado las maléficas listas cerradas y bloqueadas. Lo que se presentó como un padecimiento inevitable limitado en el tiempo es ahora una enfermedad crónica que afecta a la salud de la democracia española.

A lo largo de estos años, se ha diagnosticado con insistencia la causa de la grave dolencia. Han sido voces que claman en el desierto, pues los que dominan los diferentes partidos están encantados con la tarea de confeccionar las listas.

Las listas cerradas y bloqueadas, además de despersonalizar la representación, favorecen el descenso del nivel de los elegidos. Los partidos no han de contar con candidatos de prestigio y arraigo en los distritos, pues con una relación de mediocres se obtienen los mismos votos que si los aspirantes son personas notables. Las listas abiertas, con las diferentes recetas del voto preferencial, mejoran algo la calidad de los elegidos, aunque la experiencia extranjera enseña que son muy pocos los ciudadanos que alternan la oferta de los partidos. Yo considero preferible, dentro de los sistemas proporcionales (exigencia de la Constitución, que debe respetarse por ahora), el vigente en la República Federal de Alemania. Allí, la mitad de los componentes del Bundestag cumplen los requisitos mínimos de conocimiento por parte de los electores, se consigue con ellos una representación personalizada, mientras que la otra mitad de los diputados entran en la Cámara gracias a la bendición del aparato partidista.

La ley alemana tiene interés porque facilita la realización de la exigencia de una representación política personalizada sin que los partidos dejen de ser los agentes destacados. Al ciudadano se le conceden dos votos: con uno se pronuncia entre las listas presentadas por los partidos en circunscripciones relativamente extensas, como serían en nuestro caso las provincias; con el segundo voto, se elige a uno de los candidatos de distrito, o sea en espacios territoriales menores dentro de la provincia que seguiría siendo la circunscripción electoral (art. 68.2 CE). La proporcionalidad se garantiza en el reparto global de los restos. La mitad de la Asamblea se forma con diputados de distrito, que obtuvieron el escaño gracias a la conjunción venturosa de la presencia personal del candidato y un vehículo partidista poderoso; y la otra mitad la integran los diputados de toda la circunscripción, aupados al escaño por la fuerza del partido que los puso en sus listas.

Mi predilección por el régimen electoral alemán se debe, por último, a la exactitud casi matemática que allí se consigue entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños parlamentarios. No se producen las desfiguraciones de la voluntad popular que padecemos en España.

Los dirigentes de los grandes partidos se encuentran aquí condicionados porque les faltan unos votos para hacer esto (que es importante) u oponerse a aquello otro (que también es importante). El panorama político resulta desolador. Unas minorías, con representación sólo en determinadas zonas de España, imponen sus decisiones, sea al Gobierno, sea a la oposición. Es muy fácil denunciar la inoperancia de un determinado personaje de la escena pública. Tampoco hay que hacer un gran esfuerzo para censurar la falta de medidas para afrontar y resolver la crisis económica o financiera. Menos usual, en cambio, es descubrir el trasfondo político que hay más allá de la situación. Y sin conseguir una mejora de la articulación del régimen, la convivencia entre nosotros se convierte en democráticamente insatisfactoria.

Hoy he considerado sólo una parte del trasfondo. El clima de corrupción es tan agobiante que impide el caminar de quienes desearían hacerlo correcta y honradamente. Como advirtiera Dante Alighieri, allá por los comienzos del siglo XIV: «Tú ves que el mundo es mezquino porque está mal gobernado, pero no te fijas en que la condición de los hombres esté corrompida».

Un reciente artículo en estas páginas de Rosa Díez (Lo que les une, 29 de marzo) plantea vigorosamente la necesidad de una reforma profunda del sistema electoral vigente en España, aquejado, según su criterio, de una profunda inequidad en beneficio de los dos grandes partidos y perjuicio de las minorías nacionales.

Esgrime con habilidad la dirigente de UPyD algunos ejemplos muy gráficos de la desigualdad del “poder” del voto en España e invoca, con no menor habilidad y algo de parcialidad, el Informe del Consejo de Estado de 24 de febrero de 2009 sobre reforma de la legislación electoral, para concluir -con cierto tremendismo- que la actitud de PSOE y PP de “taponar” una reforma profunda del sistema electoral vulnera la libertad individual y la igualdad jurídica de los ciudadanos. Según Rosa Díez, sólo les une el “interés”, lo que para ella es “vergonzoso”.

Que a partidos archirrivales les una el interés en una cuestión como ésta es, más que vergonzoso, inevitable. Sería inimaginable que un sistema electoral que ha superado los 30 años de vida no respondiera al interés compartido de los dos principales partidos. No se trata pues tanto de eso cuanto de examinar críticamente si ese interés que les une es compatible con el de los ciudadanos y con los derechos de los restantes actores políticos. Esto es lo que quiero discutir en abierta discrepancia con las tesis que tanto Rosa Díez como otros muchos partidarios de una reforma a fondo del sistema electoral propugnan.

El argumento central de Rosa Díez se refiere a la equidad, o, más bien, a la falta de ella en el reparto de poder que otorgan los votos. El tamaño de los distritos y la asignación de un mínimo de representación (dos escaños) a todas las provincias dan lugar, en efecto, a llamativas diferencias de coste entre escaños muy “baratos” (el PSOE obtiene el segundo escaño de Teruel con un cociente electoral de 19.308 votos) y otros prohibitivamente “caros” (el único escaño de IU por Madrid le “cuesta” 164.565 votos). Este es sin duda el aspecto más decisivo del sistema electoral en términos de inequidad, y en el fondo aquel del que derivan otras dimensiones, por ejemplo, el hecho de la mayor penalización que sufren los partidos minoritarios nacionales sobre los que obtienen sus votos en una comunidad específica. Así, resulta que el “coste medio” en votos de cada escaño más bajo no es el del PSOE o el del PP (idénticos entre sí, cerca de 67.000 votos), sino el del PNV, al que cada escaño le ha “costado” poco más de 50.000 votos, que suponen poco más de una décima parte del coste medio soportado por IU.

La cuestión es que la equidad no es ni puede ser la única dimensión a atender a la hora de evaluar una Ley Electoral. Porque de lo que se trata es de un delicado trade-off entre equidad (que los votos se conviertan en representación parlamentaria de una forma justa, que “valgan” por igual) y eficacia (que los Parlamentos elegidos sean capaces de producir gobiernos viables y estables). Y si en la primera dimensión el sistema español puede suscitar alguna opinión crítica, es difícil negar que en la segunda ha funcionado casi como un reloj.

Así, desde 1977, ha habido 10 elecciones generales. Tras todas ellas el partido ganador ha podido formar gobierno, pese a que en la mayoría de ellas no ha habido mayorías absolutas. Esos gobiernos -no sólo los mayoritarios, sino también los minoritarios- han sido estables y han podido acabar sus mandatos, salvo en 1982, por la descomposición de UCD, y en 1996, por la combinación de crisis económica y política del final del felipismo. Pero, aun más notable, se ha conseguido esa estabilidad gubernamental sin que siquiera los gobiernos minoritarios hayan formado coaliciones, sino con apoyos externos puntuales o estables en el Parlamento. Y, por supuesto, el sistema ha demostrado que canaliza perfectamente la alternancia.

Pasemos pues a la otra dimensión, la de la equidad. Evidentemente, el sistema no es perfecto. Ninguno lo es. Democracias modélicas, como la británica o la francesa lo son mucho menos. En el Reino Unido, el Partido Laborista disfruta de una cómoda mayoría parlamentaria (55% de los escaños en los Comunes) con el 35% de los votos. En Francia, la UMP con el 39% de los votos tiene el 54% de los escaños de la Asamblea Nacional. Frente a primas tan abultadas al ganador, hay que considerar que las que reciben tanto el PSOE como el PP (menos del 5%) son bastante modestas.

Vayamos a donde proponen los partidarios de la “reforma equitativa”. Imaginemos por un momento que no hay ningún obstáculo constitucional a establecer una proporcionalidad perfecta entre votos y escaños y que eliminamos el umbral mínimo de votos para obtener representación. En ese caso, la fórmula impecable es la que asigna los escaños dividiendo el total de votos a candidaturas entre el número total de asientos y dando a cada partido tantos escaños cuantos resulten de dividir sus votos por ese cociente electoral. La hemos aplicado a los resultados de 2008, suponiendo el número actual de escaños y una circunscripción nacional única, y los resultados virtuales obtenidos desmienten buena parte de los prejuicios que al respecto existen.

Primero: ningún partido hoy ausente del Congreso entraría en él con la proporcionalidad perfecta. Sucedería justamente lo contrario: saldría uno, concretamente Na-Bai, cuyos votos quedarían por debajo del cociente electoral que da derecho a un escaño. Es decir, el sistema electoral no excluye la presencia en el Parlamento de ninguna fuerza que en aplicación de reglas de equidad absolutas debiera estar en él, e incluso admite a alguna que no lo estaría. No parece un tema menor a la hora de evaluar la equidad empírica de un sistema electoral.

Segundo: el reparto de los escaños de acuerdo a esa hipotética fórmula de proporcionalidad perfecta otorgaría 8 menos tanto al PSOE como al PP, restaría 2 escaños al PNV y el único que tiene a Na-Bai. Por el contrario, haría ganar 1 escaño a CiU, ERC y CC, 4 escaños ganaría UPyD y 12 escaños más engrosarían la representación parlamentaria de IU. Ergo, el sistema es neutral en el intercambio entre los dos partidos centrales del sistema, y no beneficia globalmente a las minorías nacionalistas, cuya representación agregada sería exactamente la misma con un sistema de proporcionalidad perfecta.

El único intercambio significativo tiene lugar entre las dos principales formaciones del sistema y las otras dos fuerzas parlamentarias de ámbito nacional, a las que los dos partidos centrales cederían íntegra su modesta prima de representación.

Así pues, con esa hipotética reforma equitativa no se gana pluralismo de representación y sólo se gana algo de equidad en los márgenes del sistema, reforzando significativamente la representación de partidos minoritarios (3,8 y 1,2% a nivel nacional, respectivamente, de IU y UPyD).

¿Qué sucede con la eficacia? En la medida en que se complica la posibilidad de gobiernos mayoritarios o cuasi mayoritarios de cualquiera de los dos partidos centrales, sin duda hay una potencial pérdida de eficacia del sistema para facilitar la formación de gobiernos estables.

¿Compensa esa pérdida de eficacia lo que se ganaría en equidad? Es, como mínimo, opinable. Hablamos de partidos con una cuota electoral muy inferior a la que en buen número de democracias permiten obtener representación en el Parlamento. Partidos a los que el sistema “castiga”, ciertamente, pero por su marginalidad electoral y su difuso apoyo territorial, no por sus ideas. Recordemos que con este mismo sistema electoral, IU ha llegado a tener 21 diputados con poco más del 10% de los votos.

La fuente de la relativa inequidad no es la prima a los grandes y el castigo a los pequeños (eso es la consecuencia) sino el mandato constitucional que hace de la provincia el distrito electoral. ¿Vale la pena cambiarlo? Bastantes querellas interterritoriales tenemos ya como para inventarnos una nueva. Y, encima, al hacerlo, dificultar más la formación de gobiernos estables, uno de los rasgos más positivos de nuestro sistema político gracias, entre otras cosas, al sistema electoral.

El Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo aprobó una importante propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General tendente a evitar que la ilegalizada Batasuna pudiera concurrir a las próximas elecciones, valiéndose de algunas lagunas y deficiencias de la legislación vigente.

El contenido de la reforma propuesta debe ser valorado, por tanto, partiendo de un análisis previo de cuáles son los problemas que la normativa vigente no ha podido resolver con éxito. Básicamente estos se reducen a dos, la imposibilidad de recurrir una candidatura una vez iniciada la campaña electoral, y la dificultad de privar de su acta al electo en una candidatura de un partido declarado ilegal con posterioridad a la elección.

En relación con el primero de ellos, debemos recordar que la Ley Orgánica de Partidos Políticos introdujo en su día dos modificaciones en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Al artículo 44 fue añadido un apartado cuarto, según el cual “no podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido”. Por su parte, para hacer efectiva esa prohibición, el artículo 49. 5 estableció la legitimación del Gobierno y del Ministerio Fiscal para interponer recurso contra la proclamación de tales candidaturas ante la Sala Especial del Tribunal Supremo.

Ahora bien, la experiencia derivada de los ocho años de vigencia de la ley ha puesto de manifiesto que esas previsiones resultaban claramente insuficientes para el logro de sus objetivos. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque al referirse exclusivamente a agrupaciones de electores, la ley no preveía expresamente la posibilidad de que Gobierno y Fiscalía plantearan recurso contra candidaturas de partidos o coaliciones que continuaran la actividad de un partido ilegalizado; y, en segundo lugar, porque el plazo de dos días para interponer el recurso impedía impugnar aquellas candidaturas cuyo carácter fraudulento se hubiera desvelado con posterioridad a los dos días de su presentación.

Los tribunales (Supremo y Constitucional) resolvieron el primer problema mediante una interpretación analógica de la ley que permitió también en esos casos la interposición del recurso contencioso-electoral; ahora bien, el problema derivado de la perentoriedad del plazo persistía.

En este sentido, la propuesta de reforma acordada por el Consejo de Ministros tiene por objeto afrontar conjuntamente ambos aspectos. Por un lado, se tra

-ta de incluir expresamente la posibilidad de recurrir candidaturas presentadas por un partido, federación o coalición, además de las presentadas por agrupaciones electorales; y, por otro, de ampliar el plazo para la interposición del recurso hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria electoral (esto es, hasta ocho días antes de la votación), así como ampliar a tres días el plazo del Tribunal Constitucional para resolver los eventuales recursos. La ampliación de los plazos es una medida que refuerza las garantías de todas las partes implicadas en el proceso.

Obsérvese que, con esta reforma, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) no hubiera concurrido a las elecciones autonómicas de 2005. EL PCTV fue declarado sucesor de Batasuna durante la campaña electoral y con la ley vigente, expirado el plazo, sus candidaturas no pudieron ser recurridas.

Ahora bien, la principal novedad de la reforma propuesta radica en la fórmula prevista para evitar que el representante elegido en una candidatura de un partido declarado ilegal o sucesor o continuador de la actividad de uno ilegalizado, continúe ejerciendo su mandato. Este era el desafío fundamental que la praxis política planteaba al legislador.

En este sentido, la propuesta de reforma resuelve el problema mediante un expediente constitucionalmente impecable. Porque no se olvide que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el acta es de la persona y no del partido. Por esta razón tenían difícil encaje constitucional aquellas pretensiones de privar de su cargo a todos los elegidos en candidaturas de partidos posteriormente ilegalizados, sin una previsión legal expresa, con la sola cobertura de la sentencia de ilegalización.

La propuesta acordada por el Gobierno consiste en incluir en todos los preceptos relativos a las causas de incompatibilidad (6, 155, 178, 182, 203, 209 y 211) un nuevo supuesto consistente precisamente en el mantenimiento de la vinculación del electo con el proyecto criminal que fundamenta la ilegalización de una determinada formación política: “Serán incompatibles las personas electas en candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones, declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme. La incompatibilidad será firme salvo que el electo formule una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo de las causas por las que ha sido ilegalizado su partido”.

Con ello, por un lado, se introduce una previsión legal expresa para privar de su cargo al representante, y por otro, esa previsión no consiste en un automatismo, sino en un supuesto de “incompatibilidad sobrevenida” que deja en manos del electo la opción de conservar o no el acta. De esta forma, la ilegalización del partido no conlleva la pérdida automática del cargo, lo que, como hemos dicho, podría contradecir la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza, significado y alcance del mandato representativo. Ahora bien, la ilegalización del partido exige que si el electo desea conservar su acta, manifieste de forma clara su desvinculación de un proyecto que por su carácter violento y antidemocrático fue declarado ilegal.

Los trabajos de la subcomisión del Congreso encargada de la reforma electoral concluyen el día 12 de abril, por lo que el Gobierno no podía demorar más la aprobación de una propuesta. Y ello con independencia de que ésta pueda interpretarse también como una contundente respuesta a los desvaríos de un antiguo ministro del Interior. Se trata de una propuesta que por todo lo expuesto consideramos oportuna, necesaria y garantista.

El Gobierno cuenta ahora, además, con el aval de Estrasburgo para perfeccionar una legislación a la que se debe en buena medida la situación terminal que vive ETA.

El día 23 de febrero defendí en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que impulse urgentemente la reforma de la Ley Electoral. Lo hice a la vista de que nuestra iniciativa legislativa duerme el sueño de los justos desde abril de 2008 en la Comisión Constitucional. Únicamente Izquierda Unida (IU) me apoyó. El resto de grupos parlamentarios votó en contra y afeó mi conducta: “Cómo se atreve usted a traer aquí este tema que ya estamos analizando en la subcomisión… Esto es una burla al Parlamento…”. Conclusión de su trabajo: carpetazo a cualquier reforma que garantice más igualdad y más proporcionalidad.

No cabe duda de que el sistema electoral español, diseñado en plena transición política, cumplió con las necesidades del momento: promover un bipartidismo fuerte y evitar la excesiva atomización de fuerzas políticas en el Parlamento para facilitar los acuerdos y construir la democracia. Pero no puede consolidarse en el tiempo un sistema injusto y contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

El argumento principal para proponer una reforma urgente de la Ley Electoral es la defensa de la igualdad, consagrada y conectada en distintos artículos claves de nuestra Constitución: el 1.1 (igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico); 9.2 (participación de los ciudadanos en la vida política); 23.2 (acceso a los cargos públicos) y 68.1 (voto igual).

El sistema actual conculca dos derechos fundamentales: el derecho pasivo de todas las formaciones políticas a ser elegidas en igualdad de condiciones y el derecho activo de cada uno de los ciudadanos de elegir en igualdad de condiciones. Lo más intolerable en términos democráticos es que el voto de cada ciudadano tenga un valor diferente en función de la parte de España en la que viva y de la opción política que elija. Dicho de otra manera: lo que urge corregir es el hecho de que el voto de mi vecino, que vota PNV, valga seis veces más que el mío.

En el Pleno de 23 de febrero se me dijo (todos los grupos, salvo IU lo hicieron de forma descalificadora y algunos hasta grosera) que ya está creada una subcomisión para analizar todas estas cuestiones. Pero ya hemos visto cuál era el objetivo: cercenar todo tipo de avance hacia un sistema más justo y mantener el pacto de hierro entre el PSOE y el PP para que nada cambie y se consoliden los privilegios y la desigualdad.

Resulta muy interesante analizar el informe del Consejo de Estado y sus propuestas, tales como aumentar el número de diputados de 350 a 400; rebajar la representación mínima inicial de dos a un diputado o buscar una fórmula electoral más proporcional que la D’Hont (como la Hare, Droop, Sainte Lagüe…).

Pero es importante que nos fijemos en sus argumentos. El informe confirma un primer problema indiscutible: existen desigualdades en la distribución y atribución de escaños, lo que ataca directamente el principio constitucional de igualdad de voto o sufragio. Por eso, el Consejo plantea reducir el mínimo por circunscripción y elevar a 400 el número de diputados para buscar “un incremento de la calidad democrática del sistema político”.

El informe afirma también que el sistema actual produce “primas que obtienen los partidos más votados y penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando estos últimos cuentan con un electorado disperso”. O sea, prima a las dos grandes formaciones políticas de ámbito nacional y castiga al resto de partidos nacionales. Vean, si no, los números de las últimas elecciones generales: el Partido Socialista Obrero Español necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño; el Partido Popular necesitó 66.740 votos; Izquierda Unida, 484.973 y Unión Progreso y Democracia, 306.079. Más claro, agua.

Me interesa incidir en las reflexiones del Consejo de Estado en relación con la igualdad de voto. Dice así: “En principio, la igualdad de sufragio se contempló en los textos constitucionales para significar que cada elector tiene un solo voto. No obstante, la jurisprudencia alemana ha superado esta interpretación clásica de la igualdad de voto, afirmando que este principio impone tanto el igual valor numérico como el igual valor del resultado del sufragio: igual valor numérico significa que el número y la fuerza del voto de cada elector deben ser los mismos; igual valor de resultado supone que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtención de representación”. Es claro el ejemplo: mi vecino sólo vota una vez, pero su voto vale seis veces más que el mío; luego el principio de igualdad está claramente pervertido.

Sigue analizando el Consejo las peculiaridades del sistema proporcional en relación con el mayoritario en el que sólo son eficaces los votos emitidos a favor del candidato ganador. E insiste en que “en un sistema proporcional los votos deben tener, aparte de un idéntico valor numérico, un igual valor de resultado”, con los límites que se establezcan en razón de la racionalización y eficacia de gobiernos parlamentarios.

Quiero llamar la atención sobre el Código de Buenas Prácticas en materia electoral, aprobado en 2002 por la Comisión de Venecia, donde se distingue entre la igualdad en los derechos de voto y la igualdad del poder del voto. Es esta referencia la que le sirve al informe del Consejo para sostener que, si bien la igualdad de los derechos de voto no está amenazada salvo en las democracias emergentes, “la igualdad del poder del voto se ve puesta en cuestión en algunos países” (como en España) “mediante la aplicación de mecanismos tales como la asignación de un número fijo de representantes a cada una de ellas con independencia de su población y el establecimiento de una reducida composición de la Cámara, que determina un diferente peso del sufragio antes de ser emitido en función de la circunscripción en que se encuentre el elector”. O sea, que el voto “vale” diferente en función de la parte de España en que vivas, lo cual es un claro atentado al principio de igualdad.

El citado Código de Buenas Prácticas indica que la igualdad proporcional implica que los partidos deben ser tratados en función de su número de votos. Es por eso que el informe del Consejo insiste en que “el mayor o menor grado de proporcionalidad de un sistema electoral afecta a la igualdad de oportunidades de tales partidos, en cuanto verdaderos actores de la competición electoral…”. “En razón de estas consideraciones”, prosigue, “el análisis crítico de las desigualdades en la atribución de escaños no debe realizarse (sólo) desde la perspectiva del poder del voto de los electores, sino de la igualdad de oportunidades de las distintas candidaturas”.

Es indiscutible que el resultado práctico de la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) está produciendo claros ejemplos de desigualdades e injusticias en el valor del voto atribuido a cada ciudadano. Si nuestra Constitución proclama en su artículo 1.2 que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”, el sistema electoral ha de ser respetuoso con ese principio esencial de la democracia y no puede distorsionar la voluntad libremente manifestada por los ciudadanos en las urnas. La regeneración democrática exige una modificación y mejora democrática de nuestra ley electoral que se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales.

Resulta curioso confirmar cómo el PSOE y el PP -tan empeñados en explicitar ante sus votantes cuánto les diferencia- taponan esta reforma fundamental, origen y causa de desvertebración y desigualdad. Y es que en el fondo ambos se parecen tanto como una VISA a una Master Card: sólo aspiran a mantener su cuota de mercado; aunque para ello hayan de vulnerar la libertad individual y la igualdad jurídica de los ciudadanos. Eso es lo que les une: el interés. Tan vergonzoso como cierto.

La legislatura avanza entre trompicones y sobresaltos, enredada en asuntos diversos. Animados por la mejor intención, hay quienes despliegan una habilidad caliente para inventar problemas que llevan a cocinar desaguisados mayúsculos. A la vista de lo que ha ocurrido a día de hoy, no está mal la cosecha de año y medio de desvelos parlamentarios. Sin embargo, hay algo de lo que apenas se habla y, si se hace, es siempre en voz baja o en un imperceptible balbuceo.

Me refiero a ese objeto dormido, solitario, que vaga como un gorrioncillo perdido por los pasillos del edificio constitucional y que llamamos «reforma de la ley electoral». Han pasado muchos años desde que se diseñó el sistema actualmente vigente, por lo que el buen criterio impone revisarlo y ponerlo a punto agradeciéndole educadamente sus virtuosos servicios. Porque es un hecho que, tras las elecciones de 2008, fue tan clamoroso el dislate resultante del reparto de escaños (hubo dos partidos que, con el mismo número de votos, obtuvieron seis y un escaño respectivamente) que el propio Gobierno encargó al Consejo de Estado la elaboración de un dictamen que permitiera afrontar este problema de manera sólida y, al mismo tiempo, respetuosa del orden constitucional. Hace ya largo tiempo que este dictamen ha sido evacuado con la solvencia esperable, como hace ya largo tiempo que se encuentra constituida una Subcomisión parlamentaria a la que se encargó abordar este asunto.

Las noticias más benevolentes dicen que la tal Subcomisión duerme un sueño envuelto en espesura de silencios. Según me cuentan, a veces, una voz velada la requiere y, entonces, animosa, abre un ojo, se despereza, se yergue incluso, hasta que de nuevo alguna pócima, administrada por un malandrín o follón, la sepulta en su abismo. Y allí, a ese arcano, se lleva sus secretos, especialmente el que podría despertar a nuestra democracia.

Pues sépase que es la nuestra una democracia dormida y, como luego se verá, escoltada. Una democracia que, acunada por la nana de la derecha y la izquierda, parece haber encontrado postura en una siesta profunda, en una de aquellas siestas antiguas, de oración, pijama y orinal. Siesta peligrosa porque no es intervalo, la pausa imprescindible para tomar fuerzas, sino que tiene todas las trazas de convertirse en un descanso prolongado y pegajoso como légamo oscuro.

Buscar una fórmula para despabilar a la durmiente Subcomisión debería ser tarea urgente de los demócratas. Porque la democracia es un sistema delicado, frágil, que como tal exige cuidados y desvelos, la vigilia de sus seres queridos y cercanos. Para que no desfallezca, para que conserve su lozanía y no se agriete, ni quede a la intemperie, menos en las garras de sus enemigos. Porque no existe sistema alternativo que nos garantice una vida pacífica y de entendimiento mutuo, la democracia ha de estar provista de antenas sensibles que sepan captar aquello que en la sociedad -cuyos destinos rige- bulle y se mueve. La democracia, como ser vivo, ha de absorber los nutrientes que le permitan regenerar sin desmayo su cuerpo, abrillantarlo, tensar sus alas y, al tiempo, conjurar sus zozobras y acallar los gritos de muerte helada de sus demonios. La democracia necesita la mano audaz de la energía, la flauta de la imaginación, el bullicio en sus intimidades de la sangre hirviente de la virtud cívica.

Una democracia rígida, que no admite variaciones en su seno, se acaba convirtiendo en una democracia orgánica, yerta en sus eternidades y en la inalterabilidad de sus principios gloriosos e inamovibles. O en una de esas democracias tramposas que han instaurado donde han podido los comunistas, esos grandes secuestradores precisamente de la democracia y de las libertades a lo largo de todo el siglo XX.

La democracia no puede ser una estatua a contemplar, la piedra cincelada de una vez por todas por la mano del artista. Por el contrario, la democracia ha de saber alargar su cuello para ver las extensiones en las que cuaja el porvenir; ha de llevar en sus entretelas el gusto por la renovación de la vida en libertad. Debemos dejarnos acompañar por ella como la sombra que refleja el ansia implacable de justicia.

Si todo esto es así, es evidente que una democracia no puede caminar escoltada por dos gendarmes que, además, siempre son los mismos. Porque esto lleva a que el espectador se canse, se hastíe y le vuelva la espalda. La democracia es a veces comedia, a veces drama, siempre un poco de teatro. Y es tal condición la que obliga a renovar los decorados, el vestuario y los artistas. Para evitar el vacío de la sala mayormente.

Este peligro del vacío, es decir, de la abstención, se ha hecho visible en España en muchas ocasiones, a veces memorables, la más clamorosa de las cuales fue el referéndum del Estatuto de Cataluña, una necesidad angustiosa de un pueblo que él mismo ignoraba padecer. Y las sucesivas consultas electorales muestran en estos últimos años cómo el votante se retrae, se aleja de la urna al sentirse ajeno al sistema, desentendido de su suerte. Otra cosa es que en la valoración de los resultados se olviden esos miles y miles de votos en blanco que expresan la conciencia negra de la democracia, o no se cuente a quienes se quedaron en casa oyendo a Mozart o se fueron a tomar unas gambas a esa playa donde las brisas nos desvelan su magnífico enigma de fragancias.

En la República Federal Alemana se ha podido detectar este mismo fenómeno en las últimas elecciones legislativas celebradas el pasado mes de septiembre. Se han publicado allí varios libros que contienen una especie de juicio crítico al sistema democrático hecho por los médicos del cuerpo social. Uno de ellos hizo bastante ruido: su autor es un periodista vinculado a Der Spiegel llamado Gabor Steingart que ha llamado a la democracia alemana «la democracia robada» (Die gestohlene Demokratie, Piper, 2009). Este hombre propició una campaña bastante activa en favor del abstencionismo electoral que -como digo- desató una nada desdeñable polémica con participación de muchos ciudadanos en el debate (en parte estas voces se hallan recogidas en el mismo libro).

Hay en él un análisis demoledor de las formaciones políticas que se disputan los escaños en aquel país, como lo hay respecto del sistema electoral al que descalifica por propiciar la partitocracia, es decir, el predominio de unos partidos que no saben contraer su acción y su presencia a los ámbitos que la Constitución les acota, sino que se desparraman por todos los intersticios de la vida social, sofocándola y contaminándola con sus enredos y sectarismos.

Leyendo su alegato, fundado y con buena asistencia de argumentos históricos extraídos de la experiencia de Weimar, yo pensaba en qué diría este hombre si conociera la realidad electoral española, donde es imposible en decenas de circunscripciones que salga elegido un diputado que no pertenezca a los partidos que escoltan nuestra democracia. Pues en Alemania, aun con la ley electoral criticada, se pasó del dúo de demócratas cristianos y socialdemócratas al terceto (con los liberales), después al cuarteto (los verdes) y hoy al quinteto, al incorporarse «la izquierda» (Die Linke), «el partido más joven que tiene en su seno el mayor número de jubilados», como divertidamente anota Steingart.

Nada de esto es posible en los pagos hispanos, cercenada de raíz como está toda posibilidad de enriquecimiento de nuestro hemiciclo por causa de una ley perversa que tiene el desparpajo de prescindir de la voz de millones de ciudadanos, es decir, de tirar literalmente su voto a la basura cuando éste no se ha dirigido en la dirección correcta. Instaurar una auténtica pluralidad de opciones, dando a cada papeleta de voto el valor que merece el ser humano que la selecciona, es ya una tarea urgente si se quiere librar a nuestra democracia de la asfixiante protección de sus escoltas.

Es bien conocido que la organización de la información ordinaria en los medios de comunicación públicos en bloques electorales durante las campañas electorales, de acuerdo con la representación política de cada partido, ha suscitado una notable controversia sobre su adecuación al derecho fundamental a la información. De hecho, en Catalunya los periodistas de los medios públicos audiovisuales han rechazado este sistema considerando que no responde a criterios profesionales de producción informativa. El tema ha cobrado de nuevo actualidad tras una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La razón estriba en que el tribunal ha avalado este sistema al rechazar el recurso que en su momento interpusieron los colegios de periodistas de Catalunya y Galicia, además de la Asociación de la Prensa de Madrid, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del 2008 por el que estimaba la pretensión de dos grupos parlamentarios en el sentido de que la cobertura de los actos de campaña de las distintas entidades políticas al final de los telediarios había de realizarse con arreglo a un criterio ponderadamente proporcional al número de votos obtenido por cada una de las entidades políticas en las anteriores elecciones al Congreso de los Diputados, aplicando dicho criterio día a día y con carácter preferente a cualquier otro.

Por el contrario, las entidades profesionales opuestas a este criterio se opusieron sosteniendo, entre otros argumentos, que la imposición de un minutaje y de un orden predeterminados supone una restricción del derecho a la información porque obliga a RTVE a administrar los tiempos en función de los resultados electorales precedentes al margen del interés informativo y de criterios profesionales; y que esta restricción incide indirectamente en el contenido de la información, puesto que obliga a los profesionales a proporcionar como noticia banalidades sin interés para cubrir los minutos asignados a una formación política, prescindiendo de eventuales noticias de mayor interés que pueden dedicar a otra entidad política, por haber sido agotado el tiempo. Asimismo, añadían que con esta regla de distribución del tiempo informativo se propicia que las formaciones políticas intenten suministrar el propio contenido de la información (la llamada información enlatada).

Pero el Supremo ha avalado la distribución de la información con base en los resultados electorales inmediatamente anteriores. Sin embargo, hay razones jurídicas para oponerse a esta posición jurisdiccional. El argumento esencial que emplea el tribunal es considerar que esta distribución de la información (esto es, su duración y el orden) es un aspecto organizativo externo a la misma, sin que el acuerdo de la Junta Electoral Central se refiera al contenido de la información. Y aunque reconoce que «puede ocurrir que medidas que incidan en la forma en la que se ofrece afecten cualitativamente a la información misma», añade seguidamente que «no parece ser este el caso». Sin embargo, hay razones para sostener lo contrario. Porque con la regla avalada por el Supremo el profesional de la información se ve impelido, durante todos los días de la campaña electoral, a producir información sobre cada formación política de acuerdo con un tiempo previamente tasado, independientemente de la relevancia e interés público que aquella pueda tener y, por tanto, de la atención que deba merecer. Es decir, la capacidad de decisión del profesional y del medio sobre el objeto de la información y qué tiempo dedicarle se ve restringida, cuando no mediatizada. Y lo es por una razón de orden cuantitativo, que, a diferencia de lo que argumenta el tribunal, también incide en lo cualitativo. Porque, como es obvio, la actualidad no siempre viene predeterminada por la representación política de un partido, sino que es espontánea e imprevisible. También en campaña electoral. Y es un débil argumento el que arguye la sentencia al afirmar que durante la campaña las diversas candidaturas «despliegan una intensa actividad». Puesto que, de hecho, que ello sea así no siempre conlleva que dicha actividad sea de interés público y, por tanto, que su información sea siempre relevante.

Un segundo argumento del tribunal que no puede ser compartido sostiene que la preservación del pluralismo político y la igualdad justifican la proporcionalidad diaria en vez de la referida al conjunto de la campaña electoral. Y para llegar a esta conclusión argumenta que los medios de comunicación de titularidad pública ven reforzado el deber de objetividad que impone el artículo 103.1 de la Constitución. Pues bien, que la objetividad informativa sea un desideratum nadie lo discute. Pero que la fundamentación de ello se encuentre en el precepto constitucional citado ha de ser rechazado, porque la Corporación Radiotelevisión Española es una sociedad mercantil que se organiza en forma de sociedad anónima, lo cual hace extraño que pueda ser tratada como una Administración más. Es decir, informar no es administrar.

Caso Palau, caso Pretoria y sus derivadas: fundaciones, empresarios y empresas, alcaldes, regidores, patriotas y personas hasta ayer de confianza, bajo sospecha o en prisión preventiva. Y, de fondo, el ruido de los partidos políticos exigiéndose mutuamente responsabilidades e intercambiándose acusaciones, mientras la ciudadanía asiste atónita al espectáculo de la implosión del oasis catalán, transformado en la hoguera de las vanidades de los que un día fueron prohombres del catalanismo. Qué lejos –y qué corto– parece ahora aquel 3% invocado por el expresident Pasqual Maragall en el Parlament de Catalunya. Y mirar hacia afuera no es ningún consuelo, porque el caso Gürtel tiene ramificaciones todavía más siniestras.

El 7 de noviembre del 2007, en el Foro Nueva Economía de Madrid, el president José Montilla advertía del peligro de la «desafección emocional de Catalunya respecto a España y las instituciones comunes». Hoy quizá habría que hablar del peligro de desafección de los ciudadanos de Catalunya respecto a la política, no solo española, sino también catalana, porque el choque emocional ha sido muy fuerte. Este es el resultado de las redes de corrupción y complicidades políticas que están poniendo al descubierto los procesos abiertos, y de los que se sospecha que no se conocen todavía las últimas consecuencias e implicaciones.

Y, a buen seguro, es totalmente injusta la sombra de sospecha que se proyecta sobre la clase política, porque, como ha revelado el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en estos momentos se están tramitando un total de 730 procedimientos penales contra cargos públicos: 264 afectan al PSOE; 200, al PP; 43, a CC; 30, a CiU, y 81, a otros partidos (en algunos casos hay más de un imputado y, en ocasiones, imputados de partidos diferentes en un mismo caso). Pueden parecer muchos, pero solo representan cerca del 1% del total de cargos electos.

Por desgracia, la percepción de la ciudadanía, bombardeada a diario por nuevas noticias que implican a políticos en casos de corrupción, es muy diferente, y se ha extendido la sensación de que gran parte de los políticos aprovechan los cargos en beneficio propio y no al servicio de la ciudadanía. Es, y hay que reiterarlo, profundamente injusto, porque la mayoría de los políticos ejercen su cargo con vocación de servicio. Y es, además, tremendamente peligroso, porque del descrédito de los políticos que pregonan algunas voces interesadas se pasa, con frecuencia, al descrédito del sistema político, situación que aprovechan los salvapatrias que se postulan como remedio con recetas de dudosas credenciales democráticas. En la situación actual hay que actuar con contundencia y recordar las cuestiones que inquietan a los ciudadanos y, principalmente, combatir la desafección y la abstención.

Un buen camino para hacerlo puede ser cumplir de una vez por todas lo que prevé el Estatut del 2006 (artículos 43.1 y 2 y 56.2 y 3) –y que ya preveía el Estatut anterior– y elaborar una ley electoral propia de Catalunya. Es decir, que es misión de los poderes públicos «promover la participación [de los ciudadanos] con pleno respeto a los principios de pluralismo, libre iniciativa y autonomía (…) y con una atención especial a las zonas menos pobladas del territorio», y que «el sistema electoral es de representación proporcional y tiene que asegurar la representación de todas las zonas del territorio de Catalunya (…) y debe establecer criterios de paridad entre hombres y mujeres para la elaboración de las listas electorales». Sin embargo, 30 años después del primer Estatut, Catalunya no tiene aún ley electoral propia debido a los desencuentros entre los dos principales partidos por lo que se refiere a la representación territorial.

Ahora, por fin, parece que las circunstancias pueden hacer posible el acuerdo. Ojalá sea así. En realidad, los estudios que se han realizado no proyectan excesivas diferencias en el reparto de los escaños según se elija un tipo de listas (abiertas o cerradas) o de representación (provincial o comarcal, y distritos en Barcelona) u otro, o un modelo de simbiosis similar al alemán. El obstáculo probablemente se encuentra más en los aparatos de los partidos, que perderían fuerza en cualquier modelo que incluyera una elección personal o de ámbito electoral más reducido, que en los efectos redistributivos sobre los escaños según el modelo que se adopte.
En definitiva, ahora más que nunca hay que pedir grandeza de miras a nuestros representantes para lograr un acuerdo que mejore la transparencia de la financiación de las campañas electorales y de los partidos y la libertad de elección. Habrá que ver si están a la altura de las circunstancias y en los tres meses de plazo llegan a pactar una ley electoral o, como ha sucedido durante tres décadas, las buenas intenciones quedan ahogadas por los intereses partidistas. Me temo que no quedan muchas más vías para recuperar la confianza de los ciudadanos y para salir de la actual encrucijada a la que nos han llevado la corrupción y algunas malas prácticas políticas.

Tema: La circunscripción única ha sido motivo de queja por parte de los partidos regionalistas y nacionalistas durante los diferentes procesos electorales al Parlamento Europeo.

Resumen: Desde hace 20 años, la celebración de las sucesivas elecciones al Parlamento Europeo (PE) ha venido inexorablemente acompañada de las críticas de los partidos regionalistas y nacionalistas al diseño de la circunscripción única. Estos partidos defienden su sustitución por un sistema de distritos autonómicos cuyas fronteras coincidan con las de las actuales comunidades autónomas. Aducen que la competencia electoral entre los grandes partidos nacionales y los mucho más pequeños de ámbito autonómico es desigual y penaliza gravemente a los segundos, forzándoles a firmar coaliciones electorales siempre circunstanciales y en muchas ocasiones antinaturales.

En este documento analizaremos el impacto del sistema electoral en las elecciones al PE y examinaremos mediante algunas simulaciones elementales las consecuencias para los partidos de una adaptación de la magnitud del distrito a criterios autonómicos. Con las reservas pertinentes, estas simulaciones nos ayudarán a comprobar la validez de los argumentos tan insistentemente esgrimidos por los partidos nacionalistas y regionalistas.

Análisis

Los efectos del sistema electoral

En España, lo resultados electorales al Parlamento Europeo (PE) son similares a los de tantos otros países europeos en lo que hace a su naturaleza de “elecciones de segundo orden”. Ello significa que por regla general, y en comparación con las consultas legislativas inmediatamente anteriores, se incrementa la abstención, los partidos de los gobiernos pierden apoyos, los de la oposición conocen aumentos a veces llamativos y los más radicales ideológicamente o los más pequeños mejoran sus niveles de voto. El caso español también comparte con otros muchos países europeos la circunstancia de que el sistema electoral para las elecciones europeas sea distinto del que se aplica en las elecciones generales. En realidad, más que ser diferente, el caso español presenta unas diferencias considerables en cada uno de los elementos constitutivos de ambos sistemas electorales:

(1)   Frente a las 52 circunscripciones provinciales y 350 escaños del Congreso de los Diputados, para el PE todo el territorio nacional se convierte en circunscripción única para el reparto de los parlamentarios asignados, que fueron 54 en las elecciones de 2004 y que se han convertido en 50 en las de 2009.

(2)   Si el sistema electoral para el Congreso está caracterizado por sus marcados efectos mayoritarios y conservadores, fruto de la existencia de un prorrateo desviado y de una pluralidad de circunscripciones de tamaño muy reducido, precisamente en las provincias más tradicionales y conservadoras, los efectos del sistema para el PE apuntan a la dirección contraria.

(3)   Aunque el umbral electoral del 3% en el nivel de cada distrito se ha aplicado sólo ocasionalmente en los de Madrid y Barcelona, en el sistema electoral para el PE no se ha previsto la aplicación de barrera electoral alguna para impedir el acceso a la fase de asignación de escaños a los pequeños partidos.

(4)   Se mantienen, en cambio, la fórmula D’Hondt para la asignación de escaños y las listas electorales completas, cerradas y bloqueadas, dos elementos cuyas efectos pueden tener una menor importancia relativa en las elecciones al PE que en las del Congreso.

Se trata, pues, de un sistema proporcional de circunscripción nacional con la fórmula de reparto D’Hondt y con exclusión de cualquier variante de voto preferencial. A priori, esta configuración de elementos debería de modificar los supuestos de la competición partidista ya consagrada para el Congreso de los Diputados.[1] Esos cambios afectan a dos niveles. En primer lugar, la existencia de una única circunscripción electoral y con una magnitud muy elevada debería producir niveles de proporcionalidad superiores a los muy escasos del sistema para el Congreso. Así se deduce de la Tabla 1, que recoge lo resultados de las elecciones anteriores para el PE, celebradas en junio de 2004. Los dos principales partidos consiguieron nada menos que el 85% de los votos y el 90% de los escaños. El impacto del sistema electoral es evidente en la última columna de la Tabla 1, donde se han calculado las diferencias en puntos porcentuales entre los porcentajes de escaños y votos de las candidaturas que obtuvieron más del 1% de los votos válidos. Los dos principales partidos resultan claramente favorecidos, y sobre todo el PP, pese a ser el segundo en número de votos. Como cabía esperar, los demás partidos y coaliciones sufren una cierta infrarrepresentación. Pese a todo, las tasas de ventaja y desventaja del sistema electoral del PE son netamente inferiores a las del Congreso de los Diputados. En las elecciones de 2004 y 2008, por ejemplo, los niveles de sobrerrepresentación disfrutados por el PSOE y el PP oscilaron alrededor de los cuatro puntos porcentuales; y mientras que los partidos nacionalistas se movieron en términos equiproporcionales, IU resultó duramente castigada, ya que su infrarrepresentación se movió entre los 3.5 y los 3.2 puntos.

En segundo lugar, la circunscripción única forzaba a los partidos nacionalistas y regionalistas a ensayar distintas estrategias coalicionales para maximizar sus posibilidades de representación. Aunque la magnitud del distrito y la ausencia de cualquier tipo de barrera electoral favorecían las expectativas de estos pequeños partidos para conseguir algún escaño, sus reducidos porcentajes de voto a escala nacional y la concentración de voto lograda por los dos principales partidos nacionales cuestionaban sus posibilidades. Las coaliciones han sido una respuesta pertinente a estos incentivos contradictorios. Según se recoge en la Tabla 2, los partidos nacionales han renunciado a coligarse en las elecciones en que era posible (PSOE e IU en todas las convocatorias, PP y CDS hasta la de 1994); la única excepción ha sido la de IU, que en 2004 se coligó en Cataluña, donde carecía de fuerza alguna, con sus aliados naturales de Iniciativa per Catalunya. Por su parte, los nacionalistas han acudido a distintas coaliciones, en función de proximidades ideológicas más que territoriales, a medida que han ido aprendiendo los efectos del sistema electoral.[2]

De forma más general, resulta interesante comparar los principales indicadores relativos a los efectos de los sistemas electorales para el PE y el Congreso de los Diputados. Están contenidos en la Tabla 3, que sistematiza los relativos a las cinco elecciones europeas anteriores y, para permitir un mayor contraste, a las legislativas para el Congreso de 1989 y de 2008. Así, los indicadores de la competitividad electoral y parlamentaria, que expresan sencillamente la distancia existente entre los dos principales partidos competidores, se ha reducido considerablemente. Denota el paso del sistema de partido predominante, en el que el PSOE se encontraba a una gran distancia de su competidor, al actual sistema de partidos pluralista moderado, en el que la alternancia entre PSOE y PP depende de sólo unos pocos puntos porcentuales. Esta mayor competitividad ha estado acompañada por una considerable reducción de la fragmentación partidista. La disminución partidista está reflejada claramente en los índices de los números efectivos de partidos electorales o parlamentarios, que permiten conocer cuántos partidos compiten electoralmente y cuántos lo hacen parlamentariamente, teniendo en cuenta en ambos casos sus tamaños relativos respectivos. En las elecciones europeas, los mayores índices de 1989 denotaban tanto la mayor permisividad del sistema electoral cuanto la naturaleza de las consultas de segundo orden: ambos elementos favorecen una mayor fragmentación partidista mediante la mayor presencia de fuerzas minoritarias. En las europeas de 2004, sin embargo, la creciente competitividad entre PSOE y PP y la coordinación entre los pequeños partidos nacionalistas mediante coaliciones electorales han reducido llamativamente esos índices. Algo similar ha ocurrido con los índices de desproporcionalidad, cuya reducción en ambas elecciones está reflejando tanto los distintos tipos de incentivos como la capacidad de los partidos para adaptarse a ellos y maximizar así sus posibilidades electorales.

Cuando la proporcionalidad no es el problema

Como comentábamos al principio de este documento, la casi totalidad de los partidos regionalistas y nacionalistas ha venido criticando desde la celebración de las primeras elecciones al PE la existencia de una circunscripción única y ha defendido la división del territorio nacional en circunscripciones regionales, en realidad autonómicas. Esta cuestión apareció ya durante los debates parlamentarios sobre la regulación electoral del Parlamento Europeo (PE), en 1987. Los criterios que llevaron entonces a la adopción de la circunscripción nacional se cifraron en la conveniencia de que los niveles de proporcionalidad de dicha circunscripción, en evidente contraste con los muy reducidos del Congreso de los Diputados, evitaran la penalización tanto de los pequeños partidos nacionales, como IU, como también de los regionalistas o nacionalistas, obviamente circunscritos al ámbito territorial de sus respectivas comunidades.[3] Pero estos partidos no han dejado de señalar que con ese tipo de distrito están siendo sistemáticamente infrarrepresentados, y que por lo tanto un diseño basado en distritos autonómicos les permitiría lograr resultados en escaños acordes con sus votos. Para ellos, la competencia electoral entre los grandes partidos nacionales y los mucho más pequeños de ámbito autonómico es desigual y penaliza gravemente a los segundos, obliga a una indeseada estrategia de coaliciones y produce un desigual valor del voto. Además, la circunscripción única sacrifica el necesario objetivo de la representación política por unos a su parecer discutibles principios de proporcionalidad. Y, lo que es más grave, lo hace desconociendo la historia política, social y económica española: dada la estructura de la España autonómica, reconocida obviamente en la Constitución, la representación española en el PE debería partir forzosamente de dicha diversidad territorial mediante el establecimiento de distritos autonómicos.[4]

Entre los países europeos, 20 de los 27 han adoptado similares circunscripciones nacionales; sólo Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Polonia y el Reino Unido cuentan con distritos múltiples. En España, y desde finales de los años 80, la decisión parlamentaria sobre la circunscripción nacional para las elecciones al PE ha conocido una sentencia del Tribunal Constitucional y ha seguido siendo objeto de numerosas propuestas de reforma. La sentencia trajo causa del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento vasco en 1987, y en ella se afirmaba la legitimidad constitucional de ambos modelos y en consecuencia la libertad del legislador para optar por cualquiera de ellos.[5] Y las propuestas que se reiteran con mayor frecuencia consisten sencillamente en asignar los diputados del PE (50, por ejemplo, en las elecciones de 2009) mediante criterios de población entre las 17 comunidades autónomas, a las que se suman Ceuta y Melilla.[6] Como cabe imaginar, buena parte de ellas contarían con un número mínimo de diputados, y las comunidades más pobladas, como Andalucía, Cataluña y Madrid, no dispondrían de muchos más de cinco. Para evitar la conversión de las elecciones europeas en un ejercicio aún más desproporcional que las legislativas, otras propuestas sugieren la realización de un prorrateo por medio del cual cada comunidad tendría un número mínimo de uno o dos diputados, asignándose los restantes en base a la población respectiva de las comunidades; los resultados no serían diferentes. Una tercera propuesta plantea la división del territorio nacional en cuatro o cinco circunscripciones, cada una de las cuales agruparía a su vez a diversas comunidades. Con un arbitrismo similar, los programas electorales del PNV han incorporado recientemente la sugerencia de reservar para las comunidades históricas el privilegio de contar con sus propias circunscripciones, mientras que las restantes conformarían una circunscripción única. CiU, por su parte, al hilo de la formación tras las elecciones legislativas de 2008 de una Subcomisión parlamentaria para estudiar posibles reformas a introducir en la LOREG, ha aprovechado la oportunidad para presentar una proposición de ley por medio de la cual se establecería que la circunscripción para el PE sea nacional, excepto en los casos de las comunidades que cuenten con al menos dos diputados de un prorrateo de los existentes según criterios de población y cuyo Parlamento acuerde constituirse en circunscripción electoral autonómica.[7] En fin, otras propuestas más elaboradas pretenden mantener el objetivo central de la proporcionalidad mediante la creación de un segundo tier o nivel de circunscripción: si en el primero se atribuiría los escaños a escala nacional, en el segundo se distribuirían los asignados a cada partido en función de los votos obtenidos por cada uno de ellos en las distintas comunidades. Pero, pese a su mayor complejidad, es dudoso que los resultados sean muy diferentes de los que son en la circunscripción nacional como único nivel de asignación de escaños.

¿En qué medida las críticas de los partidos nacionalistas o regionalistas tienen fundamento? Entre los motivos para plantear sus discutibles deseos de ajustar la naturaleza autonómica española al diseño de unas posibles circunscripciones autonómicas para el PE, es lícito que lo hagan: (1) para fundamentar sus preferencias nacionalistas y, a la vez, (2) para maximizar sus resultados electorales. Pero podría ocurrir que sus cálculos fueran incorrectos, en el doble sentido de sobrevalorar su capacidad de apoyo electoral en las respectivas comunidades autónomas y de infraestimar la dimensión permisiva del sistema electoral para la obtención de resultados proporcionales gracias a la combinación de distrito único, de un número relativamente elevado de escaños y de la fórmula D’Hondt. Podemos comprobarlo para las cinco elecciones europeas celebradas, como se hace en la Tabla 4, mediante la comparación entre los escaños realmente obtenidos por los partidos contendientes y los podrían haber logrado en el caso de que hubiera habido tantas circunscripciones como comunidades autónomas.[8]

En general, los resultados de nuestras simulaciones arrojan una concentración de voto en los dos principales partidos, una reducción notable de la oferta nacionalista y un reforzamiento de la política bipolar. Son, además, las consecuencias de una mayor desproporcionalidad. En las elecciones de los años 80, los principales beneficiarios del diseño autonómico de las circunscripciones electorales hubieran sido los dos principales partidos, que hubieran podido lógicamente aprovecharse de los sesgos mayoritarios de los nuevos distritos para aumentar sustancialmente su representación parlamentaria; en mucha menor medida, sólo algún partido nacionalista como el PA o CiU hubieran logrado algún escaño. En la otra cara de la moneda, buena parte de los del CDS, los de la Agrupación Ruiz Mateos y el compartido por EA y ER dentro de la coalición Por la Europa de los Pueblos habrían desaparecido, y los de IU se habrían quedado reducidos a su mínima expresión. Los demás hubieran permanecido con los mismos escaños: serían los casos de HB en el País Vasco, de Euskadiko Esquerra dentro de la coalición Izquierda de los Pueblos y del PNV dentro de la Coalición Nacionalista. De ese modo, el índice de desproporcionalidad se incrementaría con respecto al ya elevado de las elecciones legislativas.

En 2004, las diferencias entre los resultados reales y los obtenidos tras las simulaciones pertinentes son más bien modestas. Ocurre que, tras varias elecciones al PE, los partidos han dejado ya atrás un intenso proceso de coordinación que ha llevado a la desaparición de algunos (como el CDS) y a la utilización sistemática de las estrategias coalicionales (como en el caso de los partidos nacionalistas, todos los cuales formaron parte de alguna coalición). En el supuesto de circunscripciones autonómicas, ello se tradujo en que los principales cambios afectaran a los partidos nacionales, que intercambiarían escaños. IU perdería sus dos escaños, el PSOE perdería otro y el PP ganaría dos. Entre los partidos nacionalistas, PNV y ERC mantendrían los suyos, mientras que CiU lograría uno más.

Los términos netos de estas pérdidas y ganancias, en suma, plantean dudas sobre las hipotéticas desventajas que los partidos nacionalistas puedan estar sufriendo como consecuencia de la existencia de la circunscripción única en las elecciones al PE. Dependiendo del contexto de competición electoral y del formato partidista, los resultados de las simulaciones, con todas las prevenciones que se quiera por el ejercicio que suponen, parecen dar la impresión de que es justamente al contrario.

Conclusiones: La circunscripción única ha sido motivo de queja por parte de los partidos regionalistas y nacionalistas durante los diferentes procesos electorales al PE. Mientras que el sistema electoral para las elecciones al Congreso de los Diputados establece un diseño de circunscripciones provinciales para el reparto de 350 escaños, en las elecciones al PE el número de escaños es mucho menor (ha ido variando entre 64 y 54, según el Tratado en vigor), y su reparto tiene lugar en una sola circunscripción. El sistema electoral para el PE termina con ello por contraer el principio de proporcionalidad a partir de la disminución del número de escaños a elegir, mientras que logra ampliarlo gracias al diseño de un distrito único.

Según las formaciones regionalistas, el diseño de una única circunscripción perjudica gravemente sus intereses, dado que infrarrepresenta sistemáticamente a las regiones en las que tienen su base electoral, penaliza a sus votantes, y sacrifica el principio de la representación política a favor del de la proporcionalidad. Por ello, las propuestas de los partidos nacionalistas y regionalistas pasan por la división de la circunscripción única, aunque atendiendo a diferentes criterios de segregación, principalmente el de hacer coincidir las circunscripciones con las comunidades autónomas.

En base a esos criterios, en este documento hemos propuesto una simulación que considerara los posibles resultados obtenidos en las cinco elecciones al PE celebradas hasta ahora, en el caso de que las circunscripciones hubiesen sido autonómicas. A partir de los resultados derivados podemos concluir que los mayores beneficiados por un cambio de diseño de las circunscripciones hubieran sido los dos grandes partidos con implantación nacional (PP y PSOE), que aumentarían sus escaños, mientras que otras formaciones de ámbito regional (como CiU y PA) hubiesen aumentado su representación ligera y ocasionalmente. El PNV no sufriría cambios en sus resultados. Por el contrario, los perjudicados por la modificación hubieran sido tanto los partidos pequeños de implantación nacional (principalmente IU y en su momento el CDS), como otros partidos nacionalistas (como HB, ERC, UV y EE), que dejarían de estar representados en el PE.

La implantación de modelos que atomizan el tamaño de la circunscripción, y con ello el número de escaños a repartir por la misma, agrava el problema de la desproporcionalidad, especialmente si se tiene en cuenta el relativamente reducido número de escaños que se disputan en las elecciones europeas. Además, la propuesta de dividir el territorio nacional en circunscripciones autonómicas resulta en un aumento del peso de los partidos mayoritarios de implantación nacional, y en una disminución de los minoritarios. Sólo los partidos nacionalistas que consiguen mayor número de votos conseguirían pequeñas ventajas, mientras que castigaría severamente a los de menor tamaño.

Referencias

Gallagher, Michael (1991), “Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems”, Electoral Studies, nº 10, pp. 33-51.

Laakso, Markku, y Rein Taagepera (1979), “‘Effective’ Number of Parties: A Measure with Application to West Europe”, Comparative Political Studies, nº 12, pp. 3-27.

Lago, Ignacio, y José Ramón Montero (2005), “‘Todavía no sé quiénes, pero ganaremos’: manipulación política del sistema electoral español”, en J.R. Montero e I. Lago (eds.), número monográfico dedicado a los sistemas electorales, Zona Abierta, Madrid.

Montero, José Ramón, Francisco Llera y Mariano Torcal (1992), “Sistemas electorales en España: una recapitulación”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 58, pp. 7-56.

Roig i Berenger, Rosa Mari (2005), “Los efectos del sistema electoral europeo en España: los partidos políticos de ámbito no estatal”, Working Paper, nº 241/05, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona.

Notas:

[1] Para un análisis de los efectos del sistema electoral para el Congreso, véase Lago y Montero (2005).

[2] De acuerdo con alguna simulación realizada para las elecciones de finales de los 80, buena parte de los partidos nacionalistas coligados hubiesen perdido sus escaños de haber presentados por sí mismos; cf. Montero, Llera y Torcal (1992, p. 46).

[3] Como señalaba el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en su discurso del 26 de febrero de 1987, con ocasión del debate parlamentario sobre la Ley Orgánica 1/1987, que reguló el sistema electoral para las elecciones al PE, antes de su incorporación en la LOREG, “quizá la idea fundamental es (…) que pudiéramos acentuar el grado de proporcionalidad que entendemos debe tener la elección de representantes del pueblo español en una instancia supranacional”; en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, 33, 1987, p. 1.866.

[4] Para un buen exponente de estos argumentos, puede verse el trabajo de Roig y Berenguer (2005).

[5] Cf. sobre todo el FJ 8 de la Sentencia 28/1991, de 14 de febrero, en Boletín Oficial del Estado, 64, 15/III/1991.

[6] Algunas de estas propuestas están recogidas en el Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general, de 24/II/2009, pp. 234 ss.; el Informe está recogido en http://www.consejo-estado.es/pdf/REGIMEN-ELECTORAL.pdf.

[7] Cf. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. IX Legislatura. Serie B. Proposiciones de ley, 25-1, 11/IV/2008.

[8] Para ello hemos procedido al reparto proporcional de escaños según población de hecho en el año de cada elección, con el mínimo de un escaño por comunidad autónoma. Para el cálculo, hemos desagregado las coaliciones electorales, y hemos mantenido la fórmula electoral, la ausencia de umbral legal y el número total de escaños concedidos a España. Para una simulación similar con las elecciones de los años ochenta, véase Montero, Llera y Torcal (1992).

Según la Constitución Española, los representantes de los ciudadanos tienen que ser libremente elegidos por sufragio directo y universal. Como en la Unión Europea no hay pueblo soberano sino 27 pueblos soberanos, las elecciones llamadas europeas son también elecciones nacionales y mediante ellas se trata de enviar a Bruselas y Estrasburgo a los miembros que corresponden a cada país en el que se ha dado en llamar Parlamento Europeo, aunque de Parlamento no tiene todavía más que el nombre. La circunscripción es en este caso única, pero el sistema electoral es el consabido de listas cerradas y bloqueadas.

No me cansaré de repetir -como afortunadamente hace un número cada vez mayor de observadores- que el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas restringe la libertad de elección y el carácter directo del sufragio hasta el extremo de que la verdadera selección de los representantes se ha trasladado a los partidos.

Los partidos, que en España no han cumplido jamás el artículo 6 de la Constitución y consideran la democracia interna como un peligroso morbo que puede corroer la solidez de sus estructuras, empezaron atribuyendo aquella selección de representantes a las cúpulas, convertidas enseguida en minaretes, por utilizar el feliz hallazgo terminológico de Herrero de Miñón.

Después inventaron unos grisáceos y sumisos comités electorales o de listas y, por fin, han proclamado -algunos, incluso expresamente- que la elaboración de las listas es facultad del jefe, cuyos supremos designios evitan enojosas confrontaciones. Los jefes de los partidos actúan, de hecho, como universales compromisarios de los electores de su sector ideológico y quien aspire a ser candidato pierde su tiempo buscando respaldo de las bases porque, a la hora de la verdad, lo que resulta decisivo es la confianza del jefe, la recomendación de algún notable o la imposición de cualquier financiador. Así hemos llegado al punto en el que estamos.

El próximo 7 de junio los electores españoles que acudan a las urnas no tienen en sus manos otra posibilidad que la de decidir el porcentaje de miembros españoles del Parlamento Europeo que van a designar los jefes de los partidos o coaliciones que compiten. Los candidatos, es decir, los ciudadanos que han conseguido ejercer su derecho a participar logrando verse incluidos en alguna de las listas presentadas son -suplentes aparte- 1.750, pero no están en las condiciones de igualdad que proclama el artículo 23.2 de la Constitución y 1.750 de ellos -por lo menos- saben perfectamente que su papel es de comparsa, de relleno, y que no pueden aspirar a otra cosa que a la gratitud del jerarca o de quien, situado en puesto de salida, necesitó su concurso para completar la lista.

Las encuestas no son tan rigurosas como para sustituir a las elecciones mismas, pero incluso aquellos que las manipulan en beneficio de quienes se las encargan no se atreven a deformar sustancialmente los resultados y todos sabemos desde ahora mismo que los 21 o 22 primeros candidatos nombrados por los muy demócratas señores Rodríguez Zapatero y Rajoy Brey tienen ya un escaño seguro en el hemiciclo de Estrasburgo.

Votemos muchos o pocos, es ya inconcuso que Luis Fernando López Aguilar y Jaime Mayor Oreja serán parlamentarios europeos, y lo mismo se puede decir de los 20 o 21 que les siguen, aunque muchos de ellos lo merezcan bastante menos y jamás podrían aspirar a tan honrosa representación si no fueran emboscados en listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué sería de Magdalena Álvarez Arza o de Pablo Zalba Bidegain si se pudieran computar los votos que ellos arrastran?

Quizás en la campaña nos enteremos de las capacidades políticas que adornan al hermano de Ana Mato, al yerno de Manuel Pizarro o al cuñado de Rajoy, pero lo cierto y seguro es que la única inquietud que producen esos comicios es la duda acerca de si saldrán elegidos -dado el número que ocupan- Santiago Fisas Ayxelá, Eva Ortiz Vilella o Auxiliadora Correa Zamora, del Partido Popular, María Irigoyen Pérez, Nuria Parlón Gil o Dolores García-Hierro Caraballo, del Partido Socialista, Salvador Sedó i Alabart o Claudina Morales, de la Coalición por Europa, Fernando Maura Barandiarán, de Unión Progreso y Democracia, José Manuel Villegas Pérez, de Libertas, o Raúl Romeva Rueda, de Izquierda Unida.

Es únicamente en esa zona donde pueden moverse las decisiones de los electores. Presumo que todos ellos son candidatos dignísimos, pero tengo el absoluto convencimiento de que su fortuna electoral en modo alguno depende de su capacidad o de sus méritos. Lo deseable sería que la campaña electoral les permitiera a todos demostrarnos su arrastre, puesto que es su destino lo que en realidad vamos a decidir.

Si las encuestas serias atribuyen un mínimo de 21 o 22 diputados seguros a cada uno de los partidos grandes, unos líderes hechos y derechos deberían haber reclamado para sí los puestos 23º o 24º. Aunque ello no serviría para sanar los vicios de un sistema electoral indefendible, proporcionaría alguna mayor emoción y quizá hasta llevara a las urnas a más gente. Es claro, sin embargo, que una vez alcanzada la confianza del césar de cada partido sin la más mínima competitividad interna, no van a correr el incómodo riesgo de la competitividad exterior.

He dicho que el sistema es indefendible y añado que es la causa última de uno de nuestros mayores males, que es la absoluta falta de representatividad de los órganos que tienen entre nosotros la función de controlar al Gobierno.

La independencia de criterio de un representante del pueblo sólo la puede garantizar el pueblo que le vota. Claro que en un partido hay que hacer compatible esa independencia de criterio con la disciplina que exige aceptar las decisiones colegiadas, pero siempre que éstas surjan del debate interno.

Que la disciplina se confunda con la obediencia cabe en la infante-ría, pero roza la indignidad cuando se practica en los partidos políticos. Designado el diputado por un jefe y sabiendo que de ese jefe depende su continuidad, es heroico mantener un punto de vista libre y lo humano es corres-ponder a la confianza con la docilidad. Probablemente eso explica también la adhesión a algunos jefes, solo aparentemente elegidos y en realidad designados por el jefe anterior y aclamados por quienes esperan de su omnímodo poder que les mantenga en sus puestos. Con el inconveniente añadido de que si el designado se comporta de modo aprovechado o abiertamente corrupto no se puede atribuir la equivocación al electorado que le fue propicio sino a quien, lo acepte o no, tiene la responsabilidad in eligendo. No recuerdo un solo caso ni municipal, ni autonómico, ni nacional de alguien que haya aceptado la responsabilidad política de haber incluido en una lista electoral a quienes anduvieron o andan todavía por los juzgados y las audiencias.

En fin: como la influencia del electorado en la selección de sus representantes es manifiestamente escasa, ahora se intenta potenciar la relativa importancia del ya cercano trámite electoral argumentando que de él pueden derivarse trascendentales consecuencias de política interior. Resulta así que lo que debiera ser la elección democrática de unos representantes pierde toda su significación para convertirse en una competición entre dos absorbentes caudillos. Gane quien gane, pierde la democracia.

Parece que la Junta Electoral Central no ha aceptado la candidatura de un grupo que se presentaba como Ciudadanos agobiados y cabreados, que sería una opción, así que la tentación de quedarse en casa es suma-mente fuerte, pero no arregla nada.

Habría que promover una gran campaña a favor del voto nulo, para ver si tachando algún que otro nombre se alarman los partidos y se deciden a practicar la democracia interna o a modificar la ley electoral, desbloqueando las listas.

EL año 1993 publiqué un libro que titulé La ilusión política. El editor me indicó que sería oportuno completar el rótulo de la portada con la siguiente pregunta: «¿Hay que reinventar la democracia en España?». Efectivamente era la cuestión que se consideraba en las 235 páginas del texto y que, hace dieciséis años, no estaba suficientemente aclarada.

Ahora la respuesta tiene que ser afirmativa: un sí rotundo. Hemos de reconsiderar nuestra manera política de convivir, ya que las instituciones de 1978 se han deteriorado y ciertos usos y prácticas no tienen fácil encaje en un régimen democrático.

La reinvención ha de comenzar por la base del edificio, que, en este caso, son las reglas de participación de los ciudadanos en la elección de los gobernantes, lo que suele conocerse como sistema electoral.
No es admisible, a mi juicio, una ley que facilita la potenciación excesiva de los partidos que operan sólo en unas zonas de España. Es lo que viene sucediendo desde 1977.

El Congreso de los Diputados, pieza esencial de la organización política, tiene que ser un fiel reflejo de la totalidad de España. Con este propósito de obtener una representación auténtica, un perfil sin deformaciones, la vigente ley electoral no es la adecuada. Acaso la norma menos mala de las aplicadas en otros países puede ser la alemana. Al ciudadano se le conceden dos votos: con uno de ellos se pronuncia entre las listas presentadas por los partidos en circunscripciones relativamente extensas, por ejemplo una provincia nuestra; con el segundo voto se elige a uno de los candidatos de distrito, o sea en espacios territoriales menores. La proporcionalidad se garantiza en el reparto global de los restos. La mitad de la asamblea se forma con diputados de distrito, que obtienen el escaño gracias a la conjunción venturosa de la presencia personal del candidato en un vehículo partidista poderoso, y la otra mitad la integran los diputados de circunscripción, aupados al escaño por la fuerza del partido que los puso en sus listas.
La fórmula germánica está configurada con criterios de representación proporcional, y tiene cabida en el ámbito descrito por el artículo 68.3 de la Constitución Española.

Mi predilección por el régimen electoral alemán se debe, además, a la exactitud casi matemática que allí se consigue entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños parlamentarios. No se registran las desfiguraciones de la voluntad popular que se producen en España, donde la representación proporcional, en teoría, se convierte en una representación mayoritaria en las provincias menos pobladas, en las que determinados partidos necesitan tres o cuatro veces más sufragios que otros partidos para ganar un puesto en el Congreso.

Insisto en la conveniencia de la personalización del candidato. Los ciudadanos deben saber quiénes son los elegidos, personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Votar listas de desconocidos, impuestos por los partidos, es un defecto grave de cualquier sistema.

Resulta, por último, que estos candidatos sin arraigo en su distrito quedan bajo la influencia de quien los designó. Situación distinta -y mejor- es la de los aspirantes a cargos públicos que tienen que ganarse previamente la confianza de los votantes. En el sistema de distritos uninominales, según el modelo británico, los elegidos están más próximos a los ciudadanos.

La combinación alemana -reitero- es quizás la menos mala. Y la exigencia para entrar en el Parlamento de «un tanto por ciento de los votos de la totalidad de la República» es otra norma que hay que tener en cuenta.

También debemos reconsiderar el modo de dar a conocer a los candidatos. Desde las primeras elecciones del 15-J de 1977 asistimos a unas campañas demasiado costosas. Podría hablarse de una «americanización» de nuestras elecciones. Los aspirantes son presentados en unos actos públicos como si fuesen figuras del espectáculo teatral o cinematográfico. Sus fotos inundan las calles, y cada partido lleva a cabo la información directa con unas cartas dirigidas a todos los que figuran en el censo electoral. A estos gastos, de enormes dimensiones, se añaden las cantidades invertidas en la propaganda en los medios de comunicación.

La «americanización» de las elecciones requiere mucho dinero. Los donantes pueden cobrarse luego sus generosas aportaciones. Y a esta posible corrupción hay que añadir la probable apropiación de un porcentaje por parte de quienes administran las finanzas de los partidos. En ese gasto enorme de las campañas electorales hay que buscar, tal vez, el origen de determinadas corrupciones que ensombrecen el panorama político. Asimismo ha sido nefasta, con brotes delictivos aquí y allá, la atribución de competencias a los Municipios para ordenar y calificar el suelo, en la línea de la desdichada Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional.

Si el presentimiento es un movimiento del ánimo que hace presagiar lo que ha de acontecer, debí tener un presentimiento en noviembre de 1976 cuando escogí la financiación de los partidos políticos como tema de mi ponencia en el congreso del Centro de Investigación y Técnicas Políticas (CITEP). Nos hallábamos entonces en unos días de entusiasmo juvenil por la democracia. Varios colegas, nacionales y extranjeros, consideraron que lo importante era reflexionar sobre el contenido de las futuras reglas electorales: sistema proporcional o mayoritario, listas abiertas o cerradas, garantías del escrutinio. Todo eso es capital en una democracia pluralista. Sin embargo, mi preocupación de hace más de treinta años se centró en el tema de la financiación de los partidos. En el libro que se publicó con los trabajos del Congreso de CITEP quedó reflejado. Esta preocupación antigua sigue siendo la misma que hoy me embarga.

No deseo cargar las tintas de la inquietud, pero si no acertamos a dar soluciones a este problema, nuestra democracia seguirá por una ruta peligrosa, con riesgos de padecer accidentes graves.

Recuerdo ahora que cuando yo era muy joven, en Granada, se comentaba que algún amigo de mis padres se había arruinado por culpa de sus aficiones políticas. Había pretendido desempeñar un cargo durante la II República y había comprometido en la aventura su dinero y el de su familia. ¡Qué raro resulta ese comportamiento, visto desde nuestra presente circunstancia! Ahora los políticos no se arruinan, sino que algunos se enriquecen. Afortunadamente son unos pocos los indignos, pero ahí están.

Cuanto escribo hoy sobre el régimen electoral tiene que ver con la dimensión horizontal de la política: la base del edificio. Pero después viene el edificio y con él -diría Giovanni Sartori- la «dimensión vertical de la política», donde hay quien está arriba y quien está abajo, quien manda y quien es mandado, el nivel superior y el nivel inferior.

Esa dimensión vertical configura la democracia como sistema de gobierno, con las instituciones constitucionalmente establecidas y la relación entre ellas. ¿Habrá que reinventar también en este otro componente de nuestra democracia?

HASTA fechas recientes el debate sobre las elecciones políticas se centraba en el modo de asignar los puestos en las asambleas representativas. Unos defendían el sistema mayoritario, en distritos uninominales, según el modelo británico; otros se inclinaban por la representación proporcional, con varias listas rivalizando por los puestos, que es la fórmula implantada en España para formar el Congreso de los Diputados.

Un buen número de los intérpretes de nuestra representación proporcional han destacado los defectos de la misma. No se consigue que el Congreso sea un retrato fiel de la realidad española. Unas minorías imponen sus decisiones a los grandes partidos. Con sólo unos miles de votos, concentrados en una Comunidad, se marca el rumbo que debe seguir la totalidad de la Nación.

Los nacionalistas de la periferia consiguieron, desde el momento de la Transición, una presencia sobredimensionada, extraordinaria, en las instituciones del Estado. Se sabía poco de Cataluña y del País Vasco en los círculos políticos de la capital al morir Franco. No se calculó que una pequeña cesión inicial se transformaría pronto en concesiones insaciables.

Junto al debate abierto en torno a los regímenes electorales va a plantearse, o se está planteando ya, otra importante cuestión: la movilización de voluntades por los novísimos instrumentos de la denominada «Sociedad en Red», con un futuro de democracia electrónica, ciberdemocracia o teledemocracia, que de estas variadas maneras se califica lo que aparece en el horizonte.

Resulta un poco anacrónico continuar utilizando las urnas para depositar en ellas un papel con nuestras preferencias allí escritas. Apenas se utilizan ahora los servicios de Correos, pues las comunicaciones se realizan por e-mail, por teléfonos móviles y por fax. Tal vez alguien pensó que esta forma actual de relacionarnos no traspasaría la esfera privada. Sin embargo, ya se han producido concentraciones masivas de ciudadanos, sea reclamando mejoras salariales u oponiéndose a determinadas sanciones, que fueron convocadas por los instrumentos más sofisticados, técnicamente complejos y avanzados.
Como recientemente ha escrito José Félix Tezanos en un volumen que recoge muchos datos sobre los efectos que está teniendo Internet en las sociedades de nuestro tiempo, «el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información ha abierto la perspectiva de nuevos espacios relevantes de interacción social.

De alguna manera, internet, como tal, ha supuesto una ampliación de la realidad de lo social, inaugurando nuevas modalidades y posibilidades de ejercer nuestra condición de seres sociales en una forma que era difícil de imaginar hace muy pocos años. La Red es, en este sentido, un nuevo espacio de lo social, que nos obliga a reformular nuestras propias concepciones tradicionales sobre la realidad societaria».
La idea tradicional del voto en las urnas tiene que reformularse con las decisiones transmitidas por internet, en las distintas maneras de utilizar los nuevos medios de comunicación. Este cambio profundo en el modo de votar en unas elecciones políticas (o de cualquier otra clase) exige una modernización de las infraestructuras tecnológicas, ya que es imprescindible que todos los ciudadanos tengan acceso al mismo instrumento de expresión de opiniones, por un lado, y que funcione, por otro lado, el control de la intimidad del voto.

¿Qué garantías habrá que establecer para que el voto siga siendo libre y secreto?

El profesor Calvo, de la Universidad de Málaga, nos ha informado de ciertas decisiones de la Junta Electoral Central sobre últimos ensayos de votaciones por Internet. Entre estas pruebas experimentales se halla la realizada en el pueblo granadito de Jun, en la que se utilizó también el teléfono móvil. El caso llegó hasta el X Congreso Iberoamericano de Derecho e Información, celebrado el año 2004 en Santiago de Chile. No tuvo validez oficial el resultado de estas elecciones de democracia electrónica, pero se anticipó el camino que pronto se recorrerá.

El voto secreto que tendrá que garantizarse es un componente de la concepción moderna de la intimidad. Se ha pasado de una concepción cerrada y estática de la intimidad a otra abierta y dinámica. El contenido de la primera era disponer de un ámbito de vida personal sustraído a cualquier tipo de intromisiones perturbadoras o, simplemente, no deseadas. Esa visión cerrada y defensiva de la intimidad -el conocido adagio inglés «My home is my castle»- ha sido sustituida por una concepción activa y dinámica en la que la intimidad se garantiza con el control de los datos, en nuestro caso, el voto emitido, que la persona puede no querer revelar. La facultad de decisión de la persona sobre la revelación o no de informaciones que directamente le conciernen constituye el núcleo de la autodeterminación informativa en cuanto aspecto básico de la intimidad. El profesor Pérez Luño, de la Universidad de Sevilla, ha expuesto unas consideraciones valiosas al respecto.

El voto libre y secreto habrá de contar con las garantías mínimas que cubran la intimidad de los ciudadanos. Cuando se extendió la televisión por todo el mundo algunos alzaron su voz contra la posible dictadura de la «pequeña pantalla», capaz de determinar el sentido del voto a los telespectadores de personalidad escasa. Fue la era de la «televización de lo público», que configuró el último tercio del siglo XX y en la que todavía estamos. Resulta indudable que los ciudadanos votan ahora más influidos que en los momentos anteriores a imponerse la TV. Pero el secreto del escrutinio está actualmente asegurado. Cosa distinta -y tarea de hoy y de mañana- es garantizar el secreto del voto en una democracia electrónica. Sin embargo, lo que no admite dudas es que la movilización de las masas se hará utilizando Internet y los teléfonos móviles.

Sólo los políticos despistados seguirán confiando en la importancia de los mítines (con unos centenares de asistentes) o de la propaganda mediante unos carteles en las calles.

Parece que en esta ocasión es firme la voluntad del PSOE y el Gobierno de promover el derecho al voto en las elecciones municipales, en base a acuerdos de reciprocidad, para aquellos extranjeros que tengan residencia permanente en España. Una propuesta que el PSOE y el PP ya aceptaron en febrero y mayo de 2006, pero que después renunciaron a aplicar.

La reciprocidad al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales -votar y ser candidatos- está establecida en el artículo 13.2 de la Constitución, que permite regular el derecho al voto en estos comicios -en ningún caso para las generales y autonómicas- en base a convenios o tratados que permitan votar a los nacionales de países que concedan también el derecho al voto a los españoles allí residentes. Y es importante recordar que este artículo de la Constitución, que en el redactado de 1978 sólo reconocía el derecho al sufragio activo, es decir, votar, fue modificado en 1992 para adaptarlo a nuestros tratados con la Unión Europea, que establecen no sólo el derecho a votar en las municipales de los ciudadanos comunitarios residentes en otro país de la UE, sino también el sufragio pasivo, es decir, ser candidato.

Pese a que inicialmente se creía que para hacer esta modificación constitucional era preciso aprobarla por referéndum, el Gobierno consiguió los informes jurídicos necesarios para modificar dicho artículo mediante una simple ley.

Desde hace años, España tiene firmados acuerdos de reciprocidad con Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Noruega, si bien únicamente ha sido ratificado este último, por lo que en las pasadas municipales sólo pudieron votar y ser candidatos los miembros de los 26 restantes países comunitarios y los residentes noruegos. Ecuador, con quien todavía no se ha firmado convenio y cuya constitución vigente prohíbe el voto a los extranjeros, incluye en el proyecto de reforma constitucional, que ahora se debate, la extensión del derecho al voto a los residentes extranjeros, pero en cambio descarta el derecho a ser candidato. En otros países como Marruecos o Pakistán resulta impensable permitir votar a un extranjero.

Así, la reciprocidad genera una serie de contradicciones y agravios. Los ciudadanos de unos países -como es el caso de los comunitarios- podrán votar y a la vez ser candidatos; es decir, aspirar a ser concejales o alcaldes. En cambio, los de algunos otros países con quienes se firmen tratados podrán votar, pero en ningún caso estar en las listas. En cuanto a los de países cuyas leyes limitan el voto a los nacionales y los de países no democráticos, en ningún caso podrán votar.Para evitar las limitaciones de la reciprocidad, el 10 de julio de 2006 los diputados Diego López Garrido, en nombre del PSOE, y Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida, presentaron en el registro del Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que, tras instar al Gobierno a negociar con los países con mayor número de inmigrantes convenios de reciprocidad, proponía que se solicitara al Consejo de Estado un informe interpretativo sobre el artículo 13.2 de la Constitución que pudiera abrir la puerta al derecho al voto a los originarios de países cuyas leyes no van a permitir a un extranjero, o incluso a un nacional, como es el caso de las dictaduras, votar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Constitución, que en la mayoría de los derechos que reconoce utiliza bien el sustantivo “los españoles”, bien el sustantivo “toda persona”, en el artículo 23, relativo al derecho a participar en los asuntos públicos utiliza el término “los ciudadanos”. Pero por los motivos que fueran, nada más registrarse en el Congreso esta proposición, el Gobierno y el mismo PSOE decidieron aparcar indefinidamente su tramitación.

Pese a las buenas intenciones de las declaraciones con las que el PSOE anunció hace unas semanas, en su congreso federal, el deseo de extender el derecho de voto en las municipales a los inmigrantes con residencia permanente, parece que en el mejor de los casos sólo podrán ejercer este derecho los inmigrantes originarios de algunos países latinoamericanos. Sin embargo, con la legislación de nacionalidad en la mano, puede darse la paradoja de que sea más fácil y rápido para éstos obtener la nacionalidad española con todos los derechos -sin perder la propia de origen- que beneficiarse de esta concesión del derecho de voto para las municipales. El artículo 22 del Código Civil establece que la nacionalidad española puede solicitarla aquel extranjero que lleve 10 años de residencia legal en España. No obstante, rebaja este periodo a sólo dos años para los iberoamericanos, filipinos y ecuatoguineanos. Es decir, un latinoamericano con dos años de residencia legal -cuando todavía no tiene la residencia permanente- puede solicitar ya la nacionalidad española. Trámite que antes tardaba 12 o 15 meses pero ahora, cuando más de 100.000 extranjeros lo solicitan anualmente, se demora dos o tres años, a no ser, claro, que se trate de futbolistas brasileños que consiguen jurar la Constitución al año.

¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que la propuesta de firmar acuerdos de reciprocidad, que mayoritariamente sólo se harán con Latinoamérica, servirá de poco si se exige para votar cuatro o seis años de residencia en España, pues en dicho periodo el latinoamericano, si lo desea, ya habrá alcanzado la ciudadanía plena tras la jura o promesa de acatamiento de la Constitución. En cambio, esta propuesta del derecho al voto en base a la reciprocidad margina a los inmigrantes africanos o asiáticos, los cuales, además, lo tienen mucho más difícil para acceder a la nacionalidad, no sólo porque se les exige 10 años de residencia legal en España, sino porque esta residencia legal debe ser continuada, y, lamentablemente, la mayoría de ellos, tras la obtención o renovación del permiso inicial, a causa de los laberintos burocráticos, han padecido periodos de irregularidad sobrevenida que les pone a cero el contador para la nacionalidad.

En los últimos meses se habla de desafección de los ciudadanos respecto a la política. Dicha desafección se manifiesta, entre otras formas, mediante la abstención, aunque las causas de la abstención electoral son diversas y no podemos saber el porcentaje de abstencionistas que tiene como causa real la desafección política.
Téngase en cuenta que la media de participación en las sucesivas elecciones al Parlamento de Catalunya está entorno al 60% y que en las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (enero del 2008), el 68% de los encuestados consideran que los políticos buscan su propio beneficio, y el 71%, que los políticos no tienen en cuenta lo que piensa la gente. Por otra parte, hay un voto claramente desafecto que es el voto en blanco: personas que acuden a votar, pero que no desean hacerlo por ninguna de las opciones que se presentan a las elecciones.

ACTUALMENTE, para elegir a los diputados, ya sea en las elecciones generales o en las elecciones al Parlament, se utiliza un sistema electoral que se denomina de listas cerradas y bloqueadas, mediante el cual los electores podemos elegir una de las listas que presentan los diversos partidos políticos. Salen elegidos los candidatos en función del número de votos obtenidos por cada lista, según el orden que ha establecido la dirección del partido político correspondiente.
Con el sistema actual, prácticamente ningún elector conoce a sus representantes, más allá del cabeza de lista. Se vota a un partido o a un líder político. Este sistema ha colaborado en la consolidación de la democracia, fortaleciendo notabilísimamente a las respectivas direcciones de los partidos políticos. Actualmente, este sistema se aplica solo en Portugal y en países que han accedido recientemente a la democracia, como Bulgaria, Polonia, Rumanía y Serbia.
Como un elemento más para favorecer la participación electoral y hacer una democracia más participativa, sería conveniente modificar el sistema electoral, para que los ciudadanos puedan elegir no solo a la opción política que deseen, sino también directamente qué personas deben ejercer su representación. Los ciudadanos deben poder elegir a su candidato por las razones que estimen convenientes: su interés por los asuntos de la circunscripción, su mejor preparación, etcétera, porque, sin duda, hay candidatos mejores y candidatos peores. Sería muy interesante ver cuántos votos obtiene cada candidato, es decir, quién tiene mayor representatividad.

HACE ALGUNOS meses, un grupo de expertos compareció en el Parlament para exponer una propuesta técnica que sirviese de base para la elaboración de una ley electoral para Catalunya, que, por cierto, es la única comunidad autónoma del Estado que no tiene ley electoral propia.
Los expertos abogaron por las denominadas listas desbloqueadas con voto preferencial. En este sistema de voto, cada elector podría marcar, de entre la lista de un partido determinado, aquellos candidatos que considerase más adecuados. De cada lista saldrían elegidos los candidatos más votados. Los diputados deberían su escaño, por una parte, a que su partido los habría incluido en la lista electoral y, por otra, a que los electores, directamente, los habrían elegido frente a otros candidatos del mismo partido.
Un sistema de efectos parecidos al anterior, que facilita un mayor conocimiento de los candidatos por parte de los electores, es el sistema de doble voto, que se utiliza en Alemania. En él, los electores disponen de dos votos. Con el primero votan la lista del partido político que desean, y del recuento total de estos votos se establece proporcionalmente el número de escaños que corresponden a cada partido político. Con el segundo voto se elige, en circunscripciones de pequeño tamaño, a un candidato de entre los presentados por los diversos partidos políticos. Sale elegido el candidato que obtiene más votos. El pequeño tamaño de la circunscripción permite que los votantes conozcan a los candidatos que se presentan. Del total de escaños que corresponden a cada partido, de acuerdo con el primer voto, el otorgado a una lista, se atribuyen en primer lugar los escaños a aquellos candidatos que han ganado en las circunscripciones pequeñas. El resto de escaños, hasta completar el número total que corresponde a cada partido, se atribuyen a los candidatos de la lista del partido.
El resultado de esta operación es que la Cámara es proporcional al número de votos obtenidos por cada formación política, y que una buena parte de los diputados han sido elegidos personalmente por los electores.

AUNQUE ningún sistema electoral es perfecto, las fórmulas expuestas otorgan mayor poder a los electores, porque con su voto eligen personalmente a buena parte de los diputados, y estos, para ser reelegidos, deberán atender en primer lugar a los electores de su circunscripción, sin perjuicio de su vinculación al partido político del que forman parte.

Nunca en nuestra reciente historia democrática habíamos asistido a un debate tan intenso sobre nuestro sistema electoral como el que hemos presenciado antes, durante y después de las últimas elecciones generales. El penúltimo ejemplo lo hemos visto en la primera sesión del debate de investidura. Allí, el líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, exigió al candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una reforma del actual sistema electoral y el líder socialista, por su parte, se comprometió a crear una comisión para estudiar esta posibilidad.

El interés de todo el debate generado en torno al sistema electoral está más que justificado, pues estamos hablando del conjunto de reglas que organizan el aspecto más esencial de la democracia: las elecciones periódicas y competitivas por las cuales elegimos a nuestros representantes políticos. Sin embargo, cuando hablamos y discutimos sobre el sistema electoral solemos centrarnos en los aspectos más negativos olvidando, creo que injustamente, los importantes logros que ha generado. Convendría, por tanto, hacer una pequeña reflexión sobre las luces producidas por una de nuestras instituciones políticas que ha permanecido intacta desde el inicio de nuestra democracia.

El sistema electoral español se ha empleado en diez ocasiones desde 1977, y dos han sido sus principales consecuencias positivas. En primer lugar, hay que destacar la escasa fragmentación del sistema de partidos. Así, el Congreso de los Diputados ha estado fundamentalmente dominado por dos grandes partidos que se han alternado en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), y una serie de partidos menores, fundamentalmente nacionalistas y regionalistas, que han jugado papeles importantes en determinados momentos.

En segundo lugar, y gracias en parte a nuestro sistema de partidos, España ha disfrutado de una relativa calma institucional que ha tenido su mejor reflejo en la duración de los distintos equipos de gobierno. Como es bien sabido, la ley electoral establece que las elecciones se celebren cada cuatro años y, si observamos la duración de todos los gobiernos desde 1977, el valor medio ha sido de aproximadamente cuarenta meses, algo más de tres años. Hay que mencionar, por excepcionales, los tres primeros gobiernos bajo el mandato de la Unión de Centro Democrático (UCD). Con una duración media de unos veinte meses, estos tres gobiernos estuvieron además sometidos a una grave crisis en el propio partido que originó la existencia de gobiernos dirigidos por distintos responsables. Exceptuando estos equipos, que se pueden considerar de transición, los gabinetes formados a partir de octubre de 1982 se han caracterizado por su longevidad. Es más, desde las elecciones de 1996, todos los gobiernos resultantes han cumplido escrupulosamente el plazo legalmente establecido.

Junto a esta longevidad, la cohesión interna de los equipos de gobierno es otro rasgo positivo que ha definido a nuestro Poder Ejecutivo desde 1977. De hecho, la escasa conflictividad en los diferentes gobiernos es uno de los elementos fundamentales para comprender el asentamiento de la democracia en España. En tan sólo treinta años, España ha pasado de ser una dictadura a una democracia cuyo funcionamiento se puede equiparar perfectamente a las del resto de democracias europeas. Nuestro sistema electoral ha permitido la creación de cuatro gobiernos donde un partido ha ganado la mayoría absoluta de escaños en el Congreso de los Diputados y seis donde el partido vencedor ha estado en minoría parlamentaria. En estos últimos casos, hay que señalar que los gobiernos han sobrevivido gracias a apoyos parlamentarios con otras formaciones políticas y, curiosamente, no se han producido gobiernos de coalición. La ausencia de coaliciones en circunstancias que habrían favorecido su aparición es una particularidad del sistema político español. Si se observan datos de otras democracias occidentales, e Italia es un buen ejemplo, se aprecia que la forma de gobierno de coalición, esto es, un gabinete formado por miembros pertenecientes a dos o más partidos políticos, ha sido y es muy frecuente. Sin embargo, en España ha predominado la idea de que el partido ganador de las elecciones es el partido que controla el gobierno, a pesar de haberse dado las condiciones para generar gobiernos de coalición.

La ausencia de gobiernos de coalición y, sobre todo, las mayorías absolutas generadas por el sistema electoral han facilitado que los partidos en el gobierno hayan podido llevar a cabo las importantes reformas económicas y estructurales que han colocado a España en los vagones de cabeza entre las democracias más industrializadas. Es difícil imaginar que estos mismos logros se hubieran alcanzado si nuestro sistema electoral hubiera generado gobiernos inestables y poco duraderos. El ejemplo más cercano al que podemos recurrir es el sistema electoral empleado durante la II República. Y sus resultados no son precisamente alentadores. De 1931 a 1939 se celebraron tres elecciones generales que produjeron más de veinte gobiernos distintos. Sin duda, esta inestabilidad institucional fue uno de los factores negativos que impidió llevar a cabo las reformas que promovían los distintos partidos políticos y que además contribuyó a la polarización política con el resultado trágico que todos conocemos.

Por supuesto, estos efectos positivos generados por el sistema electoral español deben contraponerse a las consecuencias negativas que son las que han dominado el debate actual. La falta de proporcionalidad es, seguramente, el reproche más claro que podamos atribuirle. La desproporcionalidad afecta principalmente a partidos nacionales con apoyos sensiblemente inferiores a las grandes formaciones políticas. El ejemplo más contundente se encuentra en Izquierda Unida (IU), que en estas últimas elecciones ha vuelto a ser la tercera fuerza más votada y, sin embargo, se ha convertido en la sexta fuerza parlamentaria llegando incluso a perder su propio grupo en el Congreso de los Diputados. Pero junto a la desproporcionalidad, también hay que considerar la rigidez con la que los ciudadanos eligen a sus representantes.

El sistema de listas bloqueadas y cerradas puede generar al menos dos restricciones a los electores. Por un lado, restringe la libertad del votante para decidir al representante más preferido. El votante ve limitada su capacidad de elección a una única dimensión: la ideológica. Por otro, esa falta de capacidad del votante para elegir a la persona que lo represente tiene la consecuencia más grave en la ausencia de mecanismos para premiar o castigar la actuación de un diputado durante su mandato. El elector no puede responsabilizar a un representante concreto de la mala gestión realizada durante el periodo para el que fue elegido sin castigar a la formación política a la que pertenece. El votante no tiene, pues, una opción para castigar al mal político y a la vez votar por su fuerza política preferida. Como consecuencia de ello, el elector puede bien abstenerse o bien votar a su segunda opción política preferida. O dicho de otro modo, el propio sistema electoral podría estar promoviendo la abstención de ciertos votantes.

Estas sombras no son irresolubles y existen propuestas que tratan de solucionar, si no totalmente, al menos parcialmente estos defectos. Por ejemplo, a nuestro sistema actual se le podría añadir un colegio electoral de 50 diputados elegidos a nivel nacional que se repartieran de forma totalmente proporcional para reducir la desproporcionalidad que genera. Sin embargo, es injusto centrar toda la atención del debate en estas últimas cuestiones sin reconocer que disfrutamos de un sistema electoral que ha contribuido de manera fundamental al lugar que ocupa hoy España entre las democracias industrializadas.

Las últimas elecciones han dejado con dos representantes parlamentarios a una fuerza política con un millón de votos: Izquierda Unida. Si no ha sido un tsunami entonces habrá sido una irresponsabilidad de la izquierda socialista, si es que no ha sido un rebrinco tardío de las desconfianzas y recelos de la familia marxista histórica. Son dos cosas distintas pero pueden haber tenido efectos convergentes en dañar un poco más al sector más débil de la izquierda, o el sector menos dispuesto a asumir el camino del centrismo universal como espacio de decantación de unas elecciones. Hay razones para la autocrítica en Izquierda Unida: una de ellas es la exhibición identitaria de una bandera muy parecida a la que enarbola con desenvoltura y power point un antiguo candidato del Partido Demócrata de Estados Unidos, Al Gore, aplaudido por todos los poderes antes o después, y líder inevitable de la ola ecologista.

Otra razón para la autocrítica es menos obvia y algo más delicada: tiene que ver con las dos áreas de sensibilidad política que Izquierda Unida quiso reunir hace muchos años. La herencia del PCE ha sido biológica, en términos humanos, y ha sido ideológica en términos políticos: en ambos casos constituye una suerte de rémora difícil de defender en el contexto de la Europa contemporánea. Pero es también una herencia generacional: el impulsor de las crisis más agudas y más recientes de Izquierda Unida ha sido el comunismo veterano, cuya figura pública más visible es Francisco Frutos, que pareció encontrar en Julio Anguita su continuación natural y generacionalmente renovada. Con Gaspar Llamazares esa tradición parece diluida y en términos estratégicos ha rehuido el enfrentamiento para buscar la única vía posible de participación en el poder, es decir, la cooperación concreta o específica, mientras pueda aportar algo. Hoy ya no puede aportar nada con dos votos repartidos entre dos formaciones aliadas, Izquierda Unida e Iniciativa por Catalunya.

¿Ha sido un tsunami? ¿Un tsunami se lleva por delante tres víctimas? El desastre es que un millón de votos no tengan apenas representatividad parlamentaria cuando un sistema electoral mejorado hubiese permitido a IU acceder a un 10% de los diputados actuales del PSOE (en torno a 16). Pero se han quedado en dos. Eso empieza a parecerse más al efecto de una catástrofe y lo aleja del efecto de una simple derrota. Y además era tan previsible que la reforma de la Ley Electoral estuvo en el programa electoral del PSOE. Ese déficit profundo de nuestra democracia se pudo paliar corrigiendo los efectos democráticamente indeseados de la ley D’Hondt: el socialismo español, político e intelectual, ha de asumir entre sus inconsecuencias morales y sus irresponsabilidades políticas haber favorecido la desaparición parlamentaria de un millón de votantes que se sitúan a la izquierda del PSOE.

Argumentar con los errores de la propia IU su situación actual, minimizando la madre del cordero, es una forma de sutileza argumental parecida a la teología recreativa. El voto de IU responde a una evolución a la baja en el último decenio largo que no podía modificar su declinación con sus propias fuerzas. Ni siquiera en el mejor de los mundos, con esa misma ley, hubiese podido pasar de 6 o 7 diputados, e incluso en ese caso quedaría muy lejos del respeto por las decisiones democráticas de los ciudadanos. Un partido nacido coyunturalmente pero con razones de fondo como UPyD espera turno en las próximas dos elecciones para seguir ese camino y volver a minimizar en el Parlamento la representatividad de sus 300.000 votantes.

IU ha perdido votos y ha perdido credibilidad con sus conflictos internos e incluso con algunas decisiones locales disparatadas, pero quien ha terminado con el grupo parlamentario de IU no ha sido su millón de votos, sino la administración interesada de esos votos por parte de una ley electoral retóricamente denunciada y protestada por la izquierda socialista española. Quizá los resquemores históricos han seguido funcionando como última secuela de la escisión de la vieja familia marxista. Pero ése no es un argumento consolador, sino más bien al contrario: muestra demasiado crudamente la cara desideologizada y estrictamente pragmática de un centro- izquierda socialista que prefiere acabar con otra formación política y aspira a atraer, en plena resignación fatalista del votante de IU, un porcentaje de votos que engrose sus propias mayorías.

Y entonces se dará la amarga paradoja según la cual la desaparición parlamentaria de IU habrá servido para mejorar los resultados del PSOE y ratificar su instalación en el centro-izquierda sin contrapeso alguno en el Parlamento y progresivamente tampoco entre los ciudadanos (porque otro poco del desánimo de IU acabará en la abstención). Es política, por supuesto: los socialistas no leen todos de manera idéntica el pasado histórico pero han apoyado la Ley de Memoria y sin embargo no han impulsado la defensa del derecho actual de la representatividad parlamentaria de IU. No sé si merece la pena pagar el precio ético de una tan ventajosa dejadez política. Esa neutralización de IU pudo haberse hecho con armas más francas y no propiciando por vía pasiva la invisibilidad parlamentaria de un millón de votos: acabaremos siendo como el millón de vacas que en algún sitio debían estar pero nadie había visto nunca, según un hermoso relato de Manuel Rivas.

A raíz de la pasadas elecciones se ha suscitado, una vez más, el recurrente debate sobre la igualdad del voto en nuestro sistema electoral, el diferente trato, presuntamente discriminatorio, que dicho sistema otorga a los votantes de los diversos partidos debido al distinto valor efectivo del sufragio que emiten. El tema es del mayor interés para la salud de la democracia y para la confianza de los ciudadanos en la representatividad de las instituciones políticas.

Unas cuantas cifras, extraídas de las pasadas elecciones, permiten dar cuenta de la magnitud del problema. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya han alcanzado conjuntamente unos 963.000 votos y han obtenido 2 diputados. El PNV ha conseguido 303.000 votos y ha logrado 6 diputados.

Efectuando una sencilla división, IU-ICV ha necesitado 481.000 votos para obtener un diputado y el PNV sólo 50.000. La desigualdad parece evidente. Ello empeora si tenemos en cuenta que IUICV ha conseguido sus dos diputados por las circunscripciones de Madrid y Barcelona, empleando para ello 316.000 votos. Con los 647.000 votos restantes, obtenidos en las demás provincias españolas, no han conseguido diputado alguno. No es extraño que, de acuerdo con el razonable criterio de la utilidad del voto, muchos de los que desearían votar a IU-ICV dejen progresivamente de hacerlo para pasar a escoger la candidatura que les parezca menos mala o para votar en blanco o abstenerse. La participación democrática se debilita si el sistema electoral no estimula al elector.

Sin embargo, el ejemplo utilizado puede inducir al error de pensar que el sistema favorece, sobre todo, a los partidos nacionalistas. Ello no es así. Es cierto que el diputado más barato, aquel que se obtiene con el menor número de votos, ha sido en estas elecciones el del PNV, seguido por el de Nafarroa Bai (62.000 votos). Pero, a continuación, los diputados más baratos son los del PSOE y el PP, los dos grandes partidos estatales: sólo han necesitado alrededor de los 65.000 votos. A una cierta distancia, ya encontramos los demás partidos nacionalistas: CiU (75.000 votos), Coalición Canaria (82.000), ERC (98.000) y BNG (104.000). A una distancia enorme, UPyD (303.000) y, finalmente, IU-ICV, con los 481.000 votos que hemos indicado.

De estos datos, se deducen dos conclusiones: por un lado, el sistema electoral no es proporcional desde el punto vista de la relación diputado/ votos obtenidos; y, por otro, el sistema electoral determina la supremacía bipartidista del PSOE y del PP, así como la representación equitativa, en paridad con los anteriores, de los partidos nacionalistas. Los grandes perjudicados son, pues, los pequeños partidos – pequeños, quizás, debido al sistema electoral- de ámbito nacional. Consecuencia de todo ello es que que si uno de los dos grandes partidos no obtiene mayoría absoluta para formar Gobierno debe buscar el apoyo de uno o varios de los partidos nacionalistas, ya que los escasos diputados de los pequeños partidos estatales resultan insuficientes.

La razón de esta desproporción entre votos/ diputado para estos pequeños partidos de ámbito estatal no está en el método mediante el cual se reparten los escaños – el famoso método D´Hondt-, sino en el pequeño tamaño de la mayoría de las circunscripciones provinciales. Como se sabe, si en una circunscripción no se reparten más de 10 escaños, los efectos del método D´Hondt, a pesar de ser proporcional, son iguales a los del sistema mayoritario, es decir, favorecen el bipartidismo. Sólo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante superan esta cifra. Si efectuamos una simulación de los resultados actuales con un método proporcional puro, con circunscripción única en toda España, el PSOE obtendría nueve diputados menos, el PP siete, IU-ICV doce diputados más, UPyD 3, y los partidos nacionalistas quedarían prácticamente como están. El mal resultado de IU-ICV, el peor desde los ochenta, es consecuencia, entre otras razones, de un largo proceso de desgaste debido al actual sistema electoral que, desde sus inicios, ha ido conformando el sistema de partidos.

Cabe preguntarse: ¿es intrínsecamente malo un sistema bipartidista? No necesariamente. Es preferible el bipartidismo a la ingobernabilidad, pensemos en la Segunda República. Grandes países como el Reino Unido y Estados Unidos siempre han sido bipartidistas. Ahora bien, en estos países los partidos funcionan de manera distinta al nuestro, estos países no son partitocracias como es el actual sistema español. El bipartidismo, en sí mismo, no es perverso. Pero el bipartidismo con un sistema de listas cerradas y bloqueadas, que es nuestro caso, en el cual el poder está en manos de los aparatos de los partidos, sí que puede llegar a un alto grado de perversidad, quizás en España ya lo hemos alcanzado. No olvidemos, entre tantas otras cosas, la poco edificante campaña electoral.

Y no hay que hacerse ilusiones. El antiguo y recurrente debate sobre la desigualdad que ocasiona el voto no tendrá consecuencias, no se reformará la ley electoral. Al fin y al cabo, sólo perjudica a IU-ICV y a UPyD: tres simples votos entre 350 diputados. Que algunos millones de españoles la deseen tampoco será tenido en cuenta.

Hace días, en el consulado español en Los Ángeles, que dirijo, un señor oriundo de nuestro país preguntaba si podíamos ponerle por escrito las ventajas que tendría para él y sus hijos hacerse español. Al ser fechas electorales, uno podría decirle que, entre otras cosas, podría participar en las elecciones, pero para alguien evidentemente desconectado de nuestro país, la respuesta habría sido surrealista.
El caso, frecuente, muestra que, a diferencia de hace 20 años, la nacionalidad española en el 2008 se cotiza bien. Incluso en EEUU. Será nuestro despegue económico, la pertenencia a Europa y a Schengen… El hecho es que tiene buen precio.
Tiene esto relación con las elecciones y la participación en ellas de los españoles residentes en el exterior. En las recientes, en mi zona, los sentimientos de nuestros compatriotas han estado teñidos de interés, desconcierto e irritación. Una cantidad mayor que en elecciones anteriores (en el extranjero hay casi 1.200.000 españoles con derecho a voto) que- rían participar.

LA PRIMERA sorpresa fue que les presentaba dificultades. Los emigrantes votan en el consulado hasta una semana antes de las elecciones, o por correo hasta el día anterior. Necesitan para ello recibir las papeletas que les remite la Junta Electoral de su provincia. Su llegada es azarosa. En Los Ángeles, más del 60% de las papeletas no había llegado el día límite del consulado, y un 20%-25% no lo había hecho el día 8.
Bastantes compatriotas se hacen cruces con que la propaganda de los diversos partidos aparezca en sus buzones semanas antes de las elecciones, mientras que las papeletas enviadas oficialmente, después de 32 años de democracia, llegan tarde o no llegan. Alguno se desconcierta, asimismo, al ver que el lunes la prensa anuncia los resultados “computados el 100% de los votos” y que el miércoles ya se cantan los del exterior, cuando muchos pusimos el sobre en el correo el sábado por la tarde porque la papeleta llegó el viernes. ¿Ha habido tiempo de escrutarlos?
El voto del emigrante no es cuestión banal. Cualitativamente vale lo mismo que el de un residente en España. Cuantitativamente, si creciese la participación (este año habrán votado 345.000), podría incidir más en los resultados. En contra de lo que se venía pensando, el número de los españoles en el exterior va a crecer considerablemente en los próximos años, y con resultados potencialmente pintorescos. Hace una década se previó el aumento de la población extranjera en España, aunque no hasta los 4,5 millones censados de hoy, que sería paralelo a la disminución de nuestros compatriotas que viven fuera. Lo último no va ocurrir. No porque suba nuestra emigración, sino por la cantidad amplísima de personas que van a poder optar sin trabas a nuestra nacionalidad con diversas motivaciones.
Recientes disposiciones legales han permitido recuperar la nacionalidad española a hijos de españoles que, por haber crecido en el exterior, habían disfrutado regularmente de otra. Pero en breve puede llegar una avalancha que engordaría enormemente el número de potenciales votantes, con la aprobación de la medida que otorga la nacionalidad española a los nietos de los españoles que se tuvieron que marchar al extranjero por razones políticas, económicas o de otro tipo.
El talante generoso de nuestros legisladores alumbrará magnánimamente supuestos chocantes, y convertirá, a veces, en españoles a personas ajenas a todo lo que ocurre en nuestro país. Además del ejemplo narrado al inicio, cito otros dos casos recientes: a) Una señora solicita en el consulado, en inglés, al ser su castellano casi inexistente, el formulario para optar a la nacionalidad. Cuando se le da en castellano, llama airadamente, argumentando que estamos en EEUU y que había que enviárselo en inglés. b) Un ejecutivo, nieto de española, me pregunta cómo puede ser español cuando salga la ley. En la conversación, me percato de que no distingue Catalunya de Andalucía, no sabe quiénes son el presidente del Gobierno, Pujol, Felipe González o Serrat, y cree que España sigue enviando emigrantes al exterior en vez de recibir. Lo más bonito: no habla castellano (ni catalán, ni euskera). Tampoco lo lee.

RESULTA obvio que, junto a los que sienten la veta española, un cierto número de la avalancha que se avecina, a diferencia de la generación anterior, va a optar a la nacionalidad porque es más cómodo tener dos pasaportes o porque por causas económicas o laborales le resultará más rentable circular por Europa con un pasaporte comunitario. Sería interesante saber qué porcentaje de los nietos de españoles se identifican aún levemente con España, y qué porcentaje se mueve por razones ajenas a la pertenencia a una comunidad.
En todo caso, aunque ignoren quiénes son Serrat o Tarradellas, lo que es un culé o un periquito, lo que significa Catalunya en España o crean que la sardana es una tapa, unos y otros podrán decidir, si no se cambia la ley, si el diputado X de Barcelona va al PP o a Convergència, al PSOE o a Esquerra.

Las recientes elecciones legislativas, contra lo que viene diciéndose, no han significado un batacazo para Izquierda Unida (IU), sino un descalabro para la propia democracia, especialmente necesitada de legitimación y juego limpio en el momento del voto, clave del ejercicio de la soberanía nacional. Que los dos escaños de IU hayan costado casi medio millón de votos cada uno es un fenómeno que no puede tolerar nuestra democracia, pivotada por dos partidos a los que cada diputado le ha salido por siete veces menos: 65.471 votos por escaño los socialistas y 66.405 los populares.

El creciente bipartidismo, no sólo político, sino también mediático a la hora de los análisis electorales, atribuye a las guerras internas de IU -que existen en todos los partidos- o carga sobre la espalda de Gaspar Llamazares la responsabilidad de un fracaso previamente promovido por los dos grandes protagonistas del 9-M. Sobre todo, mediante la negativa del PSOE y el PP a reformar unas normas electorales, ya “provisionales” en marzo de 1977, que atentan contra los “criterios de representación proporcional” establecidos constitucionalmente como fruto del consenso, con la oposición del ponente de Alianza Popular, Manuel Fraga, que abogaba por el sistema mayoritario.

Es curioso que el PSOE actual, heredero de los políticos que lograron introducir en la Constitución el criterio electoral proporcional, hasta ahora no haya estado a favor de profundizar en esa línea. La realidad es que a los dos grandes partidos no les interesa esa proporcionalidad; de ahí que es la ocasión de comprobar si desde el poder se actúa por simple egoísmo político, para conservarlo, o se es capaz de moverse en favor de la ampliación de la democracia. La izquierda democrática necesita implantar un voto más igualitario y proporcional, exigencia que no existe en los conservadores, en este punto más coherentes con los constituyentes de la derecha y el centro.

El nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe tomar la iniciativa de acometer inmediatamente una reforma electoral que nos haga avanzar en calidad democrática a partir de los próximos comicios. La fórmula ya la expuso el 13 de noviembre de 2007 en estas mismas páginas el ponente constitucional socialista Gregorio Peces-Barba: añadir a los 350 diputados actuales, 50 diputados más -la Constitución prevé hasta 400- que se reclutarían “en una única circunscripción nacional, que recogería todos los votos que en las circunscripciones provinciales no hubieran sido aprovechados para elegir un diputado”.

La reforma, además de democratizar más el sufragio universal, promovería sin duda el pluralismo político, consagrado constitucionalmente como uno de los cuatro valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, con la libertad, la justicia y la igualdad. Zapatero ha desarrollado estos últimos valores en la anterior legislatura, en la que por cierto no le ha ido mal con el apoyo recibido de varias minorías parlamentarias y muy especialmente IU. En cambio, el espectro del bipartidismo que se avizora no presagia muchos avances de los valores democráticos.

El PSOE ha contribuido a plantear una campaña electoral a dos únicas bandas, a lo que se ha añadido la propagación del miedo, desde las filas socialistas, a una eventual victoria del PP si los electores de izquierda no acudían al socorrido “voto útil”… útil para el PSOE. Por supuesto que también los electores tienen responsabilidad en los escasos resultados de IU, que ha bajado de los 1.284.081 votos de 2004 a los 961.794 del 9-M.

A diferencia de la derecha, que vota sin fisuras al PP, para que recupere el poder que cree que le pertenece, los ciudadanos de izquierda tienen a veces el corazón partío. Conozco varias decenas de votantes, muchos de ellos rojos convictos -no daré nombres- que han confesado su preferencia por IU (ley de plazos para el aborto, laicismo ya, inmigración sin complejos, memoria histórica…), pero han terminado por votar “esta vez” al PSOE, para cerrar el paso al PP. Ahora lamentan el fracaso de IU y analizan sus causas…

El resultado es que para la próxima legislatura el PSOE se ha quedado prácticamente sin referente por la izquierda, lo cual para los sectores más izquierdistas del propio partido -entre ellos muchas mujeres que no soportan el incumplimiento de la promesa de ampliar el aborto- significa el riesgo de que no se avancen pasos en esa dirección, sino que Zapatero resulte tentado por las alianzas con los nacionalistas o incluso, en situación extrema, con su colega de campaña. Por lo pronto, el PSOE parece contento con haber engordado sus resultados con votos prestados.

Menos mal que Zapatero ha prometido corregir errores cometidos durante la anterior legislatura. ¿Será uno de ellos el de no reformar la legislación electoral, y acometerá ahora esa asignatura pendiente para demostrar su voluntad de profundizar en la democracia? Sería meritorio, porque ahora casi nadie le va a pedir en el Parlamento una iniciativa como ésa.

En ocasiones he señalado en estas páginas algunos de los efectos del sistema electoral a las Cortes Generales, apuntando la conveniencia de efectuar alguna reforma en el mismo. Tras las elecciones, el momento es propicio para corroborar hipótesis anteriores, y para extender la reflexión a otros aspectos que merecen atención política. Los resultados electorales del pasado domingo refuerzan en mi opinión la necesidad de abordar por fin algunas reformas constitucionales, y entre ellas destacan en este momento al menos tres importantes temas.

1.- La reforma del sistema electoral al Congreso

Las elecciones del pasado domingo corroboran los efectos habituales del actual sistema electoral. Una vez más, los partidos dominantes se benefician tanto de la fórmula matemática aplicada (el llamado sistema D’Hondt) como, sobre todo, del diseño de las circunscripciones electorales. Este segundo es sin duda el defecto fundamental de un sistema que dice ser proporcional, pero que provoca en la práctica una tendencia mayoritaria.

En efecto, si aplicáramos criterios estrictamente proporcionales a los resultados producidos, el PSOE habría obtenido 155 escaños (es decir, 14 menos de los que realmente ha conseguido) y el PP 142 (11 menos). Habiendo recibido entre ambos partidos el 83,7% de los votos totales, copan sin embargo el 92% de los diputados. Por contra, el resto de formaciones políticas, salvo el especifico caso del PNV, obtienen los mismos o menos escaños de los que proporcionalmente les habrían correspondido. Así, IU, que ha conseguido solamente 2 diputados, tiene un respaldo en votos equivalente a 14 escaños. UPD, ERC y BNG han obtenido 3, 1 y 1 escaño menos respectivamente de los que proporcionalmente podrían haber recibido. Y hay 9 formaciones políticas que han quedado fuera del Congreso, aunque su respaldo electoral en votos equivaldría en términos proporcionales a 1 escaño para cada una de ellas.

La culpa de estas distorsiones la tiene fundamentalmente la decisión constitucional de consagrar la provincia como circunscripción electoral al Congreso. Es este factor, y no la formula D’Hondt, el que, por ejemplo, provoca que IU pierda 12 escaños en el reparto (y con ello su grupo parlamentario), y que los dos grandes partidos obtengan un diferencial positivo de hasta 14 diputados. El hecho de que las 50 provincias sean circunscripciones electorales ocasiona que el número medio de escaños por circunscripción sea demasiado bajo. En las elecciones al Congreso esta media equivale a 6,7 escaños, muy por debajo de la media de los países europeos que utilizan el sistema D’Hondt. Así, Noruega ofrece una media de 8,7; Islandia de 10,5; Portugal de 11,5; Finlandia de 13,3; Bélgica de 13,6; Luxemburgo de 15; y Países Bajos de 150. Estos datos son relevantes porque, a igualdad de fórmula electoral, una media inferior a 10 transforma un sistema nominalmente proporcional en tendenciosamente mayoritario, lo que en cierto modo contradice a la propia Constitución.

Estos datos comparativos con otros países europeos resultan de por sí suficientemente concluyentes como para plantear el debate sobre el sistema electoral. Obviamente, es legítimo diseñar un sistema que dote de cierta estabilidad a las instituciones y, en este sentido, ciertas correcciones (como la que provoca la fórmula D’Hondt) pueden ser utilizadas en dosis razonables. Pero la circunscripción electoral extiende su influencia más lejos, puesto que genera esa dinámica electoral que llamamos ‘voto útil’. El elector, consciente o inconscientemente, aprende la dinámica del sistema y adecua hasta cierto punto su comportamiento al mismo, lo que abunda en un reduccionismo bipartidista que seguramente no refleja fielmente la composición ideológica de la sociedad. Si en las primeras convocatorias electorales de los años setenta la suma de los dos primeros partidos equivalía al 65% del voto total, este porcentaje ha ido incrementándose hasta llegar en estas elecciones al 84%. Desde luego, una parte del éxito creciente de los dos partidos principales puede deberse a sus propios aciertos, pero no puede negarse la incidencia paulatina de un sistema electoral que castiga a las restantes formaciones; algo que por cierto no tiene por qué resultar siempre beneficioso para los dos grandes partidos.

En definitiva, parece conveniente abordar alguna reforma en el sistema electoral al Congreso, y la propuesta más evidente es la del aumento del tamaño de las circunscripciones. Una posibilidad más que razonable sería hacer coincidir las circunscripciones con la organización territorial del Estado en comunidades autónomas. El paso de circunscripciones provinciales a autonómicas, sin suponer una revolución en los resultados finales, acercaría el sistema a un juego electoral más proporcional y al propio diseño institucional del Estado.

2.- La reforma del Senado

Los electores habrán podido constatar, quizás con cierto asombro, que los resultados al Senado no guardan relación directa con los resultados al Congreso. Así y todo, es llamativo el poco interés que suscita el resultado electoral al Senado, una cámara en la que los ciudadanos eligen a 208 representantes sin que en muchos casos entiendan muy bien el cómo ni el para qué. Este desconocimiento es directamente proporcional a su importancia real. El Senado hoy en día ni es útil ni sirve a la representación territorial que pide la Constitución. Reformar el Senado necesitará de un cierto esfuerzo de los grandes partidos, pero nadie puede cuestionar a estas alturas que es algo necesario. Los modelos alternativos son varios pero, en mi opinión, al actual Estado de las Autonomías le convendría un diseño de cámara territorial relativamente similar al alemán, en el que los representantes territoriales lo son de sus gobiernos respectivos. Sería ésta una alternativa más eficaz, útil para la cooperación interinstitucional y más económica que la actual.

3.- La definición territorial del Estado

Por último, las elecciones del pasado domingo también apuntan al complejo tema de la organización territorial, auténtico nudo gordiano del sistema político español. La cuestión no asoma tanto por los resultados de las formaciones nacionalistas periféricas, sino por la curiosa correlación de tendencias que se ha producido entre un PP erigido en representante de la uniformidad y un PSOE que, con Zapatero al frente, defiende una cierta idea de ‘España plural’. Lo relevante es que no hay en el resultado electoral tendencias similares en el conjunto, sino más bien todo lo contrario. Obvio es decir que el PSOE ha ganado las elecciones, pero este triunfo se basa precisamente en las dos comunidades que más reclaman su singularidad. El espectacular éxito socialista en Euskadi y Cataluña contrasta con las tímidas subidas de otras comunidades, e incluso con una tendencia a la baja en toda la mitad sur de la península (Madrid, La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía). Estas divergencias resultan muy llamativas en unas elecciones generales. Hay un dato que puede ser especialmente significativo a este respecto: si descontamos los resultados de Cataluña y Euskadi, el PP habría ganado las elecciones con mayoría absoluta de escaños (143 de un total de 285). Súmese a esto que en un lugar tan significativo como Madrid tanto PP como UPyD aumentan su representación, a costa de PSOE y de IU. Parece esconderse detrás de estas tendencias contradictorias un cierto divorcio entre territorios que reflejaría el sempiterno debate entre simetría y asimetría que subyace en la indefinición del modelo territorial.

Estas tendencias electorales tan desequilibradas entre dos territorios singulares que dan la victoria al PSOE y un resto del Estado que habría dado la victoria al PP evidencian en mi opinión una asimetría de muy difícil gestión, pero cuya resolución es, antes o después, necesaria. Una cosa es que el modelo territorial sea un marco abierto, y otra distinta que deba estar en permanente indefinición. Pero el mayor problema estriba precisamente en que, si bien la asunción de la pluralidad del Estado aparece como altamente aconsejable en términos constitucionales, las tendencias electorales del pasado domingo también dejan claros los riesgos electorales que dicha empresa puede entrañar para quien hoy pretenda abordarla.

Izquierda Unida obtuvo en las pasadas elecciones generales un total de 963.040 votos y dos escaños en el Congreso de los Diputados. No han faltado sesudos analistas que se han apresurado a denunciar la injusticia que sufre este partido y, en contextos informativos gráficos, pretendidamente muy profesionales, se ha llegado incluso a culpar de ello a la sobrerrepresentación de la que supuestamente gozamos los partidos nacionalistas.

Es recurrente esta argumentación, presuntamente dirigida a promover una reforma electoral que habría de poner fin a la discriminación que padece Izquierda Unida, aunque la experiencia viene demostrando que tal denuncia nunca trasciende el ámbito de los medios de comunicación, ni termina de traducirse en un proyecto de ley para su debate y aprobación por las Cortes Generales.

Las voces justicieras se alzan con mayor fuerza tras cada escrutinio, y los cuadros de resultados electorales ofrecidos por los medios audiovisuales reflejan en colorines la evidente desproporción entre votos obtenidos y escaños alcanzados que, desde 1996, viene cercenando elección tras elección la representación política de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados.

Efectivamente, un simple golpe de vista es suficiente para apreciar que mientras Izquierda Unida apenas ha conseguido dos escaños con más de 960.000 votos, el BNG ha logrado dos con algo más de 200.000; CiU diez con 770.000 y el PNV seis con 300.000. Siendo esto cierto, sorprende sin embargo la dificultad con la que tropieza el elector por llegar a captar, con otro simple golpe de vista, que el PSOE y el PP, con más de once y diez millones de votos respectivamente, han conseguido 169 y 154 escaños. Es decir, con once y diez veces más votos que IU, obtienen una representación 84 y 76 veces mayor en escaños.

Izquierda Unida tiene razón cuando se queja de que su representación final no es proporcional a los votos conseguidos. Pero aunque su lamento tenga alguna base, no hay fundamento para sostener que partidos como EAJ-PNV, CiU, BNG o NaBai estén sobrerrepresentados. Los que realmente gozan de sobrerrepresentación, en detrimento de IU, son PSOE y PP.

No es ésta una opinión partidaria e insolvente, sino una afirmación basada en estudios serios. Entre otros, el realizado por Josep Mª Reniu Vilamala (‘La formación de gobiernos minoritarios en España’, 1977-1996. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 2002) es contundente: «Si consideramos los efectos de la fórmula electoral D’Hont sobre la reducida magnitud de las circunscripciones españolas obtenemos que su aplicación favorece, así, a los partidos más grandes; castiga sin representación, o la dificulta notablemente, a los pequeños partidos de apoyos electorales dispersos por todo el ámbito estatal, y es ajustada para los partidos regionalistas o nacionalistas».

Otra cosa es que desde determinadas posiciones ideológicas se considere inaceptable que las formaciones políticas específicamente vascas, catalanas o gallegas incidan en la política española. Pero ésta es ya otra cuestión. No de sobrerrepresentación, sino de tolerancia y respeto al pluralismo y la diversidad que estas formaciones representan. Seguro que todo resultaría más sencillo si no existieran estos partidos pero, por la misma razón, también sería más fácil llegar a acuerdos si sólo hubiera un partido o, simplemente, si no hubiera elecciones.

Además, la sobrerrepresentación, que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en vigor confiere a PSOE y PP, no se produce únicamente en el conjunto del Estado sino también cuando menos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. Los datos históricos demuestran que el coste en votos por cada escaño es normalmente inferior para el PSE y el PP que para el resto de formaciones políticas. Concretamente, en las seis últimas elecciones generales convocadas en el periodo 1989-2008, el PSE consiguió sus diputados vascos a una media de 50.202 votos por escaño; seguido por el PP, con 52.677 votos/escaño; EAJ-PNV, con 55.243 votos/escaño; y EA, 90.090 votos/escaño, en el periodo 1989-2004. Por su parte, IU-EB llegó a necesitar 116.133 para lograr un diputado vasco en 1989.

En resumen, no hay duda alguna de que Izquierda Unida es la formación política actualmente menos favorecida por el modelo electoral vigente, pero tampoco hay duda de que los partidos nacionalistas, periféricos o como se quiera llamarlos, no son los beneficiarios del sistema. Más bien al contrario, los datos demuestran que si hay partidos sobrerrepresentados, en detrimento de Izquierda Unida, éstos son PSOE y PP.

Una última y necesaria matización. Aclarado que los partidos nacionalistas no están sobrerrepresentados y demostrado que la desproporcionalidad que actualmente sufre Izquierda Unida es en beneficio de PSOE y PP, de todo ello no cabe llegar a la conclusión de que la fórmula electoral vigente es por sí misma injusta con Izquierda Unida. Con el mismo sistema electoral, IU fue capaz de pasar de los cuatro escaños que obtuvo el PCE en 1982 a 7, 17, 18 y 21 escaños en las siguientes cuatro convocatorias. De hecho, tampoco es del todo riguroso que IU necesitara el pasado 9 de marzo de 450.000 votos para obtener escaño, sino que con cerca de 300.000 consiguió dos en Madrid y Barcelona, y que con los 600.000 restantes, diseminados en casi medio centenar de circunscripciones provinciales, no alcanzó los mínimos exigidos por la ley vigente.

Evidentemente se podría retocar el sistema para adecuarlo al momento actual de Izquierda Unida. Pero la cuestión de fondo es si un sistema electoral debe o no ser cambiado cada poco tiempo, en función del devenir particular de un partido u otro. Y ése es ya otro debate. Un debate harto peligroso. Porque, puestos a cambiar, nadie se imagina que los posibles retoques que se hicieran en hipotético beneficio de Izquierda Unida fueran en detrimento de PSOE y PP.

Estamos en el 2008. No en 1977, sino en el 2008. Ya no estamos en el momento del nacimiento de un sistema político democrático, ni siquiera en la infancia del mismo, sino que estamos ya en un sistema adulto. Se han celebrado ocho elecciones generales y decenas de elecciones autonómicas y municipales, que han convertido el cuerpo electoral en el árbitro indiscutible de la competición política.
El paso del tiempo nos ha enseñado mucho. Por ejemplo, que una democracia es difícilmente compatible con el monopolio estatal de la televisión. Sin embargo, desde 1978, en que se aprobó la Constitución, hasta 1988, en que se aprobó la ley por la que se introdujo la televisión privada en España, tuvimos monopolio estatal en este terreno. El hecho contó con la bendición del Tribunal Constitucional (TC), que consideró que poner fin al monopolio estatal no era un mandato constitucional, sino una opción para el legislador.
¿Era imaginable por entonces que en el 2008 se continuaría pensando que era constitucional ese monopolio estatal? ¿Por qué todavía seguimos aceptando que se prohíba la publicación de sondeos electorales a partir del lunes de la última semana de la campaña electoral? ¿Es compatible dicha prohibición con el ejercicio del derecho a recibir y transmitir información por cualquier medio de comunicación (artículo 20.1 de la Constitución) o con el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes (artículo 23)?
La contradicción entre la prohibición que se contiene en la ley y lo que la Constitución establece es bastante obvia. La norma no es que sea obsoleta, sino que es directamente anticonstitucional. No debió incorporarse nunca a nuestro ordenamiento posconstitucional, pero tiene cada vez menos sentido.
En mi opinión, los medios de comunicación podrían y deberían hacer lo siguiente: publicar los resultados de los sondeos que hubieran encargado y, en el momento en que se actuara contra ellos por incumplimiento de la ley, si es que llegara a suceder, solicitar del juez o tribunal que estuviera entendiendo del caso que planteara ante el TC la correspondiente “cuestión de inconstitucionalidad” por incompatibilidad del precepto de la ley de régimen electoral general con la Constitución.

SERÍA EL remedio más rápido y posiblemente más eficaz para acabar con esta antigualla. Lo que hay que hacer es ejercer el derecho a transmitir información, el instrumento a través del cual los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a recibirla, que en campañas electorales es el derecho de máxima importancia en una sociedad democrática, en la medida en que es inescindible del derecho de participación política, que es el derecho constitutivo de la igualdad constitucional, el derecho constitutivo de la ciudadanía.
Lo ideal sería que se pudiera plantear un recurso de inconstitucionalidad y que los medios de comunicación se dirigieran al Defensor del Pueblo, que es quien tiene legitimidad para interponerlo, a fin de que impugnara la constitucionalidad del precepto. Pero esto ya no es posible, ya que el recurso sería extemporáneo. El recurso únicamente puede interponerse dentro de los tres meses después de la publicación de la ley en el BOE. En consecuencia, no es posible seguir esa vía.
Creo, por tanto, que los medios de comunicación tienen que coger el toro por los cuernos y enfrentarse con el problema. No tiene sentido que los ciudadanos se vean privados de una información, que puede tener mayor o menor influencia en la formación de la opinión de cada uno de ellos, pero que tienen derecho a tener. Y que los medios de comunicación tienen derecho a transmitir.
No creo, además, que nadie considere que de esta manera se está vulnerando una ley y se está poniendo en cuestión la autoridad del legislador democrático. Este es uno de los casos en los que la contradicción entre la ley como voluntas y la ley como ratio es evidente. Es ley porque está en la ley, pero no porque haya ninguna razón para que figure en ella. Y es algo que salta a la vista. Ejérzanse los derechos fundamentales como tienen que ser ejercidos y tengamos la fiesta en paz.

NO SE ACABA de entender por qué continúa figurando este precepto en la ley orgánica de régimen electoral, que ha sido modificada en un buen número de ocasiones desde su aprobación. Cada vez que se ha detectado alguna anomalía que tenía que ser corregida, ha sido sumamente fácil hacerlo. Me parece que ha llegado el momento de decir basta y de poner fin a una práctica que carece de sentido. Mantener, a los 30 años de vigencia de la Constitución, tras numerosas campañas electorales, que los ciudadanos son menores de edad que tienen que ser protegidos frente al ejercicio del derecho a la información es inaceptable. El precepto proviene de una norma preconstitucional, que tal vez pudiera tener algún sentido en el momento inicial de la transición, pero que ha dejado de tenerlo tras la aprobación de la Constitución.

Kenya descended into chaos last week after accusations of vote rigging. The specter of further unrest haunts Pakistan after elections were postponed in the wake of Benazir Bhutto’s assasination. And two years ago Haitians clashed with the police in Port-au-Prince after a botched vote count enraged supporters of the leading presidential candidate.

Incidents like these reveal an abject lack of trust in the local election commissions that oversee voting. If cheating happens, as it surely has in Kenya, it is with the complicity or at least docility of these commissions.

Having led the United States-financed election observation mission in Haiti in 2006, and helped organize or observe elections in a half-dozen other countries, I know that the international community’s typical election assistance (technical aid and outside observation) does not prevent post-election violence.

Our hands-off strategy is usually grounded in a fear of taking away local ownership of elections, an especially delicate issue in countries with colonial legacies. But even dedicated, honest election officials can find themselves overwhelmed by limited capacity, outside pressures and political infighting.

The solution is a United Nations monitoring unit devoted not to elections, but to the work of election commissions. The unit would set and examine standards in the four areas that usually produce turmoil: transparency, inclusiveness, electoral procedures (including the all-important issue of vote count) and openness to technical assistance and observation. Commissions that instituted and maintained these standards would receive United Nations certification; the failure of commissions to be certified, or the loss of certification, would be an early warning signal well in advance of a potentially explosive election.

Countries with solid records on elections administration could apply for permanent certification and, barring credible accusations from opposition parties or observers, would be subject only to periodic review. International election-day monitoring would continue, of course, as a complementary, additional check.

It’s important that this election commission unit remain independent from the current United Nations Electoral Assistance Division, which provides its own advice to electoral authorities. Answering directly to a senior United Nations official would allow the unit to provide candid assessments, even in situations where the United Nations itself is helping organize elections.

There will never be a way to guarantee free, fair and nonviolent elections, particularly in countries where collective grievances are strong and institutional accountability weak. But it isn’t enough for observers, most of whom arrive shortly before polls open, to watch as elections are rigged or poorly administered and then cry foul as violence spins out of control.

Only by ensuring that election commissions meet minimum standards and are subject to continued, rigorous United Nations scrutiny will we inject badly needed legitimacy and stability into the election process.

Es lamentable tener que decirlo precisamente en un día como hoy, pero durante esta legislatura se ha producido un auténtico naufragio de la Constitución, desbordada tanto por los excesos nacionalistas, como por muchas actuaciones incorrectas de los propios gobernantes. Y, lo que es más grave, se ha hecho con la complicidad del órgano que debía vigilar por el respeto escrupuloso de la misma, esto es: del Tribunal Constitucional. Evidentemente, no se puede culpar del deterioro de nuestra Norma Fundamental exclusivamente a la política errática del presidente Zapatero, porque muchos de los incumplimientos actuales se podían ver ya incubados en ella desde su origen, aunque es ahora cuando han aflorado con toda su crudeza.

Dejando, pues, de lado, las acciones voluntaristas del actual Gobierno, si tuviéramos que buscar las dos causas primigenias de la situación que estamos viviendo en la actualidad, para poner así remedio a lo que se nos viene encima, tendríamos que afirmar que han sido las siguientes: en primer lugar, la falta de concreción de nuestra Constitución en lo que se refiere a la estructura territorial del Estado, pues como tantas veces se ha repetido, dejaba fuera de ella la enumeración de cuáles eran las comunidades autónomas, cuáles eran sus competencias respectivas y, sobre todo, cuáles las competencias indelegables del Estado.

La vigencia, durante todos estos años de dos principios uno consagrado constitucionalmente -el principio dispositivo (cada Comunidad Autónoma podía decidir su grado de autonomía)- y otro impuesto sociológicamente -el principio emulativo (todas aspiran a lo que aspiren las otras)- comportó que se estableciese un sistema de pujas entre las diversas comunidades autónomas y el Gobierno nacional a fin de obtener más competencias, circunstancia que ha tenido como resultado el actual desbordamiento de la Constitución y la parálisis del Tribunal Constitucional, enfrentado en dos sectas que parecen regirse más por motivos partidistas que por la razón jurídica.

Todo esto era previsible y así lo dijimos algunos desde la misma entrada en vigor de la Primera de nuestras normas. Era evidente, como sostuve desde su aprobación, que nuestra Constitución estaba inacabada y, por consiguiente, mientras que no se acabase de una vez, definiendo el modelo definitivo de Estado, nuestra Constitución sería provisional. Hoy ya sabemos que esto ha sido así y que a causa de los nuevos estatutos de las comunidades autónomas, comenzando por el de Cataluña, se está produciendo una mutación constitucional, que nos indica ya que el Estado Autonómico está en crisis total, porque el monstruo que se está creando, que algunos llaman confederal o plurinacional, no sólo es que sea por supuesto inconstitucional, sino que será también claramente ingobernable, con tendencias centrífugas cada vez más fuertes que pueden llegar hasta la independencia.

Todo esto ya se ha explicado hasta la saciedad, pero hay que recordarlo para que seamos conscientes de que, si hemos llegado a esta situación ha sido por la inopia de todos los gobiernos nacionales habidos hasta ahora que no han querido cambiar la otra causa del actual embrollo español. Me refiero a la vigente legislación electoral que permite que se hallen representados, por ejemplo hoy, en el Congreso de los Diputados siete partidos nacionalistas (PNV, CiU, ERC, BNG, EA, Nafarroa Bai y Coalición Canaria), los cuales, unos tras otros, han ido pasando de un nacionalismo autonomista a otro claramente soberanista o independentista. En otras palabras, gracias a que nuestra legislación electoral permite que estén representados en el Congreso de los Diputados los partidos que hayan obtenido al menos un 3% de los votos en cada circunscripción electoral, se hallan representados partidos localistas que, en conjunto, no llegan al 10% de los votos emitidos en el conjunto nacional.

Esta estúpida cláusula fue introducida en el Real Decreto de 18 de marzo de 1977, por el que se rigieron las primeras elecciones democráticas después de la Dictadura, con el fin de que se asegurase la presencia en las Cortes de CiU y del PNV principalmente, puesto que se pensaba que con toda seguridad las Cortes elegidas se convertirían en Constituyentes y no se quería que estas fuerzas no participasen en la elaboración de la nueva Constitución. Semejante argumento se podría aceptar, pero sólo para esa ocasión. Sin embargo, esta cláusula del Real Decreto inicial pasó también, cuando se elaboró años después, la Ley del Régimen Electoral General, lo que ya no tenía ninguna razón de ser puesto que se abría así la puerta a pequeños partidos que no representan más que a sectores muy minoritarios de la sociedad.

Sea como fuera, eso lo estamos pagando ya, porque han sido estos partidos nacionalistas los que han dado el apoyo parlamentario al Gobierno del PSOE, naturalmente a cambio de continuas contraprestaciones. Lo cual es grave, porque casi todos ellos no aceptan la Constitución, como se podrá comprobar hoy mismo por su ausencia en el acto del Congreso de los Diputados. De este modo, no se explica fácilmente la política suicida que ha realizado el Gobierno actual con respecto al tema de la descentralización territorial del poder. No hay ningún caso en las democracias occidentales de semejante aberración, en que los partidos separatistas condicionen una cuestión tan importante como ésta.

Y es que aquí España sigue siendo diferente, puesto que en la mayoría de los países europeos las elecciones cumplen una función principal que consiste en facilitar la gestión de programas viables, mediante la designación de líderes y equipos con capacidad y posibilidades de llevarlos a la práctica. De este modo, las elecciones realizan una labor de filtro de todas las opciones que se presentan, en el sentido de que sólo reciben un apoyo preferente los equipos de gestión que posean unas propuestas concretas de actuación. Ahora bien, es cierto que esta función de seleccionar al poder político no fue originariamente el cometido principal de las elecciones. El origen de los parlamentos, como es sabido, se debió a la necesidad de que los representes del pueblo autorizasen los impuestos del Monarca. Posteriormente, lo que se buscaba con las elecciones consistía sobre todo en representar a la Nación, como un todo, a fin de que la ley fuese la «expresión de la voluntad general». Pero con la llegada de los partidos, muchos defendieron que el Parlamento debía ser, a través de la representación proporcional más pura, una especie de espejo en donde se reflejasen el mayor número de tendencias de la sociedad, incluidos los grupos separatistas. Esta idea se ha ido desechando, porque lo que se ganaba en representatividad, se perdía en gobernabilidad. Salvo con la excepción de algún país como Holanda, donde se sigue manteniendo esa idea utilizando las coaliciones de partidos, la tendencia más extendida empieza a ser que la función fundamental de las elecciones es la de elegir a quienes van a gobernar de forma estable durante un periodo determinado.

En otras palabras, el principio de las elecciones democráticas en el siglo XXI significa simplemente que las riendas del Gobierno deben ser entregadas a los equipos que gocen de un apoyo más extendido que los demás rivales que compiten en la contienda electoral, representando opciones nacionales, y no de una parte concreta del país. En definitiva, la función primaria del electorado en una democracia, como apunta Giovanni Sartori, no es otra que la de crear un Gobierno que pueda gobernar, porque lo que caracteriza a los países modernos y democráticos es la finalidad de seleccionar el poder político más que la de sentirse todos los electores perfectamente representados. Hasta el punto de que es una de las razones que explican que se haya asentado en ellos el método de la alternancia. En efecto, la cual consiste en la sucesión regular de partidos opuestos que se turnan bien en el Gobierno, bien en la oposición, según sean los resultados de las elecciones.

Ciertamente, el sistema bipartidista es el que mejor responde a este sistema de la alternancia en que se basa la democracia moderna, pero ello no impide que pueda funcionar también, como ocurre en algunos países y debería suceder igualmente en España, con la existencia de un partido bisagra de alcance nacional. Pero lo que resulta absolutamente aberrante es la representación en el Congreso de los Diputados de pequeños partidos localistas, que quieren imponer sus decisiones interesadas a todo el conjunto de la población española, como por desgracia ha ocurrido en esta última legislatura y, además, con la finalidad de la mayor parte de ellos de lograr la independencia de sus regiones. El actual régimen político español debería pasar por el diván de los psicoanalistas, ya que los políticos del PSOE no son capaces de darse cuenta de esta paranoia que nos conduce al abismo.

Pues bien, es claro que la combinación infernal de un sistema constitucional que permite que las comunidades autónomas vayan incrementando sus competencias según sea su deseo, con la posibilidad admitida por la Ley Electoral de que estén representados en las Cortes partidos nacionalistas que quieren ir acortando la distancia que les separa de la independencia a fuerza de incrementar competencias que ni siquiera les corresponden -por ser del Estado central- conduce, entre otras muchas cosas peores, a algo que dijo un conocido jurista alemán. Esto es, a que varias decisiones del legislador -hoy en parte nacionalista en nuestro país-, puedan comportar que muchas bibliotecas jurídicas, especialmente las de constitucionalistas como yo, se conviertan en simple maculatura…

De ahí que la importancia de las próximas elecciones de marzo, sea realmente histórica, porque no se trata únicamente de elegir principalmente entre dos equipos dirigentes, sino de saber cómo se puede salvar lo todavía salvable de nuestra Constitución o, lo que sería más grave, en averiguar si estas Cortes acabarán siendo Cortes Constituyentes, con la misión de fragmentar el Estado de forma definitiva o, por el contrario, de encontrar una fórmula adecuada para que sigamos siendo una sola Nación, eso sí, con amplia descentralización territorial. Por si acaso, alegrémonos, en la festividad de hoy, de que la Constitución siga flotando todavía.

The system we use to select the major-party presidential nominees in this country is badly broken. That New Hampshire may move its primary into 2007 should be evidence enough. But focusing on the absurdity of the primary calendar obscures a problem of greater significance: not all voters are equal. To correct that sad truth we must change the way we select candidates.

The only solution that treats every voter equally would be to establish a true national primary, with every state voting on the same day. Unfortunately, this format would eliminate the essential “retail” politics of small-state primaries and turn the contest into a nasty televised slugfest among the candidates with the most money.

There is, however, a simple way to establish a national primary and yet still allow retail politicking to meaningfully affect the course of the campaign over several months: allow early voting, with regular reporting of the tally.

Here’s one way it could work. Set a national primary date of June 30 and create a window for early voting that opens on Jan. 1. The early votes would be counted and reported at the end of each month from January through May.

More than 30 states already allow early voting, and every state allows absentee voting. But under the current system, those votes sit around until Election Day and often don’t get counted at all if the race isn’t close.

If we began counting and reporting the interim results in advance of a national primary, the voters who cast early ballots would play the same role as voters in Iowa and New Hampshire do now: they could signal viability or create momentum for their favored candidates. These early voters would be self-selecting, trading the opportunity to watch the campaign unfold for the ability to demonstrate early conviction.

Most important, every voter, no matter where he or she lived, would have the freedom to make this choice. Right now, when one votes is determined by where one lives.

In 2008, more than 20 states will hold primaries or caucuses on Feb. 5, the most crowded primary day in history. The candidates who emerge from that so-called Super-Duper Tuesday will likely gain an unstoppable momentum. Votes cast in later primaries will probably be irrelevant.

The rush to the front of the calendar has further increased the value of voting early. Several states have moved their primaries and caucuses into January in order to share in the spotlight typically reserved for Iowa and New Hampshire. Even so, candidates this year have held more public events in those two states than in all other states combined.

Congress has held hearings on the problem with the primary calendar, and several creative ideas have surfaced. Most call for dividing the country into regions and then allowing small states to vote first or rotating which region votes first from election to election. Some have even proposed assigning the order in which states vote by lottery.

Each of these solutions would be better than the current mess, but they also share an important flaw: they all mistake randomness for fairness. Only a national primary would make every vote — at least those cast on the official primary date — equally meaningful regardless of where it was cast.

Early voting would allow positive campaigning and direct contact with voters, often cited as justifications for the special role of Iowa and New Hampshire in the process, to retain their importance during the six months before the national primary (at least until the very end). The choice to vote early would more likely be driven by strong positive attitudes toward a candidate than negative feelings toward the competition.

Voters would have to be highly motivated to cast their votes early. Candidates would have to prove their vote-getting ability in all regions to establish viability for the general election, but a lesser-known candidate with strong regional support or dynamic appeal would have time and opportunity to build momentum.

Sadly, campaigns would still pay attention to campaign contributions. Only a robust public financing system can change that. But the horse-race significance of donations would diminish. Actual votes, rather than money-raising totals, pundits or polls, would identify the front-runners.

Best of all, a national primary preceded by a window of regularly reported early voting would likely enhance voter participation from the paltry 20 percent typically seen in presidential primaries. Call it the “American Idol” effect. When everyone gets to participate equally in the voting, millions of people tune in.

En las democracias contemporáneas hay unos problemas principales, relativos a la esencia del sistema, y unos problemas accesorios, que dependen de la respuesta que se dé a aquéllos. En España tenemos también esas dos clases de problemas.
No estamos habituados a unos debates políticos en los que se distingan claramente las cuestiones esenciales de las secundarias. La mezcla de lo que es principal y de lo que es accesorio se convierte en un obstáculo para mejorar el régimen democrático. La desilusión de los ciudadanos se extiende peligrosamente.

Un problema principal en la presente democracia española lo constituye la forma de elegir a quienes han de representarnos y de gobernarnos. La ley electoral es mala, si por tal se entiende la que desfigura la voluntad popular. Tenemos que reformar las normas que se vienen aplicando desde los días de la Transición. Se afirmó oficialmente entonces que el sistema proporcional configurado por el Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 era una solución provisional, sólo aplicable a los comicios del 15-J, pero la ley de 1985 convirtió aquello provisional en permanente, con vocación de definitivo.

Ninguno de los partidos con posibilidades de llevar a cabo la reforma electoral se ha atrevido a acometer esa tarea. Y he aquí precisamente el asunto principal del que dimanan, con relación de causa efecto, otros problemas agobiantes, entre ellos la organización territorial de España.

Con una ley electoral que colocase a cada grupo en el lugar que democráticamente le corresponde, los disparates de los partidos separatistas, y de sus aliados, no nos preocuparían. El vigente sistema electoral potencia desmesuradamente a unas minorías. Cuando ninguno de los partidos de dimensiones nacionales consigue la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados se ve obligado a buscar el apoyo de quienes sólo representan a un porcentaje pequeño de españoles, tal vez el 10 por ciento. El mapa político se desfigura con unas zonas que poseen, o pueden poseer, más poder real que el resto del país.

Problemas inquietantes, como son el uso de las lenguas o la orientación de la enseñanza, dependen de los resultados de la mala ley electoral. Quedamos asombrados ante el espectáculo de un partido que se esfuerza en oponerse a quienes están ventajosamente enfrente (imponiendo la utilización de una lengua, arriando en los edificios públicos la bandera española, tergiversando la historia, dificultando la aceptación de una letra para cantar el himno nacional…); es una batalla que desaparecería con otra ley electoral. Las cuestiones que van a incluirse en los programas para los comicios de marzo -según se rumorea- serían cuestiones accesorias. La principal, en primera línea, debería ser la reforma electoral.

Y no hay que inventar mucho en este campo político. Basta con saber lo que sucede en otras democracias y valorar los efectos producidos por las diferentes legislaciones electorales.

Está suficientemente probado, por ejemplo, el buen fruto de la doble vuelta en elecciones francesas. Con esta receta se ha eliminado a los extremistas de la derecha y de la izquierda. Pero no es ese el problema principal de la democracia española.

Las listas abiertas en un sistema de representación proporcional suscitan la adhesión de algunos ciudadanos, confiados en el buen sentido de los electores para eliminar a candidatos poco recomendables. Sin embargo, la experiencia adquirida con la implantación de listas abiertas nos lleva a la conclusión de que son muy pocos los votantes que alteran las nóminas que les presentan los partidos y que, en cambio, se desata con frecuencia una lucha fratricida entre los aspirantes de una misma lista, registrándose casos de corrupción interna.

La Constitución Española establece que la elección de los diputados se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Por tanto, queda por ahora fuera de consideración el sistema mayoritario, en distritos unipersonales, tan consolidado en Gran Bretaña.

Con este condicionante constitucional (y sin necesidad de modificar el texto de 1978) puede reflexionarse sobre la fórmula alemana de los dos votos, a mi entender la más conveniente en las presentes circunstancias españolas.

Con una de las dos papeletas el votante se pronuncia a favor de los candidatos presentados en su provincia, que seguiría siendo considerada la circunscripción electoral (art. 68.2 C.E.). Esta elección será personalizada, como sucede en Gran Bretaña, es decir que los votantes conocen, o pueden conocer, las virtudes y los defectos de los aspirantes, dada la proximidad territorial entre los que eligen y los que son elegidos. Se convierten los triunfadores singularmente en «mi diputado», un ser de carne y hueso.

Con la otra papeleta se otorga el apoyo a una lista elaborada por los partidos. En la representación personalizada la iniciativa corresponde a los aspirantes; para el segundo voto, en cambio, adquiere protagonismo el partido, que debe garantizar la visión nacional del panorama político. La mitad de los elegidos son diputados de un concreto distrito y la otra mitad son los diputados de un determinado partido.

Otro requisito a tener en cuenta es el porcentaje, a escala nacional, que debe exigirse a las listas para poder participar en el reparto de los escaños. En el parlamentarismo bicameral, formado por un Congreso y un Senado, la posible marginación en el reparto de los diputados de ciertos partidos de los nacionalismos periféricos quedaría compensada con su presencia en la Cámara Alta, así como en las Asambleas de las Comunidades Autónomas.

En suma, el problema principal, a mi juicio, es la reforma de la ley electoral. Si se acertara en la solución dada a este asunto básico, las demás cuestiones -importantes, pero accesorias- se resolverían con relativa facilidad. Algunos comentaristas políticos de la presente situación española sugieren que primero debe ser el cambio del texto constitucional. ¡Ojalá eso fuese posible con las fuerzas políticas que hoy ocupan el Parlamento!

Hay que esperar lo que proponen para las próximas elecciones los grandes partidos. Tal vez se hable mucho de lo accesorio, o sea de lo que depende de la ley electoral, pero sin abogar en serio por una sustitución de la que está en vigor. Y si así fuera, continuaríamos igual, con una creciente abstención de los ciudadanos.

Como hacen los malos jugadores, también los políticos suelen echar las culpas de los resultados que no les son favorables a las ‘reglas de juego’, endosando al sistema electoral lo que únicamente es imputable a las deficiencias ideológicas o coyunturales de los programas con que afrontaron las elecciones. Al actuar así sucumben a un espejismo de los sistemas electorales, el de su omnipotencia, atribuyéndoles una influencia sobre el sistema político que en realidad no tienen y que seguramente es debida a la creencia en su fácil maniobrabilidad, pues el sistema electoral, al menos en muchos de sus aspectos, tiende a ser establecido en una ley correspondiente, como tal modificable con la mayoría requerida, aunque pueda haber elementos del sistema electoral que ya figuren en la propia Norma Fundamental y por tanto se encuentren constitucionalizados y así estén fuera del alcance del legislador ordinario.

La verdad es que el sistema político tiende a conformarse de acuerdo con otras variables que no resultan de determinaciones establecidas por los sistemas electorales, de manera que la influencia electoral en el sistema electoral ha de ser mediada por diferentes características del sistema político. Así, por ejemplo, el pluripartidismo no sólo refleja la proporcionalidad del sistema electoral, sino también y sobre todo la existencia de factores de división política de la propia sociedad, anclados en motivos identitarios o de lealtad nacional, culturales, religiosos, etcétera. De otro lado, es bien difícil cambiar el sistema electoral. Y no sólo porque, como decíamos antes, algunos de sus rasgos pueden estar establecidos en la propia Constitución, y cambiar la Constitución requiere de mayorías y procedimientos especiales que, aunque hayan sido pensados para la protección de otros elementos, rigen también en relación con las decisiones electorales. También porque, como resulta obvio, el cambio electoral, en sus aspectos medulares, es bien difícil de llevar a cabo, pues lógicamente se opondrá al mismo la fuerza política que ha alcanzado la mayoría con la regulación vigente.

Esto explica la longevidad de las reglamentaciones electorales, por ejemplo de la española, que data de 1985, teniendo presente que la LOREG en realidad confirmaba, nada menos, que un decreto-ley de 1977. Cierto que nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha sufrido modificaciones abundantes, pero sobre aspectos concretos, por ejemplo, el voto por correo, o las cuestiones referentes al ejercicio del sufragio en las elecciones europeas, o la participación de los extranjeros con derecho a voto en las municipales, pero sin tocar, me parece, la fábrica esencial de nuestro sistema electoral.

A pesar de lo dicho, es bastante frecuente encontrarse con variadas propuestas de modificación electoral que se ofrecen a la salud de nuestro sistema político como si se tratara de adecuadas dosis del bálsamo de Fierabrás. Vamos a dejar de considerar las que se refieren al modo de elección del Senado, que deben ser enmarcadas como un aspecto de los cambios que en verdad necesita este órgano de representación, si se lo quiere convertir en lo que el constituyente propuso, esto es, una Cámara «de representación territorial». Pero anotemos, aunque sea de pasada, dos cosas: primero, que la función territorial del Senado no implica la desterritorialización del Congreso, en el que sólo, según algunos, deberían encontrarse presentes las fuerzas de implantación general o nacional, reservando el Senado para la actuación de los grupos con mera presencia regional o territorialmente delimitada. En segundo lugar, que aunque el sistema electoral del Senado sea el mayoritario, los resultados en lo que se refiere a las fuerzas representadas y al propio comportamiento electoral de los votantes no ofrecen diferencias significativas en relación con la composición y resultados del Congreso en el que, al menos nominalmente, el sistema electoral es el proporcional.

Pero la objeción más grave que se formula contra el sistema electoral se refiere en realidad a los aspectos territoriales del mismo, aunque no siempre quien denuncia las deficiencias lo plantee en tales términos. En efecto, lo que se suele señalar es que el sistema electoral no es suficientemente proporcional, al primar la representación de determinados territorios sobre otros, poniéndose siempre el mismo ejemplo, a saber, lo que les cuesta a los electores de Madrid o Barcelona alcanzar un escaño en el Congreso frente a lo que se exige, pongamos por caso, en Soria o Teruel. ¿Cómo es posible que esto ocurra en un sistema sedicentemente proporcional? De otra parte, ¿por qué se consiente un sistema de representación que hace posible que los intereses generales, que se entiende son los únicos a tener en cuenta por el legislador, quedan establecidos, también en el Congreso, de acuerdo con las preferencias exclusivistas de los nacionalistas, cuyo concurso además a la hora de asegurar el apoyo político del Gobierno ha de resultar necesariamente gravoso para el conjunto de la nación?

Y si las deficiencias del sistema electoral, a la hora de garantizar una determinada representación parlamentaria o de procurar una mayoría de gobierno no las pudiese resolver el sistema proporcional, ¿no sería mejor optar por un sistema mayoritario, bien fuese de circunscripción única, como en Gran Bretaña, o de lista, como ocurría en nuestra Segunda República?

Los juristas tendemos a huir de los modelos, aunque sean buenos, y preferimos hacer nuestras propuestas a partir de los datos y limitaciones, también de las posibilidades, de la realidad, eso sí, bien entendida, no de modo esquemático o forzado. Desde esta perspectiva, lo primero que hay que decir es que nuestra Constitución no prevé un sistema electoral proporcional, sino que atienda a criterios de esta naturaleza, teniendo por tanto en cuenta decisiones que la misma Carta Magna ha tomado, de acuerdo con determinadas exigencias que ella ha valorado ponderando otros planteamientos de indudable importancia. Entre estos principios está sin duda el de la territorialidad, que sólo parcial o superficialmente se puede identificar con la provincialización del sistema.

En efecto, es la garantía de la representación de la provincia, como expresión primera del pluralismo territorial español, asegurada en la Constitución y confirmada en la Ley electoral, la decisión que determina la representación política, tiñendo la proporcionalidad de un carácter mayoritario que la caracteriza verdaderamente. Sencillamente la circunscripción electoral necesita un tamaño determinado para asegurar una representación proporcional, lo que no ocurre en el caso de la mayoría de las provincias españolas, aun asegurándoles una representación mínima, de la que no gozarían si el distrito fuese nacional o autonómico.

La propuesta de establecer un sistema mayoritario sin atisbos de proporcionalidad alguna merecería, en el plano del derecho positivo, objeciones de viabilidad constitucional y, en un plano más profundo, presentaría el peligro de un alineamiento partidista que sería muy peligroso para la estabilidad política en las comunidades en las que la división política tenga una dimensión identitaria, al llegar a dejar sin representación al sector de la sociedad que quedase en minoría, contribuyendo a incrementar su polarización.

Dificultar, no digamos ya impedir, a través de la alteración de la actual ‘barrera electoral’, la representación nacionalista en el Congreso me parece un dislate de dimensiones nefastas. El sistema constitucional, del que forma parte relevante la legislación electoral, debe integrar el sistema político, reflejando su realidad y ofreciendo su acomodo a todas las fuerzas políticas que se mueven dentro de sus amplios márgenes. Constitucionalmente, los grupos nacionalistas son una representación legítima del conjunto del cuerpo electoral, cuyos intereses, a veces más allá de planteamientos territoriales, están llamados a considerar. La oposición entre la lealtad nacionalista y la nacional se presenta en el plano de la teoría, pero quizás no tan frecuentemente como se cree en el de la actuación cotidiana parlamentaria, en el que puede ser fácil encontrar un denominador común conveniente para todos. No es en cualquier caso prudente para el sistema constitucional prescindir de un mecanismo de integración de los nacionalismos en las instituciones comunes, tampoco naturalmente primar artificialmente sus oportunidades por medio de una sobrerrepresentación, de la que no disfrutan ahora. La lealtad, no conviene olvidarlo, sólo puede exigirse desde el más escrupuloso respeto de los valores constitucionales, entre los cuales está el reconocimiento del pluralismo territorial.

Los especialistas en sistemas electorales no terminan de encontrar la fórmula adecuada para que los representantes de los ciudadanos encarnen, de manera mimética y exacta, la voluntad de los electores. Los países democráticos han debatido arduamente sobre el sistema más genuinamente representativo.
Las críticas a nuestra ley electoral no provienen de la técnica de recuento, sino de la existencia de circunscripciones baratas en la relación voto-diputado y de la permanencia de las listas cerradas. No es el momento de abordar en un trabajo periodístico los ajustes e incluso las sustituciones por otros sistemas electorales.
El Instituto Nacional de Estadística elabora el censo de votantes para cada llamamiento electoral. Las listas de las elecciones generales abarcan la totalidad de ciudadanos que, teniendo la plenitud de sus derechos cívicos, pueden entregar su voto en las urnas. Su voluntad, unida a la de otros muchos, determinará el grado de aceptación de ofertas electorales de los partidos políticos que han solicitado el voto para las listas que, previamente, en un proceso poco democrático, han elaborado utilizando criterios más que discutibles.

LA DIVERSIDAD sociológica e ideológica del censo electoral es prácticamente infinita. El más variado mosaico humano se puede observar en cada convocatoria electoral. Sus piezas se componen de segmentos de edad, actividades profesionales, opciones sexuales, creencias religiosas o convicciones éticas y valores ciudadanos tan denostados por los fundamentalistas católicos. No quedan fuera de estos fragmentos las opciones, matizadas por un cierto pragmatismo que no siempre hace coincidir el voto con la idea. El cómputo del total de votantes nos da la cifra de partícipes. Algunos han ejercido su derecho inutilizando su papeleta o depositándola en blanco para mostrar su desconcierto o desánimo. Los votos son la muestra individual y la cuota indivisible de la soberanía popular y han sido entregados a los políticos para su custodia y administración.
Resulta perturbador para la consolidación de la conciencia democrática comprobar que las cifras y porcentajes se manejan sin ocultar estrategias alejadas de los núcleos de las voluntades o ideas que acompañaban al voto.
En mi opinión, el sistema de segunda vuelta podría ser incompatible con los valores y derechos constitucionales. Reducir la opción a dos alternativas deja fuera del campo electoral a múltiples posiciones minoritarias, que ven mermadas sus posibilidades de acceder a los órganos representativos y de participar en la vida pública.
La fijación de un porcentaje mínimo para formar grupo parlamentario sirve para evitar una excesiva fragmentación de las escalas parlamentarias. Fuera de este corte selectivo, nada es admisible en detrimento del ejercicio de la libertad de voto y del derecho constitucional a la participación democrática en el acceso a cargos públicos. Nuestra Constitución es eminentemente participativa, por encima de fórmulas que recorten el derecho fundamental de nuestro sistema representativo, periódicamente renovado.
Las posiciones favorables a que gobierne la lista más votada me parecen incuestionablemente inconstitucionales. La lista más votada solo representa un factor numérico infinitamente variable. Según los casos, la opción política puede no superar el 20%. No se puede ostentar ningún derecho constitucional con tan exigua cantidad de votos y dejando fuera de toda posibilidad opciones que, sumadas, representan el 80% de la voluntad de los electores. La idea de que solo puedan optar al Gobierno de la nación los que obtengan el 30% es contraria al derecho de participación y al valor superior del pluralismo político. Solamente podrían acceder al Gobierno tres partidos, dejando fuera de toda posibilidad a los grupos minoritarios que no alcanzasen dicho techo.
No creo que la propuesta resista el filtro de constitucionalidad que traza el marco de nuestro sistema. Cuantitativa y cualitativamente, una opción que consiga aglutinar distintas minorías que formen una mayoría, exigua o fuerte, es la única formula que respeta el pluralismo político. Si la alianza se muestra inestable, las salidas están previstas: pasan por la convocatoria de nuevas elecciones. Las crisis políticas son el síntoma de la madurez de la democracia.
La ansiedad por explotar el respaldo a las minorías mayoritarias es la más perfecta expresión de la ambición por el poder, que no es, ni mucho menos, un valor que pueda esgrimirse como paradigma de la normalización y racionalización del funcionamiento de una sociedad democrática. El respeto por las minorías consolida el sistema y da mayor coherencia a la diversidad y pluralidad de una convivencia de la que todos se sienten, en mayor o menor proporción, protagonistas y responsables.

LOS SISTEMAS implacablemente mayoritarios producen la desertización ideológica y anulan cualquier posibilidad de establecer un debate enriquecedor entre las diversas tendencias sociales, inevitablemente existentes en las sociedades vivas y con posibilidades de consolidar un futuro siempre enigmático y sorprendente. El porvenir solo está escrito en las conciencias de los que viven de forma apasionada y optimista el presente.

Deslumbrante -como todas las suyas-, una viñeta de El Roto nos presenta a un elector devanándose los sesos ante una mesa de trabajo en la que emborrona papeles como quien descifra un teorema, preguntándose: “¿Cómo expresarles, en un voto, todo lo que pienso?”.

Las posiciones en materia electoral reflejan como ninguna la noción de democracia en que cada cual se encuadra. Vistas las propuestas electorales del PP en las últimas semanas, alguien podría sugerirles que frecuentaran El Roto. Sus planteamientos afectan en primer plano a la gobernación de un número de CC AA, pero encierran implicaciones de mayor envergadura. Ofrecen, primero, una suerte de acuerdo de reconocimiento de título para gobernar a “la fuerza más votada”, seguido de una modificación del derecho electoral que cierre el paso al Gobierno a toda opción que no cuente al menos con el 30% de votos en su territorio.

Con la credibilidad que confiere haber sido el candidato más votado a la presidencia del Gobierno de Canarias, representando la única fuerza que en esta CA obtuvo más del 30% de los votos (el PP es tercera fuerza, muy por debajo de ese umbral), expuse de inmediato, tras el 27-M, las objeciones socialistas a las tesis del PP.

Primera, los españoles hemos madurado nuestro comportamiento electoral al hilo de las elecciones sucedidas desde 1977. A estas alturas, los ciudadanos discriminan su apuesta en cada ocasión. Votan selectivamente en función de las coordenadas y del Gobierno en juego. No merecen que sus decisiones sobre esas instituciones resulten puenteadas, ignoradas, mezcladas entre sí, y aun menos intercambiadas, desde criterios insensibles al detalle o a la especificidad. Segunda, toda propuesta relativa al derecho electoral debe abrirse al debate ponderando el carácter decisivo de este capítulo troncal en todo orden democrático. Y debe desde luego someterse a un riguroso escrutinio de credibilidad desde su coherencia con los propios actos, lejos de todo tacticismo y del descarado servicio a intereses partidarios. Desde ninguno de estos parámetros parece que las propuestas del PP deban tomarse en serio. Al margen del difícil encaje en la Constitución, y a la luz de su contraste con la práctica política de la derecha en los distintos escenarios en disputa, resulta demasiado evidente que tras la invocación de criterios aritméticos subyacen cortoplacistas cálculos de poder. Hace tan sólo dos semanas que el líder del PP firmó en Madrid un pacto entre la tercera y la segunda fuerza para que no gobernara en Canarias la única fuerza que cumplía con los requisitos que alega, el Partido Socialista.

Pero subrayo, además, un tercer argumento. Y es que los resultados en las urnas no deberían ser leídos, sin más, como una ecuación, sino como una partitura que debe ser interpretada con tino y sensibilidad a la melodía y los tempos. Al menos si queremos honrar la función de la política en la democracia avanzada como un responsable ejercicio de sintonización y empatía con los estados de ánimo, las tendencias y pulsiones de la ciudadanía, y el contenido del mensaje quintaesenciado y denso que inevitablemente encierra el voto en cada urna y en cada ocasión.

Interpretar el veredicto de la ciudadanía en el voto es en sí un ejercicio de responsabilidad. Arriesga una primera ocasión de acierto o error desde las elecciones. No se resuelve sólo en una suma de votos y ofrecimiento de acciones a potenciales aliados, sino en la atenta lectura detodo un marco de parámetros más sutiles e intangibles de cuanto en un crudo manejo de porcentajes. El punto de partida importa. Así, procede evaluar de qué situación viene cada competidor: quién sube, quién baja y por qué, y cuál es el lugar que se ocupa frente a los competidores. La calidad democrática exige enjuiciar lo que las urnas nos dicen respecto de las ejecutorias de las opciones disponibles, sea desde el Gobierno o desde la oposición. Pero también el mensaje que a la hora de formar gobiernos se emite a la ciudadanía. Para tomar la democracia en serio, y hacer creíble el principio de que los ciudadanos pueden cambiar gobiernos con el voto, los responsables políticos haremos bien en guardar y hacer guardar ese indicador de calidad que es la viabilidad del cambio: la verosimilitud de la alternancia. Por expresarlo en los términos que emplea Felipe González en un artículo reciente, hablamos de la aceptabilidad de la derrota como un genuino sensor de reconocimiento de la política en democracia.

A partir de ahí, dos consideraciones. Primera, este factor determina el análisis de situación en las distintas CC AA sobre las que el PP proyecta sus propuestas: especialmente en aquellas en las que el cambio proviene de la conjunción de mayorías plurales y progresistas tras prolongados ejercicios de mayorías monocolores y conservadoras: será útil preguntarse quién gana votos y quién los pierde para dilucidar si hay o no mandato de alternancia en las urnas. La segunda nos lleva más lejos de lo que da de sí un artículo, pues es la que afecta a las dificultades con que, innegablemente, tropieza la alternancia en las CC AA.

Ilustra esta reflexión lo sucedido en Canarias. Omito aquí cualquier detalle de un sistema electoral diseñado para dificultar las mayorías monocolores y afectado como ningún otro por barreras de exclusión y técnicas de reparto de escaños contrarias a la proporcionalidad hasta hacer irreconocible el principio de la igualdad de voto. Eludo comentar el debate en torno a su modificación. Lo cierto es que, aun en un contexto talmente desalentador de la participación y tan dado a desmentir el principio democrático de que es posible cambiar de gobernantes con el voto, quienes han estado en el Gobierno durante más de 15 años han venido perdiendo votos y escaños en cada convocatoria. De ahí que la reedición de una misma fórmula desautorizada pueda ser interpretada como un deliberado desprecio a la viabilidad del cambio, desde la determinación de prolongarse en el poder postergando la asunción de responsabilidades internas por la pérdida de apoyos ante sus propias formaciones y ante el electorado. Tanto es así que el debate de investidura resultó artificiosamente desnaturalizado hasta transmutarse en una extravagante suerte de antiinvestidura contra quien no se sometía a votación en ese trámite (el portavoz socialista) sobre quien se concentraron los turnos que apoyaron al Gobierno y los del propio candidato. En primera instancia, esa táctica abre paso a un ajuste de cuentas, en desigualdad de armas, a quien desde la oposición emerge desde la tercera a la primera fuerza en el Parlamento, con la imperdonable osadía de plantar cara al Gobierno, definir la alternativa y derrotarles en las urnas. Pero también afecta a la aceptabilidad de la derrota, a la posibilidad de la alternancia y a sus dificultades en las CC AA.

Y hay todavía algo más: las reglas electorales no son inocentes ni inocuas. No son neutros sus efectos sobre el comportamiento del votante y, consiguientemente, sobre el sistema de partidos y sobre el sistema político. Yerra no sólo quien cree que la proyección del voto sobre los gobiernos es una cuestión aritmética, en la que basta una suma contra sus alternativas. Y yerra una y otra vez quien cree que las hipotéticas consecuencias de una reforma electoral se limitarían a reasignar escaños desde una cifra invariable y homogénea de sufragios y porcentajes. Con reglas distintas de asignación de escaños, la gente votaría de otro modo, calcularía sus opciones conforme a nuevos parámetros, incluyendo en este encuadre a muchos ahora abstencionistas o practicantes frecuentes del voto minoritario, testimonial u orientado hacia ulteriores alianzas. Todo debate al respecto debe ser riguroso. Pero, si quiere valer la pena, ha de servir, sobre todo, para reforzar el valor de la participación y la libertad civil de decidir los gobiernos desde la igualdad del sufragio, puesto que la democracia se juega en la posibilidad de deshacerse, votando, de los malos gobiernos. Y no hay peor Gobierno que el que se desentiende del mensaje de las urnas, y opta por desoír la música en las preferencias de la ciudadanía.

La gente vota y los partidos pactan. A veces, cunde la impresión de que esos pactos traicionan la voluntad que expresan los votos. De ahí suele surgir la reclamación de cambios en la Ley Electoral para impedir que se repitan las supuestas traiciones.

En esas estamos. La «reformitis» electoral es un prurito de aparición recurrente, sobre todo cuando, tras un proceso electoral, el partido que ha obtenido más votos se ve excluido del gobierno, algo que, como ahora veremos, sucede con una cierta frecuencia.

Si contemplamos el panorama global de reparto de poder municipal, observamos que domina abrumadoramente la relación directa entre el voto y el poder, ya que en 6.512 de los 8.078 municipios (el 81 por ciento) ha habido mayoría absoluta de alguna candidatura.

Sin embargo, sucede que cuando reparamos en aquellos ámbitos más «vistosos» políticamente (Comunidades Autónomas y capitales de provincia) la situación es sustancialmente distinta. Así, de las diecisiete Comunidades (sin contar con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), en menos de la mitad (ocho) hay alguna mayoría absoluta. Y otro tanto sucede en las capitales: sólo en veintitrés de las cincuenta hay mayoría absoluta. En ámbitos más amplios y más complejos, con mayor pluralismo de oferta, es más difícil que se produzcan mayorías absolutas que en los municipios pequeños, donde la oferta es más limitada y no es infrecuente que se reduzca a los dos principales partidos o incluso se limite a una única lista.
Cuando no hay mayoría, cabe, a su vez, que la lista más votada gobierne en minoría (lo que sólo sucede en Pamplona y podría suceder en el Gobierno Foral de Navarra), y, lo que con frecuencia mucho mayor ocurre, que existan mayorías post-electorales sobre la base de coaliciones. Estas coaliciones pueden estar organizadas (y, normalmente, hegemonizadas) por la fuerza más votada o pueden ser, en cambio, de las llamadas (con ánimo descalificador) «coaliciones de perdedores» que se forman contra el partido más votado. Son estas últimas coaliciones las que plantean los problemas a los que me refería más arriba.

En el conjunto de las Autonomías, esta situación en la que no gobierna ni participa en el Gobierno la fuerza más votada se da en seis casos (a reserva de lo que pase en Navarra). En cuatro de ellos (Asturias, Baleares, Cantabria y Galicia) el pagano es el PP; en uno (Canarias) lo es el PSOE y, por último, en Cataluña es CiU el ganador descabalgado. Se entiende así por qué la situación es tan llamativa: si se excluye el caso navarro, aun en discusión, resulta que en el 75 por ciento de los supuestos en que no hay mayoría absoluta, la fuerza que ha obtenido más votos ha sido excluida del gobierno regional.

En cambio, en las capitales el panorama es a la vez más limitado proporcionalmente y más lineal políticamente: de las veintisiete ciudades en que no hay mayoría, en diez de ellas (algo menos del 40 por ciento) se ha excluido del gobierno municipal al partido más votado. En todos los casos, ese partido es el PP. A su vez, en todos estos casos, el artífice de la coalición negativa es el PSOE, en provecho propio en siete de las diez ocasiones o en el de sus aliados (IU, BNG y PAR) en las tres restantes. El caso del PAR, que se refiere a la Alcaldía de Teruel, es particularmente llamativo: el PSOE «cede» la Alcaldía al PAR (que ha sacado la mitad de votos que el PSOE y menos de la mitad que el PP) a cambio de que los regionalistas renuncien a una Consejería en el Gobierno de Aragón, algo, como se ve, muy relevante para determinar qué alcalde deben tener los turolenses.

Hasta aquí los datos. Los mismos nos permiten entender que la cuestión tiene profundidad e importancia política. Otra cosa es que tenga fácil arreglo o que incluso sea posible ponerse de acuerdo sobre si hay que arreglarla.

Tenemos un sistema electoral basado en el principio de proporcionalidad con algunos correctivos. En el plano nacional hay que decir que ha cumplido con las funciones políticas básicas que debe cumplir un sistema electoral: permite la alternancia, no es excluyente, no favorece indebidamente a un actor o tipo de actor, ni siquiera a los nacionalistas, en contra de lo que muchos creen, y reparte los escaños con razonable proximidad a los votos obtenidos. Como todos los sistemas proporcionales, a cambio de esas virtudes, presenta una desventaja relativa: es menos eficiente en proveer soluciones de gobierno que los sistemas mayoritarios simples (del tipo llamado first pass the post, en el que el partido con más votos consigue el puesto, aunque no alcance la mitad de los votos) o los mayoritarios a dos vueltas (en los que mediante la segunda vuelta a la que sólo pueden concurrir los dos primeros clasificados o quienes hayan superado un cierto porcentaje, se garantiza un apoyo más sólido del ganador).

Los sistemas electorales requieren de una coherencia básica y de una aceptación de los contendientes que no esté condicionada a coyunturas más o menos favorables. La cuestión que se plantea es si cabe algún injerto del principio mayoritario en el sistema proporcional y qué alcance debería tener. Como en todo proceso de experimentación genética, habría que andar con mucho cuidado, no fuera que la modificación genética alumbrara un monstruo. Y, desde luego, la introducción del principio mayoritario en la lógica del de proporcionalidad no es fácil.

La pregunta que surge es cuál es el valor político a preservar o a restaurar mediante la reforma. En principio, se trataría de que las cúpulas de los partidos tuvieran menos libertad para comerciar con los votos, dificultándoles transacciones para las que el voto no les hubiera apoderado. Esto es más fácil de enunciar que de aplicar: hasta dónde, cómo y con qué consecuencias los votantes apoderan a los partidos es una cuestión harto subjetiva. Lo mismo sucede con la «naturalidad» o «artificialidad» de los acuerdos, y su condición legítima o non sancta.

A lo más que, entiendo, cabría aspirar en una reforma minimalista es a articular un sistema excepcional de segunda vuelta si un partido que ha ganado las elecciones superando un elevado umbral de voto popular (pongamos un 40 por ciento) y a una distancia clara del segundo (pongamos, más de 10 puntos porcentuales) se puede ver fuera del Gobierno por un acuerdo entre sus heterogéneos contendientes. Quedaría a la decisión de ese partido ganador el pedir o no el ballottage para verificar la hipótesis implícita de si la exclusión del ganador falsea o no la voluntad mayoritaria, pidiendo a los votantes su opinión «definitiva». Pero, dada la condición proporcional del sistema, no sería lógico excluir de esta segunda vuelta a ningún contendiente que hubiera obtenido representación. Si en esa segunda vuelta el ganador alcanzara la mayoría, formaría gobierno. En caso contrario, se entendería legitimada la coalición alternativa.

Otras soluciones de mínimos serían peores. Dada la naturaleza parlamentaria del sistema, garantizar ex opere operato el gobierno del ganador, abriría la puerta a situaciones de ingobernabilidad en las que el gobierno municipal o regional perdería una tras otra las votaciones y no podría llevar a cabo su programa, con lo que un aspecto básico de la democracia, la rendición de cuentas (accountability), sería imposible.

Por supuesto, caben reformas más radicales. Se puede caminar hacia un sistema mayoritario. Pero ese es un cambio mayúsculo del sistema político que no puede abordarse sin un estudio muy profundo de sus pros y sus contras. Y pasa que los sistemas electorales tienden a arraigarse con el sistema político, creando una inercia frente al cambio difícil de remover sin un coste mayor que el beneficio que supuestamente aparejan. Cabe siempre el riesgo de que, con el agua sucia, se fuera el niño por el desagüe.

La reciente investidura del nuevo presidente de Canarias ha puesto en el centro del debate algunos conceptos constitucionales y democráticos básicos, así como la relevancia de asumirlos con coherencia, cualesquiera que sean las circunstancias.

Para encuadrar las cosas, hace bastante tiempo ya que el Partido Popular se ha instalado en una muy dañina deriva hacia la banalización de la Constitución. Consiste tal actitud, según venimos denunciando desde el Partido Socialista, en la huera invocación de la Ley Fundamental, como si se tratase de una salmodia, una cáscara al servicio retórico de sus intereses partidarios cortoplacistas y cambiantes. Se proclaman así principios constitucionales en ritos de conveniencia, desde la desvinculación o el desprecio puro y duro a lo que realmente dicen y significan. Se cita la Constitución con la furia del converso, propia de quien finge abogar por ella aun sin haberla leído -a veces, sin haberla votado habiendo podido hacerlo- o, sin tomarla en serio, contradiciendo su letra y su proyección normativa de presente y de futuro.

Lejos de fortalecer el prestigio y capacidad de integración de la Norma suprema como orden de convivencia, esta actitud la perjudica. En ningún ámbito resulta esto tan claro como en el de las reformas estatutarias acometidas en esta legislatura.

Vaya el recordatorio de algunos datos indiscutibles. El PSOE es, sencillamente, el único partido nacional que votó sí, además de a la Constitución, a todos los estatutos, a todas sus reformas y a su profundización en lo que se ha llamado segunda generación. Desde posiciones reaccionarias contra el impulso reformista del Gobierno de Zapatero, y encastillado en discursos que recuerdan a la derecha extrema de hace 25 años, el PP ha recurrido por inconstitucionales más de 40 artículos del Estatuto catalán, que resultaron, sin embargo, reproducidos literalmente en los posteriores estatutos valenciano, andaluz, aragonés y balear, en los que votó a favor.

Superándose a sí mismo en la pirueta del esperpento, el PP ha afirmado una cosa y su contraria en la tramitación del Estatuto de Canarias, basculando desde el tremendismo apocalíptico a la teatral lisonja, en exclusiva dependencia de sus cálculos tácticos y apetitos de poder en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, los recientes escritos de la Abogacía del Estado y de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Constitucional han evidenciado, más allá de toda duda, esta actitud falsaria. La farsa empeora, si cabe, a la luz de la falta de escrúpulos con que el PP se ha prestado a disciplinar a los magistrados afines del TC, sin reparar en daños y al objeto de servir a sus objetivos partidarios, que nada tienen que ver con la función de la Justicia constitucional en nuestro Estado autonómico.

Quizá, a título de ejemplo, el capítulo en que tan descarada instrumentalización de juicios de constitucionalidad carentes de fundamento adquiere tintes más groseros sea el de la Justicia. Así, la culminación de la organización judicial y la terminación de la sucesión de instancias en el Tribunal Superior de Justicia, lo mismo que la figura de los Consejos de Justicia autonómicos como espacios de colaboración, pasaron de ser demonizados por el PP como «arietes destructores de la unidad del Poder Judicial» a ser asumidos, sin más, en todos los Estatutos a partir del valenciano y, por supuesto, en el canario, en el que ni siquiera se han enmendado los mismos textos, idénticos, que en Cataluña se consideraban inconstitucionales de plano.

En un análogo vacío de credibilidad incurren algunas piruetas sobre el sistema electoral canario y sus opciones de cambio en el reciente debate de investidura. El debate raya simplemente lo surrealista cuando hemos visto al PP, y a Coalición Canaria (CC), pasar, una vez más, a decir lo contrario de lo que decían en función de sus conveniencias de poder, al objeto de frustrar la reforma por la que el Partido Socialista aboga desde hace muchos años (y que el PP, hasta hace poco, también defendía): rebajar al 3% regional y 15% insular las barreras porcentuales de acceso al reparto de escaños, añadir una lista regional de al menos 15 escaños e introducir correctivos para la reasignación insular de escaños en relación a las variaciones de población.

Oímos decir, y es falso, que ningún estatuto de autonomía contiene directamente las bases y reglas electorales de su comunidad. De hecho, lo realmente cierto es que el Estatuto canario es anómalo no sólo porque sí que contiene esas reglas bajo su pretextada transitoriedad (¡desde hace 25 años!), sino porque, además, las empeoró en plena tramitación parlamentaria en las Cortes (¡nada menos que en Madrid!) de la reforma adoptada en 1996, de la mano de CC y PP, y con el PSOE en contra en este punto.

A estas alturas, nadie puede ignorar que el resultado de esas reglas es el más discutible de todo el Derecho autonómico, por su dudosa adecuación a los principios constitucionales del Derecho electoral y de la representación. Basta advertir que, como consecuencia de los trucos de este sistema electoral, nada menos que 150.000 canarios que se molestaron en votar el 27-M se han quedado sin representación el en Parlamento autonómico; 50.000 votantes de Nueva Canarias (NC) en Gran Canaria se han quedado sin escaño, mientras sí obtenía un escaño marginal en esta isla CC con 19.000 votos; y sigue sin existir correctivo al aumento de población experimentado por algunas islas desde 1982 hasta hoy.

Finalmente, es también falso que una reforma de esas reglas no cambiaría nada, puesto que se limitaría a reasignar los mismos escaños en igualdad de votos. Se ignora, con ese argumento, que ningún sistema electoral es inocente ni inocuo. Así, la virtualidad más importante de la reforma sería la de su impacto sobre el comportamiento y la cultura política: una lista regional fomentaría la articulación de discursos, programas y candidaturas unitarias, cohesivas y vertebradoras, superando la fragmentación insularista y la yuxtaposición sumatoria de plataformas clientelares. Comportamiento electoral y cultura política cambiarían de la mano del cálculo racional de opciones y preferencias que traería aparejada tal modificación.

Nada es casual. Detrás de la resistencia a modificar las reglas electorales, cuyo rendimiento es de lejos el más insatisfactorio de la España autonómica, subyace una y otra vez una estrategia calculada para desincentivar toda expectativa de cambio. Se procura así la deserción cívica y el desistimiento de quienes alienten el pálpito de que la cosas pueden ser mejoradas con el voto y de que éste sirve para algo. En democracia, el derecho al sufragio cada cuatro años significa, por lo menos, que la ciudadanía puede soberanamente quitarse de encima a los gobiernos que no cuentan con su aprobación.

Frente al desistimiento y al aburrimiento, el PS asume el reto de alimentar la esperanza de otra política posible y, para tantos, necesaria. El reto de la invitación permanente a la participación y a la articulación movilizadora de la alternativa a la que aspiran todos aquéllos que, en Canarias, resisten la resignación y la maldición, inaceptable, de que, sencillamente, la política canaria no puede dar más de sí.

El Gobierno de una democracia representativa parte de las preferencias de los electores. A través de las elecciones se expresan apoyos a las distintas opciones, que obtendrán unos puestos de representación según los votos obtenidos. Con estos representantes se forma la Cámara de la que, en los sistemas parlamentarios, surge el Gobierno. Este Gobierno podrá ser de un único partido, si tiene la mayoría necesaria, o bien de aquellos partidos que se pongan de acuerdo y lleguen a reunirla. Tan democrático y legítimo es uno como el otro. En cualquiera de los casos, el Gobierno investido es políticamente responsable ante el Parlamento elegido por los ciudadanos.
¿Hay pactos ilegítimos? En Europa los gobiernos de coalición son mucho más la norma que la excepción. A veces con participación del partido más votado, otras tantas sin su participación.

SIN EMBARGO, en nuestro país (Catalunya, España) la formación de gobiernos de coalición en algunas comunidades y ayuntamientos ha originado reacciones muy críticas. Se ha desarrollado así una argumentación cuya base de apoyo es que debe gobernar el partido que ha obtenido más votos. En caso contrario, se trataría de un fraude al electorado. Estos pactos, continúa el argumento, se realizan a espaldas de los ciudadanos y les trasladan la impresión de que su voto no vale para nada, fomentando así una percepción negativa de la política y el incremento de la abstención.
Este argumento plantea, pues, introducir una práctica, una convención, que asegure el Gobierno para el partido que ha obtenido más votos (¿debería establecerse también una convención para que la moción de censura incorpore siempre un candidato del partido que ha obtenido más votos?). Eso significa alterar en la práctica el planteamiento electoral-parlamentario de Gobierno de base proporcional establecido en la Constitución, y adoptar una lógica mayoritaria. Las implicaciones de tal cambio para nuestro sistema político serían muy grandes. Y, en mi opinión, nada positivas desde la perspectiva de los ciudadanos, aunque no puedo entrar aquí en este tema.
Pero, además, una cosa es criticar el contenido del acuerdo y otra muy diferente es deslegitimar el mecanismo parlamentario de los pactos. Una de las funciones básicas de los partidos es contribuir a formar la opinión política y la cultura democrática de los ciudadanos. El buen funcionamiento de una democracia necesita de una sólida cultura democrática. Y la fortaleza de un país depende, entre otras cosas, de ambas. Inventar reglas que van contra las bases del parlamentarismo y deslegitimar prácticas normales y necesarias en este sistema, como los pactos poselectorales, no contribuyen a la formación de esta cultura. Al contrario, la erosionan.
¿Pactos poselectorales o preelectorales? Los pactos poselectorales se han presentado como un fraude a los electores, especialmente cuando no han incorporado al partido más votado. Alternativamente se ha sugerido que los pactos deberían ser pre- electorales, pues así los electores sabrían mejor lo que se va a hacer con su voto. Veamos.
Los pactos de gobierno son consecuencia de la falta de mayorías, y los factores que determinan la formación de las coaliciones son los planteamientos ideológicos de los partidos, sus estrategias competitivas y los resultados electorales (apoyos y correlación de fuerzas). Por ello, especialmente en sociedades plurales, multipartidistas y con sistemas electorales proporcionales, pretender que los pactos solo puedan plantearse antes de las elecciones no tiene sentido, cae por su propio peso. Forzarlo significaría una ruptura con el sistema parlamentario.
En Europa, las coaliciones preelectorales son mucho más frecuentes en países multipartidistas con sistemas no proporcionales o poco proporcionales: a menor proporcionalidad del sistema electoral, más incentivos a las coaliciones preelectorales para aprovecharse de las economías electorales de escala que generan los sistemas mayoritarios o de tendencia mayoritaria. En cambio, en países con sistemas proporcionales son mucho más frecuentes las poselectorales.

LA POSICIÓN competitiva de los partidos también influye en la decisión pre o poselectoral de los pactos. A más extrema la posición de un partido, más definida podrá estar de entrada su política de pactos, pues normalmente solo podrá ir hacia el centro. En cambio, a más posibilidades de pactar hacia un lado u otro, más pueden influir los resultados electorales en la política de pactos y, por lo tanto, normalmente el partido tiene menos incentivos para definir su intención antes de las elecciones. Los datos muestran que los electores son perfectamente conscientes de su posición y la de su partido.
Pero, en todo caso, la opción por una coalición pre o poselectoral es una cuestión de estrategia competitiva y expectativas, no de transparencia en la relaciones entre electores y representantes, pues el partido que no define sus alianzas pide precisamente el voto sobre estas bases.

Algunas opiniones han planteado estos días la modificación de diversos aspectos de nuestra organización institucional como un medio, entre otros, para frenar el desarrollo de percepciones críticas de la política y los políticos así como el creciente abstencionismo. Una línea de argumentos propone cambios en el sistema electoral como remedio para combatir estas tendencias. La introducción del voto preferencial, las listas abiertas o la creación de circunscripciones uninominales son los alternativas más comúnmente planteadas.
Otra línea de argumentos apunta a los pactos postelectorales como una de las causas de alejamiento y decepción de los ciudadanos respecto de la política. Me referiré a este aspecto en una segunda entrega.
En relación al sistema electoral, un argumento muy común es ser crítico con las listas cerradas y bloqueadas tal como se establecen para las elecciones al Parlament y al Congreso: al votar por un partido se vota una lista de candidatos en la que no se pueden modificar ni los nombres ni su orden de prelación.

¿VOTO preferencial? Frente a ello, y a fin de acercar electores y representantes, se plantea introducir el voto preferencial para que el elector, además de poder elegir entre listas diferentes, pueda expresar sus preferencias entre los candidatos de la lista que quiere votar. En perspectiva comparada, la adopción de este modelo, que siempre introduce mayor complejidad, ofrece un escenario diverso de diseños y su balance presenta tanto aspectos positivos como negativos desde el punto de vista del buen funcionamiento de la relación de representación. En todo caso, la experiencia comparada no abona los miedos al desarrollo de tensiones e inestabilidad en el interior de los partidos como consecuencia de los incentivos a la competitividad interna que incorpora. Tampoco muestra efectos electorales relevantes, pues en pocos casos se ha alterado el orden de candidatos propuesto por el partido (al centrar los medios de comunicación su atención en los principales dirigentes, ignoran a los otros candidatos y existe escaso conocimiento de los mismos entre los electores). En principio todo indica que su adopción en España se situaría en estos parámetros de efectos globalmente limitados. Por ello, en tanto pueda satisfacer a un sector más exigente y contribuya a incrementar el sentido de eficacia política en un sector de ciudadanos, su aplicación podría tener efectos positivos, aunque limitados.

¿LISTAS ABIERTAS? Para otros no se trataría sólo de expresar preferencias dentro de una lista sino de poder votar por los candidatos que uno prefiera aunque sean de diversos partidos. En principio, podría parecer que ofrece una solución para electores con indiferencia entre opciones y para los que el factor personal sería el elemento principal. De todas maneras, la dinámica competitiva del sistema es la que se impone. Es el caso actual del Senado, donde, en un marco de gran desconocimiento de los candidatos, prácticamente todos los electores votan a los aspirantes del partido por el que votan al Congreso. De todas maneras el gran tema en relación a esta modificación es que implicaría adoptar un sistema mayoritario en lugar del proporcional.

¿DISTRITOS uninominales? Otra línea de argumentación plantea la creación de distritos en los que se elige un único representante, a una o a dos vueltas. Al ser más pequeños territorial y demográficamente que las actuales circunscripciones se favorecería una relación más directa entre el elector y el representante o candidato.
Una primera intuición parecería abonar este argumento. Sin embargo empiezan a aparecer interrogantes sobre la relación directa cuando pensamos que se trata de elegir un diputado por cada 50.000 habitantes en el caso del Parlament, o por cada 125.000 habitantes en el caso del Congreso. O si consideramos que con los actuales sistemas de comunicación las ventajas de la cercanía que hubiera podido tener la circunscripción pequeña en otros tiempos hoy prácticamente han desaparecido. O que la mayor movilidad territorial (de residencia y de trabajo) hoy en día desborda los distritos uninominales. Además, la experiencia de países con este tipo de división, como Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, tampoco abona aquella primera impresión. Presentan incluso situaciones paradójicas, como un elevado porcentaje de diputados de circunscripción que no viven en la misma. En conjunto, tanto en la prensa como en las publicaciones académicas de estos países son frecuentes las referencias a problemas de desconexión entre representantes y electores parecidos a los que detectamos en nuestro país.
Pero las circunscripciones uninominales implican un sistema mayoritario, pues solamente puede haber un ganador. Este es un factor de gran distorsión en la relación de representación, pues todos los electores cuyo voto no va al candidato vencedor se quedan sin representación y su voto es ignorado. Pero la consideración de los importantes efectos de un sistema mayoritario –que la Constitución no admite– va mucho más allá de los límites y la intención de este articulo. En cualquier caso, la falta de conexión entre representantes y representados no depende del tamaño de la circunscripción.

Desde hace tiempo andan tanto los políticos como los sociólogos electorales bastante empeñados en el estudio del fenómeno de la abstención cuando, a cualquier nivel, llega la hora de emitir el voto. Esta preocupación corre, habitualmente, por dos caminos. El de acertar con los factores que provocan la abstención (días festivos o no, conveniencia o inconveniencia de los llamados días de reflexión, edad de quienes se abstienen, etc) y, en segundo lugar, aclarar la respuesta, todavía no del todo definitiva, de a qué fuerza o partido político beneficia cierto grado de abstención. Vaya por delante la afirmación de que el fenómeno está estrechamente ligado al sistema electoral vigente (mayoritario o proporcional) y al mismo grado de consolidación que la democracia posea en un país o en otro. Así ocurre que el presidente de los Estados Unidos resulte victorioso con una amplia abstención y eso en nada afecte al sistema establecido. Por el contrario, una alta participación sigue siendo muy conveniente en democracias jóvenes como la nuestra en las que el simple hecho de ir a votar significa un acto de creencia en el régimen vigente.

Pero no deja de ser bastante sospechoso que, concluídas las elecciones aparezca un nada despreciable silencio sobre el tema de la abstención y muy escasa alusión a los votos en blanco y votos nulos. También de ellos se puede deducir alguna que otra conclusión que todos deberían conocer. No suele ser así: se obtienen tantos votos y a gobernar o a pactar. Parece que es lo único que importa. Tanto de los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas y, en forma más palpable, de las que se dieron al someter a votación la reforma del Estatuto Catalán, no son pocas las líneas que cabría escribir.

A la hora de realizar un intento que agrupe las vías que mejorarían la participación, lo primero que hay que hacer es marginar la cita de aquellas abstenciones debidas a la no creencia en la democracia establecida. No podemos entrar a fondo en estos párrafos en la variedad de causas que originan esa discrepancia con el modelo o la forma de régimen entre nosotros vigentes. Ni muchos menos caer, sin más, en su condena. Continuidad en el aprecio al régimen político anterior y en su forma de «democracia orgánica», republicanos de ayer o de hoy, discrepancia con el principio de la igualdad de voto, ideología anarquista, desprecio intelectual o visceral hacia la política y los políticos, disconformes con el modelo de las autonomías o, simplemente, desilusionados desde bien pronto con lo que hay y con lo que cada uno esperaba. Todo esto está ahí y, naturalmente, lleva a no querer saber nada de procesos electorales. Y pienso que no es tan escaso su porcentaje. Incluso voy más allá. En tanto que ciudadanos y contribuyentes, estos sectores indicados, aunque no voten nunca, deben gozar de cuanto significa la protección de un Estado de Derecho. Son tan ciudadanos españoles como los demás y si discrepan de todo o parte de lo establecido están en su derecho de intentar cambiarlo sin más requisito que el no empleo de la violencia. De aquí que no me parezcan del todo correctas, en algunas afirmaciones políticas, de citar únicamente a «los demócratas» y mucho menos a «los constitucionalistas». No tener fe ciega en la en la establecida democracia representativa no constituye ningún desdoro. Si así no fuera, no tendríamos historia político-constitucional.

Y aclarado este punto, en mi criterio nada baladí, permítame el lector que camine hacia la enumeración sintética de un decálogo que pudiera servir para aminorar la padeciente abstención.

1º Acabar con la existencia de listas cerradas y bloqueadas que tan nula libertad deja al votante a la hora de elegir sus preferencias y que constituyen un excesivo privilegio de los partidos. En la actualidad, esta práctica ocasiona en no pocas ocasiones la abstención de quienes se niegan a dar su voto a determinados nombres impuestos en las listas.
2º Garantizar al elector que, por un medio u otro, terminará gobernando quien mayor número de votos haya obtenido. Los actuales «pactos» posteriores a los comicios no deben, en ningún caso, dar al traste con la voluntad mayoritaria de los votos. Y mucho menos, cuando dichos pactos son el resultado de uniones ideológicamente enfrentadas. Quizá esta garantía conduzca a pensar en la posibilidad de segundas vueltas, tal como ocurre en contextos cercanos, en los que en la primera vuelta se votan tendencias ideológicas y, en la segunda, posibilidades reales de gobernar.
3º Fomento previo, en las campañas electorales, del estímulo para ir a votar y ello a través de medios eficaces. Los enfrentamientos cara a cara en programas televisivos nos parecen de la máxima utilidad.
4º Similar fomento teórico de la utilidad del voto de cada uno, como mayor principio de una democracia. Incluso si se va a votar en blanco, con el que también se refuerza el sistema, aunque se rechacen los nombres propuestos.
5º Incluir en las campañas electorales ofertas concretas, alejando el trasnochado principio de la «lealtad inquebrantables» al partido, que también puede equivocarse en estas ofertas. La verdad, en democracia es siempre relativa, salvo, claro está, en los regímenes totalitarios en que aparece previamente definida por una persona o por un grupo.
6º En esta misma línea, las campañas deben hacer coincidir los principios que se ofertan con las necesidades concretas de cada auditorio. En la etapa de predominio de partidos «cógelo todo», hay que llevar bien estudiado lo que falta o lo que sobra en cada lugar. Cada día tienen menos eco los mítines en que se repite siempre lo mismo. Y mucho menos cuando todo está dirigido a atacar al adversario, sin exponer lo que el partido que se defiende haría en lugar del atacado.
7º Absoluta necesidad de que el votante tenga la garantía del posterior cumplimiento de lo prometido. Estamos ante una de las causas más usadas para justificar la abstención. En el terreno teórico hay que combatir con fuerza la cínica afirmación de que los programas están, precisamente, para no ser cumplidos luego. ¡Bonito legado de un demócrata! Y en el terreno práctico, acabar igualmente con lo de ¡qué más da: todos van a lo mismo! Las diferencias y garantías deben estar plena y previamente expuestas ante los ojos del ciudadano que se acerca a la urna.
8º Abordar en las campañas electorales temas que realmente preocupan y con fuerza al conjunto del país: sanidad, educación, administración, especulación, hemorragia de comisiones con dinero público. ¡Temas pendientes en nuestra democracia desde 1977 hasta nuestros días! Y con unos y con otros.
9º Limpieza ciudadana en los candidatos que cada partido presente. Los ciudadanos conocen bien sus lacras y, por ello y a veces, siente repugnancia por la obligación de tener que votarlos.
Y 10º y como desideratum general y difícil en muchos casos, presentación de candidatos con capacidad de seducir con las intervenciones. Es decir, personas que lleguen pronto al público, por la razón que sea, y que atraigan con su palabra o con su presencia. No hay cosa más aburrida que un candidato repetitivo y sin saber hablar.
Va de suyo que este catálogo requiere formas legales. ¡Ya eshora de que se acometan! Y algo quizá más importante: lo que ahora se ha dado en llamar «voluntad política». De quienes ganan y de quienes pierden. Quien tiene «que ganar» de verdad es la democracia participativa.

A 30 años de distancia empezamos a ver claro lo que el 15 de junio de 1977 puede significar en la historia de España. En tal día se celebraron las primeras elecciones democráticas de la Transición. La mayoría de los españoles nunca habíamos experimentado lo que era depositar libremente la papeleta en una urna con el fin de nombrar a quienes debían representarnos. A esa mayoría -pues por edad eran pocos los participantes en comicios democráticos antiguos- los adversarios no se presentaron por vez primera como «enemigos». Eran simples opciones entre personas distintas y programas diversos.

Fue positivo el efecto del 15-J para la convivencia en libertad. Iniciamos la ruta que vienen recorriendo, con más o menos dificultades y tropiezos, los pueblos mejor organizados. Sin embargo, en esos momentos de la Transición se cometieron equivocaciones que ahora todos sufrimos.

Ha resultado un error hacer demasiadas concesiones a quienes comparecieron como portavoces de los hechos diferenciales de vascos y catalanes. Es cierto que el uniformismo impuesto durante la dictadura no encajaba en la realidad de una España compleja, con zonas diversas. Pero esa España compleja no había de entenderla como una España compuesta de partes de singularidad propia e independientes, que acaso se unirían en una entidad mayor o acaso marcharían por separado.

En la elaboración de las candidaturas de los distritos catalanes, por ejemplo, fueron marginados hombres y mujeres que habían combatido allí a favor de la democracia, resultando favorecidos, por el contrario, algunos tibios, o claramente vinculados al régimen anterior, por el simple hecho de haber nacido en Cataluña. Con estas concesiones se avivó la creencia de la España artificial, un Estado plurinacional, una organización simplemente compuesta.

Otra concesión de malos efectos, imprevistos en 1977, fue admitir la existencia de sólo tres «comunidades históricas», con un calificativo no aplicable a las otras comunidades españolas. Se propagó una interpretación según la cual los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente Estatutos de Autonomía, o sea Cataluña, el País Vasco y Galicia, tenían más raíces y trayectorias históricas que Castilla, Asturias o Andalucía, por citar sólo a tres de las que, en materia histórica, son incuestionables.

El texto de la Constitución de 1978 no acoge la expresión «comunidad histórica», pero en el debate político, dentro y fuera de los círculos oficiales, se admitió la diferencia. Hasta tal punto se pensó que era constitucional negar el carácter de comunidad histórica a cualquiera otra que no fuese una de las tres, Cataluña, País Vasco y Galicia, que el 5 de junio de 2003 la Sala Primera del Tribunal Supremo tuvo que desestimar una demanda que contra mí interpusieron el presidente y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Se me imputó haber ofendido a Cataluña por haber afirmado que por Andalucía también había pasado la historia y que Granada, la ciudad mítica en la que nací, tenía detrás un largo y sobresaliente pasado.

Como escribió en esos días Antonio Burgos, «Jiménez de Parga le hizo a esa mujer llamada Granada el mejor elogio que suele hacer el pueblo andaluz: la limpieza. Granada es mú limpia». ¿Acaso no fue políticamente correcto recordar la «Oda oriental» de Zorrilla? Pues recordé aquellos versos y los sigo recordando: «Corriendo van por la vega / a las puertas de Granada… con más de cien surtidores…».

El Tribunal Supremo (en la sentencia que amparó mi intervención en un acto público el 21 de enero de 2003) transcribe los dos párrafos más significativos de cuanto dije. El primero es el siguiente: «Una organización de nacionalidades y regiones en un territorio de España, repleto de historia, de Norte a Sur, de Este a Oeste, con unos reinos de brillante trayectoria y que no pueden seriamente quedar reducidos a segundones frente al resto de las comunidades que dicen ser distintas porque plebiscitaron afirmativamente en la República un Estatuto de Autonomía». Y como segundo texto del que me inculpó el Gobierno de la Generalidad, este otro: «En el año 1000, cuando los andaluces teníamos, y Granada tenía, varias decenas de surtidores de agua de colores distintos y olores diversos…».

El Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que la Historia es la Historia, nos guste o no. Una alusión a la Historia «puede ser rebatida en el área de la discusión científica y doctrinal, pero nunca puede ser estimada como ofensa para nadie».
Alfonso Ussía apostilló perfectamente mi postura: «Que a un andaluz nacido en Granada le venga un señor de Eibar a decirle que su Comunidad es histórica y la andaluza no lo es, resulta, como poco, cabreante». Y un discípulo mío en la Universidad de Barcelona comentó: «¿Cómo es posible que se afirme que ofende a Cataluña quien tiene en ella a la mitad de su familia, con cinco hijos nacidos en esta tierra, nueve nietos y más de veinte mil estudiantes aprendiendo en sus clases de la Universidad durante largos cuatro lustros?».

Otra equivocación cometida hace 30 años, con consecuencias malas que llegan hasta hoy, fue optar por un sistema electoral en el que unas minorías de ámbito territorial reducido podrían imponer su tiranía al resto de los españoles. (Resultó lamentable la aparición en la TV del representante de Esquerra Republicana con una llave en la mano: «Yo soy el que tengo la llave para abrir o para cerrar el futuro político»).

Tal vez tenía justificación en los primeros comicios aquel modo de elegir, abierto a la tiranía de las minorías. Era necesario estimular la participación de todos, luego del dilatado período de abstención. Sin embargo, los principios del decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, se conservaron en la ley 5/1985, de 19 de junio. He aquí el tremendo error. No mejorará el funcionamiento de nuestra democracia hasta que no se cambie a fondo la ley electoral.

También hay que revisar las campañas a la americana, con gastos tan elevados como infructuosos. Este despropósito explica en parte la financiación ilegal de los partidos. Un régimen electoral tan malo merece una consideración detenida. Y no hay que inventar soluciones. Basta con apreciar el sistema establecido en Alemania: dos votos para cada elector, uno de decisión personalizada en distritos de extensión reducida y otro para las listas de los partidos presentadas en mayores ámbitos espaciales. Y la barrera del 5 por ciento en todo el territorio del Reino.

El abstencionismo en los comicios produce alarma. Ahora, con 30 años desde el 15-J, comenzamos a tener perspectiva histórica para ver con más claridad cuanto entonces aconteció.

Tema: Este análisis propone un método de cálculo objetivo y a la vez equitativo para distribuir los escaños en el Parlamento Europeo entre los Estados de la Unión Europea.*

Resumen: Después de varios intentos fallidos, la fórmula exacta para la asignación de escaños a cada Estado miembro en el Parlamento Europeo sigue sin ser objeto de acuerdo. La Conferencia Intergubernamental de 2004 acordó los techos máximos y mínimos que deberían respetarse (96 escaños para los países más grandes y seis para los más pequeños) así como un principio, “la proporcionalidad decreciente” para regir la distribución del resto de los escaños. Sin embargo, el acuerdo, plasmado en el artículo I-20 de la Constitución Europea no especifica qué formula debería seguirse para asignar el resto de escaños. En el pasado, la solución de este problema se ha enfocado vía una negociación política en la que cada Estado ha hecho valer sus argumentos, su prestigio europeo, sus concesiones en otras áreas y su capacidad de presión y persuasión con el objeto de maximizar su cuota de escaños. Sin embargo, un sistema así prima la eficacia negociadora y el poder relativo de los Estados lo cual tiende a producir resultados precarios desde el punto de vista de la estabilidad e incluso legitimidad del sistema. La alternativa consiste en buscar una fórmula matemática que traduzca el principio de proporcionalidad decreciente a la realidad de la forma más sólida posible. Ello permitiría minimizar la discrecionalidad en la asignación de escaños, a la vez que, al ajustarse fielmente al principio de proporcionalidad decreciente, permitiría maximizar la legitimidad y estabilidad del sistema. Este análisis plantea y discute hasta qué punto el método parabólico podría proveer una fórmula de asignación de escaños que satisficiera dichos requisitos. Con dicha fórmula se respeta el principio de proporcionalidad decreciente y se reparten de forma equitativa los escaños en el PE. El resultado es que los Estados más grandes tienen más escaños que los más pequeños, pero menos escaños de los que les corresponderían en proporción a su población, mientras que a los más pequeños les ocurre lo contrario. Se trata pues de un método de asignación muy interesante ya que conjuga bien los criterios, políticos y técnicos, que deben presidir la distribución de escaños en el Parlamento Europeo.

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El arbitrismo tiene una larga tradición en el pensamiento español, por lo menos desde la época de los Austrias. Ya entonces surgió una pléyade de personas que, ante el desastroso estado de la sociedad y la economía patrias, proponían a la corte remedios sencillos, rápidos e infalibles. En esto consiste el arbitrismo: en propugnar recetas simples y sencillas para problemas complejos. Y de ahí también proviene su atractivo, pues no hay nada más sugerente para el intelecto humano que dar con una solución mágica de los problemas.

Uno de los que podríamos llamar ‘tópicos arbitristas recurrentes’ en la sociedad española actual es el electoral. Consiste en pensar que una simple modificación de las normas electorales conseguiría producir cambios espectaculares en nuestro panorama político. Es recurrente, por ejemplo, el tópico de las listas desbloqueadas y abiertas como alternativa a las actuales cerradas. Los defensores de esta modificación le atribuyen efectos milagrosos sobre los partidos políticos (que dejarían de ser cotos cerrados de las burocracias) y sobre la actuación de los representantes (que se volvería más cercana y sensible al elector). Sin embargo, estos arbitristas no quieren ver lo que la experiencia española y comparada enseña con rotundidad: que el ciudadano corriente se guía a la hora de votar por su simpatía ideológica partidista, y rehúye el trabajo y la complicación personales que supone componer listas personalizadas, incluso cuando puede hacerlo. Llevamos treinta años de votaciones con la posibilidad de ‘panachage’ para el Senado, cámara que se elige por listas totalmente abiertas; y la experiencia demuestra que menos de un 2% de los electores hace uso de esta posibilidad. Es decir, que el 98% prefiere votar en bloque la lista que su partido le propone.

Otra receta arbitrista, asumida recientemente como propuesta básica por la plataforma en favor de un nuevo partido ciudadano, es la de modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral para conseguir que los partidos nacionalistas no tengan un peso desproporcionado y superior al que numéricamente les corresponde en las cámaras representativas y, de esta forma, no puedan condicionar la política española. En este caso, el arbitrista incurre simultáneamente en una notable distorsión de la verdad electoral, por un lado, y en una notable miopía política por otro.

Distorsión de la verdad porque, sencillamente dicho, no es cierto que los partidos nacionalistas obtengan gracias a las normas electorales un peso superior al que numéricamente les corresponde. Los argumentos que se utilizan para argumentarlo son pura demagogia. Se afirma, por ejemplo, que Izquierda Unida obtiene sólo dos escaños con 801.821 votos, mientras que los catalanes de CiU logran 10 con un número de votos similar (835.471), o el PNV arranca 7 escaños con la mitad de votos (420.980). El argumento, sin embargo, no prueba lo que sus mantenedores arguyen, que los nacionalistas estén sobrerrepresentados, sino una cosa muy distinta, que IU está infrarrepresentada. Ésta es la verdad, que el sistema electoral castiga fuertemente a los partidos minoritarios nacionales que se presentan en todas las circunscripciones (antes el CDS, ahora IU), mientras que prima descaradamente a los mayoritarios (PSOE y PP) y es prácticamente neutral para con los nacionalistas (globalmente minoritarios, pero concentrados en pocas circunscripciones).

Una vía sencilla para poder determinar quién está sobre o infrarrepresentado es la de comparar el número de votos que a cada partido le ‘cuesta’ obtener un escaño, pues de esta forma conocemos las desviaciones del principio básico de que todos los votos deberían tener el mismo valor. Y tomando las elecciones de 2004 ,en las que el coste medio del escaño fue de 70.109 votos, observamos que al PSOE el escaño le costó 67.232 votos, al PP 65.996, a CIU 83.547, a ERC 81.524, al PNV 60.140, a Coalición Canaria 78.407, al Bloque Nacionalista Gallego 104.000, a Izquierda Unida 400.000 (¿¿) y a EA 80.905. De lo que se deducen varias cosas: primera, que el gran infrarrepresentado es IU y que los grandes beneficiarios son PP y PSOE; y segunda, que para los partidos nacionalistas en general no existe prima alguna, sino más bien lo contrario: los catalanes de CiU y ERC, los canarios de CC, los gallegos del BNG y los vascos de EA pagan por su escaño más que la media y más que los grandes partidos nacionales. Sólo el PNV es beneficiado neto del sistema, obteniendo aproximadamente un escaño más que lo que le correspondería según costes medios. Y si tomásemos cualquier convocatoria anterior, el resultado sería tan similar que no merece la pena analizarlas.

Por tanto, cuando se afirma que los partidos nacionalistas tienen un peso excesivo en términos electorales se está faltando a la verdad. Y si lo que se propone es modificar las normas electorales para disminuir su peso relativo (como en la propuesta avanzada por Peces Barba de aumentar de 350 a 400 el número de escaños del Congreso, pero reservando los nuevos 50 escaños a partidos nacionales), lo que se está proponiendo en realidad es disminuir el valor del voto de algunos ciudadanos en función de su nacionalidad o ideología (discriminación pura y dura), algo que no parece estar en consonancia con el concepto mismo de ciudadanía que se dice defender.

Cuestión muy distinta de la puramente electoral es la propiamente política, es decir, el amplio margen de influencia en la política nacional que tienen los partidos nacionalistas. ¿Claro que la tienen! Pero lo que debemos preguntarnos, antes de recurrir a la manipulación arbitrista para corregirla, son dos cosas: ¿Por qué la tienen? ¿Es malo que la tengan?

Si los partidos nacionalistas pueden actuar de ‘bisagras’ o ‘condicionantes’ en la política nacional ello no se debe a su sobrerrepresentación, como acabamos de ver, sino más bien a la bulimia de los grandes partidos españoles, que sostienen interesadamente un sistema electoral favorable al bipartidismo que excluye a los terceros partidos nacionales (CDS o IU). Claro que en su apetito desmedido llevan su penitencia, pues al no permitir la existencia de partidos nacionales bisagra a los que utilizar como aliados, se ven forzados a recurrir a los partidos nacionalistas cuando no obtienen mayoría absoluta. Son ellos, por tanto, los que han creado las condiciones sistémicas necesarias para que los partidos nacionalistas actúen como árbitros, y sólo una corrección de la prima descarada que tienen los grandes partidos posibilitaría que surgieran otros árbitros. Pero, como es bastante obvio, de esta corrección no quieren ni oír hablar.

La otra cuestión, quizá la más importante, es la de valorar adecuadamente la situación de los partidos nacionalistas periféricos en el sistema político. El régimen electoral se diseñó, precisamente, para integrarles en el conjunto de la política nacional y para ello se les otorgó una adecuada representación, usando la provincia como circunscripción electoral. No cabe duda de que, si nos referimos a la política cotidiana, este objetivo se ha conseguido en gran parte. Los partidos nacionalistas actúan con normalidad en los marcos institucionales y aportan su particular visión al pluralismo ideológico español. Cierto que no se ha conseguido la total integración sistémica de los nacionalismos, que siguen marcando señaladas reticencias a la aceptación del marco constitucional, sobre todo en el caso vasco. Ahora bien, ¿mejoraría en algún sentido esa situación parcialmente insatisfactoria si ahora los ‘desintegráramos’ de la política cotidiana e institucional estableciendo barreras representativas en su contra? Si comenzamos a discriminar a los ciudadanos nacionalistas periféricos, ¿no sería ello un factor añadido para incentivar su alejamiento y extrañamiento del sistema nacional? Creo que hay que reflexionar sobre esto un poco más antes de echar mano del arbitrismo.

Para juzgar la calidad de una democracia se impone examinar sus componentes más significativos y uno de ellos es, sin duda, la elección de los alcaldes. Pocos discuten que el sistema democrático español anda herido y dando tumbos, porque los partidos políticos lo degradan día a día con su afición a meterse donde les llaman y donde no; el problema radica en encontrar los correctivos y aparejar los remedios adecuados. Por eso pienso que conocer algunas experiencias extranjeras puede venir bien, quizás hasta aprendemos de ellas y algo aprovechará al cuerpo social.

En Alemania se está imponiendo, desde la última década del siglo XX, la elección directa de los alcaldes. Los Länder de Baden-Württemberg, Baviera y Hessen fueron los adelantados de una opción que, después, han seguido los demás territorios del país. En Hessen, concretamente, en un referéndum celebrado en 1991, el 82% de los votantes se pronunció a favor de esta modalidad de democracia directa.

Aunque hay diferencias entre los distintos territorios federados (en Alemania no existe una legislación local federal), este cambio relativo al modo de elegir a los primeros ediles, unido a una expansión acusada del referéndum para resolver asuntos locales, ha supuesto una renovación de trascendencia en los usos políticos y ha conducido a un parcial quebrantamiento del monopolio ejercido por los partidos a la hora de imponer sus propias opciones y sus candidatos. Tal alteración de las reglas tradicionales ha tenido una consecuencia beneficiosa y bien perceptible: la recuperación, por parte de la ciudadanía, de espacios libres del influjo partidario. Como, en general, se nos llena la boca invocando «fórmulas de progreso», creo que no hay nada mejor, en tal dirección, que reforzar el poder ciudadano: cuantos menos intermediarios tenga la democracia, mejor enderezado estará su rumbo.

Significativo es a este respecto el citado Land de Baden-Württemberg donde casi un 50% de los alcaldes no son afiliados de partido político alguno, sobre todo en municipios pequeños en los que no se necesita una organización sólida para conducir el proceso electoral. Además de significativo, es curioso que el resto de los alcaldes adopte una actitud de clara distancia respecto a sus propias formaciones, precisamente para reforzar su credibilidad: incluso se llega a ocultar la militancia partidaria en los carteles publicitarios. En este Land -heredero de un viejo reino y de un gran ducado- se han creado muchas asociaciones de electores libres que, en conjunto, se han visto remuneradas con el 42,7% de los mandatos obtenidos en las asambleas municipales, incluso de ciudades de unos 80.000 habitantes. También en Baviera -y en algunos otros Länder-, el número de alcaldes independientes ha adquirido enorme fuerza.

La resistencia a estas transformaciones siempre ha procedido de los políticos tradicionales, que han tratado y tratan de retener o recuperar los hilos de los comicios locales, uno más de los muchos palillos que componen el delicado conjunto del sistema político federal.

En Hessen, cuando se introdujo la elección directa, los candidatos eran personas activas en el municipio y en él gozaban ya de suficiente reconocimiento, de un nombre. Lo mismo puede decirse de Baviera. Sin embargo, en otros Länder, muchas veces los candidatos proceden de fuera del municipio, ya que se considera un mérito carecer de amigos -y de enemigos- en el territorio, lo que acrecienta la imparcialidad y garantiza su futura objetividad.

Con todo, es fundamental que el candidato ofrezca una imagen de cercanía al ciudadano, una absoluta predisposición a estar abierto a sus demandas y a escuchar con paciencia sus quejas, especialmente en los municipios pequeños y medianos. Por ello, durante la campaña hay mítines y otros actos políticos clásicos, pero, además, es indispensable organizar muchos encuentros directos con los votantes en los que éstos tienen ocasión de expresarse y debatir con los candidatos. En zonas rurales y en los barrios o suburbios se suele utilizar la tarde del sábado para estos fines o incluso la mañana de los domingos, tanto en espacios escogidos para ello como en aquéllos donde usualmente los ciudadanos se concentran o, simplemente, están -por ejemplo, en los jardines de sus casas cuando el tiempo es propicio-, lugares todos ellos por los que el candidato ha de pasar o debe visitar.

En la actualidad, se utilizan también, junto a estas formas de presencia y contacto físico, las páginas web y los blogs, muy útiles en las grandes aglomeraciones urbanas, al igual que el teléfono. Así, por ejemplo, se selecciona por los organizadores de las campañas un asunto concreto -guarderías, transportes, parques, escuela, etcétera-, y, después, se solicitan llamadas de los electores a los que cada candidato atiende personalmente. Es muy importante, en todas estas formas de relación, contestar fundadamente, transmitir la impresión de que se conocen los asuntos y de que se dispone de una solución razonable y razonada. Si no es así, toda la estrategia destinada a asegurar la cercanía y el interés por los problemas de los ciudadanos se malogra. Campañas consistentes en simples ataques al adversario, sin ofrecer alternativas creíbles y lógicas, son muy mal vistas por los ciudadanos, que descalifican a los políticos que cultivan tales prácticas.

Asimismo, la formación profesional juega un papel relevante: la mayoría de elegidos por estos procedimientos en Baden-Württemberg son juristas o especialistas en Administración Pública, mientras que en otros Länder, como Hessen o Baviera, se advierte una mayor diversificación profesional o laboral.

Las posibilidades de ser reelegido son altas. En general, se interpreta como una humillación que un candidato que ocupa el puesto no sea confirmado en el cargo. En las ciudades pequeñas y medianas de un Land como Hessen, el 60% de los alcaldes que se presentan a la reelección, la ganan. La participación se suele situar en torno al 50-60% en las pequeñas poblaciones, bajando ligeramente en las grandes. En algunos territorios -tal es el caso de Brandenburgo-, la elección se considera nula si no acude a votar al menos el 15% de los electores.

Todo ello se inscribe en un modelo de gobierno municipal que, como he señalado al principio, es muy variado en Alemania, al menos en el uso de denominaciones tradicionales o propias, menos en la configuración de fondo. Desde hace años, se viene imponiendo lo que se conoce como sistema del sur, que atribuye las decisiones municipales a dos órganos: el pleno y el alcalde, elegidos por espacios temporales que fluctúan entre los cinco años para los plenos y ocho -a veces- para los regidores.

Resultan de especial interés los mecanismos abiertos de algunos Länder para la integración de los citados plenos municipales; por ejemplo, la libertad del elector para configurar una especie de menú que le permite librarse del que le ofrece un determinado partido político. Esto se logra gracias a diversas técnicas, entre las que destaca la posibilidad de votar a candidatos que figuran en distintas listas electorales (así ocurre en Baden-Württemberg y en otros ocho Länder).

De lo que se trata es, en definitiva, como subraya el profesor Herbert von Arnim, estudioso de estas cuestiones y activo defensor de la renovación democrática, de moderar el influjo de una clase política que agarrota las estructuras donde se forma la voluntad popular e impone su huella en las instituciones públicas más relevantes, incluso en aquellas erigidas para actuar precisamente con independencia y autonomía.

Cabe concluir que, si bien es cierto que los sistemas democráticos europeos están viviendo una crisis importante -diversos factores contribuyen a su falseamiento-, en algunos países, como Alemania, se están realizando esfuerzos para aplicarles un tratamiento antiarrugas. Al nuestro, le deben de faltar las isoflavonas y los antioxidantes.

El proyecto de ley orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, en cuya redacción he participado, se halla en la fase de discusión parlamentaria. Dicho texto incluye una propuesta de reforma de la ley orgánica de Régimen Electoral General. Ello supone legislar un nuevo artículo 44 bis a la anterior ley orgánica 5/ 1985, de 19 de junio, redactado en los siguientes términos: “Las candidaturas que se presenten a las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos que cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico”.

En otras palabras, a partir de la aprobación de esta ley orgánica de Igualdad se reformará también ese artículo de otra ley orgánica, la de Régimen Electoral General. Esto se llevará a cabo respetando los procedimientos constitucionales, que exigen para esta materia una mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

La consecuencia de ello es que todas las listas electorales, tanto en elecciones a los órganos de representación estatal, como en las Asambleas de las comunidades autónomas, así como en los entes locales, deberán presentar una proporción de 40 y 60 de cada uno de los dos sexos. El concepto que utiliza la ley es el de representación equilibrada. No aparece el término cuota, ni se habla de una reserva de escaños a favor del sexo femenino, ni de una paridad de 50% entre mujeres y hombres. Desde un punto de vista jurídico, esta fórmula es conforme a la Constitución Española. De hecho, ha sido, como es preceptivo, informada por los órganos pertinentes, incluido el Consejo General del Poder Judicial, afirmando todos ellos la constitucionalidad de esta formulación.

El concepto representación equilibrada significa que en la vida pública y en los órganos de decisión política debe haber una presencia equilibrada de hombres y mujeres, porque eso es lo justo en una democracia igualitaria.

El orden de candidatos y candidatas en la lista debe responder a la de dos hombres o mujeres frente a tres hombres o dos mujeres cada cinco candidatos. Con ello se evita el imponer unas listas cremallera, hombre-mujer, que hubieran podido ser de dudosa constitucionalidad. Hasta ahora, la decisión sobre presentar listas con más mujeres candidatas ha sido una cuestión que se dejaba a la libertada interna de los partidos políticos. La posibilidad de introducirla como algo obligatorio requería la reforma de la ley orgánica de Régimen Electoral.

La imposición legislativa propuesta es compatible con la libertad interna de los partidos. Éstos tienen un margen de libertad en su actuación interna, pero con el límite del respeto al principio de igualdad. Todos sabemos que la formación de las listas electorales y la representación interna dentro de los partidos políticos es una cuestión de poder, con poca relación con principios de capacidad y mérito. En un mundo político masculinizado no basta con que la mujer esté cualificada para asegurar la igualdad de oportunidades. Esta afirmación no es una opinión subjetiva, sino un dato probado con estadísticas en todos los ámbitos, hasta en el del acceso al funcionariado de la Administración Pública del Estado.

El concepto representación equilibrada tiene una profunda carga antropológica. No es una medida matemática o cuantitativa, sino cualitativa. No quiere decir de ningún modo que las mujeres sólo se vean representadas por mujeres, o que sólo otras mujeres puedan defender sus derechos. Eso es una afirmación sesgada y manipulada. Representación equilibrada significa que el espacio público, los ámbitos de toma de decisión deben contar con la visión de los hombres y de las mujeres. Y para ello es necesaria la presencia de las mujeres. Las mujeres no son cuota, ni son florero, son sencillamente imprescindibles para realizar una sociedad justa, en la que se aporte su modo de ver las cosas, que es diferente a la de los varones, ni mejor, ni peor, necesaria, sin más adjetivos.

La representación equilibrada del 40-60 no va a suponer una injusta discriminación de los varones, sino el logro de una igualdad justa. Eso supone dar a cada uno lo que se merece. Con este procedimiento se fuerza ciertamente la igualdad de oportunidades a ser candidatas pasivas, pero no se fuerza el resultado, ya que éste dependerá de los electores, si bien es cierto que en nuestro sistema de listas cerradas acabará habiendo más mujeres elegidas, siendo esa la meta pretendida.

Algunos sectores, tanto partidos políticos, como en general, mujeres que ya ocupan los altos puestos en la vida empresarial, etcétera, insisten en que eso se debería alcanzar de otra manera, y que esto es una imposición. Hay que tener en cuenta que estamos hablando sólo de la representación equilibrada en las listas electorales, y no del mundo laboral, cuyas reglas son distintas y el principio de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a puestos laborales no permite este tipo de procedimiento, como queda perfectamente marcado en el proyecto de ley orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

La legislación prevista, tanto en lo que se refiere a las listas electorales, como a la introducción de acciones positivas en general es respetuosa con el marco constitucional. Cosa diferente es que haya diversidad de propuestas, todas ellas válidas, sobre los procesos adecuados para alcanzar la igualdad de hecho, sin lesionar la igualdad de derecho.

Las Cortes Generales, que son las legítimamente autorizadas, lo decidirán respetando los procedimientos legislativos. El tiempo servirá de refrendo para ver los resultados. Siempre cabrán nuevas reformas democráticas.

LAST Election Day, voters encountered myriad difficulties, from the unexplained glitch that temporarily halted Montana’s vote count to the 18,300 undervotes in Florida’s 13th Congressional District, to long lines, bad weather, inadequately trained workers, delayed or missing absentee ballots and complicated new identity forms. There was, however, one state where all went well: Oregon, where everyone votes by mail.

Since Oregon adopted Vote by Mail as its sole voting option in 1998, the state’s turnout has increased, concerns about fraud have decreased, a complete paper trail exists for every election, recounts are non-controvertible and both major political parties have gained voters. Moreover, in doing away with voting machines, polling booths, precinct captains and election workers, the state estimates that it saves up to 40 percent over the cost of a traditional election.

Vote by Mail could offer real advantages if it were adopted nationwide. Voters would not need to take time off from work, find transportation, find the right polling station, get babysitters or rush through reading complicated ballot initiatives. The country’s 35,000 post offices could provide information, distribute and collect voting materials and issue inexpensive residency and address identifications for voting purposes.

Perhaps most important, given the concerns about voting machine security, mail ballots cannot be hacked. Tampering or interfering with mail is a federal crime, and the United States Postal Service has its own law enforcement arm, which works closely with a variety of enforcement authorities including the F.B.I. Trained election clerks can take the time to check signatures without delaying or discouraging voters. And the advantages of a paper trail outshine the glitter of black box electronic gadgetry.

States that have adopted measures like “no excuse necessary” absentee ballots find that the public is eager to avail itself of the opportunity to vote by mail. As many as 30 percent of voters didn’t use the polls in November. In Washington State, where 34 of 39 counties vote entirely by mail, 70 percent of November’s votes were cast by mail; in California, the number is near 40 percent.

The Postal Service has set up a Vote by Mail preparation Web site and a traveling workshop. But out of 750,000 employees, it has only a handful who work part-time on mail balloting issues. The 110th Congress should direct it to expand these efforts. Senators Ron Wyden, John Kerry and Barack Obama recently sponsored a bill to grant funds to states that adopt Vote by Mail. That legislation should also give the Postal Service money to coordinate a national program.

For a small fraction of the sums spent on unreliable voting machines, the Postal Service could work with state and local governments to design standard ballots and develop processes for sorting and delivering them (like those that already exist for overseas military personnel). It could coordinate its own address database with the database of registered voters, set postmark deadlines and devise language prompting voters to affix correct postage.

Already, in order to help businesses that send out big mailings, the Postal Service uses bar-code scanning to inexpensively track large volumes of mail from origin to destination. With minor but careful modifications, this technology can be adapted for use with ballots — allowing voters to check on their location and status by entering a tracking number on the Internet or by phone.

Public confidence in the accuracy of vote counting is at an all-time low. The Election Assistance Commission estimated that as many as 850,000 votes were not counted in the 2004 elections, and a recent report warned that electronic voting machines cannot be made secure. Fortunately, a remarkably sophisticated and effective technology exists for solving these problems, and it is “old-fashioned” mail.

The founders conceived of a national postal service as a force to “bind our nation together.” Other technologies may now spread the news and help families stay in touch, but the Postal Service should be called upon to meet this latest challenge to our democracy.

THE Democrats may or may not capture the House or Senate tomorrow. But one thing appears certain: There will be a lot of close races where the results are uncertain late into the night (and perhaps even the next morning) and where the outcome may hinge on legal rulings about which ballots count and which don’t.

After all, in the last few years, several statistical dead-heat elections have ended up in court. The mayoralty of San Diego and the governorship of Washington are just two of the more high-profile examples since Bush v. Gore in 2000 in which elections were decided by a few votes and controversy followed the winner into office.

The rub in these cases is that we could count and recount, we could examine every ballot four times over and we’d get — you guessed it — four different results. That’s the nature of large numbers — there is inherent measurement error. We’d like to think that there is a “true” answer out there, even if that answer is decided by a single vote. We so desire the certainty of thinking that there is an objective truth in elections and that a fair process will reveal it.

But even in an absolutely clean recount, there is not always a sure answer. Ever count out a large jar of pennies? And then do it again? And then have a friend do it? Do you always converge on a single number? Or do you usually just average the various results you come to? If you are like me, you probably settle on an average. The underlying notion is that each election, like those recounts of the penny jar, is more like a poll of some underlying voting population.

In an era of small town halls and direct democracy it might have made sense to rely on a literalist interpretation of “majority rule.” After all, every vote could really be accounted for. But in situations where millions of votes are cast, and especially where some may be suspect, what we need is a more robust sense of winning. So from the world of statistics, I am here to offer one: To win, candidates must exceed their rivals with more than 99 percent statistical certainty — a typical standard in scientific research. What does this mean in actuality? In terms of a two-candidate race in which each has attained around 50 percent of the vote, a 1 percent margin of error would be represented by 1.29 divided by the square root of the number of votes cast.

Let’s take the Washington gubernatorial race in 2004 as an example. After a manual recount, Christine Gregoire was said to have 1,373,361 votes, 48.8730 percent, while her Republican rival, Dino Rossi, garnered 1,373,232, or 48.8685 percent (a third-party candidate got 63,465 votes). That’s a difference of only 129 votes, or .0045 percent. The standard error for a 99 percent certainty level was 0.078 percentage points. Since Ms. Gregoire’s margin of victory didn’t exceed this figure, under this system she wouldn’t be certified as the victor.

If we apply the same methodology to Bush v. Gore in 2000, the results are equally ambiguous. The final (if still controversial) vote difference for Florida was 537 (or .009 percent). Given Florida’s vote count of 5,825,043, (excluding third party votes) this margin fails to exceed the 99 percent confidence threshold. New Mexico, which Al Gore won by 366 votes out of a much smaller total, is also up for grabs in this situation.

So what should we do in such cases, where no winner can be declared with more than 99 percent statistical certainty? Do the whole shebang all over again. This has the advantage of testing voters’ commitment to candidates. Maybe you didn’t think the election was going to be as close as it was, so you didn’t vote. Well, now you get a second chance.

And if there were hanging chads (as in Florida in 2000) or unshaded bubbles (as in the 2004 San Diego mayoral race) or dubiously included or excluded ballots, voters could make extra sure to do it right the second time round.

Yes, it costs more to run an election twice, but keep in mind that many places already use runoffs when the leading candidate fails to cross a particular threshold. If we are willing to go through all that trouble, why not do the same for certainty in an election that teeters on a razor’s edge? One counter-argument is that such a plan merely shifts the realm of debate and uncertainty to a new threshold — the 99 percent threshold. However, candidates who lose by the margin of error have a lot less rhetorical power to argue for redress than those for whom an actual majority is only a few votes away.

It may make us existentially uncomfortable to admit that random chance and sampling error play a role in our governance decisions. But in reality, by requiring a margin of victory greater than one, seemingly arbitrary vote, we would build in a buffer to democracy, one that offers us a more bedrock sense of security that the “winner” really did win.