Debo comenzar diciendo que no he leído el nuevo libro de Pilar Urbano El precio del trono. He leído y releído, sin embargo, la entrevista que sobre el mismo le hizo Ana Tagarro para el XL Semanal de ABC. Conclusión: no voy a leer el libro. Lo que dice del Rey y la Reina ya lo conocíamos al haberlo contado, entre otros muchos, la propia Pilar Urbano. A lo que añadiría algo clave, que ella omite: Don Juan Carlos es, humanamente, más que ninguna otra cosa, un militar. Sus años de formación los pasó en las Academias Militares y donde se siente más a gusto es en la cabina de un avión, montado en un tanque o al timón de un barco. Incluso su vocabulario —¿recuerdan el bocinazo a Chávez?— es de cuarto de banderas. Libros, aulas y actos culturales le aburren. Como digo, un militar, y de los de antes, pues hoy los militares españoles se han puesto a la altura de los tiempos, que les exigen mucha técnica y muchas letras. Ello no impide, sin embargo, que Don Juan Carlos haya desarrollado un notable instinto político. Pero no para la política de los políticos, sino para la política de Estado. Una política que pone los intereses de la nación por encima de todo lo demás, incluidos los sentimientos personales, por no hablar ya de la ideología, algo de lo que el Rey pasa olímpicamente. Fue lo que le permitió nadar entre Franco y su padre y, luego, pilotar una transición dificilísima, para convertirse en referencia de casi todos los españoles. Respecto a doña Sofía, también olvida lo más importante: su doble condición de madre y de Reina, de la que nunca abdicará. La lleva, no como un deber, sino en su naturaleza. Junto con el Rey, forma una formidable pareja de «profesionales», a la que ni siquiera las anécdotas o habladurías hacen mella, al saberlo y sentirlo un pueblo español que creció bajo el lema de «la monarquía gloriosamente fenecida», pero que hoy se siente representado por ella al conocer su papel determinante durante los cambios de todo tipo experimentados por
el país y el mundo durante las últimas décadas.

Pero si de esto el último libro de Pilar Urbano no nos descubre nada nuevo, cuando intenta adentrarse —puede que para compensarlo— en terrenos poco hollados, como es el trasfondo de la política internacional y los turbios manejos que hay en ella, sencillamente desbarra. El poner a la CIA tras el asesinato de Carrero, con Kissinger directamente implicado en el atentado, puede aceptarse como reportaje de un joven periodista que intenta abrirse paso en nuestra dura tarea, pero no en el libro de una profesional prestigiosa. Y menos aún con las pruebas que presenta y los argumentos que usa, que no resisten el menor análisis crítico, empezando por decir que Carrero «se oponía a renovar las bases norteamericanas en España». En la gran foto que XL Semanal presenta de la periodista en su despacho, creo reconocer en la estantería del fondo las Memorias de López Rodó, muy próximo a Carrero. Le hubiera bastado leerlas con atención para darse cuenta de que quien, sin oponerse abiertamente, exigía un precio mayor por las bases era Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, que estaba dispuesto a romper los Convenios si no nos lo pagaban y llegó a pedir la «desnuclearización del Mediterráneo», es decir, que soviéticos y norteamericanos dejasen de pasear por él sus megatones, lo que era muy fuerte habiéndoles cedido la base de Rota a la entrada del mismo.

Ello, junto con la política de descolonización, con Gibraltar como eje, le había llevado a frecuentes choques con Carrero, quien, el 7 de mayo de 1969, envió a Franco un memorándum en el que le decía textualmente: «Yo creo que el ministro de Asuntos Exteriores desea que los Convenios (con los Estados Unidos) no se renueven», y pasaba a enumerar las consecuencias que ello traería: los Ejércitos españoles se quedarían en condiciones de inferioridad ante los peligros que pudieran surgir en el Sahara o en las plazas norteafricanas. Para terminar: «¿Es que vamos también a romper con Estados Unidos, que es el único verdadero aliado que nos une a Occidente?». Puede que convenga añadir que el recién llegado embajador norteamericano en Madrid, Robert C. Hill, despachaba con Carrero, en vez de hacerlo, como hubiera debido, con Castiella, contra el que conspiraba abiertamente.

Marcelino Oreja, por aquel entonces director del Gabinete de Castiella, nos da cuenta en sus Memorias, no ha mucho publicadas, de los encontronazos entre Carrero y Castiella, de los que fue no sólo testigo, sino también mensajero en alguna ocasión, especialmente durante las negociaciones sobre la renovación de los Convenios, aunque el pulso venía de antes y se prolongaría después. Uno de los platos fuertes del libro La batalla diplomática de Gibraltar. Cómo se ganó. Cómo se perdió, que estoy terminando a la espera de la postura del Gobierno Rajoy en el contencioso y en vísperas del tercer centenario del Tratado de Utrecht, es este pulso entre el subsecretario de la Presidencia y el ministro de Exteriores, ante un Franco sin acabar de decidirse, según su costumbre, por uno u otro, aunque siempre atento a que la cosa no se le fuera de las manos.

NO había duda de que le agradaban los triunfos que Castiella estaba cosechando en el exterior, pero en su interior estaba más cerca de la línea conservadora de Carrero, que fue la que finalmente adoptó. Se lo había advertido a Oreja, cuando le vino con un mensaje de su ministro: «Sé muy bien, como militar, que no se debe luchar al mismo tiempo en dos frentes, y eso es lo que está haciendo (Castiella) con nuestro enfrentamiento con Gran Bretaña en Gibraltar y con los Estados Unidos con los Convenios».

Volviendo al tema que estábamos tratando, el asesinato de Carrero, ¿por qué iban a deshacerse los norteamericanos del defensor de los pactos con ellos en el Gobierno español, donde Castiella no estaba solo, sino que contaba con el respaldo de otros ministros importantes, como Fraga, Solís y Nieto Antúnez? Es verdad que Carrero nunca fue un simpatizante de la democracia parlamentaria ni un admirador de los Estados Unidos. Pero su carácter conservador le enfrentaba rotundamente a las veleidades neutralistas que circulaban por el régimen, no compartidas por su fundador, como demostró de palabra y hecho. Que el atentado ocurriera frente a la embajada norteamericana se debió a que la víctima tenía la costumbre de oír misa diaria a la misma hora en la iglesia que hay al otro lado de la acera. Y tomar la visita de Kissinger a Madrid por aquellas fechas como prueba de su participación en el atentado es, sencillamente, infantil. Si Kissinger hubiera tenido algo que ver con él, lo que habría hecho sería estar en la otra esquina del globo ese día. Puede que no sea tan inteligente como dicen, pero seguro que no es tan tonto como para aparecer en el lugar del delito al cometerse. No se le vio por Chile en el golpe contra Allende, y su estancia en Madrid demuestra precisamente que no tuvo nada que ver con el atentado contra Carrero. Respecto a que aquella España «tenía avanzado un programa nuclear que podía permitirle tener la bomba atómica en dos años», con «el Sahara como campo de entrenamiento (sic)», como se dice en la entrevista, prefiero no comentarlo para no ofender la inteligencia de los lectores. Solo apuntar que el enriquecimiento del uranio hasta convertirlo en explosivo nuclear es un proceso largo y complejo, como están comprobando hoy los iraníes.

Para resumir: sin duda quedan bastantes cosas por aclarar en la historia de España del último medio siglo. Pero la historia no es una película de buenos y malos. Es una compleja maraña de intereses, ambiciones, éxitos, derrotas, aciertos, errores, nacionales y personales, muy difícil de desenredar. Sobre todo en los periódicos. Este artículo es una muestra de ello.

La Universidad de Salamanca rindió, el pasado 29 de abril, un homenaje institucional al ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez González, descubriendo un vítor en el Claustro del Edificio Histórico, con la inscripción de su nombre y recogiendo las palabras «La concordia fue posible», que él mismo ha reconocido como base de su pensamiento. La idea de realizar este homenaje surgió hace meses en el ámbito de la representación estudiantil, y la propuesta inicial fue hecha por el presidente del Consejo de Asociaciones de Estudiantes.

Antes de presentar el contenido del homenaje es preciso comentar la singular ubicación del vítor dedicado a Suárez. Al entrar en el Edificio Histórico, antes de llegar al Claustro, se encuentra a la izquierda el vítor, en latín, a la Corona de España, otorgado a los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, en una sesión histórica en el Paraninfo, en 2002 —año en que Salamanca tuvo la capitalidad europea de la cultura—, y como muestra de gratitud por los ocho siglos de apoyo de la Monarquía a nuestro Estudio General. Y a continuación, y en primer lugar, ya en el Claustro, se encuentra el vítor a Adolfo Suárez, el más próximo a los Reyes y sobre la puerta del aula del destacado jurista Dorado Montero. Luego siguen, en el recorrido hasta el Paraninfo, el aula Miguel de Unamuno y la emblemática de Fray Luis de León, increíblemente conservada. En sus muros se suceden vítores a destacados profesores de la Universidad, vinculados algunos a la Transición, como Enrique Tierno Galván, Francisco Tomás y Valiente o Lamberto Echevarría.

Como presidente del Consejo Social y ex ministro de la Transición me correspondió glosar en una síntesis la obra política y la personalidad humana del ex presidente. Este fue mi homenaje: «Si el Rey Juan Carlos fue el motor del cambio, Adolfo Suárez fue su conductor, el líder político indiscutible de la Transición».

A un presidente hay que enjuiciarlo, ante todo, por su obra de gobierno. Y el balance del de Suárez asombra por su profundidad y grandeza. Su acción de gobierno se basa en dos principios esenciales y complementarios en su pensamiento: democracia y concordia. En más de una ocasión proclamó su objetivo de «levantar el edificio de la concordia nacional».

Y lo inició estableciendo la amnistía, articulada progresivamente con tres textos legales, que supuso la salida de la cárcel de presos políticos y la posibilidad de retorno de los exiliados, reconociéndoles sus derechos. Avanzó al conseguir aprobar por las últimas Cortes del Régimen anterior la Ley de Reforma Política, que representa el tránsito legal de la Dictadura a la Democracia, y la devolución de la soberanía política al pueblo español, y se consolidó en un referéndum aprobado por el 92 por ciento de los votantes, el mayor consenso logrado, en libertad, en la historia de nuestra patria. Y la concordia se afianzó asentando su Gobierno los pilares esenciales de la democracia: la recuperación de la libertad de prensa y de los medios de comunicación social efectuada de forma gradual; la libertad de reunión, manifestación y de asociación, que abrió la puerta a la legalización de los partidos políticos; la libertad de sindicación de empresarios y trabajadores, dejando sin efecto la sindicación obligatoria y el desmontaje de la estructura del Movimiento Nacional.

En el ámbito estrictamente político la concordia se asentó en tres acuerdos fundamentales:

—El diálogo con todos los dirigentes políticos representativos, pactando las normas electorales con la llamada Comisión de los Nueve, que permitió la convocatoria de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.

—La legalización del Partido Comunista, la más difícil y arriesgada operación política de la Transición, con la oposición casi unánime del estamento militar y de buena parte de la derecha.

—Y la formación de la coalición UCD, que supuso una increíble capacidad de negociación con quince grupos políticos de la derecha, del centro y de la izquierda moderada, incluyendo a varias organizaciones regionales. Y fue esta Unión de Centro Democrático la que venció en las primeras elecciones democráticas.
Desde la base del indiscutible apoyo electoral, Adolfo Suárez levanta, con su segundo Gobierno, el gran edificio de la concordia nacional: el Estado Social y Democrático de Derecho bajo la forma de la Monarquía Parlamentaria que se asienta en cinco acuerdos históricos:

—La apertura a la nueva estructura del Estado de las Autonomías, que se inicia mediante el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y el retorno de Tarradellas logrado en los denominados Acuerdos de Perpiñán, que, por primera vez en la Historia de España, consiguen la unanimidad de todos los partidos políticos catalanes y de todos los de ámbito nacional.

—El establecimiento de las bases de una economía social de mercado, que significó la implantación consensuada de una nueva política económica y laboral, y permitió encauzar, a través de los Pactos de la Moncloa, la situación económica gravemente deteriorada.

—La definición del carácter no confesional del Estado y la desaparición de las tensiones habidas al final del Régimen de Franco con la Iglesia Católica, estableciéndose una relación de sincera y fructífera colaboración mediante los Acuerdos Iglesia-Estado.

—La apertura de la política internacional a todos los países del mundo, estableciéndose relaciones diplomáticas plenas con Rusia y con los demás países del Este, así como con México. Y, sobre todo, aprobando en las Cortes con la unanimidad de todos los partidos políticos la iniciación de las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea.

—Y finalmente, la aprobación de la más compleja y atrevida manifestación de la concordia, la Constitución de 1978, cuyos avatares negociadores han llenado las páginas de muchos libros, y que logró ser apoyada —por primera vez en la Historia de España— por todos los partidos políticos, con la abstención lamentable del nacionalismo vasco.
Adolfo Suárez ha sido un hombre honesto y coherente en su pensamiento político, con una gran capacidad de seducción y de convencimiento en las relaciones personales, con un entrañable sentido de la amistad hacia sus colaboradores y de absoluta lealtad al Rey.

Todos los que hemos compartido con él las responsabilidades de Gobierno durante la Transición, y hemos vivido juntos los momentos apasionantes de la construcción de la democracia; pero también hemos sufrido las horas de incertidumbre y de derrota política; y las de dolor ante los terribles atentados del terrorismo; todos los que nos comprometimos junto a él en el proyecto de una sociedad superadora de los enfrentamientos del pasado y de una España esperanzada que mirara al futuro con una concepción abierta y moderna e integrada en el espíritu europeo; todos los que cumplimos con nuestra obligación de servicio al pueblo español sabemos de la inteligencia de Adolfo Suárez, de su profunda intuición política, de su gran capacidad de diálogo, de su saber esperar con paciencia el momento oportuno, de su trato exquisito y de su simpatía arrolladora.

Como última expresión del homenaje a Adolfo Suárez quiero acabar diciendo que su gran objetivo —fallido— de construir y consolidar un partido de Centro ha sido elogiado por muchos historiadores, entre los que cabe destacar al hispanista Stanley G. Payne, que le ofreció esta emocionante dedicatoria en su libro «El colapso de la República»: «A Adolfo Suárez / y a los líderes y militantes / de Unión de Centro Democrático / quienes demostraron cómo construir / una democracia en España. / Su Historia fue breve, pero gloriosa».

La Generación de la Concordia que representó el sustento ideológico y social de la Transición, que ha permitido a España los treinta años de mayor libertad, democracia, desarrollo económico y justicia social, expresa de todo corazón nuestro homenaje a Adolfo Suárez. Y pedimos a todos los dirigentes políticos y sociales de la hora presente que vuelvan a retomar la senda del consenso y que este lema «la concordia fue posible» grabado ya en los muros seculares de la Universidad de Salamanca ilumine siempre la vida pública española.

La buena prensa -incluida la académica- de la que disfrutó la Transición está siendo sometida últimamente a duras críticas. Mientras que las valoraciones positivas del proceso culminado con la Constitución de 1978 subrayaban la utilización óptima o cuando menos satisfactoria de las posibilidades reales existentes para la democracia a la muerte de Franco, la drástica revisión a la baja posterior sostiene que la izquierda y el nacionalismo moderado bajaron las manos ante los herederos del régimen y desperdiciaron la oportunidad de enlazar institucionalmente el recuperado sistema de libertades con la legitimidad republicana derrotada en 1939. Esos lodos serían los responsables de la baja calidad de la democracia española actual.

Sin embargo, la gran mayoría de los protagonistas y testigos del trienio 1975-1978 que habían combatido a la dictadura y padecido el exilio, la cárcel o la marginación se resisten -30 años después- a ser descritos ahora como los isidros de un espejismo colectivo que les llevó a sobrevalorar las fuerzas del adversario y a despreciar las propias. No es preciso recurrir al principio de autoridad -el apoyo dado a la Constitución por los dirigentes comunistas, socialistas y republicanos supervivientes de la Guerra Civil- para tomarse a beneficio de inventario las gratuitas especulaciones sobre la supuesta existencia en noviembre de 1975 de un tsunami de posibilidades purificadoras de la sociedad y del Estado desaprovechado por la torpeza o por el temor de la izquierda antifranquista. Sostener que Dolores Ibárruri, Ramón Rubial, Santiago Carrillo, Josep Tarradellas y tantos otros miles de supervivientes del bando perdedor de la Guerra Civil vendieron su primogenitura por un plato de lentejas es una necedad o una vileza. El fracasado golpe militar del 23-F -cinco años y cuatro meses después de la muerte de Franco- es la mejor prueba del empinado camino que fue necesario recorrer para consolidar las instituciones democráticas. Y el acceso -siete años más tarde- a la presidencia del Gobierno del socialista Felipe González, secretario general del mismo partido al que perteneció Juan Negrín, último presidente de Gobierno de la Segunda República, mostró la eficacia de la estrategia aplicada por los supervivientes y herederos de los derrotados en 1939.

Los demoledores del mito de la Transición no suelen avanzar hipótesis contrafácticas sobre cómo debería haberse comportado la oposición tras la muerte de Franco. ¿Tal vez con el boicot a las elecciones generales de 1977? ¿Con el voto en contra de una Constitución que hacía suyas las declaraciones internacionales de derechos humanos, amparaba las libertades civiles y políticas, se inspiraba en la estructura territorial de la Constitución de 1931, reconocía la independencia judicial y garantizaba la aconfesionalidad del Estado aunque reinstaurase la monarquía y proclamase como rey al sucesor de Franco en la jefatura del Estado? ¿Con la incorporación a una lucha armada que ETA ya había iniciado?

La visión retrospectiva de la historia suprime del trienio de la Transición, con el ventajismo de conocer ex post sus resultados, las incertidumbres de quienes tuvieron que adoptar las decisiones eligiendo en encrucijadas con mil caminos. El determinismo ignora que nunca hay rumbos trazados de antemano: tampoco para la fantasiosa reconstrucción del sendero luminoso echado de menos por los debeladores de la Transición realmente existente. Esa concepción que excluye el azar y los efectos imprevistos de las acciones humanas ha permitido a políticos de la Transición reivindicar el mérito de haber trazado los planos arquitectónicos del edificio, al estilo de la pizarra de Suresnes de los socialistas o de la hoja de ruta de los consejeros áulicos del príncipe de España antes de la muerte de Franco. Otras explicaciones atribuyen a las cancillerías extranjeras el papel de deus ex machina del juego. Cabe desear -aunque sin demasiadas esperanzas- que la lectura de la documentada, ambiciosa e inteligente investigación del profesor Charles Powell sobre las relaciones entre España y Estados Unidos durante la Transición contribuya a devolver a los arcones ese fantasma.

Aunque la fuente de mayor interés del libro sea la documentación diplomática norteamericana recientemente desclasificada (tan iluminadora para el pasado como los papeles de Wikileaks publicados por EL PAÍS lo son para el presente), El amigo americano (Galaxia Gutenberg, 2011) analiza también comunicaciones e informes del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, examina archivos personales, transcribe entrevistas aclaratorias con actores de la Transición y se ocupa de las negociaciones sobre las bases. Por una ironía de la historia, la Europa de los setenta contribuyó a devolver a España la libertad que le fue arrebatada entre 1936 y 1939 por la acción combinada de la ayuda a los sublevados de la Alemania nazi y la Italia fascista y la hipócrita política de no intervención de Francia y Reino Unido. Las estrategias de la Casa Blanca y el Capitolio, sin embargo, fueron más vacilantes, menos claras y no tan influyentes.

La cronología de la transición española en el sentido amplio de la expresión -desde la proclamación en julio de 1969 de don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de Rey hasta el triunfo electoral de los socialistas en octubre de 1982- marcha en paralelo con los mandatos de Nixon, Ford, Carter y Reagan, separados por vacíos de actividad de mayor o menor calado durante las etapas de transmisión de poderes entre las Administraciones saliente y entrante. La línea de continuidad de la política de Estados Unidos hacia España fue asegurar el mantenimiento de la alianza bilateral suscrita con el régimen en 1953 y admitir la inevitabilidad de algún tipo cambio democrático tras la muerte de Franco. Como observa Charles Powell, el respaldo legitimador para la dictadura que significó ese acuerdo -renovado en 1963 y 1970- fue el pecado original de la presencia americana en España, condicionada por la necesidad de suavizar las tensiones con el régimen (la susceptibilidad provinciana de sus ministros y embajadores les llevaba a creer que los editoriales de The New York Times o The Washington Post críticos con la dictadura eran ordenados desde el Despacho Oval) y de no irritarle con actos de reconocimiento a la oposición moderada. Las ideas-fuerza del Departamento de Estado sobre el futuro tras la muerte de Franco eran tan simples como vagas: promover un punto de equilibrio entre la estabilidad del antiguo régimen y el cambio, mantener las bases militares y facilitar el ingreso de España en la Comunidad Europea y la OTAN.

De esta forma, el decisivo periodo transcurrido entre la llegada del Rey a la jefatura del Estado y el referéndum constitucional sorprendió al Departamento de Estado con un conocimiento muy insuficiente del mapa político español y de sus problemas. El reforzamiento electoral de los comunistas italianos y franceses, la revolución de los claveles portuguesa de 1974 y la presencia de la Marina de guerra soviética en el Mediterráneo alimentaron las rígidas ideas de Kissinger (consejero de Seguridad y secretario de Estado con Nixon y con Ford) sobre los peligros del comunismo para la España postfranquista. Las dudas de Nixon sobre la capacidad de don Juan Carlos para “defender el fuerte” dejarían paso a una apuesta casi incondicional a favor de su figura; al igual sucedió con Kissinger, que inicialmente puso en cuestión la firmeza de ánimo y la inteligencia del Rey pero que le otorgó más tarde su plena confianza. El vehemente deseo americano de que el PCE no fuese legalizado antes de las primeras elecciones cayó en saco roto. Y el rey se convirtió en interlocutor principal del embajador Wells Stabler -muy por encima de la clase política- entre 1975 y 1977.

La riqueza de episodios (la marcha verde sobre el Sáhara o la sucesión de Arias Navarro) y anécdotas (todavía en junio de 1980 Suárez y Oreja intentaron que el presidente Carter a su paso por Madrid no recibiese a Felipe González) hace imposible resumirlos: los curiosos no tendrán más remedio que devorar El amigo americano. Siempre quedarán, no obstante, los discípulos -involuntarios- de Kissinger, que soltó al ministro Cortina a propósito de la revolución de los claveles una frase digna de algunos revisitadores de la transición española: “No sé nada sobre Portugal, pero tengo la impresión de que mi visión, que se basa puramente en el dogmatismo, es más acertada que la de los informes que recibo de Lisboa”.

La reciente conmemoración del treinta aniversario del golpe de Estado del 23-F debiera haber hecho resurgir en la memoria de los españoles la importante y decisiva actuación de Adolfo Suárez en la transición de la dictadura a la democracia, que tuvo su punto culminante en el arrojo y la valentía con que encaró aquel desgraciado y absurdo suceso acaecido en la tarde del 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados.

Cuando el agónico mantenimiento del antiguo régimen que había protagonizado el general Franco tocó a su fin con el relevo en la presidencia del Gobierno de Carlos Arias Navarro, nadie podía suponer que un hombre joven, a primera vista no dotado de las cualidades imprescindibles para encauzar un cambio político como el que requería España en aquel momento y que, además, se había destacado por el desempeño de diversos puestos en el, entonces, ya fenecido Movimiento Nacional de marcado carácter falangista, iba a ser, sin embargo, la persona que llevara a término la difícil tarea de pasar del régimen autocrático que había venido rigiendo los destinos de España durante cuatro largas décadas a la democracia que el pueblo español, mayoritariamente, ansiaba y que conllevaba la reconciliación nacional rota por la desafortunada guerra desatada en el año 1936.

Cuando la memoria recuerda los nombres de las personas que se barajaron en aquellos momentos para la presidencia del Gobierno se advierte la enorme diferencia en preparación y en teóricas posibilidades políticas que existían entre ellos y la persona de Adolfo Suárez, hasta el punto de que cuando se conoció la decisión regia que elevó a la presidencia del Gobierno a aquel joven político fueron muchos los que rechazaron, abiertamente, el acierto de tal designación y pusieron en seria duda la posibilidad de que fuera la persona capaz de llevar a buen puerto la difícil travesía de un régimen dictatorial y militarizado a otro de desarrollo de las libertades en el marco de una democracia en la que pudiera tener su asiento un Estado de Derecho.

Se suele decir por quienes creemos en la trascendencia del ser humano que «Dios escribe derecho con renglones torcidos», y algo parecido debió de ocurrir en aquellos difíciles momentos de imprescindible transformación de España en una moderna democracia regida por el Derecho, porque a esta altura de tiempo transcurrido se percibe con toda nitidez que ninguno de los hombres cuyos nombres se mencionaron en aquellos cruciales momentos para verificar el cambio de rumbo que requería el país hubiera sido capaz, pese a sus constatadas cualidades personales y políticas, de llevar a cabo, con la decisión y la fortaleza que requerían la circunstancias, la transformación de un régimen autoritario en un sistema de libertades propio de una democracia moderna.

No le fue fácil a Suárez realizar la tarea que le encomendó el Rey, pues fueron muchos los flancos a los que hubo de atender y hacer frente, en ocasiones, en situaciones harto peligrosas para el devenir del futuro que se pretendía para España. La postura del Ejército claramente adherida, por razón de la edad de quienes, entonces, constituían su jerarquía máxima, a los postulados del alzamiento militar capitaneado por Franco y por su inquebrantable adhesión al mismo, aunque ya hubiera fallecido, se erigió en su serio obstáculo a los proyectos modernizadores del nuevo presidente de Gobierno.

La propia sociedad civil, pese a que pudiera percibir y aun desear la necesidad de un cambio en el sistema político hasta entonces vigente, sin embargo, sobre todo en su clase media más conservadora, habituada a un discurso político enraizado en los postulados que propiciaron la victoria de las tropas que se alzaron en guerra en el año 1936, se manifestaba reacia a admitir determinadas medidas que supusieran la entronización dentro del aparato del Estado de ideologías y partidos políticos a los que se hacía responsable de los desmanes acaecidos durante la vigencia de la República instaurada en el año 1931, por lo que no fue tarea fácil el convencer a ese amplio sector social de la imprescindible necesidad de la legalización e introducción dentro de la vida política española de todos los partidos cualquiera que fuese su ideología, con excepción de los que encubrieran a actividades terroristas. Aquella famosa frase de Suárez, «hay que elevar a la categoría de normalidad aquello que en la vida real es normal», tenía que cobrar virtualidad, y a ello se dedicó con ahínco durante toda su actividad en la vida política.

A todas estas dificultades que hubo de afrontar el presidente Suárez se añadieron, ya en su última etapa de gobierno, el recelo, la desconfianza y las maniobras frente a su propia persona que se revelaron dentro del propio partido político que él había creado y que, como es lógico, supusieron un serio elemento en su derrumbe personal y político.

Sin desconocer los posibles errores que, sobre todo en su última etapa al frente del Gobierno, pudieron acompañarle, resulta injusto, sin embargo, olvidar la ingente tarea que desarrolló en la transformación de España en una democracia caracterizada por la implantación de un Estado Social y Democrático de Derecho que se plasma en la Constitución de 1978, que es, a día de hoy, la de mayor vigencia temporal de cuantas se promulgaron en nuestro país con anterioridad, si se exceptúa la de 1876.

Bien, pues a este hombre excepcional, al que una lamentable enfermedad mantiene en la penumbra sin que alcance a recordar todo lo mucho que hizo por este país, no se le ha rendido, todavía, a nivel nacional, el homenaje del que es legítimo acreedor. Es cierto que el Rey no solo le concedió el Ducado que lleva su nombre, sino que también le otorgó, entregándoselo además en un acto entrañable que inmortalizó el propio hijo del homenajeado en una extraordinaria fotografía, el Gran Toisón de Oro. Pero si hay quien reclama, con toda justicia, un monumento en el centro de Madrid para Juan Carlos I, parece que algo habría que pedir, también, para Adolfo Suárez, al que no se ha dedicado ni siquiera una avenida o una plaza importante en la capital de España, o una estatua en algún lugar emblemático, por más que en algún pequeño pueblo sí se le recuerde en alguna calle o centro escolar. Si el Rey fue el motor del cambio de la dictadura a la democracia, Adolfo Suárez fue el fiel y valiente ejecutor de ese cambio, dejando en el empeño, sin la menor duda, girones de su propia estabilidad física y mental que ahora le pasan factura, haciéndole vivir la última etapa de su vida en la ausencia total de un pasado tan decisivo para la actual convivencia de todos los españoles y del que él fue un protagonista de excepción.

Algo habrá que hacer, por tanto, para que la ingratitud no se enseñoree, una vez más, del pueblo español, que debe reconocer los méritos y las obras de quienes propiciaron su actual convivencia en democracia y paz. Y es importante que ello se haga ya sin esperar, como viene siendo desafortunada costumbre, a que la persona merecedora del homenaje público no esté en el mundo de los mortales.

A base de repetirlo una y otra vez, al final se convertirá en verdad aceptable y volveremos a enredarnos. Pero no hay caso: reflexionar críticamente sobre la Transición no equivale a deslegitimarla ni a rechazar su evidente eficacia histórica. Pero tampoco hay caso en lo que hace a la ruptura del orden democrático que impuso la conspiración golpista en julio de 1936 para corregir por las armas la victoria en las urnas del Frente Popular. Pese a que insistan Intereconomía y sus socios -fieles discípulos de la explicación franquista de la guerra como salvapatrias redentora del diablo comunista- la República seguirá siendo el precedente inmediato de nuestro sistema democrático, sin duda con políticos en activo peligrosos, pero fundamentalmente reventado por la alianza entre espadones militares y algunos políticos que se deslegitimaron como tales al animar a las armas: convirtieron el controlado desorden de 1935 y 1936 en desorden de sangre ingobernable e irreversible.

Pero quizá importa más otra cosa menos obvia. Hasta hace cuatro días no hubo apenas discusión relevante sobre las condiciones limitadas, pactistas y razonables sobre las que se fue fraguando la Transición. De ese proceso salió, con recelosa desgana de los herederos del franquismo y con resignación inteligente de la oposición, un sistema de poder inequívocamente democrático que encontró su sanción simbólica en la mayoría absoluta socialista de octubre de 1982: los reales y legendarios 10 millones de votos que obtuvo Felipe González. En los últimos tiempos parece tambalearse esa certidumbre: interrogar esa etapa de otro modo, o añadir alguna pregunta esquinada, o reconsiderar alguno de los criterios y las renuncias asumidas entonces parece agredir o violentar la biografía política de quienes anduvieron implicados en mayor o menor grado en la Transición. Da la impresión de que regresar a esa etapa, como observador o analista, abre la espita de la suspicacia o incluso reabre alguna forma de conflicto generacional.

Pero quizá se confunden dos cosas, o una deriva de la otra. Cuando Santos Juliá identificó hace unos días la argentinización de nuestra Transición lo hizo para oponerse a ella, y creo que con toda la razón. Según él, el sentido de la conciliación como eje clave de la Transición “está a punto de ser arrojado al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco”. Sospecha una contaminación de modelos explicativos (y de reivindicaciones judiciales) entre lo que fue la Transición española y lo que fue la salida democrática de un régimen menos cruento, más corto, mucho más reciente y sin totalitarismos ni guerras mundiales en el horizonte (Argentina). Ese espíritu de la Transición hoy es menos unitario y algunos intelectuales o activistas políticos de verbo encendido parecen propiciar una reapertura del caso (el caso es la Transición) con tufo revanchista demasiadas veces y resonancias muy explícitas de venganza. Es un enfoque desequilibrante además de injusto porque ya solo puede imputar a cadáveres, pero además parece encontrar en esa ira vengadora contra el pasado reciente y remoto el combustible ideológico que no obtiene por otras vías.

Pero el asunto clave vuelve a estar en otro ángulo del problema. Lo que no puede derivarse de esa amenaza de argentinización es un cierre de filas o un repliegue hacia la versión establecida de la Transición sino todo lo contrario: alimentar la libertad de decir con franqueza y transparencia lo que durante la primera Transición hubo que decir con cuidado y cautela. No cabe regateo alguno ahora ni caben aquellas aconsejables cautelas. La verdad se puede decir entera, para que quienes lean una y otra vez que el origen de todos los males está en la Segunda República -como algunos repiten por tierra, mar y aire- sepan que eso es mentira y que el origen del mal está en el golpe de Estado ilegítimo y condenable sin reservas que urdió una coalición de fuerzas de derechas, fascistas y católicas. Y el franquismo fue durante casi 40 años su crudelísima y nefasta consecuencia (sin paliativos).

Pero hay otra secuela indeseable. Y es que, igual que aquel pasado hay que contarlo sin disfraces por pura pedagogía cívica, hay que empezar a hacer lo mismo con la Transición, y no cabe regateo alguno de legitimidad ante los análisis críticos sobre ella en aras del blindaje indefinido de sus acuerdos o en aras de la protección actual de la paz civil. Los historiadores seguimos obligados a repensarla, y de nuevo sin la menor reserva en las preguntas ni en las respuestas, tanto si dañan la imagen de las cesiones que se hicieron como si dañan nuestro amor propio colectivo por saber que algunas decisiones de entonces pueden ser revisadas hoy, o pueden ser contadas con la misma crudeza que nadie duda en emplear cuando habla de la guerra o el franquismo.

La resistencia a revisarla carece de sentido porque incumple el deber de toda democracia, que es mutar para seguir fundamentalmente igual; es decir, preservar los mismos valores que entonces preservó pero de acuerdo con lo que es la sociedad española casi cuarenta años más tarde: estabilidad burguesa, protección jurídica, búsqueda de la paz social, deslegitimación de la violencia, respeto político a los nacionalismos y, en fin, la noción conciliadora y no revanchista como bajo continuo que la democracia aplicó con respecto a los franquistas adaptados o no adaptados. Que entonces la izquierda lo hiciese por la fuerza de las cosas y por tacticismo más que por convicción y fraternidad no le quita mérito sino todo lo contrario: significa precisamente que lo hizo bien porque puso por delante el bien común y político antes que la razón ideológica de parte (de parte derrotada). Cada nuevo asedio a la complejidad de la Transición no puede estar atenazado por si rompe o no con el relato actual ni desde luego debe entenderse como una forma de deslegitimación solapada. Volver a preguntar y releer un pasado fundamentalmente bien hecho es la misma operación que entre todos hemos hecho con el pasado fundamentalmente mal hecho que fue el franquismo.

Pero hoy podemos hacer además el análisis de las consecuencias políticas de aquella inteligente estrategia. Quienes no nos sentimos hipotecados por la Transición, sino beneficiarios objetivos de ella -tan nietos de la guerra como hijos de la Transición: titulé un libro mío sobre las letras de la democracia precisamente Hijos de la razón- nos permitimos contar hoy la guerra y el franquismo como fue, por supuesto, pero también debemos preguntar por la Transición sin que en la pregunta vaya la tentación de deslegitimar el proceso. Pero sí considerar algunos de sus efectos en el presente: por ejemplo, la densísima dificultad de la derecha actual para condenar aquel golpe y el franquismo mismo, o la excesiva timidez con la que una parte de la derecha española se ha hecho cargo de su pasado familiar, social y político vinculado al franquismo (y de ahí las salidas de pata de banco de varios de sus dirigentes actuales, terriblemente destructivas de la fiabilidad de su condena de la dictadura). O por ejemplo, la tardía restitución del derecho de las víctimas todavía no identificadas para quien desee hacerlo, o, por ejemplo, la hipoteca católica que pesa sobre un Estado teóricamente laico. O la conjetura sobre si convendría revisar algunos artículos de la Constitución de 1978 tantos años después, o la ley de partidos y su financiación, o si haberse quedado al borde de una estructura federal con el Estado de las autonomías sigue siendo la mejor de las opciones (que entonces sí fue).

Una democracia de casi 40 años está entrenada para contar su pasado con la crudeza necesaria y fundamentalmente lenitiva, y está entrenada también para que no la pongan en jaque estas o aquellas radicalidades, y lo está también para no temer que cada mácula posible en la construcción de su origen la debilite o la desbarate: las tres cosas la robustecen.

La verdad resulta, a veces, puñetera, pero es siempre insobornable, y reaparece, una y otra vez, entre el oleaje levantado por los mitos, las leyendas y las fábulas. Con esta convicción me animo a terciar en la polémica que ha suscitado el lúcido artículo de Joaquín Leguina, y al que, entre otros, ha respondido ese excelente escritor que es Javier Cercas, reiterando una tesis que defiende desde hace tiempo. No voy a referirme al indiscutible derecho que tenemos todos a enterrar a nuestros muertos, ni al deber, que ha de terminar de cumplirse íntegramente, de honrar y reparar jurídicamente a los perseguidos injustamente por la dictadura, ni a la mal llamada Ley de Memoria Histórica, que tantos atacan y defienden sin haber leído.

La razón por la que el debate abierto sobre nuestro reciente pasado suscita tanta pasión radica en lo que el propio Cercas define como “lo peligroso de este asunto”. Con sus palabras, “no estamos hablando del pasado sino de la relación del presente con el pasado, es decir, del fundamento histórico de nuestro sistema democrático”.

Partiendo de una idealización romántica de lo que fue la Segunda República, se pretende deslegitimar la Transición y articular un relato para enlazar el fundamento de nuestro actual sistema político con la República asaltada por la sublevación militar de 1936. La conclusión del argumento se apunta indisimuladamente: se le debe exigir a la derecha (y también parece ahora que a una parte de la izquierda) que lo acepte, y si, como resulta probable, no lo hace, que quede confinada, identificada con el franquismo, “en el ominoso rincón que le corresponde” (Cercas). No es difícil imaginar las consecuencias que tendría este arrinconamiento para nuestra convivencia política.

Sorprende ver quiénes son los que preconizan este planteamiento. No son los últimos supervivientes de la generación que padeció la tragedia de 1936, porque, como escribió Javier Pradera, fue “la generación más comprometida con la política de reconciliación nacional impulsora de la Transición a la democracia”. Tampoco la generación de los hijos de quienes participaron en la guerra, a la que pertenecemos quienes desde nuestra comprometida oposición a la dictadura logramos en la Transición que por fin venciera la democracia, ciertamente con el concurso indispensable de otros que tenían un origen político distinto. Los que pretenden asentar el fundamento de nuestro sistema democrático en 1936 pertenecen, en general, a la generación de nuestros hijos, que significativamente prefieren identificarse como “nietos de la guerra” que como “hijos de la Transición”. No se pudieron oponer a la dictadura por razones de edad, y en algún caso parece como si quisieran ahora lancear al régimen muerto para adquirir unos méritos que nadie puede pedirles. Quienes crean en una historia generacional, podrían sostener que este impulso de búsqueda de la legitimidad de 1936 terminará con la siguiente generación, y que serán, por tanto, los “nietos de la Transición” quienes reivindiquen la plena legitimidad histórica de 1978; mientras, solo cabría esperar que los “hijos de la Transición” no acaben freudianamente con la obra de sus padres para lograr su propia justificación generacional. Aunque pueda haber algo de cierto en esto, es evidente que la realidad no puede interpretarse en una clave tan simple. De ahí que convenga defender no solo lo que se hizo en 1978 sino, sobre todo, lo que tenemos, porque sabemos lo que ha costado, cuál es la realidad histórica que subyace en ese idílico pasado republicano y, lo que es más trascendente, lo que nos esperaría de prosperar la tesis deslegitimadora de la Transición.

Azaña, que tiene una indiscutible autoridad para juzgar la España de 1936, escribió: “¡Cómo se odiaban antes de la guerra los dos bandos españoles, cómo estarán los ánimos después de los horrores padecidos! Mientras vivan las actuales generaciones no podrán restaurarse las condiciones mínimas de convivencia social pacífica. El odio ha engendrado la venganza, que ha suscitado nuevos odios, y así hasta el exterminio. Todo el pueblo español está enfermo, y sus curadores actuales no saben otra receta que fusilarlo”. Nuestra generación sintió desde su nacimiento, como tan certeramente apuntó Machado, que aquellas dos Españas helaban nuestros corazones, y se propuso lograr una España distinta en la que todos pudiéramos convivir en paz y libertad. De ahí la Transición, que no es, como se pretende, un pacto del olvido, sino un pacto hecho desde el recuerdo de aquella realidad. El 14 de abril, que nació tan esperanzadoramente, no precisó otra fecha del pasado para asentar su legitimidad. Tampoco lo precisa la democracia surgida de las Cortes Constituyentes de 1977, en un acto de pleno ejercicio de la soberanía popular.

Muñoz Molina hizo una reflexión complementaria de lo anterior: “Ni una sola de las libertades que afirmaba la Constitución de 1931 está ausente de la de 1978, del mismo modo que las valerosas iniciativas de justicia social, educación e igualdad de aquel régimen, por la enorme diferencia de los tiempos históricos, no pueden compararse con los progresos del Estado de bienestar que disfrutamos ahora”, y añadía: “Defender la instrucción pública y no la ignorancia, el respeto a la ley…, el acuerdo cívico y el pluralismo democrático por encima de los lazos de la sangre o la tribu…, estos son mis ideales republicanos: espero que se me permita no incluir entre ellos la insensata voluntad de expulsar al adversario de la comunidad democrática. Ni el viejo y renovado hábito de repetir consignas en vez de manejar razones. La lealtad sentimental no debería cegarnos, precisamente porque entre los valores republicanos más altos está la primacía de la racionalidad sobre el delirio romántico”.

Cuando Javier Cercas se refiere al asalto que en 1936 sufrió la legalidad republicana, no cita que también en 1934 la legalidad republicana fue quebrantada, aunque ciertamente las consecuencias fueran incomparables. Como fue quebrantada la convivencia republicana cuando algunos policías descontrolados asesinaron al líder de la oposición monárquica sin que el Gobierno lo condenara, y cuando ese mismo Gobierno renunció al monopolio de la violencia legítima, que corresponde al Estado de derecho, al distribuir las armas con las que se asesinaron a decenas de miles de ciudadanos. Al recordar estos hechos, que no se nos argumente con los horrores del franquismo a quienes siempre lo hemos condenado y combatido, pues la cuestión es otra: no se trata de dilucidar si unos fueron peores que otros, que lo fueron, sino si las raíces de nuestro sistema democrático se encuentran en la España de 1936, en la que el odio conducía al exterminio, o en la España de la Transición, que lleva más de 30 años conviviendo en paz y libertad. Y esta insobornable verdad, que bien percibe la inmensa mayoría de los españoles, debería llevarnos a responder, definitivamente, con firmeza, que la legitimidad de nuestra democracia se arraiga y se fundamenta históricamente en las Cortes Constituyentes que aprobaron la Constitución de 1978.

Cabe preguntarse, además, ante un presente tan adverso y encrespado, tan necesitado de nuevos consensos para afrontar la magnitud de algunos de los problemas que tenemos planteados en España, qué sentido tiene este viaje político a un pasado que aún divide emocionalmente a los españoles. Hace falta más sabiduría y coraje políticos para negociar y pactar que para intentar aniquilar, aunque solo sea políticamente, al adversario. Esa fue la clave de la grandeza, tan excepcional en nuestra historia contemporánea, de la Transición, de aquel momento fundacional de nuestro actual sistema democrático. Entonces, desde la superioridad moral de la libertad, se cumplió por fin el testamento de Azaña, pues se hizo la paz, hubo piedad y se perdonó.

A la muerte de Franco, la gran preocupación de la inmensa mayoría de los ciudadanos –demócratas conscientes o simples gentes de buena voluntad, deseosas de que España saliera de la excepcionalidad de la dictadura– podía resumirse en el designio de instaurar pacíficamente un sistema pluralista, acogedor e integrador, sin convertir el tránsito en un desquite. Acertadamente, el Rey, apoyado en la audacia política de Adolfo Suárez y con la creciente aquiescencia de todos los grupos políticos del momento, resurgidos de las catacumbas o recién engendrados, planteó aquel proceso como una evolución jurídica del sistema anterior hasta provocar una verdadera mutación, una auténtica ruptura. Buena parte de los actores del régimen franquista se prestaron a la maniobra –la ley de reforma política, clave de la operación, fue aprobada por las Cortes orgánicas de la dictadura– y la prodigiosa transición desembocó felizmente en la Constitución de 1978, que, mal que bien, ha hecho de este país una potencia orgullosa de sí misma.

Pieza angular de aquel tránsito fue la ley de amnistía del 15 de octubre de 1977, que declaraba amnistiados en su artículo primero «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976». La norma, bastante más que una verdadera ley de punto final porque no solo clausuraba la dictadura, sino también la guerra civil –y esta doble función es crucial para entender la verdadera enjundia del proceso–, extinguía todas las responsabilidades antiguas, reparaba entuertos, rehabilitaba y resarcía a damnificados y constituía el pilar sobre el que enterrar el fantasma sobrecogedor de las machadianas dos Españas.
El balance de aquella sabia estrategia, desarrollada por una generación magnífica de verdaderos patriotas de derechas y de izquierdas, es espléndido. Así lo corrobora la opinión de la sociedad española e incluso de la comunidad internacional, que presenció el inédito experimento con asombro y admiración. Los autores de aquella proeza han legado a las generaciones siguientes una España en paz y en libertad, que ha sido capaz de salir del subdesarrollo político y material hasta encumbrarse en una posición destacada y en un marco pletórico de libertades.
Dicho esto, es cierto que, más allá de la clausura de la antigua querella de la guerra civil y del archivo de la ulterior dictadura, han quedado algunas brechas abiertas y supurantes, algún agravio sangrante, alguna provocación enhiesta. Y todo ello puede ser resuelto ahora que ha pasado el tiempo suficiente para que la sutura de unas heridas no abra otras nuevas. La ley de memoria histórica, un intento timorato y no plenamente logrado en esta dirección, pretendía abordar estos humanos restos de resquemor. Se trataba, entre otras cosas, de exhumar a los muertos que aún no habían encontrado el descanso que merecían para otorgarles digno y definitivo reposo. Y de reparar algunas honras maltrechas que desfiguran la memoria. Hoy no hay razones objetivas ni subjetivas para negar este postrer resarcimiento a las víctimas de aquella cruenta sinrazón que, por un cúmulo de causas, no se beneficiaron del apaciguamiento lenitivo de la transición.
Es por ello pertinente que se ultimen estos detalles que han de clausurar definitivamente una historia antigua, bien poco edificante, que ya a nadie, o a casi nadie, sirve de referencia. Pero este empeño legítimo, hoy lamentablemente enmarañado por las actuaciones contra Garzón, no ha de desacreditar todo el camino andado, ni mucho menos cuestionar la transición entera. De ahí que algunos síntomas hayan de ser atajados cuanto antes.

Resarcir a las víctimas –como piden legítimamente las asociaciones para la memoria histórica– y superar los ecos de la guerra civil mediante la supresión de los símbolos residuales, que aún perduran, la sedimentación histórica y el frío y realista análisis intelectual de aquel trágico periodo, que media entre la destrucción de la República y la conquista de la democracia, no pueden suponer ni la revisión de la transición, ni la puesta en duda de la grandeza moral de aquella empresa cargada de renuncias y buena voluntad. Porque la transición sirvió para que, a partir de entonces, con la promulgación de una Constitución impecable, empezara una nueva era de fraternidad y civilización en la que está excluida la violencia como método de resolución de conflictos.
Sentado todo esto, conviene subrayar que el franquismo y sus secuelas son hoy episodios residuales y ridículos en este país porque su ominoso referente ha sido arrollado por una sociedad ansiosa de futuro. Pero, a pesar de ello, debemos denunciar con voz potente la cizaña que estos pocos están intentando extender para dividirnos. Porque quienes nos sentimos herederos morales del espíritu de la transición no debemos caer en la trampa que nos tiende esa minoría de nostálgicos que ni renuncia a su pasión autoritaria ni nos reconoce el derecho a haber aparcado el resentimiento para construir entre todos un país en paz.

Te recuerdo como eras -esbelta, elegante y generosa- en aquel otoño del 77 en que nos visitaste. Había oído hablar de ti desde hacía un par de años. Primero vagamente en los círculos semiclandestinos de la izquierda. Luego a través de las proclamas de la Junta Democrática. Eran el PCE, el Partido de los Trabajadores, Comisiones y el PSP de Tierno -ahí es nada- los que pedían que vinieras. Según uno de sus portavoces, «la Junta hizo suya esa aspiración y la proclamó a los cuatro vientos». Al final se te llamaba a grito pelado por las calles, en los estadios y en las plazas. La gente coreaba machaconamente tu nombre en un continuo interminable. Era de escalofrío: decenas de miles, centenares de miles, a veces un millón de personas proclamando que te necesitaban. Las sílabas se montaban unas sobre otras y a veces pasaban unos segundos antes de que quedara claro que se referían a ti: «¡Amnis-tía, amnis-tía, amnis-tía-Amnis-Tía-Amnis-Tía-Amnis…!».

En ese momento tú eras la consigna, la bandera, el emblema que lo llenaba todo. ¡Cuánto deseábamos que llegaras! Habíamos sido una familia desdichada y maldita. Nos había tocado vivir en casa tantas malas experiencias durante tanto tiempo que tu mito no cesaba de crecer con el contraste. Fíjate si teníamos mala opinión de nuestros demás parientes que ya sólo nos referíamos a ellos como a los «demonios familiares». Por su culpa -y de eso nos dábamos cuenta apenas salíamos de España- el mundo civilizado nos había condenado al cubo de los desperdicios.

Tú eras la única de la familia de la que no tendríamos que avergonzarnos nunca. Eras una mujer de mundo, habías recorrido todos los confines de la tierra, se hablaba de ti en los mejores libros de Historia. Yo seguía tus andanzas como las de una estrella de cine. Desde que ayudaste a Trasíbulo a evitar el derramamiento de sangre en Atenas tras su victoria sobre los Treinta Tiranos hasta cuando cerraste, mano a mano con Andrew Jackson, las heridas de la Guerra de Secesión americana, igual que harías después en Sudáfrica colaborando bien a gusto con Mandela. También me di cuenta de que cuando Azaña hablaba en Barcelona en julio del 38 de «Paz, Piedad y Perdón» no hacía otra cosa sino pensar una, dos y tres veces en ti.

Además, enseguida se supo que la divina Libertad -estrella entre las estrellas- y tú erais amigas de toda la vida y que había un galán ambiguo pero de aspecto como muy cercano, llamado Estatut de Autonomía, con el que de momento os llevabais bien. Y claro, ya metidos en gastos, nos pusimos pesados hasta que conseguimos que vinierais los tres. Reconocerás que, con el Rey y Adolfo Suárez a la cabeza, hicimos un gran esfuerzo para que en España os sintierais a gusto. Liquidamos la dictadura, legalizamos todos los partidos, incluido el comunista, convocamos elecciones generales, arrinconamos en sus 16 escaños a los nostálgicos de AP que os miraban con malos ojos y nos comprometimos a hacer una Constitución aceptable para todos.

Entonces llegaste tú, aquel inolvidable 15 de octubre del 77. Yo tenía 25 años y debo decirte que nunca nadie -pero nadie, nadie- me había causado tanto impacto. Todavía me acaricio la comisura rugosa de la cicatriz de aquel flechazo. ¡Cómo he comprendido después a Graham Greene o a Vargas Llosa! Desde ese día siempre soñé con viajar contigo, con poder ser tu «escribidor». Ninguna Mrs. Robinson, te lo digo ahora, tía Amnis, ha podido llegarte nunca a la altura de la media semienrollada sobre el muslo. Sobre todo porque, como escribió el entonces comunista Ramón Tamames, «sin la amnistía… no habría venido la democracia».

Sí, yo era aquel joven reportero que te miraba embobado y se olvidaba hasta de tomar notas a medida que ibas comunicándonos unos deseos que para nosotros eran órdenes. Unas órdenes cargadas de dificultad -y de mérito- pero a la vez de magnetismo idealista. Nos dijiste: «Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976». Enseguida nos dimos cuenta de que cuando hablabas de «intencionalidad política» te estabas refiriendo a todas las coartadas, a la vez complementarias y antagónicas, de todos nuestros desvaríos colectivos; y que cuando utilizabas ese otro eufemismo -¡«cualquiera que fuese su resultado»!- estabas tapando con la sábana del pudor y del perdón los cadáveres de miles de víctimas de crímenes horrorosos.

Fuimos conscientes de que eso suponía renunciar a imponer justos castigos tanto a los torturadores franquistas que seguían en sus casas como a los chekistas que hubieran vuelto del exilio, tanto a los asesinos de Víznar como a los de Paracuellos, tanto a los pistoleros de Montejurra como a los mucho más numerosos y mortíferos de ETA, el FRAP o el GRAPO. No iba a haber reparación punitiva para las víctimas de la dictadura, pero tampoco para la familia de Carrero, las de los destrozados por la bomba de la cafetería Rolando o las de tantos y tantos policías y civiles.

Pero aun nos obligaste a más. Enseguida nos advertiste de que ese esfuerzo de generosidad no sólo nos lo pedías en relación al pasado, sino también sobre el presente. «Quedan amnistiados -dijiste para que no cupiera el menor equívoco- todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomía de los pueblos en España».

En la práctica eso ya implicaba un criterio de discriminación para ese intervalo sangriento que medió entre el referéndum para la reforma política y las primeras elecciones generales. No hubo perdón -y me alegro- para los asesinos de los laboralistas de Atocha, pero sí -y lo siento- para los crueles verdugos de Javier Ibarra y otras víctimas de ETA durante esos meses; y, de entrada, para los criminales sádicos que colocaron la bomba que le estalló, adherida al pecho, al industrial José María Bultó. Es más, seguro que te acordarás de que a los tarados infames que hicieron eso les detuvieron, les aplicaron tu artículo segundo, les pusieron en libertad y repitieron su espantosa jugada con el matrimonio Viola. Luego les volvieron a detener y el Supremo revocó la aplicación de la amnistía; ¡pero a buenas horas, puñeteros!

Sabíamos que tus medidas iban a tener un coste directo e inmediato pues se renunciaba a ejercer la acción penal en casos cuya vileza clamaba al cielo desde hacía treinta o cuarenta años y en otros en los que apenas si había dado tiempo a retirar los cadáveres del monte o de la acera. También podíamos imaginar que seguiríamos pagando durante algún tiempo un precio por poner en libertad o dejar de perseguir a tantos asesinos a la vez, pero no pensamos que fuera a ser tan grande. Hasta 1.232 miembros de ETA y sus aledaños se beneficiaron de aquella medida de gracia. Pues bien, según un estudio publicado en ABC en enero del 96, nada menos que 676 volvieron a cometer delitos terroristas. Entre ellos estaban los que fueron jefazos de la ETA Txomin, Pakito o Iñaki de Rentería, el miembro del comando Madrid Makario o aquel Caride Simón que luego colocó la bomba de la masacre de Hipercor.

Es imposible no comprender, no acoger con infinito respeto y solidaridad, la indignada queja de quienes como la hija del comandante Velasco, alegan todavía que si tú no hubieras venido en el 77, sus seres queridos estarían vivos: «¿Qué puede sentir una persona cuando se entera de que el asesino de su padre, marido, hijo o hermano ha podido cometer su crimen porque el Estado le sacó de la cárcel por considerar que sus delitos eran políticos?».

No trato pues ni de dorarte la píldora, ni de decir que fueras perfecta. Tu llegada a España supuso también renuncias graves, desgarramientos dolorosos y mermas terribles. Pero en conjunto, y entiendo lo difícil que eso resulta de aceptar para las víctimas concretas al margen de quienes fueran los verdugos, tu aportación fue decisiva porque dibujó prodigios, difuminó a los dos bandos, dio una oportunidad a la paz y permitió que la inmensa mayoría de los españoles nos fundiéramos en ese emocionante abrazo de aquel cuadro de Juan Genovés que a ti tanto te gustaba. No sé si leíste el blog que le dedicaba el otro día Pedro Cuartango…

Fue un abrazo metafórico, pero también real y fotográfico. A los diez días de tu llegada se abrazaron los firmantes de los Pactos de la Moncloa. Al año siguiente se abrazaron Fernando Abril, Alfonso Guerra y los ponentes de la Constitución del consenso. Un poco después se abrazaron Fraga y Carrillo, Carrillo y Fraga, nada más y nada menos. Hasta los himnos más feroces iban cambiando de letra: «Abracémonos todos en el pacto inicial y se alza esta España que ya es cons-titu-cional». Se me ha ocurrido ahora. ¿A que rima bien?

Y así, de abrazo en abrazo, fueron pasando los años. Superamos un golpe de Estado, los peores embates del terrorismo -incluida la guerra sucia- y la corrupción. Entramos primero en Europa y luego en la Moneda Única. Alcanzamos tal nivel de estabilidad y bienestar que un gobierno de derechas ganó unas elecciones por mayoría absoluta. Ya te he contado alguna vez cómo esa noche de marzo del 2000 Aznar me dijo que aquel día «se había acabado la guerra civil como argumento político».

Bien, ya ves por las revistas que a ése se le da mejor el body building que la futurología. En 2004 pasó lo que pasó -nadie sabe todavía muy bien qué- y llegó al poder un espécimen del «gótico tardío leonés» que decía Umbral. No es un mal bicho, pero entre la obsesión por lo del abuelo y su tendencia a creerse al mismo tiempo el primer hombre sobre la Tierra y la última Coca Cola del desierto, pues no ha hecho más que crear problemas en lugar de resolverlos. Una de sus peores ocurrencias ha sido la de la Memoria Histórica, contradicción donde las haya. Tú mejor que nadie sabes lo emocional que es siempre la Memoria y lo desapasionada que ha de ser la Historia.

O sea que la escena estaba servida para que un juez trepa y sin escrúpulos montara la actual campaña contra ti. Mira, es un cara, un fulano que se forra con los derechos humanos y anda siempre de turismo a costa de la jurisdicción universal, mientras desatiende el juzgado, excepto cuando puede abalanzarse sobre cualquier sumario glamoroso que circule por la Audiencia. Si hubieras visto cómo le quiso tomar el pelo el otro día a un magistrado del Supremo, declarando ante él que enviarle «propuesta y presupuesto» a un banquero no es pedirle dinero, entenderías la profunda inmoralidad de la emboscada que te está montando con ayuda de alguno que en su día te hizo mucho la pelota.

Dicen que nunca debiste venir a España, que sólo serviste para tapar los crímenes de la dictadura y que todo lo que el Parlamento decidió hacer en tu nombre por abrumadora mayoría ha de quedar anulado por la aplicación torticera de unos convenios internacionales. Pero este «juez trinqueador» y quienes le apoyan son tan sinvergüenzas que ni siquiera cubren las apariencias pidiendo que se reabran todas las fosas, que se persiga a todos los culpables y que se proteja a todas las víctimas. No, siempre están tuertos del mismo ojo. Ni Paracuellos, ni Hipercor, ni los Bultó, los Viola, los Ibarra o la hija del comandante Velasco merecen jamás una sola línea en su palinodia unidireccional. Sólo van contra el franquismo; y franquistas somos todos los que no pensamos como ellos. Igual que hacían los jacobinos, igual que hacían los nazis, igual que hacían los estalinistas, igual que hacían los verdaderos fascistas. La suya es la democracia de partido único, la justicia de banquillo único, el periodismo de zurriago único.

Repiten, a estas alturas, la tontería del «no pasarán». Pues yo te digo que sí pasaremos; es decir que claro que pasaremos de largo delante de su tenderete de tópicos, falsificaciones y rencores. La inmensa mayoría de los españoles no estamos en eso. Hay un rebrote insignificante de la ultraderecha parlanchina, pero la gente no está por volver a las andadas ni siquiera en lo más hondo de la crisis económica. No tengo el gusto de conocer al magistrado Luciano Varela, pero es para estar orgullosos de que en el Supremo haya gente así. Oye, un tipo que no le pide el ADN ideológico al que llama a la puerta de la Justicia y sólo se ciñe a la ley. Es la antítesis del otro. Alguien capaz de decir: detesto sus ideas pero daría mi toga para que se le tratara a usted con equidad. Funcionarán las instituciones. Los problemas de la democracia, los resolverá la democracia.

Total, tía Amnis, que no te lleves berrinches por culpa de quienes no te llegan ni a la caña del tacón. Que sepas que marcaste nuestras vidas para bien y que nunca nos olvidaremos de ello. De momento hoy vamos a recordárselo a los colegas más amnésicos con ayuda de El Abrazo. Sí, ya se que todos vamos cumpliendo años, pero los jóvenes están ahora en mejores condiciones de entenderte que nunca. Tal vez haga falta explicarles lo que pasó entonces, por qué hubo un antes y un después de que llegaras tú. Mira, mis hijos ya son mayores. Estudian y trabajan fuera. No, tú no los llegaste a conocer. Pero la próxima vez que los vea, que será pronto, les hablaré de ti. De lo que pasó entre nosotros hace 33 años. ¡Treinta y tres años, tía Amnis! Sí, es verdad… ya va siendo hora de contárselo todo. Con pelos y señales. ¡Pero qué señales!

A las dos y cuarto de la tarde del domingo 23 de noviembre de 1975, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la tumba que se había preparado para Francisco Franco en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. La losa que selló el sepulcro era tan pesada como el legado que Franco dejaba, después de cuatro décadas de guerra de exterminio y paz incivil. De eso han pasado ya casi 35 años y los españoles seguimos opinando -aunque con mucho grito, poco debate y menos fundamento- sobre las virtudes y defectos de la democracia que construimos sin necesidad de derribar el armazón de la dictadura.

La corrupción política, con políticos que la ignoran, y el procesamiento del juez Baltasar Garzón a instancias de los herederos ideológicos del franquismo, nos sitúan de nuevo en la disputa. Recordemos cómo empezó todo y adónde hemos llegado.

Apenas muerto Franco, muchos de sus fieles partidarios dejaron el uniforme azul y se pusieron la chaqueta democrática. La desbandada de los llamados reformistas o “aperturistas” en busca de una nueva identidad política fue a partir de ese momento, sin prisa, pero sin pausa, general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida. Debería dejarse claro, por lo tanto, frente a la opinión sesgada de algunos ilustres ex franquistas que se han apropiado de la transición a la democracia, que el armazón de la dictadura que controlaba el poder cuando Franco murió no contenía el embrión de la democracia y tampoco el Rey, el nuevo Jefe de Estado, ofrecía en ese momento las mejores garantías.

Los políticos y burócratas formados en la Administración del Estado franquista tenían en sus manos el aparato represivo y el consentimiento de una parte importante de la población educada durante años en la desconfianza hacia los cambios políticos, identificada con los valores de la autoridad, la seguridad y el orden. Sin Franco no habría franquismo, pero los franquistas que abanderaron entonces la democracia se beneficiaron de los miedos que ellos y su querida dictadura habían difundido durante décadas: el miedo a los desórdenes y protestas, la machacona propaganda negativa vertida sobre los partidos políticos “rojos” y de la oposición, y el recuerdo traumático de la Guerra Civil, con el temor siempre tan manido de que se pudiera repetir.

Es verdad que desde abajo hubo una poderosa presión social que, ejercida por asociaciones de vecinos, estudiantes, sindicatos, comunidades cristianas, intelectuales y profesionales, trataba de quebrar las posturas inmovilistas, del bunker, que impedían el tránsito hacia un sistema de libertades. Pero el proyecto de Ley para la Reforma Política ideado por Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda pasó por las Cortes franquistas, tras ofrecer importantes concesiones al grupo de notables que, alrededor de Manuel Fraga, acababa de fundar Alianza Popular (AP), y fue aprobado en referéndum el 15 de diciembre de 1976 con una elevada participación, el 77% del censo -aunque en el País Vasco se quedó en el 54%-, y un 95% de votos afirmativos, pese a que la oposición democrática había pedido la abstención. Las promesas de paz, orden y estabilidad fueron la gran baza de Suárez para marcar el ritmo y las reglas del juego y para movilizar a mucha gente que con ese apoyo a la reforma política descartaba la “ruptura democrática” y una consulta popular para decidir sobre la continuidad de la Monarquía.

En los dos años siguientes, la historia se aceleró en medio de acuerdos, pactos, decisiones fundamentales y participaciones democráticas. El proceso de reforma legal que desembocó en la celebración de elecciones generales en junio de 1977 -40 años después de las últimas que pudo presidir la Segunda República- y la aprobación de la Constitución a finales de 1978, fue acompañado de una Ley de Amnistía, aprobada el 15 de octubre de 1977, por la que se renunciaba, entre otras cosas, a abrir investigaciones o a exigir responsabilidades contra “los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Hay quienes creen que ese pacto político de olvido del pasado, sellado por las élites procedentes del franquismo y las fuerzas de la oposición, marcó a la democracia española. En realidad, el miedo a las Fuerzas Armadas y el recuerdo traumático de la guerra y de la represión condicionaban el discurso público y la cultura -o incultura- política de millones de ciudadanos. El escenario estaba dominado entonces por la crisis económica, los conflictos sociales, el terrorismo de ETA y de la ultraderecha, y la amenaza de involución militar. Ese proceso democratizador se basó en la transacción y negociación de las élites políticas con partidos, a izquierda y derecha, de estructuras rígidas y listas cerradas que no estimulaban la afiliación ni la participación de la sociedad civil. La mayoría de la gente aceptó que eso fuera así y las voces disidentes no pudieron, porque tampoco contaban con recursos disponibles, avanzar por otros caminos.

La consolidación de la democracia a partir del triunfo socialista en las elecciones de octubre de 1982 trajo enormes beneficios a la sociedad española, con el desarrollo del modelo autonómico, la extensión del Estado del Bienestar -con políticas fiscales de redistribución de la riqueza-, la integración de España en las instituciones europeas y la supremacía del poder civil sobre el militar. El militarismo pasó a la historia y, pese a la existencia de ETA, un legado de la dictadura que la democracia no ha podido destruir, la violencia ya no es entre nosotros un vehículo de la acción política.

Pero pronto pudo comprobarse también que la democratización y modernización española iba acompañada de altas dosis de prácticas corruptas, de especulación y fraude, de negocios privados a costa del gasto público, a los que no quisieron poner freno ni los gobiernos ni los partidos políticos. Partidos, por otro lado, rodeados de amigos, de personas fieles, que defienden al jefe y a sus propios intereses y que rara vez suelen diseñar un plan de decisiones coherentes destinado a perdurar.

La evolución política, social, económica y cultural de las últimas tres décadas constituye el mayor periodo de estabilidad y libertad de la historia contemporánea de España. Poco o nada queda ya de la visión romántica y aventurera de los viajeros extranjeros que, hasta hace muy poco, tan sólo unas décadas, veían a España como un territorio preindustrial alejado de Europa, a caballo entre la tradición de algunas regiones y la modernidad de otras, obstinado en su atraso e incapaz de superar su traumática historia. Un territorio, como todavía lo describía Gerald Brenan a mediados del siglo XX, “enigmático y desconcertante”.

Paradójicamente, cuando más asentada parecía la democracia, después de dejar atrás las partes más funestas del legado autoritario del franquismo, nuevas coacciones y amenazas nos hacen dudar de nuestro modelo político. Algunos poderes fácticos impiden mirar e investigar libremente nuestro pasado violento y, con ello, la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Y muchos políticos, además de no hacer nada frente a eso, muestran una actitud cínica ante la corrupción que les salpica, ufanos de la tutela tan segura que ejercen sobre su electorado. Los ciudadanos estamos muy distantes de los lugares de decisión política y los partidos políticos concentran el poder de forma excesiva en sus líderes y amigos más allegados. Nadie parece estar dispuesto a emprender cambios y reformas que mejoren la calidad de nuestra democracia, sitúen a las instituciones democráticas por encima de los intereses corporativos y partidistas y refuercen a la sociedad civil. Así está el patio.

A diferencia de muchos, en particular de quienes han sucumbido a una psicología verbosa, yo no estoy convencido de que haya que torturar, dejar o extorsionar al recuerdo, ni tampoco exponerlo a la acción de alicientes bien calculados. Me inclino ante el recuerdo, ante el recuerdo de cada ser humano. Quiero dejarlo tan intacto como le pertenece al hombre que existe para bien de su libertad, y no oculto mi aversión por quienes se permiten someterlo a prolongadas intervenciones quirúrgicas hasta igualarlo al recuerdo de todos los demás. Que operen a su antojo narices, labios, orejas, piel y cabellos, que trasplanten ojos de otro color si no hay más remedio, o corazones ajenos que palpiten un añito más, que ausculten, amputen, alisen o igualen, pero que dejen en paz al recuerdo”.

El largo párrafo no es mío, sino de un gran hombre, de Elías Canetti, y está incluido en su libro La antorcha al oído. Un libro de memorias, de sus memorias.

Creo que no he leído nada más contundente al respecto. Ni he encontrado ocasión más oportuna para traer a colación esta sencilla forma de ver las cosas. Oportuna para el momento que vive nuestro país, para desbrozar las razones que a unos y a otros nos asisten para traer el pasado inmediato a la discusión política.

Porque esto del recuerdo y la memoria está sirviendo para poner en cuestión una etapa de la historia de España y, con ello, reventar la legitimidad del régimen en que vivimos, de la democracia que hemos construido, de la ley que nos ampara.

Hace unos días, Patxo Unzueta explicaba en este periódico el por qué de una acción de la Casa Real a la vista de esa interpretación del pasado. Hace unos meses, Santos Juliá, también en este periódico, recordaba cómo se habían producido las cosas durante los años de transición política. Los dos autores han fijado, yo creo, con precisión, en qué consistió aquello de la Transición.

Pero esa interpretación, pienso que absolutamente fiel, de lo sucedido, se topa ahora con otra muy distinta, que parte de dos principios esenciales.

En primer lugar, de la construcción de ese “recuerdo de todos los demás” al que se refería Canetti. El dichoso asunto de la memoria histórica, que ha llegado a calar tan profundamente en España que la gente ya no dice que tiene recuerdos sino que tiene semejante cosa. Es más, lo del recuerdo, por su sentido evidente de subjetividad, carece de entidad suficiente para oponerse a lo otro.

En segundo lugar, una vez reforzada la memoria histórica, se puede proceder a aplicar el siguiente principio, que es el de la ilegitimidad de las bases del sistema. La memoria histórica nos dice, una vez fijada por sus muñidores y propietarios, que el proceso de la Transición fue un proceso condicionado por el miedo, por la cobardía de algunos de los actores fundamentales, como los partidos de izquierda, por ejemplo. La generosidad, el deseo de dar fin a la guerra, como recordaba Unzueta, parecen no haber existido. Por mucho que algunos recordemos que sí.

Muerto el perro, se puede acabar con la rabia. Muerto el recuerdo, se puede fijar como indiscutible que aquellos pactos de 1977 y 1978 no tienen validez porque no fueron democráticos, al ser firmados bajo coacción. Y eso conduce a la posibilidad de ponerlo todo patas arriba, de cambiar la ley a gusto de quienes guardan el uniforme “recuerdo de todos los demás”.

No tiene nada que ver, desde este punto de vista, el lícito recuerdo de quienes quieren recuperar los cuerpos y la dignidad de sus muertos en la guerra, con el -para mí- abusivo intento de cambiar lo sucedido para que sirva a intereses nuevos.

Se trata de echar abajo todo el sistema sobre el que se basa la ley por la que nos regimos. Y, no hay que olvidarlo, la ley es el único recurso serio para defender la libertad en una sociedad democrática. Tan serio es el asunto como eso.

¿A qué nos llevaría reventar el edificio de la Transición? A pelearnos por un cambio constitucional en función no de una mejora del sistema sino de nuevas propuestas que pondrían en riesgo muchas cosas. Por ejemplo, la conformación del Estado de las autonomías, para proponer en su lugar un sistema confederal, que tiene muchos adeptos en Cataluña, País Vasco y ahora, al parecer, en Castilla-La Mancha.

En unos casos, los intentos me parecen inoportunos por ser innecesarios cuando se tiene una democracia razonable; en otros, como en el asunto confederal, me parece que se trata de romper un consenso para abrir una buena bronca.

La llamada memoria histórica, que comenzó a actuar amparada en las más que justas reclamaciones de perjudicados por el franquismo, se ha ido perfilando como una fábrica de consignas que agrupa propuestas políticas muy diferentes, pero coincidentes en el propósito de reventar el Estado. Por fortuna no cuajó la idea de que la actual ley de compensación de las víctimas del régimen de Franco fuera bautizada con ese nombre.

Volvamos a Santos Juliá y Patxo Unzueta y a su reclamación de estudiar la verdad de lo sucedido y rechazar así la verdad instituida por los partidarios y agitadores de la memoria histórica.

Eso es sencillo: se lee lo que escribieron los comunistas y socialistas para hacer los pactos de amnistía de finales de los años setenta, y se confirma con las interpretaciones de gente como Mario Onaindía. O se estudia la proclamación de la República de Cataluña por Lluis Companys, y la ilegalidad de un golpe de Estado que fue apoyado por un fascista llamado Dencàs y desbaratado por un demócrata que era general, Domingo Batet. Todo será más fácil de discutir.

Con eso, cumplimos con la historia.

Y luego, viene el recuerdo. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente cómo pedía en la calle, entre miles de personas, libertad y amnistía. Y recuerdo que había otras personas que añadían a eso la reclamación del Estatut de Autonomía (para Cataluña). Y tuve la sensación entonces de que ganamos cuando estas tres cosas se plasmaron en la realidad de una ley que garantizó la libertad, que acabó por otorgar una amnistía para todos, y que culminó en un Estatut de mayor amplitud que el que habían gozado los nacionalistas catalanes en toda la historia desde Pau Claris.

Tengo algunos recuerdos confusos, pero los puedo deshacer en la hemeroteca, aunque estoy seguro de que responden a lo que pasó.

Por ejemplo, recuerdo que todos los grupos políticos de la oposición a la victoriosa UCD aceptaron las leyes de amnistía. Me parece recordar que sólo la rechazaban importantes facciones del Ejército y la ultraderecha, que dejaron de tener significación política después del 23 de febrero de 1981.

Y también, por ejemplo, recuerdo que las leyes de amnistía fueron rechazadas por una partida de gentes que se agrupaban bajo el nombre de ETA, que dejaron de tener significación política hace años, aunque sigan teniendo capacidad de matar.

Son recuerdos que nadie me puede discutir, y que me niego a permitir que me los igualen con el recuerdo de los demás.

Como los que tenía Canetti cuando recordaba las matanzas de obreros en Viena en 1927.

Algunos sostienen que la transición política española a la democracia comenzó en julio de 1959, hace poco más de cincuenta años, cuando se aprobó el Plan de Estabilización. No les faltan razones.

Estas últimas semanas, Eduardo Martín de Pozuelo está publicando en La Vanguardia los resultados de su investigación sobre la transición española examinada a través de los documentos desclasificados de los gobiernos occidentales. De estas interesantísimas crónicas puede deducirse la especial atención que estos gobiernos prestaban a España, el alto grado de fiabilidad de sus informaciones y su decidida apuesta para que España se encaminara definitivamente hacia la democracia. En cada artículo Martín de Pozuelo confirma datos ya conocidos, revela otros y, en todo caso, siempre aporta nuevos matices.

El periodo histórico conocido convencionalmente con el término “transición política” es el comprendido entre la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978. En estos tres años, España pasó, en términos de derecho, de una dictadura a una democracia. No sin razones, desde un contexto político más general, ciertos historiadores amplían el periodo un poco más, adelantando los comienzos de la transición al asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre 1973 y retrasando su final hasta la victoria electoral socialista el 28 de octubre de 1982. Esta ampliación del periodo permite incluir las disputas finales entre los distintos sectores del franquismo (los continuistas y los reformadores) yel surgimiento o renovación de ciertos partidos (por ejemplo, Convergencia, PSC y PSOE), que después han sido muy relevantes, para acabar concluyendo con el gobierno de Felipe González, limpio de todo continuismo respecto a la dictadura. Por tanto, como sucede en todos los periodos históricos de fuertes cambios, su comienzo y final son discutibles y hay razones válidas para situarlos en unas u otras fechas.

Más atrevido es, obviamente, situar el principio de la transición en julio de 1959, todavía en plena dictadura y a más de quince años de la muerte de Franco. Pero, como antes he dicho, no faltan razones para sostener dicha tesis, siempre que se acompañen de las debidas cautelas. ¿Qué sucedió en aquel mes de julio de hace cincuenta años para poder sostener, con un cierto fundamento, tal afirmación? Se aprobó el Plan de Estabilización económica impulsado por Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, respectivamente ministros de Comercio y Hacienda, con el importante respaldo de las máximas autoridades económicas y monetarias internacionales, y con los catalanes Joan Sardà Dexeus en el Banco de España y Laureano

López Rodó en el despacho adjunto al de Carrero Blanco. Fue el primer triunfo importante de los llamados tecnócratas, bastantes de ellos pertenecientes al Opus Dei, frente a las demás familias políticas que configuraban el establishment franquista.

El Plan de Estabilización supuso el inicio de una cierta liberalización económica y de una apertura comercial al mundo, acabando de esta manera con la política de autarquía, vigente en España desde el final de la guerra civil, que había obtenido unos resultados económicos catastróficos. La autarquía empezó a suavizarse a mitad de los años cincuenta pero el Plan de Estabilización constituyó su final definitivo: la economía española, en pocos años, dio un giro de 180 grados. Desde este punto de vista, comenzó, pues, una nueva época y el crecimiento enseguida fue espectacular y tuvo una decisiva repercusión en todos los ámbitos de la vida social española menos en el campo político: la dictadura siguió hasta la muerte del dictador. Sólo después de la misma se vio claramente la importancia de los cambios en política económica iniciados en 1959.

Quizás Franco intuyó el peligro ya que no accedió a estos cambios voluntariamente, sino sólo cuando no tuvo más remedio. En una visita a El Pardo, un alto funcionario de una organización económica internacional puso en su conocimiento que España tenía petróleo sólo para los próximos dos meses, que la banca extranjera no estaba dispuesta a seguir dándole más crédito y, por lo tanto, que se atuviera a las consecuencias si seguía con su nefasta política autárquica. Asimismo, el alto funcionario también le advirtió que España recibiría toda la ayuda internacional necesaria en el caso de que cambiara de orientación económica y siguiera los dictados de la OCDE. El cauteloso y pragmático Franco, cuando se vio entre la espada y la pared, dispuso inmediatamente que se procediera a cambiar de política económica en el sentido indicado y el plan de Ullastres y Navarro Rubio fue el primer paso en la nueva dirección.

No cabe duda que otros muchos factores contribuyeron a la transformación de España durante los años sesenta y primeros setenta: la cercana prosperidad europea que absorbió tanta inmigración española, el turismo de masas, la emigración campo/ ciudad, la mayoría de edad de una generación que no había vivido de la guerra civil, los cambios en la Iglesia española, la oposición obrera, universitaria e intelectual, y un largo etcétera. Sin embargo, todo se hubiera retrasado sin la nueva política económica. Por Marx sabemos que la infraestructura económica no determina, pero sí condiciona, todo lo demás, incluida la política. Sólo desde este punto de vista puede sostenerse que la transición política comenzó en julio de 1959.

Compré Anatomía de un instante, de Javier Cercas, tan pronto se publicó, pero me dio pereza leerlo. No obstante en agosto, tras comenzarlo, no lo he dejado. Es honrado y valiente. Un buen libro. Un excelente libro.
La primera frase que me llamó la atención dice que «todo esto [se refiere a la algarabía político-mediática anterior al 23-F, en la que participó con ahínco el PSOE] no significa desde luego que durante el otoño y el invierno de 1980 los socialistas conspiraran a favor de un golpe militar contra la democracia; significa solo que una fuerte dosis de aturullamiento irresponsable provocada por la comezón del poder les llevó a apurar hasta lo temerario el asedio al presidente legítimo del país y que, creyendo maniobrar contra Adolfo Suárez, acabaron maniobrando sin saberlo a favor de los enemigos de la democracia».

Como prueba del ambiente reinante, esta observación ya vale; pero quizá valga la pena añadir que el Rey, en su mensaje navideño de 1980, dirigió parte del mismo al presidente Suárez acusándole de aferrarse al poder como un fin en sí mismo, de proteger lo accesorio, que era su cargo de presidente, por encima de lo esencial, que era la Monarquía. No es tampoco una conducta banal. En este ambiente de conspiración universal, cuenta Cercas que iban tomando cuerpo –además de algunas operaciones civiles irrelevantes– tres operaciones militares viables y peligrosas: la de los tenientes generales, cuyo civil de referencia era Fraga y tenía a la cabeza al teniente general Milans del Bosch; la de los coroneles, con la misma referencia civil y encabezada por el coronel San Martín; y la de los espontáneos, que tuvo su precedente en la operación Galaxia y cuyo más decidido propulsor era el teniente coronel Tejero. La primera hubiese sido una simple rectificación de rumbo; la segunda salvaba la Monarquía pero condicionaba la democracia; y la tercera iba contra la Monarquía y la democracia. El desenlace es sabido: el golpe no cuajó porque, en el instante de la verdad, el Rey no estuvo con los golpistas. Pero más allá del resultado del envite, conviene retener –con Cercas– algunas observaciones lúcidas:

1. Que una de las causas directas del golpe de Estado fue el terrorismo de ETA, «que por aquellas fechas se encarnizaba con el Ejército y la Guardia Civil ante la indulgencia de una izquierda que aún no había desprovisto a los etarras de su aureola de luchadores antifranquistas».

2. Que «aunque la ultraderecha clamaba por un golpe de Estado, el 23 de febrero no existió una trama civil tras la trama militar o, si existió, quien la urdió no fue solo la ultraderecha, sino también toda una clase dirigente inmadura, temeraria y ofuscada que, en medio de la apatía de una sociedad desengañada de la democracia (…), creó las condiciones propicias para el golpe. Pero esta trama civil no estaba detrás de la trama militar: estaba detrás y delante y alrededor de la trama militar. Esta trama civil no era la trama civil del golpe: era la placenta del golpe». Y que, «por lo demás, aquella tarde la memoria de la guerra encerró a la gente en su casa, paralizó el país, lo silenció: nadie ofreció la menor resistencia al golpe y todo el mundo acogió el secuestro del Congreso y la toma de Valencia por los tanques con humores que variaban desde el terror a la euforia pasando por la apatía, pero con idéntica pasividad».

3. Que la transición no fue posible en España gracias a un pacto de olvido, sino gracias a un pacto de memoria que hizo prevalecer la ética de la responsabilidad sobre la ética de la convicción. Pero, de un tiempo a esta parte, la transición no sólo es objeto de debate, sino también de lucha política. Este cambio es –para Cercas– consecuencia de dos hechos: el primero es la llegada al poder de una generación de izquierdistas –la suya– que no tomó parte en el cambio de la dictadura a la democracia y que considera que este cambio se hizo mal; el segundo es la renovación en los centros de poder intelectual de un viejo discurso de extrema izquierda que argumenta que la transición fue consecuencia de un fraude pactado entre franquistas deseosos de mantenerse en el poder, capitaneados por Suárez, e izquierdistas claudicantes capitaneados por Carrillo, un fraude cuyo resultado no fue una auténtica ruptura con el franquismo y dejó el poder real del país en las mismas manos que lo usurpaban durante la dictadura. Pero esto –concluye Cercas– es un error. Aunque no tuviera la alegría del derrumbe de un régimen de espantos, la ruptura con el franquismo fue genuina. Para conseguirla la izquierda hizo concesiones, pero hacer política consiste en hacer concesiones: la izquierda cedió en lo accesorio, pero los franquistas cedieron en lo esencial, porque el franquismo desapareció y ellos tuvieron que renunciar al poder absoluto. Es cierto que no se hizo del todo justicia, que no se restauró la legitimidad republicana ni se juzgó a los responsables de la dictadura ni se resarció de inmediato a sus víctimas, pero también es cierto que a cambio de ello se construyó una democracia que hubiese sido imposible construir si el objetivo prioritario no hubiese sido fabricar el futuro sino –Fiat iusticia et pereat mundus– enmendar el pasado.

Una es la moral del ciudadano y otra la del político, dijo el filósofo. En la noche del 30 de julio de 1812, Simón Bolívar, entonces joven coronel de la I República venezolana, detiene al generalísimo Francisco de Miranda, su superior máximo, por traición a la patria. Miranda había llegado a un pacto con el jefe realista Domingo de Monteverde: entregaba el ejército de Venezuela a cambio de que el español no hiciera matazón alguna contra el republicano y derrotado. Bolívar sostiene que Miranda es un traidor. Quiere hacerle juicio sumarísimo y fusilarlo. El dueño de la mansión de La Guaira donde suceden los hechos, De las Casas, convence a Bolívar y entrega a Miranda a los españoles a cambio de un salvoconducto para que Bolívar pueda salir de Venezuela rumbo a Curazao. La Historia (los historiadores) no suelen decirlo (ni escribirlo), pero quien traiciona no es Miranda, sino Bolívar. Traiciona a Miranda y gana dos veces: se lo quita de arriba y salva su vida. Telón.

La vida política está llena de lealtades y traiciones. En cuanto aparecen dos figuras aparece la lealtad y, a su lado, el enemigo: la traición. De la transición española a la democracia se han escrito decenas de libros donde la traición no es más que un elemento que juega en el escenario la parte teatral que le corresponde en la vida. «Anatomía de un instante», escrito por Javier Cercas y aparecido muy recientemente, es un estudio sobre la conducta humana de los políticos en un momento clave de sus vidas y de la vida de la España contemporánea: el 23 de febrero de 1981. Desde mi punto de vista, Cercas ha escrito un libro extraordinario, no porque diga algo nuevo en la investigación de las tramas negras del «golpe», sino precisamente por lo contrario. Al no decir nada nuevo sobre ese episodio bochornoso, todo lo que dice es viejo salvo una cosa: el modo de contarlo, la manera en la que el escritor, un narrador insoslayable, relata cada punto exacto de la cuestión y cómo (el modo, la manera, la forma) resuelve narrativamente cada uno de los encartes sustanciales del ensayo. Ahora bien, la resolución narrativa no tiene siempre que ver con «la verdad» histórica del asunto del que se habla y escribe, aunque en el caso de «Anatomía de un instante», ambas parecen encajar a la perfección. Lo sé: no es lo mismo escribir sobre la marcha, y en caliente de su suceso ocurrido ayer, que escribir del mismo episodio bastantes años después de que haya sucedido. También lo sé: no es lo mismo un libro oportunista que un libro oportuno, como no es lo mismo escribir bien que escribir mal. Y Cercas ha escrito un libro oportuno y lo ha escrito muy bien. ¿De qué trata este libro?

Con el telón de fondo de un episodio aparentemente esperpéntico de nuestra vida política más reciente, Cercas escribe un ensayo sobre la traición en la vida y la traición en la vida política. Claro que en la vida (y en la vida política mucho más) la traición ha pasado ya a ser una «vía de conocimiento», mientras que la lealtad es una suerte de antigualla que provoca sonrisas entrecortadas en el común de los protagonistas informados. A los ejecutores de la traición, Cercas los llama sin ironía (y con muy buen tino) «los héroes de la despedida». Tales deconstructores son, en este episodio y en la vida política del país en los primeros años de nuestra democracia, Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. Suárez «traiciona» al idear el modo exacto de desmontar el Movimiento y el franquismo; Gutiérrez Mellado «traiciona» al contener y desmontar los «instintos básicos» del ejército de Franco, y Santiago Carrillo «traiciona» al desmontar los dogmas del comunismo estalinista.

En medio de todos está el Rey de España, que piensa que aquel presidente del gobierno, Adolfo Suárez, ya es un lastre para el desarrollo democrático. El Rey, como toda España, tiene mucha prisa por gobernar con la izquierda. Sabe que esa será la señal de la nueva democracia española y su convalidación como demócrata. Suárez es entonces un estorbo. Pero Suárez es un converso de verdad: el general De la Rovere, pero sin teatro. Se ha creído tanto su papel de demócrata que los demócratas de toda la vida están muy asustados con aquel joven con pinta de tenista de club náutico de provincias costeras que se resiste ahora a salir del poder. Digámoslo una vez más, como lo dice Cercas: todo el mundo está contra Suárez en ese momento. Todos menos Gutiérrez Mellado y Carrillo. Otra paradoja de aquel instante: los dos «traidores» son leales al «traidor» que ha hecho leales votos democráticos hasta fundir el juramento en su alma más profunda. Los demás, incluso los suyos, traicionan la lealtad debida. Por ambición, por traicionares, por mediocres, por oportunistas. Por lo que sea, son desleales. «¡Jo, vaya tropa!», diría Romanones (y decimos nosotros).

Tengo noticias muy fidedignas de la existencia de un documento fechado en 1969, y firmado por Suárez, donde «le cuenta» al entonces príncipe Juan Carlos todos y cada uno de los vericuetos y desfiladeros que hay que atravesar para llegar a la democracia plena en España. El Rey se lo cree y confía en el joven con pinta de tenista provinciano. Y, llegado el momento, lo elige para ese papel en el teatro de la historia. Pero el actor se lo cree. Es decir, no cree que sea sólo un actor, sino que se transforma en protagonista real y uno de los motores velocísimos de la política española de la transición a la democracia. No he visto ni he leído el documento al que me refiero, pero de existir tal papel forma parte de la Historia de España y tenemos derecho a conocerlo.

Después pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó? Cercas, y otros antes que Cercas, lo esbozan, sugieren y hasta dicen: la clave central está en Cortina, que juega con su apellido y con una inmensa inteligencia para el papel que juega en el supuesto esperpento. Su nombre aparece en el golpe, en el contragolpe, en el contragolpe del contragolpe e, incluso, en el golpe contra el contragolpe. Y, sin embargo, judicialmente, no tuvo nada que ver ni con los golpes ni con los sucesivos e hipotéticos contragolpes. Indemne, tal vez no formó parte de la traición, pero no me creo que no haya formado parte de «un algo inasible» y etéreo que flota con pesadez excesiva en el aire de aquel episodio.

El libro de Cercas quiere decir, además, que podemos seguir escribiendo periodística y literariamente (aunque se hace periodismo o se hace literatura) del 23-F como si tal cosa. Sí. He leído mucho de aquel suceso. Estuve a dos metros (como todo el mundo, ¿no?) del Palacio del Congreso aquella noche y terminé por irme a dormir (como todo el mundo) cuando el Rey de España dijo por televisión lo que dijo. Escribiendo de todo esto, me acuerdo de mis amigos Fernando Castedo y Jesús Picatoste. Me consta que, en medio de tantas traiciones, ellos fueron una vez más leales a sí mismos. Como Cercas al escribir «Anatomía de un instante» en un momento tan oportuno.

Queridos Reyes Magos: A no pocos españoles puede que les parezca sensato pedirles a Sus Majestades de Oriente que les obsequien con la Memoria Histórica que llenó la Transición, una Memoria que ha demostrado ya con sobrada eficacia su capacidad para asegurar la concordia entre todos nosotros.

Un buen método para abordar estos siempre difíciles asuntos hubiera sido que el presidente del Gobierno solicitara la bien fundada opinión que podrían dar las muchas y valiosas personalidades que protagonizaron la Transición.

Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Jordi Pujol, Xavier Arzalluz y los fallecidos Tarradellas y Ajuriaguerra constituyen un conjunto excepcional de personas, en un momento excepcional e irrepetible. De otra parte, el ya largo período presidido por la Constitución ha aportado gentes admirables, patrimonio de todos, que han estado al frente de nuestras Instituciones Nacionales y de nuestras Comunidades Autónomas y que han merecido confianza y ejercido su oficio de tal modo que ha afianzado nuestra convivencia.

A mí me gusta imaginar que, a veces, estos políticos se reúnen para tratar asuntos relacionados con el bien común y que, en tales reuniones, participan incluso quienes han pasado a la otra vida, en la que siguen ocupándose de política de modo que, al hacerlo, nos ayudan.

A partir de aquí, parece conveniente reconocer que, en un tema como este, que afecta a los sentimientos de los españoles y respecto del cual, una mitad de nuestros compatriotas puede discrepar con similar fundamento de la otra mitad, hubiera sido bueno que el señor presidente del Gobierno hubiera convocado una reunión monográfica de tales políticos sobre el tema.

En esta reunión, todos ellos, con rara unanimidad, dirían que la amnistía de octubre de 1977 fue hija, e hija predilecta, de la Memoria Histórica. Coincidirían también en que, aunque no fueran millares los muertos de la guerra que no dispusieran todavía de la debida digna sepultura en tierras españolas, aunque fuera uno sólo, ese caso estaría clamando ante las conciencias de todos y debería, inexcusablemente, resolverse.

Y cuando en esa reunión se hablara de la necesidad de ensalzar a los perseguidos, encarcelados y asesinados en la Guerra Civil y en esa parte del franquismo que fue una dictadura dura y cruel, debería atenderse al comentario de Jordi Pujol, que reiteraría que algunas de las víctimas de la represión franquista fueron antes verdugos y que hubo en Cataluña tantas o más víctimas “de misa y de derechas” que las que luego se produjeron.

También se le podría comentar a Manuel Chaves, ceutí, que no estaría de más que la Junta de Andalucía corrigiera alguna de las disposiciones que ha elaborado al respecto a fin de que no discriminara entre víctimas “fallecidas” y víctimas “asesinadas”, según fuera la mano que en cada caso las llevara a esa condición.

Es probable que, al oír estas cosas, Arzalluz, si se encontrara presente, no dejara de asentir, aunque no pasaría de tan tenue compromiso.

Y cuando se hablara de las responsabilidades de los gobernantes, alguien podría argumentar, desde los propios principios de la Ley, que, lógicamente, sólo otorgan capacidad para juzgar la Democracia, que si se abriera causa para depurar las responsabilidades de las Juntas Militares constituidas por quienes se sublevaron o de los primeros gobiernos franquistas, habría que hacerlo, también, en paralelo, para depurar aquellas en las que incurrieron dirigentes republicanos. Y el emérito presidente del Tribunal Constitucional, Jiménez de Parga, después de consultar con su colega Tomás y Valiente, víctima mortal del terrorismo, dictaminaría que estas Causas están cerradas.

La exaltación de las víctimas sólo puede hacerse, asimismo, desde la autoridad moral de la democracia, pero también en esto habría que actuar con prudencia, para no reiterar el poco edificante espectáculo de aquellas esquelas de uno y otro lado que se han podido ver recientemente y que más bien servían para identificar verdugos que para exaltar a los muertos.

Prudencia ésta que debería aplicarse a canonizaciones y beatificaciones. Al fin y al cabo los méritos de todos bien los sabe Dios. Como las nuevas tecnologías inalámbricas facilitan las cosas, una conversación entre los Cardenales Tarancón y Rouco podría resultar utilísima al efecto.

Ante estas cosas, los combatientes de uno y otro lado que, en tierras de la batalla del Ebro, pusieron una placa en la que puede leerse: “A los que perdieron la guerra, que fueron todos”, es muy posible que dijeran que fue paradójico que una guerra la perdieran vencedores y vencidos, que la Transición, en cambio, la ganamos todos, y que la Reconciliación bien merece que se la considere victoria compartida.

En esa reunión también se discutiría si la amnistía fue o no una amnesia, o si en la Transición nos olvidamos de la Guerra Civil. La verdad es que la tuvimos bien presente para no repetirla. Y si se preguntara a quién se debió que, en un momento dado de la Transición, quedaran las cárceles vacías de presos políticos y el mundo, de exiliados españoles, es más que posible que Gregorio Peces-Barba tendiera a creer, desde la más acendrada buena fe, que España debía agradecérselo a un Parlamento presidido por Julián Besteiro.

Como a esa entrañable reunión por desdicha no podría asistir Adolfo Suárez, cabe suponer que Landelino Lavilla, tras haber recibido una celestial llamada de Gabriel Cisneros, aclararía al bueno de Gregorio que fue Adolfo, aquel muchacho de Cebreros, quien alcanzó a conseguir, en doscientos días de gobierno, lo que ningún otro Gobierno había conseguido en los dos siglos anteriores. Peces-Barba, sin dificultad, acabaría reconociendo esa verdad entera y verdadera.

Y cuando Santiago Carrillo pidiera que los beneficios de la Ley se aplicaran a los “resistentes armados”, puede que se encontrara con la memoria de las gentes que saben que, además de resistencia, hubo sobre todo, al final de los maquis, no poco de bandidismo. Y cuando defendiera a las Brigadas Internacionales, podría recordársele que en ellas hubo mucho de generosa aventura democrática, pero también de actuaciones nada democráticas.

Y como a veces es necesario que alguien diga verdades como puños, es fácil que Manuel Fraga le contestara a Carrillo: “Hombre, Santiago, todos admiramos tu papel y el del Partido Comunista en la Transición. Vosotros estuvisteis siempre en el antifranquismo, aunque no siempre, como alguno de nosotros, en la democracia. En todo caso, pelillos a la mar, porque las posibilidades que abre la Ley son para los hijos y los nietos de maquis y brigadistas”. Bien es cierto que se habría impuesto la suavidad de Fraga a la contundencia de Iribarne por celestial consejo de Pío Cabanillas.

Como esta reunión debería terminar con la emisión del habitual comunicado, no parece imposible que se manejara uno que dice: “Que nunca más, por ninguna razón, por ninguna causa, vuelva el espectro del odio a recorrer la tierra española, ensombrecer nuestra conciencia y destruir nuestra libertad”. Y es probable que Fernando Álvarez Miranda, sobre cuya recta intención no cabe duda, a la vista de este Comunicado, se lo atribuyera a la Conferencia Episcopal, seguro del acierto que preside las actuaciones de nuestros Obispos.

Ante esta atribución, Felipe González contestaría, sin acritud, que tales palabras no figuran en una declaración de los Obispos españoles sino en la que el Gobierno de su Presidencia formuló el 18 de julio de 1986, con ocasión del 50º aniversario del inicio de nuestra incivil guerra.

Y como la política, actividad tan denostada, suele producir a veces situaciones hermosas, permitirán Sus Majestades que imaginemos que el presidente del Gobierno, que, como todo gobernante, tiene mucho que decidir, pero también mucho que ceder, asiste a esta reunión profundamente interesado, en el más elevado grado de permeabilidad. Y que, tras haberlos oído a todos, quizá rectificase alguna de sus actitudes, aunque no sus objetivos.

Y si alguna duda le quedara al respecto, siempre podría consultar al colega de Sus Majestades, al Rey Juan Carlos, que mucho sabe de esto, pues no en vano nació en Roma por culpa del exilio puñetero.

Francisco Umbral, inmortal y rosa, bautizó aquellos años inciertos en los que asistimos a la mutación del franquismo en democracia como «La Santa Transición». No pretendía con esta expresión cargada de profundidad ser un teórico de la Historia. Ni tampoco lo necesitaba, pues sus relámpagos de prosa alumbran por sí solos las páginas más incómodas de nuestro reciente pasado.

Todo sistema político fundamenta su legitimidad en algún hito del ayer, en algún acontecimiento pretérito convertido a la vez en pilar y clave de bóveda de la autoridad, ese frágil edificio sin el cual ningún poder perdura. Autoridad viene del latín augere, que significa hacer creer, y cualquier poder que tenga aspiraciones de continuidad debe urdir bien los mimbres de su discurso para conquistar la credibilidad ante sus ciudadanos. Para ello suele señalarse una fecha que se convierte de repente en símbolo aglutinador, lugar común de fastos que recuerda viejas glorias y mantiene actualísimos poderes. Miramos entonces al pasado para reivindicar nuestro sitio en el presente, porque la vida no es más que eso, una pelea continua con el calendario de nuestros recuerdos, el lábil correr del minutero sobre un horizonte de memorias.

La dictadura de Franco insistió durante 40 años en aquel 18 de julio que se convirtió en hito legitimador, golpe de autoridad bañado en sangre que dio comienzo a la Guerra Civil. Basaba Franco su credibilidad en la victoria, sin contemplaciones y con mayúsculas, sobre los antiguos adversarios, ya convertidos en enemigos a batir. Y sobre la victoria fundó aquellos mentirosos 25 años de paz con los que se llenaban Plazas de Oriente. No imaginaba el caudillo que aquellos felices 60 del seiscientos y de Marisol estaban engendrado el principal desajuste al que habría de enfrentarse el régimen una década más tarde: el alejamiento entre una sociedad cada vez más dinámica y una dictadura anclada en la retórica autoritaria de la cruzada.

Y cruzando el río de lo incierto, arrastrados casi por la marea del azar que no descansa, se hallaban aquellos reformistas que no habían vivido la guerra e incluso eran capaces de olvidarla para abrir el régimen a todo lo que quedaba fuera: desde los socialistas a los demócrata-cristianos, desde los monárquicos liberales a los comunistas, pasando por los amordazados nacionalistas de Cataluña y el País Vasco.

La memoria de los vencedores veía a los reformistas como el verdadero cáncer del régimen, su quinta columna que, desde dentro, roía las entrañas del 18 de julio. Por eso al espíritu del 12 de febrero le siguió pronto el gironazo. Victoria y más victoria, recuerdo continuo de la gesta legitimadora, memoria levantada ad hoc por las necesidades del momento. El búnker no quería abandonar las poltronas que llevaba 40 años ocupando y, a mediados de los 70, insistía en que para algo había ganado la Guerra Civil. No estaba dispuesto a trocar su victoria por ningún tipo de reconciliación porque ni podía ni quería olvidar la contienda y, además, estaba dispuesto a repetirla con tal de seguir gobernando una nave que corría el riesgo de naufragar.

Al otro lado, entre cigarros y clandestinidades, Carrillo se quitaba la peluca ante un Suárez que, para la prensa de izquierdas, seguía siendo «un inmenso error», sin paliativos. Pero es en el apretón de manos entre Carrillo y Suárez, alentado por una movilización social creciente, donde empezó a forjarse un nuevo hito legitimador para la historia de España. El hito del consenso, de la reconciliación, ese pilar de autoridad que Umbral hizo después ascender a los altares -irónicamente, por supuesto- en sus Días felices en Argüelles.

Cristalizaba la Santa Transición, forjadora de la Intocable Constitución, nuevo ADN jurídico-político de una España donde el alborear de la democracia se desperezaba tras la noche de la dictadura. Armadas de confusa inspiración, militar y/o política, quisieron interrumpir con brillos de tricornio, rumor de metralleta y desvelo de tanques ese leve amanecer democrático una noche de febrero. Pero no sucumbió la Santa Transición al suplicio que podría haberle esperado, y a flote continuó la delicada operación que, desde arriba, dio a los españoles unos nuevos mimbres legitimadores. Nacía un nuevo sistema surgido de las contradicciones del anterior y basado en la reconciliación de los antiguos enemigos, de aquellas dos Españas que hoy parecen convertirse en 17.

La reconciliación se basó en el olvido, como no pudo ser de otra manera en un momento donde la sombra de la Guerra Civil palpitaba entre las banderas de los cuarteles y los búnkeres del Pardo. Mario Benedetti señalaba poco tiempo después la distinción -crucial para entender cómo se jugó con la memoria de la guerra durante la Transición- entre «olvidadizos» y «olvidadores». Los primeros olvidan sin querer; los segundos, imponen el olvido: losas de silencio que aseguran el poder o construyen la escalera para conquistarlo.

Tanto los franquistas moderados como buena parte de la oposición quisieron ser «olvidadores» de la guerra, pues eran conscientes de que recordar antiguas contiendas acabaría haciéndole el juego a la vieja guardia del régimen a la que precisamente querían neutralizar. Y para conservar el timón del presente recién ganado y desactivar al búnker (Suárez); o para aspirar a gobernar ese timón de la democracia que alboreaba (Carrillo), empezó a tejerse la red de la amnesia que acabó conduciendo a la bienvenida amnistía. Era la antesala de las primeras elecciones generales.

Pero el olvido, cuando es consciente e impuesto, está lleno de memoria. De hecho es memoria en estado puro, recuerdo subyacente que cala como el llanto fino de los otoños. Cuando intentamos olvidar a alguien, comportándonos como «olvidadores», estamos sin querer recordándolo. Así pues, el olvido consciente de la guerra acabó convirtiéndola en una sombra alargada que cubre hoy anónimas cunetas. Con el paso del tiempo y la disminución de la tensión se convirtió en clamor popular, sediento de justicia, la reclamación de los perdidos restos de nuestros antepasados. Lo más triste de todo es que ese clamor, dormido durante casi 30 años a pesar de los gobiernos de distinto signo que ocuparon La Moncloa, ha empezado a ser aventado, cuando no inducido e incluso tristemente utilizado por nuevas generaciones de políticos que no habían participado en aquella Ttransición (mucho menos en aquella guerra), y que con tal de conservar el poder disfrutado han sido capaces de poner en solfa consensos pasados o delicadas reconciliaciones.

Así va surgiendo una nueva fuente de legitimidad porque la última, la del consenso, no es satisfactoria para muchos. De la reconciliación vamos desembocando en la restitución. Restitución nostálgica de aquella República que empieza a ascender -otro hito más, otra clave de bóveda legitimadora- a los altares del imaginario colectivo. Restitución de la justicia para los derrotados, del recuerdo para los olvidados. ¿Y cómo no alumbrar con la linterna de la historia los huesos desconocidos? Ni moral, ni científicamente puede nadie hacer oídos sordos a esas ansias por desenterrar de las cenizas del tiempo a tanto ayer masacrado. Bienvenida sea esta luz, pero a poco que nos detengamos en un análisis profundo surge una inquietante pregunta: ¿por qué precisamente ahora?

Nunca podemos olvidar que siempre hacemos -o nos hacen- memoria desde el presente, y que las actuales circunstancias influyen en lo que se olvida y lo que se recuerda. Porque la memoria es un poliedro y el presente, la mano que lo mueve, enseñándonos la cara que más interesa en cada momento. Dice Santos Juliá que «Historia» es conocimiento crítico y científico del ayer y «Memoria», representación de lo ocurrido. La Historia puede alumbrar memorias hasta ahora silenciadas, pero no confundirse con ellas, en un baile de cifras y best sellers, donde no se sabe dónde termina la ciencia y dónde comienza la mercaduría electoral, el culto al poder constituido. La memoria colectiva es también un objeto de estudio, y conviene analizar cómo surge, qué variables la inspiran, por qué y cómo se fundamentan sus recuerdos y sus olvidos. Cuántas ambiciones, proyectos y dudas inspiran a la mano que mueve el poliedro del ayer.

Está claro que la Transición ya no está en los altares, que el hito legitimador basado en la reconciliación va pasando a mejor -o peor- vida. Y dado que ya no hay riesgos de nuevos conflictos fratricidas podemos sentarnos a analizar los claroscuros de una Transición que no fue tan perfecta ni resultó tan satisfactoria. Toda autocrítica se parece a un cruce de caminos. A ella llegan sinsabores y de ella surgen proyectos, líneas inciertas, bifurcaciones en abanico. Y de la incertidumbre nace la creatividad; por eso sin autocrítica no hay mejora ni saltos cualitativos. Alumbrando las sombras podemos encender más luces, nunca es mala la autocrítica siempre que a la oposición le acompañe la proposición.

La reconciliación se cerró con olvido, sepultando recuerdos que muchos creyeron marchitos. La Historia restituye las memorias del olvidado, poniendo nombre y apellidos a las cunetas de la infamia. Pero si todo ese baile de memorias acaba trasladándose al mitin, a la tribuna del Congreso y a los carteles electorales estaremos utilizando muertos para contar votos, sean del color que sean los muertos y los votos.

Bien está repasar la Transición, bajarla de los altares y someterla a la crítica historiográfica, pero el destino al que debería llevarnos ese fascinante camino intelectual -que no político ni judicial- es hacia el planteamiento de las asignaturas aún pendientes en nuestra mejorable democracia. Asignaturas como la confusa separación de poderes; la constante colusión de lo público y lo privado; el nunca cerrado, mal definido y peor aplicado Estado de las Autonomías, cuya deriva nacionalista ha acabado atentando contra libertades fundamentales del ciudadano; o la injusta ley electoral, que lamina en virtud de su naturaleza proporcional corregida en sentido mayoritario aquellas terceras opciones que darían alternativas nuevas y colores distintos a las dos grandes dovelas de nuestro gris arco político. Gracias, precisamente, a esta ley electoral aquéllos que no creen en el sistema (los nacionalistas) acaban teniendo casi siempre la llave del inquilino monclovita. He aquí una de las grandes contradicciones de nuestro sistema, arrastrada desde aquella Transición que alumbró una democracia pero que no dibujó la mejor manera de mejorarla y hacerla más real.

Volvamos la vista hacia aquel consenso legitimador de nuestro actual sistema y rescatémoslo para hacer frente a estos desafíos y no para arrojarnos a la cabeza o a los escaños los jirones del ayer. No es el pasado nuestra gran asignatura pendiente, es en el ahora donde suspendemos, donde no damos la talla. Y es que de tanto girar el poliedro de la memoria corremos el riesgo de convertir la Historia en un insomne caleidoscopio.

No sabía bien hasta qué punto acertaba el editorialista de EL PAÍS cuando afirmaba -La memoria histórica, 7 de enero de 1977- que la guerra civil ocuparía “en la memoria colectiva un lugar de primer orden durante décadas”. La guerra tiene que ser “objeto de una reflexión colectiva y de un debate abierto, en el que participen tanto quienes la hicieron como sus descendientes, tanto los vencedores como los vencidos”, se decía entonces, expresando una convicción compartida por un amplio sector de lectores, entre los que no faltaron voces del exilio, como la de Manuel Andújar, que envió una carta al director para subrayar la coincidencia de este editorial con la posición mantenida por él y el grupo de exiliados que dirigieron en México la revista Las Españas.

La memoria de la que tanto se hablaba hace más de 30 años tenía un objetivo: superar el pasado. Así lo entendía Manuel Tuñón de Lara, cuando se preguntaba en la presentación de Historia del Franquismo -excelente colección de fascículos de Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nosty- si por formar parte de la historia los hechos relatados en aquellos cuadernos debían ser olvidados. Y respondía: “Esos hechos y esos actos tienen que ser olvidados como condicionantes del presente y del futuro, como factores políticos. En cambio, hay que asimilarlos y explicarlos como historia”. Así era entonces la memoria histórica, la misma a la que se refiere Todorov cuando afirma que “si se quiere superar el pasado, en primer lugar, hay que fijar y establecer la propia historia”.

Fruto principal de aquella memoria fue el impresionante movimiento por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados que creció como la espuma en el primer semestre de 1976. Comenzó pronto, inmediatamente que se conoció el verdadero alcance del indulto concedido por el Rey al hacerse cargo de la jefatura del Estado. Y eso se supo casi al día siguiente, cuando Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, volvió a meter en la cárcel a Marcelino Camacho, condenado en el proceso 1001, indultado y vuelto a encarcelar en la más palmaria demostración de que el indulto regio era papel mojado; que el amo de la calle era él, Fraga, vicepresidente con licencia para retirar de la circulación a quienes estorbaban sus planes de reforma.

Liquidado el primer efecto del indulto, la reivindicación de amnistía sirvió de aglutinante a colegios profesionales, organizaciones vecinales y feministas, partidos y sindicatos todavía ilegales, para exigir, en el primer gran movimiento unitario de la oposición, la libertad de los presos políticos como irrenunciable primer paso a la democracia. Las manifestaciones por la libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía en Barcelona los días 1 y 8 de febrero de 1976, la convocada en Madrid el 4 de abril, las concentraciones organizadas por las Gestoras Pro-Amnistía en Euskadi, todas ellas reprimidas con saña por la policía, culminaron, tras la caída del Gobierno Arias / Fraga, en la Semana Pro-Amnistía celebrada con multitud de actos entre el 7 y el 12 de julio, pocos días después del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.

“El pueblo empuja, el Gobierno no puede soportar más la presión popular y arroja la toalla”, escribían los autores del Libro blanco sobre las cárceles franquistas, expresando un sentimiento común. La oposición unida había conseguido un triunfo y dado un paso adelante en la lucha por la democracia. Sólo un paso, pues la amnistía por fin decretada el 30 de julio de 1976, siendo la mejor de las posibles, no era la más amplia de las deseables, como escribió EL PAÍS. Pacata con los militares demócratas, dejó fuera además los actos que hubieran “puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas”. De modo que vuelta a empezar, sobre todo en Euskadi, donde se iniciaron huelgas de hambre y encierros en iglesias cuando pasó el 30 de diciembre y la amnistía total, la que iba a cubrir los delitos de ETA, se quedó sobre la mesa de un Consejo de Ministros abrumado ante el secuestro por los GRAPO del presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol.

Fue a partir de esta segunda oleada cuando la reivindicación de amnistía total adquirió un nuevo significado. Hasta entonces, al exigir la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados nadie planteaba, como contrapartida, una medida similar para quienes, como funcionarios de la dictadura, hubieran participado en la violenta represión de los “delitos” de asociación o de reunión. Desde comienzos de 1977, camino de las primeras elecciones generales, amnistía total comenzó a identificarse con fin de la guerra civil y de la dictadura. Y, en consecuencia, adquirió un nuevo contenido: había que amnistiar el pasado de todos para construir -como dirá Arzalluz- “un nuevo país en el que todos podamos vivir”.

Así se planteó por primera vez en la reunión que mantuvo Suárez con los delegados de la Comisión de los Nueve el 11 de enero de 1977 para hablar de las dos grandes cuestiones pendientes ante la convocatoria de elecciones: la amnistía y la legalización de todos los partidos. El Gobierno, que hubiera aceptado de buen grado “un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la guerra civil, antes de ella, en ella y después de ella hasta nuestros días”, como propuso el representante del PNV, Julio Jáuregui, no se sintió con fuerzas para decretarla. Prefirió tomar el camino de las medidas de gracia, eliminando el inciso “puesto en peligro” del decreto del año anterior y recurriendo a la anacrónica figura del extrañamiento para sacar de la cárcel a un buen puñado de presos de ETA, entre otros a los condenados en el consejo de guerra de Burgos.

De modo que la amnistía total, como recordaron varios dirigentes de la oposición, quedaba emplazada para después de las elecciones. Y así fue. El primer día que entraron en el Congreso, los diputados del PNV presentaron una proposición de ley de “amnistía general aplicable a todos los delitos de intencionalidad política, sea cual fuere su naturaleza, cometidos con anterioridad al día 15 de junio de 1977″. ETA había puesto a prueba al Gobierno, asesinando a Javier de Ybarra, secuestrado días antes de las elecciones. A pesar de ello, la propuesta del PNV fue apoyada por el resto de los grupos de oposición, a los que se sumó UCD, de modo que el proyecto de ley incluyó también a las autoridades, funcionarios y agentes de orden público que hubieran cometido delitos contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Esa fue la sustancia de la Ley 46 / 1977, de 15 de octubre de 1977, de Amnistía: sacar de la cárcel a todos los presos de ETA y, a cambio, extender la amnistía a autoridades, funcionarios y policías. Hubo más, pero lo fundamental, en el ánimo de los proponentes y del Gobierno, consistió en simbolizar el comienzo de una nueva era de concordia dejando las cárceles vacías de presos por actos de intencionalidad política cualquiera que fuese su resultado. Para legitimar esta primera ley de las nuevas Cortes se habló de la guerra civil, de la dictadura, de las torturas y sufrimientos padecidos, se trajo el pasado al presente, pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia. La guerra civil había en verdad terminado, comentó la prensa el día siguiente.

¿Fue la ley producto de una amnesia, causa de un olvido? ¿Midió con el mismo rasero a los presos políticos que habían luchado pacíficamente contra la dictadura y a sus carceleros y torturadores? En absoluto. Excluyó, sí, el pasado del debate parlamentario; pero no impuso una tiranía de silencio: el mismo día que fue aprobada, la revista de mayor difusión de aquellos años, Interviú, continuaba la publicación de una larga serie de reportajes sobre fosas con uno titulado “Otro Valle de los Caídos sin cruz. La Barranca, fosa común para 2.000 riojanos”. Y por lo que se refiere a los presos políticos que habían luchado con medios pacíficos, ya estaban en la calle desde un año antes, algunos ocupaban escaños en el Congreso y defendieron con vigor y convicción el proyecto de ley. A su coraje moral y a su determinación política debemos que la democracia echara a andar, asediada por las pistolas de quienes, a derecha y a izquierda, recibieron la amnistía como una muestra de debilidad del Gobierno.

Ni siquiera Baltasar Garzón pudo impedir que Franco muriera en la cama. Sin embargo, el asunto se puede poner en positivo: el dictador, que quiso que todo quedara atado y bien atado, no se salió con la suya. Los españoles instauraron una democracia admirada en el mundo que ha permitido dar un salto a la modernidad, organizar un sólido Estado de derecho y crecer social y económicamente. Lo que parecía una verdad universalmente establecida se está desmoronando. Han surgido desde la derecha extrema y desde una izquierda irresponsable y exquisita voces para cuestionar la transición. Los dos extremos con diferentes razones, pero con objetivos peligrosamente convergentes.

HABRÍA QUE hacer historia: José María Aznar llegó a la política para hacer tabla rasa de la transición. Incluso trató de teorizarlo. Dinamitó el pacto de una política de consensos básicos soportada en la lucha antiterrorista y la política exterior. En ese viaje apareció por primera vez Garzón acompañado por los mismos intelectuales de la izquierda exquisita que ahora le jalean. El juez trabó un pacto de sangre con Aznar, con Pedro J. Ramírez –José Amedo incluido– y con los periodistas del “sindicato del crimen”. Se trataba de sacar de la Moncloa a Felipe González pese a los fracasos en las urnas. El juez quería venganza porque sus ambiciones no habían sido satisfechas en su paso por el Gobierno socialista. Por primera vez en la historia judicial, un juez podía meter en la cárcel a sus competidores en la política. El fin supuesto –hacer justicia en la guerra sucia– justificó el apoyo de algunos intelectuales amedrentados a ese disparate. Hay paralelismos: el fin de procesar al cadáver del dictador ha justificado que el mismo juez entendiera en asuntos para los que no tenía competencias. Si el Estado de derecho es un obstáculo, se sortea. Le apoya la misma intelectualidad que justificó sus tropelías en el caso del GAL.
Naturalmente, el juez no tuvo interés en utilizar la moviola para las acciones antiterroristas ilegales de la última época del franquismo y en los gobiernos de Adolfo Suárez. Era una justicia selectiva, ad hoc al interés de meter a Felipe González en la cárcel y permitir que Aznar ocupara la Moncloa. Lo ocurrido después es de sobra conocido: ocho años de Aznar en el poder con la confrontación como tecnología política y la desaparición definitiva del pacto constitucional.
Y en esto llegó José Luis Rodríguez Zapatero. La consigna fue talante e innovación. La quiebra generacional fue la condición para que el neófito presidente se sintiera seguro. La audacia, el soporte de las nuevas políticas: negociación con ETA, revisión del modelo territorial, utilización discutible del talante como tarjeta de presentación pero sacando provecho de la confrontación, y revisión de la historia para establecer una memoria oficial, lo que sus antecesores socialistas no se habían atrevido a hacer. La distancia de Zapatero con su antecesor en la dirección socialista y en el Gobierno, Felipe González, se hizo insalvable, salvo por la lealtad profunda de los viejos socialistas a su partido. Zapatero pasó el rastrillo para arrancar toda hierba que tuviera demasiadas raíces. Ahora diseña sus políticas con un puñado de independientes y con algunos periodistas e intelectuales de cabecera que organizan consejos de ministros paralelos en la pista de baloncesto de la Moncloa.
La ley de memoria histórica fue una de las grandes aportaciones al éxito de la anterior legislatura. Con dos matizaciones. La primera, sencillamente, que, después de un año, no se ha desarrollado y no ha alcanzado ninguno de los objetivos que se marcó. Y, la segunda, que es una ley cuestionada desde la derecha, pero también desde la izquierda. Una memoria oficial sin consenso. ¿No suena difícil?

Y, EN ESTO, llegó Garzón. Nada menos que con una causa general contra el franquismo: la ley de amnistía fue una cesión, como en Argentina y en Chile; la democracia estaba secuestrada cuando se aprobó la Constitución… ¿Cómo van a faltar entusiastas para ese banquete, sobre todo si no han caído en la cuenta de que esa factura habrá que pagarla?
No vale la pena hacer hincapié en el dislate jurídico de Garzón. Su atropello al Estado de derecho no ha sido impedimento para recabar apoyos que se soportan en los mismos principios que en la operación del GAL. Gracias al juez providencial, la sociedad española ha tomado conciencia de lo que fue el franquismo. Ha sido fácil: el juez ha reproducido textualmente libros de historia en sus autos. Y, además, se ha ofrecido a ejercitar las responsabilidades que los padres de la Constitución no se atrevieron a asumir. No importa que la ley no ampare sus actuaciones. Porque se trata de hacer justicia aunque las garantías estén desterradas. Ahora hay barra libre con la transición. Probablemente falta un cuarto de hora para que Garzón se entere de que don Juan Carlos fue nombrado sucesor por Franco. Luego fue legitimado por la Constitución. Pero, ¿quién ha dicho que los españoles fueron libres para votarla?

La Ley de Memoria Histórica y los autos del juez Baltasar Garzón han provocado en buena parte de la sociedad española una escandalizada beligerancia, pero detrás de estas precipitadas muestras de indignación se distingue una escalofriante mueca de pavor, una desesperada angustia, un sacramental y espantoso lamento. Como si una trompeta surgida de los oscuros lindes del tiempo tronara anunciando la resurrección de los muertos y éstos regresaran a reparar las cuentas pendientes que los vivos quisieron olvidar.

No carecen de fundamento estos temores. En realidad, la disputa jurídica y política sobre la oportunidad de las exhumaciones y el sentido de la deuda contraída con los españoles arrojados al olvido de la fosa común nos permitirá afrontar la postergada culminación de nuestra Transición democrática y conocer al fin el motivo por el que la derecha católica impide la rehabilitación moral de las víctimas asoladas por el inmundo paseíllo de los fusilamientos furtivos.

A diferencia de lo ocurrido en Bosnia, Ruanda, Guatemala o Argentina, en dónde las tumbas de los masacrados han sido abiertas para devolver los cadáveres a sus familias como el más triste y pobre de los consuelos que éstas se resignan a recibir, en España, en la europea España del siglo XXI, un poderoso tabú mantiene a nuestros muertos hundidos en el fondo de una doble sepultura. Cubiertos de tierra y musgo en las inhóspitas cunetas rurales y aplastados por la ignominia de vagar en el más extraño exilio impuesto a los vencidos.

Que el sentido común de los católicos españoles sea inmune a la piedad o a un ecuánime ideal de justicia nos obliga a interrogarnos sobre el origen de la terca consigna sostenida por la Conferencia Episcopal y a detenernos estupefactos ante el perturbador enigma: ¿por qué la Iglesia católica se niega a dar “cristiana sepultura” a viejos cadáveres desterrados?

Para resolver la cuestión que la arrogante jerarquía eclesiástica y el Estado Vaticano no quieren ni plantearse será preciso considerar el triple significado de una Transición convertida en tótem de la amnesia histórica española. Una Transición que mientras se cita en el exterior como la ejemplar lección de concordia política que España dio al mundo, en el interior se ha convertido en el relato de una coerción a la que todos deben rendir pleitesía y expiación.

Sin embargo, la Transición es un argumento de diferentes posibilidades expresivas que tiene a su disposición los rudimentos escénicos de tres géneros teatrales (el gozo de la comedia, la tristeza del drama y la horrenda tragedia) para representar el intrigante y fabuloso guión de la verdad. La Transición como comedia es la alegre puesta en escena de un deseo alimentado por la sinceravoluntad de perdón y reconciliación entre los que rechazando un pasado necio y salvaje, cancelaron su retórica fratricida y auspiciaron el esplendor democrático de una España impaciente por acudir a su cita con el mundo.

La Transición como drama es la historia de los abnegados y heroicos combatientes contra la Dictadura que librándose de la muerte vivieron lo suficiente para verse apartados del apoteósico retorno a la democracia y tratados como estorbos sacrificados por un país que no podía recordar su contribución sin poner en peligro el frágil equilibrio negociado con los vencedores de la Guerra Civil.

La Transición como tragedia, finalmente, es un escenario invisible a la conciencia crítica, pero en su tablado los dioses inexpugnables claman sus titánicas exigencias cuando recuerdan lo que para ellos debe seguir siendo la Transición española: el pacto de no agresión firmado por las dos castas políticas que ganaron la Guerra Civil.

Sólo una de ellas, como es bien sabido, se apoderó del país entero, pero mientras las poderosas fuerzas antidemocráticas se enfrentaban encarnizadamente en el frente, cada una en su territorio pudo perseguir a los enemigos del totalitarismo fascista y estalinista. Los falangistas en la zona nacional y los comisarios soviéticos en la zona roja liquidaron política y moralmente a los republicanos, liberales, librepensadores, masones y anarcosindicalistas cuya influencia tanto estorbaba a sus respectivas quimeras de dominio universal.

Al guión de este género trágico prefieren atenerse hoy los obcecados partidarios de una Transición consagrada como excomunión de los derrotados, como repudio de unos vencidos cuyo simple recuerdo altera la preceptiva amnesia institucional. La desafortunada pero muy reveladora metáfora empleada por Santiago Carrillo para advertir al juez Baltasar Garzón (“le puede salir el tiro por la culata”) nos da una idea de los demonios familiares que alientan la perpetua inmolación de los excluidos.

La negativa a exhumar los restos mortales de las víctimas esparcidas por los campos de nuestro país, compartida como se ve por representantes de las dos Españas, es un descabellado propósito que hace más dolorosa la tragedia de los españoles prohibidos. Pues lo que vienen a decir los intérpretes oficiales de la Transición es que son aquellos muertos desterrados del cementerio el origen de la discordia nacional y que su regreso simbólico tarde o temprano desembocará en el indeseable retorno de las controversias que arruinaron nuestro destino.

Que esta superstición arraigue en el tejido institucional español y obtenga para su causa tan destacados apoyos jurídicos, 70 años después de caer abatidos al suelo los primeros asesinados, deja en evidencia nuestra angustiada penuria intelectual y las patéticas aprensiones primitivas que nos dominan. Los que absurdamente secundan la consigna episcopal -contraria a la razón democrática, al derecho y al sentido común- auspician una doctrina arcaica que aunque avergüenza al mundo civilizado, obtiene entre nosotros un desconcertante respaldo.

A causa de la rotunda victoria militar de 1939, la Iglesia católica española se arrogó el derecho a ser la única administradora del culto a los muertos y a regir su reposo mediante sus rituales de paso al más allá. Al parecer es ésta una prerrogativa que la Conferencia Episcopal reclama como irrenunciable y en el catálogo de sus privilegios, mientras convoca beatificaciones masivas de sus mártires, figura la potestad de condenar a los fusilados que durante la Guerra Civil se expulsó para siempre de los cementerios. Como si fueran reos de un pecado abominable cuya remisión les será negada a perpetuidad.

Lo que subyace a este delirante integrismo ideológico es un corpus de creencias cuyo hechizo ha subyugado a numerosos sectores de la sociedad española, conmovida todavía por los fantasmas de un miedo corrosivo, un temor que nutre la anacrónica excepcionalidad de nuestra supersticiosa mentalidad nacional. No obstante, y por lamentable que sea el espectacular empecinamiento nacional, al final la razón vencerá. La exhumación de los cuerpos abandonados y la honrosa rehabilitación de los condenados tendrán lugar. A pesar de los temores excitados por los recalcitrantes apóstoles del pasado, los demonios no volverán. En contra de sus agoreras advertencias, el retorno de los muertos al cementerio será el final de una historia cuyo desenlace concitará el respeto de los ciudadanos. Para los creyentes, la localización de los cuerpos perdidos supondrá dar cobijo a las almas en pena errantes desde hace 70 años. A los escépticos, la identificación de los restos mortales desenterrados les permitirá cumplir al fin un inexcusable deber familiar. La apertura de las fosas comunes dará por concluida la Transición, sellará el pacto de la verdadera reconciliación, reforzará las instituciones con renovadas energías de racionalidad política y dará plenitud espiritual a un país que desea vivir sin miedo a sí mismo.

Hace poco más de 20 años me encantaba leer a los inusuales psicólogos de la escuela californiana de Palo Alto y sobre todo a Paul Watzlawick. Los libritos de éste (que en España publicó la editorial Herder) son muy breves, desenfadados y casi humorísticos, pero siempre plantean ideas-iceberg, o sea que tienen mucho más cuerpo de lo que aparece en la superficie… a diferencia de las obras de tantos pomposos gurús aquejadas de la deficiencia opuesta.

Me gusta en particular uno de ellos, titulado Lo malo de lo bueno. En él denuncia la tendencia a dar a los problemas y los conflictos lo que llama “soluciones clarifinantes”, es decir, soluciones que no sólo eliminan el problema sino también todo lo que está relacionado con él: “Algo así como dice el chiste conocido: la operación ha sido un éxito, el paciente ha muerto”. El mecanismo de las soluciones clarifinantes suele consistir en aplicar doble dosis de un remedio para duplicar su eficacia, desconociendo que medir la dosis forma parte también del remedio mismo: una aspirina puede aliviar nuestra jaqueca, pero kilo y medio de aspirinas no nos librará para siempre de los dolores de cabeza, sino que nos producirá úlcera de estómago…

No diré que el libro de Watzlawick influyó en la transición española (al modo que los de Pettit inspiran hoy a nuestro primer mandatario) porque fue publicado más tarde, pero se diría que su prudente advertencia iluminó retroactivamente a los políticos y ciudadanos en aquel trance. Porque el comentado éxito de la transición estribó precisamente en renunciar a la aplicación contra viento y marea de una solución clarifinante a la dictadura: los remedios que tácita o explícitamente se convinieron tuvieron cuenta de la dosis y no se excedieron en ella, en contra de lo que algunos (entre los que, ay, debo incluirme) pedían con perentoriedad maximalista. Se procuró dar cauce a la ética de las consecuencias más que a la de los principios y se intentó alcanzar una forma institucional de justicia que renunciase a los ajusticiamientos. En líneas generales, fue toda una lección de cordura colectiva, algo inesperada desde luego en un pueblo que tiene como emblema literario la figura de un simpático orate. Hoy no faltan sabios sobrevenidos que nos recuerdan lo obvio, es decir, que pesó en aquella opción el miedo a poderes fácticos militares y civiles todavía vigentes. Cierto, sin duda, pero vamos a ver: esos grupos influyentes y temibles no venían del espacio exterior sino de la entraña misma de un país complejo y difícil de reconciliar. ¿Hubiera sido aconsejable azuzarlos en un sentido u otro hasta que pudieran desbocarse por instinto de conservación? Se optó prudentemente por cambiar el país, no por cambiar fieramente de país… y creo que se hizo bien.

A este criterio respondieron, con sus aciertos y errores, las medidas que se tomaron en los terrenos políticamente más escabrosos, como las nacionalidades, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el Ejército y las fuerzas de seguridad, la pluralidad sin restricciones de partidos o la condonación de responsabilidades por los desafueros cometidos durante la dictadura (incluidos los actos de subversión terrorista). Salieron de la cárcel los presos, volvieron los exiliados que así lo desearon, se repuso en sus cátedras a profesores represaliados, se modificó la legislación en cuestiones de buenas costumbres y orden público, etcétera. En cierta medida -probablemente insuficiente- se trataron de remediar los más señeros atropellos sociales y personales cometidos en el pasado inmediato. Por lo general, se actuó con cautela (aunque a muchos les pareció loca precipitación) pero es patente que se derrochó buena voluntad conciliadora: basta para comprobarlo releer hoy serenamente el texto constitucional, cuyos aspectos menos satisfactoriosse deben precisamente al esfuerzo por calmar resabios y dar cauce moderador al radicalismo, a fin de recabar complicidad con la democracia incluso de aquellos que -partidarios del antiguo régimen o antifranquistas- mayor rechazo mostraban ante ella.

Con todos los altibajos que se quiera y bajo la amenaza persistente del terrorismo y del golpismo (que funcionaron en más de una ocasión mancomunados), esta lección práctica de cordura institucional dio notables frutos de prosperidad y regeneración de nuestra vida en común. Sin embargo, en los últimos años (¿cuántos? ¿15, 10, 5?) parece haber llegado a una fase de agotamiento e involución. Por lo visto, la sensatez se ha vuelto ya decididamente aburrida y muchos vuelven a reclamar las soluciones clarifinantes que prudentemente se dejaron de lado en el periodo transicional.

Volvemos por donde solíamos. En el terreno de la política lingüística, por ejemplo, ya no basta con que se puedan utilizar todas las lenguas oficiales en el terreno educativo y social: en algunas autonomías es preciso excluir y obstaculizar cuanto se pueda a la lengua común del Estado, negando como ilusorio el derecho a ser educado en ella o utilizarla para relacionarse con la Administración autonómica. Quienes protestan ante esta malversación de una legalidad pluralista son considerados fascistas y xenófobos, herederos de la peor reacción o al menos crispadores con afán de sembrar la discordia. Por otra parte, ya no basta que las creencias y prácticas religiosas sean respetadas en su ámbito propio igual que también en sus manifestaciones públicas, aunque siempre a título privado. Ahora se nos exige como necesario que la Iglesia mantenga intactos todos sus privilegios teocráticos de la época pasada y que incluso pueda decidir qué tipo de valores cívicos deben ser enseñados en la escuela, so pena de sublevar a la feligresía clamando contra la persecución religiosa. Un retroceso, dos retrocesos, varios retrocesos…

El último y por el momento más notable, la apertura de un proceso penal por las fechorías del franquismo, elevadas en la requisitoria de Garzón a la categoría de crímenes contra la humanidad. Lo que en un comienzo fue el razonable intento de satisfacer a quienes buscan los restos de sus seres queridos ejecutados para darles digna sepultura, pasó luego a una especie de revival de la vieja discordia fratricida para imponer a posteriori la salomónica justicia que no se hizo en su día: no ya desenterrar los muertos de la Guerra Civil, sino desenterrar a la propia Guerra Civil para que ahora por fin ganen los buenos. ¡Por fin va a quedar claro, judicialmente claro, que lo de Franco fue una dictadura y por tanto un rosario de abusos, arbitrariedades y crímenes! Ya me parecía a mí…

Tengo el mayor respeto por Baltasar Garzón: seguro que se ha equivocado a veces, pero como se equivocan los que hacen algo más allá de la rutina frente a los que sólo se atienen a ella, que aciertan siempre. El balance de sus iniciativas a lo largo de los años creo que es fundamentalmente favorable a la democracia y a la justicia. En este caso, en mi opinión desbarra por completo. Desde luego, ignoro si la razón jurídica está de su lado o la tiene el fiscal Zaragoza: la triste experiencia de los últimos años me ha demostrado que hay iniciativas que carecen de sentido común pero tienen sentido legal. Lo que me asombra es que bastantes, pese a dudar mucho de la viabilidad jurídica del asunto (¿qué responsabilidades penales van a pedirse, y a quién, si el franquismo es declarado culpable? ¿guillotinaremos al Rey, establecido en el trono por el dictador?) y secretamente convencidos de que todo se quedará en agua de borrajas, traten de vendernos el encanto simbólico de todo este asunto. Pues no: precisamente en el plano simbólico es donde resulta más clara la majadería. No tiene pies ni cabeza tratar de zanjar un debate histórico con sentencias judiciales ni combatir a los historiadores falsarios desde un tribunal. Nos dicen que la derecha no reconoce sus vínculos genealógicos con el franquismo; bueno, ¿y la izquierda? ¿Aireamos de nuevo la lista de líderes políticos, catedráticos, periodistas, etcétera, con un pasado azul que tú bordaste en rojo ayer? Todos ellos fueron franquistas (o combatieron el franquismo “desde dentro”, es decir, con cargos franquistas) en la época más dura del régimen: se fueron curando luego, qué cosas. Por no hablar de quienes heredan sus modos en la imposición lingüística (nuevas versiones autonómicas del “hable usted en cristiano” imperial) o sencillamente en el mangoneo de favores o de ostracismos desde cargos públicos, de tanta raigambre dictatorial.

Ahora veo derribar la cárcel de Carabanchel, en la que hace 40 años pasé una breve y no diré que feliz temporada. La despido sin tanta nostalgia como muestran por ella los que no la conocieron por dentro. Y así me gustaría ver irse también al olvido a los hunos y los otros, como diría don Miguel, a quienes no olvidan porque su memoria viene de la ideología y no de la experiencia. Son el peor cáncer de la España actual, la de la crisis, el paro y la hostilidad centrífuga.

Armas Marcelo escribió el otro día en la Tercera de este diario una pieza literaria sobre la debilitada memoria de Adolfo Suárez y lo que pudieron ser, y no fueron, sus memorias. Suárez, como todo el mundo que le conoció sabe, no escribió, probablemente, ni una sola cuartilla en su vida, a no ser las de las asignaturas de la carrera de derecho que aprobó a trancas y barrancas. Pero el ex presidente del Gobierno tenía unas dotes naturales extraordinarias. Y una visión política de España que le llevó a escalar las más altas cimas de nuestra Nación. Se parecía, en esto de escribir, bastante al Rey, que no ha juntado demasiados renglones en su vida, aunque ambos han sabido asumir y recitar las estrofas más convenientes para nuestra patria. Quizás esa fuese la razón de la sintonía que hubo entre ambos personajes, aunque en algunas épocas y momentos los desencuentros fuesen muy notables. Precisamente fueron esos trozos de nuestra historia los que siempre se resistió a contar Suárez.

Junto al presidente de la Transición trabajó un núcleo de personas que luego continuaron unidas durante algún tiempo en el despacho de Antonio Maura. Traté poco a Suárez, concretamente en una ocasión siendo Secretario General del Movimiento y otras dos, ya de presidente del Gobierno, cuando le visitamos la Lliga de Catalunya. Yo fui Secretario, durante un tiempo, de ese partido catalanista que luego se asoció a la Federación de Partidos Demócratas y Liberales que lideraban Joaquín Garrigues y Antonio Fontán. Esas personas eran su cuñado Aurelio Delgado, el famoso «Lito», Eduardo Navarro, José Luis Graullera, Josep Meliá y Alberto Aza. Y Amores, el hombre más fiel del presidente, aunque no se dedicase a la política sino a protegerle. Todos ellos ocuparon cargos de relevancia con Suárez aunque ninguno llegó a ministro. Excepto Meliá todos están vivos, y eran personas, a excepción de «Lito» y de Amores, muy preparadas, que le ayudaron al presidente a no equivocarse gravemente. Digo gravemente porque equivocarse se equivocó en muchas ocasiones, pero en ninguna, al menos que yo conozca, gravemente. Por ejemplo, le hicieron desistir de esa peregrina idea, heredada de ese resabio falangistoide y antisemita trasnochado que siempre tuvo, de enrolar a España en el grupo de países no alineados. Pero, en cambio, no pudieron parar la visita de Arafat, al que dio un monumental abrazo con pistolón al cinto, lo que le alejó, definitivamente, de Israel y de su posible interlocución en el conflicto de Oriente Medio. Errores de ese calibre no los cometió jamás Felipe González ni, por supuesto, Aznar. Esa tentación de juntarnos con los países no democráticos ha vuelto, en cambio, con Zapatero.

El grupo del despacho de Suárez se deshizo. Eso no era un despacho de abogados ni siquiera de influencias. Derecho sabían todos, alguno, como Eduardo, era un finísimo jurista formado en su día en Bolonia. Todos eran sensatos y brillantes políticos. Meliá se fue a Mallorca y ejerció entonces la profesión hasta su prematura muerte. Aza volvió a la carrera diplomática y hoy es el Jefe de la Casa del Rey. Y Eduardo y Graullera continuaron al lado del «Jefe» hasta que la insólita aventura del CDS se estampó en las urnas. Después Graullera fue durante varios años Presidente de AESMIDE (Asociación de Empresas Suministradoras del Ministerio de Defensa) y ahora, también, ejerce la profesión de abogado. Y Eduardo Navarro estuvo con Suárez hasta el último minuto de lucidez del ex presidente y, lo que es el destino, está aquejado de una enfermedad parecida a la de su jefe. Eduardo nunca se llevó bien con Adolfo Suárez Yllana, el hijo del presidente que se presento, ingenuamente, como candidato en las elecciones de Castilla-La Mancha nada menos que contra Bono. Pero volvamos a las memorias.

A Eduardo Navarro lo conozco desde que tengo uso de razón pues trabajó, como Secretario General en la Comisaría General de Urbanismo de Madrid, cuando mi padre, entre 1959 y 1965 era el Comisario General. A los demás los conocí por Eduardo y con alguno de ellos guardo una buena relación de amistad. Navarro, que además de ser un hombre bueno sacaba a veces bastante mala leche, cuando le preguntaba que por qué no escribía sus memorias, las suyas, me contestaba sin dudarlo que él ya escribía «con un seudónimo que se llamaba Adolfo Suárez». Efectivamente, es probable que no puedan atribuirse a Eduardo Navarro todos, absolutamente todos los escritos, conferencias o discursos del gran presidente de la Transición, pero un buen número considerable de ellos, sí. ¿Y qué había de las memorias? Yo puedo hablar de lo que he visto y tocado. Las notas esas que decía Suárez que había escrito y que recoge Armas Marcelo en su artículo puede que sean las aproximadamente más de un centenar de cuartillas escritas por Eduardo Navarro, que yo he tenido en mis manos, y que probablemente estén ahora a buen resguardo. Sé que Adolfo Suárez hijo no coincidía con lo escrito por Navarro y muy probablemente esas cuartillas, con datos históricos interesantes y otros no tanto, no vean nunca la luz. Ahora pretende darse una imagen idílica sobre las relaciones entre el Rey y Suárez, y eso, aunque Suárez Yllana se empeñe en ello, no fue siempre así. Suárez y el Rey tuvieron desencuentros, por no hablar de enfrentamientos, muy considerables, sobre todo en los meses anteriores al golpe de estado del 23 de febrero.

Eduardo no dejó que me sacara una fotocopia de sus cuartillas, escritas con esa letra suya tan característica y primorosa. Ni siquiera me dejó leerlas. Sabía de sobra que si las leía y tomaba notas no dudaría en publicarlas. Me decía que un día a lo mejor las publicaba él, pero lo iba dejando siempre para más adelante, hasta que se le fue la cabeza, como a Suárez, y en ese estado triste y deplorable se encuentran ambos ahora con sus memorias perdidas. El día que alguien quiera adentrarse en las entrañas de la transición, deberá hacerlo, también, en las entrañas de Navarro, Aza, Graullera, Meliá, «Lito» y Amores; y en los papeles que dejaron, si los dejaron y nos los enseñan, o que escriban en el futuro. Aza, Graullera, «Lito» y Amores están en perfecto estado de salud y bien podría decirse de ellos que son el silencio de la Transición. Les brindo la idea a los historiadores, aunque los interesados me maldigan, a que acudan a ellos, a ver si son capaces de sacarles algo, no vaya a ser que un día, también, se pierda la memoria de tan esclarecidos personajes.

Tras su retirada de la política, después del fracaso del CDS y el ascenso irresistible del felipismo, se dijo que el ex presidente Suárez estaba escribiendo sus memorias. Sus más cercanos colaboradores nunca, sin embargo, confirmaron que estuviera en ese proyecto como algo inmediatamente prioritario en su vida. En su despacho de la calle Antonio Maura, me contó que tenía una oferta editorial de gran relevancia e inmediatamente después, con una leve sonrisa en los labios, me hizo la pregunta. «¿Cuánto crees que valen mis memorias?». No supe contestarle en cantidad económica, aunque intuí que quien le había hecho la oferta era el viejo Lara. De todas maneras le contesté como él hubiera querido que lo hiciera: «No tienen precio». Seguimos hablando sobre la hipótesis de sus memorias un buen rato. Suárez estaba esa mañana de buen humor, o lo aparentaba, y suelto de palabra, aunque sin llegar a decir nunca nada que lo comprometiera más de la cuenta con mi propia memoria. «Tengo muchas notas, he empezado a escribir algún capítulo…», me dijo sin quitarme los ojos de encima. Confieso que ese fue el momento en que estuve a punto de pedírselo, de ofrecerme a trabajar con él en sus memorias, de ponerme a ordenar aquellos papeles que supuestamente ya estaban escritos y a redactar lo que hiciera falta de aquel proyecto de repente en marcha. Aguanté la tentación y le pregunté: «¿Lo vas a contar todo, presidente?». «Todo lo que pueda», contestó al instante.

Después de esa conversación en su despacho, hablé con Suárez en varias ocasiones sobre la hipótesis de escribir y publicar sus memorias en dos tomos que incluían dos tiempos distintos: los últimos años de Franco y los principios del cambio político, en un volumen; y la transición, los años de su presidencia y su salida de la política, en el segundo volumen. Las veces que después nos vimos y hablamos, en privado los dos o con más gente delante, ya no volvimos a hablar del asunto. Como si cada uno por nuestro lado nos estuviéramos dando tiempo para un proyecto de escritura con el que yo, con toda sinceridad, me había hecho muchas ilusiones.

Mis amigos felipistas, los que por entonces me quedaban en esa tribu sentimental (que no eran muchos), me habían proclamado sin mi permiso «suarista sin remisión». Me gustaba «la condena». Se trataba de la puesta en práctica de «las técnicas de la mezquindad» que retraté después en las páginas de Los años que fuimos Marilyn y que tan mal sentó en las alturas y las mediocridades felipistas. De modo que las memorias de Suárez quedaron en el aire, entre el rumor de los siempre muy bien informados y el protagonismo de alguna periodista de postín que se atribuyó en los círculos políticos y profesionales de la información que ella era definitivamente la elegida por Adolfo Suárez para redactar y escribir sus memorias.

Un año antes, en mi casa de Las Rozas en aquel entonces, convoqué de la mano de Fernando Castedo a algunos amigos escritores porque Suárez, con la misma elegancia de Sydney Poitier, venía a cenar aquella noche. Lo ha contado Rafael Conte en sus memorias y lo tengo contado yo en alguna Tercera de este periódico, artículo que figura junto a otros escogidos en Artículos literarios en la prensa (1975-2005), editado en Cátedra por Francisco Gutiérrez Carbajo y José Luis Martín Nogales. Durante esa cena y entre otras impertinencias muy propias del ingeniero, Juan Benet le preguntó a Suárez por la posibilidad de escribir sus memorias. «Tienes que escribirlas», le dijo imperativo. «En su momento», contestó Suárez, «todo llegará».

Durante estos últimos veinte años, la transición democrática de España ha sido glosada por activa, pasiva y perifrástica por titulares y suplentes, por propios y extraños con un aparente conocimiento de todo cuanto sucedió en aquellos tiempos todavía cercanos, incluso entre las bambalinas susurrantes de tantos malos presagios, bisbiseos y rumores que llevaban directamente al abismo. De modo que cada vez que se publica un libro que rememora los años últimos del franquismo y los de la transición, soy de los que me acuerdo al instante de las memorias de Suárez, un libro tan etéreo y al mismo tiempo tan poderoso que aún no estando escrito se hace presente como si realmente todos estuviéramos ya de vuelta de sus páginas. Lo dijo el poeta con conocimiento de causa: nosotros que fuimos hombres, hoy somos épocas. Lo que nos sucede es que cada español más o menos informado se cree en la necesidad vanidosa de tener su criterio sobre la transición. Y quien más informado estaba -Suárez como protagonista que fue de esa temporada de vértigos y libertades renovadas- guardó silencio en aquel entonces y sus memorias quedarán ya para siempre en el aire, en la leyenda urbana que cada uno vaya dibujando en su memoria personal por los años de los años.
En este caso de las memorias de Suárez, la tentación también vive arriba. Habrá, a no tardar mucho tiempo, quien escriba en primera persona como si fuera el ex presidente pero sin serlo, una autobiografía de aquella historia de la transición en la que tanto aprendimos de democracia, respeto, libertades y subterfugios de supervivientes. Veníamos de una larga temporada de desastres y dictadura, llegábamos a un mundo que para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles resultó una epifanía inolvidable. En los días que corren, una nueva generación de políticos maneja el poder con una exasperante arbitrariedad y descuido que les hace rectificar un cuarto de hora más tarde como si nada hubiera sucedido. Y tal parece que nada sucede, aunque están sucediendo muchas cosas. Entre otras, las evidentes ganas de quienes nos gobiernan por esa manía que ocupa tanto a los egoístas del poder: antes de nosotros nada, después de nosotros, tampoco.

Sin embargo, la memoria de Suárez crece en el recuerdo colectivo, en la conversación de las gentes informadas, en quienes guardamos memoria de su grandeza personal y política. Y sí, lo confieso, soy de esos escritores que tengo la tentación de escribir unas memorias apócrifas desde la perspectiva de aquel presidente que fue vituperado por sus adversarios políticos y por sus propios aliados como si fuera el payaso de las bofetadas. Recuerden que, cuando estuvo arriba, en lo más alto, lo aguantó todo, hasta las intrigas para derrocarlo que llegaron incluso a los cuartos de bandera; y abajo, en la nada del poder y el respeto de la calle, momento contradictorio en el que el personaje empezó a hacerse humano a los ojos de los ciudadanos españoles que hoy saben que fue un gran presidente. Es desgraciadamente seguro que él ya no podrá escribir sus memorias, pero no sería capaz de confirmar que Suárez no ha dejado nada escrito sobre aquellos años de la transición y la instauración democrática en España. Por mucho que el tiempo pase y nos vayamos poniendo viejos, sabemos por nosotros mismos que aquella epopeya ciudadana tuvo un mago político de primera magnitud: Adolfo Suárez. Hubiera sido magnífico tener hoy en nuestras manos y ante nuestros ojos el testimonio escrito del primer protagonista político de nuestros años democráticos.

El objetivo de la Transición fue instaurar una democracia parlamentaria a partir de las instituciones que se querían transformar, y con un rey como jefe de Estado. Ese objetivo comenzó a alcanzarse con la aprobación, por las Cortes y en referéndum, de la Ley de Reforma Política. El proceso desencadenado llevó a la legalización de todos los partidos políticos que concurrieron a las primeras elecciones libres celebradas tras la Guerra Civil, las del 15 de junio de 1977.

Para culminar el cambio, fue preciso que los entonces llamados “continuistas” y “rupturistas” llegaran a un consenso básico sobre el proceso a seguir, la estructura y forma de las instituciones y la Constitución. Aceptaron tratar como ciudadanos libres e iguales tanto a los partidarios y colaboradores del régimen anterior como a sus contrarios políticos, en el exilio, la cárcel o la clandestinidad, incluidos los nacionalistas democráticos catalanes, gallegos y vascos. Se trataba de superar, que no olvidar, la trágica y profunda división entre españoles causada por la Guerra Civil. Y así se consiguió lo que parecía imposible a muchos de dentro y a casi todos los de fuera: que la Transición en España se hiciera sin más violencias que las del terrorismo y fuera aceptada por la inmensa mayoría de españoles.

La Transición fue la obra tanto de políticos que procedían del Movimiento Nacional como de otros que eran antifranquistas, muchos de los cuales estaban exiliados o en la cárcel. La habilidad y el coraje de Adolfo Suárez, nombrado por el Rey presidente del Gobierno, le convirtieron en el protagonista de la Transición. Pero también lo fueron los políticos de la oposición al régimen franquista: Felipe González, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, los catalanes Joan Raventós, Carner, Jordi Pujol, Antón Cañellas, los nacionalistas vascos Ajuriaguerra, Xabier Arzalluz…

Como lo fue el presidente de la Conferencia Episcopal española, el cardenal Tarancón, al proclamar la necesidad de que acabara la división entre españoles causada por la Guerra Civil y de una separación, porque era lo mejor para los dos, entre la Iglesia católica y el Estado; una Iglesia que, a juicio de muchos, todavía estaba marcada por su apoyo al régimen anterior.

Todos los que la vivimos conocimos el esencial papel de Torcuato Fernández Miranda en las Cortes franquistas y el del general Manuel Gutiérrez Mellado en las Fuerzas Armadas. Leopoldo Calvo-Sotelo puso en pie la estructura de lo que fue la UCD. Con él estuvieron políticos azules -Rodolfo Martín Villa, Fernando Abril, Pío Cabanillas-, demócratas cristianos -Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Íñigo Cavero-, liberales -Joaquín Garrigues, Muñoz Peirats, Satrústegui-, socialdemócratas -Fernández Ordóñez, García Díez, Carlos Bustelo-, por citar algunos de los más importantes.

Ese consenso básico, institucionalizado en los Pactos de La Moncloa (esencial fue la autoridad doctrinal de Enrique Fuentes Quintana), permitió pactar la Constitución de 1978 y crear un espacio político democrático de convivencia y diálogo. Y ello a pesar de la profunda crisis económica, del brutal y sangriento terrorismo etarra y del fracasado golpe de Estado del 23-F de 1981. La Transición terminó con el traspaso ordenado, leal y pacífico del Gobierno presidido por Calvo-Sotelo al Gobierno socialista de Felipe González, al ganar éste por aplastante mayoría las elecciones de 1982. Triunfo que, a mi juicio, supuso la consolidación de la democracia y de la monarquía constitucional y parlamentaria.

No me parece cierto que fueran una nueva transición ese triunfo electoral del PSOE de Felipe González o el del PP de José María Aznar en 1996; ni tampoco el del PSOE de Zapatero en 2004. Sí hubo, en la última etapa de Felipe González, en la segunda de Aznar y en la primera de Zapatero, una lucha parlamentaria más violenta, dura y descalificadora para ganar, conservar o recuperar el poder perdido. Pero esto no nos diferencia mucho de las demás democracias europeas y occidentales. En ellas, como en España, las elecciones, más que ganarlas la oposición, las pierde el partido que gobierna. O las gana el Gobierno porque la oposición se divide o deja de ser una alternativa creíble.

Desde la Transición, las circunstancias, sociales, económicas y políticas, han cambiado mucho en España y en el mundo globalizado en el que vivimos. En España, los traspasos de competencias importantes a las autonomías -educación, sanidad…- han producido en todas un aumento de su poder social y político y, además, la inadecuación de su sistema de financiación actual. Se ha radicalizado el soberanismo nacionalista en Cataluña, y asimismo en el País Vasco con el plan Ibarretxe. Pero no es menos cierto que en las últimas elecciones generales el PSC ha quedado en Cataluña por delante en votos de CiU, y que Esquerra Republicana ha perdido todo lo que ganó en noviembre de 2003. Y que en el País Vasco el PSE ha quedado como el primer partido en Álava y Guipúzcoa y, por primera vez en estos 31 años de democracia, en Vizcaya.

España no se rompe, aunque con tonos apocalípticos lo proclama la extrema derecha y algún destacado miembro del PP. Como testigo o ciudadano, he oído lo mismo desde que se aprobó la Constitución y los Estatutos vasco y catalán. En cambio, expertos europeos y españoles sostienen que el dinamismo español en lo social y económico se debe en gran parte a la descentralización autonómica. Ahora bien, lo que nunca oí en las negociaciones con ETA, como miembro de los Gobiernos de Suárez y de Calvo-Sotelo y como ciudadano en tiempos de Felipe González y de Aznar, es que se traicionaba a nuestras víctimas del terrorismo o se entregaba el País Vasco a ETA.

Tampoco son una segunda transición negativa los dos triunfos electorales del Partido Socialista de Zapatero. Las leyes de su primera etapa estaban anunciadas en un programa electoral votado por la mayoría de los españoles. Y en el caso del Estatuto de Cataluña, recurrido ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno tripartito formado en 2003 declaró prioritaria, como también CiU, la reforma del anterior Estatuto; y ello cuando se creía que el PP ganaría las elecciones generales de 2004.

Ahora hay, sin embargo, una novedad importante en lo que respecta a la Iglesia católica: su cambio de actitud respecto al Estado laico, que es lo que significa “no confesional” (artº 16, 3 C. E. Diccionario de la RAE, 2). Tres apartados de la nota de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal del pasado diciembre -el consejo sobre el voto de los católicos, su juicio sobre la unidad de España y el juicio sobre el terrorismo- son de carácter político. Como lo son las declaraciones de algunos cardenales y obispos. Tienen constitucionalmente derecho a hacerlo, como cualquier otro agente político o ciudadano. Pero deben admitir que, al hacerlo, pueden recibir las mismas críticas y descalificaciones que los demás sujetos políticos o ciudadanos, sin que eso suponga un ataque a la Iglesia. Y también que la opinión política pública de un obispo o cardenal tiene el mismo valor que la de cualquier ciudadano. La nuestra es una democracia constitucional de ciudadanos libres e iguales.

A mi juicio, ciertas expresiones de condena frente al desarrollo de leyes aprobadas por mayoría en las Cortes debieran ser más medidas. Primero porque católicos creyentes, que también son Iglesia, las han criticado públicamente, y aún son más los que lo hacen entre amigos o conocidos. Segundo, porque dada la categoría eclesial de los que emiten esas opiniones, pueden dificultar o dañar la necesaria convivencia y el consenso político básico de la democracia constitucional.

Si queremos conservar y hasta recuperar consenso entre ciudadanos libres e iguales, cualesquiera que sean sus ideologías, convicciones morales o creencias religiosas, ese consenso nada tiene que ver con relativismos filosóficos o morales, sino con dejar de percibir al adversario político como un enemigo. Se trata de seguir viviendo en libertad y democracia; de dialogar para combatir el terrorismo y enfrentar nuestros problemas nacionales en estos tiempos difíciles, de cambios continuos; de ayudar, en lo que podamos, a la lucha contra el hambre, la enfermedad y la ignorancia en el mundo. Que el pasado irrepetible, con sus aciertos y errores, nos sirva de lección.

EL MARTES DE LA AUDACIA

Buenos días, señores… y perdón por el retraso». Eran las dos menos 20 del martes 3 de mayo de 1977 y Leopoldo Calvo- Sotelo entró como una exhalación en una de las oficinas cedidas por su antigua empresa, la Unión Española de Explosivos, en Serrano 41, súbitamente transformada, por mor de la premura del calendario electoral, en el camarote de los hermanos Marx del centrismo emergente.

Sobre una centelleante moqueta de color fucsia y con unas enormes carpetas apoyadas en la pared como significativo decorado, los jóvenes reporteros que vivíamos los balbuceos de la democracia como un rito iniciático llevábamos casi una hora asistiendo atónitos a las idas y venidas de los líderes de la llamada oposición moderada al franquismo, justo en el momento en que empezaban a caerse del guindo.

«¿Pero quiénes son todos estos alienígenas?», le había preguntado Paco Fernández Ordóñez a Nacho Camuñas, apoyado en el quicio de la puerta y señalando al heterogéneo grupo de personajes y personajillos con los que los dirigentes del flamante Centro Democrático acababan de descubrir que iban a ser amalgamados. «A ver si ahora resulta que vamos a ser todos iguales».

Convocados por el ya definido como San Juan Bautista de Adolfo Suárez, allí habían acudido, en efecto, desde hombres del Movimiento como Enrique Sánchez de León hasta cachorros de la tecnocracia desarrollista como José Luis Meilán, pasando por los promotores de los más diversos y desconocidos partidos regionalistas. Tan grande les pareció la afrenta a quienes se presentaban como jefes de fila del liberalismo, la democracia cristiana y la socialdemocracia que, en un momento dado, Ordóñez, Camuñas, Joaquín Garrigues, Fernando Alvarez de Miranda y Clavero Arévalo dijeron que aquello era intolerable -«Encima este tío nos convoca a la una y no se digna a aparecer»- y enfilaron la escalera, anunciando que ellos se iban a su casa… no sin antes matizar por lo bajinis que estarían esperando en el bar del Villamagna.

Y, en efecto, a los cinco minutos de que Calvo-Sotelo hiciera acto de presencia, allí estaban de nuevo, con cara de corderos degollados pero sumisos, camino del altar del sacrificio. Por la rendija de la puerta entreabierta del despacho al que fueron acarreados todos pudimos escuchar la voz del precursor del presidente: «Bien sabéis que no soy una persona brusca, pero esta vez tiene que ser una excepción. Tenéis que firmar unos documentos que no son negociables». Con su alargada forma de ciprés, Calvo-Sotelo parecía mucho más alto que los demás, su voz sonaba grave e impositiva, sus gafas de concha brillaban más que todos los puñales a punto de desenvainar.

Aquello eran lentejas. Faltaban sólo 43 días para las primeras elecciones generales convocadas en España desde las del 36. Los acontecimientos se habían precipitado desde la legalización del Partido Comunista el mes anterior. La izquierda se había quedado sin motivos para boicotear los comicios y había decidido no dar la batalla contra la peculiar Ley Electoral que no permitía presentarse a los ministros, pero sí al presidente del Gobierno. Tras un oportuno viaje relámpago a Estados Unidos en el que Jimmy Carter le había pasado el brazo por el hombro en los jardines de la Casa Blanca, Suárez tenía previsto comparecer esa misma noche en TVE para anunciar su todavía más extravagante fórmula para participar en el proceso: sería candidato, pero sin hacer «campaña activa» para no desatender las tareas del Gobierno.

Pues bien, a esa avanzada hora del mediodía aún no estaba claro ni cómo se llamaría el partido del presidente, ni quiénes lo integrarían. Los «documentos no negociables» de Calvo-Sotelo eran el acta de constitución de una coalición llamada Unión de Centro y un documento por el que los firmantes le concedían a él personalmente plenos poderes para elaborar unas listas electorales cuyo plazo de presentación concluía sólo cinco días más tarde.

Lo que menos les gustó a los lustrosos cabecillas de la oposición moderada era que el primer documento planteaba un horizonte de integración en un partido único. Garrigues intentó meter la pluma: «Si no te importa, Leopoldo, yo que escribo muy bien…». Pero Calvo-Sotelo le cortó en seco: «Yo también escribo muy bien».

Siguieron unos momentos de tensión en los que el precursor presidencial recordó con educada displicencia a los más levantiscos que ellos no tenían «ni un duro» y que sólo bajo su manto protector encontrarían financiación para la inminente campaña. Al final la única concesión que le arrancaron fue la de añadir el apellido Democrático a la filiación de doña Unión del Centro. Y en ese momento se abrieron las carpetas recostadas contra las paredes y apareció el doble semicírculo anaranjado y verde junto a la efigie de Suárez. Había nacido el donut. Había nacido la UCD.

Tres días después, el viernes de esa misma semana, Calvo-Sotelo convocó a cenar a su casa de Somosaguas más o menos a los mismos jefes de filas para leerles las listas electorales que había que presentar el domingo por la noche. Sentados en el salón, junto al piano de madera blanca, ante los amplios ventanales que dan a la piscina, al filo de la medianoche comenzó por la de Madrid: número uno, Adolfo Suárez; número dos, él mismo; número tres, el falangista monárquico Fanjul Sedeño; número cuatro, Fernández Ordóñez; número cinco, Joaquín Garrigues; número seis, Iñigo Cavero; número siete, Ignacio Camuñas… número 14, Rafael Arias Salgado.

Cuando Paco Ordóñez escuchó que su segundo de abordo en el Partido Socialdemócrata -el brillante yerno de Ruiz Jiménez y puntal de Cuadernos para el diálogo- quedaba relegado a un lugar tan bajo, sin posibilidades de obtener escaño, se levantó como un resorte. Había aguantado las imposiciones suaristas, la incrustación de los llamados cien mil hijos de San Luis entre los que tanto preponderaban los azules, pero aquello ya era demasiado.

-Esto es el colmo, es una injusticia… yo me voy.

-Muy bien, Paco. Lo siento. Me alegro de que hayamos podido colaborar hasta hoy.

La flemática reacción de Calvo-Sotelo dejó helados a los demás. Aquel tipo no estaba dispuesto a aceptar ningún órdago y ya no había margen para el desenganche. Convencieron a Ordóñez de que se quedara y entre todos lograron colocar a Rafa Arias en la aparentemente nada glamorosa lista por Toledo. En el momento de la entrega de los poderes a los candidatos, el líder de la primera formación inscrita con el nombre de Partido Popular, Pío Cabanillas, reflejó fielmente el estado de ánimo de los demás: «A lo mejor te lo devuelvo», le dijo a Calvo-Sotelo. Y éste le contestó con brusquedad, fruto de la exasperación: «Pues devuélvemelo». A lo que el ex ministro gallego, genio y figura, replicó en el más suave de los tonos: «No, no… He dicho que a lo mejor te lo devuelvo».

Cinco semanas después, tras un recuento tan interminable como rudimentario, la UCD se alzaba con la victoria en las primeras elecciones generales, obteniendo el 34,6% de los votos y 166 escaños. Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta abril titular de la cartera de Obras Públicas, había sido el único ministro que se había ofrecido a Suárez para dejar el Gobierno, montar una opción electoral en un tiempo récord y convertir lo que hasta entonces sólo había sido un pintoresco desfile de gallos en un organizado gallinero. El dibujante Ramón describió su tarea el 30 de abril en el diario Pueblo: «Ustedes no saben lo difícil que es meter a 27 señores en los dos segundos puestos de la lista por Madrid». Pues eso. Improvisada y audazmente, así se cocinó la democracia.

Qué raro. Con lo puntual que había sido los días anteriores el Tribunal… Pasaba ya casi media hora de las 10 de la mañana y la vista oral no comenzaba. Algo anómalo sucedía aquel martes 23 de febrero de 1982, primer aniversario del fracasado intento de golpe de Estado, en las dependencias del Servicio Geográfico del Ejército, habilitadas en el barrio de Campamento para servir de sede al juicio a los golpistas. Fue una llamada telefónica del general Toquero, recién nombrado portavoz del Ministerio de Defensa, la que me proporcionó el primer indicio de que la anomalía era yo.

EL MARTES DE LA CLAUDICACION

-Tenemos un problema gordo y tú nos tienes que ayudar a resolverlo. Es por un artículo que publicáis hoy titulado Así asaltamos el parlamento… Estoy en el aniversario de la Brigada Paracaidista con el ministro, pero voy para allá.

Cuando pocas semanas después se publicó que a un hotel de Alicante sólo se le había ocurrido, de cara al Mundial de fútbol, alquilar la mitad de sus habitaciones a un grupo de hinchas argentinos y la otra mitad a un chárter de hinchas británicos -los cañones de la guerra de las Malvinas aún estaban humeando-, yo me acordé inmediatamente del ambiente del angosto vestíbulo de aquel recinto militar que los periodistas acreditados debíamos compartir con los familiares de los generales y oficiales que se sentaban en el banquillo.

Hacía menos de dos años que yo era director de Diario 16, pero durante ese tiempo el periódico había acentuado su beligerancia sin concesiones contra el sector involucionista del Ejército y era obvio que al entorno de los golpistas no le había gustado nada mi decisión de cubrir personalmente el juicio. El segundo aviso de lo que podía estar ocurriendo lo recibí, de hecho, cuando toda lo hostilidad larvada de los días anteriores, emergió en el reproche iracundo de una señora de edad avanzada:

-No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza.

Con todo el empaque del fajín, las condecoraciones y los guantes blancos que formaban parte de su uniforme de gala, el general Toquero ponía poco después las cartas sobre la mesa: los procesados consideraban que ese reportaje en el que un soldado revelaba que el capitán Alvarez Arenas amenazó con «pegarle un tiro» a cualquier integrante de su compañía que no secundara el asalto al Congreso era una afrenta intolerable para la institución militar y, encabezados por el Teniente General Milans del Bosch, habían decidido plantarse y no bajar a la sala de Justicia mientras yo no fuera expulsado de la misma.

-Ahí es donde nos puedes ayudar. Yo había pensado la fórmula de que te retires voluntariamente y mañana venga otra persona del periódico. Eso mismo es lo que te va a pedir el presidente del tribunal…

-Lo siento, general. No puedo hacer eso por dos razones. Primero, porque supondría admitir nuestra culpabilidad y no me siento culpable de nada. Y segundo, porque eso sería claudicar ante el chantaje de unos señores que no deberían estar en condiciones de chantajear a nadie.

Apenas había terminado de contestar al general Toquero, la inquietud ante lo que pudiera suceder fue dejando paso en mi ánimo a una honda indignación por recibir una propuesta así de una instancia oficial. Esta indignación alcanzaría sus cotas más altas al enterarme poco después de que el patrocinador de la idea no era sólo el portavoz del ministerio, sino que tanto el titular de Defensa, Alberto Oliart, como el propio presidente Calvo-Sotelo habían llamado al editor de Diario 16, Juan Tomás de Salas, instándole a que me presionara en ese mismo sentido. De Salas rehusó hacerlo y, en esa ocasión, respaldó mi mezcla de fatalismo y terquedad en la trinchera del deber de informar.

Lo peor de todo es que aquella era la gota que colmaba el vaso de la claudicación de un poder civil acomplejado y débil, obsesionado con el riesgo de que el Ejército no consintiera el juicio y condena de los golpistas. Pocos días antes del inicio de la vista oral Calvo-Sotelo nos había invitado a cenar en La Moncloa a los directores de los principales periódicos y nos había pedido lisa y llanamente que no publicáramos nada que pudiera ofender a los militares de sangre más caliente. Fue una experiencia deprimente en la que sentí puesta del revés la exhortación de Roosevelt a «no tener miedo sino del miedo mismo». La obsesión de aquel Gobierno era pasar página como fuera. Sentía pánico de su propio pánico.

Meses antes ya nos habían intentado secuestrar la edición cuando desvelamos las declaraciones de Tejero ante el juez togado, en las que quedaba claro que el 23-F no había sido un acto de locura de cuatro lobos solitarios. Durante horas y horas el Gobierno tuvo rodeada de furgonetas policiales la sede de Diario 16 a la espera de un mandamiento judicial que, afortunadamente, no llegó nunca. Por eso aquella noche en La Moncloa, con mucho menos tacto del que habría empleado ahora, le dije a Calvo-Sotelo que si de lo que se trataba era de silenciar parte de la verdad, no contara con el periódico que yo dirigía.

Quien sí estuvo en sintonía con la debilidad del Gobierno fue el tribunal militar. Cuando al cabo de un par de horas de aplazamiento se reanudó la vista, con los acusados ocupando sus asientos, yo di por hecho que el incidente se había resuelto y el principio de autoridad quedaba restablecido. Pero, ante mi estupor, el Teniente General Luis Alvarez Rodríguez que presidía el juicio, apretándose la tripa con la mano para aliviar su recurrente úlcera de estómago, leyó una resolución del plenario por la que se decretaba mi expulsión y ordenó a la policía militar que procediera a ejecutarla. En vez de aplicar la ley había decidido pactar con quienes tan infamemente la habían vulnerado. Mientras recogía mis cosas, los improperios de los familiares y amigos de los golpistas adquirieron un tono mucho más ácido y soez que el de hacía un rato.

A la mañana siguiente, el International Herald Tribune convirtió lo ocurrido en la principal noticia de su portada, subrayando que se trataba de «un gran triunfo para los procesados y quienes les apoyan desde fuera de la sala». Le Monde lo corroboraba -«Se ha cedido a las presiones de los acusados»- y Libération llegaba a hablar de «minigolpe dentro del proceso a los golpistas». En Diario 16, el recién nombrado director de nuestra nonata división audiovisual Iñaki Gabilondo firmaba un artículo titulado ¿Quién manda aquí?, en el que directamente apuntaba hacia La Moncloa: «El país está perdiendo la fe en la democracia porque sus gobernantes se comportan como siervos de sus tradicionales mandamases».

Ese mismo día recibí una llamada de apoyo de Cela, a quien aún no conocía:

-Mira, majo, a mí tu credencial me importa tres cojones. Pero esa credencial significa muchas más cosas, y si te llamo es por sentido de mi propia dignidad.

Más que los insultos recibidos, me ofendió la grosería intelectual del argumento con el que el Consejo Supremo de Justicia Militar avaló pocos días después la resolución del tribunal: la retirada de la acreditación estaba justificada porque yo había «perturbado» el orden en la sala. Aunque tanto el ministro Oliart como el secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre, y su segundo, Carlos Abella, trataron de curar mis heridas con el bálsamo de la bonhomía, en el fondo la opinión del Gobierno no difería demasiado de aquel dictamen: yo era un provocador irresponsable y Diario 16 se empeñaba en jugar con fuego. «Esto es España, Pedro, no Boston», escribiría mi casi tocayo Pedro Rodríguez, fiel a ese discurso oficial.

Sólo cuando el Tribunal Constitucional acordó tres meses después concederme el amparo que había solicitado, anulando por primera vez una resolución de la Justicia Militar y estableciendo en un auto histórico la primacía del derecho a la información de los ciudadanos, pareció aquel Gobierno sacar fuerzas de flaqueza. Tanto Oliart como el propio Calvo- Sotelo me felicitaron y pocos días después ordenaron al fiscal que recurriera ante el Tribunal Supremo -lo cual hizo con éxito- las menguadas penas impuestas a los golpistas.

Pero ya era demasiado tarde para recuperar la confianza de los ciudadanos. Las banderías de UCD seguían jibarizando la base social en la que se apoyaba aquel Gobierno engendrado por los más desdichados mangoneos. Los españoles seguían sin entender la dimisión de Adolfo Suárez y el propio Calvo-Sotelo me explicó una vez que se sentía atenazado por el síndrome de Rebeca pues, hiciera lo que hiciera, siempre había alguien que le recordaba cómo hubiera actuado su mucho más carismático antecesor.

A una persona como él, que enmascaraba su timidez y sus dudas en un aire altivo y distante, aquella situación terminó por desquiciarle. Llamaba de forma compulsiva a quienes más le criticábamos, con la obsesión de reivindicarse. Un día me soltó dos o tres improperios telefónicos de grueso calibre y al día siguiente -gentleman al fin y al cabo- me localizó en una bodega de La Rioja para disculparse.

Si no fuera por la humillación que supuso el calibre de la derrota y la liquidación de UCD, casi podría decirse que octubre del 82 significó para Calvo-Sotelo el final de un calvario. Fueron unas elecciones anticipadas en las que la derrota aparecía como un dulce salvavidas. Su sucesor llegó propulsado por la legitimidad que proporciona una gran victoria personal en las urnas. Algo que siempre le faltó a él. Pero ni cuando el sol felipista brilló en lo más alto, ni cuando después se precipitó en su sucio ocaso, dejó traslucir Calvo-Sotelo el menor deje de amargura.

Que España hubiera entrado en la Comunidad Europea y permaneciera en la OTAN a la que él la llevó, fueron las claves que permitieron que la democracia siguiera en condiciones de resolver sus peores crisis. Ese era, en definitiva, el fruto de que él hubiera logrado entregar el relevo, chamuscado -verdaderamente muy chamuscado- pero indemne.

Hoy, 15 de febrero, se cumplen 100 años del nacimiento de Pedro Laín Entralgo. Fallecido en 2001, no pudo conocer el movimiento a favor de la recuperación de la “memoria histórica”. Pienso que no le hubiera parecido mal, a él que como historiador de la cultura española intentó siempre recuperar los valores de la España tachada. Quizá éste es el punto en que su lección puede ser más actual. Porque hay, está habiendo, dos modos de interpretar esto de la memoria histórica, uno excluyente, que la ve como la superación, no sólo de la época de Franco sino también de la transición, que a la postre habría sido una obra franquista, y otro que la interpreta como un paso quizá insuficiente, pero en cualquier caso fundamental, en el proceso de reconciliación de los españoles y asunción de su propia historia. En este debate sí estoy seguro de que Laín habría tomado partido, optando decididamente por la segunda de las opciones. Diré por qué.

La transición política española significó la superación del franquismo desde dentro de él mismo, por obra de quienes fueron creando en la sociedad española la conciencia de que las cosas se habían hecho mal y debían cambiar. La transición tuvo varios frentes. Uno, el más conocido, fue el político. Pero otro previo o simultáneo a él fue el intelectual. En este frente estuvieron muchas personas, algunas bien conocidas: Dionisio Ridruejo, Julián Marías, José Luis Aranguren, Joaquín Ruiz Jiménez. Y entre ellos, Pedro Laín Entralgo. Éstos, junto con otros, a través de instituciones varias, asociaciones culturales, grupos políticos clandestinos o semiclandestinos, revistas, así como de sus escritos e intervenciones públicas, fueron creando un clima, un espíritu, que con toda justicia cabe llamar el espíritu de la transición.

Laín perteneció al grupo de personas que, por edad, vivió su primera juventud en los años de la Segunda República. A su llegada, la recibió con auténtico entusiasmo, porque su estima de la monarquía alfonsina era nula, como en general por todos los movimientos conservadores o reaccionarios. Pensaba que los políticos conservadores buscaban preservar sus privilegios económicos e ideológicos, impidiendo lo que para él era fundamental, la promoción de una España nueva, distinta, económica, social, política y culturalmente moderna.

Los partidos de izquierda tampoco le resultaban muy convincentes. Proponían como procedimiento para el logro de una sociedad mejor algo tan negativo como la lucha de clases. Parecía una paradoja que por la desunión pudiera llegarse a la unión. El precio a pagar lo consideraba muy elevado. Él pretendía ser, como ellos, revolucionario, pero por el camino del amor y no del odio.

La adolescencia, ya se sabe, es muy cándida. Laín parece un joven de Mayo del 68, con aquello de “haz el amor y no la guerra”. Quizá es una fase ineludible en la maduración psicológica de los jóvenes entusiastas, espiritualmente ambiciosos. El caso es que el espectáculo de las derechas y las izquierdas, lejos de reconfortarle, le escandalizó.

Aquello acabó en guerra. Y Laín, joven caviloso, interpretó que su diagnóstico de los males de la patria estaba cada vez más corroborado por los hechos, que aquellos vientos trajeron estos lodos. La Segunda República se había desangrado en tres tipos de lucha, a cual más cruenta: la lucha entre los partidos, la lucha territorial y la lucha de clases. Era preciso aplicarla un tratamiento de choque con altas dosis de valores superiores, la dignidad, el respeto, el amor, la amistad. Y esto creyó verlo o lo intuyó en los escritos de otro joven que se llamaba José Antonio Primo de Rivera, un joven que también pretendía ser revolucionario, sobre la base no de la lucha o la escisión, sino de una pretendida integración de valores.

Es difícil leer lo anterior sin una mueca de sorpresa, quizá de recriminación. ¿Pero fue eso el franquismo? Evidentemente, no. Pero esos jóvenes nunca se consideraron franquistas, se consideraron falangistas. Y a partir del Decreto de Unificación de 1937 empezaron, también ellos, a fruncir el ceño. Las guerras son las guerras, se decían, pero Franco estaba rodeado por los grupos más conservadores, los de antes, los de siempre. Y comenzó el desencanto. En Burgos formaron lo que dieron en llamar el “gueto al revés”, ya que eran un gueto de personas, dentro del Gobierno de Burgos, que luchaba porque no hubiera guetos, porque no se excluyera, y menos se aniquilara, al disidente intelectual o político.

Laín cuenta que para compensar ese espíritu de exclusión, a veces de exterminio, se propuso como meta lo que llamó el “abrazo asuntivo”, el salvar todo aquello de la cultura y de los seres humanos que los otros estaban negando. Esto es lo que intentó hacer en el conjunto de libros del ciclo España como problema.

La guerra es siempre cruenta. Pero tras la guerra las depuraciones y los asesinatos continuaron. La táctica del “abrazo asuntivo” se hizo imposible, y entonces pasaron a otra, el “pluralismo por representación”, haciendo ellos presentes los valores y las opiniones de quienes no tenían representación política y cultural, en un intento de transformar el régimen desde dentro. Eso es lo que intentó Laín, por ejemplo, en sus años de rectorado de la Universidad de Madrid. Los sucesos de febrero de 1956 dieron al traste también con tales esperanzas.

¿Qué hicieron a partir de ese momento? En el caso de Laín, predicar con la palabra y con la pluma, en todos los foros a su disposición, la necesidad de respetar la libertad religiosa, política e ideológica de las personas. Firmar todos los documentos que le ponían delante en defensa de causas justas, por más que dieran lugar a represalias. Aspirar a un sistema político en el que el respeto de las libertades públicas no estuviera reñido con la promoción de la justicia. Y al fondo de todo esto, luchar porque “el hábito psicosocial de la Guerra Civil”, el que desde los tiempos de la Guerra de la Independencia hasta 1939 fue causa de tanta sangre y desgracia en nuestro país, desapareciera por fin de nuestro horizonte.

Una y otra vez lo ha predicado: vivimos en un país donde ha sido usual convertir al discrepante en enemigo. Él escribió el año 1972 un precioso libro titulado Sobre la amistad. Estábamos en la antesala de la transición política. Y su tesis era que los españoles confundimos muchas veces la amistad con otras cosas, el compadrazgo, la camaradería, la comunión ideológica. Laín piensa que no hay verdadera amistad si antes no se respeta al otro en su diversidad ideológica, religiosa y política. Sólo entonces la amistad florece y se convierte en el bálsamo que suaviza las relaciones humanas y hace grata la vida.

Acabar con la dialéctica de la exclusión, promover la libertad y la justicia, desterrar para siempre el hábito psicosocial de la Guerra Civil, no confundir al discrepante con el enemigo, hacer del adversario un amigo. Éste es el espíritu que Laín quiso para el cambio político que veía avecinarse. De entonces acá han pasado muchas cosas. ¿Pero ha perdido actualidad su lección? Al menos tiene sentido que la recordemos cuando se cumplen cien años de quien puso inteligencia y trabajo al servicio de tan benemérita causa.

Se celebra en este año el centenario del nacimiento del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón y el decimotercer aniversario de su muerte en Valencia, el 29 de noviembre. Entre las muchas facetas de su excepcional figura deseo glosar en este artículo su decisiva aportación a la Transición española a la democracia.

De todas las grandes instituciones presentes en la vida española -Gobierno, Justicia, Ejército, Fuerzas de Seguridad, Banca, grupos o partidos políticos, Iglesia… etc.-, seguramente la Iglesia Católica era la mejor preparada para afrontar al advenimiento de la Monarquía, la Transición a la democracia. Y ello por dos motivos fundamentales: el primero, porque bastante antes de la transición política, la Iglesia había hecho ya su propia «triple transición» -religiosa, cultural y política- tal como la ha definido José María Martín Patino, y el segundo porque tuvo un líder de excepcional calidad, el Cardenal Tarancón, plenamente compenetrado en la línea eclesial a seguir con el Papa Pablo VI y muy bien ayudado por el excelente Nuncio de Su Santidad, Monseñor Dadaglio.

La transición religiosa tiene su fundamento esencial en el Concilio Vaticano II, que fue calando lentamente en la Iglesia española. En la década de los sesenta la defensa de los derechos humanos es ya considerada parte integrante del discurso religioso. La transición cultural se produjo al acentuar la Iglesia su presencia en el mundo y, muy especialmente, en el mundo obrero a través de las organizaciones de la Acción Católica -HOAC y JOC- y con la presencia de las nuevas promociones de jóvenes sacerdotes en las parroquias de los barrios de trabajadores.

En cuanto a la transición política, la Iglesia al principio de los setenta mantenía una actitud crítica ante el Régimen por la falta de democracia y de las libertades básicas. «La misma Iglesia española -ha dicho Adolfo Suárez- al impulso del Concilio Vaticano II, se mostraba en sus sectores más jóvenes y mayoritarios, partidaria de una apertura hacia las libertades y de una democratización de la vida política. El nacional catolicismo había pasado y se producían serios conflictos Iglesia-Estado».
El momento en que se conjugan las «tres transiciones» es el 23 de febrero de 1973 -día clave en la Historia de la Iglesia española, pues el pleno de la Conferencia Episcopal elige Presidente, por mayoría, al Cardenal Tarancón, Arzobispo de Madrid-. Esto cambió el signo de la mayoría de la Conferencia Episcopal. Y este hecho fue esencial en la cooperación de la Iglesia a la Transición.

Cuatro hitos fundamentales marcan la presencia de la Iglesia en la Transición: La homilía de los Jerónimos; la renuncia del Rey al derecho de presentación de los Obispos; la apertura a todos los partidos políticos democráticos y la ausencia de compromiso con un partido político concreto de «signo cristiano»; y la definición del Estado aconfesional pero cooperante con la Iglesia en la Constitución del 78. En estas cuatro cuestiones Tarancón tiene protagonismo decisivo.

La homilía que Tarancón pronuncia en los Jerónimos tras el juramento del Rey contiene en sus afirmaciones esenciales el espíritu de la Transición. Las palabras del Cardenal sorprendieron a los dignatarios extranjeros, recibieron el pleno apoyo de los demócratas y disgustaron al todavía poderoso «búnker» del Régimen.

Tarancón constata en sus «Confesiones» la mejora de las relaciones del primer Gobierno de la Monarquía con la Iglesia a través de los ministros de Exteriores -Areilza- y de Justicia -Antonio Garrigues-. En esta etapa, se produce un hecho decisivo: el almuerzo de Tarancón con los Reyes en la Zarzuela el 3 de marzo de 1976 -Miércoles de Ceniza-. En dicha entrevista el Cardenal explicó al Rey -que estaba sometido a presiones contrapuestas en este delicado tema- las razones eclesiales y políticas que hacían necesaria la renuncia al privilegio histórico de presentación de Obispos, que ya no tenía razón de ser y rebatió los argumentos en contra. En definitiva no era una petición del Cardenal sino del Concilio Vaticano II y del Papa Pablo VI. Además se establecería el derecho de prenotificación. El resultado de este almuerzo fue positivo.
El Rey tomó la iniciativa de anunciar su decisión, tras constituirse el Gobierno Suárez, mediante carta al Papa de 14 de julio del 76. Así se abría el camino al «Convenio Marco» que significaba la superación del Concordato del 53 y la normalización de las relaciones Iglesia-Estado. El nuevo ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, firmará el Convenio el 28 del mismo mes en Roma, abriendo así una compleja negociación que culminaría año y medio más tarde con la aprobación de los cuatro Acuerdos Iglesia-Estado.

Otra cuestión importante en aquellos momentos era la creación de un gran partido demócrata cristiano, semejante a los existentes en Alemania, Italia y otros países europeos. Tarancón y la Jerarquía, en su mayoría, no querían que la Iglesia apoyara a ningún partido y desaconsejaron a varios líderes políticos utilizar el nombre de «cristiano». En ello estábamos plenamente de acuerdo con la Jerarquía los dirigentes de los movimientos seglares obreros y juveniles más influyentes. Después de 40 años de «nacionalcatolicismo» no queríamos constituir un partido cuasi confesional. Esta cuestión estuvo clara desde los primeros pasos de la Transición.

La definición de la naturaleza del Estado y su implicación con la realidad socio-religiosa en España es la cuarta y decisiva aportación de la Iglesia Católica a la Transición. Desde el primer momento la Iglesia renunció, de acuerdo con la doctrina del Vaticano II, a solicitar -como había en el Régimen de Franco- un Estado confesional, pero aclaró que el Estado podía ser aconfesional pero no laico. La Conferencia Episcopal había declarado: «la Constitución debe reconocer la presencia real de los católicos en la sociedad». El texto propuesto por la Iglesia que Tarancón gestionó con Suárez y el arzobispo Yanes con otros dirigentes cualificados de UCD, se plasmó en el artículo 16 de la Constitución.

El Cardenal Tarancón no fue un hombre que asumiera el Concilio Vaticano II, sino que era ya un Obispo plenamente conciliar y eclesial mucho antes del Concilio. Tuve el privilegio de conocer a Don Vicente el año 58 al asumir la Presidencia Nacional de la Juventud de Acción Católica, cuando él era Obispo de Solsona y Secretario de la Conferencia de Metropolitanos -un organismo distante-. Tuve la oportunidad de hablar con él docenas de veces en la vida. Siempre defendió la apertura de la Iglesia al mundo moderno, las libertades de los ciudadanos, la autonomía respecto al Régimen de los movimientos obreros y juveniles del apostolado seglar; la entrega de la Iglesia a los más necesitados. Sin él no hubiera sido posible el cambio de rumbo metodológico y de acción que tomó la Acción Católica en los años 60. Luchó hasta el límite de sus fuerzas por evitar la «crisis de la Acción Católica» decretada por sus hermanos en el Episcopado, nos defendió a los dirigentes de los ataques de «filomarxismo» lanzados desde el Régimen y «afirmó que en los movimientos de A. C. hay una voluntad firme de aplicar el Concilio y que el Papa Pablo VI está con ellos».

Acompañé a Tarancón muchas veces en momentos importantes de su vida. Era un hombre clarividente, cordial, con sentido del humor, muy fumador. Pero recuerdo especialmente aquella tarde del 21 de diciembre de 1973, en el entierro de Carrero Blanco, cuando el Príncipe Don Juan Carlos marchaba detrás del féretro y el Cardenal vivía su particular «vía dolorosa» rodeado de jóvenes «ultras» enloquecidos que vociferaban «Tarancón al paredón». Yo iba a escasos metros suyos. Su cara era una emotiva síntesis de profundo dolor, resignación y perdón.

Todo empezó tal día como hoy hace 32 años. El 27 de noviembre de 1975 millones de españoles escuchamos, a través de la radio y de la televisión, las palabras del entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, el recordado cardenal Vicente Enrique y Tarancón, oficiante de la solemne ceremonia de entronización del nuevo Rey de España, don Juan Carlos I de Borbón, que se celebró en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Tan sólo siete días antes había fallecido el general Franco y España entera vivía emociones dispares, prevaleciendo sobre todo un claro sentimiento de incertidumbre. Más que nunca pesaba sobre todos los españoles el recuerdo de nuestra historia más reciente: la República, la Guerra Civil, la durísima posguerra y una larga dictadura de cuarenta años que, entre otras muchas culpas, tuvo la responsabilidad de mantener una cruel división entre vencedores y vencidos.

La iglesia de los Jerónimos no era solamente el escenario de la ceremonia religiosa tradicional de entronización de un nuevo Rey. Era la primera oportunidad para conocer cuál era la visión que dos instituciones tan claves en nuestra historia como la Corona y la Iglesia tenían sobre nuestro futuro. Cuando le llegó el momento al arzobispo de Madrid de pronunciar su homilía, los españoles, oyendo su voz inconfundible de fumador empedernido, comprendimos el porqué los ultras de entonces gritaban “Tarancón al paredón”.

Días antes, el propio cardenal había anticipado su pensamiento con una gran valentía en la misa córpore insepulto que había oficiado en El Pardo ante el cadáver de Franco, en la presencia de sus allegados y sus más íntimos colaboradores. Allí el cardenal dijo: “Debemos formular la promesa de borrar todo cuanto pueda separarnos y dividirnos”. Esta frase pasó desapercibida, ahogada por la conmoción del fallecimiento de Franco, pero para algunos marcó una gran esperanza al ver que, en un escenario y en un momento tan difícil, Tarancón era consecuente con las actitudes y las posturas que bajo su presidencia había tomado la Iglesia española en los últimos años de la dictadura, reclamando libertad y reconciliación.

El cardenal Tarancón, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano, reclamó libertad, pidió participación, demandó justicia y solidaridad y respaldó al Rey para que lo fuera de todos los españoles porque, como dijo: “Españoles son todos los que se sienten hijos de la Madre Patria”. En nombre de la Iglesia, el cardenal subrayó que no pedía para ella ningún tipo de privilegios, tan sólo la libertad para predicar el Evangelio, pero siempre en beneficio de los interesesdel país y en la defensa de los más necesitados, “aquellos a quienes nadie parece amar”.

El futuro de España, según el presidente de los obispos españoles, debía nacer de la colaboración y de la participación de todos, sin exclusiones, para así construir un camino de paz, de progreso y de libertad nacido de la reconciliación nacional. Conforme don Vicente hablaba, España entera se daba cuenta de que la dictadura había terminado y de que los nuevos tiempos nacerían desde la participación y el acuerdo de todos los españoles y con el apoyo de la Iglesia.

La homilía del cardenal sería posteriormente reforzada por las propias palabras del Rey de España, pronunciadas en el almuerzo del Palacio de Oriente, celebrado en honor de los altos dignatarios extranjeros asistentes a la ceremonia que rompían un aislamiento de cuarenta años y venían a España en un gesto inigualable de solidaridad y de apoyo hacia el Rey y hacia los españoles. Juan Carlos I expresó en su alocución rotunda y claramente su voluntad de trabajar para que España entrara a formar parte del concierto de naciones cuya convivencia se basa en los principios de la libertad y de la democracia, definiendo su voluntad de ser el Rey de todos.

Treinta y dos años después, es de justicia recordar aquel día, el momento en el que se visualizó el inicio de la ruptura con el régimen anterior. El ejemplo y la toma de posición que “el trono y el altar” tomaron aquel jueves 27 de noviembre en la iglesia de los Jerónimos fueron determinantes para sentar las bases de nuestra democracia.

Hace pocos días, la Iglesia española, a través del presidente de su Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, pronunciaba nuevamente palabras de perdón y de reconciliación, ganándose el respeto y la aquiescencia de todos. Continuaba el “sermón de los Jerónimos” en una apertura coincidente con el magisterio del actual papa Benedicto XVI, siempre preocupado por establecer puentes de diálogo. Permanentemente en sus escritos y en sus discursos el Pontífice expresa su búsqueda de conciliación entre la fe y la razón, su apertura al diálogo con los sectores laicos y su defensa de los valores comunes que en nuestra cultura nacen de la integración del pensamiento cristiano con el pensamiento clásico, superando así cualquier tentación de asentarse en la confrontación y consiguientemente en el aislamiento. Hoy son momentos para el diálogo y para el acuerdo, en Roma y en Madrid.

Pero también hoy como ayer en las relaciones con la Iglesia no caben ni posturas preconcebidas ni lecturas sesgadas de la historia ni estereotipos decimonónicos. La izquierda debe respetar la libertad de la Iglesia para defender y enseñar sus principios y valores inamovibles, estrechando la colaboración en el ideario común de solidaridad, justicia e igualdad. No se puede asociar el progresismo al repudio de la fe porque ello constituye una declaración de incapacidad para entender el pluralismo de nuestra sociedad. La gran aportación de la izquierda siempre fue la de tomar posiciones de una manera positiva, huyendo de maniqueísmos y generalizaciones. Resulta muy empobrecedor asumir un catálogo de rechazos para poder definir la propia identidad política. En la España actual las identidades políticas se definen las más de las veces a la contra.

En las relaciones con la Iglesia olvidamos que muchos de los movimientos de oposición al franquismo e incluso dirigentes y cuadros de la actual izquierda surgieron de la militancia previa en organizaciones vinculadas a la Iglesia.

Cuando hace 32 años el cardenal Tarancón hablaba en los Jerónimos, lo hacía coincidiendo con el pensamiento de la gran mayoría de los españoles, y es bueno recordar hoy que sus palabras se convirtieron en hechos, hasta el punto de que con posterioridad, cuando llegaron las primeras elecciones democráticas, se negó rotundamente a que la Iglesia española apoyara la creación de un partido político confesional, defendiendo la neutralidad de la Iglesia para así garantizarse su independencia. Por eso es bueno recordar el protagonismo de la Iglesia en la recuperación de las libertades. La historia es la que es.

Hoy se cumplen treinta años de la firma de los Pactos de La Moncloa. En 1977, cuando se suscribieron, yo desempeñaba el cargo de subsecretario de Economía y, por expreso deseo del profesor Fuentes Quintana, vicepresidente del Gobierno y auténtico impulsor de esos Pactos, presidí y fui ponente del reducido grupo de trabajo que redactó el programa en que se basaron. Pero, aunque los pactos han sido objeto de muchos análisis, en ellos no suele contemplarse en toda su magnitud tres aspectos a los que pretendo referirme hoy, treinta años después de su firma. El primero, que la idea de un gran pacto político para resolver los problemas económicos venía siendo sustentada por el profesor Fuentes Quintana desde mucho antes de 1977. El segundo, que esos acuerdos, que se alcanzaron gracias a sus duros planteamientos ante el Gobierno de Adolfo Suárez y al apoyo decidido de éste, llevaron al consenso constitucional de 1978. El tercero, que el programa que se pactó en La Moncloa preparó los instrumentos y marcó los rumbos que desde entonces ha venido siguiendo nuestra política económica.

El profesor Fuentes Quintana me había comentado ya algo de su personal visión del futuro de nuestro país en el otoño de 1965, cuando desde un año antes participaba en su Cátedra como modesto ayudante de clases prácticas. Fuentes me insistió en dos ideas. La primera, en que en ese futuro habría que reformar nuestras principales instituciones económicas «desde dentro», para ajustarlas a las reglas de la democracia que acabaría llegando. La segunda, que tal reforma solo sería posible con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y no con su enfrentamiento. Dos ideas que siempre mantuvo y que formaron la argamasa de la comunidad intelectual de quienes constituiríamos su equipo más adelante.

Pero el inicio del proceso que llevaría a los Pactos hay que situarlo a mitad de 1974. Desde unos años antes Enrique Fuentes era director del Instituto de Estudios Fiscales y había integrado allí un equipo de jóvenes funcionarios para formarnos en temas de economía y sector público. A partir de mediados de 1972 nos habíamos dedicado, por encargo del Ministro de Hacienda Alberto Monreal, a preparar un ambicioso proyecto de reforma fiscal que finalizamos en 1973. Ese proyecto fue quizás la causa principal del cese fulminante del ministro, lo que originó una gran desilusión en quienes lo habíamos elaborado. Sin embargo, no renunciamos por eso a nuestras ideas y en 1974, cuando se desencadenó la crisis provocada por la brutal subida de los precios del petróleo, comenzamos a preparar un extenso programa de ajuste coyuntural y reforma económica, en el que integramos nuestra fallida reforma fiscal. Además, la profundidad de la crisis reforzó la vieja creencia del profesor Fuentes de que nada podría hacerse sin una colaboración muy amplia de las fuerzas que configurarían el futuro político del país, pues las profundas reformas y ajustes que se necesitaban deberían contar con la aquiescencia de todos para perdurar y ser eficaces.

Se nos hizo evidente también que, para alcanzar ese consenso, resultaría imprescindible que la sociedad española comprendiese y aceptase la urgencia del cambio. Por eso a principios de 1976 comenzamos a hablar con los partidos que tímidamente iban apareciendo entonces, tratando de difundir la idea de que la magnitud de los problemas económicos exigía alcanzar un amplio acuerdo político para su solución. Sin embargo, tuvimos escaso éxito en esta tarea, pues los partidos estaban ya en la polémica sobre ruptura o reforma. Ante la imposibilidad de avanzar en nuestros proyectos desde el Estado, en junio de 1976 terminamos creando un servicio de estudios en la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) y publicando allí una nueva revista, Coyuntura Económica, en cuyo número de febrero de 1977 se expondrían con toda amplitud nuestras ideas sobre política económica.

Las elecciones de junio de 1977 dieron origen al primer Gobierno democrático de Suárez. En ese Gobierno Enrique Fuentes ocupó la Vicepresidencia Segunda y me nombró subsecretario de Economía. La situación de esos días no podía ser más dramática pues los precios apuntaban hacia tasas anuales superiores al 30 por 100, los salarios se fijaban añadiendo varios puntos al crecimiento pasado de los precios y las exigencias de los nuevos sindicatos no parecían tener fin. Nuestras exportaciones se reducían y la estructura del sistema productivo, diseñada de espaldas al mercado, solo parecía servir de refugio a un fuerte desempleo encubierto. La crisis superaba ya los peores aspectos de las de 1948 y 1957 y por eso el profesor Fuentes Quintana compareció en televisión, informado con inusitada claridad de la comprometida situación en que se encontraba el país, pero abriendo puertas a la esperanza. La repercusión de esta comparecencia fue extraordinaria, pues el Vicepresidente hizo un extenso recorrido por los males de nuestra economía en horas de máxima audiencia y emplazó a todos a colaborar en su solución con palabras muy claras y directas que causaron hondo impacto en los españoles.

La primera decisión económica del nuevo Gobierno fue devaluar la peseta, ante la extrema precariedad de nuestras reservas. A finales de julio se inició la liberalización de los tipos de interés. Después se puso en marcha la reforma de las Cajas de Ahorros, introduciendo competencia en el sistema financiero, así como la unificación de la Inspección de Hacienda, para aplicar eficientemente la reforma fiscal prometida. Fueron medidas de urgencia que preparaban un programa económico consensuado, pero una parte del Gobierno no quería seguir adelante opinando que había que iniciar de inmediato la normal confrontación democrática, en lo que coincidía con la mayoría de la oposición. A finales de julio de 1977 la idea de un gran pacto sobre política económica parecía casi abandonada. Sin embargo, a principios de agosto el profesor Fuentes Quintana reclamó una clara decisión del presidente Suárez sobre este tema. Sin dudarlo Suárez apoyó esa reclamación que le permitía embridar a su Gobierno, pues aspiraba a redactar consensuadamente la Constitución del nuevo Régimen y tenía muy claro que el consenso constitucional resultaría imposible con una guerra abierta en el ámbito económico. Por eso pienso que sin la dura decisión de Fuentes y sin el apoyo que recibió de Suárez no habría sido posible nuestra Constitución de consenso.

A primeros de septiembre se completó el equipo que redactaría el programa para los acuerdos bajo la supervisión del vicepresidente Fuentes Quintana. Estuvo integrado por Blas Calzada, director de Estadística; por José Luís Leal, director de Política Económica; por Raimundo Poveda, subdirector del Banco de España y por mi mismo. Julio Alcaide proporcionó datos de primera mano para nuestros cálculos y los distintos ministerios algunos informes sobre materias de su competencia. Presidí y dirigí las deliberaciones de ese reducido grupo y, por encargo expreso del profesor Fuentes, a quien daba cuenta diariamente del progreso de los trabajos, fui ponente y redactor final del programa, asegurando así su conexión con las ideas de nuestro equipo del Instituto de Estudios Fiscales y de la CECA.

El programa que redactamos sirvió de base para la negociación con las fuerzas políticas convocadas por el Gobierno en La Moncloa el sábado 8 de octubre de 1977. Costó mucho que algunos partidos acudiesen a las negociaciones, pero pronto se convirtieron todos en sinceros defensores de ese programa. Un día después se lograba el ansiado consenso político sobre las líneas básicas de los Pactos gracias, en muy buena medida, a la indiscutible autoridad intelectual del profesor Fuentes Quintana, frente a la cual nadie puso serias objeciones a nuestro programa. El 25 de ese mes, después de algunas jornadas de debate a niveles puramente técnicos sobre medidas concretas, se suscribieron los acuerdos en el Palacio de la Moncloa con la solemnidad que el caso merecía y en presencia de la prensa, radio y televisión. Se dio así pública cuenta de los Pactos alcanzados y, al objeto de cerrar esos acuerdos conforme a criterios democráticos, se debatieron y se aprobaron tanto por el Congreso como por el Senado. La gente en la calle se apercibió muy bien de la dureza de lo que le aguardaba, pero respiró mucho más tranquila al conocer el acuerdo alcanzado por los políticos. Los españoles por fin sabíamos que hacer y como enfrentarnos a nuestros problemas.

Los Pactos marcaron desde entonces las directrices de la política económica española En ellos estaban la reforma fiscal, la del sistema financiero y la política de rentas, instrumentos totalmente renovados que se utilizarían luego con profusión. Y en esos Pactos estaban igualmente la lucha contra la inflación, la distribución equitativa de la carga fiscal, el mantenimiento del equilibrio presupuestario, la libre asignación de recursos por el mercado y la liberalización económica y financiera. Los Pactos no solo abrieron el cauce y pusieron las bases para el inmediato consenso constitucional, fundamento del posterior progreso económico de España, sino que fueron, además, un ejemplo para otros países que también intentaban alcanzar la democracia en un entorno económico hostil como el que nos correspondió vivir a nosotros en aquellos tiempos.

Y aún hoy, treinta años después de su firma, los Pactos de la Moncloa continúan siendo un ejemplo real y extraordinario para nuestra sociedad, al mostrar un camino limpio y nítido, con luz y taquígrafos, para resolver problemas muy graves de toda la nación. Por eso entiendo que los Pactos de La Moncloa fueron la gran contribución de Enrique Fuentes Quintana, de Adolfo Suárez y de todos cuantos los suscribieron, a la pacífica convivencia de los españoles.

Cuando andamos celebrando por doquier tanto la bondad con la que se llevó a cabo nuestra transición a la democracia cuanto su inseparable consecuencia de los treinta años de las primeras elecciones generales habidas en junio de 1977, han abundado las insoslayables loas a personas concretas. Y creo que nada hay que objetar al respecto. Siempre resulta más fácil agradecer lo individual que lo colectivo. Porque, me atrevo a pensar que está quedando huérfana de elogios la base que empujó y permitió la construcción del edificio: la clase social entonces existente y el consenso político que la definía.
Es posible que en algún lugar a ella me haya referido. Por eso lo de hoy no es mero tributo. Lo que me ocupa es comparación. Porque de esto, de equiparar antaño y hogaño, es como suele caminar la historia. Huyendo del ancla que se empeña en detenernos en la nostalgia. Por supuesto. Pero, de igual forma sabiendo aprovechar la lección y el consejo que toda equiparación arroja.

En los años sesenta y setenta, se ha ido consolidando entre nosotros y quizá por primera vez, una creciente burguesía llamada a desempeñar un papel importante en los momentos de la transición. La verdad es que no resulta fácil ni su exacta denominación, ni mucho menos su rigurosa composición. Era algo que no existió cuando en los años treinta chocan con violencia quienes lo tenían todo o casi todo y quienes nada poseían. Está por estudiar con rigor la carga de malignidad particularista que esto tuvo en las zonas rurales españolas, posiblemente como algo más importante que las razones ideológicas. La guerra también fue en dichos lares guerra de intereses, envidias, delaciones y revanchas.

Y barrunto que bastante antes de noviembre de 1975 y al pairo del creciente desarrollo económico que España experimente, esta nueva clase social posiblemente propicia a ser llamada nueva burguesía, pero integrada, sobre todo en las zonas rurales, por sectores diversos es la destinada a servir ahora de colchón entre escasos extremos. Una clase que se define mucho mejor por lo que no quiere que por lo que quiere. Y lo que quiere es un tránsito pacífico que no ponga en riesgo nada de lo hasta entonces meritoriamente adquirido. No quiere contiendas ideológicas, ni vueltas a una guerra que anda ya bastante en el olvido y que las nuevas generaciones no han conocido, ni revanchas con el inmediato pasado. Quiere caminar hacia un futuro ya diseñado en la democracia europea al uso. Lo pasado, pasado queda y las posibles purgas quedan para la historia. Y así, asumiendo sin ira lo de antes, encuentran el apoyo de un discurso del Rey, en los difíciles momentos de su proclamación precisamente ante unas Cortes integradas según el modelo orgánico hasta entonces vigente. Un discurso que habla de «nueva era» a la que a todos son llamados, de libertades propias de la democracia, de su deseo de ser Rey de «todos los españoles», de los antaño vencedores y vencidos, sin el menor reproche al pasado que hay que asumir como tal y, sobre todo, de concordia en el gran pueblo español para mirar sin ira al futuro.

Esto caló en profundidad y despejó muchas dudas. Y ante este singular paso, avalado luego por la Reforma que el mismo hemiciclo aprobó y que el pueblo pudo asumir en Referéndum, todos tuvieron que ceder. Los de antes y los de luego. El pueblo soberano se organizó en partidos y el 15 de junio de 1977 es llamado a participar en las elecciones. Y el pueblo acudió con muchas dosis de ilusión y de esperanza. Había llegado el nuevo régimen de democracia. Una sociedad ilusionada. Crédula de la bondad del cambio. Y el pueblo habló con voz fuerte, pero serena.

¿Qué queda de ese gran consenso social y de esa inicial ilusión treinta años después? Es la gran pregunta para reflexionar, corregir y hasta dar entrada a la desilusión. Porque me parece no muy osado afirmar que eso último es lo que ha tenido esa entrada en nuestra actual sociedad. Nos hemos vuelto bastante descreídos con casi todo lo prometido. La experiencia vivida (en cuyo detalle aquí no puedo entrar) ha golpeado una y otra vez la inicial creencia de buena fe. Y, sobre todo, está haciendo trizas el también inicial y colectivo consenso. Estamos manchando gran parte de nuestro sistema establecido y ello conduce, necesariamente, a la ruptura del consenso. Y, naturalmente, sin las bases de un fuerte acuerdo en muchas facetas de la vida política, nada se podrá llevar a cabo.

No serían pocas las causas que han dado origen a la inexistencia del gran consenso nacional (que no tiene que ser necesariamente consenso puntual entre partidos), que es el que importa. Y con toda preocupación, me atrevería a sintetizar tres que estimo decisivas:

a) El actual desbordamiento, personal e ideológico, del llamado Estado de las Autonomías. Sencillamente, queriendo o por presiones, lo que hoy contemplamos está muy lejos de lo que se pensaba como un legítimo reconocimiento de la diversidad regional sin dañar a la unidad de la Nación. Poco o nada queda de este espíritu inicial que así resultó asumido. Funcionan las instituciones autonómicas con mayor o menor acierto. Bienvenido sea. Pero el conjunto, lo que constitucionalmente debe ser llamado exclusivamente «Comunidad Autónoma» camina por donde quiere. Cada una con su apellido, algunas con manifiesto desapego a esa unidad citada. Con paulatino desguazamiento del Estado y, por supuesto, con el permanente juego que equipara lo diverso en diferencial. Y en vez de lo, común, buscando lo que separa en claros nacionalismos excluyentes. Lógicamente, los ciudadanos caen en la compresible división y el consenso se quiebra.

b) Otro similar desbordamiento: el de nuestros partidos políticos. No se trata aquí de recordar cómo están dañando el funcionamiento de las instituciones. Tampoco del muy triste espectáculo que estamos viviendo con pactos y componendas post-electorales que claramente desvirtúan la voluntad del elector. Me refiero a que también sus conductas han acabado dañando fuertemente el consenso nacional. Ha aparecido una increíble «lealtad al partido» (lo he oído esgrimir incluso en oposiciones a Cátedras) y una profunda penetración en sectores que debieran tener otros valores ajenos a esas lealtades y a esas nefastas «cuotas».
Y lo peor, el consenso se ha roto mediante la descalificación que no tiene sentido: ¡otra vez con la acusación de «facha» a quien discrepa! Y en el seno de la familia o del claustro universitario, la discordia sustituye al acuerdo pacífico, al necesario consenso.

c) Y, por último, como gran causante de desacuerdo y prueba clara de revanchismo trasnochado, la aparición de eso que llaman «Memoria Histórica». Totalmente sesgada por pensar únicamente en un bando en la guerra que se creía olvidada o, al menos, asumida. Y que viene, a estas alturas, a resucitar rencores, abrir heridas y condenar «culpables». El tema es de suma gravedad y bien merecería de serenos estudios que pusieran las cosas en su sitio y, sobre todo, fueran estudios rigurosos, sin medias verdades y, por ello, en la línea de lo que constituyó nuestra Reforma que con tanta fiesta celebramos en su día. Los padres de esta desafortunada desventura, están claramente frente a lo que un día deseara el Rey y también la sociedad. Un fatal palo al consenso, porque no puede haber concordia de lo que sea fruto de la ira. De la ira, únicamente nueva ira puede nacer. ¿Es eso lo que se quiere?

Las elecciones del 15 de junio de 1977 fueron, en la Historia de España, algo más que un ejercicio de soberanía popular. Por eso están en la Historia y celebramos su aniversario. Abrieron un proceso constituyente que desembocó en una democracia liberal representativa. La Constitución que hoy la rige instituyó la Monarquía parlamentaria, el Estado social de Derecho, el Estado descentralizado o Estado de las Autonomías, la aconfesionalidad del Estado y la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a la ley, es decir, al poder civil surgido de las urnas.

No sería exagerado, pues, hablar de revolución institucional tanto más cuanto que las elecciones fueron convocadas por un gobierno nacido de las Leyes Fundamentales de la Dictadura que previamente había convocado al pueblo español a refrendar la Ley para la Reforma Política. En el referéndum, el presidente Suárez obtuvo un resonante éxito que le dio plena legitimidad para convocar con el respaldo del Rey Juan Carlos -el otro gran protagonista- al pueblo español a elegir un parlamento democrático.

Sin embargo, lo que dio renombre mundial a la Transición Democrática española -hoy es capítulo obligado en los manuales de ciencia política y ejemplo para muchos países que no han resuelto su estabilidad institucional- no fue tanto el radical cambio político como la voluntad de consenso que singularizó toda la etapa. Es la principal lección que deberíamos extraer porque si el consenso fue posible entonces en lo más difícil no hay razón para que no lo sea hoy en lo que por naturaleza no lo es tanto. Hubo acuerdo en primer término sobre la amnistía -la más generosa que cabe imaginar-; hubo asimismo acuerdo en no recurrir a la Guerra Civil más que para asumir aquello que hiciera imposible su repetición; hubo también acuerdo sobre la naturaleza y contenido de la Constitución: una Constitución de todos y para todos que pusiese término a las Constituciones de partido que ininterrumpidamente habían caracterizado la Historia política española. Y hubo finalmente acuerdo -los Pactos de la Moncloa- para salvaguardar el desarrollo del proceso constituyente ante la difícil situación por la que atravesaba la economía española (una tasa de inflacción del 23% y una aguda crisis industrial y financiera) generada por el shock del petróleo de 1973.

En ninguna época anterior de nuestra Historia se confirió valor tan axiomático a la voluntad de acuerdo entre los principales protagonistas de la vida política. Y aunque hubo algun momento de cansancio -se le llamó desencanto- nunca antes, tampoco, se había asumido la necesidad de integrarla -la voluntad de acuerdo- como parte sustantiva del sistema político institucional, tanto de manera explícita en el propio texto constitucional (exigencia de mayorías reforzadas) como de forma implícita de tal modo que se convirtió en hábito que el Gobierno de turno buscase el acuerdo del otro gran partido nacional para ciertas leyes y algunos nombramientos.

En la primera Legislatura ordinaria fueron objeto de un trabajoso consenso pero ampliamente mayoritario los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Cataluña y Galicia y las principales Leyes orgánicas. Con posterioridad, los Pactos Autonómicos de 1981 (UCD-PSOE) y 1992 (PSOE-PP) fueron otro ejemplo de consenso eficaz. Cabe citar, también, el Pacto de Toledo, o acuerdos sustantivos en Política Exterior, como el proceso de incorporación a Europa (el ingreso en la Comunidad Europea y en la Unión Monetaria) y la alianza con Estados Unidos. Se alcanzaron igualmente consensos significativos en el ámbito de las relaciones laborales, en la organización de la sanidad pública, en la lucha contra el terrorismo y en la reforma de la Justicia. Sólo en el ámbito de la educación no ha sido posible hasta ahora llegar a un acuerdo y es precisamente uno de los grandes fracasos de la democracia española.

En la consecución del consenso y en su conservación, la responsabilidad principal es siempre del Gobierno. Así lo entendieron en lo principal los gobiernos de UCD de Suárez y Calvo-Sotelo, los del PSOE de Felipe González y los del PP de José María Aznar. Hasta tal punto fue así que todos los gobiernos que en su momento hicieron acuerdos de entidad fueron de una u otra forma acusados por sus partidarios de excesivas concesiones al adversario. Hoy sabemos que semejante comportamiento fue casi siempre más virtud que defecto. Desde 1977 hasta 2004 España ha gozado de la etapa de mayor estabilidad, progreso, prestigio, influencia y prosperidad desde los tiempos al menos de Carlos III. Fuera ya de la política, como uno de los que desde puestos de responsabilidad impulsaron acuerdos, me pregunto hoy por qué ha empezado a agrietarse tanto todo esto. El Gobierno debería también preguntárselo y analizar que grado de culpa le incumbe. La salida dialéctica habitual es concluir que, cuando un consenso se quiebra, hay responsabilidad en todas las partes involucradas.

No siempre es cierto. Diría, incluso, que con frecuencia no lo es. La crítica en términos de equidistancia entre Gobierno y oposición -responsabilidad compartida más o menos por igual- es de difícil defensa cuando uno detenta el poder legítimo y sus enormes recursos de toda índole y el otro no dispone más que de la palabra y de sus libertades constitucionales. La equidistancia no es -ni en términos lógicos ni axiológicos- objetividad. Así, al menos, lo entendimos nosotros.

Construimos un sistema institucional sin exclusiones pero apoyado, en orden a su normal devenir, en dos sólidos soportes (UCD-PP y PSOE) que representan más del 80% del electorado. Para que el conjunto funcione bien han de caminar juntos en todo lo fundamental. Si uno de los soportes decide actuar unilateralmente, prescindir del otro o marginarlo en decisiones esenciales, cualquiera que sea su propósito o razón, el sistema empieza a resquebrajarse porque los otros apoyos en teoría disponibles quieren un sistema institucional muy distinto o simplemente liquidar el Estado vigente. Y así hemos empezado a volver al pasado, a un pasado de vaivenes y revanchas estériles, de hacer y deshacer en cada cambio de mayoría, algo que nos convertirá otra vez en país marginal, porque hemos iniciado la senda más segura para provocar la pérdida de confianza en España en un momento en el que de manera inevitable estamos inmersos en un proceso de globalización. El Gobierno es, pues, quien primero tiene la palabra y hoy esa palabra debe ser de rectificación.

A 30 años de distancia empezamos a ver claro lo que el 15 de junio de 1977 puede significar en la historia de España. En tal día se celebraron las primeras elecciones democráticas de la Transición. La mayoría de los españoles nunca habíamos experimentado lo que era depositar libremente la papeleta en una urna con el fin de nombrar a quienes debían representarnos. A esa mayoría -pues por edad eran pocos los participantes en comicios democráticos antiguos- los adversarios no se presentaron por vez primera como «enemigos». Eran simples opciones entre personas distintas y programas diversos.

Fue positivo el efecto del 15-J para la convivencia en libertad. Iniciamos la ruta que vienen recorriendo, con más o menos dificultades y tropiezos, los pueblos mejor organizados. Sin embargo, en esos momentos de la Transición se cometieron equivocaciones que ahora todos sufrimos.

Ha resultado un error hacer demasiadas concesiones a quienes comparecieron como portavoces de los hechos diferenciales de vascos y catalanes. Es cierto que el uniformismo impuesto durante la dictadura no encajaba en la realidad de una España compleja, con zonas diversas. Pero esa España compleja no había de entenderla como una España compuesta de partes de singularidad propia e independientes, que acaso se unirían en una entidad mayor o acaso marcharían por separado.

En la elaboración de las candidaturas de los distritos catalanes, por ejemplo, fueron marginados hombres y mujeres que habían combatido allí a favor de la democracia, resultando favorecidos, por el contrario, algunos tibios, o claramente vinculados al régimen anterior, por el simple hecho de haber nacido en Cataluña. Con estas concesiones se avivó la creencia de la España artificial, un Estado plurinacional, una organización simplemente compuesta.

Otra concesión de malos efectos, imprevistos en 1977, fue admitir la existencia de sólo tres «comunidades históricas», con un calificativo no aplicable a las otras comunidades españolas. Se propagó una interpretación según la cual los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente Estatutos de Autonomía, o sea Cataluña, el País Vasco y Galicia, tenían más raíces y trayectorias históricas que Castilla, Asturias o Andalucía, por citar sólo a tres de las que, en materia histórica, son incuestionables.

El texto de la Constitución de 1978 no acoge la expresión «comunidad histórica», pero en el debate político, dentro y fuera de los círculos oficiales, se admitió la diferencia. Hasta tal punto se pensó que era constitucional negar el carácter de comunidad histórica a cualquiera otra que no fuese una de las tres, Cataluña, País Vasco y Galicia, que el 5 de junio de 2003 la Sala Primera del Tribunal Supremo tuvo que desestimar una demanda que contra mí interpusieron el presidente y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Se me imputó haber ofendido a Cataluña por haber afirmado que por Andalucía también había pasado la historia y que Granada, la ciudad mítica en la que nací, tenía detrás un largo y sobresaliente pasado.

Como escribió en esos días Antonio Burgos, «Jiménez de Parga le hizo a esa mujer llamada Granada el mejor elogio que suele hacer el pueblo andaluz: la limpieza. Granada es mú limpia». ¿Acaso no fue políticamente correcto recordar la «Oda oriental» de Zorrilla? Pues recordé aquellos versos y los sigo recordando: «Corriendo van por la vega / a las puertas de Granada… con más de cien surtidores…».

El Tribunal Supremo (en la sentencia que amparó mi intervención en un acto público el 21 de enero de 2003) transcribe los dos párrafos más significativos de cuanto dije. El primero es el siguiente: «Una organización de nacionalidades y regiones en un territorio de España, repleto de historia, de Norte a Sur, de Este a Oeste, con unos reinos de brillante trayectoria y que no pueden seriamente quedar reducidos a segundones frente al resto de las comunidades que dicen ser distintas porque plebiscitaron afirmativamente en la República un Estatuto de Autonomía». Y como segundo texto del que me inculpó el Gobierno de la Generalidad, este otro: «En el año 1000, cuando los andaluces teníamos, y Granada tenía, varias decenas de surtidores de agua de colores distintos y olores diversos…».

El Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que la Historia es la Historia, nos guste o no. Una alusión a la Historia «puede ser rebatida en el área de la discusión científica y doctrinal, pero nunca puede ser estimada como ofensa para nadie».
Alfonso Ussía apostilló perfectamente mi postura: «Que a un andaluz nacido en Granada le venga un señor de Eibar a decirle que su Comunidad es histórica y la andaluza no lo es, resulta, como poco, cabreante». Y un discípulo mío en la Universidad de Barcelona comentó: «¿Cómo es posible que se afirme que ofende a Cataluña quien tiene en ella a la mitad de su familia, con cinco hijos nacidos en esta tierra, nueve nietos y más de veinte mil estudiantes aprendiendo en sus clases de la Universidad durante largos cuatro lustros?».

Otra equivocación cometida hace 30 años, con consecuencias malas que llegan hasta hoy, fue optar por un sistema electoral en el que unas minorías de ámbito territorial reducido podrían imponer su tiranía al resto de los españoles. (Resultó lamentable la aparición en la TV del representante de Esquerra Republicana con una llave en la mano: «Yo soy el que tengo la llave para abrir o para cerrar el futuro político»).

Tal vez tenía justificación en los primeros comicios aquel modo de elegir, abierto a la tiranía de las minorías. Era necesario estimular la participación de todos, luego del dilatado período de abstención. Sin embargo, los principios del decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, se conservaron en la ley 5/1985, de 19 de junio. He aquí el tremendo error. No mejorará el funcionamiento de nuestra democracia hasta que no se cambie a fondo la ley electoral.

También hay que revisar las campañas a la americana, con gastos tan elevados como infructuosos. Este despropósito explica en parte la financiación ilegal de los partidos. Un régimen electoral tan malo merece una consideración detenida. Y no hay que inventar soluciones. Basta con apreciar el sistema establecido en Alemania: dos votos para cada elector, uno de decisión personalizada en distritos de extensión reducida y otro para las listas de los partidos presentadas en mayores ámbitos espaciales. Y la barrera del 5 por ciento en todo el territorio del Reino.

El abstencionismo en los comicios produce alarma. Ahora, con 30 años desde el 15-J, comenzamos a tener perspectiva histórica para ver con más claridad cuanto entonces aconteció.

Los últimos días de la primavera van a ser políticamente complejos y socialmente inquietantes. El anuncio de ruptura de la tregua por parte de ETA no sólo está modificando las agendas políticas, sino que está condicionando el análisis de los resultados electorales. Los ciudadanos deberíamos transformar este horizonte de incertidumbre en una oportunidad para la deliberación sosegada.

Estamos a punto de cumplir tres décadas de ayuntamientos democráticos y es buen momento para hacer memoria de una Transición que, además de tener sus correspondientes dimensiones políticas, culturales o religiosas, tuvo una dimensión ética que abrió la puerta a las demás. Una dimensión en la que se amparó Rodríguez Zapatero cuando hizo balance de su primer año de legislatura y anunciaba que su política estaría presidida por tres referencias: «Paz, ciudadanía y talante». De las tres, la reivindicación del talante traía algo más que una nueva política, prologaba la llegada de un nuevo estilo, anunciaba nuevas formas y, sobre todo, iniciaba una aventura ideológica que parecía enlazar con la Transición.

La nueva estrategia de comunicación marcaba las distancias con una personalidad política como la de Aznar, donde pesaba más el carácter, la determinación y la firmeza que el talante, la flexibilidad y la emotividad. Curiosamente, tanto el talante como el carácter habían sido categorías con las que el profesor José Luis López-Aranguren construyó, hace casi 50 años, un libro -Ética- que se convirtió en manual universitario de varias generaciones. Las distancias que quería tomar Rodríguez Zapatero con Aznar eran tan grandes que le forzaron a construir una estrategia basada sólo en el talante, sin conservar dialécticamente nada del carácter, como si en la historia de la ética pública fuese posible prescindir de ambas categorías.

Seducido por el aire fresco de una Transición cuya legitimidad se ha puesto en penumbra porque la atención se dirige a la Segunda República, nuestro presidente no se dio cuenta de que aquella Ética había que leerla entera, que no bastaba elegir las preciosas páginas donde se nos habla del talante y pasar por alto aquéllas donde se habla del carácter. Asistíamos así a una estrategia simplificadora en la que han caído algunos intérpretes del pensamiento de Laín Entralgo, Julián Marías o el propio López-Aranguren cuando se aproximan a ellos buscando sólo la liberalidad y la tolerancia activa con las que colaboraron para que fuera posible la Transición.

Y aquí comienzan los problemas, porque a estos pensadores que analizaron y se implicaron con la dimensión ética de la Transición les preocupaba el buen talante, concepto que apareció por primera vez en un artículo que Aranguren publicó en 1949 en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Con el título Sobre el buen talante, el joven profesor reivindicaba un término a medio camino entre el existencialismo, la nueva teología y la incipiente psicología humanista. Antes de que desempeñara un papel importante en la Ética, Aranguren volvió a utilizar esas reflexiones en un interesante trabajo que llevó por título Catolicismo y protestantismo como formas de existencia, publicado en 1952, con el que se inauguraba una resistencia al nacionalcatolicismo de la que surgieron algunas publicaciones como la revista Cuadernos para el Diálogo.

Aranguren presenta el talante como un estado de ánimo, como una disposición anímica que determina todo nuestro modo de existir, es decir, nuestra forma de ver, de pensar, de sentir y de enfrentarnos al mundo. A diferencia de quienes se orientan en la vida desde un sistema de ideas, a diferencia de quienes ordenan su conducta por una teoría sobre la esencia humana, o incluso a diferencia de quienes se anclan en formas de pensar puramente racionales o cognitivas, los promotores de una filosofía del talante están más próximos al existencialismo, al emotivismo o al psicologismo. Para estas filosofías, las religiones no son sistemas cerrados de ideas, sino formas de existencia donde caben la comunicación de verdades, la coexistencia y el diálogo.

Pero el valor del talante en el pensamiento de la Transición no está en su dimensión filosófica, sino en su dimensión moral y política. Esto era lo que le preocupaba a Aranguren y por eso distingue talante como simple estado de ánimo y buen talante como categoría moral. Al preguntarnos por el buen talante ya no nos movemos en un nivel emotivo, sino en un nivel ético donde hace falta diferenciar, distinguir y discriminar. Por ejemplo, no todos los talantes generan una personalidad equilibrada, saludable y empática, de ahí que sea importante buscar un criterio que los ordene y haga preferibles unos a otros.

Con la simple apelación al talante no hubiera sido posible la Transición. Fue un momento de nuestra Historia en el que funcionó el buen talante, en el que se acertó con el criterio para no dejarse llevar por las emociones, los antojos, los estados de ánimo o el simple temperamento. Se acertó porque no se confundió el buen talante con el buen rollito del que hoy se habla en las jergas juveniles. Nuestro presidente se ha limitado a promover una política del buen rollo que no puede confundirse con una política del buen talante, y por eso no salen las cuentas de la ética cívica, que consiste en promover consensos políticos básicos sobre valores compartidos.

Señalaba Aranguren que hay buen talante cuando la inteligencia organiza los ánimos para tener estabilidad en el tiempo; es decir, cuando se jerarquizan y se busca apoyo intelectivo suficiente para que la vida no sea un naufragio emocional permanente. El buen talante requiere ejercicio de la inteligencia y para eso hay que convertir el talante en determinación y actitud, en firmeza para ordenar la vida y darle un sentido. El buen talante requiere algo más que una psicología de los estados anímicos, requiere una ética del discernimiento y la cordura.

Quizá ahora estamos capacitados para entender el apoyo que este Gobierno ha concedido a los proyectos de naturalización de la ética, como el del Gran Simio, que consiste en proporcionar derechos a los animales. Era mayor la preocupación por las emociones, los estados de ánimo y el simple tono vital que la preocupación por los argumentos y las buenas razones. Estaba tan empeñado por dejar atrás la política del carácter que ha confundido la determinación y la firmeza con el dogmatismo, la terquedad y la cabezonería. No se ha dado cuenta de que junto a una primera naturaleza emocional y biológica hay una segunda naturaleza racional y biográfica. Su síntesis sólo es posible a través del aprendizaje, el entrenamiento y la narrativa adquisición de la inteligencia.

A esa inteligencia es a la que podemos apelar hoy cuando reivindicamos una ética del carácter, cuyo protagonismo ya fue señalado por Aranguren en la primera edición de su Ética. En 1957 introdujo el término carácter para sustituir lo que en sus escritos anteriores había llamado actitud y que así se corresponde mejor con el significado originario del término ética (ethos). Esta forma de entender la Ética no anula las emociones (pathos) ni las razones (logos); las integra en una teoría del carácter. Aunque se editó en 1958, la introducción del término carácter en esta primera edición está relacionada con las deudas que Aranguren había asumido con Zubiri y Ortega.

Precisamente el joven Ortega había publicado 50 años antes un interesante artículo con el que denunciaba la hipocresía de los políticos que pretendían reformar las costumbres sin reformar el carácter. El artículo, publicado en El Imparcial el 5 de octubre de 1907, llevaba por título Reforma del carácter, no reforma de las costumbres, donde protesta enérgicamente contra un decreto del ministro de la Gobernación, don Juan de la Cierva, porque pretendía reformar las costumbres del pueblo.

Es interesante leer despacio el artículo para comprobar que junto a la política del talante, que aparece en escena en la segunda mitad del siglo XX, la política del carácter se puede presentar como clave interpretativa para la primera mitad de ese mismo siglo. Clave con las que se pueden analizar desde el perfil ético de Maura, Canalejas, Azaña o Lerroux, hasta los perfiles de Franco, Suárez, Calvo-Sotelo o González. Una Transición inteligente no hubiera sido posible sin la justa dosis de talante y carácter.

En definitiva, las reformas políticas no se pueden hacer ni contra los pueblos ni contra sus costumbres, deben ir a la raíz de las costumbres centrándose en el carácter. Lo bueno o malo -sostiene Ortega- no está en las costumbres, sino en el carácter desde el que brotan. Por eso, ante la nueva ruptura de la tregua de ETA no hay talante que valga. La sociedad española no exige un carácter entendido como tosquedad, sino un carácter entendido como firmeza para acertar y mantener la cordura. Cuando desaparece, la política se transforma en una incierta, preocupante y peligrosa aventura.

Mañana se cumplirán treinta años de las primeras elecciones democráticas. Parece que fue ayer, el tiempo pasa volando. El 15 de junio de 1977 fue un gran día, un día espléndido.

A las ocho en punto de la mañana estaba en un colegio electoral, no recuerdo exactamente dónde. Era interventor del PSUC, mi partido, entonces el Partido, el partido por antonomasia. Me dirijo a la mesa que me correspondía. Casualmente su presidente era un amigo, Fortunato Frías, un liberal, demócrata y antifranquista, secretario entonces del Círculo de Economía al que había conocido, precisamente, porque era uno de los pocos interlocutores del PSUC en el ámbito empresarial y cada dos o tres meses nos encontrábamos para comentar la situación política: él me exponía su punto de vista, yo el mío o, mejor dicho, el de mi partido. Se sorprende al verme. Lo noto incómodo: “Que no se note mucho que somos amigos”, me dice. Una reacción natural y comprensible: no sólo quería ser un presidente neutral sino también parecerlo. Lo de la mujer del césar. Empezamos bien: unas elecciones limpias, todos queríamos unas elecciones limpias. Empezamos bien.

A las nueve todos los componentes de la mesa estábamos ya en nuestros puestos: el presidente, los vocales, los interventores de los partidos. Comienzan a entrar los votantes. Se forma una larga fila ente la mesa y comienza el gran espectáculo democrático: enseñar el carnet de identidad, comprobar que está en la lista de electores, depositar la papeleta en la urna. Todo un ritual desconocido hasta entonces, un éxito de concurrencia, una emoción contenida, la sensación de que estamos en una nueva era, en un nuevo país, en un país distinto. Todo con gran naturalidad, con un aire rutinario: “Su nombre, por favor… el carnet… ha votado”. Una cruz al lado de cada nombre en la lista del censo. La democracia.

Así va transcurriendo el día. Mayores, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, curas y monjas. Algún amigo que se sorprende al verte, le enseñas la chapa del partido, aún se sorprende más. Todos serios, algo tensos, disciplinados: entran y salen. Algunas reclamaciones por no estar en el censo: quieren votar, han recorrido varios colegios, se les recomienda que vayan a la junta electoral, pero de ahí vienen, no hay nada que hacer, caras de disgusto, quieren votar. Nos sirven la comida, lo que ahora llaman catering. En la mesa electoral, buen ambiente: la reconciliación nacional, por fin.

Los últimos meses habían sido de vértigo. Mucha resistencia acumulada que al final se aceleró, entre tragedias y alegrías. La ley para la Reforma Política que los demócratas no supimos comprender, la matanza de Atocha, ETA que ya asesinaba y estorbaba, la Asamblea de Catalunya y la Junta Democrática de España, la oposición pactando las leyes que darían paso a la democracia, la legalización del PCE y el PSUC, los rumores y los riesgos de golpe de Estado, el Rey y Suárez, la UCD. Las dificultades de la transición, ahora tan incomprendida. El primer mitin en La Bisbal, con la asombrada familia en las primeras filas. Nen, que hi fas aquí!

A las ocho de la tarde, cierre y recuento. Un recuento minucioso, la mirada fija en las papeletas, el miedo a la falsificación del sufragio, un miedo inútil, recuerdo del pasado, un pasado que se estaba dejando atrás, nadie quería hacer trampas, empezaba el futuro, la España de hoy.

Tras el recuento y el papeleo, al local del partido, a la calle Ciutat. Lleno a rebosar. Lentamente, te ibas abriendo paso por la amplia escalera hasta el primer piso. Los amigos, los camaradas. Comienzan a llegar los resultados, muy lentamente. Euforia primero, sensación agridulce después. Siete diputados para el PSUC, pero muchos más para el PSC. PSC-PSOE, claro. Los comunistas no eran el partido hegemónico de la izquierda en Catalunya. El sueño del PCI catalán se desvanecía.

Mucho peor fue el resultado en España. El PCE sólo había obtenido cuatro diputados en Madrid. E incluso el cuarto diputado, el escaño de Ramón Tamames, fue dudoso hasta el recuento final. Recuerdo un despacho apartado del bullicio general en el que estaba la plana mayor, con Gregorio y el Guti a la cabeza. Un dirigente de Comisiones Obreras dando nerviosas zancadas de arriba abajo, sin acabar de creerse los resultados de Madrid: “Vallecas, Getafe, Villaverde, el cinturón industrial de Madrid, ¡todos son rojos, todos son nuestros, imposible que allá hayamos perdido!”. La realidad se imponía. Injusticia histórica, quizás. Pero así es la historia. Felipe había ganado a Carrillo.

Pero, al final, el optimismo: España entraba en una nueva era. La democracia había ganado. UCD arrasaba a la Alianza Popular de Fraga y los siete magníficos, los siete magníficos franquistas. Los resultados hicieron posible que las nuevas Cortes, el primer Parlamento democrático desde 1936, fueran un parlamento constituyente, la cámara que aprobaría una Constitución democrática. España entraba en Europa, tras el franquismo la democracia. Unas semanas después, ya en julio, en la primera sesión de estas primeras Cortes democráticas, el rey Juan Carlos abrazaría a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, ante la atenta mirada gaditana de Rafael Alberti.

Lo que pasó aquel día, aquel 15 de junio, fue sencillamente que los españoles no quisieron echar la vista atrás: arrinconaron la Guerra Civil y mediante el voto quisieron reconciliarse con el futuro.

Hoy hace un siglo nacía en Burriana Vicente Enrique y Tarancón. A los 38 años fue nombrado obispo de Solsona (1946-1964). Las pastorales del obispo más joven del Episcopado suscitaron enseguida gran interés en la mayoría de las diócesis españolas. Le nombraron arzobispo de Oviedo en 1964, cuando los sacerdotes obreros habían tomado partido ya a favor de los mineros huelguistas. Le tocó presidir la famosa Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes (1971) y durante diez años la Conferencia Episcopal. Como primado de Toledo y cardenal arzobispo de Madrid, tuvo que enfrentarse a un Gobierno que no renunciaba a las ventajas del Estado confesional. No es fácil encontrar otro eclesiástico español que tuviera que asumir y negociar con visión de futuro tantas y tan graves responsabilidades de la secular “cuestión religiosa” en España.

Durante los ocho años de la posguerra en Vinaroz y los dieciocho de obispo en Solsona se esfuerza por llevar a la práctica una “pastoral de diálogo”, distinta a la “de autoridad”, que venía predominando en la comunidad católica española. Como consiliario propagandista de la Acción Católica, durante el último trienio de la Segunda República recorrió la mayoría de las diócesis españolas, escuchó los comentarios de muchos obispos y se convenció de que aquella manera de pensar de los eclesiásticos y de las clases acomodadas españolas conduciría de manera inevitable a un enfrentamiento fratricida. Por otra parte, aquella convivencia en la Casa del Consiliario, bajo la influencia de Ángel Herrera, le ayudó a familiarizarse con la doctrina social de la Iglesia y a mantener conversaciones largas en el extranjero (Roma, Bruselas, París, etcétera) con los líderes de los movimientos obreros católicos. Aprendió a contemplar los procesos del socialismo y del capitalismo, no como movimientos dirigidos expresamente contra la Iglesia sino como secuencias razonadas de determinadas concepciones filosóficas y movimientos sociales. Sus Cartas Pastorales están sembradas de citas de encíclicas sociales de los Papas, desde León XIII hasta Pablo VI.

Se dio cuenta enseguida de que la guerra en España, si por un lado había sido inevitable, por otro había aumentado los odios y la relajación de las costumbres. En la primera de sus Pastorales, escrita en mayo de 1946, dos meses después de tomar posesión de la diócesis, afirma claramente: “Pareció por un momento que la guerra había de producir una sana reacción en este sentido. Pero la realidad ha sido muy otra de la que todos esperábamos. Después de la guerra el egoísmo ha crecido en el corazón de los hombres de una manera alarmante”. Cuatro años más tarde (febrero de 1950) lo afirmará con más rotundidad: “El fenómeno ha sido extraño y triste, aunque muy aleccionador. El ambiente de cruzada y de reacción contra el laicismo no ha cuajado en nuestro pueblo. El ambiente oficial ha cambiado; pero el ambiente real de nuestro pueblo no. La moral iba descendiendo antes de la guerra y ha dado un bajón terrible después de la misma. El ambiente religioso de nuestros pueblos se había desvanecido y todavía no lo hemos recuperado”.

De sus Recuerdos de juventud, publicados en 1984, doy especial importancia a la reflexión que hace después de narrar sus primeros pasos en Vinaroz, aún no terminada la guerra: “Fue una verdadera lástima, creo yo, que en plan diocesano y hasta nacional no se hiciese una reflexión seria y profunda de aquellos momentos que podían ser decisivos para el futuro del cristianismo en nuestra patria. Demasiado fácilmente nos acogimos a las seguridades que nos ofrecía la victoria militar” (página 250). Y más adelante confiesa: “No supimos desprendernos de las connotaciones religioso-políticas de aquella época. La unidad católica, que prácticamente se convertía en lo que después se ha llamado el nacionalcatolicismo, pesaba mucho en nuestro ánimo. El carácter triunfalista y de dominio social del catolicismo lo considerábamos como una exigencia de la misma fe. Nos faltó a todos, principalmente a mí, la decisión necesaria para romper moldes y presentar a horizontes nuevos que después han sido abiertos por el Concilio” (página 248).

Faltaba el sujeto pensante o la estructura de diálogo entrelos obispos y de éstos con los sacerdotes. Basta citar como ejemplo el protagonismo del Cardenal Segura, exiliado en Francia, que publicó una pastoral en nombre de todo el Episcopado, para censurar duramente el proyecto de Constitución de la Segunda República (25 de junio de 1931). Malogró las conversaciones que mantenía Vidal y Barraquer, presidente en funciones de la Junta de Metropolitanos, con Alcalá Zamora y Lerroux. El arzobispo de Tarragona estaba convencido de que tarde o temprano se calmarían las aguas y la Iglesia podría encontrar un hueco en la República mediante la celebración de un modus vivendi con el Gobierno. Pero a Vidal y Barraquer no le apoyaron los católicos españoles, que ya habían adoptado una actitud beligerante. Segura recomendaba a los católicos que defendieran a la Iglesia “por medios legítimos” y actuaran en la “vía pública” con prudente decisión y energía.

La Iglesia española experimentó transformaciones muy profundas a partir de finales de los cincuenta: en la práctica litúrgica, en la formulación catequética, en las reformas de las congregaciones religiosas, en el estilo y actuaciones de la acción pastoral. Había aumentado increíblemente su presencia pública y disminuido paralelamente su influencia social. A final de la Guerra Civil, se partía de un “catolicismo de prácticas religiosas”, identificado prácticamente con los vencedores. Tarancón hizo notar esta situación y la relacionó con la degradación moral. Desde diversos sectores de la Iglesia comienza a detectarse “la ineficacia social del catolicismo”.

Durante la década de los sesenta se producen cambios notables en la sociedad española: el declive rápido de la población agrícola, la emigración a la ciudad y al extranjero con el consecuente e inevitable desarraigo de las generaciones jóvenes. Comienzan a disminuir las vocaciones y tanto este cambio sociocultural como el Vaticano II influyen de forma decisiva en el pensamiento religioso y la vida de la Iglesia. La contestación de los sacerdotes se había hecho presente en Europa, pero en España adquirió comportamientos muy visibles.

Tarancón tuvo que acceder a la presidencia en funciones de la Conferencia Episcopal, por la muerte prematura de don Casimiro Morcillo (30 de mayo de 1971). Desde la Santa Sede se seguía con especial preocupación el enfrentamiento del clero con sus obispos. Fue Pablo VI el que, al dirigirse públicamente a los cardenales de la Curia, en junio de 1969, mencionó expresamente la Iglesia española y recomendó a sus obispos que dialogaran más con los sacerdotes jóvenes. Estas palabras irritaron a algunos obispos, en el seno de la Conferencia, que pretendían distinguir entre la autoridad de Montini y la de Pablo VI.

El Episcopado nombró una comisión especial donde figuraban los cardenales de más autoridad y algunos obispos. Por primera vez el Episcopado español iba a contar colectivamente con el clero mediante una gran encuesta. Contenía 268 preguntas que fueron contestadas por 15.445 sacerdotes, un 85% de los que podían hacerlo. Más de la mayoría absoluta consideraba positivos los cambios realizados en la Iglesia posconciliar. El 72% de los sacerdotes diocesanos confesaba que “no estaba preparado para orientar a los hombres sobre los problemas económicos y sociales”. Sólo estaba de acuerdo con el régimen franquista un 10,8%. El 57% confesaba que “las relaciones entre los diversos grupos de presbíteros constituía un problema”. Fue necesario organizar la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, primero en cada diócesis y después en el plano nacional, ya bajo la presidencia del cardenal Tarancón, en septiembre de 1971. Entre las conclusiones, merecen destacarse las siguientes: de 241 votos válidos, 218 votaron a favor de la separación de la Iglesia y el Estado. En proporción equivalente se pronunciaban en contra del Concordato y a favor de unos acuerdos parciales. No logró los dos tercios de los votantes, y por tanto no pudo ser aceptada oficialmente, la proposición siguiente: “Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no siempre supimos ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos”. El Gobierno y sus colaboradores en Roma lograron que se redactara un informe que pretendía desautorizar a la Asamblea. La entrevista personal de Tarancón con Pablo VI y una carta del secretario de Estado Villot restablecieron la confianza de los obispos españoles.

Tarancón permaneció 10 años en la presidencia, un récord todavía no superado. Fueron diez años de incomprensión proveniente de la extrema derecha. Fue tajante su oposición al Concordato y al Estado confesional, a pesar de la tozudez y subterfugios de los ministros López Bravo y López Rodó. Los tristes acontecimientos en torno al conato de expulsión de Mons. Añoveros y del asesinato del almirante Carrero hicieron más notoria su gallardía y paciencia. Durante la transición política fue consultado por los líderes políticos de izquierdas, de centro y de derechas más notorios. Por fin la secular “cuestión religiosa” encontró una sensata solución en el artículo 16 de la Carta Magna. Pensábamos que así Iglesia y Estado saldaban sus cuentas con el pasado. Ahora están resurgiendo cuestiones pendientes que en aquel clima hubieran encontrado más fácil solución.

Serena por terrenos llanos y agitada por pendientes escarpadas, como un riachuelo fecundo de largo recorrido, discurre apasionante la vida de Vicente Enrique y Tarancón, sincrónica casi con el siglo XX, desde su nacimiento en Burriana (Castellón) el 14 de mayo de 1907 hasta su fallecimiento en Valencia el 17 de noviembre de 1994. Hoy, si viviera, habría cumplido los 100 años.

Fue la suya una vocación de infancia al calor de una familia creyente de labradores acomodados. Estudió Humanidades en su diócesis nativa de Tortosa y los cursos superiores de licenciatura y doctorado en la Facultad Teológica de Valencia. Sacerdote desde 1929, su currículo pastoral discurrió sucesivamente en las parroquias castellonenses de Vinaroz y de Villarreal, como coadjutor-organista, párroco y arcipreste.

El tremendo paréntesis de la guerra le sorprendió curiosamente en Tuy, zona nacional, dando ejercicios espirituales al clero local, como miembro desde 1933 de la Casa del Consiliario de Madrid, cuyo selecto equipo de sacerdotes atendía en plena dedicación a la Acción Católica Nacional, viajando continuamente por las diócesis españolas. Permaneció en Tuy hasta mediados del año 37, y regresó fulminantemente a su familia y parroquia después de su ocupación por las fuerzas nacionales. Los ocho años posbélicos de su labor parroquial lo fueron para restañar heridas, apagar odios y socorrer necesidades, no sin malentendidos y rechazos por parte de los feligreses más resistentes a la pacificación.

Nombrado a sus 38 años obispo de Solsona, en diciembre de 1945, destacó siempre por la cercanía afectiva en el trato personal con sacerdotes y fieles, predicando el Evangelio a tiempo y a destiempo, de palabra y por escrito, y desplegando durante más de tres lustros en Solsona una asombrosa creatividad literaria, con medio centenar de cartas pastorales y una decena de libros importantes, que le acreditaron como el autor religioso más leído, en los años cincuenta-sesenta, por el clero joven y por personas con inquietudes espirituales y sociales. Llegó a decirse que Juan XXIII se interesó por el caso y preguntó: ¿Quién es ese obispo que escribe tanto?

En 1956 el cardenal Pla y Deniel, que siempre lo tuvo en gran estima, impulsó su nombramiento por la Junta de Metropolitanos de director de un secretariado general del Episcopado, para gestionar los asuntos comunes de las diócesis españolas. El cargo, compatible con su pastoreo en Solsona, ensanchó su visión panorámica de la Iglesia y de España, en incontables contactos con personas e Instituciones de los más diversos estamentos y niveles.

El Concilio abrió sus puertas en octubre del 62, Pablo VI sucedió a Juan XXIII en junio del 63 y firmó un año después su traslado a la sede arzobispal de Oviedo. El mandato pastoral de Tarancón en la importante y compleja Iglesia asturiana, en circunstancias de excepción: un trimestre anual de sesiones conciliares, más la preparación de las mismas en periodos intermedios, junto a los quehaceres de la Comisión de Liturgia en la Conferencia Episcopal, le impidieron desplegar un mayor programa diocesano.

Don Vicente vivió el Concilio en Roma con intensidad y entusiasmo, muy en contacto diario con Monseñor Casimiro Morcillo, uno de los subsecretarios de la Asamblea Ecuménica. Tuvo una intervención afortunada en el debate sobre el Ecumenismo y laboró tenazmente con otro grupo de obispos españoles por conseguir de todos ellos un consenso bien asumido de sus Constituciones y Decretos, como así se logró ejemplarmente en la votación final de los mismos.

Ya en España, en los últimos años sesenta, su figura episcopal fue agigantándose progresivamente en los medios eclesiásticos y en los círculos más representativos de la opinión pública del país, como líder previsible de la Iglesia en los años venideros; avalado esto, tácitamente, por los obispos españoles, al elegirlo vicepresidente de la Conferencia en febrero del 69; y, sobre todo, con su nombramiento por Pablo VI de arzobispo de Toledo, en marzo y, de cardenal de la Iglesia, el 1 de mayo de aquel mismo año.

La historia se precipitaba. Dos años más tarde, la muerte prematura de don Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia, volvió a moverle la silla a don Vicente, en un audaz e inesperado golpe del timón pontificio, con su nombramiento de arzobispo de la capital de España, en junio de 1971.

No menos audaz, pero sí presentida con expectación, fue su elección de presidente de la Conferencia Episcopal, por la plenaria de marzo del 72, con una votación muy holgada que tuvo todos los visos de un plebiscito, y que -añado- sería refrendada en los otros dos trienios reglamentarios.

Durante el primer quinquenio del periodo postconciliar, fue tomando cuerpo en el clero católico, hasta límites muy preocupantes, la triple crisis de identidad, autoestima y desafección jerárquica, agravada en España por el descontento con el Régimen de Franco. Los obispos, encabezados por los cardenales Tarancón, Quiroga y Tabera, hicieron frente al fenómeno, tras un serio discernimiento, convocando, en septiembre del 71, una asamblea conjunta obispos-sacerdotes que por su singularidad y audacia pastoral despertó suspicacias y rechazos en los círculos oficiales y grupos de Iglesia. Pero que, como experiencia eclesial y en sus resultados, fue considerada por una asamblea episcopal posterior, y por el mismo Santo Padre, como positiva y fecunda para el reencuentro afectivo y efectivo entre el Episcopado y el clero español.

«La Conjunta» fue un capítulo más en una sarta de situaciones o acontecimientos conflictivos, tales como la cárcel concordataria para sacerdotes en Segovia, los centenares de homilías multadas, el famoso y patético «caso Añoveros» y las tensiones permanentes entre clérigos radicalizados o politizados de uno y otro signo.

En tanto que en el campo civil, inseparable entonces del eclesiástico, se registraban tremendos seísmos, como el asesinato de Carrero Blanco el 23 de diciembre de 1973, (con el terrible calvario del cardenal en su entierro). No menos arriesgadas, aunque de diverso signo, serían las situaciones vividas por él en la muerte y exequias de Franco, en las que ofició como arzobispo de Madrid con suma dignidad y tacto exquisito.

Siguieron como un vértigo a partir de entonces la investidura del Rey Don Juan Carlos, con la histórica homilía del cardenal, clarificadora de conceptos sobre la Iglesia, el Estado democrático y la sociedad. Y a partir de entonces los mandatos sucesivos de Arias Navarro, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo y los primeros compases del cambio socialista, encarnado por Felipe González. Y eventos tan determinantes del futuro de España como la Constitución Democrática y el Estado de las Autonomías, los Acuerdos España-Santa Sede y el terrible sobresalto del 23-F, -que coincidió extrañamente en fecha y hora con el final de su mandato presidencial en la Conferencia-, del que el Episcopado, por su medio, salió suficientemente airoso.

Dejo paso a la palabra autorizada y certera de su segundo sucesor, el cardenal Rouco Varela, en la homilía de sus exequias en la catedral de San Isidro el 29 de noviembre de 1994: «Su figura pasará a la historia de la Iglesiay de España marcada por el encuentro mutuo de la Iglesia y el Estado, de la Iglesia y la cultura, de la Iglesia y del pueblo, como gran promotor de la reconciliación y de la paz. Todos hemos contraído una deuda histórica con él: los españoles protagonistas de las reformas constitucionales y las nuevas generaciones. Pero, sobre todo, le debemos gratitud los que formamos parte de la Iglesia».

A este hombre libre, recio y entrañable, cristiano viejo, buen pastor y hombre de su tiempo, le deseamos todos: ¡centenario feliz!

Ánimo, don Vicente, ánimo; láncese. Ahora o nunca». Se lo decían con todo cariño y una inmensa esperanza los ocho o diez obispos jóvenes cuya designación había sido trabajada en Roma y en la Nunciatura Apostólica de Madrid por él mismo, Vicente Enrique y Tarancón, cardenal arzobispo de la capital del Reino y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Pero pasaron los años y don Vicente, con un cierto acento de dolor y de desilusión, comentaba: «Ahora me toca a mí decirles a mis amigos: ‘Ánimo, lanzaos ya, es vuestra hora’».

Esta mínima anécdota sintetiza, sin más, el modo de ser de ese inmenso personaje al que todo el mundo llamaba simple y llanamente ‘Tarancón’. Era un hombre animoso, idealista, magnánimo. Le entusiasmaban los grandes proyectos -modernizar la Iglesia, democratizar la sociedad española- y le gustaba que la realización de los planes concebidos se llevara a cabo con rigor y hasta, de ser posible, con elegancia. De haber nacido quinientos años antes, habría ocupado un puesto destacado en la singular galería de los grandes cardenales del Renacimiento. Era un mediterráneo acostumbrado a horizontes sin límites y un astuto ‘fenicio’, hábil para la negociación. Oportunidad tuvo de demostrarlo en mil ocasiones. Valga, por caso, toda la carga de habilidad de la que echó mano para evitar que se firmara un nuevo concordato entre España y la Santa Sede.

El Gobierno, consciente de que el mandato de Francisco Franco tenía los días contados, había puesto toda la carne en el asador para conseguir un nuevo texto concordatario en toda regla. Veía en él un fuerte respaldo, algo así como un aval o un espaldarazo para el inmediato futuro, tan preñado de incógnitas. También en Roma, aunque por otras razones de alta política internacional, se optaba en los despachos de la Secretaría de Estado por la fórmula tradicional e histórica del concordato. Tarancón, por su parte, entendía que la firma de un texto tan solemne iba a atar en demasía las manos de la Iglesia -y las de los políticos- para los nuevos tiempos, que no podían ser otros que los de la democracia. Proponía, por eso, la simple firma de unos acuerdos ‘parciales’, esto es, materia tras materia, que si educación, que si patrimonio artístico, que si finanzas, más fáciles de cambiar o modificar, llegado el caso. Se granjeó para esta causa la conspiración del nuncio Dadaglio y, sobre todo, el visto bueno del Papa Pablo VI. Consiguió que, en tres sucesivas votaciones, se decantara por este proyecto hasta la misma Conferencia Episcopal, aunque no por unanimidad.

Por aquí, sin embargo, comenzó a palidecer su buena estrella, ésa que le había llevado desde su tierra de Burriana, donde nació un 14 de mayo de 1907, a ser obispo de Solsona, arzobispo de Oviedo, arzobispo primado de Toledo, arzobispo, por último, de Madrid. En la curia romana, muerto el Papa Pablo VI, el gran amigo de don Vicente, se la juraron de verdad y hasta su muerte. También se la juraron -¿cómo no!- en las filas del régimen franquista. Fue entonces cuando en muchos muros de Madrid pudo leerse ‘Tarancón al paredón’ y cuando en el funeral del almirante Carrero, asesinado por ETA, se temió que un atentado de la ultraderecha acabara con la vida del arzobispo que, contra muchos consejos, presidió las honras fúnebres en el templo de San Francisco el Grande. En la celebración litúrgica, cuando Tarancón abandonó el altar y bajó a dar la paz a los ministros del Gobierno, hubo de sufrir el desaire de que el titular de Educación le negara el saludo y permaneciera firme con los brazos cruzados sin aceptar la mano que le tendía el cardenal.

Por ese tiempo y, sobre todo, por el inmediato posterior, Tarancón andaba atareado en crear un clima de armonía entre los políticos de todo color, sin excluir, claro está, a los comunistas de Carrillo. Varios conventos de la archidiócesis de Madrid saben de muy discretas comidas del cardenal con los que ya se configuraban como los hombres de la Transición. Logró que se hablaran políticos que sistemáticamente se habían resistido al diálogo con sus adversarios, hasta entonces tenidos por enemigos. Se fue desterrando así el espíritu de revancha y la querencia de no pocos a desenterrar el pasado y a pedirse cuentas los unos a los otros. Podía moverse Tarancón con una cierta holgura en este ámbito de innegables tensiones y hasta de odios recomidos porque él, personalmente, había promovido (1971) la celebración de una ‘asamblea conjunta de obispos y sacerdotes’ de toda la nación, en la que una mayoría de los votantes, aunque por desgracia no en número suficiente, pidió perdón «por no haber sabido ser ministros de reconciliación» en la perspectiva de la Guerra Civil. ¿La que se armó! Hubo colectivos religiosos y políticos que acudieron arteramente a Roma con la pretensión de que la Santa Sede desautorizara los textos de la asamblea.

Con esto por delante, el cardenal Tarancón pudo solicitar a los Reyes, en la iglesia de los Jerónimos y el día de la solemne ‘coronación’ del monarca, que el joven rey Juan Carlos I se comprometiera a ser «el Rey de todos los españoles». Toda la homilía es una pieza antológica, bien pensada, bien ponderada, que llamó la atención dentro y fuera de la nación. Algunos se molestaron porque, a su entender, el cardenal había adoptado ante los Reyes, y dirigiéndose precisamente a ellos, un tono de maestro de escuela o de catequista. ¿Nada más lejos del espíritu de Tarancón! Pero ocurrió que don Vicente se olvidó en su casa las gafas de leer y, miope como era, se las vio y se las deseó para no destrozar un texto cálido y elegante que él había mimado para tan solemne ocasión.Cuidó igualmente -y no poco- sus declaraciones sobre el texto constitucional cuando todavía estaba éste en hilvanes. Don Vicente aplaudía con las dos manos la propuesta de separación de la Iglesia y el Estado dentro de un clima de sana colaboración de ambas esferas. Al presente esta separación se presenta como lo más puesto en razón; hace casi tres décadas, sin embargo, no concitaba el aplauso de todos. La Iglesia salía del calificado como ‘nacionalcatolicismo’ y había gentes -entre otros muchos el cardenal arzobispo de Toledo, don Marcelo González- a quienes la propuesta se les antojaba como una traición a la historia de España y hasta un atentado al propio ser nacional. Don Vicente no. Tarancón soñaba con una Iglesia libre en un Estado igualmente libre.

Y este sueño, como se recordará, le llevó, por ejemplo, a tomar partido, decidido, a favor del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros (1974). Al Gobierno, ya en el tramo final de la vida de Franco, se le atragantaron la carta pastoral sobre el euskera y otras reivindicaciones del pueblo vasco que don Antonio -navarro y en su día requeté- había ordenado leer en todas las iglesias de su diócesis de Bilbao. Las autoridades dispusieron que un pequeño avión del Ejército aterrizara en el aeropuerto de Sondika y estuviera pronto para trasladar al exilio al ‘díscolo’ prelado. Tarancón, apenas conoció los planes del Gobierno, reaccionó como un rayo. Extendió rápidamente un documento de excomunión contra todas las autoridades interesadas en el caso e hizo correr la voz de que por el momento lo guardaba en un cajón de su escritorio a la espera de lo que ocurriese. El escrito del obispo Añoveros no era del agrado de Tarancón, ¿pero lo era mucho menos que el poder político osara interferir en el magisterio pastoral de un obispo a sus diocesanos! ¿Recordaba, tal vez, los disgustos que, siendo obispo de Solsona, tuvo que soportar por una ‘pastoral’ en la que denunciaba el estraperlo de pan al que se dedicaban los mandos falangistas?

Tarancón no resultó cómodo ni a las autoridades políticas ni a las eclesiásticas. Era un cristiano de grandísima fe y un patriota sincero. Por eso acabó como acabó. Marginado por las altas autoridades de la Iglesia, olvidado y silenciado por los políticos. Cuando el nuncio Inocenti le comunicó por teléfono (¿) que ya podía abandonar la archidiócesis, «¿cuándo?», le preguntó don Vicente. «Cuanto antes», le respondió el nuncio apostólico. El mundo de los políticos, por su parte, trató y sigue tratando de rebajar la importancia de la plural intervención del cardenal en los días de la Transición. Llegado el momento de su partida, sólo los Reyes le ofrecieron una comida de despedida.

El centenario del nacimiento del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, que se celebra este año, me parece un momento oportuno para reflexionar en voz alta sobre su contribución y la de la Iglesia católica a la Transición democrática española. Historiadores, politólogos y teólogos coinciden en reconocer que la Iglesia católica en su conjunto prestó una valiosa colaboración en el paso de la dictadura a la democracia. A veces se tiende a atribuir esa contribución exclusivamente a la jerarquía eclesiástica. Es justo reconocer, sin embargo, que junto a ella jugaron un papel muy importante también numerosos colectivos cristianos, como los movimientos apostólicos de la Acción Católica, los sacerdotes obreros comprometidos con la clase trabajadora, las religiosas y los religiosos encarnados en los suburbios de las ciudades, los sacerdotes que trabajaban pastoralmente en zonas de marginación, los teólogos inspirados en el Concilio Vaticano II, los agentes de pastoral en el mundo rural, etcétera. A estos colectivos hay que sumar revistas de información religiosa y de reflexión teológica, corrientes de pensamiento cristiano identificadas con los pobres como la teología de la liberación asumida por amplios sectores de la Iglesia, organizaciones como Cristianos por el Socialismo, Comunidades de Base, Justicia y Paz, entre otros.

Un papel importante y de manera bien visible jugó el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española durante los últimos años del franquismo y el comienzo de la Transición política. Había sido nombrado obispo con el consentimiento del general Franco a mediados de los años cuarenta del siglo pasado, pero desde muy pronto se mostró moderadamente crítico con el régimen franquista en el terreno social y en los últimos años de la dictadura fue un defensor de la democracia.

El desafío que tenían los obispos a partir de los años setenta era deconstruir el edificio nacional-católico, considerado consustancial a la dictadura, que ellos mismos habían ayudado a levantar a través de un discurso y de unos símbolos legitimadores del sistema y de unas prácticas religiosas orientadas a la sumisión del pueblo. «La Religión Católica, Apostólica y Romana -decía el Concordato de 1953- sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico». Ésa era precisamente la clave de bóveda del edificio nacional-católico que había que desmontar.

El Vaticano II jugó un papel fundamental en el desmonte. Los obispos españoles tardaron -unos más que otros- en poner manos a la obra de deconstrucción. Eso sucedió ejemplarmente en la asamblea conjunta de obispos y sacerdotes celebrada en 1971, momento clave de superación del viejo orden confesional, de ruptura, al menos formal, con la dictadura y de autocrítica eclesial. Las conclusiones aprobadas son la mejor muestra del cambio que se estaba produciendo en la Iglesia católica española.

De entre las muchas autocríticas que se formularon en la asamblea conjunta, hay una de claro tono penitencial, de profundo sentido evangélico y de fuerte contenido político, la que pedía perdón por no haber sido agentes de paz durante la Guerra Civil. Era moderada en el tono, pero contundente en su contenido: «Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». Desgraciadamente no prosperó, porque no consiguió las dos terceras partes de los votos requeridos según establecía el reglamento. Siete lustros después, la jerarquía católica española sigue sin pedir perdón por su apoyo al levantamiento militar y por su colaboración con la dictadura.

Los cambios de mentalidad, de discurso teológico y de prácticas pastorales fueron posibles, entre otros factores, gracias a un clero joven, abierto a los aires renovadores del Concilio Vaticano II y a los cambios y transformaciones que estaban produciéndose entonces en la sociedad española. El cardenal Tarancón fue uno de los obispos españoles sensibles a los nuevos climas culturales y al mensaje renovador de amplios sectores de la sociedad y de la Iglesia católica españolas. Aun cuando buena parte de las conclusiones de la asamblea conjunta se quedó en mera declaración de intenciones, por la presión de sectores integristas ante el Vaticano, las cosas no volverían a ser iguales.

Importante fue su actuación en el conflicto provocado por la homilía -acusada infundadamente de separatista- del obispo de Bilbao monseñor Añoveros en 1974. Tarancón no compartía los planteamientos de Añoveros e incluso llegó a considerarlos poco responsables. Sin embargo, defendió al obispo vasco ante las autoridades políticas y evitó que fuera ‘desterrado’ a Roma, cuando ya estaba preparado el avión para su traslado en el aeropuerto de Sondika. Se dijo que tenía redactada la excomunión del general Franco para hacerla pública en el caso de que se hubiera consumado la expulsión del obispo de Bilbao.

Grabada en nuestra retina y en nuestros oídos tenemos todavía la ceremonia de entronización del Rey, legitimada por la Iglesia católica, dos días después de la muerte de Franco. En la misa celebrada en la iglesia de los Jerónimos de Madrid el 22 de noviembre de 1975, el cardenal Tarancón recordó a Juan Carlos I que debía ser rey de todos los españoles y especialmente de los pobres. La escena resultaba a todas luces medieval: el jerarca católico dando consejos al rey católico, pero el mensaje respondía moderadamente al sentido liberador del Evangelio.

La ambigüedad caracterizó el comportamiento de la jerarquía, incluido el cardenal Tarancón, en el debate constitucional. Los obispos reclamaban que la Constitución salvaguardara la concepción cristiana del ser humano y de la sociedad como elemento fundamental de nuestra cultura. La mayoría de ellos aceptó de buen grado que el nombre de Dios no apareciera en el texto constitucional. Pero ejercieron todo tipo de presiones para lograr que se hiciera una referencia explícita a la Iglesia católica en el artículo 16.3, con el apoyo decidido del Partido Comunista y con la inicial resistencia del Partido Socialista. El texto quedó así: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de colaboración con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas». La segunda parte del texto me parece de dudosa constitucionalidad, por cuanto es contraria a los principios de igualdad y de no confesionalidad. Fue, sin duda, el precio a pagar por que la Iglesia católica se incorporara al espíritu de consenso que caracterizó la Transición democrática, aunque no faltaron momentos de tensión por la posterior resistencia de la jerarquía a aceptar leyes consideradas contrarias a su concepción moral.

Considero de especial relevancia política la actitud del cardenal Tarancón ante la creación de partidos democristianos. No consideraba conveniente la existencia de partidos confesionales con el apellido de cristiano, si bien creía conveniente, «y hasta necesaria», la constitución de partidos de inspiración cristiana, mas no para servirse de la Iglesia en el terreno político, sino para una defensa más eficaz de los derechos humanos, la implantación de la auténtica justicia social y el respeto a la libertad. Aun cuando este planteamiento pecaba de ambigüedad, influyó positivamente en la emancipación de la vida política y de sus instituciones de toda tutela religiosa.

El momento político más delicado de la Transición española se produjo como consecuencia de la decisión del presidente Adolfo Suárez de legalizar el PCE. El rechazo por parte de todos los sectores de la derecha, incluidos los moderados, y las duras advertencias de los altos mandos de las Fuerzas Armadas pusieron al país al borde de un conflicto de dimensiones gravísimas. Tanto el proyecto de democratización de España como la posición política del presidente del Gobierno corrieron esos días serio peligro. Fuera como fuese, el Ejecutivo de Suárez decidió la legalización del PCE el 9 de abril de 1977, un Sábado Santo en el que, por ser vacaciones, era menor la capacidad de reacción de la clase política y de la prensa. Esta decisión estuvo acompañada de la desaparición del Movimiento y de la legalización dos días después del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña).

La legalización del PCE fue la decisión más arriesgada de toda la Transición política, una auténtica obra de artesanía jurídica. La noticia cayó literalmente como una bomba en España. Provocó el estupor y el miedo en la población no politizada, una indignación inmensa en la derecha franquista y una furia irracional en el seno del Ejército. El sábado por la noche, en cuanto la noticia se hizo pública, los ministros militares se pusieron inmediatamente en contacto entre sí y suspendieron sus vacaciones. Una indignación incontenible recorrió todos los cuarteles y la posición del presidente Suárez y la de la propia monarquía estuvo en el aire. Afortunadamente, el Ejército no tenía una cabeza dirigente ni una voluntad política precisa en aquellos momentos. En el extremo contrario, la alegría y el júbilo de los militantes del PCE fueron enormes, aunque siguiendo las directrices del partido los manifestaron con extrema prudencia, para que no se considerara una provocación.

El mayor peligro de la legalización radicaba en una acción inmediata de la ultraderecha franquista. El propio Manuel Fraga calificó lo sucedido como «un verdadero golpe de Estado», aunque pasado el tiempo rectificara. Recordemos que el proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutuamente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo más duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, diarios del régimen como ‘El Alcázar’ o grupos políticos como Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar, que centraron sus esfuerzos en alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como el GRAPO, que con sus ataques al Ejército y a las fuerzas policiales alimentaron las posibilidades de un golpe militar. La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977 (Semana Negra), cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la Transición (asesinato de un estudiante por Guerrilleros de Cristo Rey; secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Villaescusa, por parte del GRAPO; matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha, etcétera).

Treinta años después de aquel ‘Sábado Santo rojo’, recibido con gran alegría por los comunistas y los demócratas y considerado como una gravísima traición por el búnker franquista, es necesario recordar que en la legalización del PCE participaron muchos actores (Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Juan Carlos I, entre otros) y que entre ellos se encontraban los miembros de un partido que durante casi cuarenta años de clandestinidad, persecución y represión se convirtió en la principal oposición del régimen de Franco.

A partir de ese momento se produjo una aceleración política en la que el PCE de Santiago Carrillo fue injustamente castigado en las elecciones generales de junio de 1977, transitó por la deriva eurocomunista y apoyó los Pactos de La Moncloa. Las grandezas y miserias del partido se manifestaron durante estos años, iniciándose la larga y penosa travesía que lo llevó a la creación de Izquierda Unida y a la crisis que esta coalición sufre en estos momentos, en la que se recrudece día a día el enfrentamiento entre el sector afín a Gaspar Llamazares y el PCE de Francisco Frutos respecto a la confección de las listas electorales a dos meses de las elecciones. Pero lo que aquí se dilucida es quién debe mandar para buscar el espacio político de la izquierda alternativa en la España del siglo XXI, es decir, el eterno debate entre revolución o reforma del siglo pasado. De la unidad de 1977 y los años de la clandestinidad se ha pasado a la fragmentación y a la escasa representatividad que caracteriza al comunismo en el mundo occidental. El PCE, a treinta años de su legalización, debe hacer balance de las victorias y de las derrotas de esta experiencia histórica; debe recuperar y reinterpretar este periodo de su historia y debe redefinir su estrategia futura.

Esta catarsis es imprescindible para el resto de fuerzas del espectro político español cuyas lamentables carencias y mediocridades estamos sufriendo los ciudadanos. Cada día se acentúa la impresión de desconcierto generalizado en una política española en la que Gobierno, oposición, prensa y otros ámbitos de la vida pública están embarcados en una nefasta y absurda competición que está destruyendo gran parte de lo conseguido durante la Transición política (pensamiento democrático, dinamismo social, desarrollo económico, integración europea, etcétera). Transición que, con sus muchas carencias e imperfecciones, ha mantenido a raya los fantasmas del pasado, las cruces de Borgoña, los aguiluchos preconstitucionales, la España rencorosa y prepotente.

A la Transición de hace treinta años le están saliendo las primeras canas y quizá por eso ya son múltiples las perspectivas posibles para hablar de ella. Cuando era una niña delicada y admirable apenas nadie discutía nada y la versión era oficial e incuestionable; cuando fue adolescente le salieron algunos descalificadores más interesados en su ruido propio que en argumentar sus descalificaciones (hablo de un mal libro con una idea central aprovechable, El precio de la transición, de Gregorio Morán) y ahora que ya es mayor deberíamos sentirnos con libertad para tratarla como una adulta porque lo es, porque como sujeto histórico ha desarrollado sus propios vicios y sus propias manías, porque el relato que la ha entregado ha heredado inercias indeseables y algunas de ellas directamente falsas. Los hábitos del lenguaje se pegan de mala manera a las cosas, incluidas las cosas históricas, y acaban deformándolas hasta que una nueva depuración o una dieta severa vuelve a describirlas con más exactitud.

Por lo visto, algunos estamos contando una versión de la Transición que no es la de toda la vida y también aquí pecamos de revisionistas y maniqueos. Se pretende que es desleal con el espíritu de la Transición rechazar el área semántica que suele aludir a ella en términos de concordia y reconciliación de los desastres de la guerra, o como el momento desde el cual ya no habría más vencedores ni vencidos. Pero si la Transición sigue contándose con ese lenguaje, la pregunta de emergencia es histórica: ¿Y dónde ha ido a parar la crueldad represiva del franquismo? ¿No estaba en medio de la guerra de ayer y del presente de 1978? A la vista del abuso de la derecha hablando así de la Transición, todavía hoy, uno tiende a pensar que salió tan rematadamente bien que entre todos nos hemos comido cuarenta años de dictadura franquista, de un tiempo histórico que machacó hasta la exasperación que el franquismo fue la victoria de unos sobre otros, que la reconciliación era plena y absolutamente inviable, que nada de lo que pudiera hacer sospechar que los vencidos tenían algo de razón pudiera ser de circulación pública.

Pero además esa definición hace caso omiso de lo esencial en la transición política: fabricar las garantías institucionales para abrir un sistema de participación democrática y libertades civiles que el propio franquismo, y no un mal hado o un aire malsano, había ignorado y combatido sin piedad hasta su mismo final. Si a esa etapa la llamamos Transición es precisamente porque designa el paso hacia un sistema democrático desde una dictadura sin paliativos, una dictadura armada y criminal, con gestores, políticos, administradores y jueces, pero sin partidos ni libertad de expresión ni de opinión ni de reunión.

La Transición en versión reconciliadora oculta en el fondo la realidad del franquismo vivido como experiencia represiva y en la forma un propósito mucho peor: la neutralización de las responsabilidades, la equiparación de culpas a la altura de 1975, 1976, 1977. Y esa sigue siendo una versión miope porque parece resignarse a dar por bueno el franquismo, como si hubiese sido apenas una mala costumbre más de los españoles. Pero es al revés: fue el franquismo el que tuvo que rectificar su posición equivocada porque era reo de culpa democrática y fue ese sistema el que había ejercido una victoria revanchista con abuso estructural de poder en todos los órdenes civiles, políticos e intelectuales. Así que no hay precisamente una gran dosis de gratitud alguna debida al régimen tras la muerte de Franco, como no fuese la comprensión tardía, lenta y hondamente reticente de la necesidad de crear un orden democrático. Concordia y reconciliación son, a lo sumo, los lemas para contar una transición cuando no era posible llamar a las cosas por su nombre, cuando necesitábamos muletas verbales para no decir lo que todos sabían y casi todos procuraron disimular con el fin de asegurar una base posible hacia la democracia: que al menos no fueran las palabras fuertes las que estropeasen un asunto tan complicado y no fuesen a excitar en exceso a los excitables militares golpistas de entonces. Veinte años después no cabe disimular que quien llevaba muy mala vida, necesitada de inmediata y urgente rectificación, era la dictadura franquista. Tuvo la fortuna de contar con la buena fe y las ganas de paz de la oposición democrática. Quien puso el perdón y la indulgencia, quien actuó con magnanimidad fue quien podía hacerlo: la oposición democrática no tenía el poder pero tenía la razón frente a quienes seguían sosteniendo con su esfuerzo, con su buen hacer, con su profesionalidad un tinglado oxidado y democráticamente inaceptable. Antepuso el perdón y la reconciliación a la verdad, y renunció provisionalmente al recuento histórico y documentado de las actividades y responsabilidades de quienes formaron parte de aquel poder, de sus jueces, de su corrupción constitutiva.

Pero haber obviado entonces esas cuentas, como se hizo razonablemente, es muy distinto de negarlas o seguir fingiendo que no existieron y que Fraga no fue nunca franquista, como él mismo decía hace poco, sino un mero colaborador accidental. A la Transición conviene dejar de disfrazarla puerilmente de concordia y reconciliación e ir identificándola como lo que fue: la victoria trabajada y muy tardía contra una dictadura de origen fascista y mentalidad nacional-católica, que fue saliendo de sus propias aberraciones con la ayuda de unos cuantos políticos de casa y con el empuje sacrificado y valiente de una escasa oposición democrática, marxista, democristiana, liberal o comunista. Esa oposición pasó de ser vencida y vejada por el franquismo a ser vencedora y cedió parte de su razón para construir la base de garantías de la transición. Sería alarmante descubrir ahora que aquella magnanimidad de las fuerzas de la oposición valió por una inaceptable absolución del franquismo. Que hayamos empezado a comprender las amargas patologías de la sociedad franquista no significa exonerarla de sus responsabilidades ni, desde luego, de buena parte de su enfermo legado.

Ayer, 28 de febrero, hizo 30 años que tuve mi primera entrevista –desde luego secreta– con Adolfo Suárez. Se celebró en un chalet que José Mario Armero (q.e.p.d.) poseía en Aravaca. Acudimos a ella tomando las máximas precauciones para no ser sorprendidos. El secreto lo exigía Adolfo, que hasta entonces se había negado a que yo formara parte de la delegación de la Comisión de los Nueve, que preparaba con el Gobierno las etapas de la Transición.
Los comunistas estábamos excluidos de la “democracia limitada” que se preparaba desde las alturas. Aunque ya en ese momento el Rey, Suárez y un grupo de ministros –Landelino Lavilla, Martín Villa, Osorio y Gutiérrez Mellado– habían empezado a considerar difícil la exclusión del PCE, no había en aquel Gobierno una mayoría dispuesta a encajar tal viraje.

EL SALUDO de Suárez, al encontrarnos fue increíblemente cordial. No me sorprendió. Yo había estudiado desde meses antes al personaje. Había seguido en la televisión los discursos de Suárez en las Cortes de procuradores defendiendo la ley de la reforma y algunas de sus declaraciones de prensa; ninguna semejanza con el estilo de los falangistas; el suyo era el de un demócrata reformista. Sabía, además, que su padre y abuelo habían sido republicanos y sufrido cárcel; no estaba entre los vencedores, sino entre los vencidos. Ni a él ni a mí nos costó gran cosa encontrar el terreno y el tono para un intercambio de ideas sobre el futuro de España. En el cara a cara Adolfo era un hombre de extraordinaria simpatía personal. Empezó diciéndome que él y yo habíamos librado una partida de ajedrez sin vernos y que yo le había hecho seguir mi juego. Quizá exageraba, pero era un comienzo muy cortés y modesto por su parte, si se tiene en cuenta que él era el jefe del Gobierno y yo no dejaba de ser todavía un clandestino.
Decidimos hablar de Política con p mayúscula. Y abordamos diversas cuestiones, incluida la situación económica. Sobre esta última convinimos ya en la necesidad de un pacto político-social que tiempo más tarde se materializó en los Pactos de la Moncloa.
Hablamos de la descentralización política del Estado, de la necesidad de autonomías. En aquel momento yo pensaba particularmente en Catalunya, Euskadi y Galicia. Coincidíamos en la necesidad de una Asamblea Constituyente, la amnistía, la legalización de partidos políticos y organizaciones sociales; también en que era preciso un sistema parlamentario basado en la soberanía popular.

ESTABA claro que Suárez no veía, en cuanto a la forma de gobierno, más posibilidad que la Monarquía. Yo lo descontaba sabiendo que Suárez formaba parte de un movimiento de reforma, que encabezaba el rey Juan Carlos y que consideraba la Monarquía como el pivote en torno al cual debía estructurarse un sistema de libertades políticas. En ese momento, para la dirección del PCE estaba claro que un acuerdo con los reformistas era indispensable para salir del franquismo. Por eso yo insistí en que toda fuente de poder residía en el pueblo y que la Constitución futura garantizase que el Gobierno y el Parlamento tendrían todo el poder ejecutivo y legislativo. Suárez estuvo de acuerdo y fue fiel a su palabra.
Como es lógico, en la conversación hablamos de la legalización del PCE. Suárez intentó todavía convencerme de que nos presentáramos a la elecciones como “independientes”, alegando que había fuertes obstáculos a la legalización. En esto fue en lo que nos entretuvimos más tiempo. Yo sabía que había obstáculos y comprendía muy bien de dónde podían venir. Pero esos obstáculos debían vencerlos el Rey y los reformistas del franquismo. Si se consideraban incapaces de hacerlo eso significaría que sus promesas de restaurar la democracia no pasaban de ser buenas intenciones y que estaban prometiendo a Europa un cambio que eran impotentes para hacer. Si no se legalizaba el PCE, lo que resultaría sería el fracaso de sus promesas, la del Rey y las de Suárez. Y nosotros desenmascararíamos la ficción.
La conversación había durado seis horas. No hubo conclusiones. Ni se estableció ningún acuerdo concreto. De la bandera ni hablamos. Pero Suárez y yo salimos convencidos de que nos habíamos entendido. El sabía que los comunistas íbamos a cooperar resueltamente al cambio político posible en aquellas circunstancias. Y yo pensaba que él era un hombre que luchaba sinceramente por un cambio democrático y que estaba dispuesto a afrontar los riesgos de la legalización del PCE.

DE ESTE modo, la negociación entre el Gobierno y la oposición que había comenzado con un veto a mi participación personal de hecho se cerró definitivamente en esa entrevista secreta de seis horas entre Adolfo y yo mismo.
Aldofo Suárez ha entrado ya por derecho propio en la Historia de España como un gran político que supo dirigir con acierto y un valor personal excepcional el cambio que puso fin a la dictadura franquista. Se jugó mucho al hacerlo. Por eso merece el reconocimiento de todos los demócratas.

En la primavera de 1968 el periódico El Faro de Vigo abría una de sus páginas con un titular a toda plana que conmocionó las filas castrenses: “Revolución cultural en el CIR”. El CIR no era por supuesto ninguna organización maoísta, sino las siglas del Centro de Instrucción de Reclutas instalado en los alrededores de Pontevedra. Y la revolución cultural hacía referencia a la modesta política educativa programada en la segunda compañía y que incluía foros de debate sobre temas de actualidad y una biblioteca del soldado. No se crean -añadía el periodista- que abundan los títulos militares. En ella se dan cita los mejores escritores de todos los tiempos, desde Voltaire a Sartre, pasando por Valle-Inclán o Dostoievski.

El reportaje significó el final de aquella experiencia ilustrada. Aún no eran las nueve de la mañana cuando el comandante me avisó de que hiciera una criba de libros ante la inminente inspección del general. Anécdotas como ésta podrían contar la mayoría de mis compañeros de la Unión Militar Democrática. La actitud del mando ante lo que consideraban peligrosas desviaciones ideológicas, provocó por reacción la expansión de un antifranquismo militar que había comenzado a brotar por contagio universitario o por militancia en la fecunda asociación que fue el grupo Forja, del capitán Pinilla, auténtico vivero de la UMD.

Pero no pasaba de ser un antifranquismo de carácter local o regional. Su decantación en una organización clandestina de ámbito nacional, la UMD, se produjo por la conjunción de factores internos e influencias externas. Por la incapacidad del régimen para articular una salida democrática y por la influencia de dos acontecimientos exteriores: el golpe militar de Chile y la Revolución de los Claveles.

Portugal nos deslumbró. Sin embargo, pese a nuestra admiración por los capitanes de abril, pronto descartamos la vía del pronunciamiento militar. No sólo porque representaba un mal ejemplo y un eslabón más en la larga cadena de intervencionismo militar, sino porque entrañaba el riesgo de otra guerra civil.

La progresiva involución del régimen y de las propias fuerzas armadas -eran años de “ejército al poder”-, iluminaron nuestro objetivo: neutralizar el protagonismo político de las fuerzas armadas, que era el mayor obstáculo para una transición pacífica. En vez de un pronunciamiento activo debíamos ensayar un pronunciamiento negativo: “Mojar la pólvora” de aquel ejército “azul”.

Ésta fue la razón por la que fundamos la UMD, por la que nos esforzamos en ampliar la conciencia democrática en las fuerzas armadas, por la que nos reunimos con la oposición clandestina y con asociaciones profesionales, como Justicia Democrática, y por la que nos disolvimos al constituirse el primer Parlamento democrático.

Hasta aquí, en síntesis, la historia. Veamos ahora la memoria. Nuestra propia memoria y la memoria social.

Los que militamos en la UMD solemos tener una percepción desenfocada de la Transición. Al enfocar el retrovisor hacia el escenario de nuestra propia actuación, hacia el proceso a la UMD y la persecución a los militares demócratas, perdemos de vista el escenario principal y tendemos a olvidar que la transición no hubiera sido la misma sin la UMD, sin el estremecimiento de inseguridad que recorrió la cadena de mando. Aunque perdimos todas las batallas, terminamos ganando la guerra. El capitán Bernardo Vidal lo expresó con un brindis en la primera cena constitucional: “La UMD ha muerto, viva la Constitución”.

Mayor desenfoque sufre aún la memoria política y social, que ha ido desdibujando la imagen y el papel de la UMD. Debido en mi opinión a dos razones:

En primer lugar, el atávico y justificado temor ante lo que llamaban “ruido de sables”, y cierta prevención de los políticos a mantener, contactos con una organización militar “clandestina” en un proceso de normalización institucional. Todos comprendimos en su día las razones de nuestra exclusión de la ley de amnistía, y el fracaso de las diversas iniciativas para ampliar dicha ley a los militares demócratas. Incluso comprendimos los cuatro años largos que tardó el Gobierno socialista en rehabilitarnos, a pesar del arrollador triunfo electoral de 1982. No comprendimos, sin embargo, el carácter cicatero de aquella rehabilitación formal, ni esa especie de velo que viene ocultando la memoria de la UMD.

Pero la razón más importante de este ocultamiento quizá sea la decisión política de memorizar la transición en clave exclusivamente civil -Portugal representa el paradigma- como una conquista de los partidos y de la propia sociedad, minimizando o desdibujando el papel de los militares demócratas en la lucha por las libertades.

Un hombre tan poco sospechoso como José Saramago, el mejor editorialista de la revolución portuguesa, llegó a afirmar en un coloquio, y posterior artículo, que Portugal estaría donde está, con o sin 25 de abril. Puede que tuviera razón en parámetros socioeconómicos, pero olvidaba que la memoria del 25 de abril sigue siendo el rasgo identitario de varias generaciones lusas y el principal referente político del Portugal contemporáneo.

En nuestra primera reunión clandestina en Barcelona con Felipe González, entonces todavía Isidoro, nos alertó especialmente sobre los riesgos que corríamos. “A mí no me van a tocar; a los militantes socialistas pueden calentarles la cara o apagarles un cigarrillo en la espalda. A vosotros, si os cogen, os cortan los cojones”. Y terminó diciendo: “Si algún día triunfa la democracia en este país habría que haceros un monumento”.

No se trata de monumentos ni de agradecimientos, sino de Memoria. Si, como decía Arnold Hauser, somos lo que somos porque tenemos detrás un determinado pasado, debiéramos esforzarnos en clarificar el activo y el pasivo de ese patrimonio.

La transición española, anhelada en sus modos y formas por tantos países, no fue sencilla, y supuso, antes que nada, generosidad y cintura en saber sortear odios, venganzas y nostalgias. Pero no es a esta reciente y apasionante etapa de la Historia a la que me quiero referir, sino a esos personajes que, sin poseer carné alguno para circular con solvencia por la autopista de la lucha por la democracia, o bien se les adjudica por terceros un marchamo que nunca tuvieron o, peor aún, se autoproclaman gladiadores de una trayectoria inequívoca en su compromiso (palabra que en aquel tiempo tanto significó). Y en esta pirueta tan extendida de querer estar donde realmente no se estuvo, tomo como singular ejemplo, aunque en su caso bien es verdad que más por la primera alternativa que por la segunda, al presidente del Gobierno. Coincidí con él, en el espacio y en el tiempo, durante el periodo universitario leonés, ése en el que muchos éramos rojos, algunos incluso muy rojos, color con el que hoy se embadurnan gran parte de los que en aquel tiempo tenían cuando menos las cualidades del agua, incoloros, inodoros e insípidos, y cuando más desteñían ligeramente en azul de camisa prieta.

Reprochar actualmente a los compañeros de Facultad o de otras facultades o escuelas universitarias que no tuvieran, en ese momento tan decisivo, un mínimo papel activo en la cantidad de frentes en los que se podía trabajar por los derechos más obvios que a una democracia se le suponen, no sería de recibo; y no lo sería porque cada cual procede de su particular escenario social, con un entorno familiar diferente, con unas creencias diversas, con una formación académica específica, con unas prioridades que no podían ser para todos las mismas, en definitiva, con unas formas de ser tan singulares como distintas personas existen. La calificación de reaccionarios que con tanta facilidad asignábamos a quien no cooperaba en aquellos trances, queda hoy ajustada en su tiempo, y desde luego se comprende que no todos se forjaran políticamente en esta frontera entre la dictadura franquista y la transición hacia la democracia.

Vanagloriarse con cierta modestia de haber participado y trabajado en la embrionaria democracia es lógico y, si se me permite, justo. Relatar las batallitas que uno puso en marcha o en las que colaboró, supone un ejercicio de piadosa vanidad que deben escuchar o soportar de vez en cuando la familia o los amigos, y si no se es muy pelma o no se va de pedante libertador en plan Che, hasta puede lograrse la sincera atención del foro al que se habla e incluso su consideración por el compromiso o coraje exhibidos. Pero la cosa se complica cuando, a menudo, en esas conversaciones surgen como setas personas que prácticamente empatan tus méritos cuando no los superan; pareciera que todo quisqui estuvo frente a los ‘grises’ y que toda la población estuvo a punto de entrar en la cárcel. Esta pose abunda en la clase intelectual, en la de artistas y por supuesto en la de políticos de izquierdas, haciéndonos creer que no hay ni uno solo de esa generación que no estuviera en la pomada. Y no, para nada. Aunque no se aspire a ninguna medalla, tampoco gusta que las muescas de lucha que cada cual tiene se diluyan en un pantano donde de repente todo el mundo nada con estilo y tiene episodios que protagonizar.

Y refiriéndome ya a la, entonces, pequeña Universidad de León, que en aquellos años de la transición pertenecía al distrito universitario de Valladolid, puedo afirmar, sin ninguna duda y con multitud de datos, que la aportación de José Luis Rodríguez Zapatero en todo lo que aconteció en esos años, que hervían en sucesos, reivindicaciones e iniciativas por la democracia, fue simplemente nula. Y ya digo, nada que reprocharle en principio, pero, claro, a cada cual lo suyo, y por algunas de sus palabras, aunque más bien por las que le lanzan de adorno el coro que le rodea y la prensa que le venera, podría pensarse que no fue así y que ya despuntaba en su progresía y rojerío cuando ello era obligatorio para quien tenía a flor de piel la conciencia de conocer la desgracia de la dictadura y el anhelo de la libertad. Estarán conmigo en que resulta extrañísimo que si Zapatero estaba tan sensibilizado por el fusilamiento de su abuelo en la Guerra Civil (algo que le marcó en su adolescencia tal como él mismo ha comentado en multitud de ocasiones), no tuviera papel relevante o al menos visible en ninguno de los mítines que se organizaban por cualquiera de los episodios que envolvían a la sociedad en general y a la Universidad en particular, no tomara parte, activa al menos, en ninguna de las asambleas que supusieron movilizaciones masivas en esa ciudad, no se citara con nadie para hacer pintadas nocturnas por León, para repartir pasquines o para acudir a las mil citas que, clandestinas unas y mimetizadas otras a través de actividades de cine-club, tertulias, conciertos de café , se organizaban en esta ciudad, al igual que ocurría en todos los pueblos de España.

A ZP no le recordamos, no estuvo en la organización de nada ni se la jugó con nada. Dice su biografía que ingresó en el PSOE en 1979; no lo dudo pero bien sabemos que este partido tuvo muy poca entidad en la universidad española de la transición, y desde luego prácticamente inexistente en la leonesa. Quienes estaban en el fervor y la ebullición política de la transición universitaria, fundamentalmente militaban o simpatizaban con el comunismo (PCE) o con los partidos de la extrema izquierda (ORT, PTE, LCR, MCE, OIC ), los que, por cierto, consideraban al primero poco menos que algo carca (qué tiempos) por su revisionismo de la doctrina marxista-leninista. ¿Dónde estaba ZP en ese escenario? ¿Dónde cuando la creación del Sindicato Universitario Democrático de 1980? ¿Dónde cuando los actos que se organizaron tras el golpe de Estado del 23-F de 1981? No estaba, se lo aseguro. Creo no confundirme si digo que ni uno solo de los estudiantes leoneses de finales de los 70 y década de los 80 nombraría a ZP como alguien a quien relacionen, veladamente siquiera, como presente en las movidas universitarias leonesas; y como dar nombres da consistencia, debo decir que con toda seguridad aquellos sí recordarán y mencionarían a Manolo Cavero (Veterinaria), Ignacio Fernández, Hilario Franco y Begoña Martínez (Filosofía y Letras), Quini Martínez (Derecho) o Mercedes Carlón y, perdónenme, un servidor (Biológicas), por citar sólo a algunos de los que sí estuvimos. ZP fue un estudiante más, un estudiante que en su participación política fue perfectamente anodino dentro de su propia Facultad de Derecho y más aún dentro de la Universidad como institución ya que tampoco en su breve etapa de profesor se le puede vincular con otra cosa que no fuera su posterior vocación política oficial, ésa que desembocaría en aspirar a la Secretaría provincial del partido, lo que no tardó en conseguir.

ZP dice que es rojo de siempre; pues bien, si lo es, en aquel tiempo tan proclive a ello no lo demostró. Moratinos, ante las fotos de ZP con el pañuelo palestino, indica que no son sino un detalle juvenil; pues entonces sus detalles van con significativo retraso. Pareciera que ZP desea gastar los cartuchos que en su día no tiró, pero hacerlo cuando se es el jefe de la oposición (por ejemplo, no levantarse al paso de la bandera norteamericana en un desfile oficial) o cuando se lleva el timón de la nave, suena más a nostalgia de un tiempo perdido y afortunadamente superado.

En fin, que ya sé que con la que está cayendo y con lo que tenemos entre manos en cuanto a los melones que ZP ha abierto en política nacional e internacional, hablar de su paso político por la Universidad no es lo más importante, pero si manejamos los cromatismos de antaño, por favor, donde hay gris no lo sustituyamos por rojo. Y ya que se desentierra la denominada memoria histórica, ésa que quieren ahora plasmar en formato de ley como si la memoria de cada cual pudiera amoldarse a la que un gobierno determinado quiere imprimir en el BOE, y como estamos en verano, digo, acudamos a la escuela de calor para recordar dónde estuvo cada cual no cediendo a la tentación de apuntarse a partidos nunca jugados o a dejarse incluir en alineaciones de equipos con los que ni siquiera se intentó entrenar.

Dos buenos amigos me han criticado el artículo del jueves pasado sobre las causas del final del franquismo y la relativa facilidad con la que se desarrolló la transición. El fondo de mi argumentación consistía en señalar que las transformaciones económicas, sociales y culturales que se produjeron en la sociedad española durante los quince años anteriores a la muerte de Franco fueron los principales motivos que explican el rápido paso de una dictadura a una democracia en el corto periodo 1975-1978.

Las objeciones de mis amigos eran dos: el escaso relieve que daba a la lucha antifranquista y la subestimación con la que trataba el periodo de la transición. Debo confesar que, si esto es lo que se desprendía del artículo, ambos amigos tienen razón: la oposición al franquismo fue determinante en la salida que se le dio a la dictadura y la habilidad en conducir las complicadas vicisitudes de la transición constituyó un elemento decisivo del resultado final. Por tanto, lamento no haberme explicado mejor y sólo puedo alegar como disculpa las limitaciones de espacio que impone un artículo de periódico.

No obstante, todo ello plantea un problema general de método: ¿cuáles son los elementos que explican la realidad política, los estructurales o los coyunturales, los objetivos o los subjetivos? Un ejemplo de trágica actualidad: ¿cuál es la causa de la guerra de Líbano, el secuestro de dos soldados israelíes por Hezbollah o los intentos de Estados Unidos por controlar Oriente Medio, poniendo fin a los regímenes de Irán y Siria? En definitiva, volviendo a las cuestiones de método: ¿hay que explicar la historia estudiando los acontecimientos concretos o las transformaciones sociales profundas?

No me cabe ninguna duda de que ambos planos – el estructural y el coyuntural, el objetivo y el subjetivo- son necesarios para entender la historia de una sociedad determinada, para estudiar uno de sus periodos concretos. Sin embargo, tampoco me cabe duda alguna de que el plano estructural y objetivo es el marco indispensable donde únicamente pueden entenderse los hechos coyunturales y subjetivos.

Vayamos al caso concreto del franquismo. ¿Por qué fracasó la guerrilla antifranquista en los años cuarenta? Entre otras causas, que no tenemos espacio para enumerar, porque no obtuvo la respuesta social que esperaba debido al miedo a las represalias, a la falta de ayuda exterior, a las luchas internas, al desánimo y desconfianza de los españoles, o debido a cualquier otra causa; pero en todo caso, debido a que la sociedad española no fue capaz, en aquellos años, de apoyar el movimiento guerrillero. Es decir, principalmente por causas objetivas del pueblo, no por causas subjetivas de la guerrilla.

Más ejemplos, ya en los años cincuenta, ¿por qué la muy importante y masiva huelga de tranvías de Barcelona en el año 1951 o la revuelta de los estudiantes universitarios en Madrid en 1956 quedaron como hechos aislados, sin capacidad alguna para derribar al régimen franquista? A mi modo de ver, la causa estaba en que la sociedad española que años más tarde, tras la muerte de Franco, mayoritariamente apoyará la democracia, todavía era incapaz de concebir una España sin Franco y sin otra guerra civil. Para que ello fuera posible, para que se afrontara sin miedo un futuro democrático – elemento subjetivo- era necesario que se produjeran transformaciones estructurales y objetivas: que desaparecieran el gran atraso económico y las brutales desigualdades sociales respecto a Europa y que se produjera un cambio en la cultura y en la mentalidad política de los españoles. Sólo en el caldo de cultivo de esa sociedad española económica, social y culturalmente nueva podrían tener los partidos y grupos de oposición al franquismo un efecto decisivo que ocasionara el final definitivo del régimen.

Asimismo, la transición entendida como un pacto implícito entre un sector de políticos comprometidos con el franquismo que deseaban el paso sin traumas a la democracia y unas fuerzas de oposición partidarias de la ruptura pero que, sin embargo, no habían encontrado el método eficaz para llevarla a cabo, sólo podía darse en una España profundamente transformada. Otra cosa es la inteligencia política y el sentido de Estado de sus principales protagonistas, y por ello no hay que regatear elogios al Rey y a su padre, ni a Fernández Miranda, Suárez, Carrillo, González, Gutiérrez Mellado, Fraga, Fuentes Quintana, Camacho, Redondo, Pujol, Ruiz-Giménez y Landelino Lavilla, entre otros muchos.

Pero el gran protagonista de la transición, como siempre se dice aunque sea para quedar bien, fue el pueblo español. Y, en efecto, así fue. Pero se trata de un pueblo español concreto, fruto de unas transformaciones sociales profundas, no un ente abstracto, demócrata de toda la vida pero que hasta entonces no había podido expresarse en libertad.

Probablemente, la gran diferencia entre la transición a la democracia de 1931 y la de 1975-1978 sea que en la segunda se habían operado en la sociedad española las necesarias transformaciones económicas, sociales y culturales que la hacían posible. La indudable mayor inteligencia y sentido de Estado de los políticos de nuestra transición respecto a los políticos de los años treinta es también un factor decisivo, pero condicionado por el anterior.

Estructura y coyuntura, lo objetivo y lo subjetivo, son tan indispensables como indisociables para el análisis político. Pero lo primero condiciona a lo segundo, no al revés.

DESDE diferentes perspectivas, varios historiadores hemos insistido en numerosas ocasiones en la importancia que tuvo la memoria histórica para todos los protagonistas de la transición de 1975 y en la elaboración constitucional del 78. Precisamente porque se era muy consciente de lo que había ocurrido en el siglo XIX y en 1931, cuando la concordia -es decir, la «amistad civil» en los asuntos de interés general, que decía Aristóteles- no había prevalecido, y una parte importante de la ciudadanía -casi la mitad de los españoles- quedaba excluida del consenso constitucional; precisamente por todo ello, los constituyentes del 78 lucharon ejemplar y generosamente para que nadie quedara fuera. Claro que se practicó el olvido, como insisten los que ahora se erigen a sí mismos en guardianes de una memoria guerracivilista que de alguna manera tiende a relativizar la memoria cercana de lo que sucede ahora, de lo que ha sucedido con las víctimas del terrorismo en plena democracia. Pero no fue el olvido pasivo, amnésico y distorsionador de la realidad; no fue «caer en el olvido», sino «echar en el olvido» (como nuestra rica lengua castellana diferencia con matices decisivos y que ya fue recordado por Santos Juliá); fue en todo caso un olvido activo, que salda la cuenta del pasado a fin de acabar con una espiral de violencia y abrir el futuro, como Arendt y Heller, las dos grandes filósofas judías, han reflexionado dolorosamente en sus escritos al hablar de las víctimas, de la necesidad de justicia y, al tiempo, del legado a las futuras generaciones. Un «olvido activo», en frase de Koselleck, en el que se olvida la deuda, pero no los hechos, y en el que se precisa la terapia de la memoria para «curar la capacidad destructora de los recuerdos».

Como es sabido, y repito mis propias palabras de hace algún tiempo, este olvido ha sido considerado por muchos como el pecado original de la transición. Quisiera insistir en que es algo que viene impuesto por el sentido de la realidad respecto a las condiciones históricas de 1975 y que entronca con aquello que los griegos calificaron como piedad. Las pugnaces polis griegas, enzarzadas con frecuencia en unas guerras entre sí -que las acabarían debilitando frente al enemigo común: el naciente imperio macedonio, primero, y luego el romano-, tenían, sin embargo, sabiamente establecido el fin de los agravios con el fin de la guerra. En los límites de las polis que firmaban la paz, en las encrucijadas de las fronteras de la época, se colgaban las armas y los trofeos conquistados por los vencedores, con el acuerdo tácito -y siempre respetado- de que ni vencedores ni vencidos actuarían, ni para su mantenimiento por parte de unos ni para su destrucción por parte de otros. Simplemente, se dejaba al tiempo que arrasara aquellos trofeos y fuera borrado del sentimiento de los hombres el rencor de la guerra. Pienso que, a la muerte del dictador, tanto el pueblo español como las personas con capacidad de decisión política para el cambio deseaban fervientemente borrar para siempre esos elementos que habían llevado a una enemistad tan larga y profunda. Lo que no pudieron hacer los padres lo hicieron sus hijos o casi sus nietos. El tiempo y las transformaciones profundas, materiales y mentales, de la sociedad española en largos años fueron el sustrato que permitió esa bienvenida piedad histórica.

Pero, además, no es lo mismo recuerdo personal, memoria subjetiva, que historia. Y las personas y los pueblos, a través de la herencia social y cultural que decía Umberto Eco -por la que se filtran las percepciones de la realidad y del tiempo, y sin la cual no sobrevive ningún tipo de sociedad ni cultura humana-, eligen siempre. En la especie humana, ni individual ni mucho menos colectivamente (esa falacia de «memoria colectiva», esa moda del memorialismo, que, manipulada por el poder político, ya Koselleck ha denunciado claramente como ideología política interesada) todo no puede ser recordado, ni tampoco todo puede -ni debe- ser olvidado; en ambos extremos se cae en la locura. Como ya escribí también en otra ocasión, qué se refuerza en la memoria histórica y qué se difumina en el olvido es un dilema que no tiene solución más que en los regímenes totalitarios, pero no en nuestros sistemas liberales y democráticos. En cualquier caso, como señalan Koselleck, Ricoeur, Bruckner y tantos otros pensadores, filósofos e historiadores, no se trata de recuerdos privados, pero tampoco de «memoria colectiva» («mi memoria depende de mis experiencias y nada más», ha dicho Koselleck); no se trata de moralismos ni nostalgias («la nostalgia nada tiene que ver con la memoria, porque el pasado al que se refiere permanece fuera del tiempo, congelado en una especie de perfección que nunca existió», expresó muy bien Manuel Rodríguez Rivero). Esa memoria, si quiere ser histórica, tiene que ser la que van reelaborando de manera crítica los historiadores, para contrarrestar la memoria ideologizada y muchas veces demagógica que, con desgraciada frecuencia, intenta imponer un poder político.

Incluso admitiendo una memoria dividida, como dice Reinhart Koselleck (siempre es mejor que inventar una única, de una pieza, como hizo el franquismo y como hacen ahora buen número de historias autonómicas nacionalistas), es posible la concordia, siempre que no se intenten reabrir viejas heridas (insisto, a veces para disimular las recientes), y que se acepte que el otro puede tener una parte de verdad, una parte de razón. Y, sobre todo, que no se posponga la única memoria imprescindible para que una sociedad pueda funcionar: «La que puede mantener vivo el origen del derecho, la que apunta a una pedagogía de la democracia». Esto quiere decir no ocultar ni fracasos ni errores históricos, pero huir al tiempo de la locura y el odio en espiral que se promueven cuando el necesario uso del recuerdo y de la memoria histórica se utiliza solamente para fortalecer el traumatismo, «la conmemoración de las catástrofes que han asolado a un pueblo» (Bruckner, 1996), cuando solo, o primordialmente, «los guardianes del resentimiento», que decía Domínguez Ortiz, tienen voz política. Ese pasado se interioriza entonces como un continuum, con la consecuencia fatalista a que tal uso exclusivo puede abocar. Además contribuyen a desatar unas fuerzas irracionales que encubren los auténticos problemas del presente y que luego los «aprendices de brujo» no pueden contener, aunque así lleguen a creérselo desde la pérdida de sentido de la realidad que con frecuencia produce la sensación desmesurada y engañosa de omnipotencia de poder.

HACE treinta años, el mes de julio, tras la designación de Adolfo Suárez por el Rey como presidente del Gobierno, la transición democrática cobró un especial impulso y se iniciaron los pasos que culminarían en 1978 con la aprobación de la Constitución.

Pocos días antes Suárez, aún Ministro, pronunció en las Cortes un discurso para presentar el proyecto de Ley de Asociaciones. En sus últimas palabras, antes de una cita de Machado, mencionó una frase que hizo fortuna y que pocos podíamos imaginar que constituía todo un programa político que más tarde pudo poner en práctica desde la cabeza del ejecutivo: «elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es simplemente normal».
Su discurso tomaba pie en las palabras del Rey el día de su proclamación, cuando definió el horizonte de nuestra convivencia como «una Monarquía democrática, en cuyas Instituciones, había un lugar holgado para cada español». Suárez, ante unas Cortes elegidas bajo el Régimen anterior, reclamaba «un cambio sin riesgo, una reforma profunda y ordenada, el pluralismo político, una Cámara elegida por sufragio universal, las libertades públicas de expresión, reunión y manifestación». Explicaba su propósito de interpretar lo que el país deseaba, aceptando la incitación de la realidad social para configurarla como realidad jurídica y política. Pedía, sencillamente, acomodar el derecho a la realidad, hacer posible la paz civil por el camino del diálogo, que sólo es posible entablar con todo el pluralismo social, dentro de las Instituciones representativas.

Este discurso de Suárez, que enlaza con la voluntad del Rey -auténtico motor del cambio- de abrir el paso a una democracia, explica su designación como Presidente del Gobierno, una decisión bien madurada en los años anteriores y que revela el acierto de la elección por alguien que le conocía bien y apreciaba las condiciones que en él concurrían: clara visión sobre los cambios que debían introducirse, capacidad de decisión en momentos difíciles, excepcional simpatía y gran confianza en sí mismo lo que le daba una extraordinaria seguridad que transmitía, a políticos, profesionales, o ciudadanos en general que quedaban cautivados por la fuerza de sus argumentos y la firmeza de sus convicciones.
En Suárez convergieron, desde la primera hora, presencias y ausencias, sospechas y apoyos, desconfianzas e ilusiones. Se llegó a juzgar su designación de «inmenso error» en un famoso artículo de un diario nacional; pero la realidad es que fue el gran protagonista de una transición política, que arrancó a España de la incertidumbre de un regreso en la historia y la abrió a la concordia y la esperanza.

Su programa político se inspiró, en gran medida, en normalizar lo que la opinión pública consideraba normal y elevar a categoría la idea del consenso, superando las miradas al pasado, para buscar entre todos una España de paz, justicia, libertad y democracia. Por eso propuso al Rey, desde los primeros Consejos de Ministros, una amplia amnistía aplicable a todos los delitos de motivación política o de opinión, la legalización de los partidos, la regulación democrática de los derechos y libertades, la vuelta a España de los exiliados de 1939 y la celebración de elecciones libres.

El 30 de julio, el Gobierno celebró un Consejo de Ministros en La Coruña donde se aprobó el proyecto de amnistía y a partir de entonces, Suárez se dispuso a urdir la estrategia para la reforma, sobre la base de que ésta había que hacerla desde la ley. Junto con Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, estudió las distintas alternativas para el desarrollo y redacción de una norma que articulara la transformación legal del Régimen. El 10 de septiembre, el Gobierno aprobó el texto que fue presentado por Suárez aquella tarde a través de TVE, afirmando: «Tenemos confianza de que nada de lo que espera el pueblo español en el futuro, puede ser más difícil de superar que lo que ya ha sido resuelto en el pasado. No hay que tener miedo a nada. El único miedo racional que nos debe asaltar, es el miedo al miedo mismo». El 16 de noviembre el proyecto de ley se discutió en las Cortes con dos excelentes discursos de Miguel Primo de Rivera y Fernando Suárez. Este último, en una magistral intervención, rebatió que las Leyes Fundamentales no fueran modificables, afirmando que quien tenga confianza en que sus deseos coinciden con los del pueblo no debe poner reparos a que el pueblo se manifieste. El referéndum se celebró el 15 de diciembre con un resultado favorable del 94,2 por ciento de los votos emitidos.

El eco que la aprobación de la ley recibió en la prensa extranjera fue muy positivo: desde el «New York Times» que tituló «Asombrosa victoria de Adolfo Suárez» a «The Guardian», «Viva España democrática», y «Le Monde», «Las Cortes nombradas por el Dictador han enterrado al franquismo».

Adolfo Suárez quiso siempre potenciar todo aquello que podía unir, actuar de cara al futuro próximo, más que con los ojos puestos en el pasado, huir de querellas y disensiones y ponerse de acuerdo sobre unos cuantos principios e ideas fundamentales. Su preocupación fue limitar la línea de división y estaba convencido del error que significaba utilizar anacrónicamente motivaciones emocionales sobrepasadas o pretender respuestas sociales con gestos o actitudes de otros tiempos.

La paz y la convivencia, la aceptación del prójimo diverso, la necesidad de un cierto olvido para comenzar una historia común nueva, fueron el presupuesto que los españoles aportamos a la transición. Sabíamos que era urgente trabajar por la reconciliación final de nuestro pueblo y se creó un acuerdo básico, independientemente de nuestros orígenes y nuestras vivencias personales.

Lo que rechazamos, desde un principio, fue utilizar la memoria histórica como un instrumento de deslegitimación del adversario político y fuimos muchos los que desde la emoción y el respeto de nuestras propias vivencias personales, no vacilamos en mirar hacia el mañana, dejando a los historiadores que hicieran su tarea, que la escriban y que la revisen, que investiguen en los archivos, pero sin mezclarla con sentimientos. Porque sentimientos tenemos todos y son perfectamente legítimos y respetables y pobre de aquel que haya endurecido su corazón y borrado los recuerdos. Pero son precisamente éstos los que nos obligan, como decía Hanna Arendt, al perdón y a la promesa. El perdón, que para los cristianos forma parte de nuestro patrimonio. Bueno es recordarlo en esta época en que tanto se quieren extirpar los sentimientos religiosos; y la promesa que postulamos es para buscar una convivencia que contribuya solidariamente a construir el futuro desde la libertad, esa libertad que nace, crece y se diversifica en sus expresiones, a la vez que se unifica en su raíz personal.

El recuerdo de Adolfo Suárez, en estos días del aniversario de su designación, debe servirnos de memoria de lo que fue una ilusión compartida por millones de españoles y también una esperanza para seguir adelante. Y debemos hacerlo con audacia, pero sin poner en peligro la estabilidad política, social y económica y sin poner en juego la continuidad de nuestra nación. De ninguna manera caigamos en la tentación de resucitar las dos Españas, porque como en los versos del poeta, una de ellas puede helarnos el corazón.

España es todo lo que ha sido; su herencia es todo lo que han hecho sus hijos en todos y cada uno de sus siglos. Recuperemos el espíritu de la transición y sigamos trabajando por la paz y la concordia de los españoles. Sobre todo alejemos cualquier tentación de ruptura y desmembración que podrían hacer tabla rasa de lo que han sido logros importantes de estos últimos treinta años.

Mantengamos la memoria y con ella la esperanza. Y no dejemos en el olvido el mensaje de Adolfo Suárez que debe seguir vivo después de estos treinta años: «Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es simplemente normal».

Desde el 3 de julio de 1976 ha pasado toda una vida de los españoles. La fecha debe figurar ya en la leyenda de las que han marcado la Historia de España porque aquel día, rodeado de una enorme expectación, Su Majestad el Rey Juan Carlos I evidenciaba la primera de las decisiones públicas que adoptó en su recién estrenado reinado, designando presidente del Gobierno a Adolfo Suárez.

No le conocían los españoles, pese a que había sido primero responsable de la primera cadena de TVE y después director general del ente RTVE, además de vicesecretario general del Movimiento. La clase política del antiguo Régimen le recibió con recelo -unos- y con esperanza -los demás-. No sabían que en la umbría de La Granja de San Ildefonso, en largas conversaciones entre el entonces Príncipe de Asturias y un joven gobernador civil de Segovia, de nombre Adolfo Suárez, se había forjado una compartida visión de nuestro futuro como nación y como reino. La oposición al franquismo le recibió con desprecio, fruto de su ignorancia por su nula credencial democrática y los renovadores del Régimen le acogieron con incertidumbre y otro desprecio: el de no considerarle un político con pedigree social ni institucional, por no pertenecer a ningún cuerpo de las elites administrativas y sociales. Uno de los mayores escarnios de su nombramiento fue la viñeta de un entonces -y aún ahora conocido dibujante- en el que se veía a dos notorios miembros del búnker franquista recibiendo entusiasmados la noticia con esta frase: «No es maravilloso: se llama Adolfo», aludiendo así a la coincidencia de su nombre con el dictador nazi, de tan ignominioso recuerdo. Así de generosos fueron siempre sus enemigos. Es el privilegio de los audaces.

Hoy todos los españoles saben quien fue Adolfo Suárez, precisamente cuando es él quien -noqueado por las cornadas de la vida y el dolor de tanto sufrimiento- ignora quién ha sido y lo que hizo por su país en sólo 55 meses. Hoy todos los españoles saben que en ese tiempo Suárez, entre otros muchos logros, desmontó el Régimen de Franco -sin derribar ninguna estatua del dictador-; concedió una amnistía política para que se visualizara claramente que la democracia española nacía con amplias miras y con generosidad de futuro; legalizó al Partido Comunista para que todas las ideas pudieran presentarse a las primera elecciones generales -consiguiendo que el PCE aceptara la bandera española y la Monarquía de Don Juan Carlos; propició y tuteló la redacción de una Constitución por consenso, contando con el PSOE, que era principal partido de la oposición -que tan fiera e injustamente le trataba- y consiguiendo que gracias a ello durante casi un cuarto de siglo el texto constitucional fuera el marco global de nuestra convivencia. Suárez abordó también el gran pacto social con sindicatos, empresarios y partidos políticos para que España pudiera afrontar con mesura e inteligencia la crisis económica heredada de los últimos años del franquismo. Con auténtico talante democrático, desarrolló los principios incluidos en la Constitución referidos a las autonomías históricas, propiciando el restablecimiento de la Generalitat y la negociación con los partidos nacionalistas catalán, vasco y gallego para la redacción de unos estatutos de autonomía cuya vigencia ha llegado hasta los primeros meses de 2006 y que les ha permitido disfrutar de auténticas capacidades de gestión de gobierno propio.

Mientras Suárez hacía toda esta ingente labor de creación, de apuesta clara y nítida por el asentamiento de las bases más profundas de la democracia, sus enemigos internos y externos afilaban las largas dagas de toda una batería de descalificaciones personales, de traiciones de libro, de conspiraciones decimonónicas con militares de tres al cuarto, para echarle del poder de su partido y del gobierno. Pocos historiadores han querido profundizar en los pasajes más vergonzosos del 23-F, episodio en el que los que eternamente se consideran depositarios de la verdad y de la esencia democrática se fueron a conspirar a Lleida y después a otros palacios de invierno en busca de un apoyo parlamentario para legitimar un golpe de Estado que -según ellos y la cohorte de ladinos conspiradores- «pusiera fin al desgobierno, el caos, la amenaza secesionista y la barbarie terrorista», poniendo ya entonces la cobarde inclinación a pactar con el enemigo su rendición en lugar de hacer frente -gallardamente- a quien quiere acabar con lo que tanto cuesta defender y tanto ha costado conquistar. Hubo quienes para alentar el fantasma del golpe acusaban al propio Suárez de ser él quien ponía en peligro la democracia, sentenciando: «O Suárez o la democracia». Y no faltó quien incluso llegó a afirmar con ridícula rotundidad que había que echar a Adolfo Suárez. Como en otros tristes pasajes de la Historia de España, han preferido pasar página intelectual de un episodio vergonzoso del socialismo español, que no hubieran perdonado jamás a cualquier otra formación política.

Otros buscaban en su vida personal y en su supuesta desmedida ambición la causa de todos los males que acuciaban a la joven democracia española. Los teóricamente más afines se rasgaban las vestiduras porque Suárez y sus gobiernos establecieran la reforma fiscal, legalizaran el divorcio y fueran en materia moral lo suficientemente independientes para iniciar la verdadera reforma de las costumbres familiares y conciliaran la creencia religiosa con otra visión ética del ser humano. También pronto empezaron a renegar del apoyo inicial, buscando con financiación ajena una nueva alianza que, con gran visión de la jugada, les llevó a la oposición durante otros 14 años. Prefirieron acabar con quien les había garantizado una transición pactada y un modelo de sociedad conveniente.

Todos menos Adolfo Suárez saben hoy quién fue Adolfo Suárez y por eso hay que impedir que otros se apropien de su legado histórico. Por eso hay que denunciar que quienes entonces no creyeron en él y recorrían las cancillerías europeas ensombreciendo con su escepticismo la esencia misma de la Transición, a la que llamaban el Posfranquismo, son quienes hoy lamentan que no haya nadie en el centro derecha que tenga -dicen- «su altura de miras» y su «generosidad». ¡Hay que ser cínicos! Son éstos quienes advertían entonces -con escasa visión de futuro- ante el permanente, y muchas veces interesado rumor de ruido de sables, que de producirse un golpe de Estado, sería Suárez quien entraría en el Congreso de los Diputados a lomos del caballo del supuesto conspirador. Muy al contrario, cuando el 23-F Tejero cumplió su compromiso con los golpistas, invadiendo la sede de la soberanía popular, Adolfo Suárez se subió a lomos de la dignidad nacional y defendió nuestra decencia de ciudadanos y físicamente a un venerable militar, permaneciendo erguido en su sitio, esperando el tiro de gracia. Mientras, los que habían vuelto a jugar con el fuego de su eterna e inmoral capacidad de conspiración con el enemigo y en contra de la legalidad, rebuscaban en el suelo alfombrado la razón de su precipitación, impaciencia e indignidad.

Hoy Adolfo Suárez no sabe quien fue; tampoco que su mujer Amparo, y una de sus hijas, Marian, ya no están a su lado para alentar su corazón de audaz español de su tiempo; tampoco para sosegar sus decepciones políticas y humanas en el calor de su hogar, como la de construir un partido, el CDS, que sirviera de gran bisagra nacional que impidiera la dependencia política de los grandes partidos de los grupos nacionalistas. Tampoco sabe Adolfo Suárez que, su en otro tiempo cómplice Santiago Carrillo, anda por ahí diciendo que los primeros síntomas de su enfermedad los atribuye a la frase pronunciada a la salida del Congreso de los Diputados, cuando dijo que «Aznar había sido el mejor presidente de la democracia española». Suárez, con su obligado silencio final, se ha librado de que -como a Carrillo- le oigamos decir en su crepúsculo frases que acreditan un discurso sin excesivo fluido cerebral.

Tampoco sabe Adolfo Suárez que los españoles piensan que fue un buen presidente, que se esforzó por crear a sus compatriotas un buen escenario de convivencia, una sociedad más justa y un Estado más descentralizado. Tampoco sabe, desgraciadamente, que los españoles de bien admiraron su audacia y su compartida sensatez; que no olvidan aquellas frases que tan bien definían nuestros íntimos anhelos como ciudadanos y que decían lo que todos queríamos escuchar. Quizás porque no salían de ningún manual revolucionario ni de ninguna consigna internacionalista; tampoco de la reflexión de algún sesudo intelectual.

Adolfo Suárez, por no saber, no sabe que parte de su legado moral, un mucho de aquel estilo e impronta de su forma de gobernar, está siendo dinamitado intencionadamente y que 30 años después de su nombramiento, muchos son los españoles que no olvidan su lección de conciliación y de acuerdo, su capacidad de entendimiento y de seducción y su gran lección de humildad para renunciar cuando creyó que su persona y su política eran incómodas, inconvenientes y molestas a los fines de servir a quienes le eligieron y a su país.

HACE treinta años, tal día como hoy, Adolfo Suárez era designado presidente del Gobierno. Hace treinta años, tal día como hoy, el Rey se jugaba su historia y la de España a un tiempo apostando por una persona de su generación a la que conocía bien, confiaba en sus capacidades y sabía que llevaría a cabo el proyecto de hacer una España de y para todos los españoles. Y hace treinta años, tal día como hoy, España comenzaba una nueva andadura.

Cuando, tras la deliberación preceptiva del Consejo del Reino, nada fácil como demuestran las notas manuscritas del propio Torcuato Fernández Miranda, éste afirmó: «Llevo al Rey lo que me ha pedido», el Rey dispuso de la terna y halló en ella el nombre deseado: Adolfo Suárez. A partir de aquí sólo quedaba la designación.

Adolfo esperó esa tarde en su casa, acompañado por su hijo Adolfo -el resto de la familia estaban fuera de Madrid-, la llamada del Rey, algo inquieto a medida que pasaban los minutos. Cuando por fin se produjo, acudió a la Zarzuela. Adolfo contaba que el Rey le gastó una pequeña broma, le esperó semiescondido tras una cortina, por lo que al entrar en el despacho no lo vio de inmediato. Cuando éste apareció con una amplia sonrisa, Adolfo no tuvo ya la menor duda. Escuchó de Don Juan Carlos las palabras esperadas, dijo el famoso «ya era hora» y preguntó si tenía alguna instrucción. El Rey sacó una nota manuscrita, fechada en Segovia en 1969, en la que parece que ambos habían escrito lo que hoy llamaríamos una «hoja de ruta» hacia la democracia. «¿Recuerdas este papel? Pues ese es tu trabajo».

Era Suárez, entonces, un hombre persuasivo, seductor y de palabra fácil en la proximidad, pensamiento estratégico acentuado, sereno y reflexivo, en nada impulsivo, con una conciencia de España y de su destino muy alejada del pensamiento oficial de la época – su discurso defendiendo la democracia el 9 de junio lo confirma- y gran sentido del Estado. Un hombre que sabía que el cambio debía ser «de la ley a la ley», que anteponía por encima de todo su lealtad al Rey – cuya relación estaba llena de afectos y complicidades- y que tenía la necesaria ambición política como para afrontar retos y riesgos sin importarle las consecuencias.

Adolfo llega a La Moncloa en julio de 1976 y sale de ella cuatro años y medio después, tiempo en el que despliega una actividad sin igual, movilizando personas, grupos, aglutinando ideas y partidos, restañando heridas y abriendo puentes nuevos.

Había recibido un sistema político reglado por leyes del régimen anterior, prácticamente intacto, pero cuando dimite España cuenta con una Constitución moderna que es un gran pacto de convivencia; disfruta de una Monarquía parlamentaria asentada en la legalidad constitucional y en la legitimidad dinástica tras la renuncia del Conde de Barcelona; acudir a las urnas se ha convertido en un acto simplemente normal; el sistema de partidos está consolidado; la libertad de asociación sindical es total; se han saneado las haciendas locales; los españoles prácticamente han enterrado los fantasmas de la vieja guerra civil, sólo subsiste el hacha amarilla del terror enroscada por una serpiente; no existe ningún preso político en las cárceles españolas; el camino hacia la Comunidad Europea está expedito, y las autonomías, con estatutos ampliamente consensuados y refrendados, comienzan su caminar.

Esa es su obra, no pequeña. Pero si la obra fue grandiosa, no lo es menos la forma de llevarla a cabo, el talante de su construcción, los modos en la realización, la búsqueda permanente de acuerdos, de consenso, con todos, esa suma de posibilismo, realismo, consenso y conciliación y planeando por encima de todo ello una enorme dignidad en el sentido del Estado y en el ejercicio del poder.

Dignidad del Estado que alcanza su cénit la noche del 23-F cuando Adolfo Suárez -y no olvidemos a Manuel Gutiérrez Mellado- aventuró la vida en defensa de la libertad. Defensa en la que fue definitivo el apoyo del Rey, que salvó la cosa pública mientras que el Gobierno y el Parlamento permanecían aprisionados. Aquel 23-F el Rey salvó el Estado democrático y Suárez la dignidad de las instituciones políticas.

Pero quizás lo que resume mejor su causa del honor se encuentra en este párrafo de su discurso de dimisión: «Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad…hacia España, cuya vida libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y frustraciones; … a la Corona, a cuya causa he dedicado todos mis esfuerzos por entender que sólo en torno a ella es posible la reconciliación de los españoles y una Patria de todos, y lealtad si me lo permiten, hacia mi propia obra».

A esta dignidad hay que añadir después la de sus silencios. Hasta que desgraciadamente la enfermedad le aprisionó, Adolfo marcó durante años su presencia con la sonoridad de sus silencios. Nadie oyó una palabra suya contra sus viejos adversarios, incluso cuando ha sido aludido con injusticia o infamia. Un silencio que no hay que interpretarlo como indiferencia. Y además ha prestado su apoyo a cuantos presidentes le han sucedido.

Desde entonces yo he visto siempre en Adolfo al hombre que ha reñido dos grandes batallas, la política y la humana, y que ha ganado ambas gracias a muchas virtudes en él siempre destacadas, pero sobre todo una: su humanidad. Sin embargo, la batalla de estos últimos años comenzó a perderla cuando dos grandes apoyos en su vida -Amparo y Mariam- (otro es Adolfo hijo) desaparecieron. Ahí se rompió su fortaleza y desde entonces permanece ensimismado en un mundo misterioso sin lugar ni tiempo.

Pero el tiempo le ha ido devolviendo a Suárez en forma de nueva identificación todo el amor que el pueblo español comprendió que le debía. Frente a las amarguras del poder ha venido después el reconocimiento a su obra, a su persona y a su lealtad al pueblo español. Nadie ha sentido más a España que el hombre que tanto hizo por la creación de un sólido Estado de derecho. Desde hace mucho Adolfo Suárez no «está» en la política española pero «es», forma parte de la política española y constituye un referente indiscutible e indiscutido, un ejemplo o modelo de un modo de hacer política.

Suárez es hoy, más que nunca, uno de esos españoles preclaros, que contribuyeron a que España se uniera, dialogara, encontrara el lugar que le correspondía, intentando lograr un equilibrio entre el centro y la periferia, geográfica y política. Su gran acierto fue caminar hacia la reforma, síntesis entre la ruptura y el inmovilismo, armonizando los intereses -todos- de una sociedad que anhelaba un sistema nuevo con la práctica y el ejercicio real de los derechos y deberes de una democracia, pero sin traumas. Y en esa tarea contó con el apoyo indiscutido de los restantes partidos políticos. Aquello, la Transición, no fue fruto del miedo de nadie sino del deseo de todos de olvidar y construir, de mirar el mañana más que el ayer, de hacer una España para todos sin exclusión alguna.

Hoy, cuando se conmemora el treinta aniversario de aquel nombramiento que cambió a España, creo que vale la pena rendir homenaje a esa gran persona que ya no puede explicarnos cuán apasionante y fructíferos fueron para él y para muchos más -de su partido y de los demás- aquellos años. Desde entonces han pasado, sin duda, los treinta mejores años de nuestra historia en todos los órdenes. Y en muy buena parte son su obra y España se lo debe a él.

EL 9 de junio de 1976 Adolfo Suárez, a la sazón Ministro Secretario General del Movimiento, defiende ante las Cortes el proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asociación Política. Una semana antes S. M. el Rey Don Juan Carlos de Borbón, en sesión extraordinaria del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica ratifica -ante un foro de máximo relieve internacional- que el camino de España hacia la democracia no tiene marcha atrás. El jueves 1 de julio de 1976 Don Juan Carlos llama a Carlos Arias para pedirle su dimisión y el 4 de julio de ese mismo año, se hace público el nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno.

Tuvieron que ocurrir muchas cosas, improbables todas y cada una de ellas, para que Torcuato Fernández Miranda pudiera pronunciar su conocida frase: Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido. En ese momento el inesperado prodigio se había consumado y Suárez era ya el próximo presidente del Gobierno. Que, además, Suárez lograra llevar a buen puerto la transición política puede considerarse, cuando menos, asombroso.

Alfonso Osorio cuenta que Adolfo Suárez pasará a la historia como el hombre que estuvo en el lugar preciso a la hora justa. Y eso es así porque para hacer la transición política -y dejando aparte el papel impulsor y arbitral del Rey- era necesario alguien que tuviese inteligencia suficiente, conocimiento adecuado, capacidad de diálogo, paciencia infinita, modales exquisitos y simpatía arrolladora y esas cualidades, todas juntas, no las teníamos ninguno de los otros políticos en presencia en 1976, concluye Osorio.

El texto constitucional que marcó el espíritu de la transición, es decir nuestra Constitución de 1978, nace de un difícil consenso; es fruto de un pacto laborioso que implicó renuncias y sacrificios de todas las fuerzas políticas, pero que dejó un esperanzador horizonte de futuro, sin vencedores ni vencidos. Sin el apoyo del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista Español, este pacto no hubiera sido posible. Los dos jugaron a fondo un papel patriótico y responsable.

Treinta años después nos encontramos ante un panorama de crispación impropio de un sistema democrático consolidado y maduro. La partitocracia es un requisito imprescindible para el funcionamiento normal de la democracia, para la alternancia en el poder de las diversas fuerzas políticas y para el necesario control del Gobierno. Los intentos de destruir como sea a la oposición o al Gobierno, son radicalmente antidemocráticos y forman parte de nuestros más siniestros demonios familiares o alienígenos. ¿Quién nos iba a decir que el olvidado Rafael Santa Ana, que escribió un Manual del perfecto canalla, (editado, por cierto, por la Biblioteca de Educación Cívica) y que constaba de un curso preparatorio y otro de perfeccionamiento, (Madrid, Imprenta Alemania 1916) podría llegar a ser el autor de cabecera de algunos descarriados?
Vivimos acontecimientos de singular importancia en nuestra historia política; quiero decir en la historia política de España y de nosotros, los españoles. El Estatuto de Cataluña y el alto el fuego permanente anunciado por ETA se suceden en el plazo de veinticuatro horas. Luego vendrá el Estatuto de Andalucía concebido como coartada para dar amparo al Estatuto catalán, generalizando el disparate.

El Estatuto de Cataluña reivindica el concepto de nación para la autonomía catalana y, en mi opinión, ello implica una colisión frontal con el artículo 2 de la Constitución española. En efecto el artículo 2 no ofrece el menor resquicio a la ambigüedad cuando afirma que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

Un alto el fuego permanente es, por su propia naturaleza, una contradicción en los términos. Sea bienvenida la paz si es la paz lo que se anuncia con el corazón limpio y a cara descubierta, pero es difícil imaginar que así sea. «Impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden» es la explícita reivindicación del comunicado etarra. Se trata, pues, de un intento de escamotear de nuestra convivencia política el inalterable fundamento que la sustenta y que es, justamente, la nación española.
Para modificar nuestra Constitución es requisito imprescindible recuperar el espíritu de concordia, reeditar el consenso que existió en 1978. La Constitución no puede ser un trágala, una imposición de la mitad de los españoles a la otra mitad y, por supuesto, lo que los españoles no hemos consensuado en 1978 ni hoy, no puede imponerse por la vía torticera de la modificación de los Estatutos de Autonomía.

Naturalmente hago estas observaciones como un llamamiento al espíritu de concordia que Suárez supo crear entre nosotros. Han transcurrido ya casi treinta años desde la Constitución del 78 y es posible que hoy, los españoles o sus dirigentes políticos, o ambos a la vez, vean molinos de viento donde yo gigantes, o gigantes donde yo molinos de viento. Aún más atrás nos queda el inquietante recuerdo del siglo XIX, con sus numerosas y variopintas constituciones y en el que, según nos enseña la historia, la mayoría malvivió en una España en venta. Gerald Brenan nos dice al hablarnos de los antecedentes de esa terrible guerra civil sobre la que se hace hoy tanta literatura: En España, el principal problema ha sido siempre el de alcanzar un equilibrio entre un Gobierno central eficaz y los imperativos de la autonomía local. El lacónico diagnóstico de Brenan, desgraciadamente, sigue siendo válido hoy.

Una generación de españoles, dirigidos por Adolfo Suárez, creyó enterrar para siempre los demonios familiares de este «viejo país ineficiente» como calificó Jaime Gil de Biedma a nuestra España. Si el poeta tenía razón, nuestro mal gobierno no es accidente transitorio, sino una condición metafísica, un estado místico del hombre / la absolución final de nuestra historia.

Quizá la historia, como quería Vico, se repita siempre y nosotros fuimos ingenuos al intentar cambiarla. Quizá. Pero hoy nos queda la esperanza de que la convivencia es posible, aunque sólo sea porque los españoles hemos aprendido a odiarnos sin matarnos.

Adolfo Suárez (Ávila 1932), en su enfermedad, podrá haber perdido la memoria, pero la sociedad española no debería nunca olvidar su legado. Ahora se cumplen, el 23 de febrero, 25 años del intento de golpe de Estado de 1981. Este funesto hecho coincidió con la conclusión de un ciclo político, pues esa histórica sesión plenaria del Congreso interrumpida por los golpistas era el proceso de investidura de su sucesor tras la renuncia de aquel a continuar siendo presidente del Gobierno.

Su designación para el cargo en 1976 por el Rey fue despreciada por sectores de la izquierda que veían en él un hombre del anterior régimen, mientras que amplios sectores de la derecha de entonces le consideraban un traidor. Supo Suárez ser responsable ante quien con gran olfato y percepción de los vientos de la historia le había nombrado y que como capitán de barco estaba marcando el rumbo. Su audacia, intuición y equilibrio fueron acompañados de una clara visión de futuro y patriotismo (sin epítetos), comprometiéndose como presidente del Gobierno a dirigir la senda de España hacia la libertad y la modernidad.

No fue nada sencilla la época que le correspondió vivir. La difícil transición pacífica de una dictadura a una democracia coincidió con una gran crisis económica y con un terrorismo en el que no sólo ETA, sino también otros grupos secuestraban y asesinaban casi cada día. La incertidumbre era muy grande. A los anteriores problemas había que sumar lo que podía deparar el desarrollo de la España de las Autonomías. Por un lado, estaban las ansias de autogobierno de los territorios que expresaban libremente sus demandas de autonomía y reconocimiento de su identidad. Por otro, estaban aquellos que confundían la unidad de España con un asfixiante centralismo enajenador de las identidades culturales y políticas.

Acosado con gran dureza por los dos lados, izquierda y derecha, también internamente sufrió un gran desgaste por dirigentes de su partido que consideraban que UCD había cumplido ya un ciclo y preparaban su incorporación a partidos con más futuro, como AP y PSOE. También fue castigado después cuando, con la política en las venas, procedió a crear un partido (CDS) muy personal, netamente centrista, equidistante y alejado de las sólidas organizaciones imperantes.

A pesar de su gran pasión por la política, fracasado el difícil intento de consolidar su partido como alternativa o árbitro moderador de los otros dos grandes de ámbito estatal, tuvo que dedicarse a su familia. El sufrimiento inicial en un primer momento ante la enfermedad de su esposa Amparo y su hija Miriam, y después, la larga lucha contra el cáncer de su hija (de la cual ella dejó testimonio escrito de fortaleza) le hicieron alejarse definitivamente de la actividad pública.

No obstante, su actitud ante la vida y la política, su ausencia de arrogancia, además de una mínima perspectiva histórica, contribuyeron a mantener, en algunos casos a recuperar y, en todos, a acrecentar su prestigio. Desde luego que no todo fue perfecto en su gestión, en la que pueden observarse errores, como es lógico, especialmente en unos momentos como aquellos, donde todo se sucedía tan rápido. No obstante, pocos dudan hoy del positivo balance que de su época puede hacerse y mucho menos de la dignidad con la que ejerció su cargo y que nosotros queremos ahora resaltar.

Todos tenemos grabados en nuestras mentes las imágenes furtivas de un 23-F en las que frente a la zafiedad de unos asaltantes que pretendían hacer regresar a nuestro país a épocas oscuras y pretéritas, el presidente del Gobierno que estaba a punto de dejar de serlo (se estaba procediendo a la votación por llamamiento personal para designar su sucesor) y también su vicepresidente Gutiérrez Mellado mantuvieron una gran gallardía y firmeza.

No era sólo Adolfo Suárez a título personal el que no se arrodillaba ni escondía para defenderse ante ese espectáculo lamentable de balas intimidatorias. Era el presidente constitucional de todos los españoles el que mantenía a un altísimo nivel la dignidad de una España que estaba construyendo su futuro en libertad.

Dentro de poco se rememorarán recuerdos con ocasión de ese 25º aniversario. Ante ello, a nosotros, desde la juventud universitaria de aquellos tiempos y desde el compromiso político hoy en diferentes partidos, nos gustaría que el eje de toda evocación de esa efeméride fuese la de quien sirvió a España, no sólo en su consideración de dirigente político en primera línea, sino también por su trayectoria posterior de mesura, equilibrio político y sentido institucional.

En la actualidad, asistimos a uno de esos momentos de especial crispación en los cuales lamentablemente, sin perjuicio de la divergencia legítima, se van destruyendo puentes para el diálogo sereno. Por eso es necesario reivindicar que en la política, junto con las discrepancias normales, debe haber también actitudes para propiciar puntos de encuentro. Los aparatos de los partidos fácilmente pierden esto de vista, cuando eso mismo es demandado con frecuencia por unos ciudadanos que a veces ven enzarzados a los políticos en sus batallas domésticas que, en muchos casos, están alejadas de la realidad de la calle.

Queremos recordar cómo Adolfo Suárez en un momento de gran turbulencia y crisis supo convocar a los dirigentes de todos los partidos y organizaciones sociales sin exclusiones, propiciando que se implicaran en algo de un relieve fundamental, como fueron los Pactos de la Moncloa. Eran tiempos de gran dificultad y era necesario que alguien con responsabilidad de gobierno templara y forzara el diálogo.

Ni en la última época del gobierno del PP ni en el del PSOE se han dado estas actitudes. Por el contrario, parece que vamos hacia tiempos aún más radicalizados, a desencuentros mayores. Frente a ello, otros, que preferimos el análisis desapasionado, queremos reivindicar la necesidad de introducir espacios de moderación y, por supuesto, de entendimiento en asuntos relevantes de Estado.

Eso es lo que representó y representa también hoy Adolfo Suárez, el cual supo encarnar, desde la ausencia de dogmatismos y verdades infalibles, una visión de futuro para España no anclada en otras épocas.

La Constitución de 1978, elaborada por consenso siendo él presidente del Gobierno, fue fruto de la generosidad y responsabilidad de todos, y de todos tiene que seguir siendo, sin apropiaciones partidistas y sin admitir atajos para su modificación. De tener que reformarse en el futuro debería hacerse con naturalidad y desde el clima de consenso que hoy lamentablemente no existe. La Constitución es una norma flexible e integradora de la convivencia en la pluralidad política de España y caeremos en el más grave y repetido error de nuestra historia si la utilizamos como arma arrojadiza de unos contra otros.

Hoy Adolfo Suárez representa un patrimonio de todos. De los que le apoyaban entonces y también de quienes en aquel tiempo le acosaban desde ambos lados y desde su propio partido. Tiene esto un gran mérito, especialmente en los momentos presentes. No estamos desgraciadamente sobrados de personalidades que con el paso del tiempo hayan adquirido un valor referencial para la mayoría de la sociedad o simplemente hayan tenido un reconocimiento más allá de sus acérrimos partidarios.

Adolfo Suárez quizá no mantenga en su cerebro el recuerdo de la España que él contribuyó de modo relevante a construir, pero los españoles tendremos siempre en nuestra memoria a quien supo ser punto de encuentro y ejemplo de dignidad. Con toda nuestra gratitud.

Tengo para mí que no son pocos los conciudadanos que han resultado harto cansados de la auténtica hemorragia de guerracivilismo y franquismo que por un medio u otro hemos soportado a fines del 2005. Allá ellos, resucitando ahora cuanto creíamos superado. Pero ocurre que, entre una cosa y otra, ha pasado casi inadvertida una fecha que bien debiera haber tenido mucha más relevancia. En noviembre pasado se cumplían 30 años del acceso a la Jefatura del Estado del rey Juan Carlos I. Poca importancia se ha dado al hecho, que debiera haber gozado de mayor reflexión y hasta de algún tipo de celebración. Mucho se dijo y escribió al analizar la etapa de la transición. Abundaron los calificativos, condensados todos ellos en la conocida afirmación de motor de cambio. Era justo. Pero luego ha imperado un insólito silencio sobre lo que ha venido después. Tampoco encuentro razón suficiente. Acaso y como única explicación resida en el hecho que las funciones de árbitro y moderador que la Constitución le atribuye, sean menesteres llamados al ejercicio casi en silencio. Sin publicidad. Puede ser que por ahí vayan las cosas. Pero esto no impide algún recuerdo que celebrara los 30 años de reinado. Y de lo mucho que ha de escribir la historia sobre este largo período, en gran parte sometido hasta ahora al discreto silencio de los más autorizados (¡qué bien recibidas serían, por ejemplo, las Memorias de Sabino Fernández Campo!), hay dos momentos que me parecen cruciales, en los que el Rey actúa desde el vacío y su figura toma un protagonismo singular.

EL PRIMERO, los largos meses de la transición y de la elaboración constitucional. Tan largos que un estudioso llegó a afirmar que parecía que estábamos “instalados en la transición”. Y lo estuvimos. De fines de 1975 a fines de 1978 nada menos. Los hechos se sucedían. Pero nada afectaba a la Monarquía que toma cuerpo pocas horas después del fallecimiento del anterior jefe del Estado y a la que normativamente no se vuelve hasta su regulación constitucional. Larga espera. Si bien la ley para la reforma política, aprobada en referendo de 15 de diciembre de 1976, concede ya algunas facultades políticas a la persona del Rey, no pueden olvidarse dos cosas. Ante todo, su aparición nada menos que un año después de la muerte de Franco. Y que dichas facultades aparecen como algo de naturaleza excepcional y absolutamente nada tienen que ver con el contenido de una Monarquía parlamentaria posteriormente definida en la Constitución. Hay, por una razón y por otra, un largo vacío legislativo. Si no servía el recurso de acudir a la unidad de poder plasmada únicamente con carácter vitalicio a quien la disfrutó casi 40 años, tampoco hubo una temprana regulación de la Monarquía como institución. Es decir, legalmente el Rey tuvo durante bastante tiempo las manos completamente libres. Para hacer y deshacer. Para ir por un camino u otro. Su presencia era básica, fundamental. Y actuó con suma prudencia. Es la nota principal de este primer gran momento. Ratificó primero a Arias Navarro. Aceptó luego su cese. Nombró libérrimamente a Suárez (¡qué error!, pensaron algunos). Se dejó aconsejar por Torcuato Fernández Miranda. Llamó a su lado a quien quiso. Se entrevistó con la oposición. Y todo ello, sin base legal para así actuar. Su prudencia dio el conocido resultado de un feliz tránsito. Y, en segundo lugar, un tristemente célebre 23 de febrero. Aquí estamos ante un nuevo vacío, pero ahora de distinta naturaleza. Ya no es legislativo, sino institucional. Impedidos y aislados se encuentran dentro del hemiciclo quienes poseen facultad para obrar: Cortes y Gobierno. Y es de nuevo el Rey quien protagoniza la solución. Con dos decisiones importantes.

UNA, consolidando y otorgando poderes a la Junta integrada por los secretarios de Estado y subsecretarios que, sin que la Constitución diga nada al respecto, reciben directamente por decisión regia cuanto pueda requerir el Gobierno de la nación. Y, otra, la orden que el Rey, en su calidad de máxima autoridad militar, transmite a todas las capitanías generales de acatar el ordenamiento constitucional y no sumarse a lo efectuado por el capitán general de Valencia, cuya actitud desautoriza. De nuevo, una presencia del Rey, como jefe del Estado y como garante del cumplimiento de la Constitución que, en su día, había jurado cumplir y hacer cumplir. También aquí hubo un cierto margen para la decisión regia. Y también aquí fue el mensaje del Rey el que salvó la situación y apaciguó las inquietudes de los ciudadanos. El Rey añadía, así, un nuevo título a su legitimidad. Aunque únicamente fuera por estos dos momentos brevemente sintetizados, a los que se podrían añadir muchos otros logros (sobre todo en su importante papel en la política exterior), bien merecería este aniversario una mayor relevancia de la parcamente habida.