Uncido inexorable con la coyunda de mi condición de juez al yugo de la inquietud nacional en torno a la Justicia, quisiera yo con este breve apunte ofrecer a la visión pública lo que considero uno —uno entre tantos— de los datos históricos con vigentes consecuencias institucionales positivas que, más allá de los frecuentes y empobrecedores anclajes solitarios en acontecimiento tan excepcional como el que perfiló la Segunda República y la Guerra Civil, permiten observar la permanencia sustancial de nobles formas de ser y pensarse cuajadas en el siglo XIX y continuadas en el XX, no dañadas en su más profundo sentido ni por aquel tiempo agitado, primero pleno de ilusión y esperanza y después seguido de tragedia, ni por la posterior dictadura de casi cuarenta años.

De los clásicos tres poderes del Estado, el judicial es el que el ciudadano percibe con más intensidad cuando se ve directamente alcanzado por él. Este formidable poder está en manos de unas personas concretas y determinadas, los jueces, cuyo pensamiento sobre sí mismos y sobre la función que desempeñan se convierte así en una importante circunstancia social. En España los jueces han cristalizado los elementos esenciales de su estar en el sistema a través de un texto legal cuyas raíces no pueden ser más ricas en una visión tópicamente progresista: es bajo la vigencia de la Constitución Liberal de 1869 cuando se dicta la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 («de larga vida y llorada memoria», en expresión del profesor Alejandro Nieto), en la que, con las interferencias en que fue generosa nuestra historia en función de sus fuertes oscilaciones políticas, se alumbra la figura legal del juez que todavía respira en la actualidad: un juez de carrera, en la que ingresa por oposición y con un razonable estatuto de inamovilidad e independencia.

A estas notas legales considero que deben añadirse dos caracteres subjetivos: el juez en España es persona con una conciencia muy clara de su función, que considera consustancial a la idea de independencia (recuérdese que en los papeles de Wikileaks pudo leerse cómo la embajada de los EE.UU., preocupada por la atención de los jueces españoles al caso del periodista José Couso, transmite a Washington que las gestiones que realizaba el Ejecutivo español a favor de la tesis norteamericana les obligaban —dice literalmente— «a actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente») y asimismo cercana a la virtud de la austeridad, no siempre anhelada, pero en todo caso derivada de que, habitualmente retribuida la corporación judicial con sobria moderación, incluso en algunas épocas llegó a serlo miserablemente.

Hombres —hoy también mujeres— con esta textura básica mantuvieron durante siglo y medio en pie la respuesta final en el edificio del Derecho en España y fueron capaces de asumir la ampliación y renovación de las estancias judiciales que demandaban las nuevas formas de vida. Así, cuando este relato comienza, la Justicia agotaba sus expresiones en el derecho civil, a la sazón un derecho de ricos, de pudientes, y el derecho penal, que constreñía normalmente a los desheredados de la fortuna, pero en el siglo pasado explosionaron y arraigaron dos nuevas manifestaciones jurisdiccionales: la laboral, que incorporó al ámbito de la decisión judicial todo el amplio campo de las relaciones entre trabajadores y empresarios, y la contencioso-administrativa, que nos habituó a considerar exigible que las decisiones de los poderes públicos fuesen residenciadas ante un juez idéntico al que se pronunciaba en las contiendas civiles y criminales. En ambos casos fueron los viejos jueces, los jueces de siempre desde 1870, quienes asumieron las nuevas tareas con solvencia y notorio éxito.

¿Qué acontece cuando esta consolidada figura del juez es afectada por el hecho histórico de que en el año 1978 el sistema político se constitucionaliza?

A mi modo de ver, tres son las grandes novedades que le van a afectar, aparte de la formidable innovación que supuso en sí misma la entrada en vigor de la Constitución. En primer lugar, el mandato constitucional que universaliza el derecho a la tutela judicial efectiva, que constituye el llamamiento a un potentísimo Juez como consecuencia de la garantía absoluta dada a los ciudadanos de que ningún otro poder del Estado, ni siquiera el legislativo, podrá impedir su derecho a poner en litigio cualquier conflicto que toque a sus derechos o a sus intereses legítimos. Las otras dos novedades a evocar tienen carácter orgánico, son el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Si razonablemente podemos concluir que España goza de unos jueces técnicamente solventes, austeros, protegidos en su potestad para afrontar cualquier conflicto por el principio constitucional de tutela judicial efectiva y con un estatuto personal de protección de su independencia en manos de un órgano constitucional, cual es el Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué, en estas condiciones objetivamente favorables, la opinión pública sigue viendo jirones en el paño de la Justicia?

Creo que hay en la actualidad al menos dos circunstancias que ensombrecen en la opinión ciudadana una eventual captación positiva de la Justicia. La primera, la de su politización: las dos instituciones que antes he nombrado están siendo objeto de una desgarradora descalificación pública por lo que se considera desviación partidista de sus decisiones. Lógicamente, en un entramado institucional tan complejo como el diseñado por la Constitución es inevitable que la opinión ciudadana no especializada extienda sin mayor matización esa idea peyorativa a todo el sistema judicial. La segunda circunstancia es la disfuncionalidad organizativa: se trata de algo no imputable a los jueces, que se ven obligados a insertarse en una organización que a mi entender requiere de ciertos niveles de funcionalidad que quizás algún día tuvo y que a veces con cierta liviandad en el raciocinio le fueron sustraídos: pienso en la vieja Justicia Municipal, en una renovación de la Justicia de Paz, en un eventual futuro de algo tan discutido como la atribución a los fiscales de la instrucción de las causas penales y, en fin, asegurarles el tiempo de serena reflexión preciso para administrar recta y sabia justicia o replantearse su selección siguiendo la tradición de unas pruebas objetivas y rigurosas, pero en las que no sea solo la memoria la casi exclusiva protagonista.

El almirante Philipe de Gaulle interrogó a su padre en una ocasión sobre cómo era posible que Churchill hubiese creído en él cuando solitario, con unos pocos miles de francos en el bolsillo y teniendo que abandonar en la Francia ya ocupada a su propia familia, que incluía una pequeña niña con incapacidad profunda, se presentó en Londres como adalid de una resistencia a la sazón invisible. El General De Gaulle dio la respuesta precisa

—Es que Winston tenía imaginación.

Quizás eso, una imaginación que a veces tanto escasea, es algo demandable para el buen provecho de la cualificada materia prima judicial de que dispone España. Hasta ahora los dioses siempre se la han prodigado al nuevo titular de Gracia y Justicia…

A peculiar feature of Chinese society is that a complaint process runs parallel to, but outside, the legal system.

Victims of corruption and injustice have no faith in the law, and yet they dream that an upright official will emerge to right their wrongs. Although a complaint mechanism is in place at all levels of Chinese government, petitioners seem to believe that the central authorities are less susceptible to corruption, and so make Beijing their destination. By some estimates, more than 10 million complaints are filed around the country each year, far more than are heard by the regular courts.

Law in China, at least on paper, is more firmly established than it once was, and some legal experts propose doing away with the grievance system. But the government has retained it — perhaps it, too, lacks confidence in China’s laws. Also — and crucially — it wants to leave the petitioners some slender hope, a fantasy that one day injustice will find redress. If all hope is lost, petitioners may take more extreme action.

Often, the State Bureau for Letters and Visits simply goes through the motions of registering the complaints, then asks the petitioners’ local governments to look into them. But years of failure have sharpened the petitioners’ wits. They know that the only way they can put pressure on their local governments is by persistent, repeated visits to Beijing, and they realize that collective visits are even more effective. The government rigidly controls demonstrations, but the collective submission of a complaint remains a means for ordinary people to exert pressure.

At the same time, some petitioners have come to focus more on the process of lodging a complaint than on the outcome. Seeing the judiciary as biased and the grievance process as a sham, they treat petitioning as a means of extortion.

Here’s an example. In the fall of 2007, during the Chinese Communist Party’s 17th Congress, a man from Shandong Province phoned his village chief and told him he was in Tianjin and about to board a train for Beijing to appeal a miscarriage of justice. The village chief was shocked: if the petitioner were to appear in Tiananmen Square at such a prominent moment, not only would the chief lose his job, but his immediate superiors — the township and county chiefs — would be disgraced as well. He begged the villager not to go to Beijing. All right, the man said, but there was a price for his acquiescence: 20,000 yuan, about $2,600 at the time. The village chief put down the phone, withdrew this sum from public funds, and personally delivered it that very day, to the man’s wife.

The pay-off should not surprise us. Alarmed by worsening social unrest, government officials have adopted “stability maintenance” as a mantra — and a pretext to stifle protest. While the grievance process coexists politely with the regular legal system, the insistence on maintaining stability is, all too often, utterly at odds with it.

The priority now given to keeping order has enabled local officials to regain the initiative when there are complaints or protests. In the name of maintaining stability, the interception and detention of petitioners seems perfectly reasonable, and higher-ups look the other way.

After the collision of two high-speed trains near the southeastern city of Wenzhou last July, relatives of those killed and injured rushed to the scene. Three days later, law offices in Wenzhou received an urgent notice from the local judicial bureau and lawyers’ association: “The train collision is a major, sensitive incident that bears on social stability.” The notice directed lawyers to “immediately report” all requests for legal assistance to the judicial bureau and the lawyers’ association and not to “respond to such requests without authorization.”

When the contents of this circular were revealed by the news media, an uproar ensued. The lawyers’ association took responsibility and issued an apology, saying it had issued the notice without judicial permission.

But the lawyers’ association takes orders from the judiciary, so this apology was greeted on the Internet with derision. It reminded me of the old adage, “A soldier fears his superior more than he fears the foe.”

The recent episode in Wukan, a village in southern China where residents staged an uprising that received international attention, reflected the uneven balance among the grievance process, the legal system and the insistence on stability. Local officials ignored complaints about corruption involving the sale of farmland and then cracked down on the subsequent protests. The uproar was eventually resolved through political arrangements, not judicial action.

In China, an extramarital love interest who comes between a happy couple is known pejoratively as “Little Three.” The expression appears in a joke about three kindergartners who want to play house.

“I’ll be the daddy,” the boy says.

“I’ll be the mommy,” one girl says.

Another girl frowns: “I guess I’ll have to be Little Three.”

If the law, the grievance process and stability maintenance were ever to play house, I think we’d see the following exchange:

“I’m the daddy,” Stability Maintenance says.

“I’m the mommy,” Grievance Process says.

The Law pouts. “Well, I’m Little Three.”

When I first met Mustafa Abdel-Jalil, now the chairman of Libya’s Transitional National Council, in April 2009, he was the beleaguered justice minister in Muammar el-Qaddafi’s Libya, virtually the sole brave voice among senior officials demanding accountability from the country’s security services.

He had been brought in as a concession to the restive western city of Benghazi, where he was a judge for many years. Abdel-Jalil minced no words in denouncing the corruption of the Interior Ministry, which operated outside the law to detain and abuse Libyans with impunity. Commenting on the fledgling reforms under Qaddafi, he characterized Libya as a country “going through the difficult and painful pangs of birth.” Little did he know how utterly transformed Libya would find itself just over two years later.

Recently in Tripoli, I sat with Abdel-Jalil to discuss new priorities for Libya that would have been unimaginable in 2009. The challenges the new authorities face are daunting, starting with the need to gain control over thousands of men in dozens of independent militias. Libya swiftly needs to have a justice system running that can deal fairly with the crimes of today and of the past, and to rebuild basic institutions, atrophied over many decades of authoritarian rule.

Government officials recognize the need to give the anti-Qaddafi fighters, widely regarded as heroes, a reason to give up their arms.

The transitional council is discussing plans for a massive program of training, jobs, education, loans and compensation. But this commendable initiative will require time and substantial funds. Meanwhile the council shouldn’t wait until it has full command over the militias to assert its authority over the more than 5,000 detainees those militias are holding, outside any jurisdiction of Libya’s laws or justice system.

Human Rights Watch found serious abuses when we visited these detention centers, including beatings and torture, as well as wide-scale arbitrary arrests of dark-skinned Libyans and African migrants suspected of having supported Qaddafi’s forces. These people should be transferred to official custody, where they should either be charged based on evidence of wrongdoing or released.

It’s critical for the transitional council to demonstrate that in the new Libya justice will not play favorites, and that all Libyans will get equal protection under the law. We urged Abdel-Jalil to support the independent commission for the missing, so that it can work to find missing persons on both sides of the conflict.

The council also should ensure that independent judges and prosecutors can fully and fairly investigate allegations of the worst abuses during the conflict, even if people who fought to end Qaddafi’s reign are implicated, or their victims were the Qaddafi forces. In Sirte, for example, Human Rights Watch documented the apparent execution by anti-Qaddafi forces of 53 people outside the Mahari Hotel, some with their hands and feet bound. The council should not sweep such atrocities under the rug.

Libya has made admirable headway in drafting a Transitional Justice Law and an Amnesty Law. But to build a free society, it needs to wipe out laws that authorize fines, prison sentences and even death for Libyans who “insult” or “offend” state officials, or national unity, or Islam, or who attempt to form independent political associations or media.

Qaddafi used these laws to jail political activists, lawyers and journalists — whether liberal or religious — who dared to challenge him.

The new government should no longer restrict what Libyans read or with whom they associate, in the name of either ideology or religion, and judges should ensure these rights are protected. With elections only six months away, the transitional council should, at minimum, formally suspend these restrictive articles now, to reassure Libyans that they will be free to engage in the tumultuous debate on which political competition depends, so long as it is peaceful speech.

International observers, as well as Libyan women activists, have expressed trepidation about whether future governments will adhere to promises of political and civil freedoms, or when it comes to women’s rights even move backward. Abdel-Jalil elicited global hand-wringing when, citing Shariah law, he said Libya should allow polygamy for men in place of current restrictions on this practice — a position he confirmed in our meeting.

Some people explained to me that he intended only to help the war widows, by allowing married men to take them as second wives. But a better way to help Libya’s women is to grant them the same benefits the country gives to fighters, including training, jobs and loans to support their families. This would be consistent with Libya’s transitional constitution, which grants equal civil and political rights regardless of sex and equal opportunity for every citizen. Human rights for all of Libya’s citizens, men and women, demand nothing less.

In December 2009, well before the Arab uprisings and Libya’s revolution, a young Libyan activist — a dreamer, I thought at the time — predicted, “If the United States can put a man on the moon, then we can get rid of Qaddafi.” The Libyan people have achieved the seemingly impossible; let’s hope the transitional council can help ensure that the gains for freedom are permanent.

Venimos de unas elecciones de bajo voltaje, en contraste con la gravedad de los problemas que afrontamos. Como el de la justicia, casi ausente del discurso político. Solo algunas generalidades sobre la confianza en las instituciones, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o la agilización de los procesos. Así no se equivoca nadie. La justicia relegada en la escala de prioridades tal vez porque no admite soluciones rápidas; o porque una justicia organizada, eficaz y con la autoridad de la razón sería un límite demasiado incómodo para las acciones de gobierno.

Tampoco oímos hablar de un pacto de Estado sobre la justicia. Nadie parece dispuesto a ceder una brizna de poder o a comprometer su posición futura sobre las deficiencias de la maquinaria institucional que asegura el Estado de Derecho. Probablemente son los políticos quienes mejor saben qué da y qué quita votos, y nada debería objetarse a los que han vencido limpia y ampliamente. Pero no hay tiempo que perder si se trata de mejorar la justicia y la confianza en ella de los ciudadanos. Los abogados, mucho más que «cooperadores» con la Administración de Justicia como dicen nuestras leyes procesales, reivindicamos un papel protagonista en la solución de los problemas de la convivencia. Siendo decano de uno de los más importantes colegios de abogados de Europa, aunque escriba a título personal, me siento en la obligación de contribuir a un diagnóstico global, que resumo en los siguientes cinco puntos para el cambio:

Primero: volver a poner en valor la Constitución como expresión de un pacto social cargado de futuro e informado por principios cuya fuerza transformadora dista mucho de haberse agotado en la construcción del Estado social y democrático de derecho. Tengo pocas dudas de que hace unos años el espíritu constitucional estaba más presente que hoy en la acción de los poderes públicos. Entonces no habrían sido siquiera imaginables sucesos como la quiebra de la confidencialidad de las comunicaciones personales entre abogado y cliente en la privacidad engañosa del locutorio de una prisión, o el maltrato deliberado al sistema de asistencia jurídica gratuita por parte de las administraciones que tienen la obligación de atenderlo, poniendo en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos más necesitados. Hay una regresión generalizada de los principios y valores constitucionales ante la «necesidad» de soluciones expeditivas. Sin embargo, el Estado de Derecho se desangra por las grietas abiertas para actuar de forma supuestamente más eficaz: no hay transacción posible con los derechos fundamentales, ni entre el valor superior de la justicia y las razones de la economía, la urgencia o la demagogia.

Segundo: exigir de todos los poderes la estricta observancia de las normas que definen el sistema institucional de la justicia; el respeto real y no ritual a la independencia de Juzgados y Tribunales; el fiel cumplimiento de plazos y fines de actuación, proveyéndose a tiempo los nombramientos, decididos solo por la idoneidad de los candidatos, sin que estos o aquellos caigan en la tentación de obrar con fines partidistas, o simplemente no generales, ante la impunidad que proporciona la ausencia de instrumentos eficientes contra la desviación de poder. Incluyo aquí la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, los nombramientos de y por el Consejo General del Poder Judicial; pero también el cumplimiento en tiempo por las Administraciones Públicas de las sentencias firmes y el de sus obligaciones legales frente a los administrados exactamente igual que a estos se les exigen sus cargas e impuestos, así como una mayor diligencia en la proyección y disposición de medios económicos para fines de gestión pública con los recursos de todos. Dado que la observancia espontánea de las normas no parece suficiente, convendría reforzarla mediante mecanismos sancionadores que incluyeran la responsabilidad personal de los gestores negligentes. No puede haber tanta asimetría entre la justicia del ciudadano y la del Estado, como si este ocupara un espacio inmune.

Tercero: racionalizar la arquitectura competencial de la Administración de Justicia. Hay que poner fin a la superposición ineficiente de dependencias, al rompecabezas de comunidades con competencias transferidas y comunidades que siguen siendo «territorio Ministerio» para organizar los siempre limitados medios de la justicia. En unas y otras los jueces y magistrados están subordinados al Consejo General del Poder Judicial, cuyas resoluciones en materia de nombramientos y disciplina son recurribles ante el Tribunal Supremo para mayor incertidumbre, mientras que los secretarios judiciales reportan al Ministerio de Justicia, el personal auxiliar a la Comunidad o al Ministerio de Justicia, según las transferencias, los fiscales a la Fiscalía General del Estado, y todos, en lo presupuestario, dependen del Ministerio o la Consejería de Economía de turno. Así no es posible asignar responsabilidades. Nadie tiene la llave de una cohabitación imposible cuyo buen orden requiere antes del consenso que de proclamas para devolver al Estado unas competencias que no se han sabido ejercer, enviándose mensajes de desafección institucional por quienes tienen la obligación de resolver los problemas en lugar de crearlos.

Cuarto: dotar a la Administración de Justicia de los recursos necesarios. Tanto para adaptar a la actual geografía humana la demarcación y planta territorial de nuestros tribunales, herederas todavía de una sociedad rural, como para impulsar y reorientar en lo necesario la reforma de la oficina judicial y culminar el recurso útil a las herramientas tecnológicas; o para aproximarnos al número de jueces por habitante de los países más avanzados de nuestro entorno, reduciendo los porcentajes de jueces sustitutos y personal interino que, pese al esfuerzo de su desempeño, lastran objetivamente la calidad de nuestra justicia. La penosa situación de las cuentas públicas no puede saldarse ahora con la congelación o la reducción generalizada, partida a partida, de los presupuestos. Habrá que establecer prioridades y diseñar políticas inteligentes que, aun orientadas en conjunto a la consolidación fiscal, permitan recortar los gastos menos necesarios y reforzar aquellas áreas de mayor impacto para racionalizar la gestión, preservar la seguridad jurídica y fortalecer la cohesión social. No solo en justicia.

Y quinto: modernizar la formación de jueces, magistrados, fiscales, secretarios y personal auxiliar. El acceso a esta función pública y la promoción y movilidad dentro de ella, siguiendo principios de mérito y capacidad, han de asegurar, junto con el conocimiento material del derecho, el dominio de las competencias necesarias para ejercer las funciones organizativas ligadas a la jurisdicción. En lo posible, habría que aproximar esa formación a la de los abogados y otros profesionales del derecho para facilitar la integración de una auténtica comunidad jurídica, dentro del espacio común europeo, al servicio de la sociedad y del interés general de la justicia.

Cabría proseguir y hablar de la reforma de la instrucción penal, de la garantía de la doble instancia, o de una Ley Orgánica de la Defensa que regule unitariamente los diversos derechos fundamentales afectados en relación con el derecho de todos a tener derechos, en la lúcida formulación de Hannah Arendt. Un derecho, este, anterior a otros tan básicos como el derecho a la sanidad o a la educación, y que está en entredicho en un mundo donde la búsqueda de la seguridad y la tentación de regular los movimientos de personas profundizando las fronteras producen desigualdades esenciales. Pero, por encima de todo, hay que transmitir a la sociedad la necesidad de un compromiso con la justicia; un compromiso político y ciudadano que sitúe los problemas de la justicia en el lugar central que les corresponde dentro del mapa institucional de una España abierta a la comunidad internacional, falta también de herramientas jurídicas para gestionar la globalización. Un compromiso al que solo puede atenderse desde la reflexión serena, sin improvisaciones, y mediante un amplio consenso a partir del diálogo plural con todos los actores implicados, como el que la abogacía ofrece lealmente desde su responsabilidad social.

Whenever a Western official criticizes China for its record on human rights, the reply comes back that China is a sovereign country and doesn’t respond to such finger-pointing. And that is bound to continue for a long time. There are real differences between different countries’ interests and values that cannot be wished away.

But there are also many areas where China and the United States face similar social problems and share fundamental interests. In grappling with those similar problems, each country’s laws are developing along paths that, although different in some ways, are strikingly similar in others. It is in those areas that the West can certainly begin a dialogue with China that includes political reform and human rights, and builds a common language for such discussions that does not seek to assign blame to either side.

Without a firm understanding of each society’s culture and history, discussions of fundamental rights tend to slide toward harsh and automatic conclusions on each side. But when we talk honestly about fundamental concepts like property, punishment of crime and ethnic diversity — in light of their cultural and historical context — the differences can at least be seen to have their own internal logic.

Respecting that logic, we can then begin to talk about how rights under the law might be applied differently.

We also need to remember that good laws in any society don’t just lay down rules. They strike a balance among competing interests — among individuals, and between individuals and their society. So of course there will be differences from one society to another.

I’ve become acutely aware of this while living in Shanghai for the past four years, practicing law in an American firm and teaching at two Chinese law schools, where an introduction to American law is a required course. My Chinese students include Shanghai natives, but most are from small towns and villages throughout eastern China. There are also Americans in their 20s, living here until more job opportunities open up back home. Each group’s members want to know what their counterparts from the other country are thinking, and so the questions of what concepts they share and where they differ come up often.

In the spring semester, I asked my students to choose from a list of several United States Supreme Court cases covering different fundamental rights — including free speech, free exercise of religion, abortion rights and the right to counsel in criminal cases — and offer comment. The ones below were the most popular. Judge for yourself whether finger-pointing and lecturing the Chinese would have been the right response to Chinese attitudes.

Kelo v. City of New London (2005)

This is a classic case of balancing private property rights and the public good. The city of New London, Conn., having lost traditional industries, needed economic development to reverse urban decay. But could private companies get rich in the process?

The Supreme Court found that economic development under the city’s plan would not violate the Fifth Amendment (which prohibits the taking of private property for public use “without just compensation”) solely because there was some private gain. My Chinese students, however, would have added another consideration: such private gain and fair compensation would have to be shown to be free from corruption.

Why was that so important? Why could fairness not be taken for granted? It’s because hundreds of millions of Chinese are moving from the countryside to the city, and local governments often take rural property to create vast expanses of new urban housing. But many relocated homeowners feel abused, and private developers often get rich in the process.

In both American and Chinese law, “just compensation” is required when the government takes property for a public purpose. But under American law, this is fairly straightforward, because the fair-market value of land is relatively easy to determine. In China, by contrast, there was until recently no market at all, and government officials exercise wide discretion and can have inordinate power — one reason that anger at corrupt government officials has become an organizing principle for common people, and now is a consideration in the way law students think about basic fairness.

Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 (2007)

Can a city school board use race or ethnic identity as a factor in school admittance? I tell my students that if they want to understand modern American society, they should study both the evolving idea of equal protection and the history behind it: slavery, the Civil War, Jim Crow, the 14th Amendment and Brown v. Board of Education. But the concept continues to evolve, as is shown by this case; in it, the Supreme Court, while recognizing that school districts have a compelling interest in diversity, ruled against school district plans that used race as a factor in assigning students to public schools.

China, too, has questions about how to treat its citizens equally, but those issues have different roots. In China, the Han make up about 92 percent of the total population; other large ethnic groups include Zhuang, Manchu, Mongol, Hui, Uighur, Miao and Tibetan, and there are dozens more. The government has been trying to increase the university enrollment of ethnic minority groups, and several of my students have told me that extra points are added to minority students’ test scores on the all-important college-entrance exam — a policy that many Han Chinese resent.

Conflict among these ethnic groups goes back centuries; it was the Manchus who led China’s last dynasty, from 1644 until the revolution that ended imperial rule in 1911. Just as young Chinese cannot fully understand equal protection in the United States without studying the history of slavery and Jim Crow, so my young American students have learned that they need to study the historic interaction of these ethnic groups before advising — or criticizing — the Chinese on their ethnic policies.

Stanford v. Kentucky (1989 ) and Roper v. Simmons (2005)

Can the death penalty be imposed on a defendant who committed murder as a juvenile? In a 1989 case in Kentucky, the Supreme Court held that executing a juvenile offender did not violate “common standards of decency,” or the cruel and unusual punishments clause of the Eighth Amendment. But it reversed this decision in 2005, finding that the standards had evolved to a point at which such executions were unconstitutional. My students were especially interested in the idea that “evolving standards of decency” applied to the death penalty — a punishment that has come under increasing scrutiny around the world since World War II.

China retains the death penalty but is reconsidering the offenses to which it can apply, and there is considerable debate in the Chinese blogosphere about that. In fact, during the years between Stanford and Roper, China rejected the death penalty for juvenile offenders — a fact that the Roper court noted.

The Chinese Constitution does not expressly forbid cruel and unusual punishment, as the American Constitution does. But the degree of moral culpability required for the death penalty is very much part of the debate here, and my students were surprised (and pleased) to learn that China had been ahead of the United States in abolishing any aspect of capital punishment.

On the other hand, another aspect of this debate — applying the death penalty for economic crimes like bribery and embezzlement — often evokes shock among Americans, while many Chinese consider it just another example of how seriously they take the danger of official corruption.

The underlying lesson? By different historical pathways, China and the United States find themselves struggling with many of the same issues.

And those issues deserve a discussion, not a lecture by one side to the other. My students are very respectful of America’s constitutional system, but also deeply proud of their own country and its rise in the world. They are prepared to find deep meaning — and understanding of us — in studying why their laws often read differently from ours. We should be ready to do the same with them before we criticize.

Si alguna ventaja tienen las épocas de crisis es que gracias a ellas somos capaces de replantearnos situaciones y cuestiones que de otra manera seríamos incapaces de cuestionarnos, y así adoptar medidas que remuevan estructuras anquilosadas que impiden un adecuado funcionamiento de instituciones u organismos.

La crisis ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestro sistema administrativo y la corresponsabilidad de las decisiones y actuaciones de un sector respecto de otro. Así, la tardanza en resolver los litigios por parte de la Administración de Justicia no está ayudando a salir de la grave situación económica a las empresas, a los trabajadores, a los ciudadanos… Por ello, llegado es el momento de replantearnos determinadas cuestiones sobre nuestra Justicia. Debemos detenernos; analizar la situación actual; reflexionar sobre los avances obtenidos; aprender de los errores cometidos en el pasado y adoptar nuevas y valientes medidas que nos permitan, de una vez por todas, corregir las deficiencias que nuestro sistema judicial padece endémicamente, removiendo, si es preciso, sus estructuras.

Soy de los que opinan que la situación actual de la Justicia española deriva de la descoordinación entre las distintas administraciones con competencias en la materia, consecuencia de la ausencia de un claro liderazgo que venga a coordinar las actuaciones que se deben acometer para mantener una verdadera Justicia única en toda España.

Porque, pese a que entiendo que la transferencia de las competencias sobre la Administración de Justicia a las comunidades autónomas fue un acierto y constituye una realidad que no debe tener marcha atrás, tampoco debemos olvidar que la Justicia es uno de los poderes del Estado y, por tanto, debe existir una Justicia única e igual para todos los ciudadanos. No podemos, vía transferencia de la gestión de los medios materiales y humanos al servicio de la misma, desligar al Estado de este Poder y mantener la situación actual en la que, dependiendo de dónde se tenga fijada la residencia, el ciudadano disfruta de una Justicia más o menos rápida, ágil y eficaz.

Para corregir esta disfunción debemos servirnos de las nuevas tecnologías, cuya utilización ha de permitir al ciudadano acceder a los servicios que la Administración le debe facilitar, de una manera mucho más ágil, sin importar dónde resida. Por ello, al igual que ocurre con la Agencia Tributaria, es inaplazable dotar a la Justicia española de un sistema informático único, en el que todos los órganos judiciales, con independencia de su ubicación, tramiten los procesos bajo una misma plataforma y que les permita estar interconectados a tiempo real, entre ellos y entre el resto de organismos, ya sean nacionales o internacionales, que a diario colaboran con los mismos.

Y el momento es ahora, aprovechando que la nueva Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia impone a las administraciones con competencias la obligación de dotar a las oficinas judiciales de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos, pues muchos de los sistemas existentes en la actualidad no soportan otra evolución que les permita alcanzar este objetivo.

Es triste ver cómo se alardea de haber invertido cientos de millones de euros en modernizar la Justicia y luego visitar los juzgados y comprobar que nada o muy poco ha cambiado: los montones de expedientes en papel siguen encima de las mesas y ocultan hasta los ordenadores. Además, cuando se habla de la ejecución de un plan para modernizar la Justicia, no podemos olvidar que el Ministerio del ramo únicamente se refiere a los órganos judiciales radicados en un determinado territorio, no habiendo involucrado en el proceso de modernización al resto de administraciones autonómicas, con lo que los beneficios del mismo no alcanzan a todos los ciudadanos, ampliándose la brecha digital.

No me cansaré de repetir que la Justicia es un servicio público esencial y, como tal, debemos dotar a su Administración de una estabilidad presupuestaria que permita a las administraciones autonómicas invertir lo necesario para garantizar su prestación en los parámetros de calidad que el ciudadano se merece. Y para ello, entiendo que no es necesario acudir a fórmulas de financiación como el denominado copago, que en la práctica supone gravar doblemente al ciudadano que acude a los órganos judiciales a solventar controversias.

Se deben adoptar nuevas fórmulas de financiación estables. La participación de las comunidades autónomas en los intereses generados por la cuenta de consignaciones judiciales puede ser una. Todo ello sin olvidar la necesaria adopción de políticas de racionalización del gasto y la imprescindible concienciación del verdadero coste que supone la puesta en marcha de la maquinaria judicial.

En este mismo sentido, debemos plantearnos si el actual nivel de la prestación del servicio de Justicia gratuita es el adecuado y, lo que es más importante, si es sostenible económicamente a corto plazo. Efectivamente, la evolución presupuestaria de este capítulo en todas las administraciones con competencias en la materia muestra un crecimiento exponencial imposible de mantener y, lo que es peor, es harto complicado realizar cualquier previsión sobre su incremento. Así, conviene reseñar que el total gastado por todas las administraciones pasó de 218 millones en 2009 a casi 240 millones en 2010. El presupuesto de la Generalitat catalana para Justicia gratuita, por ejemplo, sufrió un aumento del 23,3 % en el ejercicio 2009 respecto al de 2010.

Habida cuenta de la escasez de recursos disponibles hoy en día, es necesario abrir un debate sobre la prestación del derecho de los ciudadanos a la Justicia gratuita en España, reflexionando sobre nuevas fórmulas que permitan la necesaria racionalización del gasto, la optimización de los recursos disponibles y que vengan a garantizar su acceso a las personas que realmente carezcan de recursos con independencia de dónde residan, evitando los abusos que se dan en la actualidad.

Fórmulas hay varias, pero me inclino a pensar que la mejor podría ser la de crear una agencia estatal dependiente de la Administración central, que gestione de forma única la Justicia gratuita de manera que se garantice una prestación uniforme de este derecho en toda España, bajo las premisas antes apuntadas.

Igualmente debemos poner en marcha reformas que reduzcan el número de asuntos que anualmente entran en el sistema judicial español. Para ello debemos potenciar al máximo la mediación, el arbitraje y la conciliación, derivando a estas formas de resolución alternativa de conflictos determinadas cuestiones que en otros países no tienen acceso al sistema judicial. A modo de ejemplo cabe indicar que frente a los casi 10 millones de asuntos que anualmente entran en los juzgados españoles, en Francia, con 60 millones de habitantes, sus tribunales únicamente conocen de seis millones.

Acompañando a todas estas medidas se debe acometer una profunda reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, replanteándonos la propia existencia del concepto de partido judicial como fundamento básico de la estructura judicial española. Gracias a los avances tecnológicos ya no es necesario que cada ciudadano tenga un juzgado en su puerta, por lo que podemos agrupar en grandes sedes a los jueces y poner a disposición de los ciudadanos las nuevas tecnologías (internet, videoconferencias, etc.) para que éstos se puedan comunicar con los juzgados y no tengan que desplazarse a los mismos.

Sé que es duro decir esto, pero si esta crisis sirve para que por fin nos atrevamos a remover las estructuras de nuestra Justicia, bienvenida sea.

“There is no room in revolutionary courts for defense lawyers because they keep quoting laws to play for time.”

— Ayatollah Sadegh Khalkhali, the first religious judge appointed by Ayatollah Khomeini to head the Islamic Revolutionary Tribunal, May 13, 1979

“If a lawyer comes to believe that his client is guilty, he must not contribute to the prolongation of the trial; he must understand that he would be held accountable in the Hereafter . . . The Bar Association [should] identify and take action against lawyers who create mischief and divert cases from their proper course.”

— Morteza Bakhtiari, Iran’s minister of justice, Jan. 15, 2011

Two German journalists who entered Iran as tourists were arrested last October while interviewing the lawyer of Sakineh Mohammadi Ashtiani, a woman sentenced to be stoned to death for adultery. The arrest of the reporters, along with Ashtiani’s son and lawyer, was the last upheaval of a high-profile international campaign to stop the stoning. Months of effort and relentless advocacy saved Ashtiani’s life last year, but the blowback inside Iran could harm the chances of future such campaigns.

The reporters accused of spying, Marcus Alfred Rudolf Hellwig and Jens Andreas Koch, were released after four months. They are back in Germany, and the world’s attention has moved on. Yet Javid Houtan Kian, Ashtiani’s first lawyer, still languishes in a prison in Tabriz. He is silently bearing the brunt of the Iranian judiciary’s anger over its embarrassment by the campaign. Officials are using his fate as a warning to lawyers who take on “the system” to defend their clients.

The international campaign to save Ashtiani gained momentum in the summer of 2010. Civil society advocates, journalists, intellectuals, artists and foreign officials brought desperately needed attention to the case. Ashtiani’s lawyers provided documents that forced judicial authorities to admit the lack of evidence or witnesses in the case.

The campaign angered Iranian officials, who under pressure made contradictory statements and tried desperately to convince the public that Ashtiani’s death sentence had been imposed for murder. But neither the official statements nor the televised forced confessions of the prisoners could change the facts: Ashtiani was sentenced to death for adultery, not murder; the ruling was unclear regarding even the identity of her alleged partner; and the judicial process leading to the sentence failed to meet international and even Iran’s legal standards regarding evidence.

In June, Mohammad Javad Larijani, secretary of the judiciary’s Human Rights Headquarters, directly addressed the issue, saying that the West had “put the rulings of our judicial system under the microscope” and that “judges must pay even greater heed to issuing faultless rulings.” He went on: “The West believes that stoning is not a punishment but a form of torture. . . . Unfortunately, the West has succeeded in waging such a campaign on the issue of stoning that even those who have a positive view of our system have been questioning us on it. . . . [W]e have to bear in mind that the verdict of stoning, be it against Sakineh Mohammadi [Ashtiani] or any other individual, becomes a subject of political attack . . . against our system and officials. We should, therefore, act in our own wisdom in that regard.”

It has been a year since Ashtiani’s lawyer was arrested for the “crime” of talking to the German reporters. But Iranian authorities regularly harass, jail or force lawyers into exile — a second attorney of Ashtiani’s fled to Norway — for defending and publicizing sensitive cases. Authorities have been unusually severe with Kian, inflicting violence and restricting access to him.

Kian has reportedly been sentenced on charges of spreading anti-government propaganda and conspiring to disrupt Iran’s internal security. Information collected by human rights groups indicates that he has sustained injuries requiring hospitalization. Naqi Mahmudi, a lawyer who was forced to leave Iran in September after defending cultural rights activists, told me last month that, after some effort, he was allowed to see Kian for half an hour. Kian has lost significant weight and is missing several teeth, Mahmudi noted, and there are cigarette burns on his body. Kian takes painkillers and tranquilizers daily, he said, to ease his physical and mental anguish.

Iran’s arbitrary judicial process makes defendants such as Ashtiani particularly vulnerable. Without the courage of individuals such as Kian, accurate information regarding those unfairly prosecuted or convicted will be much harder to obtain. Before he succumbs to his mistreatment, judicial officials in Iran need to hear voices calling for his release. They need to know that the world will not forget about those who help save the victims of their unjust “justice.”

La división de poderes no parece que le guste demasiado a nuestros políticos. Posiblemente piensen que como Montesquieu murió en 1775, su teoría no sirve hoy día para atender las necesidades del pueblo, por el que tanto se desviven, siendo suficiente con celebrar elecciones libres periódicamente. Por eso, aprueban siempre que pueden leyes que, retorciendo el significado de la Constitución, les permitan socavar la independencia del Poder Judicial. Sin duda, la más importante de ellas es la forma de elección de los 12 magistrados del Consejo General del Poder Judicial que, si a principios de la década de 1980 eran elegidos por los propios jueces (con un injusto sistema mayoritario, por cierto), desde 1985 son elegidos por las Cortes. Así que, primero, los designan entre el PSOE y el PP y después se reúnen Zapatero y Rajoy para consensuar el nombre del presidente del Consejo. Bien mirado, no deja de ser una forma de dividirse el poder.

Pero los buenos políticos siempre encuentran oportunidades de echarle una paletada de tierra a Montesquieu, como en este final de legislatura: aprovechando que la ley de agilización procesal pasaba por el Senado, han modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces que ocupen cargos políticos pasen a la situación administrativa de servicios especiales, que es tanto como decir que cuando se van a la política se les guarda la plaza que tuvieran y que cuando retornan se les cuentan los años que han estado fuera como si hubieran estado en activo, así que ni se retrasan en el escalafón ni pierden trienios. Las asociaciones de jueces han criticado con dureza esta reforma alegando que deteriora la independencia de la justicia y su imagen de imparcialidad.

Jueces para la Democracia ha señalado agudamente que se trata de una reforma “inexplicable”, tanto que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, no contiene exposición de motivos. Por mi cuenta, añado que esa falta de explicación está en todo el procedimiento legislativo: el proyecto de ley de agilización procesal entró en el Pleno del Senado el 13 de septiembre (es decir, en el último momento de un proceso que empezó en el Congreso el 11 de marzo de 2011) sin llevar una sola referencia a la reforma de la LOPJ y cuando salió el 14 ya tenía una disposición final en que se le añadía la nueva redacción del artículo 351 de la LOPJ y una disposición transitoria para darle efectos retroactivos.

¿Cómo lo consiguieron sus excelencias? Lo hicieron aprovechando que el artículo 125 del Reglamento del Senado permite que, de común acuerdo, todos los grupos del Senado puedan introducir “modificaciones” (es decir, pequeños cambios inferiores a una enmienda) a una ley. Y como todos estaban de acuerdo, pues todos tienen jueces en sus filas, no hubo necesidad de debate; de tal forma que el único rastro que se encuentra en el Diario de Sesiones es la aprobación por asentimiento de unas crípticas “propuestas de modificación con números de registro 68730 y 68731″.

Su contenido no se supo hasta que se publicó en el Boletín del Congreso del 20 de septiembre, donde apareció sin el correspondiente “mensaje motivado” del Senado que exige el artículo 90 de la Constitución. Tampoco mereció una sola referencia en el Pleno del Congreso del 22 de septiembre; 343 votos a favor, una abstención, ninguna explicación. ¿Pero por qué hay que explicar lo evidente y entretener al pueblo con temas abstrusos?, diría alguno de los muchos políticos que han considerado que el 15-M no estaba falto de razón en sus críticas a la opacidad de la política. Con el mismo desparpajo podría zafarse de la pregunta, ¿pero modificar una ley orgánica en el último segundo, aprovechando una ley ordinaria, no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que haya una conexión material entre las enmiendas y la ley (STC 119/2011)? Hombre, diría nuestro político, me extraña que no vea la conexión entre una ley de agilización procesal y la nueva forma de agilizar el paso de la política a la judicatura.

La Ley Orgánica 12/2011 es inconstitucional por la forma en que se ha tramitado y, además, también lo es por su contenido, ya que viola las prohibiciones que la Constitución establece para los jueces de desempeñar cargos públicos, pertenecer a partidos y presentarse a las elecciones mientras estén en activo (artículos 127 y 70) porque la finalidad de esas prohibiciones es impedir que los jueces participen en política. Y ahora pueden hacerlo igual que los demás funcionarios, sin más limitación que el requisito formal de no tener el carnet de militante.

Un régimen legal de los jueces respetuoso con la Constitución debería ser igual que el establecido para los militares, pues tienen similares prohibiciones constitucionales: si los militares tienen que colgar sus uniformes para entrar en política, los jueces deberían de colgar sus togas. Sin embargo, la ley dice lo contrario: que cuelguen las togas, pero sin miedo, que no solo se las vamos a guardar, sino que las lavaremos y plancharemos para que cuando vuelvan no se note que llevan años sin usarlas.

La Justicia no goza de buena valoración por los ciudadanos españoles. Apenas es superada en desafecto más que por el Gobierno. Y acaso sea natural, pues a éste, junto a otros muchos errores, le compete gran responsabilidad en su situación, al margen de la que incumbe a los jueces y magistrados y a la ignorancia jurídica, bastante generalizada en la opinión pública. Acaso convenga empezar por recordar que la Administración de Justicia (única institución que ostenta el nombre de una virtud) no es meramente un servicio público, que pueda funcionar de manera más o menos eficiente, sino uno de los poderes del Estado. Por eso, en sentido estricto, el riesgo no reside en la «politización» sino en la pérdida de independencia y sumisión al Ejecutivo, en definitiva, en la extinción de la división de poderes. Padece, sin duda, otros problemas y amenazas, pero no creo que haya ninguna superior a ésta.

En realidad, acaso haya una causa aún más profunda: el olvido del verdadero sentido del Derecho. Más allá de las principales concepciones que disputan entre sí, básicamente tres, no es inútil acudir a un viejo texto del jurista romano Ulpiano, precisamente el que abre el Digesto: «Cualquiera que intente estudiar el Derecho (ius), tendrá que saber primero de dónde se deriva la palabra ius. Se llamó ius, de justicia, pues de acuerdo con la acertada definición de Celso, el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Debido a esto, se nos puede llamar muy bien sacerdotes, porque nosotros rendimos culto a la justicia, tenemos conocimiento de lo que es bueno y justo, separamos lo justo de lo injusto, discriminamos entre lo que está permitido y lo que no está permitido, con el propósito de hacer buenos a los hombres, no sólo por temor al castigo, sino también por el estímulo de la recompensa. Aspiramos, a menos que yo esté equivocado, a una verdadera filosofía, no a una filosofía aparente».

Pero confundimos el Derecho con la mera fuerza o el interés, despreciamos la majestad de las leyes (Alexis de Tocqueville), abusamos de la idea de los derechos (convirtiéndolos en vehículos para la satisfacción de los deseos y confundiéndolos con lo meramente lícito o permitido), y pretendemos que usurpe el puesto de la moral (al hacer de él, de suyo relativo y cambiante, algo absoluto, mientras que concebimos la moral, de suyo con pretensión de ser absoluta, como algo relativo).

Tal vez, la principal amenaza para la independencia de la Justicia derive de un erróneo modo de concebir la democracia, ajena a la tradición liberal. Pues no hay libertad si existe un poder absoluto, incluido el del pueblo. Eso es tiranía y servidumbre. Por eso la libertad política sólo puede salvaguardarse si ningún poder es absoluto. Y sólo un poder limitado no es absoluto. Decía Macaulay que las instituciones democráticas puras terminarían por destruir la libertad, la civilización, o ambas. Entre los frenos al absolutismo, quizá el más eficaz sea el Poder Judicial. Pero precisamente por eso, no es infrecuente que viva asediado por los Gobiernos, especialmente por los menos devotos de la libertad y, más aún por los que exhiben una vocación totalitaria y pretenden erigirse en detentadores del poder espiritual, y diseñadores y ejecutores de proyectos de ingeniería social. Acaso no haya síntoma más fiable del espíritu liberal de un partido o gobierno que la manera de tratar sus relaciones con el Poder Judicial.

Tocqueville, en La democracia en América, acaso la cima del pensamiento social y político del XIX y una de las más altas de la historia, destacó la enorme influencia política del Poder Judicial y afirmó que el inmenso poder que tiene el juez americano deriva del derecho que tienen reconocido a fundamentar sus decisiones directamente sobre la Constitución. Esta facultad les permite ejercer un control sobre el poder del Gobierno y del Parlamento. «El poder concedido a los tribunales americanos de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes, encerrado en sus límites, forma todavía una de las barreras más poderosas que se hayan construido nunca contra la tiranía de las asambleas políticas». Así, todo poder electivo debe estar sometido al Poder Judicial. Es una garantía de la libertad. Esta es la virtud del sistema elaborado por los fundadores de la Nación americana: un conjunto de frenos y contrapesos para evitar el abuso de poder y cumplir la máxima de Montesquieu: es preciso que el poder limite al poder.

Pero aquí parece que estamos a otra cosa, y se diría que su libertad sólo preocupa a unos pocos. Aquí enterramos a Montesquieu, y desdeñamos el poder de los jueces porque no surge de una votación popular. Todo el poder para el pueblo, proclaman los roussonianos, ignorantes de que Rousseau afirmó que quien elige a un representante enajena su libertad. Y no digo que lleve razón, pero no deberían ignorarlo sus devotos. Rousseau es un crítico feroz de la democracia representativa. Aquí recelamos de los jueces y adoramos a los Gobiernos, aunque los critiquemos. Como también supo ver Tocqueville, todo el mundo habla mal del Gobierno, y muchos aspiran a que cambie de manos, pero nadie se plantea el problema de si debe o no intervenir en todos los asuntos en que interviene.

Y así, asistimos perplejos a un permanente asedio a la Justicia que no es sino un asedio a nuestra libertad. El poder, único y omnímodo, del Gobierno no deja de crecer. Por lo que se refiere a la Justicia, controla a la Fiscalía General del Estado y, en gran medida, al Consejo General del Poder Judicial. Y, por si esto fuera poco, queda el Tribunal Constitucional. De por sí, es una institución que plantea problemas. Aunque algunos lo ignoran, no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano político dependiente de las Cortes. En este sentido, no constituye un buen mecanismo de control político del Gobierno. No es extraño que resulte tan difícil la renovación de sus miembros. El poder del juez americano se lo hemos dado aquí al Tribunal Constitucional. Y, por si fuera poco, le hemos encomendado el conocimiento de los recursos de amparo. La existencia de conflictos entre el Supremo y el Constitucional es una consecuencia inevitable del diseño institucional de este último. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un obstáculo para el control judicial del Gobierno. Urge no sólo su renovación sino también su reforma.

Entre el populismo y la democracia frenética vamos camino de destruir la libertad. La urgencia de la crisis económica puede oscurecer la urgencia, no menor, de la regeneración política e institucional. Por no hablar de la crisis moral que, en definitiva, es la más profunda y de la que dependen las otras. Un proyecto de ingeniería social requiere, entre otras cosas, el control del Poder Judicial. No es extraño que haya continuado, e incluso se haya recrudecido el asedio a la Justicia. Está en juego la libertad y, por supuesto, la Justicia.

Time is running out for former government officials accused of murder, genocide and crimes against humanity. In the past few months, the final Serbian war-crimes fugitives were extradited to The Hague, the trial of the former Egyptian president, Hosni Mubarak, began in Cairo, and the International Criminal Court opened hearings on the post-election violence that plagued Kenya in 2007-8.

These events have provoked a chorus of trial skeptics, who contend that the threat of prosecution undermines democracy, exacerbates conflict and could lead to greater human rights violations.

Critics argue that the threat of prosecution leads dictators like Col. Muammar el-Qaddafi of Libya and Omar Hassan al-Bashir of Sudan to entrench themselves in power rather than negotiate a transition to democracy. In El Salvador, where domestic courts have refused to extradite officers accused of murdering Jesuit priests 22 years ago, critics claim that such a prosecution would undermine stability and sovereignty.

But we do not know whether extraditions would destabilize El Salvador, or whether Sudan and Libya would have been better off than they are today if the I.C.C. had not indicted Mr. Bashir or Colonel Qaddafi.

Indeed, those arguments rest on proving or disproving a counterfactual. While the I.C.C. indictment may have prompted Colonel Qaddafi’s desire to hide once he left power, we do not know whether it shortened his last days in power or prolonged them.

Historical and statistical evidence gives us reason to question criticisms of human rights trials. My research shows that transitional countries — those moving from authoritarian governments to democracy or from civil war to peace — where human rights prosecutions have taken place subsequently become less repressive than transitional countries without prosecutions, holding other factors constant.

By comparing countries like Argentina and Chile that have used human rights prosecutions with those like Brazil that have not, I found that prosecutions tended not to exacerbate human rights violations, undermine democracy or lead to violence.

Of 100 countries that underwent a transition from 1980 to 2004 (the period for which extensive data is available), 48 pursued at least one human rights prosecution, and 33 of those pursued two or more. Countries that have prosecuted former officials exhibit lower levels of torture, summary execution, forced disappearances and political imprisonment. Although civil war heightens repression, prosecutions in the context of civil war do not make the situation worse, as critics claim.

Such evidence doesn’t tell us what will happen in any individual country, but it is a better basis from which to reason than a counterfactual guess. The possibility of punishment and disgrace makes violating human rights more costly, and thus deters future leaders from doing so.

From the final Nuremberg trials in 1949 until the 1970s, there was virtually no chance that heads of state and government officials would be held accountable for human rights violations. But in the last two decades, the likelihood of punishment has increased, and newly installed officials may be more cautious before deciding to murder or torture their political opponents.

In addition, trials seem to project deterrence across borders. If a number of countries in a region pursue prosecutions, nearby countries also show a decrease in the level of repression, even if they have not held trials.

In Latin America, young military officers need only look to Argentina and Chile, where 81 and 66 individuals, respectively, have been convicted for crimes during previous dictatorships, to absorb the lesson that the possibility of punishment is much greater than it was in the past. This may help explain why military coups are now so rare in the region.

Likewise, the sight of Mr. Mubarak in a cage in a Cairo courtroom could deter government officials elsewhere in the region who are considering repressive measures against their populations. This may not help much with Mr. Bashir or President Bashar al-Assad of Syria, who are already deeply complicit in violent repression, and are unlikely to be deterred. But the history of dictators shows that some leaders cling to power at any cost, so it is hard to argue that the threat of prosecution is uniquely responsible for their continuing iron grip.

This does not mean that all governments must immediately and simultaneously begin far-reaching prosecutions. The desire for justice is persistent, and if political conditions for prosecutions are not ripe immediately after a democratic transition, such prosecutions can be held later.

Cambodia issued its first war-crimes conviction last year, over 30 years after the horrors of the killing fields. And domestic courts in Uruguay took 20 years to sentence the former authoritarian leader Juan María Bordaberry for human rights violations. Mr. Bordaberry died this summer in his home, where he was serving a 30-year sentence for ordering the murder of political opponents.

It has never been easy for any country to confront its past. Almost all leaders, when faced with calls for accountability, have wanted to turn the page and look toward the future. But demands for justice are robust, and countries that have held former leaders accountable have in most cases come away stronger.

At a recent press conference in London, Britain’s foreign secretary, William Hague, provided some well-meaning but flawed counsel regarding the fate of Muammar el-Qaddafi: The Libyan president should relinquish power and retire with possible impunity either in Libya or some safe-haven country.

When asked by a journalist if the offer of impunity contravened the International Criminal Court’s indictment for Qaddafi’s arrest, Hague answered, “The British government is very in favor of the powers of the I.C.C. and the requirements of the I.C.C. being complied with. So I think you are trying to take us down a hypothetical route.”

For the international court, there is nothing hypothetical about Qaddafi’s indicted status. A spokeswoman from the office of the court prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, observed pointedly that the indictment is a “legal fact,” not an option, with only one possible course of action: “He has to be arrested.”

The public contretemps between London and the I.C.C. is the latest in a series of collisions between the international justice system and state diplomacy.

In 2009, Israel’s foreign minister, Tzipi Livni, was forced to cancel a visit to London for fear of being arrested on war crimes charges for her involvement in the operations in Gaza. What was both remarkable and disturbing about this was that a U.K. magistrate judge issued the arrest warrant. The British government seemed oblivious to the judge’s actions, stating that there had been no application for a warrant and “no record of any such hearing.” In fact, the identity of the person or group requesting the warrant was not made public; it was a “private prosecution.” Based on the principle of universal jurisdiction, an arrest warrant in Britain can be pursued by a private claimant and issued without prior consent by the attorney general.

That same year, the I.C.C. prosecutor, amid sluggish diplomatic progress to end the atrocities in Darfur, intervened with an indictment of President Omar Hassan al-Bashir of Sudan on charges of war crimes and crimes against humanity. This was the first such I.C.C. action taken against a sitting head of state, and many saw the indictment as having scuttled diplomatic efforts to resolve the Darfur crisis.

In January 2011, when the Special Tribunal for Lebanon issued a sealed indictment of suspects in the Rafik Hariri case, it led to the collapse of that country’s coalition government.

Holding political and military leaders accountable for their actions by an international tribunal was, of course, pioneered with the prosecution of Nazi crimes at the end of World War II. Since then, clear legal principles have been embedded in international law, codified in documents and treaties such as the 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights, the 1948 genocide convention, the 1949 Geneva Conventions, and the 1984 torture convention.

These new legal norms were tested in the early 1990s in the ad hoc criminal tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia. The system was then tentative and fragile, but proved to be effective, especially in the case of the former Yugoslavia, where the International Tribunal for  the Former Yugoslavia secured the arrest of the Serbian president, Slobodan Milosevic, the Bosnian Serb leader Radovan Karadzic, and most recently the architect of the Srebrenica massacre, Ratko Mladic.

Designed as a permanent institution to prosecute the most egregious international crimes, the I.C.C.’s creation was a remarkable development in international law. Since its inception, the court has generated more than two dozen indictments and sowed no small amount of diplomatic discord.

The fault lines in the I.C.C.’s indictment process against Qaddafi are telling. Although 116 nations have ratified the Rome Statute that established the court, including all of South America, most of Europe and half the nations of Africa, large tracts of political and geographic terrain remain outside I.C.C. jurisdiction, notably Russia, China, India and the United States. Yet each of these countries voted for the U.N. Security Council resolution that referred Libya (also not a signatory) to the court. For any of these countries to seek a safe haven for Qaddafi would seriously undermine the principle of international justice.

For his part, Moreno-Ocampo was certainly aware of efforts to move Qaddafi beyond the international court’s reach. It appears that he tried to thwart the diplomatic dodge by issuing a request for Qaddafi’s indictment in record time. The U.N. Security Council referred the Libya situation to the I.C.C. at the end of February. The indictment was out of the gate in four months, creating a legal fait accompli that turned Qaddafi from a beleaguered head of state into an indicted war criminal. The prosecutor was seeking to send a message that accountability should trump impunity. It’s an assertion with precedent.

When Radovan Karadzic went on trial in March 2010, he claimed that Richard Holbrooke, a former U.S. ambassador to the U.N., had promised immunity in exchange for relinquishing power. Karadzic wanted to know why he was facing criminal prosecution when he should have been protected by a deal.

Charles Taylor, the former president of Liberia, wanted to know the same thing. Unlike Karadzic, whose claims of promised immunity Holbrooke flatly denied, Taylor negotiated an arrangement that provided comfortable exile in Nigeria — until justice intervened and he went on trial in the Hague.

In these instances, the machinery of justice crushed diplomatic immunity, leaving Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Taylor, and even Bashir open to prosecution. But at what cost?

Diplomats would contend that the promise of immunity has proven to be a powerful tool in resolving political and humanitarian crises. The impunity originally extended to Taylor clearly spared further carnage in Liberia, while the I.C.C. indictment against Bashir exacerbated the human suffering when the Sudanese president in retaliation expelled Western relief organizations.

Unfortunately, contradictions and competing agendas undermine the credibility and effectiveness of prosecutors and diplomats alike.

What good is the deterrent effect of criminal prosecution if a diplomat can hold out the prospect of immunity? What good is a diplomat’s promise of immunity if a court can undo it? How fair or credible is a system of justice that is restricted to a politically determined jurisdiction? If the I.C.C. is to provide uniformity in the exercise of jurisdiction over international crimes then why indict one leader for atrocities while ignoring the excesses of another? And ultimately, how do we weigh the price in suffering between judicial accountability and diplomatic compromise?

Diplomacy is about negotiating interests across borders. Justice is about the application of legal principles within jurisdictions. Diplomacy is based on power relationships and relies on nuance, discretion, perceptions and, most important, negotiation. The best diplomacy is often invisible. In contrast, the best judicial processes are based on facts, principles, rigorous adherence to procedures, and above all, transparency.

Despite these differences and potential incompatibilities, diplomats and judicial authorities need to start looking for points of coordination. As Qaddafi awaits his fate, the time has come for diplomats and jurists to begin exploring common ground for the common good.

Chihuahua, diciembre de 2010. Como en todas las capitales del país, en la plaza Hidalgo conviven el poder espiritual y terrenal: la catedral y el Palacio de Gobierno. Aunque no es extraño ver a grupos de manifestantes, hoy es una mujer solitaria quien permanece aquí desde hace días. Tiene 52 años y su rostro muestra los estragos de la fatiga: se llama Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol fue asesinada dos años antes en Ciudad Juárez, ese abismo donde se oculta el misterio del mundo, en palabras de Roberto Bolaño. Pese a las apabullantes pruebas en contra de Sergio Rafael Barraza, los jueces lo liberaron aduciendo un tecnicismo. Convertida en agente policiaco, la señora Escobedo dejó su vida atrás, persiguió al homicida, reunió nuevos indicios y logró que un tribunal al fin lo condenase. Para entonces, Barraza había huido. Desesperada, la señora Escobedo se planta ante la oficina del gobernador. De pronto, tres jóvenes se acercan a ella y la intimidan; uno extrae un arma y le dispara a quemarropa: la señora Escobedo cae muerta. Barraza, en cambio, continúa prófugo pese a que la Procuraduría General de la República (PGR, suerte de fiscalía) ha ofrecido por él una recompensa de cinco millones de pesos.

Tijuana, Baja California, junio de 2011. El operativo ha sido planeado milimétricamente: los miembros de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), con sus uniformes negros y sus rostros con pasamontañas, apenas se distinguen de los héroes de teleseries como SWAT o CSI. Ufanos, custodian rumbo a sus instalaciones ni más ni menos que a Carlos Hank Rohn, excéntrico empresario y político del PRI, célebre por su afición a las pieles o por su zoológico doméstico, quien acaba de ser detenido por acumular un arsenal de armas de fuego: un centenar de metralletas y rifles de asalto es exhibido ante las cámaras. En más de una ocasión, a Hank se le ha relacionado con el narcotráfico y otros crímenes, entre ellos el homicidio de una mujer en 2009. Días después, una juez ordena la liberación del antiguo alcalde de Tijuana por falta de pruebas.

Rancho Las Chinitas, diciembre de 2005. El reportero anuncia, en el noticiario matutino de mayor audiencia, que la AFI realizará la detención de un grupo de secuestradores y que, en cuanto terminen los deportes, el asalto será presentado casi en directo. En efecto, poco después es posible atestiguar cómo los guardianes del orden entran en el rancho, liberan a tres personas -entre ellas un menor- y detienen a los cabecillas de la Banda del Zodiaco: Israel Vallarta Cisneros, con muestras visibles de tortura, y su novia, una francesa de 26 años llamada Florence Cassez. Horas después, desde su celda, la joven logra comunicarse con otro programa de TV y revela que su detención fue un montaje llevado a cabo un día después de su captura en una carretera a 50 kilómetros de la ciudad de México. Genaro García Luna, director de la AFI -y hoy secretario (ministro) de Seguridad Pública-, confirma el engaño, pero se justifica aduciendo que fue hecho a petición expresa de los medios. La condena de Cassez a 60 años de cárcel se convierte en un ácido incidente diplomático entre Francia y México. Pero, como ha revelado Héctor de Mauleón en un artículo en la revista Nexos, tras revisar el expediente resulta imposible saber si Cassez es culpable o inocente debido al cúmulo de irregularidades en el proceso.

Michoacán, mayo de 2009. En un operativo sin precedentes, la AFI detiene a una treintena de funcionarios públicos, entre ellos 10 alcaldes de todos los partidos políticos, por sus vínculos con La Familia Michoacana, uno de los carteles del narcotráfico más peligrosos del país. Michoacán, la tierra natal del presidente, debe convertirse en ejemplo para el resto de la clase política, cuyos vínculos con el crimen organizado todos conocen. Tras un extenuante proceso, todos los imputados son exonerados por falta de pruebas. Mención aparte merece el diputado electo Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador, el cual, pese a la acusación de vínculos con el narcotráfico -en esos días se difunde una conversación suya con La Tuta, líder de La Familia-, se atreve a jurar su cargo, aunque lo pierda a causa del escándalo. A la larga, Godoy Toscano evade la justicia y recibe un amparo (especie de habeas corpus) debido a las irregularidades en la orden de aprehensión librada en su contra.

Ciudad de México, diciembre de 2010. El sujeto baja la vista y, con voz entrecortada, confiesa: “Sí lo hice, señora”. En 2005, Jacobo Tagle Dovín y su cómplice César Freyre Morales secuestraron y asesinaron al joven empresario Hugo Wallace. Ante la ineficacia de la policía, la señora Isabel Miranda de Wallace decide dedicar toda su energía a localizar a los responsables de la muerte de su hijo. Con mejor suerte que Marisela Escobedo, tras ubicarlo consigue que la policía lo detenga y que un juez lo envíe a la cárcel. A continuación, la señora Miranda de Wallace crea la asociación Alto al Secuestro.

Todos estos casos -así como decenas que no salen a la luz pública- podrían componer un serial televisivo inverso a Ley y orden, centrado en mostrar cómo en México la mayor parte de los culpables no llega nunca a juicio, los que llegan son exonerados y, en cambio, una porción importante de las condenas recae sobre inocentes que no cuentan con recursos para defenderse, como demostró el documental Presunto culpable (Roberto Hernández y Geoffrey Smith, 2010). No se trata de una coincidencia: la acumulación de pifias, corrupción y falta de profesionalidad constituye la regla en el sistema de justicia mexicano.

Tan urgente como la reforma educativa, la renovación del sistema de justicia constituye el mayor reto que enfrenta México. Durante 70 años, el PRI modeló un país escindido en universos paralelos: en un plano ideal, un avanzado cuerpo de leyes; y en la práctica, un sistema donde el poder y el dinero determinaban el éxito en cualquier proceso. Aunque al PAN siempre lo distinguió su vena legalista, tampoco ha sido capaz de alterar esta inercia, en buena medida por la oposición del PRI. Ni siquiera frente a la “guerra contra el narco”, cuando más se necesita un aparato de justicia eficaz, se han logrado avances sustanciales en la materia fuera de una tímida reforma para impulsar los juicios orales. El resultado: un conflicto con cerca de 40.000 víctimas, pero donde los verdugos apenas pisan las cárceles.

En Colombia, que ha sido invocada mil veces como ejemplo en el combate a la violencia, los jueces enfrentaron a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y políticos -a veces con el costo de sus vidas- hasta tejer un sistema judicial verdaderamente autónomo y eficaz.

No solo para hacer frente a los carteles, sino para dotar de la mínima seguridad jurídica a su población, México está obligado a seguir la misma ruta. Se impone una reforma radical que elimine la burocracia, las duplicidades de funciones y las instituciones anacrónicas, que permita la creación de juzgados de instrucción con la capacidad investigadora -ahora monopolio del ejecutivo-, que permita la profesionalización y armonización de los cuerpos de seguridad federales y locales, que establezca la presunción de inocencia y la reparación del daño, que garantice el carácter público e inmediato de los procesos, que impida que las confesiones se lleven a cabo sin la presencia de una autoridad judicial y, en fin, que considere el derecho a la justicia como un derecho humano, como ha señalado Emilio Álvarez Icaza, antiguo ombudsman de la capital.

Si las distintas fuerzas políticas no toman esta reforma como prioridad, independientemente de quien resulte ganador en las elecciones de 2012, México continuará condenado a la injusticia y al caos.

The Russian people have an extremely effective supreme court. It is entirely independent of the Russian state, its judgments have a significant impact on the legal system, and — above all — the state will (eventually) comply with its judgments.

The only problem is that the court is not in Moscow, it’s in Strasbourg — it’s the European Court of Human Rights.

Russian business also has a highly effective commercial court: The English High Court in London. The court’s commercial division is awash in Russian cases, approximately half of them emanating from disputes involving the former Soviet Union. In part, this has to do with the unique flexibility of English Common Law, under which the doctrine of freedom of contract allows foreign parties to choose England as their governing legal forum.

President Dmitri Medvedev, who has sought to draw foreign investors with the promise of greater stability and increased rule of law, should reflect on the reality that Russian businesses and the Russian state are being increasingly guided by international treaties and commercial realities. While London has become a second home for much of the Russian business community, Russian business people are also using international arbitration forums in places like the Hague, Stockholm, Vienna and Paris. International arbitration clauses, commercial contracts and bilateral investment treaties are increasingly limiting the ability of Russian oligarchs and the Russian state to ignore the rule of law.

The Russian legal system is widely seen as one in which judges act under direct government orders, setting aside legal rules for political ends. The Yukos bankruptcy case is a classic example, and by no means exceptional. Moscow’s willingness to use tax law to bludgeon businesses into making payments to the authorities — whether legally due or not — is widespread.

Thus it is not surprising that foreign investors think long and hard before investing in Russia. Nor is it surprising that opinion polls indicate that Russians have little faith in their courts. A 2004 survey by the Russian Public Opinion Foundation found that 67 percent of respondents thought that the majority of Russian judges took bribes.

Despite the problems of judicial delay, nonenforcement and corruption, it is increasingly possible for Russian businesses to find recourse in foreign courts. Large numbers of private and state-owned businesses have significant assets outside Russia, providing them with a way of enforcing contracts without reference to Russian law.

Even in situations in which both parties are Russian, they can agree that their contract will be governed by English law and subject to the English courts. Under the Common Law principle of freedom of contract, if a party chooses English law as the law of the contract and the law of the forum, then English law applies. As long as there are assets outside Russia, an English judgment can be enforced.

Another less public — and therefore popular option — is to submit a disputed deal to arbitration outside of Russia. Any legal battle will then take place behind closed doors. Usually there will be a settlement before the arbitrators rule. If the arbitrators do make a ruling, then the losing party pays up. If for any reason the losing party does not settle, the arbitrators’ ruling can be registered as a judgment and then enforced.

Huge numbers of Russian citizens and businesses also seek redress before the European Court of Human Rights in Strasbourg. As of December 2010, there were over 40,000 Russian applications, almost 29 percent of the total pending (followed by Turkey, with almost 11 percent, Romania, with 8.6 percent, and Ukraine, with 7.5 percent.) The Strasbourg rulings are not merely symbolic; under a fully ratified treaty, the Russian Federation is legally bound by the European rights court’s rulings, and the court’s case law is supposed to be integrated into the Russian legal order.

This can cause huge distress to the Russian political establishment. Once an application is made in Strasbourg, the Russian state seeks to attempt to remedy the complaint. After some equivocation the Russian state usually pays up for fear of further rulings of non-compliance.

The European rights court’s impact is reinforced by the publicity given its rulings, which in turn bring in more cases brought by Russians who have long-running legal disputes with the state. Examples range from high-profile cases like those involving Chernobyl workers seeking redress for the government’s failure to pay sickness benefits, to those involving single mothers in the Russian city of Vorenzh obtaining back payments of their €10-a-month maternity pay.

This international legal dimension is having an impact on Russian society, high and low. Lawyers arguing before Russian commercial courts are increasingly crafting their arguments to make a case in Strasbourg, thereby creating pressure for the Russian judiciary to act in compliance with the European Court of Human Rights.

However, while more cases are being filed in Russian courts, and while judges now rule against the state in many more cases, local pressure against litigation and long delays in judgments actually being satisfied remain a reality, as do the problems of corruption and political pressure.

In major commercial cases, Russian litigants are still likely to go to English courts or foreign arbitration tribunals. Boris Berezovsky, for example, is seeking some $3.3 billion in damages from Roman Abramovich over the sale of Sibneft. Since January, the London International Court of Arbitration has had 17 filings by litigants involving the former Soviet Union.

Large numbers of young Russian lawyers are moving to London, where they are learning modern commercial law procedures in a strong rule-of-law environment. Many will become the legal troops who could build and strengthen the Russian legal system. President Medvedev says he recognizes that the rule of law is vital to the modernization of Russia. Does he want to continue to rely on the Strasbourg and London courts, or does he want those lawyers — and the rule of law — to come back home?

Es muy probable que el ministro Manuel Alonso Martínez jamás imaginara, al presentar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que su previsión de que España algún día llegaría a estar en condiciones de dar otro paso hacia un proceso penal verdaderamente moderno, basado en la óptima protección de los derechos y garantías, se hiciera esperar casi 130 años.

El obstáculo argumental esgrimido como arma disuasoria contra cualquier conato de reforma ha sido siempre el mismo: que la asunción por el Ministerio Fiscal de la tarea de dirigir la investigación, como ocurre en todo el mundo, es imposible en nuestro país porque la «vinculación» entre el fiscal general del Estado y el Gobierno impide la debida imparcialidad del Ministerio Público a la hora de abrir, conducir o cerrar los procedimientos.

En una primera aproximación general, la palmaria debilidad del argumento se evidencia con una sencilla reflexión, ilustrada con la simple mirada a cualquiera de los referentes procesales de Occidente, como el sistema estadounidense, el alemán, el inglés o incluso el francés. En todos ellos la dependencia -cuando no la identidad- del fiscal respecto del Gobierno es explícitamente reconocida y evidente en sus leyes, y eso no impide que el proceso penal acusatorio funcione con eficacia reconocida, y que la Justicia penal obtenga cotas de eficacia y datos de aceptación social que aventajan bastante a los que nosotros podemos presentar.

Los ciudadanos de todos esos países saben que lo más importante no es cómo definen las partes -las acusaciones y las defensas- su posición procesal (incluida en su caso la ejecución de la política criminal de su Gobierno), sino la independencia de un juez que, al arbitrar y controlar las respectivas actuaciones de unos y otros, comprueba que se ajustan a la ley, y garantiza que acusadores, acusados y víctimas pueden, en pie de igualdad, ejercitar de manera efectiva sus derechos en el proceso. Es decir, asegura la igualdad de las partes y la imparcialidad del sistema. Igualdad e imparcialidad mucho más difíciles de lograr en nuestro modelo de raíz inquisitiva, donde la figura del juez de Instrucción se implica contra natura en la paradójica tarea de configurar, a través de su propia investigación, las posiciones procesales de acusación y defensa, al mismo tiempo que debe controlar -haciendo de juez de sí mismo- la legalidad de su propia actuación.

Es cierto que aquellas sociedades comparten una sólida tradición democrática que se manifiesta en un tratamiento político y mediático más respetuoso y menos partidista de sus instituciones y, en particular, de la acción de la Justicia, cuestionada por el contrario y puesta irresponsablemente bajo sospecha en nuestro país cada vez que sus decisiones -sean del fiscal o de los jueces- no convienen a quienes, teniendo acceso a la tribuna pública, no dudan en defender sus intereses deslegitimando a las instituciones que los cuestionan.

Pero también es verdad que el buen juicio del Constituyente español permite compensar esa diferencia cultural, al haber asegurado jurídicamente varias garantías suplementarias del equilibrio y la imparcialidad del sistema. Nuestra Constitución añade, en efecto, a la exigencia de un proceso con todas las garantías y a la garantía -lograda- de un Poder Judicial independiente, la expresa atribución al Ministerio Fiscal de la nota de imparcialidad que, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, condiciona y delimita su misión de promover la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y, además, reconoce, de acuerdo con nuestra propia tradición histórica, la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en el proceso como parte acusadora, defendiendo directamente sus intereses e incluso, más allá, a través del ejercicio de la acusación popular, sosteniendo su propia visión del interés publico no necesariamente coincidente con la del Ministerio Fiscal.

Por todo ello, ahora que un Gobierno ha reunido el coraje necesario para proponer, mediante la aprobación del Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que España pueda disfrutar de un régimen de tutela procesal de las libertades y los derechos homologable al de los demás países democráticos, conviene recordar que esas cautelas constitucionales están ahí. Y, por tanto, que su adecuado desarrollo en esa misma norma y en otras que la complementan debería bastar para que la excusa recurrente de la falta de imparcialidad del Ministerio Público deje de hacer obstáculo a un cambio cada vez más imprescindible. La reforma operada por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en 2007 acogió la casi totalidad de las reivindicaciones que los objetores del cambio venían planteando en ese terreno. Ahora, el nombramiento del fiscal general se sujeta a un inicial control parlamentario, igual que su gestión posterior, y el Gobierno que lo propone no lo puede cesar salvo por causas legalmente tasadas que están sujetas al control del Supremo. Además, el mandato se limita a un máximo de cuatro años y no puede ser renovado, de manera que el jefe del Ministerio Público nada tiene que temer ni que esperar del Ejecutivo.

La introducción, en esa misma ley, del principio de especialización del trabajo y la reorganización del mapa territorial del Ministerio Público hacen que el fiscal general difícilmente pueda impartir una instrucción no ya contraria a Derecho, sino siquiera contraria al criterio jurídico razonado que resulte del debate interno en el Ministerio Público, sin arriesgarse a un serio conflicto institucional. A ello se añade (esto es poco conocido por los ciudadanos, tal vez porque exista algún interés en que no se conozca) la existencia de un amplio derecho de objeción de conciencia, en cuya virtud ningún fiscal puede ser obligado a cumplir una orden no ya por considerarla ilegal, sino incluso por estimarla improcedente. Objeción que se ejercita a través de un procedimiento transparente en el que intervienen diversos órganos colegiados (las Juntas de Fiscalía, e incluso la Junta de Fiscales de Sala) por lo que el debate público está asegurado, de modo que difícilmente un fiscal general asumirá el riesgo de poner en marcha, con decisiones conscientemente arbitrarias, esa maquinaria de potencial desautorización de su actuación.

La Fiscalía es una institución cuya naturaleza jerárquica se concibe, exclusivamente, como el medio de asegurar la unidad de actuación, es decir, la igualdad en la aplicación de la ley cualquiera que sea el lugar o el hecho en el que actúa un representante del Ministerio Público. Todos los fiscales deben aplicar los mismos criterios, pero éstos, como queda expuesto, no son fruto ni del capricho ni de la acción política del Gobierno o de la oposición, sino de un complejo procedimiento de toma de decisiones, en el que el rigor técnico y la organización colegial impermeabilizan el trabajo de cada fiscal frente a cualquier presión extrajurídica, incluso la que pudiera pretenderse a través de la jerarquía.

Y, si todo falla, quedan, como debe ser en democracia, los controles cruzados: a) un fuerte Poder Judicial como el que diseña el Anteproyecto, no alineado con el fiscal -como frecuentemente ocurre en el proceso inquisitivo, para infortunio de las defensas- sino independiente en su tarea de controlar la actuación del Ministerio Público y de la Policía; b) el mantenimiento de la acusación popular (también controlada por el juez, para evitar fraudes y abusos) como mecanismo complementario o alternativo de defensa del interés público; c) el legítimo control parlamentario de la gestión de la Fiscalía General del Estado; y d) la crítica tarea de los medios de comunicación.

Los detractores de todo cambio podrán buscar otras excusas, pero no parece fácil sostener que todas esas garantías, desconocidas muchas de ellas en países de honda raíz democrática, no basten para superar de una vez la injustificada e interesada desconfianza institucional que lleva 30 años paralizando la verdadera modernización -y la verdadera democratización- de nuestro proceso penal.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, caso de ser aprobada por las Cortes, habrá de sustituir a la vetusta, pero magistral, de 1882. Entre otras novedades, el texto contempla que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación. Según la «exposición de motivos», el juez pasa a ser un tercero imparcial ajeno a la investigación, con lo cual, y es literal, «investigará el fiscal, pero habrá más juez».

De entrada, quisiera corregir o, al menos, matizar, la afirmación de que la instrucción por los fiscales «ocurre en la práctica totalidad de los países democráticos». No es del todo cierto. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Francia los planes del Gobierno, con Sarkozy a la cabeza, de eliminar el juez de Instrucción -con implantación del juge de l´enquête et des libertés o juez de garantías- en beneficio del Ministerio Fiscal, están en suspenso merced a la frontal oposición de las asociaciones de jueces y de los colegios de abogados. Unas y otros consideraron que la reforma suponía someter la investigación penal a los designios de la política. «Si el Poder Ejecutivo, con todos sus recursos, dirigiese las pesquisas criminales, la balanza se inclinaría en contra de los reos hasta pervertir la equidad de todo el sistema», dijeron. Y eso pese a reconocer a los fiscales el «derecho de desobediencia» si, de manera fundada, entendían que las órdenes del superior eran «manifiestamente ilegales».

No pocas han sido las veces que he defendido encargar a los fiscales la investigación penal -quede claro de una puñetera vez que la investigación de un hecho con apariencia delictiva no la hace ni un juez ni un fiscal sino la policía- y, de este modo, liberar a los jueces de un trabajo que no es completamente, ni en sentido estricto, jurisdiccional. Pero en las mismas ocasiones, también he señalado que tal modificación no puede llevarse a cabo sin cambiar la estructura del Ministerio Fiscal.

La actual configuración de la institución sitúa al fiscal en un permanente riesgo de perder la imparcialidad típica del juez. Hoy por hoy, lo que tenemos es un Ministerio Fiscal siempre bajo el mando del fiscal general del Estado que, a su vez, es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial -artículo 124 de la Constitución Española- y que, en buen número de ocasiones -las de trascendencia política- acusa o no acusa cuando y como le parece.

Soy consciente de que este artículo de nada ha de servir a quienes piensan que con fiscales de los nuestros la investigación penal está dominada. Para ellos, controlar el proceso penal y hacerlo mediante una policía fiel es el objetivo. Pero a eso se le llama traficar con la justicia, envenenarla. Comprendo que el señor ministro de Justicia, que, además, es catedrático de Derecho Constitucional, se moleste porque se pueda pensar que el Ministerio Fiscal no va a actuar ajustándose a la legalidad e imparcialidad en la investigación, cuando la CE le exige objetividad y que a quienes así opinamos nos reproche que eso es cuestionar la rectitud de una institución básica del Estado. Personalmente, no es esto lo que cuestiono. No; de lo que dudo es que los hombres y mujeres que la componen y sirven, por independientes de juicio y de corazón que sean, estén en condiciones de sustraerse a las instrucciones e indicaciones del Poder Ejecutivo del que Caamaño forma parte o de cualquier otro. Ignorar esto es cerrar los ojos a la evidencia.

Hace años, Perfecto Andrés Ibáñez señalaba, no sin cierta ironía, que la mayor parte de los fiscales, cuando se les habla de su «dependencia», contestaban que sólo era formal, pero sólo mientras no se necesitase que dejara de serlo. Soy de los primeros en lamentarse, pero si con la Constitución en la mano se ven, o pueden verse, las cosas que se ven, no hace falta ser un lince para dibujar el panorama de la instauración del fiscal del instructor. La búsqueda del fiscal imparcial es tarea ardua y su hallazgo, cuando menos, un objetivo que queda demasiado lejos para quienes tenemos bastante edad. Se trata de tener los pies sobre la tierra y reconocer que no podemos aspirar a lo que de momento parece inalcanzable. Todos, o casi todos, sabemos que a los políticos les sobran los fiscales imparciales. Eso sin contar que vivimos en un país en el que la independencia se premia con la moneda del desprecio y la obediencia ciega es lo que gusta. Digo esto y lo digo a sabiendas de lo que digo, porque, desgraciadamente, no es corriente llegar a una jefatura o a la categoría máxima de la carrera fiscal si en la hoja de servicios del aspirante no figura algún gesto de sintonía política. Casos hay de fiscales cuyos ascensos no parece que fueran únicamente por méritos científicos y profesionales y sí, más bien, por sus aficiones y lealtades políticas.

A mi juicio, la propuesta, tal y como acaba de plantearse, carece de cualquier probabilidad de éxito y hasta los más fervientes partidarios de ver a los fiscales haciendo de instructores reconocen que los hechos se oponen a ese cambio. Ni siquiera El País -editorial de 26/09/88- fue partidario cuando el PSOE lanzó su primer globo sonda: «(…) La pretensión de atribuir al fiscal la instrucción de las causas penales no es un tema menor que deba pasar inadvertido entre las fuerzas políticas y entre los ciudadanos (…); si esta iniciativa llega a tomar cuerpo, es una reducción de las garantías del detenido y un debilitamiento de su posición en el proceso. Es imposible que una instrucción en manos del Ministerio Fiscal garantice los principios de contradicción e igualdad, cuyo respeto es esencial para no provocar la indefensión del detenido y sentar las bases para un juicio justo e imparcial». Y añadía que «los propios fiscales no deberían sentirse felices ante la posibilidad de ser instrumentalizados en una operación de debilitamiento del poder judicial (…) lo que entronca con las teorías de los ideólogos de la muerte de Montesquieu. Así cabe interpretar su intención de que la función instructora de los jueces (…), sea atribuida a una institución que como el Ministerio Fiscal está ubicada en el área de influencia del Gobierno (…)».

Aunque la cita es larga, he considerado que merecía la pena, sobre todo si esa opinión la comparamos con la que el mismo periódico nos ofrecía al sostener, en defensa de la investigación de los delitos por el fiscal, que «la dependencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno es un argumento que ha perdido peso (…) pues su autonomía e independencia (…) tienen hoy mayor sustento legal». A mi juicio esa apreciación es errónea. No niego que ha habido fiscales generales más leales y obedientes al Gobierno que el actual y sus nombres están en la memoria de muchos, pero al día de hoy el sentimiento mayoritario de la gente -sean juristas o no- es que Conde-Pumpido es un fiel depositario de los intereses del partido que gobierna. Aún están recientes las palabras que pronunció a raíz de su toma de posesión, cuando anunció que una de sus primeras obligaciones era «equilibrar una carrera que se había escorado en una determinada dirección».

Mas puestos a recordar, quizá sea recomendable recuperar la advertencia que el 07/06/04, en estas mismas páginas, hacía el profesor Enrique Gimbernat. Escribía entonces y a no dudar que hoy se ratifica, que «es fácil de imaginar el abismo de impunidad que podría abrirse si ahora se le atribuyese al Ministerio Fiscal, además de la facultad de ser parte en el procedimiento, también el monopolio de la investigación de las causas penales (…)». Luego, a renglón seguido, preguntaba si «¿alguien puede pensar, en serio, que un fiscal instructor habría reclamado también del Gobierno -y que en el caso improbable de que lo hubiera hecho, sus superiores lo habrían permitido- los llamados papeles del Cesid?».

Con estas mimbres, entiendo que la independencia del Ministerio Fiscal no se convertirá en honesta realidad hasta que quiera el legislador y, por ahora, según salta a la vista, no quiere. Repase el lector los casos judiciales en los que, de un modo u otro, directa o indirectamente, los políticos, sean del signo que sean, están implicados y pregúntese si el fiscal general del Estado de turno y sus obedientes funcionarios actúan con libertad de criterio. No confundamos. El fiscal más que un eficaz medio de realización de la legalidad, viene siendo el tutor de los intereses del partido en el poder. La historia nos ofrece demasiados casos como el de aquel fiscal que llegó a ser ministro de Justicia y que presumía, públicamente, de ser apóstol de una ideología política. En España ha existido siempre la obsesión de utilizar al fiscal como instrumento de contienda política, algo que está muy lejos de la idea que Platón expone en Las leyes cuando sentencia que «la acusación pública vela por los ciudadanos: ella actúa y éstos están tranquilos».

Y otra cuestión. Me refiero a que sin una modificación de las plantillas de la carrera fiscal cualquier reforma resultará superflua. Porque sucede que los fiscales en España son menos de la mitad que los jueces de instrucción. No siendo posible ni deseable hacer nuevos fiscales de la noche a la mañana, resulta impensable que hagan bien lo que no pueden hacer bien el doble número de jueces. En España hay en activo poco menos de 2.300 fiscales y de ellos muchos en situación de servicios especiales, es decir sirviendo a la Administración en otros puestos. Si restamos los fiscales destinados en la Fiscalía General del Estado, los fiscales del Tribunal Supremo, los del Tribunal Constitucional, los del Tribunal de Cuentas, los de la Secretaría Técnica y del Servicio de Inspección, los de familia, los de seguridad vial, los dedicados a la jurisdicción penal no llegan a 900. Con este escalafón no creo que las fiscalías pudieran dar respuesta a lo que se anuncia.

Termino, pues el espacio no da para más. Creo que, en las actuales circunstancias, mucho mejor que la oferta del Gobierno sería un sistema en el que al lado del juez instructor hubiera otro magistrado, éste de garantías y que fuera el competente para autorizar todas aquellas diligencias de investigación que supusieran una invasión o restricción de los derechos fundamentales; verbigracia, las interceptaciones telefónicas, la intervención de la correspondencia, las entradas y registros domiciliarios y, por supuesto, cualquier medida cautelar, sea personal, como la prisión preventiva, sea real como el embargo de bienes o bloqueo de cuentas corrientes.

De no ser así, si la reforma emprendida por el Gobierno saliera adelante, entonces habría que esperar a que, en respuesta al oportuno recurso de inconstitucionalidad o, en su caso, de amparo, nuestro Tribunal Constitucional se pronunciase en el mismo sentido que la Corte de Casación en el informe a la reforma procesal emprendida por el Gobierno francés y que significó el tiro de gracia a su intentona procesalista: «Ne garantit suffisamment les équilibres institutionneles et l´exercice des drotis de la défense et de la victime» y que en español -en este caso, español mejor que castellano-, puede traducirse como que el modelo «no garantiza suficientemente los equilibrios institucionales ni el ejercicio de los derechos de la defensa ni de la víctima».

Hace pocas semanas se celebró en Seúl (Corea) la IV Cumbre Mundial de Fiscales Generales organizada por Naciones Unidas. En ella se sucedieron las intervenciones de los representantes de los ministerios públicos que desempeñan un papel más relevante en el actual marco global de lucha contra el delito. Todos, sin excepción, como viene sucediendo desde hace años, coincidimos en reconocer como objetivo esencial e inaplazable la progresiva integración y el refuerzo de la cooperación entre los distintos sistemas jurídicos. Creemos que solo por esa vía será posible salvaguardar el respeto a la ley y, por tanto, la seguridad de los ciudadanos en un mundo que, gracias a la tecnología aplicada a las comunicaciones y los transportes, ya no tiene fronteras para el crimen. Pero sí para la justicia, aún fuertemente vinculada a la noción de soberanía territorial.

Todos coincidimos, pues, en el diagnóstico y en la voluntad de trabajar en común. Pero uno -solo uno- de los intervinientes era distinto, porque su sistema procesal es diferente y no encaja, no se entiende, no dispone de referencias homologables que faciliten ese esfuerzo compartido. Era, claro está, el representante de España.

En el ministerio fiscal español hemos reflexionado largamente y sabemos que el éxito de la cooperación jurídica internacional depende de la existencia de órganos e instrumentos capaces de reconocerse y coordinarse directa y horizontalmente, de Estado a Estado, para hacer más ágil la colaboración y no tropezar a cada paso con el obstáculo de nuestras propias diferencias en la persecución transfronteriza del delincuente. Esas estrategias incluyen también en nuestro contexto regional más cercano avances institucionales como la creación de un fiscal europeo, previsto por el Tratado de Lisboa para la protección de los intereses económicos de la Unión (cuya imperiosa necesidad no parece difícil de percibir en estos días), o la progresiva armonización marcada, en el ámbito de las garantías y las libertades, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero el vetusto modelo español no cuadra en esos parámetros. Nuestro ordenamiento permanece lastrado por un modelo de proceso penal diseñado hace 129 años, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, lógicamente fruto de su tiempo y reflejo de un mundo que, ocioso es decirlo, nada tenía que ver con el que conocemos y habitamos los españoles de la segunda década del siglo XXI.

Por eso no es de extrañar que en las últimas décadas ese modelo haya ido sobreviviendo penosamente, parche a parche, en buena medida gracias al mérito de jueces, fiscales y demás profesionales del derecho, al permanente goteo de condenas del propio Tribunal de Estrasburgo o del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La protección del secreto de las comunicaciones, la imparcialidad de los tribunales, el derecho del condenado a que la sentencia sea revisada por un tribunal superior y la efectividad de un proceso con todas las garantías integran, con otras cuantas materias, el elenco de insuficiencias que han ido denunciando en nuestro caduco sistema la comunidad jurídica europea y la propia ONU, a través de sus órganos encargados de velar por los derechos y las libertades. En el terreno de la cooperación internacional, cada vez más vital para nuestra seguridad colectiva, la supervivencia de este sistema procesal (el modelo inquisitivo posmedieval) abandonado ya por los países con los que tenemos que colaborar, y cuya colaboración necesitamos, se ha convertido en un grave impedimento. No nos entienden.

El fiscal norteamericano, o el ruso, o el británico (ya incluso el francés en la mayor parte de los casos), no comprenden que en las tareas de diseño de una operación internacional contra una organización narcotraficante, o en la desarticulación a escala mundial de una red de pornografía infantil, aparezca entre ellos, que están construyendo los cimientos de la acusación, un juez que, procedente de alguna localidad española que ni siquiera alcanzan a identificar en el mapa, y a cuyos requerimientos no saben cómo responder, afirma que, además de juez, y al mismo tiempo, también es investigador.

Sus modelos son sin duda diversos, unos -los nórdicos- se acercan más a la raíz policial; otros, como los italianos o los franceses, presentan y defienden el perfil de la magistratura postulante; y algunos, como los norteamericanos, han desarrollado una concepción de la legitimación democrática de la política criminal que los incluye de lleno en el ámbito del poder ejecutivo. Pero todos tienen dentro del proceso la misma función esencial, la defensa de la legalidad frente al crimen desde una posición acusadora, y todos identifican al juez con el tercero independiente que, como árbitro del proceso, es garante de la igualdad de armas, y por tanto custodio de los límites que ellos, los acusadores, no pueden traspasar. Todos, menos nosotros. El juez español investiga para que el fiscal acuse, y es el fiscal quien -dice la ley vigente- inspecciona el sumario. Por eso no nos entienden, y trabajar con nosotros les resulta más difícil.

En un mundo en el que la justicia ha saltado a la era digital, el sistema español sigue emitiendo señales analógicas que el paradigma universal no puede leer. Incluso si todos estuvieran equivocados, y nuestra vieja y singular fórmula fuera mejor que la suya, deberíamos pensar en las consecuencias de ese progresivo aislamiento. Pero es que, además, basta asomarse a los datos de nuestra justicia penal (casi cinco millones anuales de procedimientos judiciales de los que solo llegan a término 300.000, con graves problemas para ejecutar luego las sentencias) y a la opinión de los españoles sobre ella para dudar de tan autocomplaciente premisa.

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un anteproyecto de ley que podría dar la vuelta por completo a esa situación. Habla en lenguaje del presente de problemas de hoy, y busca desde la perspectiva de la Constitución soluciones técnicas para afrontarlos. Podemos y debemos debatirlo cuanto queramos, formular objeciones y aportar matices que enriquecerán sin duda el texto, en busca del imprescindible consenso para convertirlo en ley. Ahora, o mañana. Pero, por el bien de todos, al margen de ideologías o de sensibilidades, de partidismos o de tendencias, no deberíamos seguir hablando, en un ámbito tan serio como el de la tutela procesal de la seguridad y las libertades, un lenguaje distinto del que manejan nuestros imprescindibles interlocutores. Necesitamos, mejor pronto que tarde, un modelo procesal homologable y comprensible para hacer frente al grave desafío de la criminalidad global. Un modelo moderno para el que la propuesta que se acaba de hacer pública constituye un sólido punto de partida. Una ley procesal española para este mundo.

Bien quisiéramos que todo esto no fuera actualidad. Pero lo es. El derecho de los ciudadanos, todos, a ser defendidos ante un tribunal imparcial y en un juicio justo, con tutela judicial efectiva, no es que esté en crisis: es que en ocasiones está rotundamente vulnerado. Es verdad que no es generalizado el incumplimiento de las normas que regulan los derechos del perseguido por la justicia. Pero, lamentablemente, esa situación ni es infrecuente ni es excepcional. Y los resultados son, en todo caso, desesperanzadores cuando se contemplan desde fuera. Y no digamos desde «dentro», donde, en la proximidad del justiciable, resulta imposible encontrar explicación para situaciones como las que estamos viendo, tan contrarias al espíritu y a la letra de la Constitución y a cuanto consagran las leyes.

En esta materia del derecho de defensa, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han dictado una jurisprudencia continua y firme: se trata de un derecho esencial reconocido en la Constitución que debe ser respetado, cualesquiera que sean los crímenes perseguidos, quien quiera que sea el imputado.

La lectura de nuestros textos legales y el examen de la doctrina constitucional —contundente— sobre el derecho de defensa nos sitúa ante un panorama normativo y jurisprudencial, suficiente por sí mismo pero desconcertante en la forma en que vemos que ocasionalmente se aplica. De tan poco caso que se les hace, a veces parece que el legislador y los órganos creadores de jurisprudencia escriben para el cajón de su escritorio. Y no podemos olvidar que la ley es para todos: para los que la dictan o promulgan; para los que hemos de obedecerla, que, por cierto, somos todos; y también para los llamados a interpretarla, aplicarla y hacerla cumplir.

La ley establece que, salvo excepciones también contenidas en la ley, la persona a quien se impute un acto punible debe ser, primero de todo, citada a declarar. Y sólo luego de haber fracasado la citación ordinaria o tras haberse excluido —si hubiera delito flagrante, o riesgo de fuga o rebeldía— excepcionalmente puede ser esa citación sustituida por la detención. Este y no otro es el mandato de la Ley que también obliga a los jueces, y por cuyo cumplimiento han de velar los fiscales.

Sin embargo, lo que vemos es otra cosa: un tándem de jueces, fiscales y policías que, desde los arcanos del secreto sumarial, van tramitando detenciones sin citación previa, que se llevan a cabo a bombo y platillo. El posterior despliegue mediático, en respuesta a la pública convocatoria, produce versiones e imágenes en las que el ascua de la información veraz se arrima a la sardina de una u otra conveniencia ideológica, política o partidaria.

El resultado es nefasto para el valor justicia que proclama la Constitución. La ciudadanía recibe el falso mensaje de que con las detenciones y los encarcelamientos se «hace justicia…», cuando sólo se está en el umbral del proceso, sin que todavía se esté enjuiciando. Y para el imputado su derecho a un juicio justo —con presunción de inocencia incluida— queda arrollado y sin reparación posible. Para ese momento las redes de escuchas ya están fatigadas de vigilar el éter más o menos aleatoriamente, hechas trizas la dignidad, la intimidad y la libertad de unos pocos, y por ende, la de todos. No en vano dijo nuestro Tribunal Supremo: «No se puede obtener la verdad real a cualquier precio y no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad».

Las prisiones provisionales se amplían, los secretos sumariales se prorrogan, antes y después de ser fraccionados, por fases y por tramos, por entregas, como los folletines de antaño… como los procesos inquisitoriales de otros tiempos que creíamos superados, en los que quienes no sabían de qué se les acusaba esperaban indefensos en las mazmorras.

Y mientras, en algunos casos —sólo algunos, pero muy sonados—, quedan por los suelos los derechos de los imputados o los de las víctimas, que son los derechos de todos. El panorama es amplio porque no es sólo que se incumpla la obligación legal de que la detención y la prisión provisional se hayan de practicar en la forma en que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación o patrimonio. Ahí están las agresiones a la presunción de inocencia; las dilaciones indebidas, que no sólo generan indefensión sino que degradan de manera efectiva la dignidad humana que la Constitución quiere preservar. Para qué contar los incumplimientos directos de plazos establecidos en las leyes; los supuestos de desigualdad de armas; las presiones sobre la libertad e independencia de los abogados a los que se pretende identificar con los imputados; las extensiones intolerables de la prisión provisional más allá de la proporcionalidad directamente conectada a una medida de estricto carácter cautelar —y no penalizador— y que está rigurosamente legislada porque afecta al valor esencial de la libertad individual. Estas cosas aparecen además mucho tiempo después de iniciarse la investigación, sin la necesaria contradicción y sin límite de tiempo, espacios o medios. ¿Quién controla el tiempo de la fase instructora de los procesos? ¿Quién lo manipula? ¿Quién va, por ejemplo, a reparar a los notarios ahora absueltos en Málaga el oprobio que se les causó con aparatosas detenciones en la calle?

Ese panorama revela un fracaso colectivo que lamentablemente también envuelve a cuantos con carácter general hacen bien su trabajo: una inmensa mayoría de jueces, fiscales, abogados y policías cuyo esfuerzo se desarrolla en el ámbito de la legalidad, de la profesionalidad, del cuidado y de la debida discreción.

Las alarmas suenan cumplida y firmemente ante vulneraciones de derechos básicos que son fáciles de proclamar y difíciles de hacer efectivos. Cuando la sociedad muestra sus peores caras —corrupción, terrorismo, prevaricación…—, la justicia debe enseñar su mejor, más sólida y limpia fachada.

Es lamentable contemplar una justicia que parece dar por buena, con resignación, con miedo —¿a quién?— tanto la vulneración del secreto profesional y de la confidencialidad de la relación abogado-cliente como las dilaciones descontroladas que conducen el proceso como un «guadiana» que aparece y desaparece desgobernado. Y es que el derecho de defensa tan enaltecido en nuestras constituciones está siempre en riesgo de ser desconocido e infringido. Recuerdo que la abogacía argentina hubo de recurrir ante la Corte Suprema de aquel país impugnando una disposición legal que establecía con carácter general el derecho de los poderes públicos a interferir, grabar y conservar la totalidad de las comunicaciones de unos ciudadanos con otros. La Corte Suprema de aquel país ha reconocido a los órganos que representan a los abogados su capacidad para impugnar, y su razón para hacerlo, declarando inconstitucional una norma como esa. En Portugal la Ordem de los Abogados también ha tenido que hacer gala pública de su oposición a los ilegales registros de despachos. Y, entre nosotros, son frecuentes los episodios en los que la intercepción de comunicaciones es materia de revisión y anulación de procesos.

Cuando se minusvalora lo que es el derecho de defensa como piedra angular de la tutela judicial efectiva. cae por su pie todo el edificio de la justicia.

La vida pública está en un momento difícil, que tiene desconcertada a la ciudadanía ante supuestos de corrupción que, aun referidos a casos concretos, revelan un panorama oscuro y aparentemente inabarcable. Y la explotación partidaria de los episodios y avatares judiciales desactiva, cuando no esteriliza, el esfuerzo para poner coto a tan señalados desmanes.

Las instituciones de una justicia que se visualiza politizada pierden prestigio en la valoración de la ciudadanía. Es preocupante y doloroso porque al fin y al cabo la justicia es el último valladar para proteger a cada ciudadano y al conjunto social respecto de aquellos que infringen la ley. Y entre todos hemos de evitar que la justicia que ha de servir como remedio para los males de la convivencia se presente —en ocasiones bien sonadas— desconcertada y sin esperanza.

Las expectativas que la transición y la Constitución proclamada en ese tiempo promovieron respecto de la realización del Estado democrático social y de derecho se iban alcanzando poco a poco, no sin sobresaltos y algún vaivén. Desde el mundo jurídico soñábamos con un derecho penal al que no hubiera que poner peros como los que se expresan en estas líneas. Entre todos soñábamos ese objetivo. No demos marcha atrás.

Mejorar la Justicia, que es una demanda social cada vez más clamorosa, implica mejorar la formación de los operadores jurídicos. Sin buenos jueces, buenos fiscales, buenos abogados, buenos secretarios judiciales, buenos procuradores o buenos peritos, no es posible tener una buena Justicia. Estos días nuestros legisladores han dado un paso de indudable trascendencia, gracias al cual los ciudadanos españoles que en el futuro acudan a un abogado tendrán la garantía de que el asesoramiento jurídico que reciban y la defensa jurídica que éstos planteen en su nombre ante los tribunales o fuera de ellos será de mayor calidad, más sólida, más eficiente.

La aprobación del Reglamento de la Ley de Acceso a la Abogacía y a la Procura y la consiguiente entrada en vigor de esta Ley en noviembre de este año -después de una vacatio legis ¡de cinco años!, posiblemente la más larga de la historia de la democracia-, es una conquista de la que deben sentirse orgullosos, por este orden, los ciudadanos en general, la Administración de Justicia, los estudiantes y los abogados. Los ciudadanos porque tendrán, desde el inicio de la profesión, abogados mejor formados y mayores garantías de su derecho de defensa; la Administración de Justicia, porque, como en todo servicio público, la eficiencia y eficacia en su prestación depende directamente de las capacidades y habilidades de quienes lo prestan o colaboran en su prestación; los estudiantes, porque dispondrán de una mejor formación, podrán incorporarse al trabajo más fácilmente y accederán a un master equiparable en toda Europa; y los abogados, porque, por fin, dejamos de ser una excepción única en Europa y porque va a mejorar la competencia y la competitividad de la profesión: los nuevos abogados van a ser, además, un acicate para todos por su calidad desde el inicio.

La Abogacía española lleva casi cien años pidiendo un título profesional de acceso a la profesión. No es una cuestión de oportunidad ni busca poner barreras de entrada. Nunca la Abogacía ha puesto obstáculos a la incorporación de nuevos profesionales. Es una profesión acostumbrada a los cambios sociales y legislativos, en permanente transformación, en la que cada cual busca su espacio. Pero resultaba insólito que fuéramos el único país de Europa donde un recién licenciado en Derecho, con escaso o nulo bagaje de conocimientos prácticos -no entro en los teóricos- podía colegiarse al día siguiente de terminar la carrera e, inmediatamente, actuar ante cualquier instancia, incluidos el Tribunal Constitucional o el Supremo, sin cumplir ningún otro requisito. Con esta ley también se evitarán situaciones de desigualdad del pasado, cuando unos pocos conseguían realizar la pasantía en un despacho o accedían a una formación muy cara y la inmensa mayoría eran discriminados por razones económicas o sociales. Es más, la carencia de una Ley de Acceso está provocando que algunos estudiantes y licenciados europeos en cuyos países la exigencia es mayor, vengan a España y traten de burlar su propia legislación.

La Universidad ha venido formando graduados, licenciados en Derecho, no abogados, fiscales o jueces. La exigencia de conocimientos para la formación de postgrado de estos dos últimos es muy elevada. ¿Debe ser menor la de los abogados cuando lo que tienen en sus manos es la defensa de los derechos de los ciudadanos? Para que haya verdadera igualdad de armas en el proceso, es imprescindible propiciar la igualdad en la formación de todos los operadores jurídicos. Ahora toca mejorar la formación de los abogados y creo que está más cercano el ansiado momento en el que podamos decir a cualquier ciudadano que la formación del juez que resolverá su litigio, la del fiscal, la del abogado del Estado o contraparte y de la su propio abogado defensor es parangonable y que cada uno se ha especializado después en su tarea específica, de forma que el principio de igualdad se cumple adecuadamente.

Durante años, las Escuelas de Práctica Jurídica, la mayoría de ellas creadas por los propios Colegios de Abogados, han tratado de dar a los alumnos que voluntariamente lo han solicitado, una formación eminentemente práctica para alcanzar las habilidades y competencias fundamentales para iniciarse en el ejercicio de la Abogacía. Pero no ha sido suficiente, precisamente por el carácter no obligatorio de sus enseñanzas. De lo que se trata es que la formación de postgrado sea, ante todo, práctica. Que no se convierta -sería un gravísimo error y un fraude de ley- en un quinto curso teórico o, mucho menos, que cristalice como una formación específica cuya única finalidad sea superar la prueba de acceso a la Abogacía. Es fundamental reclutar inmediatamente a los mejores jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, notarios y registradores, así como a gabinetes jurídicos de empresas y Administraciones públicas para convertir a los estudiantes en profesionales en el arte de abogar y que sean muy conscientes de la función esencial que el Estado de Derecho y la Constitución les confían: nada menos que la defensa de los derechos y libertades. Que sean sensibles y generosos con los colectivos más vulnerables y que no cesen en el estudio y la especialización. Que actúen siempre de buena fe y con competencia, con lealtad al cliente, consideración a los compañeros o compañeras, con respeto a la parte contraria y guardando absoluto secreto de cuanto el cliente les haya confiado. Que defiendan a ultranza la defensa como institución constitucional en orden a la libertad de las personas, a la tutela judicial efectiva y a la de todos los derechos y libertades legítimos de las personas.

En fin, que siempre, siempre, coloquen a la persona humana en el centro del Derecho, de la defensa y de la Justicia y que puedan competir y acompañar a sus clientes -como hoy lo hacen nuestros mejores- en cualquier lugar del mundo.

Hemos tendido la mano a las Universidades porque creemos que la proximidad entre la Universidad y el sector profesional contribuye decididamente al avance de la sociedad y a la calidad del servicio que la Abogacía presta a la sociedad. Hemos apostado por una política de becas que impida que ningún licenciado tenga que renunciar al acceso por razones económicas. Hemos tendido puentes para solucionar problemas coyunturales. Ahora toca trabajar en la implantación real del mejor curso de acceso posible para tener los abogados mejor preparados y más competitivos.

Mejorar la formación de los abogados implica, como he dicho al principio, mejorar la calidad de la Justicia y un acicate y una mayor exigencia para el resto de profesionales. Mejorar la Justicia, realizar mejor la siempre inacabada tarea de hacer Justicia, exige, desde luego, otras muchas cosas, tantas que su simple enumeración no cabe en un artículo. Y aunque hasta ahora no se ha hecho, tal vez porque la Justicia ni daba ni quitaba votos, es urgente hacerlo porque la demanda social ha pasado del silencio de quienes aguantan resignadamente al clamor de quienes exigen el ejercicio de sus derechos.

De momento, vamos a tener mejores abogados para defender mejor los derechos de los ciudadanos. Sin complacencia alguna tras la consecución de esta histórica reivindicación, vamos a seguir luchando por la formación continuada y especializada de la Abogacía que garantice plena y permanentemente el derecho de defensa. No hemos dejado de denunciar nunca todo lo que hay que cambiar en la Justicia ni vamos a dejar de hacerlo ni de instar al Gobierno y a todas las fuerzas políticas a ese Pacto por la Justicia que más que una necesidad es una exigencia ética, sustancial, del propio Estado de Derecho. Pero el uno de noviembre, cuando entre en vigor definitivamente la Ley de Acceso a la Abogacía -que ha sido posible gracias, entre otras cosas al esfuerzo de entendimiento entre los ministros de Justicia y de Educación y Universidades- será un día para celebrar una nueva conquista de la ciudadanía y una mejora para nuestra maltrecha Administración de Justicia.

Cada vez con más frecuencia oímos en medios de comunicación, en debates parlamentarios, en tertulias… continuas invocaciones a la Justicia. Se habla del déficit de jueces en nuestro país, de la falta de medios, de una organización caduca, con una tecnología anticuada, no sólo incapaz de atender a las demandas y necesidades de una sociedad moderna, sino incluso desligada o poco sensible a las inquietudes de la ciudadanía. En definitiva, se cuestiona el funcionamiento de la Justicia y su capacidad y actitud para lograr el objetivo que todos pretendemos.

Que el funcionamiento de esta Administración es deficiente no deja lugar a dudas. La pregunta es si la situación tiene solución y, en su caso, si está a nuestro alcance. Para el Consejo General del Poder Judicial la respuesta es afirmativa, siempre que todos, poderes públicos y ciudadanos, estemos convencidos de que la Justicia es una prioridad y exista la voluntad política de diagnosticar los problemas y buscar las soluciones, que no en todo caso pasan por mayor esfuerzo económico.

Dejando al margen otras cuestiones que requieren su propio análisis (como la falta de credibilidad o pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema o el sentimiento de frustración de los propios jueces al no poder desarrollar su función en las condiciones indispensables para dedicar a cada asunto el tiempo y la atención necesarias), podríamos distinguir tres factores que inciden de modo directo en el incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia: el exceso de litigiosidad, el déficit de planta judicial y las carencias e ineficiencia de la organización en que se apoya.

En cuanto al primer punto, baste recordar que frente a los casi 9.400.000 asuntos para una población de 46 millones de habitantes en España, nos encontramos un volumen de 6.000.000 asuntos para 65 millones de habitantes en Francia, lo que pone de relieve que algo no se está haciendo correctamente. Si a ello se añade que cada asunto tiene un coste para el erario público de entre 1.500 y 1.800 euros, deberíamos plantearnos si no se estará haciendo un uso abusivo del sistema y si este modelo es sostenible en el tiempo, porque no parece lógico que para impugnar una multa de 50 euros o reclamar 100, generemos al Estado un gasto que exceda más de 10 veces el hipotético beneficio. Volviendo a los ejemplos, si en el ámbito doméstico nadie repararía un electrodoméstico cuando el coste de la reparación supera el de uno nuevo, ¿es lógico que tratándose de un servicio público actuemos de forma inversa? Y si es así, ¿hasta cuando puede aguantar este modelo que pagamos todos?

Y respecto del segundo extremo, España tiene una de las ratios de jueces/habitantes más bajas de la Unión Europea, pero se sitúa entre las que tienen mayor ratio de funcionarios de la Administración de Justicia. Los estudios sobre la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa revelan que ocupamos el puesto 38 sobre 47 países, con una media de 10,28 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 11 de Italia, 12 de Francia, 15 de Bélgica, 20 de Austria o 24,5 de Alemania.

Consciente de esta situación, el CGPJ creó distintos grupos de trabajo con los órganos de gobierno interno del Poder Judicial. Fruto de estos trabajos fue la elaboración de una serie de propuestas que se centraron en la búsqueda de fórmulas que permitiesen racionalizar la litigiosidad y adecuar la planta judicial a las necesidades de nuestro país, si bien dada la urgencia y ante la constatación de que la legislatura se agotaba, se optó en el informe del Consejo al anteproyecto de Ley de Medidas de agilización procesal civil y contencioso-administrativas por seleccionar y proponer aquellas que habían despertado mayor consenso en los grupos de trabajo, al tiempo que, considerando que los asuntos penales (el 71% del total) no debían quedar al margen de estas medidas de agilización, el Pleno expresó la conveniencia de extender el proyecto a este orden jurisdiccional.

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la actuación del Consejo General del Poder Judicial y sobre la bondad de las medidas propuestas. Ciertamente, el Consejo podía haber seguido en la actitud resignada y conformista que secularmente ha caracterizado al órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Sin embargo, no podemos compartir un modelo de Consejo pasivo y sin iniciativas.

De entrada, el Poder Judicial no puede confundirse con su órgano de gobierno, que es un órgano político desde el momento en que hace política judicial. En segundo lugar, la razón que motivó la creación del CGPJ fue justamente la voluntad del constituyente de contar con un órgano encargado de salvaguardar la independencia de los Jueces frente a cualesquiera injerencias o presiones que pudieran sufrir en el ejercicio de la labor jurisdiccional, garantizar el respeto de los derechos fundamentales y en particular el derecho a la tutela judicial efectiva, y, por su íntima relación con ambas funciones, trabajar con los demás poderes y velar por la mejora de la calidad y el funcionamiento de la Administración de Justicia. Por último, la situación de la Justicia ha llegado a tal extremo que no puede esperar más la aprobación de medidas que nunca llegan.

En mi opinión, el CGPJ no podía ni puede permanecer callado ante los problemas que padece nuestra Administración de Justicia, máxime cuando tales problemas tienen solución. Seguir en silencio equivaldría a hacerse cómplices de un deterioro que, aunque afecta sin distinción a todos los sectores sociales, se ceba siempre y especialmente en los más desfavorecidos.

NO VALE continuar mirando hacia otra parte o trasladar la culpa a los otros. Existe una responsabilidad institucional y personal que hay que asumir. De ahí la decisión de coadyuvar impulsando medidas que puedan mejorar y agilizar el funcionamiento de los juzgados y tribunales, analizando soluciones y proponiendo alternativas.

Entre estas propuestas, ya conocidas por todos, se encuentran algunas que han despertado serias reticencias, como las relativas a la elevación de la cuantía del recurso de casación, la limitación del recurso de apelación en el juicio verbal civil, la introducción del principio del vencimiento en materia de costas procesales en el ámbito contencioso-administrativo o el secreto de actuaciones.

Tales propuestas no agotan todas las posibilidades, pueden ser o no compartidas y en todo caso están sujetas a la crítica, pero ni su rechazo debe comportar la paralización o abandono de las que suscitan consenso, ni ese rechazo por sí solo justifica la inacción ni anula la responsabilidad de gobernar, ni cabe admitir la mera crítica destructiva sin alternativa de ningún tipo (y no es alternativa el esperar a un tren que nunca llega o a un anteproyecto que nunca será aprobado o tardará años en ver la luz).

En suma, la idea que entiendo que ha de inspirar la actuación del CGPJ es que España no puede permitirse perder otra legislatura para conseguir una Justicia mejor y más eficaz, con un volumen de trabajo racional, una planta judicial suficiente y una estructura organizada y ágil al servicio de la función jurisdiccional. No se trata de asumir un papel protagonista ni invadir competencias ajenas, como tampoco de pretender que se resuelva en unos meses toda la problemática que ahoga a la Justicia, sino de interiorizar que la Justicia es una prioridad y que invertir en ella es hacerlo en el futuro de nuestro país y de sus ciudadanos.

Son alarmantes las carencias de la Administración de Justicia. Mucho se ha escrito sobre la necesidad de modernizarla. El debate es positivo. Pero con la perspectiva que da el tiempo, hay que reconocer que el recorrido ha sido muy corto. Es momento de preguntarnos dónde estamos y dónde vamos. Ello requiere indagar en cuestiones clave para la modernización de la justicia, algunas advertidas hace años, y analizarlas más allá de discursos optimistas:

1) La insuficiencia de jueces. Nadie discute que es imprescindible incrementar el número de jueces en España. En 10 años, los asuntos en los Juzgados de 1ª Instancia, Social, Mercantil y Contencioso-administrativo han aumentado en un 150%. El número de jueces solo un 21%. Se ha pasado, de 3.917 en 1999, a 4.711 en 2010 para una entrada de millones de asuntos al año. Esa proporción es insostenible.

2) La insuficiencia de recursos. Es consecuencia de la inercia de una centenaria cicatería de sucesivos Gobiernos. Es necesaria una mayor atención de los poderes públicos a la justicia. Es imposible la modernización sin recursos económicos. Con juzgados rápidos y eficaces, se reforzaría la seguridad jurídica y se contribuiría al desarrollo económico y al bienestar. Se trata de apostar, de forma decidida y valiente, por la tutela de los derechos de los ciudadanos partiendo de una premisa: no hay inversión más social y rentable que la que se efectúa en justicia.

3) La obsoleta organización territorial. La actual data del XIX. Hoy no tienen sentido micropartidos judiciales con dos, tres o cuatro juzgados, donde la implantación de la oficina judicial será inútil. Debemos tender a la concentración en grandes sedes (¿provinciales?) dotadas de medios. Esta medida, junto con las dos siguientes, se contempló en el informe de 2009 de una comisión designada por el Ministerio, pero se ha avanzado muy poco. Ni siquiera se ha logrado hacerlo en la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que están infrautilizados al extender su jurisdicción a territorios demasiado reducidos.

4) Creación de Tribunales de Base o de Primer Grado. Estos órganos conocerían de asuntos menores y evitarían desplazamientos a los ciudadanos. Los jueces ya alertamos del clamoroso error de suprimir los Juzgados de Distrito en 1989.

5) Creación de Tribunales de Instancia. Supondría la desaparición de los clásicos juzgados y su agrupación en órganos colegiados. Su principal ventaja: incrementar el número de jueces sin crear juzgados. La idea fue bien acogida por los jueces, pero el proyecto de ley que lo regula ha pecado de precipitación, se ha elaborado de espaldas a los magistrados, debilita sus órganos de representación, no prevé cambios en la planta judicial e incluye soluciones que han logrado aunar a los jueces en un rotundo rechazo, algunas por su dudosa constitucionalidad.

6) Carga de trabajo judicial. Es imprescindible determinar la carga de trabajo de cada juez para averiguar cuántos necesitamos. Hoy, es indiferente que se registren en un juzgado 50 o 2.000 litigios. Siempre habrá un juez obligado a resolver a destajo lo que buenamente pueda. Los ciudadanos no merecen eso. Detrás de cada expediente hay personas que sufren y esperan una solución meditada, razonada, trabajada. Son conflictos que requieren dedicación y que, a veces, esconden dramas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un informe reciente, señala los juzgados más sobrecargados y las plazas judiciales de creación urgente: 432 para toda España; 122 de ellas en Andalucía, 59 en Cataluña, 51 en Madrid y 63 en la Comunidad Valenciana.

7) Interconexión y modernización informática de los órganos judiciales. Seguimos en el pleistoceno informático. Cada órgano judicial desconoce lo que hace el de al lado, el sistema informático es incompatible con el de fiscalía, cada autonomía tiene uno y no existe conexión con las bases de datos policiales. Solo haría falta voluntad. Como muestra, una experiencia piloto: La “oficina de presentaciones” en Valencia, que en tres meses, con colaboración policial y aprovechando bases de datos del Ministerio del Interior, ha detectado a 140 personas reclamadas judicialmente que se presentaban tranquilamente en los jugados para firmar periódicamente. Y a coste cero. También es necesario mejorar el sistema de averiguación de bienes, que ofrece información anticuada y poco útil. Tal vez podría descansarse esa gestión en la Agencia Tributaria. Además, es urgente la implantación absoluta del expediente y de la firma digital.

La ineficaz gestión de la Administración de Justicia. La comparten CGPJ, Ministerio y comunidades autónomas con competencias. El sistema es burocrático, lento, falto de coordinación, insensible.

9) La falta de independencia económica. El Poder Judicial carece de recursos propios, hay una subordinación absoluta en lo económico al Ejecutivo central o autonómico. Así, se condiciona y coarta a un Poder Judicial inerme y anquilosado, que vive de los recursos que el Ejecutivo tiene a bien proporcionarle… o no. Ya que se ha abierto un saludable debate sobre el sistema de nombramientos para el CGPJ y el Tribunal Constitucional, convendría ampliarlo a que la independencia económica es garantía de independencia funcional.

10) Excesiva interinidad funcionarial y la falta de formación de los funcionarios interinos.

11) La oficina judicial, compromiso con una mejor expectativa para racionalizar y optimizar el trabajo, debería permitir al juez centrarse en la resolución de asuntos. Llega con ocho años de retraso, se reguló en 2003 y se pretende implantar con insuficiente presupuesto, en sedes puntuales y con escaso interés de las autonomías. Solo contamos con cuatro ensayos en ciudades medias (Murcia, Burgos, Cáceres y Ciudad Real) con resultados poco optimistas. Hay improvisación, problemas informáticos y organizativos, y un excesivo protagonismo invasivo del Ministerio de Justicia. Hay indefinición de funciones de jueces y secretarios judiciales, poca claridad en la delimitación de responsabilidades y cierto arrinconamiento del juez, incluso de los órganos de gobierno de tribunales. Si es así en las poblaciones con experiencia piloto, ¿qué sucederá en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia?

12) Reforma de normas procesales. Urge la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 -nuestra Ley Procesal Penal-, excesivamente formalista y gestada para una sociedad que nada tiene que ver con la actual.

13) La desmesurada litigiosidad. Debe conocerse el excesivo coste social y económico de los procesos en asuntos irrelevantes y transmitir a la sociedad que los litigios cuestan mucho dinero y ocasionan enormes molestias a los ciudadanos. Hay miles de juicios y vistas a diario por cuestiones nimias, evitables, que retrasan las causas importantes. Conviene debatir sobre la necesidad de simplificar los procedimientos, generalizar la oralidad, desjudicializar materias, despenalizar faltas, limitar los recursos, potenciar la mediación y el arbitraje, implantar tasas… Son un avance el proyecto de ley de mediación civil y mercantil o el proyecto de ley de medidas de agilización procesal, que recoge algunas sugerencias de los jueces decanos, pero caben dos importantes críticas a este último: es insuficiente, deja al margen parte de las propuestas y las medidas previstas benefician a la segunda instancia y al Tribunal Supremo, cuando el atasco principal está en el primer escalón, en los juzgados.

¿Puede hablarse de auténtico proceso de modernización de la justicia? Parece evidente que no. El debate no ha sido inútil. Contamos con la complicidad de los ciudadanos, pero no ha habido respuesta de sus representantes políticos. Lo grave y desalentador es que no parece que haya una orientación estratégica seria, un proyecto global, integral y valiente de reforma y modernización judicial. Ello lleva a actuaciones tímidas, parciales e inconexas.

Es obvia la urgencia de un Pacto de Estado. Supongo que habrá que esperar a que la justicia ocupe y preocupe a los responsables políticos, aunque es difícil: no da votos y las actuaciones de los Tribunales, con frecuencia, no agradan. Estamos a tiempo de evitar un hundimiento definitivo, algo que nos entristecería profundamente a quienes, como jueces, somos conscientes de la importancia de un Poder Judicial fuerte y efectivo en democracia.

Cuando se habla de la independencia judicial, obviamente, se está haciendo referencia, en principio, a la que todo juez o magistrado debe tener en el ejercicio de su función propia de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». La claridad del artículo 117 de la Constitución Española de 1978 es, en este sentido, meridiana. Al respecto, podría afirmarse con un amplísimo margen de seguridad que la inmensa mayoría de los, aproximadamente, cuatro mil setecientos jueces y magistrados que ejercen en España mantienen, con absoluta normalidad, esa independencia en el desarrollo de la jurisdicción que tienen encomendada, a la que sirven con riguroso tecnicismo jurídico dentro de una propia y verdadera profesionalidad. Pero hay otro aspecto de la independencia que hace relación al autogobierno judicial, también previsto en el artículo 122 de la misma norma constitucional, que ya no se percibe con la misma claridad. Si se estableció por el legislador constituyente, en el marco del principio de separación de poderes dentro de una única soberanía nacional, un propio autogobierno del poder judicial que vino a configurarse en la instauración, como órgano constitucional, del Consejo General de dicho poder, lo lógico hubiera sido preservar, absolutamente, al mismo de toda contaminación política. Pero la realidad ha sido muy distinta, y desde su implantación en el año 1980 hasta el momento presente la evolución degenerativa, en este aspecto, vino siendo tan evidente que nadie con sensatez puede negar que la composición y la actuación del Consejo General del Poder Judicial representan con absoluta nitidez la correlación de fuerzas políticas mayoritarias existente en ambas cámaras legislativas.

Que el órgano de gobierno del poder judicial tiene y debe tener una naturaleza política, en cuanto está llamado a ejercer una parte esencial de la gobernación de toda la ciudadanía, es algo que resulta indiscutible, como también lo es el que debe mantener una adecuada relación de colaboración y engranaje con los otros poderes del Estado. Pero que aquel órgano se halle marcadamente politizado, tanto en su configuración como en su ulterior actuación, es algo que repugna, palmariamente, a la propia naturaleza y características de la función de gobierno judicial en el seno de un Estado de Derecho que se ha distinguir, esencialmente, por la absoluta independencia y alejamiento de cuanto represente partidismo político.

La representación judicial en el seno del Consejo —doce jueces y magistrados de todas las categoría judiciales— debiera estar al margen de cualquier tipo de influencia política y encomendada, en exclusiva, al propio cuerpo judicial en su integridad, en el que se advierte una proporción importante, que llega a superar el 50%, de jueces y magistrados que no se hallan asociados. Y es que el asociacionismo judicial, perfectamente legítimo y hasta recomendable, puede conllevar el riesgo de hallarse, de alguna forma y manera, influenciado por los partidos políticos cuya ideología se conforme con la propia o predominante en las distintas asociaciones judiciales. Si llegara a ser cierto, como así se publicó en algún medio de comunicación, que, con ocasión de una de las elecciones a vocales del Consejo General del Poder Judicial, los elegidos, de una y otra tendencia ideológica, fueron convocados, seguidamente, a las respectivas sedes de los partidos políticos afines, la conclusión a la que habría de llegarse es que, ello resultaría letal para la preservación de la independencia del órgano de gobierno del poder judicial. Por otra parte, el hecho del anuncio publicitado de la identidad del nuevo presidente del expresado órgano de gobierno judicial con anterioridad a la reunión constitutiva de este último, que, precisamente, tiene como función constitucional única —artículo 123 de la Constitución de 1978— la libre elección de la persona que ha de presidir el Tribunal Supremo y, consecuentemente, el Consejo General del Poder Judicial, viene a constituir un repudiable signo de politización del órgano constitucional de referencia, al margen del prestigio y respeto que, sin la menor duda, merece la persona que resultó designada para el desempeño de tan alto cometido constitucional.

En cualquier caso, si la Constitución reserva doce puestos de los veinte que integran las vocalías del Consejo General del Poder a «jueces y magistrados de todas las categorías judiciales», parece que debiera establecerse un criterio corrector del sistema hasta ahora seguido que, de una parte, reservara seis de esas plazas a los integrantes de la carrera judicial que no se hallaren asociados; y de otra, procurase que todas las categorías, y no solo la de magistrados, estuvieran presentes en el órgano de gobierno de la judicatura. El sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial por los propios jueces y magistrados se ensayó, aunque tal vez no de forma perfecta, en la composición del primer Consejo General del Poder en el año 1980, pero, a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 —merced a la conocida como «enmienda Bandrés», que asignó a ambas cámaras legislativas la elección, también, de los doce vocales de procedencia judicial— la politización del órgano de gobierno de los jueces fue «in crescendo», y ello pese a la advertencia hecha en su día por el Tribunal Constitucional, al resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado frente a dicha reforma de Ley Orgánica, que señaló el riesgo de que la elección íntegra por el Parlamento pudiera conllevar el peligro de un reparto de cuotas políticas, que es lo que, paradójicamente, vino produciéndose desde entonces y en forma, realmente, alarmante.

Como es obvio, esta progresiva politización del órgano de gobierno de los jueces y magistrados no es imputable a estos últimos ni a quienes los representan en dicho órgano. Esa politización deviene de las cámaras legislativas, que eligen en su integridad a los componentes del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que pretenden ejercer un control mediato. Buena prueba de ello es la demora habida en la renovación del quinto Consejo, cuyo mandato se prolongó, prácticamente, dos años más de forma similar a lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el Tribunal Constitucional, en el que la última renovación parcial se produjo casi tres años después, y la siguiente, que debía haberse operado en el mes de noviembre último, parece que va a seguir el mismo o parecido derrotero, y cuyos anómalos efectos se procuró subsanar con una modificación de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, de dudosa constitucionalidad, que acortó el período de mandato de los nuevos magistrados elegidos.

Pero, por si fuera poco esa politización en la periódica configuración del órgano de gobierno del poder judicial, la independencia del mismo se ve afectada, también, por el limitadísimo ámbito de competencias que se le atribuye. Si estas últimas se circunscriben, fundamentalmente, a la selección, a los nombramientos —la mayoría reglamentados, y solo en un pequeño porcentaje discrecionales— y al ejercicio de la facultad disciplinaria respecto de los jueces y magistrados y ni siquiera se le otorga la competencia en materia retributiva de estos últimos, fácilmente se advierte que la dependencia respecto del Ejecutivo —bien central o autonómico— resulta manifiesta en lo que se refiere tanto a la dotación de medios personales como a la de los materiales. Si, por el contrario, tanto el poder ejecutivo como el legislativo cuentan con una propia y separada autonomía en orden a la gestión de todo su entramado burocrático, no se entiende muy bien por qué el poder judicial ha de hallarse tutelado y depender del Ejecutivo —Ministerio de Justicia o Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia— para el desarrollo de la función pública que, constitucionalmente, tiene asignada como los otros dos poderes del Estado tienen la suya.

Bien, frente a cuanto se deja expuesto se podrá decir que la soberanía nacional se halla legítimamente representada en las Cortes Generales y que la responsabilidad de lo que estas hagan deberá depurarse en el proceso electoral, pero esto no resta un ápice al lamentable espectáculo que se está dando a la ciudadanía, que asiste atónita, aunque pueda no parecerlo, a los manejos orientados a la politización de órganos constitucionales, cuya divisa debe estar en su más radical y absoluta independencia.

The Daily Mail, un periódico británico de enorme circulación y gran influencia, acaba de encontrar un nuevo dragón europeo contra el que luchar. “Los eurojueces”, chilla, “pisotean la soberanía del Reino Unido e insisten: Tenéis que dejar votar a los presos”. “Los asesinos y los violadores acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para obtener todas las garantías del Estado”, se queja, a propósito de la noticia de un recurso presentado ante el Tribunal de Estrasburgo. En su desahogo, este Reino Unido iracundo llega a denunciar al primer ministro conservador, David Cameron, por no cumplir promesas que hizo en la oposición, cuando, según nos dicen, “prometió solemnemente… hacer algo sobre el problema de las leyes de derechos humanos del Tribunal Europeo, que se burlan de la justicia británica”.

De todos los blancos que podía escoger un órgano euroescéptico, este es uno de los más extraños. El Tribunal de Estrasburgo no tiene nada que ver con la Unión Europea y sus burócratas de Bruselas, que es a lo que los británicos suelen referirse cuando lanzan diatribas contra “Europa”. Forma parte del Consejo de Europa, a cuya creación contribuyó Winston Churchill de manera fundamental y que es una organización casi totalmente intergubernamental, formada hoy por 47 Estados (solo Bielorrusia permanece al margen). La tarea del Tribunal es garantizar el respeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, una resonante declaración de derechos y libertades elaborada tras 1945 y redactada en gran parte por un abogado británico, sir Oscar Dowson.

El Tribunal de Estrasburgo es el único lugar al que cualquier persona de cualquiera de esos 47 países puede acudir, desde Portugal hasta Rusia y desde Noruega hasta Turquía, cuando piensa que se han pisoteado sus derechos y no puede obtener las reparaciones necesarias en su propio país. Por ejemplo, en un caso visto el año pasado, el Tribunal dictó que el Estado turco no podía obligar a nadie a revelar su religión en sus documentos de identidad. Los Estados no siempre cumplen las sentencias, pero a veces sí. Como bien saben muchos hombres y mujeres perseguidos, mejor es eso que no tener ninguna instancia externa a la que recurrir. Con todos sus defectos, es lo más parecido que tenemos a la materialización del sueño de Churchill de “un tribunal europeo… ante el que puedan presentarse los casos de violaciones de estos derechos para que el mundo civilizado los juzgue”.

De hecho, bajo la presidencia británica del Consejo de Europa, que empezará el próximo mes de noviembre, está previsto que la propia Unión Europea, que posee personalidad jurídica desde el Tratado de Lisboa, se incorpore como tal al Convenio y el Tribunal. Puede que parezca una cues

-tión técnica y confusa, incluso teológica, y todavía quedan por resolver varios detalles, pero las posibles consecuencias son importantes. Si el cambio se produce como está previsto, por primera vez, un individuo británico -o polaco, o italiano, o estonio- podría presentar un recurso contra la propia UE ante este tribunal internacional independiente, supervisado por un órgano estrictamente intergubernamental. “¡Bruselas pisotea nuestras libertades!”, grita John Bull (el personaje que simboliza Inglaterra). Pues llevemos a los eurócratas a los tribunales y pidámosles responsabilidades con arreglo a una carta de derechos redactada en gran parte por británicos. Lo normal sería que un periódico tan patriótico y amante de las libertades como The Daily Mail lo aprobase. Pero no. Son todo cosas de la maldita “Europa”, y “Europa”, por definición, es mala.

Esto no quiere decir en absoluto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea perfecto. Ni mucho menos. Tiene al menos tres grandes inconvenientes. Primero, un atasco escandaloso de casos, unos 140.000 recursos pendientes; necesita como sea un filtro mejor para eliminar los frívolos y triviales. Segundo, al ser una organización intergubernamental, cuenta con un juez por cada Estado miembro -es decir, uno por Alemania y uno por San Marino, uno por Rusia y uno por Liechtenstein-, y algunos no son demasiado buenos. El principio de un juez por país es difícil de cambiar, pero habría que seleccionar mejor a los magistrados. (Por supuesto, puede darse el caso de que haya un mal juez de un Estado grande y uno bueno de uno pequeño).

La distinta calidad de los jueces y la diversidad de tradiciones legales y experiencias nacionales de las que proceden han contribuido a una jurisprudencia que incluso (o tal vez especialmente) los abogados de derechos humanos critican por su falta de coherencia. Por ejemplo, en algunos temas fundamentales como la libertad de expresión, el Tribunal de Estrasburgo ha dictado algunas sentencias brillantes y otras verdaderamente malas.

Todos estos defectos hacen que sea necesaria una reforma profunda del Tribunal. Y eso es precisamente lo que el ministro británico de justicia, Kenneth Clarke, famoso por su posición proeuropea, dice que quiere impulsar cuando el Reino Unido asuma la presidencia. De él, al menos, no podrá sospechar nadie que sea hostil a Europa.

Mientras tanto, no tiene nada de malo que el Reino Unido redacte su propia carta de derechos nacional, siempre que sea compatible con el Convenio Europeo. Y esa es la tarea que se ha encargado a una comisión variopinta recién creada por el Gobierno de coalición de liberales y conservadores: examinar formas de elaborar una carta de derechos británica que “incorpore y aumente todas nuestras obligaciones en virtud del Convenio Europeo”.

Siempre que se cumpla ese requisito, me parece todavía mejor contar con una carta británica, redactada en enérgica prosa inglesa, con una referencia explícita a la historia y las tradiciones del Reino Unido, que envuelva en la Unión Jack unos derechos que, en la práctica, serán los mismos. Dada la hostilidad de muchos británicos a cualquier elemento legal o político que incluya la palabra “europeo” (a diferencia del fútbol europeo, el vino europeo y las segundas residencias en Europa, que adoran), esta vía contribuiría sin duda a que los británicos hicieran suyos esos derechos. Cuanto más los asuman como propios y más fácil les sea llevar un caso relacionado con ellos ante los tribunales nacionales, mejor. El Tribunal de Estrasburgo seguirá existiendo como último recurso, que es lo que tiene que ser.

Reforma del Tribunal de Estrasburgo y elaboración de una carta de derechos británica que sea totalmente compatible con el Convenio Europeo: esa es la forma de avanzar. Y quien mejor puede hacerlo es Ken Clarke, tan británico como el rosbif y tan europeo como el borgoña más intenso.

George Orwell is usually a footsure guide across political battlegrounds. In late 1943, when the tide had turned in the Allies’ favor, he wrote about postwar trials. Oddly, he advocated Hitler and Mussolini slipping away. His verdict for them would not be death unless the Germans and Italians themselves carried out summary executions (as they eventually did in Mussolini’s case).

He wanted “no martyrizing, no St. Helena business.” Above all, he disdained the idea of a “solemn hypocritical ‘trial of war criminals,’ with all the slow cruel pageantry of the law, which after a lapse of time has so strange a way of focusing a romantic light on the accused and turning a scoundrel into a hero.”

For once Orwell missed his step. The Allies did stage a trial of the Nazi war criminals, at Nuremberg. (My father, Hartley, was the chief British prosecutor.) The trial had flaws. To some it will always seem to be “victors’ justice” and it can be called hypocritical in that the Soviet Union, guilty of many of its own crimes against humanity, was an equal partner with the democratic prosecutors and judges.

But, over all, it succeeded very well. It was solemn, as it should have been, and what Orwell called “the pageantry of the law” was neither cruel nor slow — the trial began in November 1945 (remarkably this was only six months after the German surrender) and was all over by the following October. Would that anything could be done so efficiently today.

Most of the Nazi defendants were found guilty and executed, others were given lesser sentences and some were acquitted. Orwell’s fear that they would later be cast in a romantic light and turned from scoundrels into heroes has not been realized. They are still seen as mass murderers.

Nuremberg not only dispatched justice swiftly, it also created a historical narrative that has survived. Robert H. Jackson, the chief American prosecutor and the driving force behind the trials, told President Harry S. Truman that he had assembled more than five million pages of evidence. The files of the SS alone needed six freight cars to carry them. Subsequently the tribunal published 11 volumes of documents and 20 volumes devoted to the proceedings alone. The eminent British historian Alan Bullock wrote of his excitement at reading through these records: whatever the arguments about justice, “from the point of view of the historian the Nuremberg trials were an absolutely unqualified wonder.” Nuremberg was essential in creating memory and senses of responsibility, in Germany itself and far beyond.

Nuremberg, lest we forget, was a military tribunal with civilian lawyers and it offered far fewer protections to the Nazis in the dock than the military commissions at Guantánamo will give to Khalid Shaikh Mohammed and his co-defendants in the 9/11 attacks. Military justice worked then and it can work again today.

This is not the place to repeat the fierce disputes over President Obama’s decision last week to prosecute Mr. Mohammed before a military commission instead of a civilian court. What they show above all is that there are no absolute truths; law is argument.

Many of the important Supreme Court decisions in the war on terrorism have been made by slim majorities, one way or another. In such complicated areas it is rare to find unanimity. This is not surprising. Indeed, such debate is a token of the vitality of American jurisprudence.

I understand why many people believe that in the hugely important, and hugely symbolic, case of Khalid Shaikh Mohammed, America would be best served by justice being dispensed in an open federal court. But United States military law should not be dismissed. It has a distinguished history dating back to 1775; every year military courts dispense justice to thousands of Americans. And don’t forget that the Qaeda detainees in Guantánamo will all be presumed innocent, their guilt must be proved beyond reasonable doubt, and each will have the right of appeal all the way to the Supreme Court.

As far as Al Qaeda and its associates are concerned, it does not make the slightest difference whether its members are tried in federal or military courts — Islamists regard each as equally illegitimate. As Anwar al-Awlaki, one of Al Qaeda’s most prominent ideologues today, has said, Muslims must not be forced to accept the rulings of Western courts; he insists that for Muslims to abide by Western laws is to live like sheep “stripped from their right to live as Muslims under the law of Islam.”

No form of Western justice will ever be accepted by Al Qaeda. But President Obama could seek to make trials in Guantánamo more accessible to the rest of the world. One should never forget that most of the people killed by Al Qaeda around the world are not Americans — the majority are innocent Muslims caught up in Islamist killing sprees in Iraq, Pakistan, Afghanistan, Somalia and elsewhere.

Even on Sept. 11, hundreds of those killed were non-Americans. Britain lost 67 people that day. Their families, too, have an interest in seeing justice done. They could also assist.

The United States is well practiced at military officer exchanges. Why not invite those nations with a jurisdictional claim against Mr. Mohammed — those which lost citizens on 9/11 — to send cleared and qualified senior military lawyers to serve in the court at Guantánamo? This could be done after Congressional modification of the 2009 Military Commissions Act to determine in what roles they could serve. Britain, Japan and Ghana are three countries that could qualify.

Such internationalization of the court in Guantánamo would call the bluff of those American allies who benefit from American protection but cannot resist criticizing its processes. It would not be precisely modeled on the successful tribunal at Nuremberg, but it would follow in that hybrid tradition of using the best civilian and military advocates, prosecutors and processes all carrying out their tasks in the full view of the press.

The trial of Khalid Shaikh Mohammed and his co-defendants is of vital significance because it addresses not just a group of thugs but the enduring human phenomenon of evil. No two eras are the same, nor are the threats they face identical. But evil is eternal and re-invents itself in every age.

In the 1940s the world confronted and, with immense sacrifice, defeated the evil of fascism. The scale and the nature of the threat is different today but true menace — from the attacks of 9/11 itself to the recent beheading of United Nations workers in Afghanistan simply because a Koran was burned in Florida — lurks patient and opportunistic. It cannot be appeased any more than Hitler could be appeased.

Despite Orwell’s misgivings, at Nuremberg our civilization designed a vehicle to anathemize men imbued with evil. And it created a historical narrative that proved invaluable throughout the decades since. The case against Khalid Shaikh Mohammed and his friends must develop a similar, vital history of Al Qaeda to inform generations to come. Nuremberg is a precedent on which the United States can build with pride in this new and essential trial.

The system of military commissions that will try Khalid Shaikh Mohammed and four other alleged 9/11 plotters contains a dirty little secret. Hardly anybody talks about it, but it’s a key reason for concern as the apparatus becomes established.

It is this: The commissions can operate inside the United States, and they have jurisdiction over a broad range of crimes. Nothing in the Military Commissions Act limits the military trials to Guantanamo detainees, or to people captured and held abroad, or even to terrorism suspects. Nothing prevents the commissions from trying noncitizens, arrested inside the country, whom the president unilaterally designates as “unprivileged enemy belligerents.” In other words, the law permits military officers to try non-Americans from Alabama and Arkansas as well as Afghanistan.

The Obama administration’s decision last week to shift the high-profile 9/11 case from federal court is bound to move the military system toward legitimacy. The commissions lack the seasoned body of precedent that guides civilian courts, so their procedures will have to survive litigation by defense lawyers. But once the commissions gain stature and become the “new normal,” every future administration will have a ready instrument to arrest, judge and sentence wholly within the executive branch, evading the separation of powers carefully calibrated in the Constitution. The judicial branch has no role except on appeal, where only the federal court for the D.C. circuit may review a verdict and sentence after the trial.

It seems far-fetched to imagine tribunals in San Francisco as well as Guantanamo, yet the law allows the spread of such a system, impeded only by officials’ restraint. Atty. Gen. Eric H. Holder Jr. pledged Monday to restrict the use of commissions, but one official’s good intentions cannot shield civil liberties from government intrusion. Restraint usually dies during spasms of fear over national security.

The framers saw that rights depend on structural bulwarks, not on particular officeholders. “All men having power ought to be distrusted to a certain degree,” James Madison declared at the Constitutional Convention as he noted “the political depravity of men and the necessity of checking one vice and interest by opposing to them another vice and interest.” The checks are being eroded here.

Because terrorism has fostered a concept of war as boundless and timeless, many crimes normally tried in civilian courts can be brought under the shifting rubric of war, granting military commissions broad jurisdiction. Provided the offense is committed in the context of “hostilities,” defined as “any conflict subject to the laws of war,” commissions may try a noncitizen on charges that include spying, seizing property for private use, taking hostages, rape, sexual assault, hijacking, mistreating a dead body or improperly using a truce flag or distinctive emblem, as well as murder, torture or material support for terrorism.

A trial has a truth-finding mission. Its accuracy is determined by a panoply of rights: to effective counsel, to summon and confront witnesses, to exculpatory evidence. These rights are weaker before military commissions than in courts-martial or criminal courts; although enhanced by 2009 amendments to the 2006 Military Commissions Act, they still allow certain hearsay and statements coerced during combat or capture. So the military commissions’ findings may be less reliable.

But the truth may already be known in the 9/11 case. The accused are reportedly ready to confirm their roles in the attacks, not in a spirit of guilt but of pride. Their trial will be a pageant and a precedent, a rendering of the expected judgment and sentence — and then a legal legacy.

It is the symbolism, not the legal impact, that has been most vigorously debated. Yet it’s the legal damage that is likely to remain long after the five are tried. Symbolically, a strange symmetry unites both the defendants and those in Congress who see a military trial reflecting the 9/11 attack as an act of war, larger than a common crime. Supporters of a civilian trial did not favor a different outcome but rather a different message — the display of a crown jewel in our constitutional democracy: the criminal justice system with its full array of individual rights.

Long after the verdicts and sentences, the plotters will continue to wound the country, now with American cooperation. If ultimately upheld by the Supreme Court, the elements of the military commissions will pass into the precedent of case law, creating a permanent apparatus, parallel to the criminal justice system, to prosecute and try foreign civilians. It could become a lasting injury of Sept. 11.

It’s official. Khalid Sheik Mohammed, the self-proclaimed mastermind of the Sept. 11, 2001, attacks, will be tried by a military commission at Guantanamo Bay.

He will not be tried in Manhattan in the shadow of the World Trade Center. He will not be tried before the vast majority of the victims’ families. Nor will he be tried in any federal court. Instead, he will be tried offshore in a military commission process established in 2009 and yet to be tested. It is likely that he will be convicted of conspiring to plan and commit the attacks of 9/11 and that, he, along with his four co-defendants, the other 9/11 detainees at Guantanamo, will be given life sentences, if not the death penalty.

For those of us who have fought vociferously for the use of the federal court system to try terrorism suspects, the Obama administration’s decision is, on its surface, a defeat. The numbers make it clear: Since the Sept. 11 attacks, 174 individuals have been convicted of jihadi-related terrorism in federal court, an 87 percent conviction rate, according to the most recent figures from the NYU Center on Law and Security terrorist trial report card.

From the early 1990s on, the courts have learned how to handle the challenges of terrorism cases, from classified or tainted evidence to the relevance of al-Qaeda’s strategic and tactical goals. The abandonment of the hard-earned professionalism of the judges, prosecutors and defense attorneys is a loss.

But it is not a defeat for justice itself. It is time to give up our long-standing protest and consider the good that can come from these trials — even if they are held at Guantanamo, and even if they are conducted by the military.

In prosecuting Mohammed, we will be trying the individual without whom there presumably would have been no 9/11 attack; the fact that he is secondary to Osama bin Laden in al-Qaeda’s hierarchy does not reduce his guilt. In a sense, he is the Eichmann of the attack, and his trial is no less important than was that of Hitler’s operational director.

Trying Mohammed and his co-conspirators for a crime that took place 10 years ago can only be seen as a positive. It is unfair that the country has waited this long to bring to justice anyone directly linked to 9/11. If part of the purpose of trials is to bring closure to the open wounds that result from wrongdoing, then the trial matters more than the venue, the jurisdiction or even the system itself.

The country’s need for some sort of closure around the Sept. 11 attacks was illustrated in part by the fear of having this trial in Manhattan. Although it is likely that few victims’ families will now be able to watch the proceedings in person, they will know what is happening, and they will be able to achieve some sense of justice and begin to heal.

There is a further benefit. The details of the 9/11 conspiracy remain a mystery to much of the American public. The trial will turn mystery into fact.

At present, we know generally about bin Laden, al-Qaeda’s determination to harm the United States and the failures of U.S. intelligence. But we don’t know details about these five men and their step-by-step intersection with the attacks — details that were outlined in the criminal indictment that was unsealed in New York this past week. The indictment lists the sequence of activities that made up the attacks and highlights the criminality of the conspiracy. Presumably, those facts will be central to the evidence presented at trial at Guantanamo.

The 9/11 attacks were a carefully conceived and coldheartedly implemented plot of immense destruction. They were not the work of men with superhuman powers, as al-Qaeda terrorists are often portrayed. Better knowledge of the story will not diminish the magnitude of the harm, but it will probably diminish the powerful mystique that so often surrounds al-Qaeda. Reducing the organization to flesh-and-blood figures, to individuals rather than a vast and dangerous specter, will be hugely significant in teaching the country that, although al-Qaeda is an enemy that arguably perpetrated the worst crime in American history, it is not invincible.

Admittedly, there are numerous pitfalls that threaten the military commission system. These trials will differ from those in the federal system in several ways. They will rely on a panel of at least five military judges, and the evidentiary standards will not be the same as those in federal court, though it is unlikely that evidence attained by torture will be allowed. There will be broader allowances for hearsay, and access for families to view the proceedings will be more limited.

In addition, there are worries — which would come with any trial — about giving a platform to Mohammed and his ideological pronouncements. Even the possibility of the death penalty is problematic, as he has expressed a desire to be martyred. In addition, the judges must able to keep the defendants and the courtroom under control, and the track record of trials at Guantanamo has fallen well below standards for evidence, legal tactics and courtroom decorum.

The fact is that this trial is going to take place. It’s not ideal. I would have preferred to see the case in the civilian courts. But a military trial is far preferable to the perpetual limbo of indefinite detention without trial — the very definition of Guantanamo.

The trial of Mohammed and his co-conspirators will signify a step forward in the nation’s ability to counter terrorism in a rational fashion. Rather than assume that the proceedings will fall below the standards of federal courts, let’s expect wise judgment in place of retributive justice. Let’s look for an enlightened use of the leeway provided by the Military Commissions Act. Let’s hope that, despite the unique limitations and allowances of that law, the presiding judge will keep this trial as close to the federal standards as possible.

These proceedings, nearly 10 years in the making, are likely to set the precedent for how this country tries terrorism suspects. Although it is outside the federal justice system, this trial could begin to restore the nation’s confidence in its ability to administer justice to even the most vile criminals — a confidence that may one day return trials for detainees in the war on terror to the nation’s long-tested federal courts system.

Para el ciudadano común, el Estado es, además de un gestor no siempre riguroso del interés general, un gran escenario al que se acerca en su condición de espectador ávido de lo público, con la ilusión ingenua de disfrutar de un espectáculo abierto, cuyo reparto le es familiar y del que, a su manera, se siente parte. Las candilejas iluminan, con mayor o menor intensidad, sesiones parlamentarias, fastos ministeriales o vistas judiciales. En el espacio propio de cada uno de los poderes constituidos, al igual que en el teatro, lo más importante es el factor humano. De ahí la trascendencia de contar con un buen sistema de elección, para los actores políticos, o de selección, para los jueces. Estos, en feliz expresión de Ramón Trillo, magistrado emérito del Tribunal Supremo, son funcionarios o empleados públicos accidentales, es decir, son algo más. La condición de titulares de un poder del Estado, independiente por definición constitucional, obliga a extremar el rigor a la hora de garantizar su solvencia profesional y reconocer la dignidad de su estatuto, evitando arbitrarios diseños, que parecen orientados antes a la docilidad que a la independencia. Porque un juez está permanentemente investido de la autoridad de la Ley, que le legitima como protagonista y servidor del Estado de Derecho, del que aquella es expresión primaria. De ahí que el juez, en el escenario público, como la honradez de la mujer de César, debe parecerlo. Algo que, a mi juicio, se traduce obligadamente en una ejemplaridad de vida, en su doble dimensión, ética, la que más importa, pero también estética. Porque la representación del Poder Judicial, que merece siempre respeto cualquiera que sea su grado de solemnidad, no debe confundirse nunca con la informalidad doméstica. Como suele decir un magistrado amigo, que suma a la condición de juez vocacional la de consumado deportista, «las zapatillas no son para el estrado».

Junto al factor humano, debe también considerarse el guión de la obra. Como describió con gran plasticidad Ugo Betti, magistrado y autor teatral, hermano del gran jurista Emilio Betti, la vida judicial tiene mucho de drama en el que, a lo largo de los años, la voluntad de poder de quien aplica la Ley se enfrenta a la conciencia, como ocurre en su famosa obra Corrupción en el Palacio de Justicia. El juez, con la debilidad propia del ser humano, encarna en su carrera la aspiración a conseguir una posición social superior, lo que no excluye que, al mismo tiempo, se vea acompañado de una extraña inquietud personal que le impide el pleno goce de lo conseguido. Al final, más allá de la angustia y la inseguridad de la propia conducta, triunfa siempre la exigencia de justicia y de absoluto. Para Betti, que es ante todo un humanista, la persona desborda y se impone al perfil del juez, lo que le conduce a ser rescatado por su conciencia, no por la Ley. Aunque parezca obvio, dice uno de sus personajes, cuesta pensar lo delicado y frágil que es el ser humano. El hombre, añade, es un objeto mucho más deteriorable incluso que los más fútiles objetos formados por sus manos. Este sentimiento llevó al singular dramaturgo, en más de una ocasión, a referirse a la «pesada corona sobre nuestra cabeza, que es la conciencia».

En cuanto al espacio judicial mismo, Betti insiste una y otra vez en la necesidad de ventilación y de acercamiento al justiciable. Así, en la obra referida, uno de los jueces confiesa: «Querido colega, es usted testigo de que desde hace varios meses vengo repitiendo una y otra vez lo mismo: hay que aclarar las cosas; aquí hace falta luz, aire. En este Palacio de Justicia se respira una atmósfera pesada». En ese medio, añade otro magistrado, nos encontramos con «despachos muy tranquilos. Están sentados en ellos hombres de cara enfermiza, propia de aquellos a quienes les da muy poco el sol. Durante años y más años, oyendo en silencio montones de mentiras, han analizado acciones humanas de una sutileza y perfidia extraordinarias. Su experiencia es inmensa. Detrás de la mesa, la gente ve tan solo a unos hombres un poco ajados y ceremoniosos». Para Betti, la consecuencia y el gran peligro de la vida judicial es el aburrimiento. Con una ironía muy italiana, pone esta confesión en boca de otro personaje: «Al juez le sucede lo mismo que al cura: después de haber oficiado toda su vida ante el cáliz, se siente terriblemente aburrido y desea que el mismo diablo se le aparezca». Valga esta cita como confirmación de los riesgos de una asimilación de la Carrera Judicial al hieratismo de un distante y frío iconostasio.

La superación de ese viejo cliché obliga, a mi juicio, a configurar el Poder Judicial como un poder efectivo del Estado de Derecho. El poder, todo poder, es por naturaleza consistente, sólido e inequívoco. Se afirma en el espacio y en el tiempo, es reconocible de modo permanente, se hace presente en el medio social sobre el que se proyecta y evita siempre que se le ignore o se le ponga en duda. Pero, para que el poder pueda verse reconocido como poder legítimo, ha de ir siempre precedido, acompañado y seguido por una liturgia de manifestación, que tiene tanta importancia como el poder mismo. En ese contexto de relevancia externa se sitúan las competencias o prerrogativas que se asocian a la existencia misma de aquel, entendida como afirmación autónoma e independiente de su voluntad. Ello obliga, también, a rechazar la confusión del encomiable celo en defensa de la función judicial con ambiciones espurias de un protagonismo mediático que reduce la presencia social del juez a noticia efímera. Frente a esta desviación, debe reafirmarse la independencia de la Magistratura, como una consecuencia natural de la calidad técnica de sus sentencias, dictadas en ejercicio de la propia responsabilidad y en estricta aplicación de la Ley.

Con ese horizonte, la Carrera Judicial se abre ante nosotros como un camino transparente y compartido, un camino de todos, abierto al mérito de cada uno de sus miembros, sin que pueda nunca avalarse el atajo personal, disimulado y opaco, por cuya progresión se llega a estar dispuesto a las mayores renuncias y claudicaciones. Quien se apresura por ese atajo y da la espalda a su conciencia deja de ser juez porque, recordando una vez más a Betti, la conciencia, como su espejo más íntimo, le desnuda ante sí mismo de sus prerrogativas y le condena al salón de los pasos —irremediablemente— perdidos.

La Constitución establece que “el Ministerio Fiscal (…) tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, (…) así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”. Sobre esta institución y sobre el Poder Judicial, ámbito en el que el fiscal realiza sus funciones, se ha publicado el libro de José María Mena, De oficio Fiscal (Ariel, 2010).

Su autor, ya jubilado, ingresó en la carrera fiscal en 1964, y una vez restaurada la democracia fue fiscal antidroga en Barcelona y después fiscal jefe de Cataluña. No se trata de un libro de memorias, aunque algo de ello haya, sino de una reflexión viva sobre el oficio de fiscal y el de juez. Es el planteamiento sobrio, pedagógico, discreto e irónico, de un servidor público, antifranquista comprometido con los principios de libertad e igualdad, que siempre serán la base del Estado democrático.

Ser un probo funcionario y defensor de las libertades en el franquismo no era fácil, era ir contracorriente. Perseguir judicialmente a autores de un fraude inmobiliario a familias humildes en el ambiente caciquil de la Fiscalía de Tenerife o intentar hacer lo propio contra los torturadores de la Brigada Político Social en Barcelona, no podía concluir con la detención y procesamiento de los delincuentes, sino con el traslado forzoso de destino de los fiscales osados por intentarlo, como así le ocurrió al autor y a su colega de oficio, Carlos Jiménez Villarejo.

En un contexto en el que, por lo general, la adhesión de fiscales y jueces a la dictadura -como él subraya- no era ideológica sino sociológica. Se manifestaba en la ostentación del poder o, simplemente, en la comodidad de no obstruirlo. La cultura del servicio público en la Administración de justicia devenía una pura quimera. La distancia social era lo que entonces caracterizaba a jueces y fiscales, reflejada en la arrogancia institucional con la que actuaban, adornados con la liturgia, el léxico y la estética que exhibían. No está falto de razón el autor cuando afirma que, en lo esencial, aquella distancia no ha cambiado cualitativamente. Y quizás, no ha de ser cuestión ajena a ello el hecho de que los jueces y fiscales son muy conscientes del poder del que disponen sobre la libertad y la hacienda del ciudadano, mientras que no es seguro que la mayoría también lo sea de su pertenencia al servicio público de la justicia, a través de un poder del Estado como es el judicial. Aunque no ha de ser extraño que para un sector de ellos, la concepción de servicio público atribuida a la justicia les suene a anatema.

De las muchas cuestiones de relieve que el libro aborda, destaca la relativa a la debida neutralidad del ministerio fiscal, sobre todo ante la opinión que le imputa no ser más que una correa de transmisión del Gobierno de turno.Como es sabido, la Constitución establece que el ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Asimismo, prescribe que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. La propuesta por el Gobierno y la dependencia jerárquica en su funcionamiento han sido razones argüidas para dudar de su imparcialidad.

Pero las cosas no son tan simples. Sobre todo tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por la Ley 3/2007, que garantiza más la imparcialidad de la institución respecto de otros poderes públicos. Así, por ejemplo, permite que el Gobierno interese del fiscal general que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público, que no se ha de confundir con el interés político.

Pero ese impulso del Gobierno queda sometido al filtro de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que en su condición de órgano técnico-jurídico de la institución deberá resolver sobre la procedencia de las actuaciones interesadas, y su opinio iuris expresada de forma razonada al Gobierno deberá ser siempre oída por el fiscal general.

Un segundo filtro frente a la presión política es la preceptiva comparecencia del candidato a fiscal general ante el Congreso de los Diputados, para la valoración de sus méritos e idoneidad. Ciertamente, en esta fase no caben excluir criterios de armonía política con la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, pero no hay que olvidar que la reforma legislativa establece unas causas objetivas de cese del fiscal general e impone una duración del cargo de cuatro años improrrogables, lo cual son buenos argumentos a favor de su inamovilidad frente a la coyuntura y la dinámica política.

Otro tema recurrente es el relativo al papel del fiscal en la instrucción judicial. En la actualidad, esta sigue correspondiendo al juez. La actuación del fiscal es previa a la del juez, pero cuando el primero conozca que el juez está actuando sobre los mismos hechos, el fiscal debe suspender sus pesquisas y remitirle al juez todo lo actuado. Por eso se dice que la actuación judicial es preferente y excluyente. La cuestión es si debería seguir siendo así, sobre todo habida cuenta de la sobrecarga de asuntos que recaen sobre los juzgados y el tótum revolútum que viene a ser el proceso penal en España, especialmente propicio para que las defensas interfieran y perturben la eficacia de la investigación.

El Derecho comparado más próximo (Alemania, Italia, Portugal y, en parte, Francia) ofrece la solución de atribuir la instrucción y la acusación al fiscal, dejando al juez como árbitro de la instrucción, a fin de garantizar los derechos de las partes vinculados a la tutela judicial. Pero para ello, y en la línea de la reforma legal de 2007, es preciso apuntalar al máximo la imparcialidad de los fiscales, que deshaga el sambenito de que son unos mandados de sus jefes.

Pero ello no es suficiente; además son necesarios nuevos instrumentos orgánicos y procesales y una infraestructura personal de apoyo a los fiscales, con subalternos, policías y peritos, de los que hoy no está sobrada la institución. Lo que lleva a nuestro autor a considerar que, con los actuales mimbres, no es posible atribuir la instrucción a los fiscales. En todo caso, la necesidad de más y mejores medios materiales y personales es hoy perentoria para que las fiscalías especializadas existentes de anticorrupción, antidroga o medio ambiente cumplan con eficacia su función acusadora y dispongan de apoyo pericial imprescindible. Porque el fiscal, al igual que el juez, debe saber derecho, pero no tiene por qué saber economía o medicina.

De esa forma será más fácil perseguir -en expresión del autor- no solo la criminalidad de metralleta, sino también la de moqueta, es decir, la delincuencia económica tan presente en los últimos tiempos, igual de lesiva para el interés público como lo pueda ser quien empuña un arma. Por esta y otras muchas razones, el libro del fiscal y profesor Mena habría de ser de lectura recomendada para los estudios del grado de Derecho.

Was it out of shame that Judge Viktor Danilkin ordered journalists out of Moscow’s Khamovnichesky Court on Monday just after he pronounced the “guilty” verdict against Mikhail Khodorkovsky and his co-defendant, Platon Lebedev? Or was it simply another example of what Russians call “telephone justice” — replacing the rule of law with direct orders from high-level politicians?

It’s hard to say whether the judge himself was embarrassed by the verdict, but Prime Minister Vladimir Putin made it clear several days ago how the Khodorkovsky trial would unfold when, responding to a question on national television, he declared: “A thief should sit in jail.”

As one of Mikhail Khodorkovsky’s defense attorneys, I can confirm that my client will appeal the court’s verdict. He will do so because he has not lost hope that Russia one day will come under the rule of law, a goal which President Dmitri Medvedev himself has declared must be met if the country is to become a modern, successful state.

Mr. Khodorkovsky’s imprisonment was politically motivated from the start. People at the pinnacle of power saw him as a threat and wanted him behind bars; their efforts were supported by corrupt middle-tier officials who wanted to raid the assets of Yukos, the company he built.

In our appeal, we will demonstrate the absurdity of the charges against him, starting with the impossible accusation of embezzlement of all of the oil produced by Yukos over a six-year period. We will also challenge the procedures in Judge Danilkin’s court. The judge systematically denied defense motions to attach documentary evidence, examine witnesses and hear expert testimony. Meanwhile, almost all of the prosecution’s motions were granted.

An appeal in a politically controlled court system may be doomed. But there are other ways for the Russian government to do what’s right for the nation’s future. President Medvedev has said that our system of justice must treat all people equally. We now have irrefutable evidence that the system does not respect that principle. Mr. Medvedev knows this because he himself was once chairman of Gazprom, a company that clearly benefits from a different set of rules than that of Mr. Khodorkovsky.

Regardless of the verdict, President Medvedev, as the guarantor of the people’ s rights under the Russian Constitution, may release Mr. Khodorkovsky by issuing a pardon before his presidential term expires in early 2012.

While Mr. Putin has suggested on numerous occasions that a convict must admit guilt in requesting a pardon, the law in fact does not require such an admission, or even that a petition for a pardon be filed. Mr. Medvedev can put an end to the persecution of Mr. Khodorkovsky simply by granting a pardon as a humanitarian gesture.

We find it hard to imagine that Mr. Medvedev — himself a highly qualified legal scholar — would want the consequences of this judicial farce to stand during his tenure as president; it would mock his pledge to rid the country of “legal nihilism.” Moreover, the verdict would certainly be disavowed upon appeal to the European Court of Human Rights.

Other solutions for putting an end to the persecution of Mr. Khodorkovsky could involve either the court itself granting parole (he has already served the minimum term required), or an amnesty, if Russia’s Parliament votes for it. Strong political will would be required for either action to take place.

An end to Mr. Khodorkovsky’s persecution would send a strong signal that change is coming to Russia and that there is hope that the country will develop a legal system worthy of the name. This would be good news for Russian citizens and for foreign investors who hesitate to put their money into an economy where property rights are not secure. It would also be welcomed by other national governments, which have hesitated to trust a country that does not abide by a regime of law.

Mr. Khodorkovsky’s case may be as important for Russia’s friends abroad as it is for Russians themselves. Let Judge Danilkin’s decision to clear the courtroom be the last time Russians cringe when they look at their system of justice.

En las últimas semanas la Asociación de Fiscales ha colgado en su página web sendos comunicados en relación a dos temas de máxima actualidad. El primero, en respuesta a la repercusión mediática de los cables diplomáticos filtrados y difundidos globalmente por Wikileaks que informaban al Departamento de Estado estadounidense sobre supuestas relaciones extraprocesales del embajador en Madrid con el fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El segundo, se centraba en la presencia del fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros del pasado día 4 en el que se declaró el Estado de Alarma, «para oír su parecer jurídico», según declaraciones del ministro de Justicia. En este caso, partiendo de la más absoluta reprobación de quienes irresponsablemente abandonaron sus puestos de trabajo desencadenando una situación caótica y gravemente perjudicial para miles de ciudadanos y el interés general, destacábamos la innecesariedad e impertinencia de la presencia del fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros y aprovechábamos para recordar algo que, pese a ser obvio, nunca sobra: el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de promover la investigación de los hechos punibles, debe prioritariamente garantizar derechos y libertades de todos los ciudadanos. Papel de garante que debería acentuarse frente a una situación de excepcionalidad declarada desde el Gobierno. Por consiguiente, entendíamos que lo más recomendable era mantener una postura deliberadamente distanciada, incluso para no comprometer la posición procesal del fiscal en la previsible revisión judicial de la decisión adoptada.

Sin duda se trata de dos temas tremendamente diferentes, pero ligados por el riesgo compartido de situar al fiscal en el entorno del Ejecutivo, como un funcionario más del Estado que puede bien recibir presiones de embajadores, bien asesorar jurídicamente al Gobierno de la Nación «sobre el terreno» en un Consejo de Ministros. Ante este distorsionado escenario, hemos pretendido simplemente poner el foco de atención sobre una cuestión compleja y sensible de la que depende ni más ni menos que el futuro del fiscal español y, en particular, su papel en la fase de investigación del proceso penal. Me refiero a la necesidad de aumentar y reforzar su imparcialidad y, como consecuencia de ello, depurar su relación con los poderes públicos. Simple y llanamente, reivindicamos algo que creemos anhelado por los fiscales de este país y necesario para fortalecer nuestro Estado de Derecho: un Ministerio Fiscal real (y aparentemente) imparcial.

Aunque no hay texto alguno sobre la mesa, el Ministerio de Justicia tiene ultimado un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende atribuir al Ministerio Fiscal un papel protagonista en la fase de instrucción del procedimiento penal, de conformidad con la inmensa mayoría de los sistemas judiciales europeos. Consciente de los recelos que el tema suscita en ámbitos académicos y forenses nacionales, la «foto-fija» que nos queda en la retinas es la del fiscal general junto al presidente del Gobierno atendiendo el Consejo de Ministros en el que, por vez primera, se decreta en nuestra democracia el Estado de Alarma. Esta imagen, sin perjuicio de su legalidad e incluso de su justificación, nos guste o no, proporciona copiosa munición a quienes, anclados en la tradición, se oponen radicalmente a una transformación de la Justicia criminal demasiadas veces aplazada.

Para abordar dicha reforma salvaguardando los derechos y garantías inherentes al proceso penal, resulta prioritario, no ya zurcir nuevamente un traje que se ha quedado pequeño y al que le saltan las costuras, sino un nuevo traje para una nueva carrera fiscal. Necesitamos un Estatuto Orgánico de nueva planta que consagre definitiva y adecuadamente la imparcialidad del fiscal, tanto dentro de la carrera como extramuros de la misma. En ese sentido, constituye un requisito ineludible preservar la verdadera autonomía del fiscal general del Estado, en toda su extensión (aparente y real), frente a los poderes públicos. En esta transcendental dimensión exterior de la imparcialidad, sin duda una de las previsiones legataria de épocas pasadas y llamada a ser eliminada sería el último inciso del apartado 2º del art. 9.2 del Estatuto que permite al Gobierno llamar al fiscal general para que comparezca ante el Consejo de Ministros.
El espacio natural del fiscal en nuestro régimen constitucional es el Poder Judicial. Este planteamiento se compadece con las tendencias más autorizadas de nuestro entorno europeo.

Precisamente hace un año por estas fechas se firmó conjuntamente por los Consejos Consultivos de Jueces y Fiscales Europeos la «Declaración de Burdeos» sobre «jueces y fiscales en una sociedad democrática «. Dicho documento recoge en su punto 8 la declaración siguiente: «El establecimiento de un estatuto de independencia para los fiscales requiere determinados principios básicos, en concreto no deben estar sometidos en el ejercicio de sus funciones a influencias o a presiones, cualquiera que sea su origen, externas al Ministerio Público». Desde el respeto a quienes en estos últimos días han recordado la legalidad, e incluso justificado la oportunidad, de la presencia del fiscal general del Estado en un Consejo de Ministros, considero que la misma, por muy extraordinaria que sea (o precisamente por ello), supone una lamentable regresión en el camino iniciado por el fiscal español asumiendo el reto de dirigir la investigación penal.

The international response to Somali piracy just became more complicated. Kenya’s second-highest court ruled last month that it has no jurisdiction to try pirates captured outside of Kenyan territorial waters. The decision underscores the need for a comprehensive international legal framework to address the challenges of modern-day piracy.

Thanks to a series of agreements since early 2009 with the United States, the European Union, China and other countries, Kenya has emerged as the favored spot for the world’s navies to set captured pirates ashore for trial and imprisonment. The Kenyan judiciary has done its best: Scores of pirates have been convicted and imprisoned. Others have been acquitted, usually for lack of evidence that may have simply sailed away. More than a hundred suspected pirates await trial.

These efforts have strained the capabilities of Kenya’s courts, and officials have signaled that Kenya will stop prosecuting pirates captured by foreign navies unless its cash-strapped judicial system receives significant assistance. Whereas pirates can realize millions from the ransom of a single vessel, international aid has been meager in comparison: The U.N. Office on Drugs and Crime, launched in May 2009, allocated just $2.3 million for 18 months of piracy prosecutions.

The ruling’s legal foundation is actually suspect: International law classifies pirates as “hostis humani generis” – “enemies” of all mankind – subject to prosecution and punishment by any nation for offenses committed on the high seas. In other words, Kenya’s courts may have jurisdiction over piracy regardless of whatever Kenyan statutory law the ruling relied upon.

Yet the real issue is not the actions of a relatively poor East African country but the international community’s pusillanimous approach to piracy.

The practice of dumping pirates on Kenyan authorities reflects wealthier governments’ extreme reluctance to try pirates in their own courts. A federal court in Virginia just finished trying five Somalis captured in an April attack on a U.S. warship, the first defendants to be tried for high-seas piracy in a U.S. court since 1819. A juvenile court in Hamburg is hearing Germany’s first piracy prosecution in 400 years.

Governments in the developed world balk at the high costs of trial and imprisonment, and the risk that defendants may be able to claim asylum in light of Somalia’s endemic violence and humanitarian crisis. The same governments that deploy warships to “combat” piracy in the Indian Ocean end up treating the pirates they capture with kid gloves. Hundreds have been disarmed and released to continue their depredations with automatic weapons and grenades.

The costs of deploying warships to conduct such mock deterrence are inestimable. The global economy relies on the movement of goods by sea. But a regime of effective impunity for pirates inevitably encourages instability and violence in one of the world’s worst neighborhoods. Short of dealing with pirates extrajudically (as the Russian navy reportedly did in at least one incident; pirates – now presumed dead – were said to have been “released” in mid-ocean without navigational equipment), the convenient solution has been trial in Kenya. Clearly, the prosecution of “enemies” of all mankind must be placed on a more solid framework.

The United Nations passed a resolution in April – Security Council Resolution 1918 – that called on all nations to criminalize piracy in their domestic law, tasked the secretary-general with examining the hodgepodge prosecution of pirates and promised sustained attention. A report from Secretary-General Ban Ki-moon this summer outlined possibilities from more assistance to regional governments (in effect, more of the same) to constructing a dedicated regional or international piracy tribunal.

In the short term, anything would improve on the status quo. The best long-term option would be establishing an international tribunal by the United Nations. The Security Council’s authority is manifest: Rampant piracy in the Indian Ocean plainly constitutes a threat to international peace and security, the criteria for action under Chapter VII of the U.N. Charter.

Such a tribunal would most reliably distribute the cost of prosecutions across the international community. Governments would also be more disposed to jail pirates within the context of a U.N.-backed tribunal: More than 20 countries have agreed to enforce sentences handed down by the International Criminal Tribunals for Rwanda or the former Yugoslavia in their prisons.

The tribunal would develop a consistent rule of decision for captured pirates, with specialized rules of evidence and procedure to accommodate the unique challenges of piracy cases, reducing the number of defendants who escape on technicalities or claim asylum. While a few acquitted pirates may still qualify for asylum, this is not too high a price for dealing with the scourge of piracy.

Nor should a piracy tribunal alarm those concerned about the emergence of international judicial bodies with easily politicized mandates: Piracy often takes place beyond the reach of any state’s territorial jurisdiction, and the international law of piracy is ancient, universally accepted and clear.

The United States is the world’s leading trading nation, and U.S. naval assets form the backbone of the international fleet deployed against Somali pirates. Washington should be at the forefront of legal and military efforts to ensure the freedom of the seas, whatever legal architecture is ultimately decided upon.

Critics of President Obama’s decision to prosecute Guantánamo Bay detainees in federal courts have seized on the verdict in the Ahmed Ghailani case as proof that federal trials are a disastrous failure. After the jury on Wednesday found Mr. Ghailani guilty of only one charge in the 1998 African embassy bombings, Mitch McConnell, the Republican leader in the Senate, called on the administration to “admit it was wrong and assure us just as confidently that terrorists will be tried from now on in the military commission system.”

The verdict — in which Mr. Ghailani was found guilty of conspiring to blow up United States government buildings and not guilty on 284 other counts — came as a surprise to many, but the outcome does not justify allowing political rhetoric like Senator McConnell’s to trump reality.

True, prosecutors suffered a major setback when Judge Lewis Kaplan of the Federal District Court in Manhattan refused to permit the testimony of the only witness who could connect Mr. Ghailani to the explosives used in the bombings. The judge did so because Mr. Ghailani claimed that he revealed the identity of this witness after being tortured by the C.I.A. The prosecution did not contest his claim, arguing instead that the identificationof this “giant witness for the government” was only remotely linked to Mr. Ghailani’s interrogation.

Judge Kaplan disagreed, saying that Americans cannot afford to let fear “overcome principles upon which our nation rests.” He said that, given the same circumstances, a military commission judge might have reached the same conclusion and barred the testimony.

Many have scoffed at this claim. Representative Peter King, a New York Republican, insists that Judge Kaplan “doomed” the case. Yet a look at the record shows that Judge Kaplan’s assessment of what a military commission judge might have decided was well founded.

Consider Mohammed Jawad, an Afghan teenager who was charged with attempted murder for throwing a grenade at an American vehicle in Kabul in 2002. In 2008 a military judge, Col. Stephen Henley, suppressed incriminating statements Mr. Jawad had made after he was beaten and his family threatened while he was in Afghan custody. The military commission charges were later dropped and last year the United States sent Mr. Jawad home to Afghanistan.

We don’t know for certain whether a military judge would have reached the same conclusion as Judge Kaplan, but given the Jawad precedent it seems very possible. Those who claim to know that the government would have gotten a more favorable ruling in a military commission are ignoring the record.

In any case, Mr. Ghailani now faces a sentence of 20 years to life. Even if he gets the minimum, his sentence will be greater than those of four of the five detainees so far convicted in military commissions. Only one defendant, Ali Hamza al-Bahlul, has been sentenced to life, and this was after he boycotted his tribunal and presented no defense.

Of the four detainees who participated in their military commissions, Omar Khadr, a Canadian citizen who was 15 when arrested, is serving the longest sentence after pleading guilty to murder. Yet he will serve no more than eight years behind bars, less than half of Mr. Ghailani’s minimum incarceration. Salim Hamdan, Osama bin Laden’s former driver, was sentenced to five and half years in 2008 but given credit for time served; five months later he was free. There is no reason to assume that a military commission sentence will be more severe than one from a federal court.

In addition, Mr. Ghailani may well serve his sentence at the “supermax” federal prison in Florence, Colo., where others convicted in the embassy bombings are confined. If so, he will spend more time in solitary and enjoy fewer privileges than those under the most restrictive measures at Guantánamo.

President Obama is in a no-win situation when it comes to trying detainees — any forum he chooses will set off critics on one side of the debate or the other. I hope he pauses to reflect on what he said at the National Archives in May 2009: “Some have derided our federal courts as incapable of handling the trials of terrorists. They are wrong. Our courts and our juries, our citizens, are tough enough to convict terrorists.”

The Ghailani trial delivered justice. It did so safely and securely, while upholding the values that have defined America. Now Mr. Obama should stand up to the fear-mongers who want to take us back to the wrong side of history.

Here’s a simple proposal to break the impasse over how to proceed against Khalid Sheik Mohammed and his colleagues: Press charges in both military commissions and in federal court. Call it the John Allen Muhammad model.

The 2002 D.C. area sniper case is strangely instructive in planning the trials of the Sept. 11 plotters. Recall that when Muhammad and accomplice Lee Boyd Malvo were captured, several of the jurisdictions in which they had killed people filed charges. Virginia authorities were allowed to proceed first and given custody, but the other jurisdictions held their cases in reserve. Maryland prosecutors pursued their case even after Muhammad and Malvo were convicted in Virginia. If by some fluke the Virginia trials had ended in acquittals, other states would have proceeded.

Fast-forward to KSM and his fellow plotters. These men are undoubtedly war criminals who can be tried by military commission. They are also undoubtedly criminals under a gazillion different sections of the U.S. Code. Proponents of military commissions believe deeply that commissions are the most viable trial forum and symbolically important for stressing that America is at war. One reason they so viscerally oppose trying the Sept. 11 conspirators in federal court is that it mutes that symbolism and makes terrorism a law enforcement matter.

Proponents of federal court trials believe with equal sincerity that federal courts offer the most pragmatic answer and the best way to honor the rule of law. For them, the failure to use federal courts bespeaks a lack of faith in American justice, an effort to circumvent our values.

Both sides have valid points at the symbolic level, and a trial in any forum could play out badly. Neither camp, however, is willing to give up on the idea of a trial and just keep the plotters in military detention – the option that arguably makes the most practical sense. So if having no trial is politically impossible, and we are paralyzed by not being able to choose, why not use both?

True, the Constitution doesn’t let the government try someone twice for the same crime. But it does not forbid serial prosecution for different crimes. And the Sept. 11 conspirators committed a lot of different crimes. It should be possible to divvy them up, putting the ones that seem most like war crimes in front of a commission and the ones that seem most like regular criminal offenses before a federal court.

What if, for example, prosecutors charged the attack on the Pentagon and the deaths there in a military commission, but the hijacking of civilian aircraft and the deaths at the World Trade Center in federal court? Alternatively, they could charge KSM with a single discrete offense in federal court and put the broader Sept. 11 conspiracy case before a military commission – or vice versa. While prosecutors would have to be careful in sequencing the charges and presenting evidence to prevent an acquittal in any first case from spoiling the second, the magnitude and diversity of the Sept. 11 offenses should enable creative prosecutors to navigate the issue.

The first and most important advantage to this approach is that it would alleviate the zero-sum quality of the current debate. So if prosecutors, say, decided to proceed first in federal court, believers in commissions would not have to give up on their preferred venue; and if they conversely decided to move first in the commissions, believers in federal court trials would have lost only a dispute over sequencing. A second trial might never happen, just as a bunch of jurisdictions never brought the D.C. snipers to trial. But even if those trials don’t happen, the government will have preserved its symbolic equity in the values that second tribunal represents.

It would not be saying that “this is war” or that “this is law enforcement”; it would be saying both. That has the happy side benefit of accurately reflecting the Obama administration’s view of the subject.

A second set of charges would also provide a valuable fail-safe against the possibility of total system failure. This is a bigger possibility in this kind of trial than it was in the sniper case. Military commissions remain something less than ready for prime time, and federal court trials can go bad, too. The volume of coerced evidence in the Sept. 11 conspiracy case will make trial in any forum challenging. Having a second set of charges pending in a second venue even as the first set goes to trial would reduce the ugly pressure to guarantee a conviction.

It would also give Attorney General Eric H. Holder Jr. a ready answer to a question with which he has publicly struggled: What will we do in the event of an acquittal? We will, he could simply say, move forward with the next case.

The Obama administration wants to show that federal courts can handle trials of Guantánamo Bay detainees, and had therefore placed high hopes in the prosecution of Ahmed Khalfan Ghailani, accused in the 1998 bombings of American embassies in East Africa. On Wednesday a federal judge, Lewis Kaplan of the United States District Court in Manhattan, made the government’s case much harder when he excluded the testimony of the government’s central witness because the government learned about the witness through interrogating Mr. Ghailani at a secret overseas prison run by the C.I.A.

Some, mostly liberals and civil libertarians, applauded the ruling, saying it showed that the rule of law is being restored. But many conservatives denounced it as proof that high-level terrorists cannot reliably be prosecuted in civilian courts and should instead be tried by military commissions.

The real lesson of the ruling, however, is that prosecution in either criminal court or a tribunal is the wrong approach. The administration should instead embrace what has been the main mechanism for terrorist incapacitation since 9/11: military detention without charge or trial.

Military detention was once legally controversial but now is not. District and appellate judges have repeatedly ruled — most recently on Thursday — that Congress, in its September 2001 authorization of force, empowered the president to detain members of Al Qaeda, the Taliban and associated forces until the end of the military conflict.

Because the enemy in this indefinite war wears no uniform, courts have rightly insisted on high legal and evidentiary standards — much higher than what the Geneva Conventions require — to justify detention. And many detainees in cases that did not meet these standards have been released.

Still, while it is more difficult than ever to keep someone like Mr. Ghailani in military detention, it is far easier to detain him than to convict him in a civilian trial or a military commission. Military detention proceedings have relatively forgiving evidence rules and aren’t constrained by constitutional trial rules like the right to a jury and to confront witnesses. There is little doubt that Mr. Ghailani could be held in military detention until the conflict with Al Qaeda ends.

Why, then, does the Obama administration seek to prosecute him in federal court? One answer might be that trials permit punishment, including the death penalty. But the Justice Department is not seeking the death penalty against Mr. Ghailani. Another answer is that trials “give vent to the outrage” over attacks on civilians, as Judge Kaplan has put it. This justification for the trial is diminished, however, by the passage of 12 years since the crimes were committed.

The final answer, and the one that largely motivates the Obama administration, is that trials are perceived to be more legitimate than detention, especially among civil libertarians and foreign allies.

Military commissions have secured frustratingly few convictions. The only high-profile commission trial now underway — that of Omar Khadr, a Canadian who was 15 at the time he was detained — has been delayed for months. Commissions do not work because they raise scores of unresolved legal issues like the proper rules of evidence and whether material support and conspiracy, usually the main charges, can be brought in a tribunal since they may not be law-of-war violations.

Civilian trials in federal court, by contrast, often do work. Hundreds of terrorism-related cases in federal court have resulted in convictions since 9/11; this week, the would-be Times Square bomber, Faisal Shahzad, was sentenced to life in prison after a guilty plea.

But Mr. Ghailani and his fellow detainees at Guantánamo Bay are a different matter. The Ghailani case shows why the administration has been so hesitant to pursue criminal trials for them: the demanding standards of civilian justice make it very hard to convict when the defendant contests the charges and the government must rely on classified information and evidence produced by aggressive interrogations.

A further problem with high-stakes terrorism trials is that the government cannot afford to let the defendant go. Attorney General Eric Holder has made clear that Khalid Shaikh Mohammed, the 9/11 plotter, would be held indefinitely in military detention even if acquitted at trial. Judge Kaplan said more or less the same about Mr. Ghailani this week. A conviction in a trial publicly guaranteed not to result in the defendant’s release will not be seen as a beacon of legitimacy.

The government’s reliance on detention as a backstop to trials shows that it is the foundation for incapacitating high-level terrorists in this war. The administration would save money and time, avoid political headaches and better preserve intelligence sources and methods if it simply dropped its attempts to prosecute high-level terrorists and relied exclusively on military detention instead.

Hace unos días asistí al estreno, en Madrid, de La fiesta de los jueces, obra de teatro de la que es autor y director Ernesto Caballero. El espectáculo tiene como protagonistas a varios miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, al final del acto solemne de Apertura del Año Judicial, deciden representar, en versión libre, El cántaro roto, una farsa costumbrista del dramaturgo alemán Heinrich von Kleist, donde se denuncia la corrupción de la justicia y el abuso de los jueces. En un escenario cubierto de procedimientos judiciales previamente pasados por una trituradora de papel y con un gran espejo en el que los actores se reflejan, los propios jueces, mediante la técnica del teatro dentro del teatro, se juzgan a sí mismos, en un original e inteligente juicio popular.

La representación teatral, todavía en cartel y que recomiendo ver, coincide con la Apertura del Año Judicial que ayer, con arreglo a la usanza de las tres últimas décadas, el Rey declaró inaugurado después de que el fiscal general del Estado leyese la memoria anual y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ pronunciara el discurso de rigor. Salvo mejores opiniones, el acto, como los anteriores, fue el reestreno de una obra de teatro muy ensayada. Poseo la colección completa de los discursos de apertura de tribunales -desde 1870- e incluso he asistido personalmente a una docena de ellas. Que recuerde, en ninguno se han pronunciado palabras que declaren decepciones o pesimismos. Todos son recapitulaciones formales de lo que se hizo o se dejó de hacer y nunca oí hablar de lo mal que fueron las cosas y de las culpas de unos y otros. Aparte de disparar el cohete anunciando que se abre el portón de los tribunales, lo que más me suenan son las sugerencias recomendando el borrón y cuenta nueva del periodo anterior de una justicia que subsiste como una empresa al borde de la quiebra.

Esto no sólo lo digo yo. Que 24 horas antes de tan solemne acto, las asociaciones judiciales, excepto una, firmaran un comunicado conjunto para expresar su malestar con la actual situación de los tribunales, es prueba de que nuestra justicia está gravemente enferma, casi desahuciada. El diagnóstico de los jueces y magistrados es alarmante. En la nota emitida puede leerse que «el año judicial que comienza viene precedido por uno de los peores de la carrera Judicial en mucho tiempo». «En este contexto no hay nada que celebrar, ni tiene sentido una apertura de tribunales que se encuentran en estado de ruina», señala otro comunicado de prensa difundido anteayer por uno de esos colectivos judiciales.

No se trata de aguar la fiesta, sino de llevar vino a la fiesta. Hace tiempo y si no véanse las encuestas, que la fe de los ciudadanos en la justicia es escasa. A pesar de que no son pocos los españoles que tienen hambre y sed de justicia hasta los mismos límites de la indigencia, hoy por hoy esa necesidad está al descubierto y no puede preservarse de sus inclemencias. Lamento decirlo, pero tengo la sensación de que a algunos, entre los que incluyo a jueces, les pasa como a los enfermos de anorexia, que pueden estar en el lecho de muerte y siguen viéndose gordos.

«Detrás de la comedia y de la sátira se encierra un dolor y una preocupación por ese pilar del Estado que está sufriendo las consecuencias de no haber hecho una reforma en su momento», dijo Ernesto Caballero el día del estreno de La fiesta de los jueces. Cuánta razón tiene. Lo mismo que cuando confiesa su inquietud porque «la justicia haya caído en una justicia de autor». Es verdad. En materia de justicia, España lleva muchos años dormida en los laureles. Nos hemos creído que era una cuestión menor, un artículo de última necesidad y así nos va. Todo lo que nos pasa, nos está bien empleado. La justicia de verdad, la Justicia con mayúscula, no interesa a ningún instrumento de poder y cuanto peor funcione, menos controles, menos problemas y, por consiguiente, más libertad de acción para los dislates y fechorías. Si los gobernantes acertaran a poner en manos de los ciudadanos la herramienta de hacerles cómodo y saludable acudir a los tribunales, el problema entraría en la vía de solución, pero este trance ideal está todavía muy lejos por el mansueto entendimiento que los políticos tienen de la justicia, a lo que se añade, dicho sea de paso, la tendencia de una buena parte del funcionariado judicial de hacer de la justicia algo que pertenece a su libre albedrío.

A excepción de unos cuantos, casi nadie discute que la Justicia da más sobresaltos y disgustos que gozos y satisfacciones y que cada día la gente la entiende menos. Sus ritmos son desesperantes y nuestra maquinaria judicial se mueve aún a velocidad de tortuga, lo que es síntoma de inseguridad y agotamiento. Por eso creo que el comienzo del año judicial no ha de ser el día de los jueces sino el de los ciudadanos. Son estos quienes han de hacer memoria y sacar conclusiones de cómo ha sido el que se va y cómo desean que sea el recién estrenado. Desde luego, ante los malos resultados, al que termina lo despedirán con gusto y al que viene seguro que lo saludarán con desconfianza. Han sido tantos años judiciales ruines que es muy difícil pensar que el siguiente será mejor y nos conformamos con que no sea peor que el anterior.

En La fiesta de los jueces, su autor y sus actores se enfrentan, con mano maestra, a la situación actual de nuestra justicia y obtienen lógicas y sabias consecuencias que bien hubieran de servir a los jueces a acertar a entenderlas y digerirlas. En su análisis describe a un Poder Judicial no constitucional, desde el momento en que está subordinado al poder político y, por otro lado, presenta una organización judicial que más que administración ordenada es un desastre. Todos estos hechos son bien conocidos. Lo que faltaba era subirlos a un escenario. «La Justicia es una tierra de pelea entre los distintos partidos, continuamente puesta en solfa, en la prensa, y que levanta grandes pasiones», dice en una entrevista el actor Santiago Ramos, que representa el papel del juez Adán.

Y todo por culpa de una carrera judicial que, por lo general, no ha combatido por ocupar el lugar que le corresponde en la lista de los poderes constitucionales. Tan es así, que quizá la causa más grave del actual estado de cosas sea el papel residual que el Poder Judicial ha ocupado dentro del Estado, las históricas y constantes abdicaciones de que ha hecho gala respecto a poderes no tanto institucionales como reales. El poder judicial jamás ha sido homogéneo y, en general, los jueces no han dado la cara por su independencia cuando la situación lo ha exigido. Durante muchos años ha tenido un infinito complejo de inferioridad y ha girado en la rueda del verdadero poder como un minúsculo rodamiento fácil de engrasar. Esto es algo que todo el mundo sabe. Hasta los propios jueces que, hartos de la situación, a comienzos de este año, en acción conjunta, publicaron un manifiesto titulado Plataforma por la despolitización de la Justicia y la Independencia Judicial, donde denuncian «el desmesurado grado de politización y la pérdida de independencia en que se encuentra el Poder Judicial» y reprueban «el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inicio el poder político dominante».

Lo que en buena lógica se impone es el esfuerzo por lograr que el Poder Judicial triunfe como el Derecho debe triunfar en un Estado de tal nombre. Ya sabemos que el paisaje no es alentador. Nadie puede extrañarse de que los jueces duden de que el CGPJ les represente y, lo que es más dramático, que defienda la independencia judicial. Una institución cuyos miembros son nombrados como lo son, poco puede dar de sí, pues un órgano constitucional reverente y dócil no pasa de una burocratizada jefatura de servicios controlada por unos y otros. Desde su constitución en 1980 hasta nuestros días, no todos, pero sí en su conjunto, los vocales han sido marionetas movidas por los mandamases de turno. Esto no es un juicio temerario. Lo que ofrezco son datos netos que nos perseguirán hasta que no se produzca una verdadera revolución en bloque de los jueces, dispuestos a llevar a cabo, en los términos planteados, sus justas y legítimas reivindicaciones. Son infinitas las preguntas que podrían hacerse a cualquier responsable del poder judicial y seguro que muy pocos estarían dispuestos a contestar con un mínimo de credibilidad. Sólo los ciudadanos imaginan las peores de las respuestas.

Confieso que, al igual que muchos, me gustaría decir bienvenido sea el nuevo año judicial, bienvenidos sean los nuevos proyectos, bienvenidas sean las nuevas ilusiones, bienvenidos sean los renovados propósitos de enmienda y hasta bienvenidos sean esos cacareados planes de modernización o los sonoros Pactos de Estado por la Justicia que todos los años, por estas fechas, son invocados por el ministro o el vocal de CGPJ designado para la ocasión. Pero no me atrevo. Son bastantes años viendo aperturas de tribunales presididas por la retórica. Alocuciones de unos y otros que no explican los problemas de la justicia y que se apoyan en lo ceremonial y en los medios de comunicación para confundir al personal, aunque éste ya no traga porque está muy escaldado. En este sentido, ayer el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, daba en la diana al proclamar que el grado de civilización de una sociedad viene determinado por la eficacia de su sistema judicial.

Pese a su carácter satírico -tiene mucho de ópera bufa-, en La fiesta de los jueces suena la voz de la desesperanza y tengo para mí que en las páginas del texto están secas no pocas lágrimas amargas de desilusión y de desencanto, lo cual ya debería servirnos de lección suficiente. Estoy convencido de que la obra habrá irritado a algunos espectadores, judiciales y no judiciales -tampoco, muchos-, porque la sinceridad no gusta a quienes están acostumbrados a una realidad judicial maquillada, a la verdad silenciada y al elogio ritual. Sin embargo, también tengo la seguridad de que habrá encantado a cuantos padecen por la injusticia disfrazada de Justicia y a los que buscan qué hay detrás de las palabras altisonantes y de las ideas hueras.

Es cierto, como contaba Javier Villán en este periódico, que el día que asistí a la representación de La fiesta de los jueces, despedí la función y a sus actores con aplausos. Lo hice por varios motivos. El primero y principal, porque la obra se adentra en la misma esencia judicial y describe, uno por uno, los síntomas más dolorosos de la Administración de Justicia. En palabras más prosaicas, perezosa, indolente, atascada, desigual, imprevisible, mal trabada, desgarrada y, por supuesto, ineficaz. Después, porque está dedicada a los ciudadanos y a los jueces, unos y otros, en iguales proporciones, víctimas de la anarquía, el caos, el desgobierno, el desbarajuste y el desconcierto de nuestra Justicia. La conclusión es que todos se mofan de la judicatura y fustigan sus desmanes. Gemidos como «¡Justicia emprende tu camino!» o «¡Qué engaño!» y la estampa final de la mujer de la limpieza metiendo la balanza de la Justicia en el cubo de la basura son de una emoción que estremecen.

When a mother of two can be sentenced to death by stoning on the basis of a disputed confession of adultery and without proper legal representation, there is little reason for faith in the fairness or mercy of Iran’s judicial system. But as in the appalling case of Sakineh Mohammadi Ashtiani, the 20-year jail sentences just handed out to seven Bahá’í leaders must provoke an international outcry in the hope that the Iranian government can be shamed into thinking again.

The sentences follow a sham trial in which the accused faced a variety of charges ranging from spreading propaganda against the state and engaging in espionage, to conspiring to commit offences against national security. Unless international pressure can force a change of mind, many of the Bahá’í leaders are doomed to die in prison. The oldest – Jamaloddin Khanjani – is already 77 years old.

Their former lawyer, the Nobel peace prizewinner Shirin Ebadi, who has herself been forced into exile because of her outspoken criticism of the Iranian regime’s record on human rights, has said that there is no evidence to support the charges or claims of the prosecutor. What is also clear is that the trial comes after over two years of harsh and illegal detention and unfair treatment which violated not just international norms but also Iranian law.

The five men and two women had already spent eight months in jail before they were charged with any offence. Though Iranian law grants the accused the right to have a lawyer present during the investigation, this right was denied the prisoners.

During two years of incarceration, lawyers working with Ebadi were granted less than two hours with their clients. They had only a few hours to examine the case files, comprising hundreds of pages. In the little time they were granted, they discovered the files were compiled by officials from the ministry of intelligence, despite Iranian law stipulating that such agents “should not be entrusted with the investigation … of the accused”.

The catch-all charge of espionage exposes the reality behind the regime’s cruel behaviour. Over the years, Bahá’ís have found themselves accused of being tools of Russian imperialism, British colonialism, American expansionism and most recently Zionism.

But when we learn that Bahá’ís accused of spying for Israel are offered exoneration and the restoration of all the rights of citizenship if they will simply recant their faith, we can see such charges are totally baseless.

The desecration of Bahá’í cemeteries, the demolition of shrines and confiscation of Bahá’í property are unlikely punishments for a band of spies.

The truth behind this sentence is that it is an attempt to decapitate Iran’s 300,000 strong Bahá’í community. As members of Iran’s biggest religious minority, they have suffered decades of discrimination, harassment and appalling treatment. Most recently, 50 Bahá’í homes were razed in northern Iran, and we know of at least 47 other Bahá’ís currently imprisoned.

Yet the Bahá’í faith, which has its roots in Iran, is a gentle religion which emphasises the spiritual unity of all humankind and builds on the prophets of many faiths, including Jesus and Mohammed. It poses no threat to the Iranian regime. The peaceful, constructive lives led by millions of Bahá’ís in other countries contradict the fears of the Iranian regime. Iran’s disregard for its own laws, let alone its human rights obligations, exposes its religious fanaticism.

The foreign secretary, William Hague, has already said he was “appalled” at this “shocking example of the Iranian state’s continued discrimination against the Bahá’ís”. The US secretary of state, Hillary Clinton, called the sentence a “violation” of Iran’s international obligations. Australia, Canada, the European parliament and European Commission, France, Germany and the Netherlands have expressed their concern as have, among others, Amnesty International and Human Rights Watch.

A chorus of condemnation is reminding Iran that it signed and ratified the International Covenant of Civil and Political Rights, in which Article 18 upholds the right to adopt and practice a religion or belief. The Iranian authorities, despite what they pretend, are not deaf to international criticism. We must all add our voices on this latest abandonment of Iran’s human rights obligations so the regime hears us loud and clear.

There were fatal flaws in the recent suggestion that Congress should designate Guantanamo Bay part of an existing federal district court or as a separate federal district court so that those accused of the Sept. 11, 2001, attacks can be tried there ["Try them in federal court -- at Gitmo," Washington Forum, July 16].

Eugene R. Sullivan, a former chief judge for the U.S. Court of Appeals for the Armed Forces, and Louis J. Freeh, a former U.S. District Court judge and director of the FBI, argued that creating, by statute, a civilian district court trial at Guantanamo would provide a fair, independent and universally respected forum, in contrast to “untested and widely questioned” military commissions; deny to Khalid Sheik Mohammed and others a military forum that enhances their image as “warriors”; and avoid the “prohibitive” security costs of a trial elsewhere in the United States.

They are wrong on numerous levels.

First, the Sixth Amendment guarantees defendants a trial “before an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed.” Given the locations of the Sept. 11 crashes, this would require a jury drawn from the Southern District of New York, the Eastern District of Virginia, the Western District of Pennsylvania or the districts where the flights originated. Most if not all jurors have families, friends and co-workers who would know they were serving in a distant location. Their anonymity could not be preserved. Two “anonymous” jurors in the far less celebrated trial of the “Blind Sheikh,” Omar Abdel Rahman, were terrified to find reporters waiting at their homes after the verdict.

The prospect of long-term security presents a prohibitive personal cost to jurors and financial cost to the government, and long-term sequestration is a recipe for friction and eventual disaster. Recall the principal modern experience with it in a famous case: that of Orenthal James Simpson.

Nor is it certain that the verdict returned by a civilian jury held in military custody far from home for months would be received as fair and independent.

As to the question of civilian court vs. military commission, a civilian trial would not “uphold the rule of law,” nor would avoiding a military commission deny the defendants their self-styled status as “warriors.” The civilized world has tried over several hundred years to establish rules of warfare so that those who wear uniforms, follow a recognized chain of command, carry their arms openly and do not target civilians are treated as prisoners of war when captured. Those who follow none of these rules are treated as war criminals, not as ordinary defendants accused of ordinary crimes and entitled to far more robust protection than war criminals. Congress recognized this when it passed the 2006 Military Commissions Act to deal with Islamist terrorism; disregarding that statute is lawless. Moreover, giving those who violate the laws of war more protection than is accorded those who follow such rules turns those rules and their underlying morality on their head.

This country has tried all manner of defendants before military commissions, from the time of the Revolution through World War II. All shared one attribute: Their acts were directed at endangering this country’s survival. Those charged before such commissions do not become “warriors” simply because the forum in which they appear is styled “military.” Indeed, those who conspired to assassinate President Abraham Lincoln and others in government were tried before a military commission and hanged as war criminals, even though the Civil War was over when they acted.

Proponents of civilian trials overlook practical difficulties that arise because the accused are terrorists. The battlefield, where KSM and others were captured, does not provide the setting in which evidence can be gathered the way it is when a defendant is apprehended by civilian authorities. In civilian trials, federal rules restrict admissibility of evidence; in military commissions, the touchstone for admissibility is simply relevance and apparent reliability.

Sullivan and Freeh note that the current military commissions have had mixed results. That may be due to military courts’ unfamiliarity with the conventions of conspiracy law, which appears to account, for example, for the finding that Osama bin Laden’s driver was not substantially blameworthy even though he bore principal responsibility for bin Laden’s physical safety and, like those who serve similar functions for organized crime bosses, had to have been among his most trusted aides. Despite the claims of Attorney General Eric Holder, civilian tribunals are not certain to render appropriately severe verdicts. Civilian courts have not returned capital verdicts against the Sept. 11 plotter Zacarias Moussaoui or those charged in connection with the East Africa embassy bombings that killed hundreds.

A more basic criticism of military commissions is that they diverge from the principal mission of the armed forces, which is to fight and win wars. And while we have had short-term success with military commissions, we need an institution that can fulfill the mandate of trying terrorists over the long term and that has the backing of government at all levels.

The long-term answer, as several have suggested, may be a court created for this purpose by Congress and perhaps presided over by Article III judges but with juries drawn from the military. That is, unfortunately, as politically unworkable now as a Guantanamo district court is practically unworkable. The current Congress won’t pass such legislation, and the current president would not sign it. In the short term, then, we have to work with the tool Congress fashioned: military commissions in Guantanamo, a remote, secure and humane location. Its courtroom facility is unparalleled anywhere on the mainland for handling highly secure data, and proceedings can be monitored from the elaborate press gallery. If we pride ourselves on being a nation of laws, we can start by applying the law we have.

Aunque los problemas de nuestra Administración de Justicia no se resuelven de la noche a la mañana y no existen recetas mágicas para remediar los males que desde hace tanto tiempo vienen aquejándola, ahora estamos más cerca de conseguir olvidar el siglo XIX en el que parecía haber quedado irremediablemente anclada. No ha sido fácil encontrar un punto de equilibrio en el que confluyeran las medidas necesarias para luchar contra las dos lacras que, a mi juicio, han lastrado el mal funcionamiento de la Justicia española: unas deficientes leyes de procedimiento y una ineficaz organización administrativa.

Así, la actualización de los procedimientos para suprimir trámites superfluos que aliviaran parte de la carga de trabajo de los juzgados debía ir acompasada por un escrupuloso respeto de las garantías procesales. Por otro lado, en la reestructuración de la organización Administrativa de la Justicia no bastaba con garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción, sino que el servicio público finalmente impartido a los ciudadanos tendría que ser producto de una Justicia de calidad. Por consiguiente, las medidas reformadoras debían transmitir a los ciudadanos un convencimiento firme de que, por fin, íbamos a dejar atrás, y para siempre, la idea común de una Justicia lenta, ineficiente, cara y poco transparente.

Pues bien, el primer objetivo de esta modernización de la Justicia es conseguir que los procedimientos judiciales y las normas procesales, desde el plano de la razón, sean, siguiendo los consejos de Michele Taruffo, «más coherentes e instrumentalmente válidas». En ese sentido, se ha venido realizando en estos años un importante esfuerzo para reformar nuestras leyes de procedimiento (civil, laboral y contencioso-administrativo); un esfuerzo que se ha visto plasmado con letra en el BOE, con la excepción de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya modificación debería ser una prioridad inmediata para actualizar también el proceso penal. Se ha conseguido podar una parte importante de la frondosa hojarasca que envolvía el matorral de nuestro sistema procesal y que no animaba precisamente a los ciudadanos a aventurarse en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos.

Junto con estas medidas legislativas y con la mirada puesta en la mejora del servicio público de la Justicia, también han sido planificadas otras acciones a fin de lograr un nuevo esquema para la distribución y organización del trabajo judicial. La puesta en marcha de la nueva oficina judicial, prevista desde el año 2003 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá ir ante todo dirigida a racionalizar las tareas de gestión en los juzgados y tribunales, procurando la especialización de los funcionarios y fomentando una mayor implicación en el trabajo. Con esta nueva oficina se tratará de lograr que la estructura y organización de los juzgados españoles responda a las necesidades de la sociedad, y facilitar, de esta manera, una más pronta y ágil respuesta a los ciudadanos.

En esto consiste el Plan para la modernización de la Justicia, en racionalizar el trabajo, en separar lo jurisdiccional de lo que no lo es, en la introducción de las nuevas tecnologías y sistemas avanzados de comunicación, en sustituir el papel y los legajos por formatos electrónicos. Para ello sin duda serán instrumentos decisivos los sistemas tecnológicos que permitan las comunicaciones entre las distintas sedes judiciales y la interconexión e intercambio de información entre operadores jurídicos y órganos judiciales, haciendo posible, esto último, que los diferentes trámites procedimentales se puedan realizar de forma telemática.

Se trata, en definitiva, de que en los próximos años todos los juzgados y tribunales del país estén en condiciones de trabajar en red. El desuso del papel que supondrá el expediente digital no es sólo una cuestión de imagen -pilares de legajos amontonados en las dependencias judiciales-, de operatividad o de espacio, sino que es sobre todo una cuestión de eficacia, rentabilidad y reducción de los costes de la Justicia. Un coste que a todas luces resulta evidente y que no es posible abordar si no va acompañado de un soporte presupuestario que, de momento, cuenta con un compromiso del Gobierno de la Nación cifrado en 600 millones de euros hasta el año 2012. Una inversión para nuevos medios técnicos y materiales, y también para incrementar el número de jueces, magistrados, fiscales y demás personal implicado en la tramitación del gran volumen de litigios y asuntos.

Pero en este proyecto de modernización de la Justicia española también tienen que implicarse las Comunidades Autónomas con presupuestos y acciones dirigidas a contribuir de manera decidida a la modernización judicial de sus territorios. Y es que el cambio requiere, además, del compromiso de todas las fuerzas políticas para lograr en España una Justicia moderna, de calidad, ágil, eficaz, garantista, responsable e igualitaria.

Porque en todo este proceso que, en definitiva, no conduce a la transformación de nuestra Justicia, no sólo está en juego el buen funcionamiento y la mayor eficacia de un servicio público esencial. Nos jugamos la forma en que el Estado social y democrático va a poder garantizar en el siglo XXI los derechos y las libertades de los ciudadanos.

François Guizot era un reconocido liberal que destacó en muchas facetas de la investigación histórica y política a lo largo del siglo XIX. No era nada sospechoso de radicalismo, pero una vez dijo que “entre la política y la justicia cualquier entendimiento tiende a la corrupción, y todo acuerdo es pestilente. Buscando el acuerdo la política se acusa y prestándose a ello, la justicia se pierde”. Otro gran pensador francés, el primer gran teórico europeo de la democracia, Charles Louis de Secondat, Montesquieu, dejó una huella indeleble cuando calificó a la Justicia como el tercer poder de la democracia, aunque después intentó matizar su posición al respecto. Ambas cosas nos interesan ahora de forma acuciante.

En España, de manera súbita aunque predecible, la Justicia ha reventado. Si a alguien le parece exagerado el diagnóstico, se puede decir de otra manera: está puesta en cuestión de arriba abajo.

No hay que esforzarse mucho para encontrar la casuística suficiente para probarlo: las acciones del Tribunal Supremo contra el juez Garzón; las reacciones de organizaciones sociales contra el Tribunal Supremo; la disparatada reacción del tribunal llamando a la prensa extranjera para justificar decisiones; las escandalosas prácticas de algún miembro del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al no inhibirse en una causa contra su íntimo amigo Francisco Camps; las broncas diarias del Tribunal Constitucional para elaborar un documento de consenso sobre el Estatut de Cataluña; la reclamación de 1.500 jueces para que se despolitice la Justicia. Y es que la mayoría de los jueces no están asociados. Es un largo listado de hechos que nos colocan ante el abismo.

¿Podemos fiarnos de la Justicia? Lo cierto es que si se leen los periódicos, la respuesta es la misma que si se consulta a personas que no tienen un conocimiento profundo del asunto: no siempre.

La Justicia española está en cuestión, ha perdido una gran parte del respeto de la ciudadanía. Ya no se puede diferenciar con facilidad qué decisiones de muchos tribunales o instancias diversas están bien armadas o sencillamente favorecen intereses políticos o corporativos no siempre identificables. Se habla abiertamente de que un juez odia a otro juez y por eso le acusa de prevariación. Varela contra Garzón, Margarita Robles contra Garzón… O el juez Antonio Pedreira lidiando con sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la validez de algunas pruebas en el asunto de la trama Gürtel. La actitud de su presidente, con la entusiasta participación corporativa del Colegio de Abogados, no ha hecho sino abrir la posibilidad de que se dilate eternamente en el tiempo este importante asunto.

Es directamente escandaloso que en cualquier asunto judicial, sobre todo si afecta a las instancias más altas, aparezca casi siempre el componente político, la asociación judicial a la que pertenece cada juez o magistrado encargado de un caso. Lo que acaba significando para el ciudadano que la determinada composición de fuerzas que se produzca en una sala va a condicionar la decisión.

Esto nos lleva a dos consideraciones. La primera, la de la forma en que se decide qué jueces y por qué ocupan los distintos puestos de la Administración de Justicia. La segunda es más teórica, pero tiene repercusiones prácticas y organizativas de envergadura. Y es la de si la Justicia debe o no ser un poder. El razonamiento para estar en contra es muy sencillo: si se considera que es eso, que pasen por las urnas.

Más bien, de lo que se trataría es de que los jueces fueran independientes, sometidos a controles profesionales y, previamente, nombrados a partir de un sistema transparente que atienda a la capacidad y el mérito. Con un posible añadido: el del escalafón.

¿Cómo se nombra a los jueces para las instancias altas? Pues ya lo sabemos todos: a través de un sistema de reparto entre los partidos políticos. Creemos que este sistema ha llegado a su límite. Casi nadie llega a un puesto para rebelarse después, reclamando su independencia, contra el que le ha conseguido ese puesto.

La aparentemente imposible renovación del Tribunal Constitucional viene de ese vicio, de que el PP y el PSOE no se han puesto de acuerdo. Y no lo han hecho para no perder la votación sobre el carácter constitucional o no del Estatut. Si el embrollo es de esa naturaleza, entonces tenemos que convenir que tienen razón los que afirman que es válido porque así lo ha votado una mayoría de ciudadanos de Cataluña. Porque sería más legítima la decisión del voto (aunque no encajara en la Constitución) popular que la tomada por delegados de partidos.

Para un ciudadano con mínima conciencia esto es insoportable. Para el cuerpo de magistrados y jueces, debería ser una cuestión de dignidad, de decencia.

¿Urge o no la renovación del sistema? No está en riesgo el poder judicial, que es mayor que nunca. Está en riesgo la independencia de la Justicia, que es lo serio. Jueces inamovibles, independientes, y sometidos sólo al imperio de la ley, como dice la Constitución.

De los mimbres de una transición política dirigida por los herederos del franquismo salió una Constitución que supuso una ruptura con la dictadura, pero también una mala resolución institucional del poder judicial y del siempre irresuelto tema del pluralismo nacional del Estado. El tan alabado, por algunos sectores, “consenso” de la transición se realizó desde la iniciativa de los posfranquistas en el poder, una oposición débil y, sobre todo, en un contexto de amenazas militares por parte de los sectores más reaccionarios. Y ello se nota en la actualidad. El consenso muchas veces se obtuvo a fuerza de inconcreción y ambigüedad semántica que ha acabado favoreciendo a los sectores más jacobinos de derecha e izquierda en el desarrollo constitucional de los últimos 30 años. El poder judicial ha sido uno de los principales precios pagados por los demócratas en el paso de la dictadura a la democracia. Ahí está el bochornoso espectáculo que está dando el Tribunal Supremo con el caso Garzón.

Que un juez pueda ser condenado e inhabilitado a instancias de una organización fascista por sus actuaciones sobre los crímenes del franquismo resulta una situación esperpéntica en términos liberal-democráticos. El juez ha seguido los criterios de la legalidad internacional en sus diligencias sobre los crímenes de la dictadura. Incriminarle por “prevaricación” a partir de una ley de amnistía (que es preconstitucional, de nuevo la transición) viene a ser como si un juez alemán fuera juzgado por investigar los crímenes del nazismo. Resulta lógico que la valoración de la justicia española en el mundo internacional sea peor que la de estados tercermundistas. Una situación de democracia puesta del revés, con olor a franquismo en el Supremo.

A diferencia del legislativo y del ejecutivo, el poder judicial, además, no ha seguido las premisas del estado autonómico. Sigue todavía los patrones afrancesados de un Estado unitario y centralizado. A ello se suma la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), dos instituciones establecidas por la Constitución actual. Ambas regulaciones ejemplifican lo que una democracia liberal debe evitar: la politización de la justicia. Una politización monopolizada, a su vez, por los dos partidos nacionalistas españoles, PSOE y PP, lo cual tiene repercusiones para el conjunto del sistema político. El CGPJ se ha convertido en un problema más que en la solución que se pretendía para el “gobierno de los jueces”. Con la actual regulación sería mejor abolirlo. Por otra parte, la Constitución propicia que el TC haya llegado a lo que es en la actualidad: una institución deslegitimada, dividida, desprestigiada y caducada, a años luz de los principales tribunales de la política comparada.

Primer problema: su composición. Una de las tareas principales del TC es dirimir conflictos entre el poder central y las autonomías. Pero resulta que estas últimas no pintan nada en el nombramiento de ninguno de sus doce magistrados. A todos ellos los nombran instituciones del poder central (Gobierno, Parlamento y estructura judicial centralizada; la regulación del Senado es simplemente ridícula, otro fiasco constitucional). Así, el árbitro lo nombra sólo uno de los equipos. Hoy ya no parece haber en el TC “conservadores” frente a “progresistas”, sino distintas intensidades entre nacionalistas españoles jacobinos y recentralizadores (salvo algún caso aislado a contra corriente).

Segundo problema: el equipo que nombra al TC tiene un nombre: de nuevo, PSOE-PP. Los demás están fuera de las reglas de juego. Todo un ejemplo de pluralismo. En contraste con lo ocurrido en los primeros tiempos del TC, ello ha acabado por incentivar que se nombre a magistrados más dóciles a la voluntad de esos dos partidos que a juristas independientes de solvencia contrastada y altura de miras. PSOE y PP incumplen la Constitución al no renovar a los magistrados en los plazos legales. Los magistrados “caducados” deberían dimitir por mera dignidad institucional y personal.

Tercer problema: los procedimientos. Que este tribunal, aunque no estuviera caducado ni deslegitimado, pueda decidir sobre leyes aprobadas en referéndum por los ciudadanos es un auténtico despropósito procedimental. Supone simplemente incentivar el choque de legitimidades. Otro ejemplo de lo que un sistema democrático debe evitar. El TC está mal regulado constitucionalmente.

Algunos juristas aún creen que la realidad es aquello que dicen las leyes que es. Pero las cosas son lo que son, con independencia de las normas, normalmente efímeras, vigentes en un momento concreto. Las leyes franquistas decían lo que decían.

Y ya ven. La fracasada quinta propuesta de sentencia sobre el Estatut suponía una laminación importante del autogobierno. La siguiente se prevé aún peor. Pero para muchos catalanes el tema ya no es ese. Diga lo que diga este TC, no tendrá credibilidad alguna.

Parece que hay actores políticos que no comprenden muy bien lo que está pasando. Para buena parte de los ciudadanos de Catalunya todo el proceso se ha convertido ya en un profundo desapego a este Estado. Si las instituciones españolas no reconocen la nación catalana y laminan su escaso autogobierno, no tiene nada de extraño que buena parte de los catalanes se sientan ajenos a España y a su Constitución. En Catalunya, el independentismo aparece como una vía cada vez más racional y más razonable para un mayor número de ciudadanos. Se echan en falta políticos y juristas de altura en las principales instituciones del Estado. La democracia española está enferma. Y la inestabilidad futura, servida.

En su artículo del lunes pasado en este periódico, el escritor Suso de Toro formulaba la siguiente pregunta: “¿Quién es al final el dueño de la democracia, la ciudadanía o los jueces miembros de un tribunal?”. Tras este planteamiento inicial, el artículo discurría por otros derroteros y la cuestión quedaba sin resolver. Seguro, sin embargo, que a muchos ciudadanos les inquieta esta pregunta, especialmente durante estos días en que tanto se habla del asunto Garzón y de la sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Intentaremos responder, por tanto, al interrogante que dejaba abierto Suso de Toro.

Vayamos al grano. La democracia es aquel sistema de gobierno en el cual el poder reside en el pueblo y sólo en el pueblo. Así pues, tanto al final como al principio, el “dueño de la democracia” en nuestro país es el ciudadano, son los ciudadanos que en su conjunto constituyen el pueblo español. La Constitución no ofrece ningún resquicio a la duda cuando afirma en el artículo 1.2 que la soberanía reside en el pueblo, y añade: “del que emanan los poderes del Estado”.

Uno de estos poderes – junto a los poderes legislativos y ejecutivos-es el poder judicial, es decir, el poder que tienen jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, el poder de estos jueces y magistrados emana del pueblo y ello se reafirma en el artículo 117.1: “La justicia emana del pueblo y se administra (…) por jueces y magistrados integrantes del poder judicial (…) sometidos únicamente al imperio de la ley”. En consecuencia, jueces y magistrados administran la justicia – hacen justicia-sometidos únicamente al imperio de la ley. En esta coletilla final, en este sometimiento del poder judicial a la ley, está la clave para entender que los jueces son órganos plenamente democráticos.

Advirtamos que el término “sometimiento a la ley” debe interpretarse como sometimiento al ordenamiento jurídico, es decir, al conjunto de normas de distinto rango – Constitución, leyes y reglamentos-ordenadas mediante los principios del Estado de derecho. El juez, pues, ejerce sus funciones jurisdiccionales sometido al ordenamiento, lo cual significa que sólo puede realizar actos en aplicación de las normas de este ordenamiento. En ello consiste, precisamente, la independencia judicial, base de la justicia democrática. Veamos.

Las funciones del juez se limitan, como es sabido, a resolver controversias entre dos o más partes de acuerdo con el derecho vigente y a través de un proceso prefijado en las leyes. En este proceso, así como, sobre todo, en la sentencia que le pone fin, el juez es independiente de todos los demás órganos del Estado, sean legislativos, ejecutivos e, incluso, judiciales, es decir, también es independiente de los demás jueces y tribunales. Pero a esta independencia de los demás órganos se le debe añadir que, paradójicamente, es absolutamente dependiente de las leyes, del ordenamiento jurídico. Así pues, la independencia judicial significa absoluta independencia orgánica pero también absoluta dependencia funcional, absoluta dependencia en el ejercicio de la función jurisdiccional: este es el significado de la coletilla final del citado artículo de la Constitución cuando dice que los jueces están sometidos “únicamente” al imperio de la ley.

¿Por qué la independencia judicial es algo aparentemente tan contradictorio en sus propios términos gramaticales que acaba convirtiéndose en absoluta dependencia de las leyes? Precisamente porque estamos hablando de jueces democráticos, de jueces que actúan dentro de un Estado democrático de derecho. Una característica esencial de este tipo de Estado es que las personas están sometidas a las leyes, no a las otras personas y, además, no a unas leyes cualesquiera, sino a normas democráticas aprobadas por órganos representativos que garantizan la libertad y la igualdad de estas personas, las cuales, en virtud de todo ello, pasan a ser ciudadanos. Por tanto, los ciudadanos están sometidos a la ley, a la ley democrática, a la ley que expresa la voluntad popular, no a la voluntad de un juez, de una persona.

Es por todo ello que el juez, al dictar una sentencia, no expresa sus convicciones, intereses o preferencias, sino, simplemente, aplica aquello que dice la ley aunque esté en desacuerdo con ella. Ciertamente, la valoración de los hechos objeto de la controversia, así como la interpretación de la ley de acuerdo con las reglas de la argumentación jurídica, no es en ciertos casos clara y evidente, sino que ofrece variables que pueden dar lugar a resoluciones distintas. Por esta razón, las sentencias deben ser motivadas mediante argumentos jurídicos y, en su caso, son revisables por los tribunales superiores que pueden discrepar tanto de la motivación como del fallo. En todo caso, la legitimidad democrática de los jueces y magistrados está basada en que deben limitarse a aplicar leyes, es decir, normas democráticas. Y se deslegitiman sólo en el supuesto de que no cumplan con este fundamental requisito de su función. Por ello los procesos judiciales son públicos y las sentencias son motivadas: así se hace posible el control de las actuaciones judiciales que se apartan del derecho.

Por tanto, amigo Toro, los jueces y tribunales, mientras cumplan con su función, adoptan resoluciones plenamente democráticas, ya que en estas condiciones la justicia emana del pueblo, de los ciudadanos. Efectivamente, los dueños de la democracia.

Pocos meses después de la inauguración de la Ciutat de la Justícia, cuya ubicación y proporciones monumentales han hecho más penosa la labor de abogados y procuradores, ya suficientemente castigados en su continuo deambular por los juzgados, los beneficios que debían esperarse de la gran inversión que ha supuesto no parecen ser tantos. Además de las dificultades de encontrar la puerta exacta del juzgado exacto a través de la peregrinación por los ascensores, demasiado sofisticados para que presten un servicio cómodo a la diversa ciudadanía que se ve obligada a utilizarlos, las proporciones de las oficinas judiciales no difieren en mucho de las viejas y ya comienzan a estar atascadas de papeles reproduciendo, como en la obra de Ionescu El nuevo inquilino la situación anterior. Cuatro oficiales por sala con sus correspondientes mesas y sillas y estanterías y expedientes, y nuevamente, perjudicados y demandados declarando sus más íntimas miserias delante de otros funcionarios y profesionales a quienes en nada les compete su vida privada. Y pocos fiscales para la labor que deben realizar, y la interminable ronda de jueces sustitutos porque no se dotan las plazas necesarias.

Como en el infierno de Dante, en la entrada de la pomposa Ciutat de la Justícia debería instalarse un letrero que ponga: Justiciable, cuando pases esta puerta, abandona toda esperanza. La justicia en nuestro país no debería ser representada por una hermosa dama, por más que tenga los ojos tapados, ataviada con una túnica blanca, sino por una pordiosera vestida de harapos, mendigando una limosna con los ojos entrecerrados por las legañas. Desde que se terminó la dictadura estoy ansiando comprobar cómo la Administración de Justicia recibe las inversiones que precisa: miles de jueces más, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de forenses y psicólogos y asistentes sociales, con una policía judicial preparada, que dispongan de las oficinas adecuadas. Año tras año se demora la verdadera innovación, restándole con una cicatería injustificable los presupuestos mínimos. Para establecer un término de comparación que apoye lo que estoy criticando, veamos que Alemania, que tiene 80 millones de habitantes, dispone de 59.000 jueces, con sus correspondientes auxiliares y oficinas. Sería, pues, lógico que en España, con más de la mitad de población de aquel país, tuviese 30.000. Pues bien, solo contamos con 4.700 jueces de todas las instancias: civiles, penales, contenciosos, laborales, menores, violencia contra la mujer, audiencias provinciales, tribunales superiores, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
A tal patética carencia hemos de añadir unas leyes procedimentales, heredadas del derecho romano, a las que se han hecho varios remiendos –y no muchos– que enredan los expedientes hasta convertirlos en el laberinto del Minotauro. A pesar de la mucha propaganda con que nos obsequian diariamente las campañas de los gobiernos –central y autonómico– con la difusión de las nuevas tecnologías, en la justicia se siguen utilizando los centenarios métodos de comunicación: citaciones entregadas en mano por agentes judiciales que viajan en autobús, exhortos en papel enviados por correo a otras poblaciones, por más cercanas o distantes que se encuentren; comisiones rogatorias a países extranjeros que deben llegar, primero, a Exteriores. El fax y el teléfono deben ser legitimados por el sagrado papel, y el correo electrónico no ha entrado en el lenguaje jurídico.
Está visto que el poder legislativo está demasiado ocupado para acometer seriamente la reforma de las leyes de enjuiciamiento, y que nuestros legisladores –legislatura tras legislatura– sienten pánico de cambiar el procedimiento criminal escrito y secreto –a veces, secretísimo– por el público y oral que rige en los países anglosajones, lo que permite la proliferación de sumarios escondidos a la opinión pública que amparan la corrupción de todo tipo. Y que, en cuanto a los asuntos civiles, tramitados durante interminables años, nuestros gobernantes y diputados no saben cómo salirse de los complicados y arcaicos procesos.

El resultado es que en Catalunya, no solo en Barcelona –véanse el estado de los juzgados de ciudades medianas y pueblos que disponen solo de jueces sustitutos o de un titular, que viaja diariamente por la comarca para celebrar juicios de los que no tiene noticia hasta que se sienta en el estrado–, la caótica y miserable situación de la Administración de Justicia ha provocado varias huelgas de funcionarios en los últimos años. Hasta los jueces se han declarado en huelga en toda España.
Bien es cierto que los legislativos autonómicos no pueden cambiar los procedimientos consagrados por el Congreso y el Senado, pero sí es competencia de la Conselleria de Justícia –que reclamó con tanto entusiasmo– desde la compra de mesas y ordenadores hasta el personal auxiliar. Así, las notables carencias podrían ser paliadas con inversiones que no se hacen. Negar con la rotundidad con que lo hizo Montserrat Tura que la enfermedad de la justicia se cura con dinero es querer esconder con un velo un volcán en actividad, que más tarde o temprano volverá a entrar en erupción.

A Inés, magistrada de cuerpo entero.

Son varios los supuestos de los que ha de partir el juez para el buen ejercicio de la profesión y creo que quizá pudieran exponerse en un decálogo de mandamientos que no necesariamente tienen que ser 10. En el diccionario de la RAE puede leerse: Decálogo. Del latín decalogus. m. 2. Conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. El recetario, además, estaría inspirado en la Resolución que sobre la Ética Judicial adoptó el Pleno de la Corte Europea de Derechos Humanos, el 23 de junio de 2008 y que, según su preámbulo, responde a la necesidad de reforzar la confianza de los ciudadanos en los jueces del Tribunal.

Si aceptamos que una buena Justicia es el fruto del trabajo de los tribunales, es hacia los jueces donde hemos de dirigir la mirada. Probemos a hacerlo planteándonos una inicial cuestión: ¿cuáles son las claves del oficio de juzgar? He aquí este breviario de modestos y bienintencionados consejos que, desde ahora, advierto nada tiene que ver con el estatuto del juez ni con el régimen de incompatibilidades y prohibiciones contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

I. El juez debe ser independiente por encima de cualquier otra consideración y recordar que ha de ejercer sus funciones emancipado de toda autoridad e influencia exterior. La independencia judicial, subjetivamente considerada, es una virtud. Todo juez que quiera ser independiente ha de serlo hasta de sus íntimas convicciones. No invadirá el juez órbitas ajenas. Hacer política con la justicia no es menester de jueces, ni tan siquiera de políticos, sino de traficantes de la justicia. El juez cuando se siente político deviene en déspota.

II. El juez no tiene por qué carecer de ideología, pero cualquier profesión de fe a la causa de un partido es una confesión de parcialidad. En el mundo del Derecho, más que de sombras se habla de apariencias y el juez debe evitar las sospechas de falta de neutralidad. Retorcer la ley para cortar un traje que se ajuste a la ideología del juez se llama, suavemente, burla del Derecho. Ojo, pues, a la soberbia del juez que afirma que la ley es lo que él pronuncia, manda y firma.

III. El juez es siervo de la ley e instrumento al servicio de ella. La simple elección del oficio lleva consigo la renuncia a cualquier tentación de espiritismo. Ha de ser cosa bien sabida por el juez que su conciencia no puede suplir a la voluntad de la ley. Todo el interés se encuentra en aplicar la ley y detrás de esto no hay nada, salvo el fin. El juez puede pensar lo que quiera, pues es un derecho que le asiste como a cualquier hijo de vecino, pero el desoír la ley abre las espitas de la resolución injusta. Decir, por ejemplo, que es una persona comprometida o con imaginación creativa que tiene que interpretar la ley no de manera técnica sino ideológica, constituye una perversión jurídica. El uso alternativo del Derecho suele degenerar en abusos alternativos del Derecho. La radicalización del derecho libre es un bárbaro y ruinoso ataque a la seguridad jurídica. En un Estado de Derecho quien manda es la ley; pero la ley nacida del parlamento y no de la mente caprichosa del juez, que es conducta, además de inmoral, dañina para el buen orden y concierto social. No cabe duda de que quien se niega a aplicar la ley a sabiendas de su claridad, en lugar de ser siervo de la ley -palabras de Montesquieu- es un tirano que fuerza al texto legal a decir cosas que jamás el legislador pensó.

IV. El juez debe ser tan imparcial como un espejo plano y ha de acreditarla en el ejercicio de sus funciones. La imparcialidad de un juez consiste en no estar, ni haber estado en posición de parte. La ley no le excluye porque sea parcial sino por temerse, fundadamente, que lo sea.

V. En la conciencia del juez ha ser nítida la linde de lo que se debe y puede hacer. En pura ley moral, el fin no justifica los medios. El juez que crea lo contrario ha de confesar su preferencia por la siempre peligrosa razón de Estado, esa caduca teoría de Maquiavelo que tanto éxito tuvo y tiene aún entre ingenuos y mediocres.

VI. El juez ha de actuar dignamente en todo tiempo y lugar, de manera que preserve el prestigio del Poder Judicial que encarna y representa. Puede sufrir contratiempos en los que no sea fácil mantener el equilibrio, pero es peor no comportarse adecuadamente. Es seguro que a lo largo de su vida el juez recibirá varias clases de golpes, en la espinilla, en el hígado, en el corazón, mas de todos ellos sacará saludables consecuencias si acierta a digerirlos con serenidad.

VII. El juez debe aspirar al ascenso en función de su capacidad intelectual y servicios prestados a la Justicia. El juez está al servicio de algo que no de alguien. A los altos cargos judiciales ha de llegar en función de lo que de veras se vale y no por afinidades o afanes judiciales que de él se esperan. No olvide el juez aquello que Séneca decía de que el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo.

VIII. Ha de ser el juez absolutamente discreto, tanto sobre los secretos de los asuntos de su competencia, como en el día a día de su función. Debe huir de la ruleta de la popularidad, esa noción que no es más que gloria en calderilla. La autoestima del juez, como la de cualquier mortal, nunca sobra, pero jamás la derroche con prodigalidad. El juez obsesionado por brillar en sociedad o que sólo se mueve para abrir telediarios, al final será devorado, sin pena ni gloria. La figura del superjuez puede ser magnífico personaje literario, pero, en sentido auténtico, es una muesca carnavalesca muy ajena a la Justicia.

IX. Debe el juez ejercer su libertad de expresión de manera compatible con la sobriedad de su cargo. Se abstendrá de hacer en público, sólo o en cuadrilla, declaraciones o comentarios que hagan dudar de su ecuanimidad. Cuando el juez desborda las posibilidades que el estatuto judicial le ofrece, en torno a él se forma un enorme vacío y su trabajo, primero aplaudido, termina cayendo en la más absoluta indiferencia. Calle el juez antes de que se deforme. La justicia no es una feria, ni un museo de figuras de cera.

X. El juez es un expósito y ha de saberse blanco de veredictos ajenos, aunque esto no signifique que contra él haya barra libre al agravio. El oficio de juzgar al prójimo es tarea delicada y sensible, pero el insulto al juez crea tensión, malestar y hasta miedo, cosas, todas ellas, no previstas en la Constitución. Los ciudadanos desean respetar a sus jueces y a cambio sólo les exigen que sean respetables, no sólo en el fondo, sino también en las formas. Que un grupo de jueces firme un manifiesto contra magistrados del Tribunal Supremo porque uno de los suyos es investigado, es mal camino y alarmante señal de injusto exceso.

XI. No puede el juez tener actividades accesorias o complementarias incompatibles con la esencia de su función. No aceptará regalo alguno, ni privilegio o ventaja que hagan dudar de su honradez. Ha de distinguir lo adjetivo de lo sustantivo. Rechazará cualquier condecoración y distinción que no sea estrictamente judicial. Tampoco practicará turismo judicial ni ocupará, de gorra, asiento en espectáculos varios.

XII. El juez debe admitir la posibilidad de equivocarse. Errar y estar herrado son cosas muy distintas. Lo primero es de humanos y el juez, como tal, se mueve en el error. No es el error de buena fe sino la injusticia consciente lo que mata la Justicia. La resolución venal es injusta hasta la iniquidad, porque ningún error se ha cometido al aplicar la ley.

XIII. Ha de ser el juez prudente en sus juicios y hasta huir de su propia voz. Escribirá siempre con la máxima corrección posible y con total respeto al destinatario de la resolución. Achicharrar a un justiciable, por muy imputado que sea, con el uso de adjetivos a contrapelo, es subterfugio excesivamente torpe y mal camino para tener razón.

EL JUEZ está obligado a medir cuanto dice y, en caso de duda, debe contar hasta diez antes de abrir la boca, darle a la pluma o a la tecla del ordenador. En los autos y sentencias sobran los malos modales, las divagaciones o los malabarismos. Si el juez tiñe y destiñe las palabras a capricho o voluntad, tarde o temprano, sus torpes garabatos lo dejarán en cueros, lo cual también acaecerá si utiliza el papel de oficio para vaciar venenos o miasmas no menos insanas.

Quiero advertir que este breviario de principios está dedicado a jueces y magistrados en activo como a los que se encuentran en servicios especiales, a los titulares como a los suplentes o sustitutos e incluso a los jubilados con rango de eméritos, especialmente a uno de estos muy significado últimamente y que aún, de forma inexplicable, pertenece a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Quien no sea capaz de funcionar acorde con la misión encomendada, ya que ésta es una unidad de conducta y expresión, debería buscar trabajo en otro lugar. Ni la traición a los postulados de la profesión, ni el disimulo, ni la mentira y muchos menos la conspiración, son supuestos o situaciones admisibles.

Me permito suponer que una justicia independiente, con unos jueces imparciales conduce a aumentar la fe de los ciudadanos en la Justicia. En España hay unos 4.000 jueces que son los que la hacen. Salvo otros funcionarios judiciales no menos dignos de ser tenidos en cuenta, nadie más -excepción hecha del Parlamento y de los ministerios e instituciones legalmente competentes-, entre los que incluyo, como primer intruso, al político de turno de escasos o nulos escrúpulos que tiene ni arte ni parte en el buen orden y concierto de los tribunales, como tampoco la tienen los fabricantes de credenciales de buenos y malos jueces, progresistas, conservadores, fachas u otras especies de la fauna y flora judicial.

Digo cuanto queda dicho de sus señorías con el ruego a los lectores de que se sirvan apreciar el mucho afecto -casi pasión- que siento y proclamo hacia la Justicia y sus oficiantes. Pero hay que vivir sin telarañas en los ojos y pensando que la Justicia es como una estrella fugaz de trayectoria incierta. El juez no es más que el muro de las lamentaciones ante el que lloran a gritos o en silencio, los hombres que alimentan el clamor, a veces ensordecedor, por la Justicia.

Los ciudadanos utilizamos cada vez más las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, realizando multitud de actos jurídicos a través de medios digitales. No hay ninguna razón para no usar en la Justicia lo que resulta normal en otros sectores: comunicaciones electrónicas, expediente digital, formularios web, SMS….

Las soluciones tecnológicas existen en el mercado, y los poderes públicos están obligados a explotarlas para aumentar la eficacia del servicio prestado a la sociedad, en un compromiso continuo de calidad, lo que sin duda contribuirá a aumentar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y, por tanto, la propia legitimidad del sistema.

Pese a que durante los últimos años se han realizado importantes esfuerzos, no se están consiguiendo los resultados esperados. Ha llegado el momento de cambiar la dinámica, dando pasos decisivos en este proceso. El año pasado se dio el primero de ellos con la constitución del llamado Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), en el que todos los organismos públicos competentes en la materia comparten esfuerzos y abordan proyectos de forma conjunta.

Sin embargo, este paso deviene insuficiente si no va acompañado de la dotación de los medios económicos necesarios, así como de una Ley de Modernización Tecnológica de la Justicia que establezca el marco jurídico necesario para facilitar la extensión de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el sistema judicial, al igual que ha hecho para el conjunto de las Administraciones Públicas la Ley 11/2007, que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y que incomprensiblemente no es aplicable a la Justicia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial supuso un avance importante al permitir la utilización de medios tecnológicos a los órganos judiciales y a los ciudadanos que se relacionen con ellos, siempre que se dispusiera de los medios adecuados y se respetaran los requisitos legalmente establecidos. Sin embargo, ha llegado el momento de progresar del podrán al deberán, haciendo obligatorio el uso de aquellos medios.

Es necesario fijar una fecha de eliminación del papel, a partir de la cual solamente tendrían efectos jurídicos los actos realizados a través de medios digitales, con la fijación de las excepciones a que hubiera lugar y estableciendo el régimen transitorio que resulte necesario. Ello supondrá una considerable reducción del tiempo de duración de los procesos judiciales, y un gasto más eficiente de los fondos públicos asignados a la Justicia.

Ya no bastan disposiciones aisladas, sino que es imprescindible una Ley que, de manera integral, regule los distintos aspectos de la aplicación de las nuevas tecnologías en la Justicia, garantizando el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Y no he de ocultar que sería conveniente que fuera aprobada con el consenso de los grupos parlamentarios, lo que le otorgaría un plus de legitimidad para abordar el cambio cultural inherente a esta reforma.

Hay que tener presente que quienes trabajan en el sistema judicial están acostumbrados a actuar con la vista puesta en el Boletín Oficial del Estado, adaptando la forma de trabajar a la nueva realidad normativa, tal y como se ha demostrado en anteriores reformas de calado: la Ley de Enjuiciamiento Civil, los Juicios Rápidos Penales o la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Y no hay que demorarse, dado que se ha iniciado el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, cuyo funcionamiento final solamente es imaginable si va acompañado del procedimiento o expediente digital, en el que todo el proceso se tramite por medios electrónicos, no solamente en la gestión interna de los documentos y actos procesales, sino también en la relación con otras entidades y administraciones públicas (Policía, Agencia Tributaria, entidades financieras…) y con los profesionales del Derecho y los ciudadanos, que interactuarán con el tribunal a través de medios digitales.

Ha llegado el momento de afrontar con valentía la elaboración de un Ley de Modernización Tecnológica de la Justicia. No podemos esperar más.

El Estado de derecho requiere que los jueces sean independientes y puedan tomar sus decisiones con autonomía y sin coacción. ¿Pero qué sucede si, siendo independientes, son parciales y actúan de acuerdo con principios ideológicos? Y, sobre todo, ¿qué hacer si los jueces tienen un sesgo ideológico claro, a favor de ciertas posiciones, que les lleva a enfrentarse a los poderes políticos representativos?

En Estados Unidos, quizá el país desarrollado en el que los jueces son más poderosos, ha habido conflictos terribles. La división del poder político en aquel país, entre las dos ramas del Legislativo y el Ejecutivo, o entre los varios niveles de gobierno propios de un sistema federal, deja amplio margen para que los jueces intervengan en cuestiones políticas. Hace dos meses, el Tribunal Supremo estadounidense decidió, por una estrecha mayoría de cinco jueces frente a cuatro, eliminar las limitaciones a la financiación de los partidos por las empresas, alegando que la regulación existente chocaba con el derecho constitucional a la libertad de expresión. Se trata de una sentencia política, que beneficia a los republicanos y que ha suscitado duras críticas por parte del presidente Obama. Una sentencia como ésta tiene graves consecuencias para la democracia norteamericana, pues da mayores facilidades de las que ya había para que el dinero distorsione el ejercicio de la representación política.

El caso más dramático de conflicto entre justicia y política en aquel país se produjo en los años treinta del pasado siglo, cuando el Tribunal Supremo se opuso a algunos proyectos legislativos fundamentales del New Deal de Roosevelt. Tras ser reelegido en 1936, Roosevelt decidió tomar cartas en el asunto y, con el pretexto de aliviar la carga de trabajo de los jueces, amenazó con aprobar una ley por la cual nombraría a tantos nuevos jueces como miembros mayores de 70 años hubiera en el Supremo. No hizo falta que la ley se aprobara. El mero anuncio bastó para que los jueces abandonaran su postura obstruccionista hacia las políticas del presidente.

En España el sistema judicial atraviesa graves dificultades. Unas son de naturaleza “técnica”, derivadas de la falta de medios y de la mala formación de muchos jueces. Otras, son más bien “políticas”, tienen que ver con la politización de la justicia. Los analistas suelen atribuir la responsabilidad de estas segundas dificultades a los partidos. Se acusa a los partidos de decidir los nombramientos judiciales “cambiando cromos”, en detrimento de los criterios de mérito que deberían utilizarse. Esa acusación, sin embargo, se basa en una concepción idealizada del Estado de derecho y pasa por alto el verdadero problema de fondo, que no es sino el fuerte sesgo ideológico de los jueces. En España, nuestro sistema judicial está dominado por posiciones conservadoras. Son los intentos de unos por preservar el dominio conservador y de otros por alterarlo lo que explica las tensiones que llegan a los titulares de la prensa sobre los bloqueos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en el Tribunal Constitucional. Si los jueces tuvieran mayor neutralidad política, los problemas se simplificarían notablemente.

Si en Estados Unidos la institución clave es el Tribunal Supremo, en nuestro país hay tres instituciones judiciales con clara relevancia política: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recientemente, este periódico informaba sobre la composición de la Sala Penal del Tribunal Supremo encargada de resolver el asunto de Garzón y de la red corrupta del Partido Popular (Gürtel). De sus 15 miembros, uno fue nombrado en la etapa de González, 10 en la de Aznar y cuatro en la de Zapatero. Nueve de los 15 son claramente conservadores, entre ellos Adolfo Prego, que tiene posiciones filofranquistas. Si imponen sus tesis y condenan a Garzón y anulan las pruebas del caso Gürtel, ¿deben las instituciones representativas y la sociedad civil aceptar semejante abuso de poder en nombre del Estado de derecho y de la separación de poderes?

Cuando el PSOE llegó al poder en 2004 se encontró con un Consejo General del Poder Judicial muy escorado a la derecha. El Partido Popular hizo todo lo posible para retrasar su renovación a fin de no perder la mayoría que tenía en esta institución. Aunque muchos culparon a los dos partidos de la falta de acuerdo, era evidente quién salía perdiendo con la renovación. Cuando ésta se consiguió por fin, fuera de plazo, el PP logró meter a algunos candidatos de perfil, digamos, “inquietante”: la jueza del ácido bórico (uno de los casos más ridículos y sonrojantes que se han visto en la justicia española), o la jueza que llevó el caso del incendio de Guadalajara y que retorció hasta límites absurdos los informes técnicos sobre aquel desgraciado asunto. Y como colofón, puso de vicepresidente a Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps y que ha intentado neutralizar los esfuerzos por destapar la corrupción en Valencia. El PSOE, por su parte, tampoco se quedó corto nombrando a un ex secretario de Estado de la época de González.

En la anterior legislatura, el Partido Socialista promovió una reforma legal del CGPJ, según la cual las decisiones más importantes tendrían que tomarse por mayoría de dos quintos, obligando así a los dos grupos a ponerse de acuerdo. Al PP le pareció intolerable que se cuestionara su dominio en el gobierno de los jueces y su portavoz en aquel momento, Ignacio Astarloa, calificó la reforma, con la acostumbrada morigeración que estila este partido, de “cacicada”, “día negro para la democracia y el Estado de derecho”, bla, bla, bla…

En la práctica, esta reforma ha transformado a cada una de las partes en una minoría de bloqueo. Ejerciendo su veto, el PP lleva meses bloqueando en el CGPJ la renovación de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana (presidido por el amigo íntimo de Camps, Juan Luis de la Rúa) y del País Vasco (presidido por Fernando Ruiz Piñeiro, quien impulsó la causa contra los lehendakaris Ibarretxe y López por haber mantenido contactos con Batasuna). Una reforma que en principio debía estimular el consenso está dando gran poder a los jueces conservadores para paralizar las renovaciones que puedan mermar su poder.

En el Tribunal Constitucional las cosas no andan mucho mejor. El PP consiguió desestabilizar esta institución con su insensata política de recusaciones, destinada a impedir la formación de una mayoría favorable al Estatuto catalán. También están bloqueados los nombramientos y no se ha sustituido a cuatro de los magistrados cuyo mandato expiró a finales de 2007, ni se ha remplazado al magistrado fallecido (Roberto García-Calvo, quien fuera gobernador civil en el Gobierno de Arias Navarro y que en sus últimos días se vio envuelto en un asunto muy turbio al que los medios decidieron dar carpetazo: un ciudadano le denunció por amenazarle con una pistola en una discusión de tráfico).

Ante este panorama, no queda sino plantearse qué reformas legales son necesarias para acabar con todas estas muestras de desmesura judicial. Es lógico que los jueces, por el sistema de acceso a la carrera y por su función y formación, tiendan a un cierto conservadurismo social e institucional. Pero resulta inaceptable que en los últimos años, al calor de la crispación política, tantos jueces, en posiciones de enorme responsabilidad, hayan empezado a tomar decisiones partidistas que casi siempre están escoradas en la misma dirección. En España se está produciendo un peligroso deslizamiento del Estado de derecho al Estado de derecha. Probablemente las aguas vuelvan a su cauce cuando el PP llegue al poder y se restaure la sintonía entre el poder judicial y el poder representativo.

The Obama administration and its critics are locked in a standoff over whether to try Khalid Sheikh Mohammed and the other alleged Sept. 11 conspirators in a military commission or in federal court. Both sides are busily ignoring the obvious solution: Don’t bother trying them at all.

Mohammed has already spent more than seven years in military detention. Both the Obama administration and the Republicans who object to trying him in federal court accept the legitimacy of such detention as a traditional incident of war for those in the command structure of al-Qaeda, and perhaps for associated forces as well. In general outline, so do the courts. Given these facts, the politically draining fight about civilian vs. military trials is not worth the costs. It also distracts from more important questions in the legal war against terrorism.

The question of trial forum is important in certain cases. Before the Obama administration embraced the propriety of military detention, it was important for Mohammed, too. If one intends to hold people only pursuant to criminal charges, as some in the Obama administration once suggested, the nature of those charges and the forum for them matter a lot.

But these issues matter much less since President Obama made clear — to the anger of the left and to assenting nods from everyone else — that he reserves the right to detain people outside of the criminal justice system. The administration has said that it will continue to hold around 50 Guantanamo detainees without bringing charges against them. That number is a low-ball fiction, because a large additional group of Yemenis is not going anywhere anytime soon. It also holds hundreds of alleged terrorists in military detention at Bagram air base in Afghanistan and other overseas bases. It even reserves the right to hold in military detention terrorists who are acquitted at trial.

In light of the common ground about military detention between the administration and the Republican Party, what value might a criminal trial in a civilian or a military forum add? Detention already serves to incapacitate high-value suspects. A trial potentially adds three things: the option of the death penalty; enhanced legitimacy in some quarters, especially abroad; and a certain catharsis and historical judgment in the form of a criminal verdict.

These are not trivial benefits, but as the political battle over the past few months has shown, they come at great cost. Domestically, the political costs of trying high-level terrorists in federal courts have become exorbitant for the administration — unaffordably high, it seems to be turning out.

The legal and political risks of using the ill-fated military commission system are also significant. Since the Supreme Court offered a road map for a legally defensible system, Congress has twice given its blessing. But serious legal issues remain unresolved, including the validity of the nontraditional criminal charges that will be central to the commissions’ success and the role of the Geneva Conventions. Sorting out these and dozens of other novel legal issues raised by commissions will take years and might render them ineffectual. Such foundational uncertainty makes commissions a less than ideal forum for trying Mohammed.

Moreover, the public relations and related legitimacy benefits of trying Mohammed in a commission are not that great, especially because the administration insists that he will remain in detention even if acquitted. The possibility that the administration might try him in a commission has been met with anger and disdain by the American left and many European elites, who think commissions are as illegitimate as they believe the underlying detention system to be. They will work hard to delegitimize those proceedings, too.

In short, a military commission trial might achieve slight public relations and legitimacy benefits over continued military detention of Mohammed, and it might facilitate his martyrdom by ultimately allowing the government to put him to death. But this would add so little to the military detention that the administration already regards as legitimate that a trial isn’t worth the effort, cost and political fight it would take.

Eight and a half years after the Sept. 11 attacks, it is time to be realistic about terrorist detention. The number of Guantanamo trials will not, under the best of circumstances, be large. Instead of expending great energy on a battle over the proper forum for an unnecessary trial of Mohammed and his associates, both sides would do well instead to define the contours of the detention system that will, for some time to come, continue to do the heavy lifting in incapacitating terrorists.

Since Mayor Michael Bloomberg of New York announced that he no longer favored trying Khalid Shaikh Mohammed, the self-proclaimed 9/11 mastermind, in a Manhattan federal court because of logistical concerns, the Obama administration has come under increasing attack from those who claim that military commissions are more suitable for prosecuting terrorists. These critics are misguided.

As someone who has helped prosecute terrorists in both civilian and military courts — I was a witness for the government in two of the three military commissions convened so far — I think that civilian courts are often the more effective venue. In fact, the argument that our criminal justice system is more than able to handle terrorist cases was bolstered just last week by revelations that Umar Farouk Abdulmutallab, the so-called Christmas bomber, is cooperating with the authorities.

Of the three terrorists tried under military commissions since 9/11, two are now free. David Hicks, an Australian who joined Al Qaeda, was sent back to his native country after a plea bargain. Salim Hamdan, Osama bin Laden’s former driver and confidante, is a free man in Yemen after all but a few months of his five-and-a-half-year sentence were wiped out by time spent in custody. (The third terrorist, Ali Hamza al-Bahlul, a former Qaeda propaganda chief, was sentenced to life in prison.)

In contrast, almost 200 terrorists have been convicted in federal courts since 9/11. These include not only high-profile terrorists like Zacharias Moussaoui, who was convicted of conspiracy to kill United States citizens as part of the 9/11 attacks, but also many people much lower on the Qaeda pecking order than Mr. Hamdan.

The federal court system has proved well equipped to handle these trials. It has been the venue for international terrorism cases since President Ronald Reagan authorized them in the 1980s, and for other terrorist cases long before that. Prosecutors have at their disposal numerous statutes with clear sentencing guidelines. Providing material support, for example, can result in a 15-year sentence or even the death penalty if Americans are killed.

Military commissions, however, are new to lawyers. Military prosecutors are among the most intelligent and committed professionals I have ever known, but they faced great difficulties as they operated within an uncharted system, the legality of which has been challenged all the way to the Supreme Court three times.

It’s also worth noting that, since 9/11, there have been only two terrorists apprehended under military law on United States soil: Jose Padilla, the American accused of plotting to set off a “dirty bomb,” and Ali Saleh al-Marri, a Qaeda operative accused of being a sleeper agent. After several years, both were transferred to the federal system and are now serving time. If anything, holding them in military detention might have hindered our ability to gain their cooperation, as they gave no new significant information during that period.

Nonetheless, attacks on the abilities of the federal justice system have intensified ever since Mr. Abdulmutallab was arrested in Detroit on Dec. 25 and charged with federal crimes. Critics claim that he should have been held under the laws of war and not read his Miranda rights.

Whether suspects cooperate depends on the skill of the interrogator and the mindset of the suspects — not whether they’ve been told they can remain silent. When legally required, I’ve read some top Qaeda terrorists their rights and they’ve still provided valuable intelligence. Now we’ve learned that “despite” being read his Miranda rights, Mr. Abdulmutallab is cooperating with his F.B.I. interrogators. This should have been no surprise.

Critics were also off base in claiming that the two F.B.I. agents who first questioned Mr. Abdulmutallab were inexperienced local officials. They were veterans of counterterrorism work, at home and abroad, and are led by the special agent in charge of the bureau’s Detroit office, who has run antiterrorist operations across the world. I’ve worked with him; he’s highly experienced. The bureau ignored the attacks on the effectiveness and professionalism of its agents as it focused on getting vital intelligence from Mr. Abdulmutallab. It is owed an apology.

Indeed, it’s very disappointing to see politicians and pundits smear the law enforcement community, to imply that the United States attorneys and the F.B.I. cannot do their job properly under the law. Our justice system is an integral weapon in our war against Al Qaeda, and its successes are a big reason the terrorist group has failed to hit our homeland for nine years.

Other criticisms are similarly off the mark, including claims that classified information is at risk in federal courts. Terrorism cases aren’t the only instances in which classified information is handled in federal courtrooms — in espionage cases the threat of sensitive material being made public is just as great. That’s why in 1980 Congress passed the Classified Information Procedures Act, which allows the government to request permission to withhold classified information, produce summaries and redacted versions, or to show information only to defense lawyers with security clearances. The law is routinely invoked in terrorism trials, especially those related to Al Qaeda.

Critics also claim that trials might give terrorists a soapbox. But federal courts do not allow photography, recordings or broadcasts. What the defendants say is made known only through press reports afterward — just as with military commissions. And federal judges (like military judges) have the power to gag or remove defendants who try to disrupt trials.

Military commissions do serve an important purpose. We are at war, and for Qaeda terrorists caught on the battlefield who did not commit crimes inside the United States, or who killed American civilians abroad, military commissions are appropriate. But for terrorists like Khalid Shaikh Mohammed, who plotted to murder the innocent on United States soil, federal courts are not only more suitable, they’re our best chance at getting the strongest conviction possible.

En 2008, la justicia española acabó el año con 2.788.198 asuntos en trámite, la bolsa de asuntos pendientes había aumentado en casi 400.000 casos (La justicia Dato a Dato. Año 2008. Estadística Judicial. Consejo General del Poder Judicial, pág. 41). En 2009, la situación ha empeorado, pues aunque -sintomáticamente- tardaremos meses en disponer de estadísticas fiables, la tasa de congestión sigue aumentando. Empantanada, la justicia no funciona y el colapso parece inevitable. No lo es.

La respuesta de los poderes públicos, nos dicen los responsables del funcionamiento de la justicia, consistirá en incrementar la oferta y dotar 750 plazas más de juez por oposición en tres años, que se sumarán a las 4.674 ya dotadas. Si se tienen en cuenta excedencias y jubilaciones, 250 nuevas plazas por año no es solución, pero quizás cuando el colapso sea total, la propuesta de calado vaya a consistir en abrir la mano al acceso masivo a la judicatura sin oposición, una medida polémica.

En todo caso, los servicios públicos ofrecidos gratis o a precios políticos tienden a generar excesiva demanda y, por ello, las medidas deberían dirigirse a contenerla. Urgen tres: desjudicializar cuestiones, despenalizar conductas y -la más difícil- despolitizar la justicia española.

Primero, hay que desjudicializar cuestiones que no tienen por qué involucrar a ningún juez: ¿por qué no permitir el divorcio notarial cuando los cónyuges están de acuerdo tanto en la cesación de su vida en común como en el arreglo familiar y económico subsiguiente? De hecho y de derecho, ni para casarse, ni para contratar un préstamo hipotecario, ni para engendrar y tener hijos, ni para decidir sobre su educación, ni para mudarse de casa necesitaron de la bendición judicial. Y así cien cosas más que podrían desjudicializarse sin daño para los interesados y con beneficio del común.

Luego, no hay que penalizarlo todo. Los ciudadanos de este país estamos acongojados, algo habremos hecho, claro: ¿por qué había en 2008 más presos en España (73.687) que en Francia (59.655), un país parecido al nuestro, pero con mayor población?, ¿es que acabamos de salir de otra guerra civil? (World Prison Population List -eighth edition-, 2008. King’s College London, International Centre for Prison Studies, p. 5). Y en 2009, aún hemos encerrado a más gente (ya son 76.090 presos, 157 por cada 100.000 habitantes. (“Crece el número de reclusos, pero menos”: EL PAÍS, 25 de enero de 2010. www.elpais.com). Urge despenalizar, lo contrario de lo que está proponiendo nuestra clase política, la cual, un día sí y el otro también propone nuevas reformas del Código Penal. Pero, por ejemplo, nadie niega que el ministerio estrella de este Gobierno, el de Interior, ha conseguido reducir los accidentes mortales en carretera hasta menos de 2.000 en 2009, cuando cinco años antes habían sido el doble. Pero, ¿era realmente necesario conminar con penas de prisión de tres a seis meses, o con multa, y con trabajos en beneficio de la comunidad “al que condujere un vehículo de motor (…) en los casos de pérdida de vigencia del permiso (…) por pérdida total de los puntos asignados legalmente” (art. 384 del Código Penal)? Probablemente había alternativas administrativas igualmente beneficiosas en vidas salvadas, pero menos costosas.

Por último, urge despolitizar la justicia, otro tema polémico en relación con el cual todo el mundo, incluyendo a la clase política y a los jueces mismos, parece empeñado en negar la realidad. La justicia es un servicio público, como la educación, la sanidad o las carreteras, y cuando los ciudadanos acudimos o somos llevados ante ella ansiamos ser tratados por igual, con independencia de la manera de pensar del juez.

Podemos temer la dureza de la ley, pero no tiene sentido que la mayor o menor severidad del juicio tenga que ver con la ideología del juez. Son cosas que ocurren tanto como se niega que pasen: el Gobierno se lo piensa cien veces antes de cursar las instrucciones correspondientes sobre la idoneidad de los candidatos a ocupar plaza de magistrado en las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo. Si quieren disponer de una medida razonable del grado de independencia de nuestro sistema judicial, vean un buen ranking internacional en The World Justice Project – Rule of Law Index 2.0. (www.worldjusticeproject.org, 2009), un proyecto influyente que analiza a 35 países que incluyen al 45% de la población mundial. Los índices sobre fiabilidad, independencia y eficiencia del sistema judicial español no son malos, pero quedan por debajo de los de otros países de análogo nivel económico y cultural. Podemos mejorar.

El agotamiento de un modelo o del funcionamiento de un sistema no surge de manera súbita. Salvo accidentes imprevistos, es siempre el resultado final esperado de una serie de inercias, carencias o desajustes que venían anunciando, desde hacía tiempo, el final inevitable de su eficacia, si es que en algún momento la tuvo. El sistema judicial español, tal como lo conocemos en el momento presente, comienza su andadura con el sistema constitucional. Nuestra primera Constitución de 1812 refleja las tendencias marcadas por la organización napoleónica del Estado.
A partir de este hecho histórico se suceden una serie de leyes que van diseñando el esquema de la organización judicial española. La ley de planta y demarcación de 1835, las leyes orgánicas y procesales del año 1870, las leyes de enjuiciamiento civil (1881) y enjuiciamiento criminal (1882) han perdurado hasta nuestros días, de forma directa o bien sufriendo muchos parches y retoques que han empeorado los textos.

No solo se ha perdido calidad técnica, sino que se ha ignorado, en toda su dimensión, la realidad sobre la que se quiere actuar. Un ejemplo significativo lo tenemos en la nueva ley de enjuiciamiento civil (7 de enero del 2000), único intento de romper con el pasado, que en mi opinión se queda en un texto elaborado por teóricos del derecho desconocedores de la dimensión vital y social de los conflictos que llegan a diario a los palacios de justicia.
La ley de enjuiciamiento criminal se resiste a ser desalojada del panorama legislativo. Todos los gobiernos, a partir de la democracia, anuncian como propuesta programática y electoral la redacción de otra ley procesal penal que siempre está en perpetua elaboración y contradicción. Reconozco que la tarea no es fácil, pero es inasumible que cada ministro de Justicia quiera redactar su texto y que lo que se ha elaborado por otros es rechazado de forma automática por los siguientes. Se reduce el debate a una confrontación entre escuelas, como si una ley de estas características fuera un producto de laboratorio, sin tener en cuenta que los instrumentos procesales solo tienen futuro si se adaptan a las necesidades del presente.
La ley de demarcación y planta de 1988 se inspira en criterios de reparto de la carga de conflictividad, pero ignora sorprendentemente que no se puede retocar el pasado sin tener en cuenta la organización territorial de la España constitucional. La ley orgánica del poder judicial (ley 19/2003, de 23 de diciembre) por fin comprende el problema y aborda una nueva estructura judicial más acorde con la realidad autonómica y cuasifederal del Estado. Su éxito dependerá de los avatares políticos y de la definitiva consolidación del sistema territorial surgido de la Constitución de 1978, circunstancia no fácil de conseguir. La decisión, que creo urgente, sobre el Estatut de Catalunya puede comenzar a despejar las incertidumbres e incógnitas que todavía subsisten.
Se ha intentado, inútilmente, conservar los viejos odres para una realidad fluida y cambiante a velocidades insospechadas. La presión los ha resquebrajado, produciendo disfunciones y parálisis que como una bola de nieve se nos ha venido encima. Tratamos de pararla con remedios de urgencia y peticiones de más medios materiales para los jueces que se encargan de hacer frente a una realidad que les desborda. Los males del pasado se difuminaban en el seno de una sociedad rústica, escasamente emprendedora y con una conflictividad reducida a unos cuantos estereotipos de convivencia o situaciones de crisis económicas cuyo impacto era localizado y localizable. No tenemos cultura de mediación y arbitraje, pero la constancia nos llevará a adquirirla.
Por si teníamos pocos problemas, la globalización de las relaciones personales y económicas ha agudizado las carencias del sistema. La quiebra de un banco de provincias, a principios del siglo XX, era un pequeño sarpullido frente a la pandemia mundial originada por el crash de Lehman Brothers y los que han venido detrás.

Modestamente, creo que los problemas nacen de la reticencia de los teóricos, y al parecer de los políticos, a seguir las pautas marcadas por la Constitución. El artículo 120 se pronuncia, de forma clara, a favor de la publicidad y oralidad. Empecinarse en mantener procedimientos escritos y con trámites dilatorios nos condena a la perpetuación de los males del presente. La jurisdicción laboral funciona perfectamente siguiendo estos principios. Bastaría con generalizar su modelo procesal, extendiéndolo a los pleitos civiles, causas penales y reclamaciones contencioso-administrativas.
Carecemos no solo de medios materiales, sino de instrumentos procesales que nos permitan prestar el servicio general a la sociedad y afrontar los conflictos en cadena de un tiempo de crisis mundial. No nos engañemos, la nueva oficina judicial no cambiará el sistema, se limitará a dotarlo de modernas tecnologías de tratamiento de textos y almacenamiento de datos, pero se mantendrán los males del pasado.

There is nothing wrong with holding the trial of the man who has described himself as the mastermind of 9/11, Khalid Shaikh Mohammed, in federal court in New York. But there is something wrong with spending upward of $200 million per year on security for a multiyear trial and disrupting the lives of people who have homes and jobs in Lower Manhattan, where the trial is to be held. Fortunately, there is a relatively easy solution to this problem: Governors Island.

Conducting the Mohammed trial there would not be the first time the 172-acre island, situated in the East River off Lower Manhattan, has been used for law enforcement. Before the federal government sold the island to New York State in 2003, it had long been a military installation. During the Civil War, enlisted Confederate soldiers were imprisoned in its fortress-like Castle Williams; officers were held in Fort Jay (at the time called Fort Columbus). After the Civil War, Castle Williams was a military stockade. British and American forces used the island for more than 200 years precisely because it was so easy to secure.

Residents of Lower Manhattan who live close to the federal courthouse where the trial is to be held have rightly expressed concern about the safety measures that will be needed. They argue persuasively that a community that has already dealt with some of the worst aspects of the aftermath of the 9/11 attacks — years of rebuilding, environmental hazards and security checkpoints — should not have to face additional burdens. This epic courtroom drama, they say, should not be played out in the midst of a dense residential and office neighborhood.

Mayor Michael Bloomberg and elected officials like Senator Charles Schumer correctly insist that the federal government pay for the entire cost of the trials. However, they have not addressed the central question of whether, in the midst of an economic recession, it makes sense for anyone to spend more than $200 million on security.

Enough questions have been raised that it is worth urging Attorney General Eric Holder to vet other locations for the federal trial — beyond the courthouse — and to reassess costs and security issues with the police.

As part of that vetting, Governors Island should be given serious consideration. The island has no residents and few office workers. Access is by ferry only, which should enhance security and thus potentially reduce costs.

Though a trial date has not yet been set, Mr. Holder needs to move swiftly to ensure that the Governors Island option receives thorough consideration. Preserving the values of democracy and the rule of law are of the utmost importance, and a federal trial in New York, which I fully support, certainly accomplishes that. Let us show the world that these values are of paramount importance not by imposing an extravagant ring of steel around a community that is still rebounding from 9/11, but rather by selecting a far safer, less expensive and arguably more appropriately historic location.

Why are we reading Umar Farouk Abdulmutallab his Miranda rights instead of taking him somewhere and forcibly finding out where he got the explosive underwear and whatever else he might know about Al Qaeda? Isn’t this, as well as the forthcoming federal court trial of Khalid Shaikh Mohammed, proof that the Obama administration doesn’t really regard the war on terrorism as a war?

Even worse, isn’t President Obama, despite his statements on terrorism over the weekend, confused and amateurish on this deadly serious issue? At his direction, thousands of American soldiers in Afghanistan and Iraq are doing their best to kill terrorists, would-be terrorists and terrorists in training with no thought whatsoever to the legal niceties. Why do these two scoundrels deserve lawyers and a trial?

Republican critics like Dick Cheney and Newt Gingrich have raised these questions in the past few days. There’s a gruesome anomaly here, to be sure: the United States government will blow you to smithereens and consider it a good day’s work if you’re a Qaeda member dreaming of jihadist glory while residing somewhere outside the United States, but will pay for your lawyer if you get caught in the act within our borders. But this anomaly didn’t arise with the Obama administration. It is built into our dual role as a liberal democracy and as a legitimately aggrieved superpower.

The charms of liberal democracy sometimes need to be defended by war, and Mr. Obama’s critics are right that war can’t be conducted with a high level of concern for individual justice. A liberal democracy aspires to punish only the guilty. But war is inherently unfair — it distributes suffering arbitrarily among enemy combatants, civilians and one’s own soldiers. A line has to be drawn somewhere to determine which of these utterly different standards of government behavior is applied where — and the nation’s border is as good a line as any.

Members of Al Qaeda are not the only ones affected by this double standard. The most repulsive and obviously guilty child molester — or drug kingpin who may also have information that the government could use — gets American justice, while an innocent child killed accidentally in our pursuit of terrorists gets no justice at all. (This second part of the equation doesn’t seem to bother the Cheneys and the Gingriches.) Any place you draw the line, it will be possible to come up with what lawyers call “a parade of horribles.” Any line you draw can be made to seem absurd, because it is absurd. But the line must be drawn somewhere.

So why not draw the line to put an Abdulmutallab or a Shaikh Mohammed on the “war” side and treat him as an enemy combatant? Well, first, recognize that this has become a judgment call so the answer is no longer obvious or mandated by logic. Second, recognize that the national border is a “bright line,” and if people captured within the United States are going to be treated as if they were somewhere else — provided that they are certified terrorists — things are going to get complicated quickly.

What about Maj. Nidal Malik Hasan, the Army psychiatrist charged with killing 13 people at Fort Hood, Tex., in November? He was influenced by an Islamic cleric, but seems to have been fighting his own demons rather than participating in a larger plot. And he’s a citizen. What about Timothy McVeigh, the Oklahoma City bomber? What about the Columbine high school killers? Are they terrorists? Is American justice too good for them?

American justice is not a “get out of jail free” card. Obviously guilty murderers rarely escape punishment here. We have nothing to be ashamed of, little to fear and much to be proud of in choosing to err on the side of treating captured foreign terrorists as we would treat any upstanding American who tried to blow up an airplane full of people.