Recientemente, la oficina de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán (CIDHA) de la provincia de Kudoz informó del rescate de una joven que había estado presa en una mazmorra de sus suegros durante siete meses. Sahar Gul, de quince años de edad, fue obligada a casarse con un hombre mayor que presta servicio en el ejército afgano. Después la familia de su marido la mantuvo en la mazmorra y la torturó brutalmente durante meses, porque se negó a trabajar de prostituta.

En los diez últimos años, la CIDHA ha recibido más de 19.000 denuncias relativas a violencia contra las mujeres. Pese a haber logrado algunos avances en la investigación de dichas denuncias y su remisión al sistema judicial, además de haber contribuido a la sensibilización a ese respecto, las dificultades siguen siendo enormes.

Desde 2002, se han adoptado muchas medidas para mejorar la vida de las mujeres en el Afganistán. El país ha promulgado varias leyes nuevas y ha establecido un marco jurídico bastante avanzado para poner fin a la discriminación contra las mujeres, incluida una nueva ley que tipifica como delito cualquier acto que entrañe violencia contra las mujeres.

Pero las leyes y las políticas no son suficientes por sí solas para proteger a las mujeres de unos horrendos malos tratos domésticos. De hecho, el caso Gul no es el único del que se ha hablado mucho públicamente. También hubo el de Gulnaz, una joven que fue encarcelada como adúltera después de haber sido violada por un pariente (recientemente ha sido liberada tras concedérsele un perdón presidencial, pero puede verse obligada a casarse con su atacante). El marido de otra joven, Aisha, le cortó la nariz y los oídos, cuando se escapó de su casa.

La violencia contra las mujeres en el Afganistán persiste por muchas razones. En primer lugar, el país ha heredado una tradición patriarcal tribal que da por sentada la inferioridad de las mujeres. Así, pues, las mujeres están privadas de sus derechos y libertades básicos.

En segundo lugar, hay un fuerte incentivo político para la privación a las mujeres de sus derechos. Los grupos radicales reciben un apoyo inmenso del gran porcentaje de la población que se opone a los derechos de las mujeres. Los talibanes, por ejemplo, han recurrido constantemente a una política contra las mujeres para atraerse a la población tribal y rural.

En tercer lugar, se consideran más importantes el orgullo y el honor de la familia que el bienestar y la seguridad individuales de una mujer. Por ejemplo, si los familiares golpean o maltratan a una mujer, ésta dispone de pocas opciones. Con frecuencia, la única es permanecer callada o correr el riesgo de desacreditar a la familia. Si denuncia el caso a las autoridades, se puede afirmar casi con toda seguridad que nunca se investigará apropiadamente ni se procesará a los autores. Gul, por ejemplo, denunció ante la policía a sus maltratadores suegros, pero, cuando algunos de los contactos influyentes de estos últimos intervinieron, se la obligó a volver con la familia.

En cuarto lugar, con frecuencia se aplican las leyes arbitrariamente y la sharia (la ley islámica) muchas veces tiene prelación sobre la legislación civil, a consecuencia de lo cual existe una impunidad generalizada en el caso de los delitos de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en octubre de 2010, el Tribunal Supremo del Afganistán resolvió que se podía acusar del delito de prostitución a las mujeres que escapasen de su casa, a no ser que se presentaran ante la policía o en la casa de un familiar cercano. Esa mentalidad es la que propició la victimización de Gul.

Por último, si bien los talibanes perdieron el poder hace diez años, la discriminación y la violencia contra las mujeres ha existido en la sociedad afgana durante siglos. Así, pues, pese a la consecución de algunos avances, la sensibilidad pública y oficial ante la violencia contra las mujeres va surgiendo muy lentamente.

El Gobierno del Afganistán debe adoptar varias medidas para proteger plenamente a las mujeres. Por encima de todo, se debe procesar y juzgar conforme a la ley a los autores de violencia contra las mujeres, para lo que será necesario fortalecer el Estado de derecho y acabar con la tradicional impunidad prevaleciente.

Para ello, será necesario, a su vez, educar mejor al público en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres mediante libros de texto, cursos de educación permanente y una campañas sólidas en los medios de comunicación.  También será necesario persuadir a los representantes y a las autoridades para que formulen políticas y asignen ingresos presupuestarios a la lucha contra la violencia que padecen las mujeres y formar a la policía y a los jueces para que se ocupen de los casos de violencia contra las mujeres sin ceder ante las alegaciones relativas al honor de la familia. Tal vez lo más importante de todo sea fiscalizar, si no prohibir pura y simplemente, los sistemas judiciales no constitucionales, como la sharia.

En cuanto a Sahar Gul, se debe investigar exhaustivamente su caso y la policía y la judicatura deben comprometerse a llevar a sus torturadores ante la justicia. Además, se deben estudiar el caso de Gul y otros similares para entender las raíces de semejantes delitos. Mientras los dirigentes del Afganistán no empiecen a abordar ese problema en serio, nuestro país seguirá llevando la cicatriz de la violencia contra las mujeres en su rostro.

Por fin los eurodiputados hemos votado la euroorden de protección para las víctimas de violencia después de dos años de tramitación en el Parlamento Europeo.

A lo largo del último debate en Estrasburgo me han preguntado acerca de si lo que aprobamos es una orden de protección contra la violencia o es una orden de alejamiento. Me resulta curiosa esta última denominación de la iniciativa puesto que siempre la hemos llamado orden de protección. Pero es verdad que depende de si la ves desde el punto de vista de la víctima o del agresor. Lo esencial es que la orden consiste en el alejamiento del agresor. Y, sin embargo, no la hemos llamado orden de alejamiento porque el acento lo hemos puesto en la víctima. Esta no es una orden punitiva contra el agresor, sino una orden preventiva a favor de la víctima.

La diferencia no es menor, pues es una medida cautelar, sea cual sea la tradición jurídica de un país, y sean cuales sean las autoridades encargadas de llevarla a la práctica. Esta fue la idea de la presidencia española cuando en enero de 2010 la presentó con el apoyo de 11 Estados miembros. La presidencia española sabía que la tradición jurídica de cada país es diferente, pero no es la primera vez que se solventa una complejidad técnica con un instrumento único reconocido por todos. Tanto si es un juez penal quien emite la orden como si es un juez civil o una autoridad administrativa o policial, la medida cautelar es reconocida por el otro país. Este era el sentido de la iniciativa española, que era consciente de que abría una página importante a favor de la justicia preventiva y reparadora. Después del Tratado de Lisboa, la primera directiva que aprobamos en esta línea es esta. Además, ahora el Parlamento Europeo es colegislador, es decir, no se hubiera podido llevar adelante sin nuestro consenso y apoyo y, en este caso, tengo que decir, sin nuestra insistencia.

¿Y quiénes son las personas protegidas? Este ha sido un debate intenso, puesto que la presidencia española, acertadamente, había puesto el acento en las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, a lo largo del procedimiento, se han incluido a todos aquellos que sufren maltrato y violencia: menores, disminuidos, ancianos, mujeres inmigrantes (que sufren además prácticas salvajes como la mutilación genital), homosexuales y, en general, todo aquel que puede sentirse amenazado o coaccionado en su dignidad e integridad física. No existe ninguna lista que limite su aplicación. El único límite que se deduce del sentido de esta orden es que el agresor tiene que ser conocido. Si individualmente una persona es amenazada por un terrorista o un narcotraficante conocido puede, bajo esta iniciativa, solicitar protección. Pero, si la amenaza viene de una banda, de una asociación criminal o de una secta, difícilmente puede un juez dictar una orden de protección si no hay un individuo concreto contra el que dictar la medida.

¿Y a partir de qué momento puedes pedir que se aplique la orden de protección? Este ha sido sin duda el debate más relevante. Quienes, en un principio, estuvieron en contra de esta euroorden por razones diversas, algunas no confesables, no la aceptaron como medida cautelar. Tras el pánico inicial que a algunos les produjo la iniciativa, por el desconcierto en una Europa que quiere seguir ignorando el problema, empezaron los argumentos jurídicos. Imposible aceptar una medida emitida en el país de origen si no ha habido sentencia. El reconocimiento mutuo en materia judicial se basa en sentencias. Era el momento de esgrimir que si ha habido sentencia firme en contra del agresor, la víctima puede ya haber muerto. Y entonces entrábamos en la dificultad de fondo: una medida cautelar emitida por un juez penal no puede ser reconocida más que por otro juez penal. La lógica jurídica debe ser meridiana. Pero la realidad que vivimos en Europa demuestra que somos diferentes y, no obstante, nos reconocemos los unos a los otros. Había otra alternativa propuesta por los alemanes: que las medidas cautelares las emitan en Europa los juzgados civiles, los alcaldes o las autoridades policiales. En estos casos las medidas son más rápidas y eficaces. Quizás pueda ser verdad, pero nuestra realidad jurídica es la que es. ¿Cómo hacer frente a nuestra diferencia? Sin duda, el debate en el ámbito mercantil o en otros ámbitos administrativos, donde las realidades jurídicas son diferentes, no llega a estos extremos y se usan vías e instrumentos mucho más pragmáticos. Pero hablamos de derechos fundamentales, hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de algo que en Europa todavía es tabú.

Y quizás los juristas rigurosos de la Comisión, que estaban en contra, no tuvieron en cuenta que para detener a un sospechoso y juzgarle en otro país o devolverle a su país de origen no se necesita sentencia previa. Basta con que existan pruebas. Este es el caso de la euroorden de arresto que lleva bastantes años aplicándose y que ha permitido detener a delincuentes de todo tipo.

Como siempre ocurre, las medidas de seguridad suelen responder a situaciones de emergencia. No obstante, la evidencia nos demuestra que para que la confianza mutua entre las distintas instituciones policiales y judiciales se produzca, tiene que haber algo más.

Por eso, para el reconocimiento mutuo de las pruebas se tramita ahora la euroorden de investigación y se está tramitando la hoja de ruta sobre garantías procesales para defender los derechos del sospechoso. En este caso, se trata de establecer los mínimos nacionales sobre los que basar la confianza.

En este contexto, la euroorden de protección para evitar los asesinatos de las mujeres que se desplazan a otro país porque quieren rehacer su vida introduce una novedad que es su carácter preventivo. La prevención del delito y la reparación de las víctimas son conceptos nuevos que empiezan a abrirse camino. El paquete sobre los derechos de las víctimas que se debate ahora en el Parlamento Europeo es una prueba de ello.

Es cierto que su carácter preventivo introduce complejidades como en este caso. Y al final la comisaria Viviane Reding introdujo una solución salomónica. Los países cuyas medidas cautelares son emitidas por autoridades civiles o administrativas dispondrán de un reglamento con un mecanismo automático de reconocimiento.

Un reglamento vincula en el momento en el que se aprueba. La directiva tiene que transponerse a la legislación nacional. Esta solución, que se prevé solo para los países cuya jurisdicción es civil o administrativa, no resuelve el problema. ¿Qué ocurrirá cuando la medida se establezca entre países de tradición jurídica diferente, por ejemplo entre España y Alemania? Sigue existiendo la diferencia, y, por lo tanto, la fórmula que ofrecía la presidencia española seguirá siendo la única eficaz: la medida será emitida y reconocida por un juez “o equivalente”.

¿Cuántas serán las personas protegidas? Este ha sido el tercer caballo de batalla, puesto que, desde el principio, se negó su necesidad. El primer argumento que planteó la comisaria Viviane Reding fue el de la obligación de presentar un estudio de impacto. Sin embargo, el estudio elaborado no proporcionaba datos sobre la necesidad y la urgencia. Los datos españoles ofrecían, entre las más de 100.000 órdenes de protección emitidas, un porcentaje muy importante de extranjeras. ¿Cómo saber cuántas se desplazan?

La importancia de tener datos oficiales es evidente para valorar el alcance del fenómeno al que nos enfrentamos. ¿Cómo saber cuántas mujeres son asesinadas en Europa si no hay datos oficiales? Es cierto que los Gobiernos no quieren poner los datos sobre la mesa. Pero España los puso, y gracias a eso sabemos las características del problema, aunque estemos lejos todavía de acertar con las mejores soluciones. Nos sigue quedando esta tarea. Y algunas más para llegar a una estrategia europea contra la violencia.

Cuando era niña en Chile, escuché muchas veces un dicho que era común en esa época: “quien te quiere te aporrea”, que significa algo así como “quien te quiere te trata mal”. Esta frase -aceptada entonces sin muchos cuestionamientos- hoy a todas luces se ha convertido en lo que verdaderamente es: un silencio cómplice frente a la violación a los derechos humanos de las mujeres. En sociedades que avanzan decididamente hacia mayor igualdad, justicia y equidad, la violencia de género es una amenaza contra la democracia, la paz y la estabilidad de nuestros países.

Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. En las últimas décadas hemos sido testigos de grandes avances: en la actualidad 125 países cuentan con leyes específicas que penalizan la violencia doméstica, algo inimaginable hace 20 años. El Consejo de Seguridad ha reconocido la violencia sexual como táctica de guerra deliberada y planificada. Y el derecho internacional ha dado pasos sólidos y sin retorno para condenar y perseguir los delitos de violencia sexual durante y después de un conflicto. Es cierto que se ha tardado, pero ya no habrá vuelta atrás en estas conquistas.

Sin embargo, este 25 de noviembre nos encuentra una vez más muy lejos de nuestros objetivos de lograr que millones de mujeres vivan libres de discriminación y violencia. Hoy 603 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violencia doméstica aún no es considerada un delito. Seis de cada diez mujeres han sufrido violencia física y/o sexual en su vida. La violencia sexual sigue estando presente en países ya sea en tiempos de paz como en épocas de conflicto. El feminicidio azota nuestros países a diario, en algunos bajo la más absoluta impunidad. Más de 60 millones de niñas son obligadas a contraer matrimonio y 140 millones de niñas y mujeres sufren mutilación femenina, con todo lo que ello implica para su vida y salud. Más de 600.000 mujeres y niñas son traficadas a través de las fronteras cada año, la gran mayoría con fines de explotación sexual.

Y aunque la igualdad entre mujeres y hombres está garantizada en las constituciones de 139 países y territorios, con demasiada frecuencia a las mujeres se les niega el acceso expedito a la justicia y a la protección contra los abusos. La pregunta entonces es: ¿qué más podemos hacer para enfrentar este flagelo? Existen la información y los diagnósticos, pero escasean la inversión sostenida y constante y la voluntad política de los gobiernos nacionales y locales. Es el momento para que los Gobiernos de todo el mundo asuman su responsabilidad frente a la violencia contra sus ciudadanas y lo hagan con acciones concretas, transparentes y compromisos medibles.

Desde ONU Mujeres vamos a reforzar nuestros esfuerzos para colaborar con los Gobiernos a enfrentar esta tragedia. Propondremos un programa de acción con 16 medidas concretas enfocadas en la prevención, protección y previsión de servicios públicos esenciales para proteger y erradicar la violencia contra las mujeres. Necesitamos de una postura de tolerancia cero ante la violencia, con la participación activa de socios poderosos para detener su propagación. Se requiere de liderazgo, leyes eficaces y una justicia inequívoca para enjuiciar a los culpables y poner fin a la impunidad.

ONU Mujeres está encabezando una iniciativa global para proporcionar a las mujeres y las niñas el acceso universal a instancias de apoyo a las víctimas. Atenciones durante las primeras 24 horas para su seguridad y la de sus hijos e hijas. Lugares de acogida, asesoramiento, apoyo psico-social y acceso a la justicia gratuita y eficaz.

Un papel fundamental tienen los hombres: los líderes, jueces, empresarios, esposos, compañeros, hijos, hermanos, amigos. Es a través de la educación, de campañas de sensibilización pública, de programas y políticas públicas que podremos enfrentar con eficacia esta realidad. No basta con el empoderamiento de las mujeres, su liderazgo y decisión. Hay una urgente necesidad de involucrar a todos para detener, prevenir y tratar la violencia.

ONU Mujeres está trabajando para cumplir con la promesa de la Carta de las Naciones Unidas sobre la igualdad de derechos de hombres y mujeres, junto a las agencias del sistema de Naciones Unidas, los Gobiernos, la sociedad civil, hombres y mujeres. No estamos solos. La democracia, el futuro de nuestro países, el presente de nuestras familias, la convivencia de nuestros entornos, la educación de nuestras comunidades, nuestras economías y la paz del mundo se ven amenazadas cuando la violencia campea ante nuestros ojos, a vista y paciencia de todos nosotros, y como sociedad no somos capaces de dar una respuesta que salve la vida de las mujeres y sus hijos.

El pasado mes de julio tuve la fortuna de visitar una casa muy especial en Managua. Me encontraba en Nicaragua como miembro de una delegación de Amnistía Internacional. Había muchas niñas y algunas mujeres. Recuerdo a una pequeña que bailaba disfrazada de princesa, y a otra ya adolescente que me enseñó las uñas pintadas de color morado fantasía, mientras una tercera me recitaba, orgullosa, un poema sobre la libertad que había escrito en su diario. Todo era alegría y bullicio. Esa era la parte visible.

La invisible es que todas estas mujeres habían sido objeto de abusos sexuales y violaciones a manos de familiares u otras personas que se habían valido de su posición de poder sobre ellas. Los hogares en Nicaragua, nos dijeron, son con frecuencia lugares peligrosos para las niñas, ya que cuando sufren abusos sexuales a manos de sus familiares se ven además presionadas para guardar silencio. Uno podía sentir una tristeza adulta en las palabras de Estefany, violada pistola en mano y con un hijo diminuto entre sus rodillas, cuando nos relataba que su agresor seguía libre, cerca.

Nicaragua es un país conocido por la revolución sandinista que derrocó y mandó al exilio en 1979 a la familia Somoza, tras gobernar el país más de una década. También por haber sufrido un conflicto armado interno, impulsado por Estados Unidos, tras la última etapa del régimen somocista, o por la devastación que causó en 1998 el huracán Mitch, con más de 4.000 muertos. Los turistas también lo aprecian por la belleza de sus volcanes e islas.

Hoy Nicaragua debería ser conocido por ser el único país de América que ha sufrido un retroceso desde 2008 en la protección de los derechos humanos de las mujeres, al no permitir el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando una niña sufre una violación y se queda embarazada.

Lo más preocupante es que este retroceso se ha producido en un contexto ya de por sí muy desfavorable para las mujeres. Según la policía, entre 1998 y 2008 se denunciaron en Nicaragua -un país con apenas 6 millones de habitantes- más de 14.000 casos de abuso sexual. Según la Comisaría de la Mujer y la Niñez, entre enero y agosto de 2010 se denunciaron 1.259 casos de violación. En dos terceras partes de estos casos las víctimas eran menores de 17 años. También en 2010 se registraron un total de 3.778 denuncias de abusos sexuales, y 39 mujeres y niñas fueron asesinadas. A pesar de ello, muchos perpetradores quedan en la impunidad.

Aun así, estos datos son solo la punta de un iceberg escondido bajo toneladas de miedo. Las mujeres y niñas que sacan fuerzas para denunciar la violación o los abusos sexuales se encuentran a menudo con fiscales y jueces que no cumplen las normas nacionales e internacionales sobre el trato a las víctimas de abuso sexual.

Durante nuestra visita, la Corte Suprema de Justicia hizo pública una sentencia que desafía al sentido común y a los derechos humanos, y así se lo manifestamos a uno de sus ponentes y a la presidenta de la Corte. Se trataba del caso de Fátima Hernández, una mujer muy joven que, después de ser violada por su compañero, pasó varios días ingresada en un hospital y tuvo que permanecer un tiempo en silla de ruedas. La Corte redujo la sentencia contra su violador, argumentando que a causa de la ingesta de alcohol, este “no pudo controlarse”.

Nos entrevistamos también con cuatro de los cinco candidatos a la presidencia de la República que se presentan a las elecciones del 6 de noviembre. Solo Daniel Ortega no nos recibió, aunque mantuvimos reuniones con representantes del Frente Sandinista. A todos les preguntamos si estarían dispuestos a hacer una declaración pública de tolerancia cero con la violencia hacia las mujeres, y a eliminar del Código Penal la prohibición absoluta del aborto, al menos en caso de violación y peligro de muerte de la madre. Algunos hicieron la declaración allí mismo, frente a decenas de periodistas, otros dijeron que la harían, todos se comprometieron a trabajar contra la violencia hacia las mujeres pero, salvo alguna excepción, nadie se comprometió a permitir que las niñas violadas que conocimos en Managua puedan elegir si quieren o no dar a luz.

La cruda realidad es que al Estado nicaragüense no le interesan las niñas y niños que sufren violencia sexual. El plan más reciente para combatirla se elaboró en 2001 y finalizó en 2006. Desde entonces, nada.

Ante las próximas elecciones, muchos temas serán objeto de debate en Nicaragua. Desde Amnistía Internacional nos hemos empeñado en que también se oigan voces como la de Estefany, porque la política debería ser ante todo una forma práctica de conseguir avances en derechos humanos. “Lo peor, que padre, sacerdote, familia, llegaron a decirme que mejor me arreglara, mejor así porque no querían escándalo; estaba afectando a mi familia y nadie me creyó. Toda mi familia se volvió en contra de mí, salvo mi madre”. Señores candidatos, ¡escuchen!, tienen ustedes la oportunidad de evitar que Nicaragua sea conocido en el mundo como un país donde las niñas violadas no merecen la protección del Estado.

La cantidad de mujeres asesinadas está en aumento en gran parte de América Central y México. En algunos países, como Honduras, el incremento es cuatro veces superior al de los hombres. Es más, muchos de estos asesinatos son cometidos con extrema violencia -salvajismo sexual, tortura y mutilaciones- por perpetradores (muchas veces involucrados en el crimen organizado) que actúan con un alto grado de impunidad.

En países como Chile, Argentina y Costa Rica, donde los niveles generales de violencia son más bajos, los asesinatos de mujeres normalmente son cometidos con menos violencia, por parejas o ex parejas en el contexto de un “abuso doméstico”.

En América Latina, todos estos crímenes se conocen como “femicidios”: asesinatos de mujeres precisamente por ser mujeres. Los casos vinculados con violencia doméstica son tratados con indulgencia por las cortes; en algunos países, los celos o la falta de condenas previas pueden reducir el castigo. Aquellos crímenes cometidos por extraños, muchas veces con una intensa crueldad -y muy a menudo asociados con grupos del crimen organizado como las maras centroamericanas-, rara vez terminan en los tribunales.

Sin embargo, la realidad de América Latina en los últimos años demuestra cierta yuxtaposición entre estas categorías. Los asesinatos brutales de mujeres también ocurren en países como la Argentina, donde una asombrosa cantidad de mujeres fueron quemadas por sus parejas o ex parejas. En México, mujeres han sido asesinadas por asesinos a sueldo, contratados por sus maridos o parejas para hacer que el homicidio parezca obra del crimen organizado. Y, en los países centroamericanos, hay mujeres que son asesinadas por grupos criminales como una suerte de amenaza o mensaje a sus maridos o compañeros.

No obstante, el femicidio en América Latina sigue siendo una cuestión de realidades diferentes. La tasa para las mujeres en El Salvador es la más alta de la región: 13,9 cada 100.000. En Guatemala, la tasa es de 9,8 cada 100.000 mujeres; y en los estados mexicanos como Chihuahua, Baja California y Guerrero, la tasa casi se triplicó entre 2005 y 2009, a 11,1 cada 100.000. Por otra parte, las tasas en países como Chile y Argentina no superan 1,4 cada 100.000.

Esa diferencia subraya una realidad fundamental: la violencia asociada con la “guerra contra el narcotráfico” y el crimen organizado -incluyendo la corrupción estatal- en algunos países tiene consecuencias específicas para las mujeres. Como sucede en la guerra, la violación cruel de las mujeres es simbólica: crea cohesión dentro de los grupos armados, reafirma la “masculinidad” y es una forma de atacar “la moral del enemigo”.

Pero la violencia “doméstica” también se está agravando: si bien hay mujeres en todo el mundo que son amenazadas por sus parejas, el riesgo se eleva sustancialmente cuando los hombres tienen fácil acceso a armas y una probabilidad menor de ser llevados ante la justicia, como sucede en México y Guatemala, donde la tasa de impunidad supera el 95%.

Desde 2007, se adoptaron varias leyes que sancionan específicamente los femicidios: en Costa Rica y Chile, estas leyes tienen como objetivo exclusivamente aquellos asesinatos cometidos por parejas o ex parejas, mientras que en Guatemala y El Salvador, también se incluyen los asesinatos cometidos por extraños. En los últimos meses, leyes e iniciativas similares proliferaron también en México.

No resulta claro si estas leyes efectivamente castigarán los crímenes o simplemente reducirán la visibilidad de los números: si un crimen exige ciertos elementos difíciles de probar para ser considerado un femicidio, una gran cantidad de asesinatos seguirán registrados en los libros como simples homicidios, y las autoridades podrán decir que “redujeron” la tasa de femicidios.

En países como Chile o Costa Rica -así como en gran parte del mundo-, los defensores de los derechos de las mujeres exigen que el estado prevenga los femicidios respondiendo de manera rápida y efectiva a las amenazas de muerte y abuso. En los países más afectados, también exigen que los asesinos vayan a juicio. Pero no basta con sancionar nuevas leyes, teniendo en cuenta que los sistemas policiales y judiciales están debilitados en gran parte de la región.

Mientras la “guerra contra las drogas” siga siendo un buen negocio no sólo para los traficantes y lavadores de dinero, sino también para la industria de las armas de los países desarrollados, la inundación de armas en la región seguirá alimentando la violencia -que incluye manifestaciones extremas contra las mujeres- y debilitando el sistema judicial. La falta de control de las armas, sumada a la impunidad, hace que los asesinatos resulten más fáciles y baratos.

Sin duda, la violencia contra las mujeres existe en tiempo de paz. Pero aumenta y empeora en tiempos de guerra. La “guerra contra las drogas” debe terminar y eso exige cambios a nivel mundial en las políticas de control de drogas que, desafortunadamente, ninguna iniciativa anti-femicicio menciona. Poner fin a esa guerra no erradicará los femicidios en América Central y México, pero al menos podría reducir la tasa de asesinatos de mujeres a las cifras más “saludables” de otros países afortunados de estar más lejos de las principales rutas del narcotráfico.

I recently learned of a poll showing the worst places in the world to be a woman. To my surprise, Somalia was ranked 5th. For me, the situation of women in Somalia stands as the worst in the world.

Mogadishu is a living hell for women struggling to feed their children amid war, drought, famine and utter devastation. No matter how hard I try to describe the situation, you could never imagine the reality on the ground. Indeed, nothing could have prepared me for the destitution and destruction that I saw when I returned to Somalia’s capital last year.

Somalia is often described as the world’s original failed state – a lawless country that has been engulfed in conflict for more than 20 years. But as I work with women on the ground, I find that one of the greatest risk to women’s lives is not war, but birth. One of the most dangerous things a woman in Somalia can do is to become pregnant. When she does, her chances of survival drop considerably due to the nonexistent antenatal care, nonexistent medical supplies, the extraordinarily poor healthcare available and the lack of infrastructure. A woman’s lifetime risk of dying from maternal causes here is 1 in 14. This is one of the highest rates in the world, second only to Afghanistan. When a woman is due to give birth, she just waits for delivery, praying she doesn’t die in the process.

Add to this the constant risk of getting shot or raped, as well as the ubiquitous practice of female genital mutilation (FGM) – something 95% of girls aged 4 to 11 face – make women’s lives in Somalia almost unlivable.

Fortunately, however, we’re making progress – albeit one step at a time. The opening of the recent women’s centre in Mogadishu, as well as the frequent radio broadcast programmes on women’s issues, help raise the subject of FGM and its dangers to a national audience. We find that the more women and men are educated about FGM and the difficulties it causes during labour and its contribution to the high maternal death rates; as well as the religious rulings against it, the more people are responding positively. With every mother that says no to FGM, with every wife-seeking husband that says no to FGM, we’re making progress.

At the women’s centre, we try to provide women and young girls with sustainable skills and training, which we hope will allow them to better their lives and to overcome their current situations. In addition to this, we are opening a new, larger women’s centre in the next few weeks, in which we hope to provide basic education, further vocational courses and counselling services. We also plan to use parts of the new centre as an emergency shelter for women who have been abused and have nowhere else to go.

However, the difficult security situation in the country continues to threaten this painstaking progress. Currently, around 1.4 million people, mostly women and children, are displaced within Somalia after being forced to flee their homes. Many young girls and women are at risk of rape every minute of every day. I’ve seen girls as young as 5 who had been raped; the inability to enforce law in several areas allows for savages to kill and rape with impunity.

I urge the international community not to forget the people of Somalia, especially the disproportionately affected women and children, because they need you. With only little resources and expertise on the ground, I ask my fellow sisters scattered around the world to ask the tough questions, knock on the doors of the powerful and to continue to speak up.

We hope here in Somalia that one day, we too can better speak up for the women and girls of the world.

Un hombre mata a su pareja y un columnista escribe que es «un chico normal», la madre de la joven asesinada refiere tras el crimen que discutían «lo normal», y cada día mujeres que sufren la violencia de género explican que «sus maridos les pegan lo normal». Mientras, muchos hombres que oyen todo eso comentan que con lo que están cambiando las cosas «es normal» que ocurran hechos como esos.

Algo anormal tiene que haber en lo normal cuando actúa como referencia para ejercer la violencia contra las mujeres, y luego para justificarla. Si nos aproximamos a la idea de normalidad comprobamos que son varios los elementos que giran a su alrededor. Así, por ejemplo, algo normal es aquello que se presenta como apropiado para un determinado fin, o algo esperado ante unos factores concretos. Si hablamos de unas circunstancias o de un contexto definido, lo normal es lo adecuado al mismo, y si lo hacemos sobre planteamientos futuros en términos de hipótesis lo normal aparece como lo probable.

Si se pudieran destacar dos elementos que definieran lo normal, uno sería de carácter cualitativo, y vendría a representar lo consecuente con una serie de factores individuales o circunstancias particulares, y otro sería de carácter cuantitativo, y aparecería como lo frecuente. A la postre, lo integrado sobre lo común es lo habitual, y lo habitual hace que lo frecuente sea normal, de manera que el elemento que más pesa para definir desde el punto de vista práctico la normalidad, al final es lo frecuente. Y esta limitación de reducir lo normal a lo repetitivo es una de las principales trampas de la cultura, que, como si fuera un trilero que cambia de lugar los conceptos para ocultar bajo el cubilete su significado, altera el orden y presenta lo frecuente como normal, cuando debería ser al contrario y hacer que lo normal, por su valor y sentido, lo llevara a ser frecuente.

No puede haber normalidad en las conductas que atentan contra los derechos de las personas ni en los valores y referencias culturales que les dan cabida y las legitiman. Y si no la hay desde el punto de vista conceptual ni ético, su repetición o su integración como parte de la habitualidad no pueden hacerlas normales. El uso repetido podrá hacerlas frecuentes y próximas, pero entenderlas como normales es incompatible con su origen ilícito.

Lo normal procede de la idea de un orden natural preconcebido en el que todo tiene un sentido prefijado, y en el que cada elemento debe desempeñar el papel asignado para la consecución del objetivo común. Y la normalidad es la referencia de lo habitual para que los hechos y acontecimientos sean como tienen que ser. El orden de la normalidad es el orden de lo frecuente, de lo común, de lo repetido… de lo de siempre. Porque el determinismo del que parte busca perpetuar las referencias que los hombres han dado como válidas a la hora de articular la convivencia por ser beneficiosas para ellos, por eso han hecho desde lo normal una distribución desigual de roles entre hombres y mujeres, y luego la han presentado como positiva para el conjunto de la sociedad.

Para ese orden la desigualdad no es considerada como un problema, todo lo contrario. El propio sistema se protege creando la idea de mal en negativo. Me explico. Como el diseño contempla que la desigualdad es buena para la sociedad, el hecho de no seguir las pautas y parámetros para que las cosas funcionen sobre ese esquema, es contemplado como un ataque al sistema. De manera que no cumplir con el orden natural de la normalidad es en sí mismo un acto de agresión o violencia frente al mismo. Lo hemos visto en la argumentación del columnista comentado, que interpreta que la libertad de la mujer para mantener una relación y formar una familia con quien decida es un acto de «violencia infinita» contra el hombre. Desde estas posiciones, la corrección del incumplimiento impuesto por la referencia cultural y actuar contra quienes se rebelan frente al papel que han de desempeñar, no es violencia, puesto que desde su punto de vista se busca mantener el orden y con él el bienestar del conjunto de la sociedad, aunque sea a consta del castigo correctivo a determinados individuos, las mujeres que no cumplen con su rol de esposas, madres y amas de casa.

El modelo alimenta la violencia contra las mujeres al entenderla como un instrumento adecuado para mantener el control, y al justificar su uso, incluso el homicidio, cuando la mujer decide romper la relación y salir de la violencia. Y mientras, quienes están más lejos de la solución se preguntan por qué siguen ocurriendo los homicidios. No nos debe extrañar cuando según los estudios sociológicos en España hay más de un millón de hombres que piensan que es adecuado usar la violencia contra la mujer cuando ésta se separa.

Para ellos es mejor que todo siga como está y de esa manera mantener las referencias tradicionales de la desigualdad. El orden lo da el seguimiento de las normas predeterminadas, y la idea de dejar hacer o de mano oculta que viene a recomponer de manera espontánea y natural aquello que no exige la aplicación rígida de las normas, o aquellas otras cuestiones de detalle donde las leyes no pueden llegar. Es la función que ha ocupado el control social, la reputación o el reconocimiento que tanto han acompañado a las mujeres para mantenerlas dentro de sus roles tradicionales. Ahora sabemos que esa mano oculta de la que hablaba Adam Smith para el mercado partiendo de la misma idea de orden natural, al referirnos a la desigualdad es la mano de un maltratador que obliga a las mujeres o las corrige violentamente, mientras otros dicen que es lo normal. Y es que la diferencia entre lo normal y lo natural sólo está en la justificación utilizada.

Sima is 15 but looks younger. I met her in Kabul, in the female juveniles section of the Badam Bagh prison. She talks very little, but her eyes are full of grief. A defence lawyer told me it was likely she had been raped.

What is Sima’s crime? She is serving her sentence for running away from domestic violence. About half of all women in Afghan prisons are there for the same “crime”. Some of them are in prison with their babies. The youngest ones are no older than 12. Having spent time in jail, they will rarely be accepted back by their families and communities.

Ten years since the Taliban fled Kabul, while new laws, policies and development aid have brought some benefits to Afghan women, deep-rooted challenges remain. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights recently issued a report on harmful traditional practices against women and girls in Afghanistan. About half of women get married before the age of 15. It is estimated that 70-80% of marriages are forced. Selling girls or giving them away in settlement of a conflict is common practice. The literacy rate of Afghan girls of 15 or more is just 12%. Unsurprisingly, violence and abusive behaviour against them is widespread.

Afghanistan has ratified the convention on the elimination of discrimination against women, but its initial report is long overdue. A law on elimination of violence against women has been adopted recently, but its enforcement is a real challenge: victims are reluctant to seek help from police officers, 99% of whom are male.

So, what can they do when they face abuse? Desperate girls and women all too often commit suicide, an increasing number of them by self-immolation. Those who have the courage to run away and seek refuge within their family are often returned to their abusive husbands or parents. The ones who try to find a safe haven at their neighbours’ or friends’ houses face criminal charges for the intent to commit zina (adultery, or sexual relations out of marriage). The punishment is not provided by law – nor, I was told by experts, is it consistent with sharia, which requires witnesses and proof. It is based merely on an instruction of the supreme court of Afghanistan. The only safe haven for victims are NGO-run shelters for women and girls, yet Afghan authorities have recently threatened their continued operation.

I visited the oldest shelter in Afghanistan and talked to the girls and women under its protection. It was heartbreaking to hear their pleas for the maintenance of the shelters, as they are the only places they can go: “If this place is closed, I have no option then to kill myself”, a young women told me. I raised the issue with President Karzai, who assured me that the number of shelters would not be reduced and that he was in favour of government financially supporting NGO-run shelters.

The UN security council has adopted a resolution extending the mandate of the UN assistance mission in Afghanistan. It “strongly condemns” continuing discrimination against women and girls; calls for enhanced efforts to secure their rights; and supports women’s shelters. It also addresses the main problem: empowerment of Afghan women and ensuring that women’s rights are an integral part of peace, reintegration and reconciliation efforts. If girls are not educated and women not included in political life, public administration and the justice system, traditional harmful practices will continue and their human rights will never be protected. Only if they are present and active in peace talks can they rest assured that even the modest gains secured to date will not be used as bargaining chips.

For peace to be sustainable and just, both Taliban and women should sit at the negotiating table and be included in shaping decisions on the future of Afghanistan.

Monseñor Reig Plá, obispo de Alcalá y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, ha declarado recientemente que “los matrimonios canónicamente constituidos son menos dados a la violencia doméstica que aquellos que son parejas de hecho”, y que la violencia de género tiene lugar sobre todo en procesos de divorcio o de separación. Considera lamentable, además, que haya tantas iniciativas legislativas que no protegen la familia y, contra toda lógica ética y jurídica, llega a aseverar que la ley de divorcio exprés se ha convertido en “una ley de repudio” y “es un paso más en la disolución de la familia”.

Ubicándome en el mismo escenario que monseñor Reig Plá, mi tesis es la contraria: en los matrimonios católicos hay una mayor propensión a la violencia de género que en las parejas de hecho precisamente por la pervivencia, en aquellos, de la estructura patriarcal y por la imposición de la indisolubilidad, que, a la larga, se convierten en fuente de maltrato hacia las mujeres y los hijos. Intentaré demostrarlo apoyándome en algunos textos de la Biblia cristiana.

“La mujer, que oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión… Con todo se salvará por su maternidad”. El texto pertenece a la 1ª Carta a Timoteo -libro canónico del Nuevo Testamento-, para quien el recato, el silencio, la sumisión al varón son las virtudes que han de adornar a las mujeres y la procreación es su destino.

La 1ª Carta a los Corintios recurre a un razonamiento similar para justificar la superioridad del varón sobre la mujer: Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la Iglesia y el varón es la cabeza de la mujer. A partir de aquí, el autor de la Carta da instrucciones precisas sobre el comportamiento de las mujeres en la asamblea cristiana: se les prohíbe profetizar; a la hora de rezar, deben cubrirse la cabeza. Si no lo hacen, deben cortarse el pelo al rape. ¿Y el varón? No debe cubrirse la cabeza ya que “es imagen de la gloria de Dios” y “no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón, ni fue creado el varón por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varón”. Con este razonamiento se da por cerrada la discusión: “De todos modos, si alguien quiere discutir, no es nuestra costumbre ni la de la Iglesia de Dios” (1 Cor 11,16).

Se puede decir más alto, pero no más claro. Es Dios mismo quien impone a la mujer el uso del velo como signo “de sujeción”.

Similar ideología discriminatoria de la mujer defiende la Carta a los Efesios: “Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo: las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia está sometida a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo” (Efesios 5,21-24).

En los tres casos se trata de textos inspirados en los códigos romanos de familia, que establecían la dependencia de los miembros de familia del varón y que, en buena lógica, no pertenecen a la revelación. Sin embargo, al incorporarse a la Biblia cristiana adquieren carácter canónico y se convierten en imperativos en la vida de la familia cristiana.

Con la intención de privar a los textos citados y a otros similares de carácter imperativo se dirá que pertenecen al pasado y que carecen de vigencia hoy. Nada más lejos de la realidad. Siguen proclamándose públicamente en las celebraciones católicas, y muy especialmente en los matrimonios canónicos a los que se refiere monseñor Reig Plá.

Hace unos años yo mismo fui testigo de la lectura del último de los textos en la boda de un familiar muy cercano, tras la cual el lector dijo “Palabra de Dios”, a lo que la asamblea respondió al unísono “Te alabamos, Señor”. Siguen considerándose textos revelados y, por ende, normativos en la vida diaria de no pocos matrimonios católicos. ¿No es eso incitar a la violencia contra las mujeres, si no se comportan sumisamente?

Hay, con todo, un contrapunto: la Carta a los Gálatas, que se opone a todo tipo de discriminación: social, étnica, religiosa, cultural, y de género: “Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús… Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3,26-28). Bloch definía este texto como “la primera internacional de la igualdad”. Yo creo que se encuentra en plena sintonía con las leyes de igualdad de género y con los movimientos de emancipación de la mujer.

La piedra ha vuelto a rodar ladera arriba. Un juez de Sevilla reclamó la semana pasada emprender una investigación seria tras «detectar» que los índices de suicidios masculinos se habían disparado tras la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Aunque los dioses de la realidad continúan sin darle la razón (ayer mismo se registró un brutal crimen de género en Tarragona), Sísifo sigue empujando la roca de sus argumentos por la pendiente mediática para reclamar atención, sin darse cuenta de que lo que hay al frente no es el paisaje oscuro de las tinieblas feministas, sino su propia ceguera.

Este Sísifo metafórico y sus seguidores ya habían movido el pedrusco de las denuncias falsas, que terminó por caérseles sobre los pies. Clamaban que el 97% de las denuncias por violencia de género eran falsas. Sin embargo, el CGPJ ha concluido que suponen el 0’18% y la Fiscalía General del Estado el 0’018%. Sólo alguien que no quiere ver puede confundir una realidad con otra, y sólo el que quiere mantener la oscuridad en el ambiente recoge la primera información y omite los datos institucionales.

El corifeo de escépticos intenta ahora poner otra piedra en el camino relacionando los suicidios masculinos con la violencia de género. Y para no perder el impulso, también lo vinculan con las denuncias falsas. Pero de nuevo la manipulación de los datos hace de la roca una china en sus zapatos que los lleva a caminar sin rumbo. Viendo datos, lo primero que sorprende es la fuente de los mismos, que no es otra que su propia experiencia, la cual les lleva a concluir que cada año se suicidan en España unos 4.000 hombres. Y desde luego que sorprende, sobre todo cuando el INE recoge una cifra de alrededor de 2.500 suicidios masculinos. Imagino que el resto lo harán arrojándose al mar durante cruceros vacacionales y por eso no son contabilizados.

Afirman también que los suicidios masculinos se han disparado desde la entrada en vigor de la Ley Integral, pero las estadísticas oficiales vuelven a destacar la sinrazón de su argumento. Según Eurostat, la tasa de suicidios en hombres, por primera vez en la Historia, ha disminuido año a año desde 2004, cuando se aprobó la Ley Integral.

Ante la falsa situación que describen, piden una minuciosa investigación de los suicidios de hombres. Tal petición llama la atención. ¿Acaso no saben por su experiencia que cada caso de suicidio conlleva una profunda investigación judicial en la que la intervención médico-forense es fundamental para conocer las circunstancias de la muerte, entre ellas los factores que pudieron llevar a cometer el suicidio?

Todo ello parte de un grave desconocimiento de los estudios sobre el suicidio, entre ellos los de la OMS, que reflejan que la tasa de suicidios es más alta en hombres debido a las influencias culturales que los presentan como personas capaces de resolver los problemas por sí mismos, y a no pedir ayuda por creer que si lo hacen son menos hombres. Esta actitud no sólo incide en el suicidio; también lo hace en el padecimiento de mayores procesos crónicos, que no son detectados a tiempo al no someterse los hombres a reconocimientos médicos periódicos.

La piedra les vuelve a caer sobre los pies pero les da igual, lo que buscan es arrastrar con ella algunas ideas o críticas hacia la Ley Integral, y eso siempre lo consiguen. Lo que sorprende es cómo estos datos basados en experiencias propias y en contra de toda lógica y referencia formal tienen tanto eco y recorrido en la sociedad. Al final parece que cada uno escucha lo que necesita oír para mantenerse en su posición, aunque esta sea la de ayudar a Sísifo a empujar las rocas de la falacia por la pendiente de la vergüenza.

Nada dicen de los suicidios de las mujeres sometidas a violencia, estos sí documentados, con relación de causa-efecto con el daño psicológico provocado por el maltrato. Sólo buscan desarrollar la estrategia posmachista de generar confusión, dudas y desorientación para que permanezcan las referencias tradicionales en las que los hombres pueden decidir por las mujeres y, por tanto, imponer sus criterios. No es una deducción, es una constatación, y el ejemplo aparece en las últimas declaraciones del juez sevillano: «cuando un anciano mata a su mujer con Alzheimer no debe ser considerado como violencia de género».

Según este argumento, un hombre puede decidir sobre la vida de la mujer cuando ella tiene una demencia, su vida vale lo que él considere y hasta que él lo estime. En cambio, nadie se pregunta por qué siendo más las mujeres que cuidan a sus maridos seniles no se producen entre ellas decisiones de este tipo.

Todo esto sería absurdo si no fuera por lo grave que es y por el daño que está produciendo en quienes están atrapadas en la violencia, y por las alas que da a quienes la ejercen.

Habrá que tomárselo con cierta ironía y agradecer que, después de muchos años, la gran incógnita que planteaba Albert Camus cuando escribió El mito de Sísifo se haya solucionado. El filósofo comenzaba su ensayo con una reflexión: «No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio». La cuestión ha quedado resuelta para algunos: se debe a la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Por diversas razones -al igual que la nueva regulación del aborto, los matrimonios al margen del sexo de los contrayentes o el Estatuto de Cataluña- la reacción de significativos sectores políticos, sociales, doctrinales y judiciales contra la ley integral contra la violencia de género ha sido furibunda, despiadada y con poco fundamento. Algo bueno deben de tener esas cuatro normas. Pero el ataque más insidioso que puede recibir una norma es el de los jueces que la han de aplicar, cuando en lugar de aplicarla, la deconstruyen. El garantismo es una buena coartada, pero es una falsa coartada: no es garantismo de lo que se habla, sino de un hiperformalismo que es al Derecho lo que la anorexia a una dieta sana.

De esta forma, se consigue que en vez de castigar al agresor machista por delito se le castigue por falta, quedando el castigo por este hecho con una pena inferior a la que recibe hurtar un CD en un establecimiento: una multa ridícula que, en ocasiones, hasta paga la propia víctima. ¿Cómo se llega a este desatino? Desnaturalizado las normas.

Sabido es que la violencia machista no supone solo la agresión de un hombre sobre su pareja o ex pareja, sino que se requiere que sea dentro de un contexto de dominio, de abuso de poder. Al declarar la conformidad constitucional de la norma, la STC 45/2009 afirmó que lo que dota a la acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa es ese abuso del hombre sobre la mujer.

Por ello, o pese a ello, un minoritario sector judicial exige para castigar por delito de género que se pruebe tal relación de dominio en el caso concreto; como no se prueba, porque es imposible probarlo en el caso concreto, se castiga por falta. ¿Por qué es imposible probarlo en el caso concreto? Porque una gota no hace lluvia. El abuso de poder es una relación patológica, una de cuyas muestras es la agresividad del machista para con su acoquinada pareja o ex pareja. No se requiere para ello que se hayan oído gritos, voces o que uno de los (ex) cónyuges haya aparecido en público alterado; hace falta probar el cuadro psicosocial en que se encuentra la mujer.

La voluntariedad en las acciones nunca es objeto de prueba en un juicio, pues la voluntariedad de la acción es regla de experiencia: lo que se prueba es su ausencia o su construcción defectuosa; lo mismo ha de suceder con la relación de dominio. Analizada la relación de la pareja o ex pareja, no el incidente aislado, ahí está la trampa, surgirá que lo natural en dicha relación es el abuso de poder. Limitarse a lo que pueda aparecer o no aparecer de abuso de poder en las lesiones o amenazas concretas que se juzgan es sustraer el proceso al principio de verdad material. El abuso de poder no se verá reflejado en el modo en que los dedos del acusado se han impreso en el rostro de la víctima ni en la dirección o fuerza del apuñalamiento que refieran sus heridas ni menos aún en las voces que los vecinos o familiares hayan podido percibir al momento de la agresión. El abuso de poder, al ser un devenir histórico, debe y puede ser probado en su curso temporal, resultando la agresión el colofón del mismo, no su origen. Pero las reglas de la experiencia, además, nos enseñan que, si se ajusta la verdad material a la procesal, esa probanza será automática y lo que realmente ocupará el tiempo de los juzgadores será la prueba de descargo, esto es, de un hecho negativo que esgrima el imputado, descargo que solo a él incumbe. Pedir lo contrario es improcedente y una nueva agresión a la víctima.

No vaya a creer el lector que para llegar a esa conclusión el juez debe convocar a la Escuela de Viena en pleno para que confeccionen un dictamen psicológico de la mujer; en la inmensa mayoría de casos basta con tener la mínima sensibilidad que la experiencia desarrolla y observar cuál es el lenguaje tanto oral como corporal de la víctima, tanto durante la instrucción como en el juicio oral. Además, aquí, familiares, amigos y vecinos pueden desempeñar un papel contextual esencial. Ello y los dictámenes forenses en los que consten las lesiones físicas y sobre todo psicológicas, lesiones estas últimas que solo se explican como fruto de una relación de abuso de la que la mujer, al fin, haciendo acopio de un inaudito valor, quiere salir, implorando la ayuda de los poderes públicos. La respuesta que debe recibir no es de tener por no probada la relación patológica, negativa que procede de que el operador, pese a los pronunciamientos constitucionales en su favor, no considera de recibo la norma a aplicar. El juez trabajando al margen de la Ley pierde la legitimidad que le viene únicamente de la recta aplicación de la Ley.

El verano siempre esconde sorpresas entre su exceso de grados. El calor, destilado y concentrado en el mes de agosto, termina por subirse a la cabeza como si se tratara de una bebida espirituosa. Y cuando en la azotea craneal se encuentra con pensamientos en ebullición, el resultado suelen ser los malos humos que reflejan algunas opiniones y que, como la humareda al fuego, revelan conflictos ocultos. La igualdad y la violencia de género es uno de estos temas que agosto suele recalentar.

El pasado día 4 el Ministerio de Igualdad, como el pasado año, presentó el balance de la evolución de la violencia de género y el resultado de un estudio sociológico sobre actitudes y percepciones ante esta violencia. Todo este tema, rodeado de desconocimiento, ignorado históricamente, camuflado entre la normalidad de las costumbres y la tradición cultural y que además se traduce en consecuencias tan dramáticas como son cada uno de los asesinatos, exige mucho conocimiento e identificar claves de comprensión para avanzar en su solución. Es lo mínimo.

Pero el objetivo, al menos para una parte de la sociedad, es el contrario. Parece que molesta delimitar la realidad de la violencia de género para mostrarla tal y como es. Como se deduce de algunos artículos y opiniones aparecidos estos días, hay quien prefiere esconder la realidad de fondo bajo argumentos basados en percepciones individuales que se apoyan a su vez en datos aislados e inconexos. Sorprende que la llamada a la responsabilidad individual de las personas encargadas de la respuesta profesional se entienda como una culpabilización, en lugar de ver una apelación al compromiso que todos debemos tener ante el problema.

Como es época de sorpresas, el azar nos aborda ahora con un debate sobre el significado de la violencia doméstica. Incluso se discute la constitucionalidad de la Ley Integral Contra la Violencia de Género, a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que absuelve a un hombre de un delito de violencia de género, por no apreciar en los hechos «un móvil de dominación machista».

En este punto, se hace necesario recordar que la Ley Integral nace de la voluntad unánime de acabar con la violencia de género en la sociedad española, que a través del Parlamento se ha dotado de un instrumento para conseguirlo, actuando sobre la prevención y sobre los casos que se producen. La Ley Integral parte de la especificidad de la violencia de género y sus diferencias respecto al resto de la violencia interpersonal, que no está en el resultado, en el hecho de agredir a otra persona -en esto todas las violencias son iguales (terrorista, racista, mafiosa…)-, sino en su origen, en la motivación de la que parte y en los objetivos que pretende conseguir.

El modelo ecológico de la violencia que recoge el Informe Mundial de la OMS (2002) sitúa el origen de la violencia de género en el contexto sociocultural, que envuelve al resto de circunstancias entre las que, en la parte final, se encuentran los factores individuales que caracterizan la conducta desarrollada. Las causas de la violencia contra las mujeres no están en los elementos individuales que definen la relación de pareja (si ella gana más dinero que él o tiene más estatus, si existe dependencia material, si la agresión ha sido de un modo u otro…). Esos aspectos concretos matizan los hechos, pero no los definen.

La violencia surge de la desigualdad existente en la sociedad, que lleva a muchos hombres a mantener una posición de referencia o de autoridad -o lo que es lo mismo, una posición de poder- sobre la cual corregir o imponer sus criterios recurriendo, incluso, al uso de la violencia. Y para ello cuenta con la normalización de esta violencia que hace la propia víctima y la sociedad, y la legitimidad que le da el ejercerla desde esa posición de poder. No por casualidad existe una incidencia tan alta de violencia de género -no sólo homicidios-, ni tampoco resulta casual que más del 80% de las mujeres asesinadas no hayan denunciado, ni que las que lo hacen sean cuestionadas con argumentos falaces, por amplificados, como el de las denuncias falsas.

El artículo 1 de la Ley lo recoge de forma clara: la violencia de género es aquella que se ejerce «como manifestación de la discriminación, situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres…». No es una violencia que busca esos objetivos, sino que nace de esas circunstancias, y no como parte de un contexto individual de relación de pareja, sino como una situación general traída por la desigualdad atávica. Y no hay que escandalizarse por ello, sino resolverlo.

Cuando las declaraciones internacionales y la Constitución hablan de que no se puede discriminar por razón de ideología, raza, sexo, creencias… lo que nos están diciendo es que todas esas discriminaciones existen. Y si existe la discriminación por razón de sexo, significa que son las mujeres las que la han sufrido en una historia que abraza al presente. La violencia de género surge de ese contexto sociocultural y la Ley Integral busca acabar con ella para avanzar hacia la igualdad como valor interiorizado, no sólo como referencia externa exigible por ley. Por eso sanciona con más gravedad lo que es más grave, puesto que la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres en las relaciones de pareja cuenta con el beneplácito de una cultura que la ha normalizado y que cuestiona más a las víctimas y a quienes hablamos de ella que a los agresores y a quienes, de alguna manera, minimizan el calado de esa violencia.

No se puede ser simplista y decir que es una Ley contra los hombres. No es así; sólo actúa contra quienes se aprovechan de las circunstancias que la cultura sitúa a su alcance para ejercer la violencia, algo que no pueden hacer las mujeres. Pero ello no significa que ellas no sean sancionadas cuando agreden: lo son de manera proporcional al significado de la violencia que ejercen, y no sólo al resultado de la agresión.

La Ley Integral exige la concurrencia de elementos que confieren a la conducta una mayor gravedad sobre la base de las referencias culturales que la han normalizado e invisibilizado. Por eso el agresor tiene que ser un hombre, la víctima una mujer, y las circunstancias la relación de pareja. No es una normativa contra los hombres, pues a quienes no ejercen la violencia frente a sus parejas, o aquellos que agreden a una mujer fuera de la relación de pareja o atacan a otros hombres, incluso dentro de las relaciones de pareja, no se les aplica esta norma.

La Ley Integral refleja la voluntad ciudadana de acabar con la violencia de género, y eso significa abordar las circunstancias que dan lugar a ella, no sólo actuar sobre sus manifestaciones. La igualdad es la mejor medida de protección que podemos darnos para conseguirlo, y por ello tenemos que trabajar para alcanzarla y para velar por su cumplimiento.

Quien teme a la igualdad es un poco como el verano, aparentemente estable y claro, pero cargado de tormentas sorpresivas que buscan arrastrar lo nuevo para dejar las raíces de siempre.

En los últimos seis meses, 39 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, en España. En todo el año pasado cayeron 55. De estas 39, como de las otras 55, unas pocas habían denunciado malos tratos, por lo que se ve, con poca suerte o poca protección. De hecho, una de las últimas había visto cómo, 10 días antes, un juez consideraba insuficiente su petición de socorro. En un juicio rápido, posible gracias a la ley de violencia de género. Que duerma bien. El juez.

Nadie llega a acertar con un cuchillo de cocina sin haberlo esgrimido antes: denunciantes o no, las víctimas lo han sido después de una larga cadena de sufrimientos. Uno de los últimos asesinos había escrito de antemano su confesión, y la llevaba en el bolsillo cuando fue a matarla. Había preparado y acariciado su crimen.

Los guiris dicen que hay que ver, cuánto se mata en España. Es que las contamos, señor, suelo contestar. Y lo que no se cuenta, no se tiene en cuenta. España y Canadá las cuentan. Nadie más. Uno de los empeños de las feministas en el seno de Naciones Unidas es exigir a los países miembros que cuenten sus muertas. Muchos se niegan.

El número de muertas en España en los últimos seis meses supera la estadística del año anterior. Y coincide con una auténtica campaña del neomachismo -término felizmente acuñado por Amparo Rubiales- en varios frentes.

Si todos son políticos, que lo son, el primero lo es directamente: la campaña a degüello contra el Ministerio de Igualdad y contra la ministra, desde el mismísimo día en que fue nombrada. Me extraña no haberla visto llorar como a aquella magnífica ministra francesa. Yo hubiera llorado varias veces, y eso no mermaría ni mi inteligencia ni mi eficacia. La derecha no puede tolerar los pasos hacia la igualdad entre las mujeres y los varones, y la discriminación positiva, tan tímida, les parece mucho más discriminatoria que esa discriminación negativa que venimos soportando hace mil siglos, y que ahora se da un pasito para atajar. Pero así es la vida: los privilegios se dan siempre a base de desposeídos, es decir, con víctimas, y hay un momento en que éstas quieren, sobre todo, dejar de serlo. Eso ha pasado con las mujeres. Un Ministerio que propone y vigila que se cumplan los baremos de igualdad, y que plantea nuevos programas con este fin, me parece absolutamente necesario en una sociedad tan desigual como la nuestra.

El segundo frente es la prioridad legal de la llamada “custodia compartida”, que estaría y está muy bien en los casos de común acuerdo en el divorcio, pero que es un truco malo si hay malos tratos, separación contenciosa o abandono manifiesto. En suma, me parece que no debe ser el procedimiento legal prioritario, ni que pueda ser impuesto por el juez, y no solo a mí, sino a la inmensa mayoría de las juristas, y conste que el ir y venir de los niños de casa a casa no me parece tan peligroso como el que sigan en la de siempre, viendo y oyendo vete a saber qué. Los niños son instrumentos arrojadizos, pero lo son con divorcio y sin él, y lo son en muchas, demasiadas familias. Dice Ángela Alemany, abogada y miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que “la custodia compartida solo debería contemplarse en aquellos casos en que ambos progenitores estén de acuerdo, y preservando siempre el interés del menor que es el bien jurídico a proteger”.

También está la campaña para imponer el célebre SAP como prueba aceptable en los juicios de divorcio y custodia de menores. El SAP, diseñado y apoyado por algunas organizaciones integristas norteamericanas, es el llamado Síndrome de Alienación Parental, un desvarío de la mente del menor inducido por la malísima que tiene su custodia. Hombre, que hay gente que malmete, hay gente que malmete. Pero diagnosticar SAP para anular la voluntad del menor o poner en juicio su testimonio, y que ese diagnóstico psicológico tenga validez jurídica, eso sí que puede dañarle abundantemente en su psique. Lo deseable es que los niños no fueran a los tribunales, pero si es necesario, que vayan con todas las de la ley. El SAP, científicamente contestado en los mismos Estados Unidos de América, es solo un instrumento para castigar y desmentir a las madres.

Y, por fin hay otra sorda campaña contra la Ley de Igualdad, por un lado, y contra la de Violencia Machista -que ya sé que no se llama así, aunque debería- que esgrime la supuesta falsedad de las denuncias de malos tratos. Yo no digo que no haya casos de denuncias tramposas, pero no ponen a prueba la ley: en todo caso, su funcionamiento, que debe preservar el derecho de defensa y presunción de inocencia que tiene cualquier acusado, inocente o culpable. Mientras, demasiadas veces, cuando quiere llegar la ley, la mujer ya está muerta. ¿No conmueve esto a los buenos padres que llenan los medios de soflamas por los maridos suicidados -después de cargarse a la suya, claro- y por quienes fueron “atrapados” por la ley de violencia? Pues no, no les conmueve ni lo más mínimo. Están en una guerra abierta, la guerra de los sexos, y esperan restaurar la situación de prepotencia y poderío anterior, con todas las leyes de su parte. Como antes.

Y mientras, y han muerto una a una, asesinadas de una en una, 39 mujeres han caído en solo seis meses y solo en España. Algunos de los asesinos se han suicidado después. Podrían haber empezado por lo segundo, digo yo.

Desconcierta leer los análisis acerca del deplorable aumento de la violencia contra las mujeres que se ha producido este año y que se afirme que el aumento de la violencia está relacionado con la crisis económica. Cuando hace 10 años la media de mujeres muertas anualmente a manos de hombres era de 60 a 80, ¿qué crisis vivíamos? El año de cifras más bajas de asesinadas, con solo 52, fue el 2009, cuando nos encontrábamos en el punto álgido de la crisis. El mayor número de víctimas hasta ahora –documentadas– es del 2006, cuando ni siquiera se avistaba la crisis.

Asombra más que ninguno de los expertos se explique a qué se debe que, mientras aumentan los feminicidios, las denuncias disminuyen, e indignación produce que se explique la desatención de las víctimas diciendo que solo habían denunciado 6 de las 33 asesinadas hasta aquel momento –según cifras oficiales, que siempre son más modestas que las que contabilizamos las organizaciones feministas–, además de las dos gravemente heridas que no engrosarán la estadística, ya demasiado abultada para permitir la comodidad de los ministerios responsables.

Esas seis mujeres, cuya pequeñez numérica resulta despreciable para los analistas del fenómeno, habían confiado en la protección que debía prestarles el Estado democrático y avanzado de nuestro país. Acudieron a la policía, esperaron resolución judicial, y alguna, como la hija de la víctima del 30 de junio en La Guancha (Tenerife), obtuvo una orden de alejamiento de su verdugo y este se vengó asesinando a la madre, a la que, para mayor escarnio, había amenazado de muerte repetidamente. Diversos testigos –reza la crónica periodística– explicaron a las autoridades que el agresor había golpeado la puerta de la vivienda en varias ocasiones y amenazado a sus habitantes. Pero ninguna de las dos, ni la hija –que pudo huir– ni la madre, obtuvieron una protección eficaz frente al enemigo, un solo hombre armado de un palo. Esas seis mujeres abandonadas por las fuerzas del orden, por la Administración de justicia, por el delegado del Gobierno, instituciones todas que hemos constituido para que nos protejan en cumplimiento del mandato constitucional, fueron olvidadas a su suerte en su propio pueblo y en su propio domicilio. Y a ninguno de los que tenían la obligación de velar por su seguridad se les pedirán responsabilidades, ni administrativas ni penales, ni se indemnizará a los herederos de las víctimas. ¿Es tan sorprendente, por tanto, que las otras 26 mujeres asesinadas no presentaran denuncia?

Una de las explicaciones más irritantes sobre la causa de la masacre de mujeres es la que achaca la culpa a la propia víctima. Diariamente la televisión nos transmite el mensaje de la ministra de Igualdad, de la consellera de Benestar Social o del delegado del Gobierno, instando a las mujeres a denunciar el maltrato. El tono, las palabras y la intención del comunicado indican que solo la mujer es la responsable de que no se la haya podido proteger. Ella es confiada, imprudente, corta de luces, no atiende las señales de peligro, cree las estúpidas promesas del maltratador y, sobre todo, llevada de un romanticismo absurdo, está enamorada de él y le perdona cualquier violencia. Pero ¿a quién se deben achacar las consecuencias de esa violencia cuando en más de una y de cien ocasiones, a instancias mías, una clienta de mi bufete presenta denuncia y la policía se limita a escribirla y decirle que regrese a casa, que ya citarán al marido? Y ¿a quién hay que achacar la culpa del trágico resultado de la violencia continuada que un hombre ejerce sobre su mujer cuando después de ¡años! de tramitar procedimientos –penales y civiles– contra un maltratador, este resulta absuelto y regresa a la casa para asesinar a la que tuvo la osadía de enfrentarse a él?

La campaña sostenida que han realizado las asociaciones de hombres separados asegurando que las mujeres presentan denuncias falsas, apoyados muy eficazmente por varios jueces y fiscales, ha tenido éxito. Las consecuencias de esa persecución a que los machistas de toda laya han sometido a sus víctimas las estamos viviendo ahora. Ante esta ofensiva, tanto las instituciones como la sociedad deberían haber sido más beligerantes. Era inaceptable que se difundieran diariamente en los medios de comunicación las declaraciones de hombres que aseguraban ser ellos las víctimas de maltrato, que fuesen invitados a programas de televisión y de radio, incluyendo las cadenas públicas, a exponer historias dramáticas de persecución e injusticia, y que, en el colmo de la parcialidad, fiscales y jueces asegurasen que el fenómeno de las denuncias falsas estaba muy extendido. El resultado es que cada vez más se archivan las causas sin investigación alguna, cada vez hay más absoluciones y cada vez se desatiende en mayor proporción a las denunciantes, a las que se considera mentirosas y aprovechadas. ¿Puede, entonces, sorprender que las mujeres que sufren maltrato no denuncien? ¿Puede alguien, en consecuencia, sorprenderse de que el número de víctimas haya aumentado?

Desde el año 2000, el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia ha venido realizando una investigación minuciosa y estricta sobre muertes violentas de mujeres a escala internacional. Eso ha permitido, al menos, detectar algunas características que no parecen ser coyunturales y que tienen un interés especial para España.

La primera de esas notas tiene que ver con el hecho de que, entre los años 2000 y 2006, España haya ocupado uno de los lugares más bajos en el ranking internacional sobre violencia contra la mujer con resultado de muerte. Anualmente, la pareja o ex pareja ha matado a tres mujeres por cada millón de féminas mayores de 14 años en España; en Europa, a cuatro; y, en América, a ocho.

Si esto es así, ¿por qué la percepción de este problema en la sociedad española es casi como si estuviéramos en guerra? Cuantos viajamos por el extranjero sabemos de la mala fama que España arrastra a este respecto.

George Gerbner (1919-2005) decía que la visión reiterada de violencia en la televisión no sólo puede inducir imitación o insensibilización ante la violencia real. También, y sobre todo, puede hacer que se perciba la realidad con tintes más violentos que los que ya tiene de por sí.

La respuesta a la cuestión arriba planteada podría venir por esta vía. Eso no significa, desde luego, que la televisión y, en general, los medios de comunicación audiovisual sean los responsables únicos de que haya una percepción social tan distorsionada como la aludida. Nadie, sin embargo, puede negarles una influencia crucial.

La segunda característica es que, en ese mismo periodo, la tasa de mujeres asesinadas por la pareja o ex pareja en España ha estado por debajo de la de la mayoría de países noreuropeos. En particular, la de España (tres mujeres por millón) es mucho menor que la de Finlandia (10) o la de Noruega (cinco). Este hecho lleva a poner en cuestión lo que quizá no hayan sido más que mitos; por ejemplo, que el sur (caliente) de Europa es más violento que el norte.

Desde luego, una creencia ampliamente extendida es que en los países nórdicos y, especialmente, en los países escandinavos (como adelantados de la Historia en este contexto), la educación no sexista es una realidad desde hace años. Pero lo cierto es que mueren más mujeres de forma violenta en Finlandia que en España. Por consiguiente, la hipótesis de que los feminicidios se explican únicamente a partir de la asunción de estereotipos rígidos de masculinidad y feminidad a través de una educación sexista no parece quedar corroborada del todo por los datos ofrecidos.

Quizá sea hora de que, sin rasgarnos las vestiduras, nos aproximemos a este problema con actitud científica abierta. No son raros los científicos que, en ocasiones, le cortan las piernas a la realidad para que se ajuste al tamaño de sus teorías, como Procusto hacía con sus huéspedes para que se adaptaran a sus camas. Los ideólogos y, en general, quienes comparten una ideología política, a menudo, no sólo le cortan las extremidades inferiores, sino también las superiores y cuanto no se adecue a sus tesis.

Personalmente, estoy en contra de esta especie de supremacía de lo teórico y, por supuesto, del pensamiento único. Estoy muy a favor, en cambio, de hacer uso de cuantas conjeturas (no contradictorias entre sí) puedan emplearse para explicar un problema. Pues bien, que tras los feminicidios hay sexismo lo considero algo obvio en la mayoría de los casos. Que puede haber más cosas, también. En particular, el agresor de mujeres presenta algunas características psicológicas muy marcadas. No estoy queriendo decir ni que el agresor nazca así, ni que tales características adopten la forma de trastornos mentales o de la personalidad que incapaciten para distinguir el bien del mal.

Respecto de si los agresores de mujeres nacen o se hacen, me permito afirmar que, en su gran mayoría, son producto de la mala educación. Pero, por tal no entiendo sólo la educación sexista. El sexismo puede ser la gota que colma el vaso.

Por mala educación me refiero también a la que proporcionan determinados modelos familiares de crianza, como el autoritario o el hiperprotector. Tanto un modelo como el otro potencian el hipercontrol de los hijos, aunque a través de caminos distintos. En el modelo autoritario, en retroceso, se imponen despóticamente las decisiones: unos (de ordinario, el padre) mandan y los demás miembros de la familia se someten. En el modelo hiperprotector, en aumento, los padres viven la vida de los hijos, eliminando de su camino cualquier dificultad, cualquier problema que pueda frustrarlos, controlándolos hasta en lo más mínimo, pero amablemente. Ambos modelos llevan a los hijos a no aprender que hay responsabilidades propias que todo ser humano ha de asumir.

Esta característica cognitiva suele ir acompañada de una forma peculiar de pensamiento: el mundo siempre se divide en dos bandos. En uno está él. En el otro, el culpable de cuanto negativo le pasa. Este estilo cognitivo suele ir acompañado, entonces, de reacciones con ira e, incluso, con violencia ante la mínima frustración de las expectativas. Una reacción, por cierto, que el agresor encontrará justificada porque creerá que ha sido el otro (la pareja, por ejemplo) quien la ha provocado.

¿Sería científicamente descabellado pensar, entonces, en que, al menos en algunos casos, juega un papel importante en la agresión contra mujeres el haber sido educado en alguno de los modelos descritos? Creo que no sólo no sería descabellado ampliar la batería de hipótesis con la que estamos abordando el problema de la violencia contra la mujer. Considero que, científicamente, es necesario analizar cuantas hipótesis estimemos pertinentes, aunque haya quien, desde un punto de vista ideológico, lo vea como algo no sólo inconveniente, sino equivocado. Ciencia e ideología política no tienen por qué ir de la mano. Casi al revés: cuando la ideología impregna (más que eso, cuando guía desde dentro) la ciencia es cuando se cometen los mayores errores.

La tercera característica es que, entre 2000 y 2006, tanto las mujeres que han muerto de forma violenta a manos de sus parejas o ex parejas como estas últimas son, sobre todo, jóvenes. Si el sexismo fuera el responsable único de este grave problema, no se entendería este hecho, porque es una conjetura ampliamente extendida la de que las generaciones más jóvenes han sido educadas de manera menos machista que las generaciones anteriores.

Como soy ecléctico, creo, en definitiva, que el problema tiene muchas con-causas, no una sola causa, por influyente que nos pueda parecer. Y que no es el sexismo a solas, ni los modelos educativos dominantes a secas, ni los medios de comunicación… la causa de la violencia contra la mujer. Son todos ellos y, quizá, muchos más.

Lo que no significa, desde luego, que haya que cruzarse de brazos y esperar a conocerlos todos. Los grandes cambios empiezan siempre por mínimas pero eficaces variaciones. Jay Haley (1923-2007) decía que, para derribar la presa de un pantano sólo hay que hacerle un pequeño agujero: el resto lo hará el agua. Desgraciadamente, en el caso de la violencia contra la mujer, temo que no hemos dado todavía con la clave de inicio del derrumbe.

El programa Generación ni-ni de la cadena La Sexta ha subido el listón del desprecio por los derechos de las personas que habitualmente contiene la llamada telerrealidad. El programa dice pretender un supuesto experimento educativo con jóvenes que presentan alarmantes rasgos de inadaptación, ignorancia, vagancia e incluso violencia, encerrándolos para grabar su comportamiento, con el objetivo –al parecer– de reeducarlos. Pues bien, las cámaras grabaron una nauseabunda agresión sexual cometida por varios jóvenes sobre una de las chicas, que fue emitida en el programa. En ella, los agresores sujetan violentamente a la víctima, mientras uno de ellos le restriega sus genitales por la cara. Otros concursantes presentes ríen la gracia.

La ley define estos hechos como agresión sexual agravada por la intervención de varios sujetos, lo que supone una pena de cuatro a 10 años de cárcel. Y llegaría hasta los 15 si hubiera habido penetración bucal, detalle que ignoro porque el programa emborronó delicadamente el miembro del agresor.
Posteriormente, los educadores afean la conducta del muchacho mostrándole la grabación, mientras él parece avergonzarse sin perder la sonrisa, lo que indica que le preocupa más la grotesca imagen ofrecida que la brutal agresión cometida. Y, hasta el momento, que yo sepa, ahí queda la cosa.
Ninguna ley logrará evitar totalmente que siga habiendo agresores sexuales que busquen el anonimato, pero asusta el grado de desprecio por los derechos de los demás que hace que unos jóvenes sometan a una compañera a tal vejación sabiendo que están siendo grabados para un programa de televisión y, por tanto, ajenos a las consecuencias legales de sus actos, que deben considerar solo como una broma.
Sin embargo, asusta aún más la hipótesis de que su comportamiento les parezca irrelevante e incluso gracioso, precisamente porque una cadena de televisión les ha hecho protagonistas de un programa dedicado a mostrar su comportamiento incivilizado.
Es probable que la cadena mantenga que su objetivo es criticar la violencia y educar a sus autores, pero los resultados son otros. La supuesta finalidad social queda totalmente anulada por la utilización de la violencia como espectáculo, porque el programa hubiera podido renunciar al terrible impacto de las imágenes y la audiencia que espera de ellas, pero no ha resistido la tentación de reproducirlas. A costa, además, de exhibir a la víctima, aumentando así su humillación .¿Educación?

Cuando la televisión convierte la violencia en objeto de negocio, le resta importancia y la normaliza, aunque diga pretender lo contrario. Creo que no es arriesgado afirmar que muchos jóvenes problemáticos que hayan visto el programa han recibido el mensaje de que su protagonista se ha hecho famoso a cambio de una leve reprimenda. Por otra parte, tras tal banalización pública de la violencia me niego a exigir como única respuesta que se compensen las carencias educacionales del joven televisivo con 10 años de cárcel. La educación no puede basarse en la segregación social y necesita de instrumentos socializadores que, desde luego, no consisten en utilizar los actos antisociales como materia de entretenimiento colectivo.Y así, programas como el comentado conviven sin problemas con otros que viven de exhibir a las víctimas de delitos y exigir constantemente penas de prisión cada vez más graves. Arrecian las peticiones de endurecer la ley de responsabilidad penal del menor, sin que quienes lo proponen se planteen siquiera la responsabilidad social por los valores que se transmiten mediáticamente a los jóvenes.

Mientras tanto, el Congreso de los Diputados debate la enésima reforma penal, en la que, entre otras muchas propuestas endurecedoras, se propone también aumentar las penas de las agresiones sexuales, que hoy ya alcanzan la gravedad de la pena por homicidio. El PP propone la cadena perpetua, porque considera insuficiente que la delincuencia de mayor gravedad alcance hoy penas de hasta 40 años. La inconsciencia o la irresponsabilidad, cuando no la demagogia, impiden buscar estrategias distintas del mero endurecimiento de la ley, que resulta más rentable electoralmente. Así, muchas de las frecuentes reformas penales se limitan a enunciar qué actos son reprobables, señalándoles penas cada vez más graves, en un mensaje puramente simbólico porque no va precedido de un planteamiento previo sobre la profundidad e implicaciones de los problemas, ni sobre la necesidad o la posible eficacia de las reformas. Todo eso importa poco mientras la ley refleje adecuadamente la demanda de castigo.
Habrá quien todavía crea que los problemas de violencia juvenil se solucionan con más cárcel y sin permitir beneficios penitenciarios que, en cambio, se han demostrado útiles para la reinserción. Pero cabe la esperanza de que este discurso, tan querido por algunos políticos, llegue a cansar a una opinión pública cada vez más acostumbrada a distinguir entre la propaganda y las soluciones. Y confiemos también en que la audiencia televisiva se canse de tanta irresponsabilidad.

Las declaraciones del juez de Sevilla Francisco Serrano contra la ley de violencia de género han venido a apoyar la campaña desatada por asociaciones y colectivos de hombres que rechazan las medidas protectoras a favor de las víctimas de la violencia machista, a pesar de que la ley ya ha obtenido el aprobado del Tribunal Constitucional. Como asegura el juez Serrano, los activistas de la defensa masculina afirman estar discriminados por un sistema legal injusto, producto de «la dictadura del feminismo radical» que, al parecer, se ha implantado en nuestro país. Denuncian que miles de hombres están en la cárcel acusados falsamente por mujeres que obtienen enormes ventajas en el proceso de divorcio, en el cual ellos han perdido la vivienda y la custodia de los hijos y se han visto obligados a pagar pensiones desorbitadas. Expresan de tal modo la indignación que tal situación les produce, que casi justifican los feminicidios que se cometen periódicamente en nuestro país.

Al fin y al cabo, dicen, no se puede provocar tanto a un hombre sin que este, en defensa de sus derechos y de su hombría, no acabe respondiendo violentamente. Incluso un indignado ciudadano llamaba a Radio Nacional para asegurar que en el 2009 habían muerto 30 hombres a manos de su mujer, sin que nos explicara cómo los medios de comunicación, todos de acuerdo, han ocultado noticias tan escandalosas. Lo que no se dice es que los miembros de esas organizaciones han sido denunciados o condenados por violencia machista. En más de un programa de televisión he tenido que soportar las agresiones verbales de esos individuos que se declaraban víctimas de una injusta discriminación cuando fueron acusados de delitos de amenazas, insultos o golpes contra su pareja. Con gran emotividad, explicaban la enorme humillación que sufrieron al pasar una noche en la comisaría detenidos en compañía de delincuentes comunes.
Porque, para ellos, no es un delincuente el hombre que pega a su mujer; al fin y al cabo siempre se ha hecho así y de tal modo han sido estructuradas las relaciones patriarcales entre el hombre y la mujer. La indignación con que esos portavoces han acogido las medidas de protección de la ley de violencia que se han conseguido implantar tras varios decenios de indefensión de las víctimas, aún en plena era democrática, les ha impulsado a arrojar calumnias y acusaciones contra las feministas. Al punto de que el propio Serrano ha presentado una querella criminal contra algunas por las críticas que le han dirigido.
Pero lo que ni ellos ni el juez Serrano explican es que la ley mantiene las mismas garantías procesales para el denunciado que en cualquier otro caso, exigiéndole a la denunciante las pruebas indubitables del maltrato, por lo que el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite en el juzgado. Que del 45% restante se condena aproximadamente al 70%, con lo que estas no exceden del 31,5% de todas las denuncias planteadas, y que ese 30% de absoluciones se dictan por falta de pruebas, en unos delitos que, por su propia condición, se realizan en la mayoría de los casos en el secreto del hogar común y cuando tampoco se encuentran testigos proclives a participar en el proceso. Por ello, la ONU ha declarado que «el maltrato a la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo». Por esta dificultad de la prueba, además del rechazo familiar y social y de los problemas económicos que sufren, se calcula que solo denuncian el 10% de las mujeres víctimas de violencia machista. De las 54 asesinadas en el 2009, únicamente 25 habían denunciado con anterioridad a su asesino, de lo que se infiere que ni las que solicitaron protección oficial la obtuvieron ni muchas otras, cargadas de razón, lo hacen.
Negando los malos tratos a las mujeres, acusándolas de denunciar falsamente, defendiendo a los hombres violentos, el juez Serrano está incumpliendo el mandato que por su cargo le ha encomendado la sociedad. El papel de un juez no es el de criticar la ley, sino el de aplicarla y, con sus críticas, lo que dice es que sus compañeros no saben administrar justicia. Si asegura que detienen a inocentes, no investigan los hechos, condenan sin pruebas y dictan sentencias parciales, Serrano está acusando a sus pares de prevaricación. Sería lógico esperar que los demás magistrados hubiesen hecho oír su voz en defensa de la pulcritud de su tarea.

Pero si no hemos oído las críticas de los jueces concernidos, en cambio ha sido sorprendente el número de artículos de opinión a favor de las declaraciones de Serrano. Periodistas y escritores, conocidos por sus posiciones claramente progresistas y de quienes jamás yo diría que maltratan a su mujer, han escrito largas parrafadas justificando al juez y burlándose de las críticas que ha suscitado entre las feministas. La aceptación de las tesis de Serrano por parte de tales escritores demuestra que las relaciones hombre mujer superan las ideologías políticas y están mucho más condicionadas por las normas patriarcales enraizadas en los prejuicios y sentimientos humanos. Por eso el maltrato a la mujer sigue siendo un crimen oculto.

En décembre, l’ONG Human Rights Watch (HRW) a publié son rapport sur la situation des femmes afghanes. Le constat est atterrant. A la suite de la destruction des tours jumelles à New York, le 11 septembre 2001, l’opinion publique s’est enfin intéressée au traitement des femmes par le régime taliban, jusqu’ici critiqué principalement par des associations féministes occidentales. Une vaste entreprise humanitaire fut lancée. Un déferlement médiatique, l’arrivée des ONG, d’innombrables commissions et enquêtes, des élections, le tout suivi de projets encourageant l’autonomie des femmes, paraissaient augurer un avenir plus clément. De 2002 et 2005, le progrès était tangible, la scolarisation des filles, surtout en ville, l’accès au travail et un début de changement des mentalités laissaient leurs marques sur une société épuisée par la guerre. Pourtant, un déclin rapide a suivi.

L’état des lieux de HRW met en cause toute politique d’aide et de reconstruction. Le rapport passe en revue cinq aires emblématiques : l’agression des femmes dans la sphère publique, la violence, les mariages forcés, l’accès à la justice et la scolarité secondaire des filles. Si un quart des députés est féminin, leur parole est étouffée. Les députées, avocates et militantes qui osent protester sont menacées. Les assassinats ne sont pas rares, perpétrés par les talibans et leurs alliés et destinés à inhiber toute ambition féminine. Le nombre de femmes dans la fonction publique est en baisse. Du fait de l’impunité de ces crimes, le gouvernement augmente l’effet dissuasif de cette campagne de violence croissante.

Ce qui se passe en haut lieu reflète une tendance élargie. Selon une enquête réalisée en 2008, 87,2% des femmes de tout âge ont subi au moins un acte de brutalité physique, sexuel, psychologique (1). La police et les juges n’interviennent pas, estimant que cela relève du domaine privé. Les problèmes se règlent selon le droit coutumier préislamique, principale référence juridique du pays, au détriment du droit coranique ou constitutionnel. Moins de 15% osent porter plainte, par manque de confiance dans la justice des tribunaux.

Le viol n’est pas criminalisé, seul l’est le zina, le rapport sexuel non réglemente, soit hors mariage, assimilé à l’adultère : c’est ainsi que les victimes de viol se retrouvent souvent derrière les barreaux, et les violeurs en général s’en sortent en soudoyant les juges. Près de 60% des filles sont mariées avant l’âge de seize ans, souvent sans leur consentement. Les grossesses précoces suivent, dans un contexte de brutalité et de malnutrition. La mortalité maternelle et infantile reste l’une des plus élevées sur terre. La majorité des filles n’étant pas scolarisée et le taux d’alphabétisation féminin se situant à un niveau très bas, aucune politique de santé publique ou de prise de conscience des droits humains ne risque d’être efficace.

Comment l’Afghanistan en est-il arrivé là, après huit ans de présence d’experts étrangers, d’aide financière massive (8,9 milliards de dollars, provenant de soixante pays différents) et d’assistance ininterrompue ? L’échelle du Pnud situe l’Afghanistan au numéro 181 sur 182, juste avant le Niger . Et le taux d’alphabétisation féminine est le plus bas avec une moyenne nationale de 12,8%(2) et un taux de presque zéro à Kandahar. Certes, le détournement des aides et la corruption doivent être incriminés dans ce pays qui a tourné au narco-Etat, produisant plus de 90% de l’opium mondial. L’organisation de l’aide humanitaire porte sa part de responsabilité. Son but n’est pas une simple reconstruction post-conflit, mais une tentative de créer in fine un avatar de la société mondialisée, qui rendrait possible le développement sur le modèle capitaliste.

Dans les années 70, l’aide soviétique à l’Afghanistan procédait d’un élan comparable, avec un autre idéal de société en vue. Des erreurs de tactique ont été commises en considérant les femmes selon un référent occidental, séparées des hommes et du contexte familial. Une réflexion sur la nature des espaces privé et public en Afghanistan n’a pas été entreprise, ce qui a invalidé des efforts pourtant considérables, décriés comme une ingérence inacceptable. Dans un contexte ultra-patriarcal, les droits des femmes ne constituent guère une urgence, en dépit d’une Constitution supposément égalitaire. Malgré tous ses défauts, l’éthique humanitaire exige l’application d’une notion universelle de droits humains difficilement recevable en Afghanistan.

La sonnette d’alarme avait déjà été tirée quand, en mai 2009, le président Karzaï fit adopter une loi restreignant les droits des femmes chiites, d’un niveau de sévérité inconnu depuis les talibans. Malgré la protestation internationale, il fit discrètement passer une version allégée, pour s’assurer le vote des fondamentalistes chiites. Pour demeurer au pouvoir, Hamid Karzaï n’a cessé de faire des compromis avec des politiciens conservateurs, au détriment des femmes. L’opposition aux talibans n’est pas fondée sur des motifs idéologiques, mais des raisons de stratégie opportuniste. C’est pourquoi des chefs de guerre réactionnaires assistent le gouvernement contre les insurgés et il a fallu les récompenser, en sacrifiant toute mesure en faveur des femmes : l’abject traitement de ces citoyennes de seconde zone seul fait consensus. Les maladresses des agences humanitaires sont présentées comme autant de tentatives pour discréditer l’honneur viril. La béance d’un quelconque état de droit en Afghanistan ne laisse guère espérer une véritable amélioration de la vie des femmes.

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(1) Global Rights, «Living with Violence : A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan», March 2008

(2) Pnud: Rapports sur le développement humain.

«Esto ocurrió en 1993. En enero de 1993. A partir de esa mujer muerta comenzaron a contarse los asesinatos de mujeres. Pero es probable que antes hubiera otras. La primera muerta se llamaba Esperanza Gómez Saldaña y tenía 13 años. Pero es probable que no fuera la primera muerta. Tal vez por comodidad, por ser la primera asesinada en el año 1993, ella encabezaba la lista». Según 2666, obra simplemente maestra de Roberto Bolaño, esto ocurría en Santa Teresa, en la frontera de México con Estados Unidos. Solo que Santa Teresa no existe. Solo que Santa Teresa es el trasunto de Ciudad Juárez, ciudad que sí existe, en la frontera de México con Estados Unidos, frente a El Paso, a la orilla del río Grande. Solo que en esta ciudad, que sí existe, ni tan siquiera se cuentan las mujeres que aparecen asesinadas, por lo general también torturadas y ultrajadas.

Las denuncias ante la policía, las procuradurías o la justicia no han sido atendidas: las fechorías se consolidan. Se han llevado a cabo, a título particular o de oenegés, gestiones ante diversas instancias mexicanas e internacionales, de modo sorprendente, sin resultado práctico alguno: las investigaciones seguían sin abrirse o, si se abrían, se archivaban o languidecían hasta consumirse. Si alguien, en su mayoría madres de las víctimas, se empecinaba en buscar respuestas era hostigado, cuando no cosas peores.
El feminicidio en Ciudad Juárez se ha vuelto endémico ante la pasividad de las instancias oficiales. Es cierto que México tiene algunos problemas de implementación de la justicia penal, de los que es conciente y se afana en una reforma procesal radical, fruto de un cambio constitucional. Sin embargo, los hechos de Ciudad Juárez no tienen parangón, ni judicial no sociológicamente. La sociedad charra contempla entre atónita e impotente la desidia oficial y el horror sin cuento de la salvajada, que, según las fuentes, se ha llevado por delante más de 400 mujeres, especialmente jóvenes cuando no niñas, cifra que otras elevan a más del doble.
Tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, la cosa no hubiera pasado seguramente a mayores y, al final, hubiera desaparecido incluso de los foros más concienciados. Eso hubiera sido antes. Ahora, ante la creciente internacionalización de la justicia –pese al interesado parón de la jurisdicción universal en España– y a la creciente protección supranacional de los derechos humanos, los deudos de las víctimas han obtenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sentencia del pasado 16 de noviembre, la condena de la República mexicana por violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a la intimidad y a la no discriminación.

Por unanimidad, la Corte, radicada en Costa Rica, condena al Estado demandado por no haber investigado seriamente ni haber prevenido los atentados a dichos derechos. Siguiendo su propia doctrina y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los seis jueces internacionales reconocen que no prevenir las lesiones de derechos fundamentales cuando estas razonablemente van a producirse, o no investigar las ya producidas, supone un nuevo ataque a esos derechos fundamentales. En Europa, por ejemplo, el Reino Unido, ocasionalmente, y Turquía, en innumerables ocasiones, han sido condenados por esas omisiones, cuando se denunciaban torturas y las autoridades públicas, en especial el ministerio público, hacían oídos sordos o miraban para otro lado. Condenas análogas han sufrido Honduras, Paraguay o Brasil.
La condena a México no se limita a una declaración solemne. Impone indemnizaciones a favor de cada uno de los reclamantes de 800.000 dólares y una serie de obligaciones al Estado condenado, a cumplir, según las especies, en un plazo de entre seis y 12 meses. Entre las más relevantes cabe reseñar la remoción de todos los obstáculos jurídicos y de hecho que impidan tanto llevar a cabo las indagaciones por cada uno de los delitos como el apartamiento y, en su caso, sanción de los funcionarios que no han cumplido con su obligación de esclarecer los delitos, perseguir a los delincuentes y dar apoyo a las víctimas. Esta tarea, de la que México deberá dar cuenta a la Corte y esta verificar en su materialidad, supone una tarea ingente. No solo habrá que recuperar el tiempo perdido, sino que habrá que remover en alguna medida efectiva los obstáculos de toda índole que han hecho del feminicidio de Ciudad Juárez un atroz ejemplo de incuria y corrupción.

Es de desear que la República de México cumpla con la máxima celeridad y la máxima escrupulosidad el fallo de los magistrados de Costa Rica. También es de desear que repare a las víctimas, prevenga otros atentados análogos a los derechos civiles y dé ejemplo a aquellos países –como España– que, también sometidos a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, no dan el cumplimiento a las sentencias de los jueces de Estrasburgo en toda su extensión. México, en fin, aún nos puede enseñar cómo se reparan y enmiendan los rotos a los derechos de los ciudadanos.

Desde pequeño, mis padres -padre y madre naturalmente- me inculcaron, entre otros valores, el de procurar alejarme de la hipocresía. Por desgracia hoy vivimos en una sociedad alienada por una gran mentira de Estado, que constituye la más hipócrita contrarreacción a la cordura, la sensatez y el auténtico sentido de justicia e igualdad. Una reacción que ha terminado contaminando todas las instituciones y resortes de poder, y que, por decreto, bajo pena de garrote vil, nos induce a ser complacientes y dóciles con su doctrina.

Yo soy de los que mantiene que la igualdad y la libertad no se imponen, se conquistan. La libertad la ha conquistado la sociedad española, que se ha dotado de una democracia en la que todos gozamos de derechos y libertades; la igualdad entre hombres y mujeres ha sido conquista de estas últimas, por esfuerzo, tesón, sacrificio, mérito y demostración de capacidad, y ello indudablemente tras una historia marcada por la desigualdad.

La mujer moderna del siglo XXI, afortunadamente, no tiene nada que ver con el estereotipo de mujer florero, subsumida al varón de hace 40 años. Indudablemente, pueden persistir situaciones de discriminación, desigualdad y relación de poder, que hay que combatir y erradicar, pero resulta injusto, humillante y margina a esas mujeres que se han hecho a ellas mismas, que por el mero hecho de pertenecer al género femenino, deban de recibir una protección extraordinaria adicional, ser calificadas como víctimas por el mero hecho de ser mujeres y requerir de tutela institucional y normas de discriminación positiva. Con el franquismo existía otro tipo de machismo protector de la mujer, un ser humano inferior digno de protección social al ser susceptible de manipulación y engaño, de ahí que la mujer quedara amparada por la tutela marital.

La mujer, pues, será libre e igual cuando sepa reconocer que la peor rémora que le impide superar el techo de cristal para conseguir en igualdad el acceso a posiciones de dirección, decisión, responsabilidad y poder, lo constituye el nuevo postmachismo que lidera el movimiento feminista integrista y radical. Un movimiento que se fundamenta en una doctrina de pensamiento único, que no acepta y tolera debate sobre sus dogmas, una nueva ideología de género de corte totalitario y que trata por todos los medios de silenciar al disidente.

Todas las mujeres están en situación de discriminación y desigualdad con respecto al varón en la relación de pareja o expareja, y esa premisa, intocable, justifica la redacción de una norma, bienintencionada y necesaria por principios, pero perversa e injusta en sus resultados. Sería estúpido negar la existencia de mujeres que han sufrido y siguen sufriendo maltrato machista, pero la sociedad ya percibe que una injusticia no puede ser contrarrestada con otra injusticia.

Personalmente, llevo luchando en beneficio de las mujeres maltratadas que padecen miedo, humillación, vergüenza y auténtica desigualad y asimetría con respecto al maltratador, que, muchas veces, no requiere de la agresión física para anularla como persona, desde mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Violencia, desde mucho antes de la aparición de los demagogos nombrados a dedo que hoy sostienen la bondad del instrumento legal por ellos ideado, sin fisuras, sin admisión de réplicas: según su plan estratégico ideológico, no existen denuncias injustas e infundadas, bajo la perspectiva del derecho penal de autor en que se basa la norma, y según el cual la gravedad del acto cometido no lo aporta el contenido del propio acto ilícito sino la pertenencia al género masculino.

No existen niños manipulados alienados y adiestrados en el odio hacia el otro progenitor, pues se consagra que ello es un invento de maltratadores. No existen denuncias radicalmente falsas de mujeres despechadas a quienes se les brinda apoyo institucional y marco legal para conseguir su propósito de venganza. No existen hombres injustamente detenidos, maltratados y a los que, muchas veces, sólo les queda la digna vía del suicidio…

Ya no es cuestión de datos estadísticos, que además sólo tienen capacidad de elaborar quienes con ellos pretenden sólo confirmar sus planteamientos ideológicos, unos datos que admiten distintas interpretaciones, unos datos que sería conveniente contrastar con la realidad de la calle, que ya ha empezado a reconfigurar su consciencia del problema. El debate social está abierto, sin que la nueva inquisición que ya controla el Legislativo, el Ejecutivo, y gran parte del Cuarto Poder mediático, pueda intentar aplastar por la fuerza a aquellos miembros del Poder Judicial cuyo único pecado es ser independientes e imparciales, negándose a estar contaminados por esa perniciosa ideología de género que tanto daño está haciendo a la mujer moderna y a las familias. Y sin que se pueda en estos tiempos cercenar la libertad de pensamiento, expresión y opinión, pues quien se atreve se convierte en maltratador. Siempre el mismo pobre discurso descalificador e infamante.

Resulta triste que un compañero juez me haya tenido que mandar, como muestra de ánimo y apoyo, la letra de una canción de Nacha Guevara que es un reto a las dictaduras y un canto a la libertad: Por el pájaro enjaulado/ por el pez en la pecera/ por mi amigo que está preso/ porque ha dicho lo que piensa…/ Yo te nombro Libertad. Esperemos, esperanza amarga que comparto con don Miguel de Unamuno, que la fuerza de la razón se imponga a la razón de la fuerza, y que políticos inteligentes y honestos perciban que esa necesidad de cambio y reforma que muchos proclamamos, como mayoría silente desde las catacumbas, al margen de ser una demanda a voces de lo socialmente correcto, puede sumar réditos electorales, pues las mayorías despiertas también votan y son las que pueden ayudar a ganar una elecciones.

Con las debidas excusas, permítaseme citar el siguiente pasaje de un artículo que publiqué el 6 de junio de 2006 en Babelia: “En un país donde, según las estadísticas que publica en Internet el Instituto de la Mujer, mueren en manos de sus parejas del sexo masculino un promedio de ocho mujeres por mes, resulta temerario rechazar por tendenciosos o exagerados los alegatos y denuncias de los colectivos feministas, tanto cuando se manifiestan abiertamente en su característico tono militante como cuando recalifican el sesgo de sus posiciones con la denominación “estudios de género”. La discriminación y la violencia contra la población femenina sigue siendo una parte sustancial de la acendrada tradición del machismo ibérico. Es tan flagrante y grotesca la misoginia española -signo de una secularización incompleta que la modernización superficial y muy reciente de España sólo ha conseguido maquillar-, que aún está pendiente la reparación de la condición inferior de la mujer en este país, reparación que desde luego queda apenas mitigada por la política de asignación de cuotas de poder aplicada por las últimas administraciones de populares y socialistas. Ningún reclamo en cuanto a la condición de la mujer española está injustificado”.

Esta reparación sigue estando pendiente y sólo por esta razón entiendo que mi artículo Revanchismo de género haya producido tanta alarma y tantas descalificaciones irracionales, pese a que se trataba de un texto coyuntural, compuesto por dos casuísticas y un argumento de peso.

En el primer caso se analizaban someramente los equívocos de la campaña Maltratozero a tenor de una valla publicitaria con el lema “De todos los hombres que haya en mi vida ninguno será más que yo”. Aunque a primera vista podía no ser evidente, estaba claro que, sin los necesarios retoques, el lema en boca de un hombre se convertía en una afirmación sexista. Y en efecto -oh, sorpresa-, al aplicarlo a los varones, el “más” se convierte en “menos”, de donde sólo cabe pensar que los promotores sabían que no apuntaba precisamente a afirmar la igualdad de “géneros”. Se actuaba así en consonancia con el feminismo más serio que, desde la obra seminal de Alice Schwarger, La pequeña diferencia y sus grandes consecuencias (1979), siempre ha resaltado la condición diferencial de la mujer sin demérito de la igualdad jurídica.

¿Que quién teme al feminismo? Yo creo que mucha gente. Sobre todo cuando pretende deslizar su “diferencia” en las normas jurídicas y en las costumbres con la coartada de que así se protege a las víctimas o se repara una discriminación histórica.

Por lo que a mí toca, no le tengo ningún miedo y, al mismo tiempo, no veo inconveniente en suscribir (y lo he hecho en uno de mis libros) la versión ultrafeminista acerca de la naturaleza brutal masculina, como la que dan Catharine McKinnon y Andrea Dworkin en su lucha contra la pornografía o algunos pasajes muy lúcidos del Manifiesto SCUM de Valerie Solanas, al tiempo que abomino del mundo amazónico que esa ideología pretende construir.

La segunda casuística trata de algo muy trivial: la forma en que las mujeres actualmente se presentan en las letras de las canciones populares y en los videoclips. Me referí al de Julieta Venegas porque, tras arrojar por la borda del globo un aspirador y un televisor, Venegas echa al vacío a su ex enamorado como un objeto más. ¿No se trataba de que, por una vez, los representantes de uno y otro sexo (o “género”) dejemos de tratarnos mutuamente como objetos? ¿Qué opinaría el colectivo femenino si, por ejemplo, David Bisbal se filmase agarrando a su compañera por los pelos y la arrojara por la ventana? Y mencioné la canción de Shakira porque explícitamente termina diciendo “Sigue llorando perdón, que yo no voy a llorar hoy por ti”. Los disparates son habituales en la variopinta iconografía del pop, pero llama la atención que nadie repare en ello pese a que las masas -huelga decirlo- no leen a Kant o a Amartya Sen para recabar sus valores éticos y convivenciales y en cambio siguen a pies juntillas las lecciones impartidas por los medios, la publicidad, el cine, la televisión y los videoclips.

Por último, me parece un argumento de mala fe afirmar que culpabilizo a las mujeres de la violencia de que son objeto. Yo afirmo una cosa muy diferente: que las pautas “de género”, tanto de los varones como de las mujeres, se constituyen en la primera infancia, cuando es decisiva la intervención de las madres. La madre es nuestro primer objeto de deseo y, a la vez, nuestra primera educadora sentimental. En relación con ella se labra nuestra identidad sexual y el modo como nos relacionamos con nuestros objetos de deseo. Por supuesto que también intervienen las mujeres durante toda la vida social de un adulto, como nos recuerda machaconamente el feminismo en todas sus variantes. Por lo tanto, ¿qué tiene de condenable señalar que este papel es insoslayable por lo que toca a la conformación de conductas tolerantes o machistas, brutales o civilizadas, tanto de las mujeres como de los hombres?

La única solución viable para el gravísimo problema de la violencia “de género” -qué digo, de la violencia en todas partes- es la promulgación de leyes justas y la promoción de la justicia social, cuya condición de posibilidad es una instrucción pública de calidad, el mejor medio conocido de promover una ciudadanía cívicamente virtuosa. Pero lo seguro -y éste es el asunto principal aquí- es que tal propósito nace muerto en una sociedad regida por pautas publicitarias (o sea, por el engaño), que habla lenguaje publicitario -lengua muerta, pues dice cómo no son las cosas- y “educa” con pedagogía publicitaria, que es pura manipulación de las conciencias. En suma, lo contrario del conocimiento. Por lo que cabe suponer que esta campaña es falaz y tan eficaz como intentar parar un toro con un Padrenuestro.

Sin duda, hay asuntos prácticos que aconsejan el uso de eslóganes como “Si bebes, no conduzcas” o “Póntelo, pónselo”, pero eso no puede inducir a pensar que la violencia “de género” vaya a paliarse o atajarse con procedimientos publicitarios. Tampoco se desentraña convirtiéndola en un asunto enfocado desde la sola y exclusiva perspectiva de las víctimas. Honestamente, no creo que afirmar esto constituya una “apología de la violencia de género” ni que descalifique en absoluto la condición de la mujer contemporánea.

Sigo pensando hoy igual que hace tres años con relación a la violencia sobre las mujeres. Los virulentos e injustos ataques de que he sido objeto sólo se explican porque las cuestiones relacionadas con la condición de la mujer y sus derechos hace tiempo que se han convertido en un dogma y, como tal, cualquier opinión que disienta con la pauta dominante es inmediatamente perseguida, escarnecida y descalificada como machista, misógina y retrógrada. Pero lo más significativo es que no sólo se ha protestado por una supuesta apología que nunca existió, sino que además se ha criticado la decisión misma de publicar mi artículo y se ha reclamado la necesidad de proscribir lisa y llanamente cualquier otra opinión semejante. Y esto, señoras y señores, es impropio de un régimen de libertad y de una democracia moderna.

El 28 de septiembre el mundo se despertó con nuevos informes de violencia atroz contra mujeres. En Guinea, los boinas rojas (Guardia presidencial) violaron a mujeres de todas las edades. En grupos, blandiendo armas y con una brutalidad tal que muchas de las que no fueron asesinadas inmediatamente murieron poco después a causa de sus lesiones.

Ni la escala ni el alcance de esta violencia son nuevos. Durante la última década, soldados han violado y mutilado a mujeres en la República Democrática del Congo como parte de una estrategia deliberada y coordinada para destruir a las comunidades civiles. Y la violencia basada en el género no está limitada a zonas en guerra o regiones en conflicto. La niñas y las mujeres están en el punto de mira por razón de sexo en cada momento de sus vidas: desde el feticidio femenino hasta la inadecuada atención sanitaria y nutricional, el matrimonio infantil, el tráfico, los asesinatos de honor, aquel otro relacionado con la dote y el abandono y ostracismo de las viudas, y no es ésta una enumeración exhaustiva.

Esta violencia es una pandemia mundial. No conoce barreras de etnia, raza, clase social, religión, nivel educativo ni fronteras internacionales. El único elemento común es que las víctimas son seleccionadas porque son mujeres.

Desde 1991, el mundo ha reservado los 16 días entre el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) para subrayar la idea de que la violencia cometida contra la mujer a causa de su sexo es una vulneración fundamental de los derechos humanos. Esta violencia no es cultural: es criminal. Es el problema de todas y cada una de las naciones, y requiere una respuesta acorde con la gravedad de estos crímenes.

Los ataques a mujeres no pueden achacarse a unos pocos autores aberrantes. Más bien, estas formas diversas de violencia surgen de la arraigada y duradera inferior condición de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Para poner fin a la violencia -tratando tanto las causas como los síntomas- es necesario que no sólo aumentemos la persecución de los autores sino que trabajemos para conseguir la completa igualdad de la mujer en cada área de la vida.

La violencia de género no es sólo asunto de mujeres: es un desafío mundial a los derechos humanos y la seguridad. Como problema internacional, requiere soluciones internacionales. Y Estados Unidos está comprometido en trabajar con Gobiernos, instituciones multilaterales y un amplio abanico de socios privados -desde activistas y defensores hasta supervivientes y líderes de la sociedad civil- para poner fin a la impunidad de los que cometen estos crímenes y asegurar la plena aplicación de las leyes que reconocen la igualdad de la mujer y su derecho de estar libre de violencia.

Además, trabajamos para promover la implicación de los hombres en poner fin a la violencia. Del mismo modo, pedimos a líderes religiosos que incorporen estos mensajes, tan coherentes con todos los credos, en sus actividades y programas. Y ayudamos a garantizar que los niños y las niñas en todas las naciones puedan acceder a una educación de alta calidad, de forma segura y en igualdad de condiciones, que enseñe el valor intrínseco de cada persona.

La Secretaria Clinton ha hecho de esta cuestión una alta prioridad para la política exterior estadounidense, y la Administración Obama también está comprometida con poner fin a la violencia contra la mujer en Estados Unidos, donde demasiadas mujeres todavía sufren malos tratos y abusos.

Las mujeres son la clave del progreso y la prosperidad en el siglo XXI. Cuando están marginadas y maltratadas, la Humanidad no puede progresar. Cuando se les conceden sus derechos y la igualdad de oportunidades en la educación, la atención sanitaria, el empleo y la participación política, redunda muy positivamente en sus familias, sus comunidades y sus naciones.

Es hora de que el fin de la violencia contra la mujer sea una prioridad para todos nosotros.

Hace ya más de un año que asumí la dirección del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem). He viajado y aprendido mucho y he tenido también la oportunidad de conocer a gente muy diversa, tanto activistas de base como líderes de gobiernos de diferentes partes del mundo. A lo largo de este tiempo hay una pregunta que he ido escuchando en muchos lugares diferentes realizada por todo tipo de personas: ¿Por qué acabar con la violencia contra las mujeres es una de las principales líneas de trabajo de Unifem. Es realmente un problema de proporciones globales?
La respuesta a esta pregunta es, desafortunadamente, un sí rotundo.

Numerosas investigaciones muestran que la violencia contra las mujeres es terriblemente común y que es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas hoy en día, además de constituir también un obstáculo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 8 objetivos acordados en 2000 por los líderes mundiales para ser cumplidos el año 2015. Basándonos en estadísticas recopiladas en diferentes países, podemos observar que hasta un 70% de las mujeres experimentan, a lo largo de sus vidas, violencia física o sexual por parte de algún hombre. La violencia contra las mujeres puede ser física, sexual, psicológica y de abuso económico, y la encontramos en todas las edades, razas, culturas, niveles de riqueza y regiones. Adopta variadas manifestaciones, desde la violencia doméstica y sexual, pasando por prácticas nocivas tradicionales, el abuso durante el embarazo, los denominados crímenes de honor, los ataques con ácido, el abuso de la dote, así como la ciber-intimidación en Internet.

Echemos una ojeada a algunas de las estadísticas. En todo el mundo, 3 de cada 10 mujeres han realizado forzadas sus primeras experiencias sexuales. En el este de la República Democrática del Congo, la «capital mundial de la violación», han sido documentados, desde 1996, al menos 200.000 casos de violencia sexual, sobre todo contra mujeres y niñas. En Afganistán, el 87% de las mujeres sufre violencia domestica, lo que hace considerarlo como uno de los países más peligrosos del mundo para las féminas. La violencia de género también limita la habilidad de las mujeres de protegerse del VIH y el sida, siendo las jóvenes las que se encuentran en principal riesgo de contagio dado que representan, aproximadamente, el 60% de los 5,5 millones de personas de entre 15 y 24 años que viven con el virus o han desarrollado la enfermedad.

Sin embargo, activistas de base y numerosas coaliciones internacionales han trabajado duro por cambiar la idea de que la violencia contra las mujeres debe ser un asunto privado. Según el secretario general de la ONU en su Estudio a Fondo sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres publicado el año 2006, 89 países tenían leyes sobre violencia doméstica en aquel momento. La violación conyugal es actualmente un delito como mínimo en 104 Estados, y 90 países cuentan con leyes sobre el acoso sexual. Sin embargo, en 102 países no existen leyes específicas contra la violencia doméstica y la violación conyugal no constituye un delito en, al menos, 53.

Por lo tanto, pese a los progresos en el ámbito institucional y en las políticas públicas, la violencia contra las mujeres persiste globalmente.

Unifem trabaja en varios frentes para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas: mediante el apoyo a la creación de marcos jurídicos y medidas nacionales específicas, el impulso de la prevención desde los niveles básicos, la recopilación de datos y la adquisición de nuevos aprendizajes sobre el tema. Y aborda la causa principal de esta violencia: la desigualdad de género. Estos esfuerzos se han multiplicado a través de campañas de promoción realizadas en colaboración con gobiernos, sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas.

Por ejemplo, Unifem lanzó el pasado 6 de noviembre ‘Di NO-ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres’. Esta innovadora plataforma multimedia cuenta y da a conocer acciones, poniendo así la atención en los esfuerzos que se están realizando con este fin en todo el mundo. La iniciativa está diseñada como contribución, mediante la movilización social, a la campaña del secretario general ‘ÚNETE’. El noviembre de 2008, como parte de la primera fase de ‘Di NO’, se presentaron al secretario general de Naciones Unidas más de cinco millones de firmas, incluidas las de jefes de Estado y ministros de 69 gobiernos, y más de 600 de parlamentarios de todo el mundo, demostrándose así que la eliminación de la violencia contra las mujeres es una prioridad para gran cantidad de gobernantes. La página de Internet www.dinoalaviolencia.org permite participar en esta iniciativa.

De este modo, la respuesta es sí. La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema mundial de proporciones alarmantes. Pero cada uno/a de nosotros/as puede ser parte de la solución y contribuir a su final.

Es falso que Shakira no llore. La pobre cantante colombiana pasa una verdadera tortura (de ahí el nombre de la última canción que canta con Alejandro Sanz) porque su amor la ha dejado. Es más, el caballero se marcha “sin decir palabra” y encima vuelve hablando “de ella”. Así que Shakira cree que las disculpas sobran y que “a otro perro con ese hueso”. Y no digamos Julieta Venegas. Ella llora y llora porque su amor no supo “entender su corazón”. Es cierto que las canciones de Shakira y de Julieta tienen un aire distinto de las coplas de Concha Piquer y que, aburridas de tanto llorar, terminan por dejar a sus parejas, pero hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado. Llegó el pop.

Todo esto, que puede parecer un poco loco, viene a cuento de un artículo publicado en estas mismas páginas, titulado Revanchismo de género y firmado por Enrique Lynch. Es disculpable que el autor del texto no conozca bien la letra de las canciones, que cita. Se trata de un profesor titular de Estética de la Universidad de Barcelona y es posible que no haya cantado mucho últimamente los ritmos de Shakira. Aun así, en su calidad de profesor debería confiar más en sus dotes para buscar la verdad.

No sería tan importante dejar claramente establecido qué es lo que cantan estas dos estupendas artistas si no fuera porque el profesor Lynch cree que “con tres canciones más de esta guisa (revanchistas de género, anoto yo), la tasa mensual de asesinatos acabará por triplicarse”. Así que para evitar que algún otro “bárbaro islámico” o “macho ignorante y brutal” mate a pedradas o arroje ácido a alguna mujer, parece que hay que aclarar que no son sólo los hombres los que lloran y piden perdón, se emborrachan para mitigar sus penas y se autoflagelan, como afirma el artículo, sino que la mayoría de las mujeres sigue llorando y autoflagelándose por la pérdida del amor. Eso sí, por motivos que quizás alguien se anime algún día a estudiar, no se deciden a asesinar a sus parejas, digan lo que digan seis canciones o seis discos completos.

La cosa tendría gracia si no fuera porque el artículo saca algunas conclusiones de canciones y de campañas de igualdad promovidas por el ministerio del ramo que no son graciosas, sino peligrosas y, pese a una cierta apariencia provocadora, nada originales.

No es nada original, por ejemplo, advertir a las mujeres que no se echen en brazos de un “feminismo resentido” porque pueden acabar alimentando al monstruo de la violencia, asesinadas a manos de unos hombres brutales que actúan en legítima defensa. Eso es directamente peligroso. Se supone que el autor suscribe otro tipo de feminismo (aunque no se explica en qué consiste), con menos riesgos para las propias mujeres. Francamente, resulta triste ver cómo vuelven al espacio público argumentos que ya habían sido olvidados, por su desidia intelectual, desde la época de La Cabaña del Tío Tom.

La idea de que las mujeres provocan la violencia de la que son objeto con su actitud, con su independencia o con su ropa (“mujeres que se calzan botas de caña alta”, “se atizan un atuendo de perdularia al estilo Madonna”, que ni “lloran ni piden perdón”) produce a estas alturas casi tanta incredulidad como tristeza. Y la situación de las mujeres en el mundo islámico es lo suficientemente injusta, y en muchas ocasiones dramática, como para que se pueda insinuar que los “bárbaros islámicos” entierran vivas a sus mujeres, “temerosos ante el revanchismo resentido que ven venir”. Es posible que la lectura de algunos libros como el recientemente publicado Half the Sky, de Nicholas Kristoff y Sheryl WuDum o el ensayo de Amartya Sen sobre la situación de las mujeres en el mundo, ayudará a acabar para siempre con interpretaciones tan agotadoramente simples.

Es cierto, como dice el artículo, que la relación entre hombres y mujeres es de una enorme complejidad. Por eso, precisamente, sorprende que el lema de la campaña publicitaria promovida por el Ministerio de Igualdad (“De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo”) sea objeto de una interpretación tan curiosa y restrictiva, considerada como una consigna “cargada de insinuaciones y connotaciones”. Entre otras, se señala, que las mujeres españolas tienen o han de tener muchos hombres, “afirmación que cuanto menos, resulta discutible”.

Lo que se debe discutir no es si las mujeres tienen, o deben tener, varios compañeros sentimentales a lo largo de su vida, sino, sobre todo, la tonta creencia de que la única relación posible entre hombres y mujeres pasa por las relaciones sexuales. En la vida de toda mujer hay, necesaria y afortunadamente, muchos hombres: padres, hermanos, compañeros, jefes, amigos, y de lo que se trata es que “ninguno de ellos sea más que yo”, como ningún ser humano es más que otro ser humano.

Y conste que el primer significado de la palabra revancha es reintegrarse de lo perdido, restaurar una pérdida. Y en último sentido, tomar satisfacción de una ofensa o daño. El revanchismo de género, tan denostado, sería así la exigencia de media parte de la humanidad de que se le restaure lo perdido y se dé satisfacción a la ofensa y al daño percibido como ser humano.

La noche del lunes 21 de septiembre hallaron el cadáver de una mujer latinoamericana en una maleta de grandes dimensiones en plena Gran Vía de Barcelona; la noche del domingo anterior, día 20, una muchacha casi adolescente moría apuñalada en el descansillo de su escalera; en la tarde del sábado 19, otra de 31 años aparecía muerta en su piso de Madrid. Y en las semanas siguientes, más de lo mismo.

Aparecen mujeres muertas con estudios universitarios, sin estudios universitarios o, simplemente, sin estudios, cada día en nuestro mundo cada vez menos cómodo, sin que leyes o héroes anónimos como hombres que conocemos (no demasiados) intenten evitar lo que las leyes no acaban de arreglar, la costumbre no integra o nuestra pasividad permite.

La verdad es que algunos hombres odian a las mujeres, odian mucho, muchísimo, a las mujeres: a las mujeres con poder, a las que tienen menos poder, a las que tuvieron alguna vez poder, a las que amaron mucho y ya no aman, a las que le sacaron unas pelillas y desaparecieron de sus vidas, a las que mantuvieron, a las que se fueron o desean irse del hogar, a las que van, no en la maleta, sino con la maleta a cuestas por la vida.

La maleta. Pues, ¿no es la maleta la mejor solución de la mujer situada entre hombres que odian a las mujeres? ¿Y no ha sido la maleta de esta mujer de la Gran Vía de Barcelona la confesión de un doble crimen por parte de quien lo ejecutó, contra la propia maleta, símbolo de la libertad de irse, con el fetiche del acto de partir que una mujer que se quiere marchar de algún sitio agarra en primer lugar, diciendo por las dos, por la maleta y ella, “ahí te quedas”, que yo sigo viviendo?

“El hombre donde nace, la mujer donde va”, decía con conocimiento de causa Francisco Delicado en La lozana andaluza por boca de la protagonista, Aldonza, que parte de Córdoba al Trastévere romano.

A veces, algunos hombres que odian tanto a las mujeres como para matarlas no dan la cara directamente, encargan el crimen a un alguien que entiende “corporativamente” que el coleguilla vive un infierno con tal señora y prepara el crimen burdamente, como hemos visto con Marta y otros casos en que interviene el gremio casero de este seudocrimen malorganizado y hay tres o cuatro en liza.

La verdad es que el sueño de matar mujeres de algunos hombres que las odian no llega a veces a la sangre, a veces es mejor matarlas en vida a disgustos helándoles la sangre en casa aunque sean jóvenes, cambiándolas de mostrador cuando se quedan embarazadas, acercándole la mesa de trabajo al balconcillo de la planta sexta a ver si se tiran como en alguna firma de país europeo, y la firma se ahorra, al menos, la maleta, que en estos tiempos de crisis económica faltaría más que la muchacha saliera en un embalaje de la casa acusada de robo in articolo mortis, aunque estuviera tiesa, qué más da.

No acierto a pensar bien si algunos hombres odian con el mismo furor a las mujeres sin maleta, que se quedan en casa solas y soberanas con o sin abogado, que ejercen su profesión por la mitad del salario de sus compañeros o, simplemente, escriben o gobiernan.

Si en nuestro país muchos hombres amaran (fraternalmente, digo) a las mujeres tendríamos mejores Consejos de Administración, por no decir Academias, Consejos, Consejillos y otras zarandajas en las que curiosamente sólo se ven corbatas castigando a las mujeres a diestra y siniestra con la risita cuando llega de jefa, la infamia cuando no puede escuchar, el cambio de mostrador, el mal piropo que suena a insulto, la ventanita y la maleta tirada en el río, más disimulada.

Lo que no tengo tan claro es si odian o no a las prostitutas algunos hombres y algunas mujeres, que a veces hacen de herramienta. Han rechazado regular la prostitución el otro día por parte de un grupo político, que llevaba un punto estupendo contra la trata de mujeres y los anuncios de contactos.

La verdad es que no es que a ninguna mujer con dos dedos de frente le apetezca que la prostitución sea un oficio con escalafón y trienios. Es más, teóricamente, muchas somos muy reticentes a ello, y a que, en algún caso, niñas semidesnudas que llegan al colegio digan por consejo de sus amigas que de mayores, en vez de ser enfermeras, como antes, quieren ser, digamos, belles de jour, ya que los modelitos que vemos en las series televisivas y los escotitos que nos largan, aunque sea invierno, han condicionado la educación -que ahora se llama “sexual”- de nuestras lolitas, que creen más rentable estudiar poco y estirar más las piernas si te dan un trabajo.

Pero, visto lo visto, ahora que -parece- la prostitución no se va a regular, ¿esperamos tres años con las mujeres que se prostituyen en la calle, sin asistencia, tutela, defensa ante las mafias que las acorralan, acosadas por los mil vaivenes de su vulnerabilidad, únicamente para dejar a salvo nuestra mirada escrupulosa, llevándolas al límite de su subsistencia? Claro, que siempre está la maleta.

Los trastornos mentales son más frecuentes en la mujer, aunque no necesariamente más graves que en el hombre. Se sitúan actualmente como la segunda causa de discapacidad en las mujeres en todo el mundo y se prevé que sean la primera causa en 2020. Un porcentaje mucho mayor (el 75%) de las mujeres que el de hombres que ingresan por una enfermedad mental han padecido un abuso físico o sexual en algún momento de sus vidas. Así, entre 50-75% de las mujeres en tratamiento por abuso de substancias han sufrido abusos. En los últimos años, además, se está dando cada vez más importancia a la frecuencia con que se encuentran antecedentes de abuso sexual en las mujeres con trastornos llamados ‘disociativos’ (amnesias, fugas, personalidad múltiple, etcétera). Estos y otros preocupantes datos no siempre son tratados con objetividad en los medios de difusión, lo que crea actitudes a veces negativas a la hora de ponerles remedio.

Las organizaciones protectoras de los Derechos Humanos señalan que, en cualquier caso, se debería hacer hincapié en establecer protecciones eficaces contra la violencia y el abuso hacia las mujeres, como las contenidas en el ‘Violence Against Women Act’, firmado por el ex presidente Clinton en 1994. La Comisión de las Naciones Unidas en su resolución sobre el estatus de las mujeres ‘Mujeres y Salud Mental’ (1999) urgió a los gobiernos a que «promuevan el bienestar de las mujeres y de las niñas, que desarrollen programas de apoyo sensibles al género, que formen a trabajadores sociales para reconocer la violencia basada en el género y que asistan a las mujeres de todas las edades que hayan experimentado cualquier tipo de violencia». Nadie duda de que el movimiento feminista ha tenido un papel fundamental en el logro de estas importantes reacciones internacionales que han sido secundadas en Occidente por la inmensa mayoría de las mujeres y hombres occidentales bien informados. También en otras latitudes los ciudadanos están reaccionado individualmente y en partidos políticos para lograr esos fines. Sin embargo, el tono tremendista con que a veces se difunden estos datos y estos esfuerzos, puede resultar paradójicamente negativo.

Algunos grupos feministas (en particular los radicales) sostienen que la raíz de la violencia hacia la mujer ha sido el patriarcado, la dominación del varón sobre la mujer, el ‘machismo’. El Diccionario de la Real Academia Española define el término ‘machismo’ como «la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres». En los medios de comunicación españoles se emplea el concepto de ‘violencia machista’ como equivalente a ‘malos tratos en el ámbito familiar’. Ese uso exclusivo es abusivo, dado que las mujeres son, aunque menos frecuentemente, violentas hacia los hombres, o pretenden ser superiores a éstos, con una actitud que algunos han caracterizado como una reacción ‘chauvinista de las hembras’. Por ello, a partir del Congreso sobre la Mujer auspiciado por la ONU en Pekín se prefiere hablar de ‘violencia de género’ o ‘violencia doméstica’, cuando se produce entre adultos de edades semejantes y en el contexto de la vida hogareña. En EE UU, los CDC (The Centers for Disease Control and Prevention of violence) hablan de ‘violencia de pareja íntima’ (intimate partner violence).

Una investigación reciente realizada en EE UU muestra que las mujeres y los hombres ejercen entre ellos niveles de agresividad física y psicológica equivalentes, pero que los hombres realizan más freuentemente abusos sexuales, control coercitivo y daños físicos en sus parejas. La violencia de la mujer es más frecuentemente defensiva y motivada por el miedo (Langhinrichsen-Rohling J., 2005). En ese país (como en el resto de Occidente) la frecuencia de incidentes de violencia física no letal en la pareja va afortunadamente bajando (de un millón a 840.000 entre 1992 y 1996) y en ellos, las mujeres representaban en 1998 el 72% de las víctimas. Los episodios letales fueron, en 1998, 1.830 y, de ellos, el 73% de los fallecidos fueron mujeres. En España el porcentaje de mujeres asesinadas respecto al de hombres parece ser semejante y la cifra ha disminuido en los últimos años, en buena parte en relación con la Ley de 2004.

Diversas investigaciones demuestran que la presencia de antecedentes de abusos (tanto en hombres como en mujeres) es un factor de riesgo poderoso para el desarrollo de la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, el alcoholismo y el abuso de otras drogas, los trastornos de la alimentación y el trastorno de personalidad múltiple. Ciertos grupos feministas (como la Task Force of the Feminist Therapy Collective) han propuesto psicoterapias específicas para mujeres, como una terapia para la depresión destinada a reducir los efectos de los factores que contribuyen a la opresión de las mujeres en el entorno cultural y, por lo tanto, a que se depriman. Se han ido desarrollando grupos exclusivamente formados por mujeres que parecen más adecuados que los mixtos para algunos problemas como los ‘abusos de género’ y algunos tipos de adicciones. Nadie duda de que el encuadre grupal es ideal para confrontar los estereotipos sociales (entre ellos la devaluada imagen de la mujer). Sin embargo, algunos grupos que se pretenden terapéuticos modifican su objetivo hacia propósitos de persuasión actitudinal que pueden llevar a una explotación ideológica de los pacientes para captarles para determinadas causas radicales.

Muchas mujeres, que antes buscaban terapeutas varones, por el rol prestigioso de autoridad profesional que éstos detentaban, ahora prefieren en todos los casos buscar psiquiatras o psicoterapeutas femeninos, lo que es, a mi modo de ver, técnicamente discutible. Del mismo modo, algunas intentan manipular en su provecho las novedosas normas legales de discriminación positiva de las que, justificadamente, se va dotando nuestro sistema legal. Los medios de difusión critican algunas decisiones judiciales supuestamente ‘machistas’ sin estudiarlas detalladamente. Los hombres apenas se atreven a mostrar sus quejas en los medios habituales de difusión porque no es lo considerado ‘políticamente correcto’, pero empiezan a proliferar en Internet los blogs de hombres que se consideran maltratados y que se quejan, a veces de forma muy dura, de los excesos mediáticos.

El convertir las relaciones entre mujeres y hombres en una confrontación amarga en nada beneficia la deseable hermandad entre los seres humanos. Puede, por el contrario, crear anticuerpos en algunos sectores de la población, como está ocurriendo en otros aspectos de la vida pública (bilingüismo, inmigración, educación permisiva, etcétera).

Los medios de comunicación se han hecho eco de la vista de un juicio por malos tratos protagonizado por un ex juez decano de Barcelona y su esposa. En la información difundida sobre la comisión de un presunto delito de lesiones por malos tratos en el ámbito de la vida doméstica, se ha apreciado un cierto detallismo en la descripción de los hechos de un enfrentamiento conyugal que ha desembocado en la jurisdicción penal. Al margen de otras cuestiones, cabe abordar la incidencia que el tratamiento informativo pueda haber tenido sobre el derecho a la intimidad de los protagonistas de un conflicto personal en un contexto de su vida privada. Más que nada porque parece obvio que la mayor relevancia informativa atribuida al caso puede ser debida a que uno de sus protagonistas es un juez: un miembro al servicio de un poder del Estado como es el poder judicial, que en su condición de cargo público dotado de poder jurisdiccional, está encargado de administrar justicia (hacer cumplir la ley) por la legitimación que el pueblo le ha otorgado. Un cargo público que, al igual que su pareja, ha sido acusado de no cumplirla.

Con estos antecedentes, cabe plantear si la información sobre los hechos del conflicto conyugal puede chocar con el derecho fundamental a la intimidad de los protagonistas. Entendiendo por este derecho de la personalidad el que protege aquel ámbito de la vida privada del individuo que es inaccesible a los demás, salvo que medie su propio consentimiento. Porque está fuera de duda que una discusión de una pareja en su domicilio forma parte del núcleo protegido por el derecho en cuestión. Pero ya será distinto y tendrá más trascendencia si de la controversia personal se deriva la presunta comisión de un delito. Pues de darse las circunstancias propias de una acción antijurídica de carácter doloso que conduzcan el caso al enjuiciamiento penal, el derecho a la intimidad puede estar cediendo a favor del derecho a recibir información.
Entonces el asunto ya no puede quedar enclaustrado en el círculo de la intimidad, pues la existencia del hecho delictivo es de interés público. Ya no es un tema que concierna en exclusiva a las partes implicadas, sino que también compromete a la sociedad. Y esta tiene derecho a saber qué hacen sus jueces. Con este fin, la Constitución reconoce el derecho a recibir información veraz y, además, establece que «las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento» (artículo 120.1), que, si cabe, facultan al juez o al tribunal a celebrar el juicio a puerta cerrada.
En el caso que nos ocupa cabe resaltar que la invocación del derecho a la intimidad en favor de las personas acusadas recíprocamente de malos tratos demanda un tratamiento diferenciado. La razón de ello se basa en que el juez acusado de malos tratos es un servidor público encargado de administrar justicia, acerca de lo cual la ciudadanía ha de disponer del derecho a recibir información diligente sobre el comportamiento presuntamente delictivo de alguien que ejerce una función pública de interés general como es cumplir y hacer cumplir la ley. Precisamente, de un servidor de un poder estatal que en el ejercicio de la jurisdicción puede llevar a prisión a cualquier ciudadano que incumpla la ley. Y parece obvio que un juez procesado por delito no es precisamente un buen referente para la sociedad. Es una circunstancia que por su gravedad objetiva deviene en un asunto de interés público y la sociedad está legitimada para conocer la paradoja institucional que ello supone.
A pesar de que, como es el caso que nos ocupa, el asunto surja de una disputa doméstica y no del ejercicio de su profesión. Se trata de un tema de relevancia pública que un juez haya sido procesado por malos tratos, que es un criterio que reiteradamente emplea la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para establecer los límites a la protección del derecho a la intimidad, cuando establece que « siendo verdadero –el hecho informado– su comunicación a la opinión pública resulte justificada en función del interés público del asunto sobre el que se informa» (sentencia del Tribunal Constitucional 197/1991). Por tanto, que un juez sea procesado por una acción delictiva es una cuestión que debe preocupar especialmente a la sociedad y, antes que nada, al propio Estado. Por esta razón informar sobre ello es constitucionalmente legitimo.

Cuestión diferente es la forma cómo se haya realizado la información. Porque es preciso sostener que lo que a una sociedad democrática sustentada en la racionalidad como seña de identidad colectiva le interesa saber es que un juez ha sido procesado por una acción presuntamente delictiva; pero le han de preocupar mucho menos los detalles de la acción, sobre todo cuando forman parte de la intimidad del afectado. Y en este caso, no puede dejarse de lado que el interés público que legítimamente se reclama para el juez, desaparece en el caso de su pareja, que no ostenta esta condición. La información difundida no puede hacer abstracción de esta circunstancia y tratar de la misma forma dos situaciones que son distintas. Lo que en el terreno de la deontología profesional conduce a la necesidad de elaborar un tipo de información sobria que excluya elementos escabrosos carentes de interés objetivo.

No me extraña que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial haya premiado a titulo póstumo a Stieg Larsson por su contribución a erradicar la violencia de género y por su denuncia contra la violencia machista en su literatura.

La violencia física o psíquica que algunos hombres ejercen contra las mujeres en su entorno familiar, es uno de los hilos conductores que enlaza los volúmenes de la trilogía Milenium y que responde en parte al supuesto comportamiento violento y asocial de la protagonista femenina, ya que Lisbeth Salander ha sido testigo durante su infancia del maltrato brutal que su progenitor aplicaba contra su madre, hasta el punto de provocarle un derrame cerebral que la deja sumida en un estado vegetal.

Un secreto que se desvela en el segundo tomo para el lector (Zalachenko, espía ruso, es el padre de Salander), da razón del falso diagnóstico de ‘esquizofrenia paranoide’ que se emite contra la protagonista femenina por un perverso psiquiatra, con el fin de silenciar la vinculación de Salander con su padre, ya que los intereses de una sección ilegal de la Säpo están muy por encima de los derechos constitucionales de una menor, a la que se intenta silenciar por todos los medios.

Estos hechos apuntan a denunciar en la obra de Larsson no sólo los efectos perversos que originan determinadas estructuras y dinámicas de poder en el ámbito privado y público (Zalachenko era más importante que la madre de Salander), sino también el lado oscuro del idealizado Estado de bienestar sueco, en lo que respecta a sus servicios de atención social, sus medios de comunicación, la clase financiera, el poder político, la policía de seguridad y los servicios de atención clínica y psicológica.

Pero más allá del lado oscuro de esta trama, lo que ilumina esta obra y brilla con luz propia es la personalidad de la protagonista femenina que se caracteriza por la ausencia de victimismo en su posición psicológica respecto al otro, a pesar de haber sido presa de maltrato familiar y víctima de abuso físico, psicológico y judicial.

Su negativa a hablar con el psiquiatra Teleborian, aunque la tuviera atada de por vida a la cama del hospital psiquiátrico Sankt Stefan, muestra una posición decidida de separación con el otro, que impide que se instale en una identificación como víctima indefensa del malvado psiquiatra Teleborian.

Nos gusta Salander porque sabe cuidarse de si misma, es más inteligente que sus adversarios, reacciona rápidamente a las agresiones, sabe defenderse con una destreza extraordinaria tanto física como psicológica, y es capaz de generar una enorme transferencia afectiva en aquellos que la conocen bien.

Salander es una resiliente porque ha sido capaz de responder y afrontar situaciones traumáticas y salir reforzada psicológicamente de las mismas. En este proceso de resiliencia se ha buscado como familia a los miembros de la hacker Rep para que la ayuden a resolver los problemas con el Estado sueco, y ha construido un vínculo afectivo con el maravilloso y justiciero periodista Mikael Blomkvist, que trata por todos los medios de que se haga justicia con ella y demostrarle su afecto y amistad.

La imagen de mujer fuerte, resistente e inteligente está presente en todos los personajes femeninos de la trilogía de Larsson, desde la protagonista, Lisbeth Salander, hasta Erika Berger, Mónica Figuerola, Susanne Linderfy y la abogada Annika Giannini.

Todas ellas son mujeres luchadoras y comprometidas que transmiten, cada una a su manera, una enorme capacidad para lidiar con la adversidad, en ese punto límite en el que se enlaza la pulsión de vida y la pulsión de muerte de una manera tan feroz que los personajes resurgen investidos de un plus de vida al salir ilesos de la batalla.

La lucha que se mantiene para esclarecer la verdad de los hechos en torno a Salander, y desmontar a los miembros de una sección ilegal de la Säpo, se sostiene desde valores fundamentales como la amistad, la lealtad, la justicia, el esfuerzo del trabajo realizado en equipo, así como desde la necesidad de restaurar los valores inherentes al buen funcionamiento de una sociedad democrática. El resultado de todo ello es un desenlace satisfactorio que anula la declaración de incapacidad de Lisbeth Salander y esclarece la causa de los hechos que estructuraron su historia clínica.

Aunque la trilogía termine, el personaje de Salander ha dejado tal impronta en los lectores que se continuará escribiendo en torno a ella, la veremos de nuevo en la pantalla y la reconoceremos cada vez que, a pesar de la adversidad, se ponga en acción en cada uno de nosotros el antivictimismo y los mecanismos curativos inherentes a un proceso de resiliencia.

No quiero terminar sin añadir que quizás el último tomo de la trilogía podría haberse titulado ‘La reina en el palacio de las corrientes de aire y los hombres que amaban a las mujeres’. Hombres como Mikael Blomkvist y el autor sueco Stieg Larsson que nos ha legado esta excelente trilogía.

La distancia puede ser el olvido, como decía el bolero, pero el olvido de las responsabilidades también puede hacer tomar distancia de la realidad. Que los hombres viven alejados de la realidad de la violencia de género es un hecho contrastado que se manifiesta, entre otras, en situaciones como la diferencia entre la media de mujeres que consideran la violencia de género como un problema grave -el 3’7%, según el Barómetro del CIS-, y la de hombres -el 1’5%, una distancia del 153%, cuando en ningún otro problema se producen diferencias tan grandes-.

Pero también, por ejemplo, en que de las llamadas realizadas al 016 por los hijos e hijas de las mujeres que sufren la violencia, en el 75% de los casos sean éstas las que las hacen frente al 25% de los varones. O que estos últimos años se hayan constituido múltiples asociaciones de hombres alrededor de determinadas manifestaciones que les perjudican porque, según dicen, se actúa de manera discriminatoria contra ellos, pero nunca lo hayan hecho para combatir la desigualdad ni la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres.

Los hombres tienen que aproximarse a la igualdad a través de la acción, no basta una posición pasiva; hay que abandonar esa distancia para aproximarse al problema con el objetivo de modificar sus manifestaciones y cambiar las causas, ver el problema como algo propio y responder en consecuencia. No es fácil, somos conscientes de que en muchos casos las referencias culturales han llevado a muchos hombres a establecer una identidad tan distante que resulta difícil encontrar el camino para salir y que cuando se les llama o comunican o están fuera de cobertura. Por ello es necesario darles referencias y la información necesaria para que cada uno busque la salida a la encrucijada y acudan al encuentro.

El teléfono de información y orientación sobre las políticas y medidas de igualdad dirigidas a los hombres busca proporcionar esa información para que quien lo decida inicie el camino. En ningún caso la información va a decirle a nadie cómo tiene que ser, pero sí recogerá cómo no se puede actuar y cómo se pueden resolver las cuestiones que planteen. No hay que olvidar que esa demanda ya existe y que muchas organizaciones están trabajando en esa dirección, algo que se refleja también en la línea de atención ciudadana de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que en este 2009 ha visto incrementadas las solicitudes de hombres en un 65%.

Sorprende que ante una situación tan objetiva como la reflejada, la violencia de género, y ante un recurso que contribuye a modificarla, el teléfono de información para hombres, se levante una polémica bajo argumentos de lo más diferente. Todas las medidas que actúen a favor de la igualdad beneficiarán a las mujeres que sufren la desigualdad y a la sociedad en su conjunto, todas. Cualquier recurso que pueda contribuir a la promoción de la igualdad y a la prevención de la violencia de género resultará beneficioso. Es como decir que, por ejemplo, los teléfonos de información sanitaria quitan quirófanos para los enfermos: nadie lo plantea por absurdo, pero en cambio sí se permiten hacerlo en el caso del teléfono de información para hombres, aunque la realidad refleja la necesidad de un recurso de ese tipo. Da la sensación de que lo que inquieta es que muchos hombres dispongan de información y elementos de contraste sobre las referencias existentes, no que todo sigua igual, aunque ese continuar bajo las mismas referencias se traduzca en violencia y pasividad.

Hay que arrimar el hombre a las acciones por la igualdad; no basta con haber arrimado el hombro de las mujeres y del feminismo a través de su reivindicación histórica y de las políticas desarrolladas, y para conseguirlo hace falta información y orientación.

Queremos hombres con los pies en el suelo y dispuestos a dar ese paso, no hombres que pongan los pies sobre la mesa para demostrar su poder y dejar que todo siga igual, y para ello pondremos los medios. Después, la responsabilidad será de cada uno.

Durante estas últimas semanas hemos visto cómo varios anuncios publicitarios presentaban determinadas imágenes de mujeres basadas en su estética y en actitudes vitales relacionadas con ella, dirigidas a llamar la atención de chicos y chicas como reclamo para acudir a fiestas. La subasta de adolescentes en Granada, el uniforme colegial en Málaga, las fiestas de la minifalda por todos los rincones o el control por medio de la sexualidad en Almería, entre otros muchos anuncios que empapelan los muros de nuestras calles, juegan con un componente de la identidad de hombres y mujeres esencial en la socialización: el reconocimiento intersubjetivo.

Hombres y mujeres son más valorados y se sienten más reforzados según sean apreciados por el entorno de relación, algo comprensible, pero que se distorsiona cuando el reconocimiento se centra en aquellos elementos que culturalmente han sido tomados como referencias para otorgar valor a las personas según el modelo dominante, el mismo que permite crear a «imagen y semejanza» al protagonista secundario.

De este modo, la imagen de las mujeres, como si se tratara de una oración gramatical, se presenta como complemento directo del sujeto-hombre, y los juegos que ha tratado de potenciar la publicidad comentada, buscan destacar aquellos atributos de hombres y mujeres que les dan valor ante el grupo. Y así, mientras que los chicos adolescentes se sienten con poder y reconocidos al pujar por las chicas para conseguir a las más valorada, ellas buscan sentirse reconocidas por los atributos que las hacen ser deseadas, para así desarrollar el teórico poder que se les ha dicho que tienen, y que refleja de manera directa la publicidad del pub almeriense cuando el niño que mira el interior de la braguita se encuentra con la respuesta de, «mira, con esto es con lo que voy a controlar tu vida». Al final, el resultado parece igualado, ellos tienen poder y ellas lo adquieren por medio del control de la sexualidad, una estrategia que se vuelve en contra de las mujeres al actuar como argumento y justificación de la conducta de muchos hombres que hablan de «armas de mujer» e interpretan cualquier gesto como un ataque. Esta percepción lleva a la necesidad de «atar en corto» a las mujeres, de colocarle un cinturón de castidad real, como se ha hecho en la Historia, o virtual, como se intenta ahora por medio del control, pues el armamento de las mujeres siempre apunta hacia ellos. Situación no sólo teórica, como muy bien reflejan los estudios de la OMS (2002) al indicar que el 33% de las mujeres estudiadas manifestaron que su primera relación sexual fue forzada, o los de Watts y Zimmerman (2002) mostrando que entre el 7 y el 36% de las niñas habían sufrido abusos sexuales.

José Antonio Marina escribió que el poder se manifestaba en capacidad de influir, capacidad de premiar y capacidad de castigar. La imagen de la mujer muestra algo objetivo y representa la idea que se tiene de ellas, de manera que la relación entre poder e imagen cuando es sintónica respecto a lo esperado se traduce en premio (para él y para ella), cuando se desvía ligeramente se recurre a la capacidad de influir, estrategia en la que se encuentra la publicidad sexista para reconducir la situación, y cuando no se integra dentro de las referencias establecidas, el poder se traduce en castigo a través de la ausencia de reconocimiento, de la «mala reputación» por no seguir el juego, o de la violencia cuando la resistencia se convierte en negación.

La igualdad no parte de un modelo único, no es igualación respecto a una referencia previa tomada como natural o general, y por tanto no busca la semejanza. La igualdad nace de la diferencia entre hombres y mujeres, de sus distintas identidades y de sus elementos comunes para que sobre ninguno de ellos puedan construirse roles distintos ni pueda establecerse desigualdad y discriminación.

Tampoco para que ningún hombre entienda que desde su posición puede pujar o empujar a una mujer. Y si esto aún sucede en la actualidad es porque todavía hay muchos hombres que utilizan los mismos argumentos de siempre para continuar con la estrategia que lleve a las mujeres a ser y comportarse «a imagen y semejanza» suya. Es fácil decir ante estos hechos que se exagera o que se sacan de contexto, pero también debería ser sencillo entender que lo primero que desarrolla un maltratador es una conducta que lleva a la «deshumanización del objeto de la violencia», que no es otra cosa que la «cosificación» de la mujer, como la ha llamado el derecho español.

Si se presenta a las mujeres como objetos o como anuncios en sí mismas, al final habrá hombres que decidan relacionarse con ellas como pertenencias. Todo influye cuando hablamos de una violencia estructural, histórica y tan extendida, y el esfuerzo debe ir dirigido a hacer de ese todo nada que pueda ser utilizado para ejercer la violencia, objetivo que se consigue con una actitud crítica y modificando las pautas para conseguir una socialización en convivencia, no minimizando, metiendo los hechos en contextos o sacando a los niños y a las niñas de los espacios compartidos.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se han alzado voces de distintos sectores que, reubicando el discurso ancestralmente construido para perpetuar la subordinación de las mujeres, pretenden descalificar la labor legislativa.

Esas voces incluso admiten de entrada lo inaceptable de la violencia machista, para pasar a elaborar seguidamente nuevas formulaciones al servicio de mantener la discriminación peyorativa contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, una de las cuales, la más brutal, es la violencia. En este contexto, una de las principales ideas fuerza de esta estrategia es la de que las mujeres denuncian en falso ser víctimas de violencia machista. Para ello pretenden hacer equivalente libertad de expresión a derecho a publicitar sospechas, rumores y dudas -en ningún caso contrastadas-, cuando no meramente prejuicios, como es atribuir de forma generalizada a las mujeres la realización de actos delictivos mediante la presentación de denuncias falsas.

Es cierto que el Tribunal Constitucional ha incluido dentro de la libertad de expresión -diferenciando su contenido del de la libertad de información, sujeta al límite de la veracidad- las invenciones, los rumores o las meras insidias. Pero de ello no cabe derivar que estas expresiones contribuyan a la construcción de una sociedad más democrática o a la investigación de un fenómeno considerado como el crimen encubierto más extendido del mundo.

Los juristas conocemos bien las reglas que regulan el proceso penal, el sistema de valoración de las pruebas practicadas en juicio oral y el sistema de garantías construido en el Estado social de derecho a favor del acusado. También sabemos de la extraordinaria lentitud con que las víctimas de violencia de género van desechando temores y prejuicios que dificultan la decisión de romper el círculo de esa violencia y, con ello, el silencio que lo perpetúa. O las barreras que tienen que superar para poner en conocimiento de la Administración de justicia hechos que ahora constituyen delitos. Conocemos igualmente la escasa colaboración de las propias denunciantes en el proceso, vinculada en muchos casos con dependencias de distinto tipo (sentimental, económica…) del presunto agresor, ya que ello supone romper con el modelo de socialización que sitúa a la mujer en posición subordinada en la relación de pareja. Esta escasa colaboración incluso puede deberse a la falta de correspondencia entre las expectativas que tienen respecto a la denuncia -tantas veces formulada con la única pretensión de que cese la violencia- y las consecuencias de poner en marcha el proceso penal, que ha de acabar, si se prueban los hechos, con una sentencia de condena que, normalmente, impondrá pena privativa de libertad y, en todo caso, pena de alejamiento al agresor. Sabemos asimismo de la dificultad de prueba de unos hechos que se cometen en tantas ocasiones en la intimidad o sin dejar rastros físicos apreciables.

En este contexto, el sobreseimiento provisional de las actuaciones o el dictado de una sentencia absolutoria no implica que la denuncia sea falsa. La sentencia absolutoria impide considerar culpable al que venía acusado hasta el juicio oral, pero ello no equivale a inexistencia de la violencia. Significa que la acusación no ha introducido pruebas bastantes de cargo, con la consecuencia de motivar la absolución del acusado. Un buen número de sentencias absolutorias justifican la absolución precisamente en ello.

Esto impide, naturalmente, categorizar como culpables a los acusados absueltos. Pero no permite, ni mucho menos, hablar de abuso del proceso o de denuncias falsas. Sólo podrán considerarse tales las que así sean valoradas en sentencias condenatorias firmes contra mujeres por esos delitos, y ello exclusivamente respecto de las que en concreto resultaran condenadas. Las mujeres también son titulares del derecho a la presunción de inocencia.

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2007, refiere 18 casos en toda España en los que se ha deducido testimonio contra mujeres para la investigación de hechos que podrían revestir los caracteres de acusación o de denuncia falsa, que también podrían ser de falso testimonio, toda vez que en ocasiones las denunciantes se retractan de su denuncia, por una errónea concepción del perdón al acusado o por el deseo de evitar su condena. No consta, sin embargo, ni siquiera el resultado final de estas actuaciones, que bien pudieron ser sobreseídas o acabar en sentencia absolutoria. Y ello, según la estadística judicial, frente a 43.048 juicios celebrados en ese año por violencia machista, que han terminado en 28.364 sentencias condenatorias.

Sobre quienes afirman que las mujeres interponen denuncias falsas recae la carga de probar su existencia. La mera difusión de insidias o sospechas no contrastadas lo único que revela es un proyecto ideológico de perpetuar la discriminación contra las mujeres así como un escaso rigor en las afirmaciones que se dicen efectuar en el ejercicio de la libertad de expresión. Permite, en todo caso, identificar el propósito que guía tales aseveraciones y valorar su papel en la construcción de la sociedad democrática.

Han pasado más de cuatro años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004. Se empezó a decir en voz alta que no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España, que las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provocaban dolor innecesario, suponían un despilfarro para el erario público y no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.

Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.

Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado. Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.

La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales. Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que “ellos también tenían familias”; abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.

Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres…), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes.

La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.

La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie. Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina “agresor” al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.

La sociedad que hemos heredado no es siempre justa; debemos contribuir a hacerla mejor, y proteger a quien más protección necesita es lo adecuado y lo honesto”, dice Amelia Valcárcel. Hoy, Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, es buena ocasión para valorar si hemos contribuido a este objetivo de más justicia social con la ley española contra la violencia.

Recordemos que en la década de los ochenta se utilizaban las expresiones de “denuncias por malos tratos” y “violencia familiar o doméstica” para identificar cualquier lesión, amenaza o coacción de un miembro de la familia sobre otro. Pero ya entonces la expresión “violencia de género” comenzaba a pugnar para identificar la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja, diferenciándola de otros familiares.

Será a partir del año 1998 cuando las asociaciones de mujeres y las víctimas consigan que los medios de comunicación recojan sus quejas, mayoritariamente dirigidas contra el sistema judicial. Afirmaban que no eran protegidas y que la denuncia aumentaba el riesgo para sus vidas y las de sus hijos. Estas quejas, difundidas por prensa, radio y televisión, provocaron un estudio del Defensor del Pueblo, en el cual se reconoce que históricamente el problema había carecido de interés social y jurídico. Así era, las leyes penales o procesales no lo trataban de manera específica y no era estudiado en las Facultades de Derecho, ni en la abogacía o la judicatura.

Para conocer si las quejas eran fundadas, se realizaron estudios sobre sentencias dictadas en esta materia que proporcionaron importantes conclusiones. Una de ellas es que alrededor del 90% de las víctimas eran mujeres en el ámbito de la pareja. Otra, que los juzgados de instrucción, por regla general, consideraban las denuncias de las mujeres contra sus esposos como faltas o infracciones leves, a pesar de que un alto porcentaje de ellas eran amenazas graves con armas. En estos juicios de faltas las condenas apenas llegaban al 27%. Pero, además, las condenas consistían en multas económicas ridículas e incluso arrestos domiciliarios, provocando sensación de impunidad en el agresor y sentimientos de falta de protección y eficacia en las denunciantes.

Estos datos pusieron de manifiesto que la legislación y el sistema judicial desconocían las particularidades de este fenómeno criminal, derivadas de la existencia de vínculos de dependencia económica, psicológica o social entre víctima y agresor. Entonces asistimos a sucesivas reformas de las leyes penales hasta que, en el año 2004, nuestro Parlamento aprobó por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género. Ésta creó órganos judiciales específicos; pero su principal novedad consistió en realizar un diagnóstico de las causas y afirmar que estas violencias responden a una situación de desigualdad histórica de la mujer socialmente justificada, como ya había declarado la ONU.

Pues bien, desde el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial se ha realizado un balance del funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer y se ha obtenido, entre otras conclusiones, que la especialización de los órganos judiciales ha mejorado la coordinación y la respuesta judicial, ahora más rápida y eficaz.

Más rápida, como lo demuestra el alto número de juicios celebrados, el normal funcionamiento de los juicios rápidos y la respuesta en el plazo de las 72 horas a las peticiones de órdenes de protección, que en un 75% se estiman. Más eficaz, porque se han fortalecido los instrumentos de investigación y de recogida de pruebas incriminatorias (como testimonios y partes de lesiones, periciales, entre otras), con unos atestados policiales más completos; de manera que, hoy por hoy, el 79% de las sentencias dictadas por los juzgados de violencia son condenatorias. Se ha logrado así invertir la proporción anterior y despejar la sensación de impunidad de anteriores épocas.

Todavía hay tareas por hacer. Las campañas de información a las mujeres y de rechazo de los comportamientos violentos han de mantenerse para asegurarnos el levantamiento del velo en esta forma de criminalidad. Como también han de perfeccionarse los mecanismos de protección y hay que asegurar la efectividad de las órdenes de alejamiento, tanto con informes técnicos de valoración del riesgo como con mecanismos electrónicos de vigilancia de los condenados. Y con seguridad tenemos que mejorar el trato dispensado a las personas que acuden al sistema judicial; y avanzar en la formación especializada de todos los profesionales, incluyendo los jueces y juezas.

Queda camino por recorrer, pero en el Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, podemos decir que la sociedad española ha conseguido sacar este problema del ámbito doméstico o privado y lo ha situado donde deben estar: en el ámbito de lo público y como vulneración de derechos constitucionales que han de ser reparados y protegidos por las instituciones. Estamos caminando hacia una mayor justicia social, y la ley integral es un buen instrumento que debemos reforzar para seguir mejorando la respuesta institucional.

Sonia en el trabajo se hace llamar la Centavito, y Mike, que la conoce bien, me dice que ella eligió este nombre pensando que cuando la gente encuentra un centavo en el suelo no se molesta ni tan siquiera en recogerlo. La Centavito es una de las miles de mujeres que sobreviven ejerciendo la prostitución en la costa guatemalteca del Pacífico, una inmensa marisma de fértiles tierras negras cubiertas de haciendas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar y del plátano, bajo la sombra de los inmensos volcanes que emergen del altiplano.
Pero los departamentos del suroccidente de Guatemala, a tan solo 400 kilómetros por mar de las zonas de producción de cocaína de Colombia y cerca de la frontera con México, se han convertido en un lugar de paso para los traficantes de drogas o de personas, para los inmigrantes irregulares que quieren llegar a la tierra prometida de América del Norte, para las maras –organizaciones de jóvenes violentos, enfrentados entre ellos y a menudo al servicio del narcotráfico– y para los miles de trabajadores que, durante la época de la zafra –la tala de la caña–, se desplazan allí desde las montañas para trabajar más de 12 horas diarias a cambio de unos euros por cada tonelada de caña que cortan.

LA HISTORIA de la Centavito no es muy diferente de la de muchas mujeres que ejercen la prostitución en América Central. Nació en el interior rural de Guatemala, pero podía haber nacido en un entorno de pobreza de cualquier país de la región. Forzada sexualmente durante meses cuando tenía 14 años por un miembro de su familia, en este caso el padrastro, su madre nunca lo reconoció y ella un día decidió irse a la capital, donde la única forma de lograr comida y techo fue ofrecer sexo al servicio de un proxeneta. Ahora tiene 29 años y ha parido tres hijos. El primero, cuando ella tenía 17 años, murió en la calle un día en que, estando borracha, lo dejó abandonado. Nunca se lo ha perdonado. Los otros dos, de 8 y 10 años, saben lo que hace su madre y por qué lo hace, y la quieren. No ha vuelto a ver a su familia, que no le perdona que se dedique a lo que se dedica. En otros casos, los hijos están con los abuelos, a los que estas mujeres regularmente les mandan parte de lo que ganan en una semana. Ellos creen que ellas trabajan de camarera o en un taller de confección.
Pese a que la explotación, a menudo de menores, es la norma, a veces la relación de las mujeres con los propietarios de los locales en los que trabajan o con algunos clientes habituales es ambigua, y cuando te hablan de ellos, incluso se diría que les tienen cariño. Verdad o no, uno de los argumentos más frecuentes para seguir ejerciendo la prostitución es el de poder pagar el colegio de los hijos. Algunas consiguen pasar las fronteras y llegar a América del Norte. La mayoría, no. Pero el poder hacerlo tampoco es ninguna garantía: durante el año 2007, Estados Unidos deportó a más de 23.000 inmigrantes guatemaltecos indocumentados.
Pobreza, ilegalidad e impunidad generan violencia. En Guatemala, con un índice de pobreza del 57%, se producen una media de 5.000 asesinatos cada año, y desde el 2001 han muerto violentamente más de 4.000 mujeres. En muchos casos hubo también violencia sexual. Los abusos sexuales y la violencia intrafamiliar, a pesar de estar absolutamente subdeclarados, constituyen el 9% del conjunto de delitos registrados.
Pobreza, ilegalidad y violencia son determinantes para la propagación de enfermedades, entre ellas el sida, ya que impiden el acceso a la información, a las medidas de protección y a los servicios sanitarios. Si bien en América Central la incidencia de la infección por el VIH no puede compararse con la de África o algunos países del Caribe, la tasa de infección en las mujeres embarazadas de determinadas zonas llega ya al 1%, el criterio de la Organización Mundial de la Salud para clasificar la epidemia como generalizada.
Los esfuerzos de algunas administraciones locales y del Fondo Global de Naciones Unidas han logrado incrementar el número de diagnósticos y tratamientos de esta infección, pero se estima que la cobertura de las necesidades de los afectados llega tan solo a la mitad. Las proyecciones de la epidemia en la región no son optimistas y no podrán revertirse si no se encaran frontalmente la pobreza, el acceso a la educación y a la salud, la prevención de la violencia y la protección legal de sus víctimas.

EL CONGRESO de Guatemala acaba de aprobar por una inusual unanimidad la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Será difícil que sea algo más que un gesto, pero este es un gesto importante en un país donde hasta ahora los gobiernos no han hecho nada para proteger a los más vulnerables, sino todo lo contrario.
Mike es uno de los educadores sociales de un proyecto de cooperación para la prevención y control del sida y de otras infecciones de transmisión sexual. Su trabajo consiste en velar por que los colectivos más vulnerables accedan a los servicios sanitarios, explicarles cómo protegerse de estas infecciones y animarlos a hacer valer sus derechos. Mike, que también siente estima por la Centavito, un día le dijo que a veces un centavo es todo lo que le hace falta a alguien para poder pagar el billete de autobús. Y la Centavito seguro que sonrió.

La dramática situación en que se halla el buen ciudadano Jesús Neira por defender a una mujer del maltrato de su pareja ha dado lugar a multitud de comentarios sobre la dependencia de su verdugo que padece la mujer maltratada, que en este caso no ha agradecido el noble gesto de su defensor y que se niega a denunciar a su maltratador. Esta conducta podría compararse con la de los que padecen el síndrome de Estocolmo, pero a quienes lo sufren se les trata con una comprensión que siempre se echa de menos con las mujeres maltratadas, aunque haya que aplicarles un atenuante muy cualificado, como es la relación afectiva y sexual que mantienen con el maltratador, una circunstancia que no se produce en las víctimas de tortura.

LO QUE NUNCA explican los comentaristas y expertos en el tema es que el maltratador en el primer momento es un seductor. Se dirige a la que será su víctima mostrándose enormemente obsequioso y amable, colaborador, generoso, solidario. Cuando la ha enamorado –muchas veces ella ni siquiera sentía atracción antes por él– y comienzan a vivir juntos, empieza la tarea de esclavizarla. El control de su vida, los ataques de celos –que ella interpreta al principio como amor–, la exigencia de que obedezca todas sus órdenes, la separación primero de sus amigas y después de su familia. Cuando ya se encuentra aislada se inicia el maltrato psicológico: las manifestaciones de desprecio, las críticas continuas, los insultos… y cuando ya ha perdido la confianza en sí misma, comienzan los golpes. El resto pueden imaginarlo fácilmente.
Escucho a menudo, incluso de mujeres, los comentarios despectivos respecto a la conducta de las víctimas. Ellos no comprenden cómo aguantan semejante situación, y ellas jamás lo soportarían, y dicen que hace falta estar mal de la cabeza o deben de ser masoquistas. Ninguno, y de momento tampoco ninguna, de quienes hablan así ha vivido una situación semejante. Parecen creer que las víctimas se entregan encantadas a una relación que comenzó a bofetadas el primer día que conocieron a su verdugo, lo que significa que desconocen totalmente el problema. Y ya no me refiero a las que son hijas de un padre maltratador, que padecen todos los condicionamientos para reproducir la conducta de su madre. Las secuencias han sido generosamente mostradas en el cine y la televisión, pero no se recuerdan.
Pero es que además de la dependencia afectiva, de la que todo el mundo habla, existen otras tres dependencias a las que nadie se refiere. La primera es la dependencia del miedo. Cuando la víctima comienza a comprender que debe huir de la esclavitud a la que está sometida, su torturador la ha convencido muy eficazmente de que no se lo permitirá, la perseguirá allí donde se encuentre, también a sus padres y a sus amigos, y, en último término, la matará. Amenazas realmente muy creíbles, tanto por su conducta anterior como porque así lo confirman las cifras cotidianas de asesinadas.
La segunda dependencia es la económica. En una mayoría de casos la mujer no dispone de medios para independizarse, mucho menos si tiene niños pequeños. ¿Cómo huir de aquella casa que paga su tirano, adónde ir, cómo sufragar su vida y la de sus hijos? Si tiene trabajo deberá dejarlo para huir lejos, sacar a los niños del colegio, perder las amistades, alejarse de sus familiares, quizá cambiar de ciudad, de comunidad incluso, si el perseguidor es tenaz. ¿Cuántas podrán hacerlo? ¿Cuántas creerán que el peligro es tan grave que vale la pena sufrir tales penalidades y cambios?
La tercera dependencia es la familiar. No todas las familias –padres, madres, hermanos– están dispuestas a comprender a la hija o hermana, a apoyarla en su decisión de abandonar al marido, a pagarle el abogado, a acogerla en sus domicilios, acompañada de los pequeños, mientras el padre y marido –su dueño legítimo– les llama continuamente, va a esperarles a la puerta de su casa, les arma broncas en el trabajo. No todas las familias tienen recursos económicos, o no quieren gastarlos en mantener a su hija, hermana, nietos, sobrinos, comprarles ropa y pagar el colegio, mientras se dirimen interminablemente los procesos judiciales que correspondan. Es mucho más có- modo y barato convencer a la hija o a la hermana que se encuentra en tal situación de que aguante, que algo bueno tendrá él cuando se enamoró. Esto lo dicen hasta las psicólogas que hacen los informes oficiales para el juzgado.

Y AÚN HAY una cuarta y definitiva dependencia: la judicial. Si la víctima, que ha de ser una heroína, se decide finalmente a presentar la denuncia, comenzará para ella el último e interminable suplicio. La falta de pruebas, la negativa de los testigos a implicarse, la deficiente defensa, la indiferencia –cuando no la ausencia– del fiscal, la impaciencia y la ideología del juzgador, terminarán la mayoría de las veces con la absolución del maltratador, o condenándolo a una pena absolutamente inoperante que no cumplirá.
En cuanto a la eficacia de las órdenes de alejamiento o de protección –hay 12 policías para proteger a varios miles de mujeres–, ya la conocemos, sobre todo la última víctima desgraciada de Tenerife que confió en ella.
¿Y todavía les exigimos a las víctimas que denuncien?

Querido Jesús:

Estoy triste y preocupado. Para serte sincero, muy triste y muy preocupado. Tanto, que quisiera saber expresarte diáfana y brevemente mi quebrantado estado de ánimo. Cuando el otro día, estando fuera de España, me contaban lo que te había pasado, se me hizo un nudo en la garganta que no he podido deshacer hasta que me he sentado a escribir estas palabras dictadas por el afecto, la admiración y el respeto, en iguales proporciones. Comprendo, pues, que a Isabel, tu mujer, le tiemble la voz de la desesperanza y que a sus ojos asomen las lágrimas amargas de la sinrazón y el desafuero.

Sé que no puedes verme. Tampoco oírme. Por eso me dirijo a ti. Deseo hacerte reconfortante compañía sin robarte el obligado sosiego. Me propongo intentarlo con buena voluntad y espíritu agradecido. Y como nos dejó dicho Miguel de Unamuno en dos bellos endecasílabos, pido a Dios que en este trance me conserve fría la cabeza, caliente el corazón y la mano larga, como sinónimo de generosa. Sé bien que ésta es una carta que no puede reflejar toda la negrura de lo que te sucedió el pasado 2 de agosto. Las palabras se escogen y la vida no. Sigues en coma cerebral y ante ese sueño forzoso se agotan los adjetivos y hasta puede que mis palabras carezcan de significado.

Hacía más de 10 años que no sabía de ti, salvo las referencias que me llegaban de círculos universitarios. Si no me falla la memoria, y este periódico ha acudido en mi ayuda, la última vez que nos vimos fue a raíz de tu comparecencia como testigo -testigo fiel, según papeles judiciales- en el asunto Sogecable, ese proceso al que hace menos de un mes el Tribunal de Estrasburgo ha puesto punto y final. Lo que mejor recuerdo de ti es que eras un buen profesor de Derecho Constitucional y de otras artes honestas y que, por fuera, tenías el aspecto de un hombre corpulento y recio. Si me lo permites, por tu tamaño y por tu cabeza, parecías un león maduro en el que se adivinaba la estampa del hombre sereno y cultivado.

No llegamos a ser amigos en el sentido del mal uso que habitualmente se hace de este sentimiento. El vaivén de vida nos lleva a ignorar los grados de cercanía que tenemos con nuestros semejantes. Tú sabes que la amistad reside en el corazón y el corazón a veces nos confunde. Quizá sea por culpa del tiempo, ese déspota indomable que pasa tan deprisa que no nos permite tomarle el pulso. Lo que si sé es que sin amigos todos somos demasiados débiles y todos estamos demasiado desnudos.

¿Por qué ese olvido, por qué ese no saber el uno del otro?, me pregunto agobiado por la pesadumbre que tu situación me produce. Lo ignoro, Jesús, y, para colmo de males, encima lo encuentro injusto, cosa que me duele porque me hubiera gustado conocer el motivo para ponerle coto. Y como todo hay que decirlo, también te confieso que me tiembla el pulso cuando echo la mirada atrás y veo a todos, absolutamente a todos, los hombres de aquella época desapacible. En la escuela de lealtades que es la amistad manda la memoria y tú y tu tragedia me la refrescan para la más certera evocación de una década que en estas mismas páginas, que seguro leíste, ya califiqué de dolorosa, por mucho que el poeta cante que la memoria es el único olimpo de donde no podemos ser desterrados.

Mas al margen de este emocionado recuerdo de nuestra relación, quisiera dejar constancia de que tu actitud ante esa mujer que estaba siendo agredida no pudo ser más noble y por ende más plausible. Lo pregono con voz alta. Gestos como el tuyo no son nunca producto de la casualidad. Todos tenemos nuestra escala de valores y de nada sirve querer volver la espalda a la evidencia. Tú, por defender a una mujer indefensa, como por socorrer al desvalido o porque se haga justicia eres capaz de dar la vida y además sin pensar que por ello alguien cante, al son de trompetas, tu actuación.

La mejor manera de que a uno nada le pase es el no hacer. Eso no ofrece duda. Yo, como tú, prefiero la apuesta arriesgada a la efímera y hasta aburrida comodidad. Sin embargo, todos sabemos que ése es un equilibrio muy difícil y comprometido. Ante un panorama tan hosco, en el que predominan los tonos grises de los hombres deshabitados, a mí me reconforta contemplar tu generosidad sin fisuras, ni titubeos. Séneca encontraba más corto el camino del ejemplo que el de la doctrina porque el hombre, al buen sentir del pueblo, ha de ser un espejo para el hombre.

Según la encuesta de EL MUNDO, un 47% de ciudadanos estaría dispuesto a proceder como tú lo hiciste. No es mucho, pero está muy bien. El miedo suele frenar la heroicidad, pero cuando ese miedo se pierde, la solidaridad, que es pariente cercana de la justicia, se siente gobernada por la ley de los vasos comunicantes que rige las conductas. Como bien dice Pascal, el deber se conoce no sólo por la mente sino también por el corazón. Para mí que con tu actitud pierden razón quienes piensan que la raza humana degenera. Es evidente y a tu comportamiento me remito, que todavía quedan hombres que no los parte un rayo porque están hechos de un material de óptima clase.

Se dice que todas las tragedias son iguales, pero esto no es siempre verdad. Todas son equivalentes, sí, porque todas nos llenan de dolor. Sin embargo, no es lo mismo estar en trance de muerte dulce, lo que pudiera ser incluso una bendición del cielo, que estarlo por culpa de la violencia de un mal hombre, lo que quizá pudiera tomarse como una venganza del diablo contra el hombre bueno que le planta cara. Doctores en psiquiatría y médicos forenses tiene la sacrosanta Justicia, pero para mí que tu agresor es, como mínimo, un energúmeno difícil de sosegar al carecer de frenos inhibitorios. Es hecho probado que a un maltratador no hay brida que le aplaque.

Ignoro si eres creyente, pero, para lo que quiero decirte, es igual. Sólo Dios sabe lo que la vida nos depara, pues los hombres no somos capaces de leer su pensamiento. Camilo José Cela, cuya figura enorme da nombre a la universidad en la que impartes tus lecciones, a menudo recordaba a Cervantes cuando decía que la muerte no es segador que duerme las siestas porque a todas horas siega y corta así la seca como la verde yerba. La cuestión estriba en que los hombres no elegimos nuestra vida y tampoco nuestra muerte. Hay instantes en los que podemos gobernar la suerte, aunque también haya ocasiones en que la fatalidad nos golpea sin misericordia.

Te estás peleando con la enfermedad, mejor dicho, con la muerte, pero tú acabarás venciéndola. Y si es verdad lo que afirma Epicuro de que los deseos se dividen en naturales y necesarios, naturales y no necesarios, y en ni naturales ni necesarios, el mío, en esta hora y en buena ley, debe convertirse en necesaria realidad. Como dice tu mujer, has de vivir, porque crees en la vida, militas insobornablemente en la religión de la vida y vives, antes que para ninguna otra cosa y lo has demostrado, para defender la vida. Además, si como se lee en Dante el amor es capaz de mover el Sol y las estrellas, entonces haz caso a Isabel que sabe bien que el amor es la mejor hélice de la vida y de sus deleites.

Por lo demás y aunque esto no sea lo que ahora importe, parece ser que algunas y no leves negligencias se cometieron en la asistencia sanitaria que te dispensaron con ocasión de la agresión sufrida. No soy nadie para juzgar a nadie y menos para hacerlo respecto a hechos que conozco muy elementalmente, pero si es cierto que los doctores que te atendieron no cumplieron con su deber, a la cabeza me viene aquella ironía, no exenta de desasosiego, de Ionesco cuando en La cantante calva sostiene que un médico debe morir con el enfermo si no pueden sanar juntos. No quiero decir con esto que los facultativos que te vieron hayan de dejar este mundo si tu lo dejas, pero sí que si ha habido negligencias, que cada palo aguante su vela.

Me despido de ti con aquello que un buen amigo me dijo hace años: «Jamás olvides que los siete colores del arco iris están en el alma y que, mientras los veas, todo irá bien».

Un abrazo de mayor cuantía.

A la memoria de mi querida y admirada Marisa

No existe una relación inmediata de causa/efecto, pero sí puede afirmarse que la estructura de valores de la familia patriarcal constituye un caldo de cultivo, un terreno abonado, un ambiente propicio para el machismo asesino. De ahí que el gravísimo problema de la violencia de género deba atacarse desde su raíz: el tradicional poderío del varón en todos los ámbitos de la sociedad, y muy particularmente en el hogar familiar.

Es curioso cómo muchas mujeres describen los avances igualitaristas de los hombres -esposos, novios, hijos, padres- en la casa común con expresiones como que el hombre “ayuda” o “colabora” en las faenas domésticas, desde el convencimiento de que el trabajo doméstico es, básicamente, obligación de la mujer -esposa, novia, hija, madre-. Una trabajadora, dentro y fuera de casa, ironizaba hace unas semanas, en televisión: “Mi marido y yo tenemos el trabajo repartido; él deshace la cama y yo la hago, él come y yo hago la comida”.

De esa situación hay un paso a Mi marido me pega lo normal, título de un libro del forense Miguel Lorente, recientemente designado delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Lorente, con experiencia por sus anteriores cargos en la Junta de Andalucía, expone las causas habituales del maltrato del hombre a su mujer (“no tener preparada la comida”, “llevarle la contraria”, “no estar en casa cuando él llegó o llamó”, “quitarle la autoridad ante los hijos u otras personas”…) y el objetivo de las palizas: mantener la autoridad y lograr que ella esté sometida y controlada. Según Lorente, se trata de una violencia estructural, que actúa de “elemento estabilizador de la convivencia bajo el patrón de dominio patriarcal] diseñado”, de modo que existe “permisividad social hacia la agresión a la mujer en pequeñas dosis”.

De hecho, en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las cuestiones que más inquietan a los españoles, el maltrato intrafamiliar no figura nunca entre las preocupaciones principales, a pesar de tratarse de un fenómeno con todos los ingredientes para suscitar la alarma social y con muchas más víctimas mortales que, por ejemplo, el terrorismo.

Una muestra de las raíces históricas patriarcales de la violencia machista la ofrece, en el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau: “La mujer está hecha para obedecer al hombre; la mujer debe aprender a sufrir injusticias y a aguantar tiranías de un esposo cruel sin protestar. La docilidad por parte de una esposa hará a menudo que el esposo no sea tan bruto y entre en razón”. Y dos siglos después, el inefable Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, con muchos adeptos, apuntillaba: “La mujer no tiene por qué ser inteligente. Basta con que sea discreta”.

¿Puede extrañar demasiado que el patriarca austriaco Josef Fritzl, tras esclavizar durante 24 años a su hija Elisabeth, se atreva ahora a alardear de haber celebrado en familia la Navidad con aquellas criaturas procreadas mediante violación y que presuma de no “haberlos matado a todos”? Su compatriota, la escritora feminista Elfriede Jelinek, ha arremetido contra un país incapaz de cuestionar “la palabra del padre” y menos aún la autoridad de un padre-abuelo, reflejo de sus rigurosas estructuras patriarcales.

En España también podemos tener claro que el origen del machismo asesino, y de la no menos grave dominación masculina consentida y silenciosa, está en ese modelo patriarcal de familia nucleado en torno a un matrimonio sacramental y procreativo que une a ambos cónyuges, como predica la Iglesia y aplican los maltratadores, “hasta que la muerte los separe”.

¿Cómo atajar esa lacra? La juez Manuela Carmena reveló hace años que un recluso le manifestó en la cárcel: “Yo he matado a mi mujer, pero no soy ningún delincuente”. Lorente niega que se deba tratar como un mero “conflicto de pareja”, según pretendió algún psicólogo, y apuesta por la justicia penal, por cierto mal organizada y poco sutil para resolver conflictos en los que conviven los sentimientos con los delitos. Los propios jueces han cuestionado en más de cien casos los tipos penales feministas creados por la Ley Integral contra la Violencia de Género, mientras siguen sin aplicarse los preceptos educacionales de esa ley integral y continúan pendientes medidas igualadoras, como la equiparación salarial entre ambos sexos y la obligación de los hombres de pedir el permiso de paternidad. En 2007, casi 40.000 mujeres tuvieron que abandonar el trabajo para encargarse de los hijos, frente a sólo 2.000 padres.

En ese contexto, un Gobierno con más mujeres que hombres, una joven ministra de Igualdad y una mujer al frente de las varoniles Fuerzas Armadas constituyen medidas pedagógicas saludables, que crispan a la caverna, pero que no coinciden con la realidad extragubernamental. Mientras predomine la dominación patriarcal, sigan existiendo situaciones de desigualdad y, como ha dicho Ángela San Román, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, “se cuestione permanentemente el avance de la mujer”, estaremos sembrando la semilla del maltrato.

El Tribunal Constitucional, en la STC 59/2008, del pasado 14 de mayo, ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por el juzgado de lo Penal nº 4 de Murcia contra uno de los preceptos del Código Penal modificados por la Ley Integral contra la Violencia de Género. Aunque ésta se aprobó en el Parlamento por unanimidad, la decisión en el TC se ha producido por siete votos a cinco. La duda que suscitó dicho juzgado es la siguiente: el artículo 153 CP -el delito de maltrato ocasional-, al establecer un trato penal diferente en función del sexo -seis meses a un año, si se comete por el varón, y tres meses a un año, si lo comete una mujer-, podría ser constitutivo de una discriminación por razón de sexo prohibida por el artículo 14 CE y, además, podría comportar una vulneración del principio de culpabilidad. La sentencia dictada tiene una gran trascendencia jurídica, porque sienta las bases para desestimar el resto de las más de 120 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas contra otros tres preceptos de la ley por un total de 16 órganos judiciales.

El pleno del Tribunal rechaza la cuestión, tras recordar su asentada tesis constitucional de que no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del artículo 14 de la CE. Dicha infracción sólo la produce aquella desigualdad que introduce una diferencia que carezca de una justificación objetiva y razonable, esto es, que el fin pretendido por el legislador sea constitucionalmente legítimo y que la medida supere un juicio de proporcionalidad evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos. Así, dos son los argumentos esenciales en el presente caso:

En primer lugar, la diferenciación de la pena es razonable porque persigue incrementar la protección de la igualdad, integridad física, psíquica y moral de las mujeres en un ámbito, el de la pareja, en el que están insuficientemente protegidas, y porque esta legítima finalidad se consigue con la razonable constatación de una mayor gravedad de las conductas diferenciadas, tomando en cuenta su significado social objetivo, al considerar que la violencia de género es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. La mayor sanción no se impone por razón del sexo del sujeto activo, sino porque la conducta tiene un mayor desvalor al constituir una manifestación específicamente lesiva de violencia y de desigualdad.

Y, en segundo lugar, no se vulnera el principio de culpabilidad porque no se trata de una presunción en contra del imputado, sino de la constatación razonable de su lesividad por el especial desvalor de la propia y personal conducta del agresor.

Los cuatro votos particulares discrepantes difieren entre sí. Mientras un magistrado entiende que en ningún caso esta opción legislativa es compatible con la CE, otro acepta la constitucionalidad de las medidas penales que proporcionen un tratamiento agravado de la violencia de género, pero considera vulnerado el principio de presunción de inocencia y de culpabilidad. Y otros dos se inclinan por haber dictado un fallo interpretativo, en el que se combinara la argumentación de la sentencia con la prueba en cada caso concreto del abuso de poder al que alude el artículo 1 de la Ley Integral.

La constitucionalidad de la norma penal cuestionada ha sido el criterio abrumadoramente mayoritario de la judicatura durante estos dos años y diez meses de aplicación por parte de los órganos judiciales competentes: un total de 835 (458 juzgados de Violencia sobre la Mujer, 327 juzgados de lo Penal y 50 secciones Penales de las Audiencias Provinciales), que han dictado más de 90.000 sentencias en este mismo periodo. Por otra parte, no es algo ajeno recurrir a una agravación de la pena en nuestra tradición jurídico-penal. Así, por ejemplo: la pena del homicidio se agrava en los casos de genocidio (art. 607 CP) o terrorismo (art. 571); la agresión al jefe del Estado, ministros o policías en el ejercicio de sus funciones tiene aparejada una pena más grave que la misma conducta respecto al resto de los seres humanos. Asimismo, el Código Penal incluye medidas discriminatorias para conseguir la igualdad: en la lesión u homicidio de un ciudadano negro por un blanco cometido por motivos racistas (art. 22.4), en los tipos de discriminación en el empleo (art. 314) o el de la provocación a la discriminación (art. 510).

En fin, comparto y me congratulo de la decisión mayoritaria del TC y disiento de los votos discrepantes porque adolecen de ausencia de una reflexión esencial y determinante: la diferencia de trato no es por grupo de personas en función del sexo. Se trata de combatir, con un tratamiento penal diferenciado, un fenómeno criminal cuyas causas son distintas a cualquier otro: el de la violencia de género, cuando ésta se comete en un ámbito de relación -el de la pareja- aprovechando el varón una situación de superioridad que tal relación le proporciona. En palabras del TC: la pena mayor no se explica en el sexo sino en la grave desigualdad que se expresa a través de este tipo de violencia.

El Tribunal Constitucional ha hecho justicia a las víctimas y permite seguir trabajando con medidas de protección hacia las mujeres en este largo recorrido a favor de la igualdad.

El 29 de junio del 2008 cumplirán tres años los títulos de la ley integral que creaban los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Desde el primer momento, los miembros del Poder Judicial, en general, y en particular los titulares de los juzgados especializados, han reclamado reformas legislativas que doten de mayor efectividad a la norma, asumiendo que la violencia de género es una modalidad terrorista en la que la sociedad debe estar unida, y en la que no se puede bajar la guardia.
Desde 1989 asistimos de forma incesante a modificaciones legales, que, unidas a actuaciones de los poderes públicos y agentes sociales, se dirigen a la erradicación del terrorismo de género. Se toma conciencia de la importancia del fenómeno. Empieza la lucha activa contra un problema de siglos que había producido en nuestra historia un incalculable número de víctimas. La aplicación práctica de las reformas va demostrando su insuficiencia. De normas aisladas, básicamente de contenido penal, se va ampliando el marco legal de actuación. El último gran paso es la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

LA NORMA TIENE carácter integral. Sus disposiciones ordenan que se modifiquen otras leyes vigentes. Este carácter multidisciplinar de la ley parece que ha sido olvidado por algunos de los operadores jurídicos que intentan presentarse a la sociedad, a través de los medios de comunicación, como portadores de soluciones mágicas, utilizando como único instrumento la descalificación, y haciéndolo desde el desconocimiento más completo.
El gran valor de las sucesivas reformas legislativas ha sido sacar al ámbito público una lacra que nunca debió quedar escondida dentro de la esfera privada familiar. No todos los operadores jurídicos y agentes sociales se han implicado de igual forma en la lucha para la eliminación de este fenómeno. Mientras por unos se busca la unidad, el consenso, la coordinación y la cooperación en la actividad diaria, proponiendo modificaciones y actuaciones concretas, otros y otras dedican su tiempo a desacreditar el trabajo de los primeros con afirmaciones espurias y carentes de fundamento. Mensajes catastrofistas como el de la abogada Lidia Falcón tienen el efecto de enfrentar y dividir, alentando a potenciales agresores al desacreditar la labor que se viene realizando.

ES PERVERSA la afirmación de esta abogada en su artículo de 3 de marzo del 2008 al decir que los jueces son indiferentes a esta lacra social, poniendo en entredicho el trabajo de los profesionales que día a día se enfrentan al dolor de muchas mujeres. Una lectura serena de las opiniones de la señora Falcón exige una respuesta también tranquila que dé a conocer su error. Se equivoca la abogada al utilizar estadísticas. De sus palabras parece inferirse que este año son 17 las víctimas del terrorismo de género ¿No considera víctima a todas aquellas otras mujeres torturadas que han resultado con lesiones? Sus deslices se multiplican a lo largo de todo su artículo.
Es maliciosa su afirmación de que la ley integral concede beneficios al agresor. El preámbulo de la norma, después de justificar la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer indica: “Con ello se asegura la mediación garantista del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que esta ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia”. No existe ni un solo artículo ni una sola disposición final o transitoria en la ley que reconozca otros derechos al imputado que previamente no estuvieran reconocidos en otras leyes.
No es razonable confundir y alarmar afirmando que la ley integral confiere un amplio margen de discrecionalidad a los jueces. En primer lugar, porque no altera los criterios de valoración y aplicación de las normas jurídicas y, en segundo término, porque el tramo que afecta a la actividad jurisdiccional es reducido ante la complejidad de la norma. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer constituyen una mínima parte del contenido de la ley integral.

ES PRECISO aprender a descubrir situaciones de riesgo. En este desvelamiento debe estar implicada toda la sociedad a la que ha de hacerse cómplice de la actuación de los poderes públicos. Con el aislamiento de los maltratadores y la concienciación social se estará en el camino adecuado para acabar con el terrorismo de género. Estaremos más cerca de prevenir con el desarrollo de la ley integral, desarrollo que necesariamente ha de ir unido a la cooperación y coordinación de todos los implicados en esta lucha diaria. Si el fin es el mismo: ¿de qué sirve desprestigiar el trabajo de otros? Las deficiencias han de ser solucionadas con propuestas coherentes, constructivas y constitucionales. Los problemas han de ser individualizados para ser debidamente enmendados. Mientras haya una sola víctima consecuencia de este terrorismo, los esfuerzos y recursos nunca serán suficientes.

A los partidos políticos se les ha descontrolado la violencia machista. Ellos, que debían creer tenerla controlada, que no habían hecho ninguna mención al tema ni en sus mítines ni en sus debates –ni el PP ni el PSOE ni IU han introducido modificaciones a la ley de violencia en su programa electoral–, se han encontrado en plena campaña con que los asesinos, en dos días, les han echado en las tribunas los cadáveres de cuatro mujeres y les han dejado dos más heridas, una en estado grave. Con ellas tenemos 17 víctimas en 57 días, que son cinco más que las que se han producido en Tijuana, la ciudad mexicana que posee el primer lugar del ranking de asesinadas.

Cuando desde hace casi dos años algunas asociaciones feministas redactamos y publicamos un estudio sobre la ley de violencia y los problemas con que se tropezaba en su aplicación, y lo enviamos a todas las instituciones relacionadas con el tema, recibimos una agria respuesta de algunas de las responsables, como Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, y Montserrat Comas, del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, respuesta que esta última publicó hace pocos meses en este periódico.
En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene la redacción legal. Desde haber dejado fuera de su protección a toda mujer que no sea la esposa o esté vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantías en beneficio del denunciado –que, cuando se trata de otras jurisdicciones, como la laboral, no se aplican desde hace 100 años– que obligan a esperar a la denunciante un tiempo interminable para ver dirimida su denuncia en los tribunales.
La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, con lo cual no existe unificación de criterio ni de doctrina –lo que provoca la inseguridad jurídica de las víctimas–, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral, de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas: el 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden añadir la falta de responsabilización de los jueces, fiscales, médicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las víctimas, cuando no cumplen la debida diligencia en la protección de la víctima y en la persecución del delito. Exigencias que nosotras habíamos introducido en el proyecto de ley que llevamos al Congreso y que fue desestimado.

SI A ESTAS carencias añadimos que ni se ha dotado de los medios a las comisarías de policía ni creado los suficientes juzgados ni disponen de personal adecuado por su preparación, por la endémica falta de dotación presupuestaria, que es la enfermedad crónica de la justicia, no creo que sea muy difícil entender por qué la persecución de los maltratadores y asesinos de mujeres está siendo ineficaz.
Para disculparse, políticos y jueces han repetido que solo una de las cuatro asesinadas tenía una orden de alejamiento –como si el asesinato de una sola fuese despreciable– y que otras dos no habían denunciado. No se hace hincapié en el caso de la cuarta, contra la cual se había dictado una orden de alejamiento del marido a instancias de este. Algún día habrá que escribir sobre las denuncias falsas de los agresores para contrarrestar las acciones judiciales de sus víctimas, ya que tanto se habla de las denuncias falsas de las mujeres. Los responsables institucionales repiten que, si no se denuncia, es imposible conocer los problemas. La jueza de violencia de Madrid, Raimunda de Peñafort, insistía asegurando tanto que la ley era suficiente como que su aplicación en los juzgados era absolutamente correcta. Resulta incomprensible que esas políticas y jueces no sepan que las mujeres no denuncian porque no confían en la justicia.

APARTE DEL problema de dependencia económica del marido, con el que pueden enfrentarse las denunciantes, la más grave dependencia, además de la familiar, es la del miedo. El miedo, y muy fundado, al agresor, que cuando sepa de la iniciativa de la que él considera su esclava para liberarse, tomará sangrienta venganza. Y la rebelde no contará entonces más que con sus propias fuerzas, porque no la protegerán ni la policía, que no tiene medios, ni el juzgado, que tardará interminables días o meses o años en resolver su caso, y que nunca –salvo si está muerta– dicta prisión contra el agresor.
En esas condiciones, ¿quién se atreve a denunciar? ¡Qué fácil es aconsejar cuando el que lo hace no se encuentra en la misma situación! ¿Por qué tiene la víctima que refugiarse en una casa de acogida con sus hijos, abandonando su hogar, su trabajo, los familiares, los amigos, y los niños el colegio, mientras el agresor sigue en libertad? ¿Por qué no se dicta la prisión preventiva contra él, que es mucho más barato que proteger a la mujer permanentemente?
Espero que, en lo que resta de campaña, los partidos nos den la respuesta a estas preguntas.

Cuatro asesinatos en menos de 24 horas en cuatro autonomías diferentes; dos mujeres heridas un día después, y, sin embargo, en la última encuesta del CIS solo un 3,5% de los españoles opinaban que se trata de un problema grave. Entre los políticos, hasta ese momento, apenas se había colado por la puerta de atrás, y en el primer debate televisado entre Zapatero y Rajoy solo surgió como arma arrojadiza del líder popular.
Pero ni el peligro de que se instrumentalice por parte de los partidos ni el miedo al efecto mimético deben escatimar comentarios respecto a un problema de primera magnitud. Así lo recordaba la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas, horas después de estos asesinatos.

NO ES MOMENTO para reproches, sino para aportar soluciones sobre lo ya construido. Conviene recordar que la ley integral contra la violencia de género fue consensuada por todas las formaciones en el Congreso y tras ella hay muchas horas de intenso trabajo. Denostarla tajantemente tiene un efecto perverso para esas mujeres que tienen que valerse de una ley que, aun imperfecta, es el instrumento en el que apoyarse. Con ser contundente el dato de que 75 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas en el 2007, habría que preguntarse: ¿cuántas otras no se han podido salvar gracias a medidas como la orden de alejamiento, de la que hoy se están valiendo más de 84.000 mujeres?
Siglos de sumisión no se resuelven de un plumazo. Esta es una carrera de fondo en la que en el camino se están quedando inocentes, pero la rebelión de las mujeres contra el maltrato físico y psicológico es ya imparable. El nú- mero de víctimas aumenta porque ya no son útiles a quienes un día creyeron que podrían manejarlas a su antojo.
Es cierto que se ha pecado de excesiva judicialización, sin haber articulado paralelamente otras respuestas. ¿Cómo censurar a una mujer que vuelve junto a su pareja con orden de alejamiento si no ha sido suficientemente arropada por los servicios sociales, si no ha recibido la ayuda psicológica necesaria para restituirle una autoestima tan dañada que le hace percibirse a sí misma como culpable de la desmembración familiar que también afecta a los hijos?
Hacen falta más terapias de refuerzo y menos guardaespaldas o clases de defensa personal, que tienen más de propagandístico que de eficaz. Es necesario ahondar en las causas de esa violencia, hurgar hasta el fondo. ¿Por qué hasta ahora ha sido un tabú reconocer que detrás de muchos de esos casos hay alcohol y cocaína? Ambas son sustancias que potencian la violencia y, como ha ocurrido con los accidentes de carretera, su consumo tiene que convertirse en un agravante. El maltratador se envalentona bebiendo, no maltrata porque bebe.
Otra cuestión polémica: ¿qué hacer con los agresores? ¿Por qué entender que el dinero que se invierte en terapias se le quita a los programas de protección a las mujeres, cuando precisamente se trata de cambiar conductas en las que el mía no figure ya? Por escaso éxito que tengan, alguna vida salvarán.
Nos quejamos de la ineficacia de los políticos y no vemos la viga en el ojo propio. ¿Cuántas veces habrá que recordar que solo en el 1% de los casos la denuncia del maltrato proviene del entorno familiar? ¿Có- mo explicar que un 6% de ciudadanos reconoce tener una compañera de trabajo que sufre esta situación y, sin embargo, casi un 80% de las denuncias las tiene que poner la propia víctima?
Tenemos más muertes, es cierto, pero cada vez se producen más denuncias y se toma conciencia con menos años de sufrimiento a las espaldas. 4.000 hombres están en prisión por delitos de violencia sexista. En la balanza también hay que poner iniciativas que implican a los hombres, como las campañas en estadios de fútbol o el paso de la prensa rosa a la salmón. Sin ánimo de pecar de triunfalismo, el convenio del Instituto de la Mujer con grandes empresas para emplear a este colectivo salió recientemente de los sucesos para acaparar titulares en la prensa económica.

CUANTO MÁS se visualice en campaña y en los medios, más viable será conseguir fondos, imprescindibles, que de otro modo la Administración destina a paliar lo que en cada oportunidad se considera alarma social.
La toma de conciencia pasa también por que las mujeres no solo figuremos en la prensa como víctimas: de maltrato, de desempleo, de discriminación salarial. También debemos estar presentes como profesionales de primer orden, como arquitectos, médicos, etcétera. En este sentido, un estudio del Consell del Audiovisual de Catalunya revela que apenas entre el 15% y el 20% de los profesionales que se asoman a los informativos son mujeres, perpetuando el tópico de que debemos ser protegidas y tuteladas. Justo el mensaje contrario al que hay que transmitir a los maltratadores: la igualdad es ya una realidad.
Más allá de reflejar las muertes, hacen falta espacios donde quepa la reflexión. No olvidemos que una de las primeras medidas que toma el maltratador para debilitar a su víctima es aislarla, primero de los amigos y compañeros de trabajo, después de la familia. Pero estas mujeres pueden leer, escuchar la radio y ver la televisión.

En la localidad navarra de Mutilva Alta murieron la semana pasada dos niños, de 3 y 7 años, por una ingesta de tranquilizantes presuntamente proporcionados por su madre, que intentó posteriormente suicidarse inhalando el monóxido de carbono que despedía el tubo de escape de su automóvil; la policía llegó a tiempo de impedirlo. También habría pretendido intoxicar con benzodiacepina (psicotropo tranquilizante) a sus dos hijos mayores, de 12 y 14 años, que fueron hospitalizados y que ya se encuentran fuera de peligro.

La mujer, que recibía tratamiento psiquiátrico por una depresión, se encontraba muy abatida desde hace un año por el proceso de separación iniciado por su marido, y la angustiaba en exceso la idea de divorciarse. Según fuentes próximas al caso, la pareja había decidido, por mutuo acuerdo, que la guarda y custodia la ejerciera la madre y que el padre tuviera un amplio régimen de visitas. La vista para el divorcio estaba fijada para el próximo 14 de marzo.

Ante estos antecedentes y conocidos los hechos, los vecinos de Mutilva Alta se preguntaban consternados: ¿Cómo puede tener alguien semejante reacción hacia sus propios hijos? La pregunta nos invita, en primer lugar, a ahondar en el estado y en el proceso mental que lleva a una persona a un desenlace tan terrible. Y, en segundo término, plantea la importancia que debería tener la información, la prevención y el tratamiento en el ámbito de la salud mental.

En el análisis de las posibles causas de este tipo de tragedias (más allá del caso en particular) se hace referencia habitualmente al trastorno mental transitorio (estado de perturbación pasajero, de aparición brusca e imprevisible, con trastornos en la voluntad y en la comprensión), a la psicosis o a la depresión. En el caso de la localidad navarra, el diagnóstico que se ha difundido es el de depresión, y en torno a él realizaremos, fundamentalmente, nuestras reflexiones.

Hay personas en Mutilva Alta que han manifestado que ‘la mujer no está en su sano juicio’, y tienen razón porque a veces es el amor en su vertiente delirante lo que puede desencadenar que una madre dé por finalizada la vida de sus hijos. Este sentimiento desmedido, avivado por un cuadro de depresión profunda, puede explicar en parte estos casos. En sujetos que padecen una depresión grave se presentan de manera reiterada expectativas tremendamente catastróficas respecto a su futuro y al de sus hijos, y se instalan en una especie de túnel o agujero negro en el que la única salida que encuentran es la de terminar definitivamente con el supuesto sufrimiento de sus seres más queridos (ante su ausencia, nadie les va a proteger mejor que ellos), y con su propio infierno. Esta mujer ya ha manifestado que se encontraba seriamente afectada por el proceso de divorcio y que el 19 de enero había tomado la decisión de matar a sus hijos y luego suicidarse.

La depresión desde el discurso médico se puede entender como una ‘modificación profunda del humor’, en el sentido de la tristeza y el sufrimiento moral, asociada a un ‘desinvestimiento’ de toda actividad. El término depresión se utiliza a veces de un modo muy genérico para nombrar diversos síntomas y patologías, que se pueden entender de diferente manera según el diagnóstico (no es lo mismo una neurosis que una psicosis maniaco-depresiva) que se establezca de la estructura clínica en cuestión.

En otros casos de parricidio hacia los hijos nos encontramos con el denominado ‘síndrome de Medea’, que hace referencia a la tragedia griega en la que la protagonista mata a sus hijos para vengarse de su marido. Medea, hija de Eetes, rey de la Cólquide, se enamoró de Jasón, a quien defendió contra su padre y luego ayudó a apoderarse del vellocino de oro. Más tarde huyeron a Corinto, donde Jasón rechazó a Medea para casarse con Creusa, hija del rey. Medea, por despecho, degolló a los hijos que había tenido con Jasón, vengándose de esta forma del esposo que la había abandonado.

También hay sujetos femeninos que identifican la feminidad fundamentalmente con la maternidad y que refuerzan esta identificación desde el reconocimiento del otro. El homicidio del propio hijo representa (más allá de la venganza) la destrucción de lo que simbolizaba el vínculo de unión con su compañero, que la sostenía desde la palabra de amor como mujer y como madre.

Sabemos que las separaciones traumáticas en casos muy concretos desencadenan un estado depresivo que, a veces, impide al propio sujeto demandar un tratamiento a tiempo, ya que desde la desesperación no se contempla la posibilidad de encontrar una solución.

Es por lo que este tipo de casos extremos que terminan en tragedia nos ponen de relieve la importancia que debería tener la información, la prevención y el tratamiento en el ámbito de la salud mental. A veces, solamente se toma conciencia de las dolencias del psiquismo cuando se desencadena una crisis aguda o un ataque de pánico y se acude al servicio de urgencias del hospital más próximo. En estas situaciones, se subvierten los habituales esquemas de razonamiento, no se entiende nada y se desmorona la vida del sujeto. Cuando se toca fondo se acepta de buen grado, aunque no siempre, el tratamiento farmacológico, que en muchos casos tiene que ir acompañado de la realización de una psicoterapia en la que el sujeto puede ir tejiendo y descubriendo de qué manera está implicado (con su posición personal, identificaciones ) en los acontecimientos que le desbordan, al mismo tiempo que va cambiando su posición subjetiva y su vínculo con el otro.

En algunas ocasiones, antes de comenzar un tratamiento nos encontramos con dos inconvenientes. El primero es que en el discurso social opera, a modo de resistencia al cambio, la creencia común de que uno tiene una personalidad débil si no puede superar por sí mismo (idea que toma fuerza del narcisismo y de la comparación imaginaria con el otro) determinados problemas. El segundo condicionante es la dificultad que existe desde el lado de la institución sanitaria pública para ofrecer tratamientos psicológicos que requieren una asistencia regular y continuada durante el tiempo que se estime necesario.

Ello no impide, en ningún caso, reconocer los progresos que se han realizado últimamente en este ámbito, aunque es necesario avanzar más para conseguir, entre otras cosas, que la salud mental ocupe un lugar tan relevante como el que tiene hoy en día la salud física. De esta manera se crearán las condiciones para que cuando una persona no pueda salir por sí misma de una depresión demande a tiempo un tratamiento o una psicoterapia a un profesional, al que se le otorga un saber acerca de su síntoma y de la causa de su sufrimiento, para que pueda dirigir la cura.

La tragedia de Mutilva Alta ha puesto de manifiesto la actualidad de estas cuestiones y la necesidad de investigar y avanzar en el conocimiento, la prevención y el tratamiento. Lo expresaba, a su manera, una vecina la localidad navarra, que se ponía en el lugar de la parricida y manifestaba, con una buena dosis de afecto y comprensión: «Los niños me dan pena, mucha pena, pero mucha más me da la madre. Cuando se dé cuenta de lo que ha hecho se hundirá para siempre». Esperamos que no sea así.

Coincido con Andrés Montero Gómez (ver su artículo ‘Igualdad machista‘, EL CORREO 25-11-07) en que las actitudes y comportamientos sociales referidos a la desigualdad de sexos no se cambian sólo a fuerza de leyes, por necesarias que éstas sean. Hace falta algo más para socavar el modelo de masculinidad dominante grabado en nuestra genética y transmitido intergeneracionalmente. Y añade: «Los hombres nacen y crecen con códigos mentales implantados desde la tierna infancia que les hacen creer que tienen derecho a exigir que las mujeres se comporten de una determinada manera, y a corregir las desviaciones que detecten en ese comportamiento normativo. La norma es masculina». Y es este añadido, el contenido de estas líneas entrecomilladas, el que me hace pensar en la incondicionalidad con que el pensamiento políticamente correcto condena al varón y exculpa a la mujer en todos los avatares de una guerra de sexos que nunca suavizará sus daños mientras aparentemos tener tan claro quién es el bueno y el malo.

No voy a precipitarme a explicar lo mucho que me repugna el machismo tradicional. Prefiero remitirme al conocido libro de Goleman ‘La inteligencia emocional’ para esquinar las explicaciones en términos de bondad o maldad a favor de las evolutivas. Es lo que entiendo cuando dice: «Nos vemos obligados a afrontar los retos que nos presenta el mundo postmoderno con recursos emocionales adaptados a las necesidades del Pleistoceno», después de explicar cómo «nuestros circuitos emocionales básicos no llevan cincuenta sino cincuenta mil generaciones demostrando su eficacia» (pgs 24-25). No nos remitamos, por tanto, a la Edad Media sino expliquemos nuestros modos de ser como el resultado de un proceso evolutivo millonario en años en el que ni el reparto de roles domésticos ni la propensión al uso de la violencia han sido opciones caprichosas, fruto de la voluntad de poder masculina, sino inexcusables recursos biológicos para haber llegado hasta aquí. Más allá de los tecnicismos, en mis clases de Bachillerato intento explicar la evolución humana aludiendo a la prolongada lactancia materna, al contraste recolector-cazador (del que algunos antropólogos aseguran que aún pervive en nuestro comportamiento cuando vamos de compras: él caza, ella merodea) o a las implicaciones de la carencia de anticonceptivos, porque estoy convencido de que la mirada evolutiva es más ecuánime que la moral a la hora de entender el arraigo de los roles sexistas. Mal que le pese al sistema límbico, muchos prefieren minusvalorar la fisiología a favor de las ideas socialmente ‘correctas’.

Claro que ya no nos pasamos varios días persiguiendo al mamut mientras nuestra señora amamanta a la prole, por lo que parece perder sentido buena parte de la dotación fisiológica que nos constituye, pero no deberíamos ser considerados culpables por ello. Aunque nuestro sistema hormonal no se haya enterado de los cambios que nuestra acelerada evolución cultural ha introducido en lo que se refiere a nuevos roles laborales, domésticos y conyugales, es obligación de nuestro neocórtex el someter a la bestia reptiliana que llevamos dentro. Es un imperativo cultural inexcusable educar la brutalidad masculina para desterrar la tentación de la violencia, pero el hecho mismo de que se propague entre jóvenes que no pertenecen a la generación del machismo puro y duro avalaría la tesis de que la agresividad de los hombres es la cara mala de una función evolutiva que tiene un arraigo mucho más profundo que la tierna infancia individual a que se aludía al principio de este artículo. La cara buena sería que gracias a la brutalidad masculina hemos sobrevivido como especie, algo que tampoco es baladí.

Parafrasearé a Marx para parapetarme en un clásico: la agresividad masculina habría pasado de ser un factor de desarrollo evolutivo a convertirse en una traba para ese mismo desarrollo. O por decirlo de otro modo: la maldad masculina que hoy se presenta como un antojo cultural inoculado educativamente, como un mero abuso de poder, tiene una configuración fisiológica forjada en millones de años de lucha, protección, trabajo y otras barbaridades que posibilitaron el éxito de la especie. Ni defender ni justificar, entender. Ni buenos ni malos, hombres y mujeres.

Insisto en estas obviedades evolutivas porque estoy harto de que la execrable violencia masculina sea coartada para que los medios de comunicación propaguen una visión maniquea en la que el hombre siempre es el malo, como si debiera avergonzarse de su condición, algo que ya ha sugerido más de una opinadora de esta misma casa. Y no. Por evidentes que sean muchas de las discriminaciones, desigualdades y abusos que padecen las mujeres, ello no les da patente para tener siempre razón. Un lector atento a las secciones de ‘Cartas al director’ habrá reparado en el goteo de desesperaciones masculinas que recogen como si, desde que el entramado institucional ha asumido la defensa incondicional de la mujer, especialmente en lo referido a custodias y separaciones, para bastantes varones ya no quedara otro cauce de expresión que la pataleta mediática en menos de quince líneas.

Cualquiera que conozca en primera persona los vaivenes de la vida familiar, sobre todo cuando hay hijos, sabe lo difícil que es compaginar el discurso cultural de la igualdad -esa pretensión de simetría conductual por la que se habla con toda naturalidad de, por ejemplo, la lactancia paterna- con el de los instintos y sentimientos naturales que dan prioridad a los vínculos maternofiliales en caso de conflicto conyugal. Y en ese doble juego de exigir un comportamiento igualitario en las obligaciones al tiempo que se invocan derechos naturales preferentes, me reconocerán que muchas mujeres no sólo no son víctimas ni parte pasiva, sino auténticas expertas en salirse con la suya merced a su atávico dominio de las habilidades emocionales, que no brutales. Histórico reparto de roles, nuevamente, que sólo en algunos aspectos deseamos superar.

¿Y qué decir de nuestros tan diversos modos de vivir la sexualidad? ¿También tendrán que ver con que en su día nos vistieran de rosa o de azul? ¿Proclamarán alguna ley que establezca los modos correctos de reconducir el deseo? Es un tema difícil pero hasta la neurología más recalcitrante reconoce la imposibilidad de homologarnos en la cama. Al matrimonio, ese contrato sexual, suele llegarse con una expectativa de felicidad amorosa que pocas veces se corresponde con el rosario de desajustes, arritmias, incompatibilidades, decepciones, rechazos y fingimientos que provoca la naturaleza sexual tan distinta que nos caracteriza a unos y a otras. Dificultades insoslayables que tal vez se afrontarían mejor si nuestro sistema educativo, mal que les pese a los obispos, diera la importancia debida a una educación afectivo-sexual que nos alerte respecto a la dimensión complementaria de la vida en pareja y nos prepare para perseguir una felicidad más basada en la capacidad de superar los malentendidos que en la gazmoñería adolescente del enamoramiento perpetuo. Porque me atrevo a pensar que la violencia masculina tiene mucho que ver con la ingenuidad y la prepotencia con las que abordamos la vida en pareja.

No tengo dudas de que los hombres somos bruscos y primarios pero, sin abusar de la comparación con la mantis -ya saben, ese precioso animal cuya hembra gusta de devorar al varón después de la cópula-, habría mucho que decir sobre la manera en que las mujeres manejan el deseo de los hombres para alcanzar objetivos que a veces les excluyen, sea en la propia familia o en otros ámbitos. Armas de mujer, decía la película, ante cuya sutileza conviene quitarse el sombrero, pero cuyo reconocimiento conlleva eliminar tanto buenismo y tanto victimismo del que a veces hacen gala quienes, por mor de cabalgar en la dirección que parecen marcar los tiempos, tienden a considerar que toda mujer, por el mero hecho de serlo, ha de estar cargada de razón. Nanay. No tengo dudas respecto a quién es más bruto -por ello me dolería que se interpretaran estas líneas como justificación de una violencia inaceptable bajo ningún concepto-, pero sí respecto a quién es capaz de jugar más sucio. La naturaleza es sabia y tiende a compensar en unos ámbitos las carencias que se producen en otros. Sólo saldremos del callejón de los prejuicios cuando la defensa de los derechos de la mujer no se haga a expensas de ese creciente número de hombres que salen escaldados de sus aventuras igualitarias.

Hoy, este que escribe, tiene gana de meter bulla; es decir, de escribir algo que huela a rancio sin que necesariamente tenga que ser ese el tufillo que desprenda. Empecemos. Poca gente he admirado tanto, durante los últimos años, como aquel coronel de la Guardia Civil que se descolgó en los periódicos afirmando haber sido maltratado por su esposa; es decir, como un hombre al que su mujer había infligido maltrato físico; no solo psíquico, que parece ser el aceptado. Hay que tenerlos muy bien puestos para hacer tal confesión en un país que, sin ser distinto en tal sentido de muchos otros, por no decir de todos, pasa por ser la cuna del machismo hispánico, al parecer, el más acendrado de todo el orbe occidental. Y además perteneciendo, en su condición de jefe, al benemérito instituto fundado por el duque de Ahumada. Un loco, un suicida, o un santo. Quizá tan solo un tío cabal. Lamento no recordar su nombre.

EN SU confesión pública señalaba el coronel el hecho, según creo recordar, de haber acudido a uno de los llamados juzgados de violencia de género sin lograr que le prestasen la mínima atención. Desde entonces procuro fijarme en las denuncias de ese tipo. En ellas siempre hay un marido quejoso de la prácticamente nula predisposición de estos juzgados a ocuparse de un tipo de violencia que debería ser llamada de otro modo, acaso violencia doméstica, quizá violencia intrafamiliar; de alguna otra manera que evitase relacionarla con un género cuando en realidad puede ser y de hecho es practicada por los dos, algo que inclina la conocida y al parecer equilibrada balanza de la justicia tendenciosamente hacía un solo lado.
La pregunta es, puesto que todos sabemos cuántas mujeres mueren anualmente a manos de sus maridos, cuántos hombres lo hacen a las de sus esposas. No en las de sus esposas, cantidad de ellos. No ignoramos que los hombres mueren antes, vayamos a saber por qué, aunque la ampliamente considerada emancipación de la mujer esté ayudando de forma denodada a nivelar las cifras. Vayamos a saber también por qué. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cincuenta al año? ¿Habla alguien de ellos? ¿Dice alguien algo de ese atroz número de envenenamientos que según no pocos permanece ignorado, cuando no silenciado y oculto?

LAS PREGUNTAS anteriores sugieren otras. Admitamos, la mayoría de la gente así lo considera, que en los llamados juzgados de violencia de género se presta especial atención a las demandas presentadas por quienes en la pareja matrimonial ocupan el lugar considerado siempre más débil y necesitado de protección; el de las mujeres. Nada que objetar a ello. Deben ser atendidas en la medida en la que lo están siendo. Pero sin olvidar nunca que la realidad suele tener dos caras, al menos; que la violencia se puede ejercer de muy distintos e irritantes modos; y que de buenas intenciones se empedró siempre el infierno.
¿Qué sucederá o que sucede cuando en uno de estos juzgados la demanda de protección o la denuncia se formula desde un matrimonio homosexual? Si el juzgado es de violencia de género, supuestamente, ¿habrá que ponerse a discriminar el rol que juega cada uno de los componentes en el seno de su pareja? ¿Cuál será la dirección si la pareja en cuestión es de lesbianas, cuál si es gay? ¿Habrá que saber primero quién es quien o habrá que atajar directamente la violencia? Siéndolo, al menos habiéndolo sido históricamente, el problema no es de género, no es únicamente de violencia de género. El problema es de violencia. Lo que hay que combatir es la violencia. No solo la ejercida por una parte de la pareja, sino la desarrollada por las dos, siempre que esta se produzca.
Pensamos con palabras, nos construimos con ellas y la construcción así entendida de una sociedad no es más que la sumatoria del constructo de las individualidades que la forman. Quizá eso sea algo parecido a lo que se puede acabar por llamar o por considerar parte del imaginario colectivo. Pero también es cierto que ese imaginario no siempre se estructura de abajo a arriba y puede hacerlo, de hecho también lo hace, de arriba a abajo.

ENTONCES son los individuos, los líderes de opinión, los políticos salvadores de patrias, o fundamentalmente los colectivos actuantes en el seno de esa sociedad, quienes crean los estados ambiente, los estados de opinión que determinan lo que Maurice Maeterlinck denominó “el espíritu de la colmena”; es decir, aquella determinación colectiva que nos hace pensar que, efectivamente, las abejas son capaces de emitir juicio. La prueba más evidente de ello, sigue diciendo Maeterlinck, es que, en cantidad de oportunidades, el enjambre se equivoca en sus acciones colectivas y pone en peligro su propia razón de ser.
La experiencia de los años transcurridos desde que se implantaron deja en evidencia la discriminación que supone el hecho de que un juzgado pueda ser llamado de violencia de género. Sucede así desde el momento en que esta no es ejercida siempre unilateralmente, sino que puede actuar en los dos sentidos. De hecho, lo hace así.

CONSIDÉRESE, pues, a esta violencia intrafamiliar o doméstica, matrimonial o como se decida. Y si no, llámensele a las cosas por su nombre para que nadie, incluso un coronel de la Guardia Civil, pueda sentirse llamado a engaño. Llamémosle juzgado de violencia machista, que la hay y se ejerce con una profusión estremecedora. Negarlo sería tan miserable como hacerlo con la otra y equivalente, tan terrible como ella.

El siguiente testimonio es de Nadine Trintignant, la madre de Marie Trintignant, brutalmente asesinada en el verano de 2003 en Vilna, Lituania, por su compañero sentimental, el cantante Bertrand Cantat, mientras rodaba una película sobre la vida de Colette bajo las órdenes de la propia Nadine: “En muchas de las crónicas negras de Francia el verdugo se convierte en la víctima. Los hechos fueron los siguientes. Primera versión de Bertrand Cantat: ‘En medio de una disputa, ella [Marie Trintignant, su compañera sentimental] resbaló golpeándose contra el radiador de la calefacción’. El cirujano lituano que operó a Marie, por su parte, informa de que fue golpeada. El asesino da una segunda versión: ‘Sí, le propiné dos pescozones’. Resultado de la autopsia francesa: 14 golpes, de los que cuatro fueron muy violentos, sobre el cráneo y el rostro (17 golpes según la autopsia lituana). Vincent [Trintignant, hermano de Marie], Roman [hijo de la víctima] y yo vimos a Marie irreconocible y con huellas de estrangulación en el cuello. El proceso: el asesino explica que ella no quería salir del cuarto de baño (tuvo miedo, creo yo, por primera vez en su vida). Cuando salió, él la atrapó, la sacudió y le golpeó la cabeza cuatro veces contra el quicio de la puerta (según el cirujano francés que intentó una segunda operación, Marie recibió golpes que tenían la fuerza de una moto que se estrellara contra un muro a 150 kilómetros por hora). Prosigue la versión de Cantat: ‘Después ella resbaló’. Él pensó que ella estaba actuando (de hecho, continuó golpeándola). Marie quedó sin conocimiento pero todavía con posibilidades de salvarse, pero Cantat, durante cuatro horas, se dedicó a telefonear a su abogado y a Samuel [Benchetrit, ex marido de Marie y padre de uno de sus hijos]. Los policías comprobaron las llamadas en su móvil. A las cinco de la mañana, llamó a Vincent. Cuando éste vio a su hermana ella estaba en la penumbra, con una toalla encima del rostro. Cantat arrastró a Vincent al cuarto de al lado, en donde estuvieron 10 o 15 minutos. Súbitamente, Vincent volvió al cuarto donde estaba Marie, encendió la luz, quitó la toalla que tapaba a su hermana, corrió escaleras abajo y pidió a la recepción que llamara con toda urgencia a una ambulancia. Cantat decía que no valía la pena. He aquí la verdad, que por otra parte ha sido escrita en los periódicos, pero cada cual retiene lo que le conviene”.

Hasta aquí el testimonio de Nadine.

Cantat fue liberado el pasado otoño, en medio de una gran polémica. Como amigas que fuimos de Marie Trintignant, queremos volver a repasar el caso. La versión de una muerte “accidental”, resultado de una imprevista caída, fue la primera que dio Cantat antes de que los médicos hicieran públicas sus observaciones. Pero la muerte de Marie no tuvo nada de accidental, fue consecuencia de un impulso colérico de Cantat. Según el mismo asesino, Marie estaba encerrada en el baño, temiendo por su vida, aterrorizada ante el peligro que le esperaba. En vez de ir a dar una vuelta para calmarse, el hombre la esperó, como una fiera.

No se sabe cómo la hizo salir del baño, probablemente haciéndole creer que se había alejado, pero se ha demostrado que no fue al caerse contra un radiador como nuestra amiga Marie murió. Fueron 17 golpes, entre los cuales un mínimo de cuatro violentísimos contra el canto de la misma puerta del baño que destrozaron su cráneo. Por favor, no se puede insinuar que fue un accidente: Marie fue brutalmente golpeada.

Luego su asesino la dejó morir. Tal vez para que nunca se hiciera la luz sobre lo sucedido. Pasó cuatro horas al teléfono con su abogado; empezó por decir a Vincent, el hermano de Marie, que ella estaba durmiendo; más tarde intentó disuadirle de llamar a una ambulancia. En todas esas horas perdidas quizá se hubiera podido salvar a Marie. Sus cuatros hijos no serían huérfanos y Jean-Louis y Nadine, sus padres, no estarían destrozados por el dolor. La enternecida benevolencia sobre los “esfuerzos de reinserción social” de Cantat, lo bien que se portó en la cárcel y sus estudios por correspondencia en la Universidad de Toulouse no pueden ser aceptados como pretextos de una posible curación. Sólo si fuera idiota Cantat no se comportaría de forma “ejemplar”, precisamente para que la prensa se pudiera maravillar de lo buen chico que es. Que el cantante y guitarrista haya sido objeto de atención psicológica durante sus años de encierro y se haya comprometido a seguir acudiendo a un psiquiatra no tiene nada de heroico, es el tratamiento a seguir en este tipo de casos.

Marie está muerta, y este hombre ha ganado incluso una cierta fama a causa de este asesinato. Antes era un cantante de rock poco conocido, apenas una imitación mediocre de Jim Morrison en un grupo cuyo nombre arroja hoy un eco siniestro sobre su personalidad: Noir Désir (Negro Deseo). Pero ahora algunos grupos de rap de orientación abiertamente machista y violenta saludan y exaltan el personaje Cantat. Y ya se habla, sotto voce, de un posible disco de Cantat.

Nos parece profundamente errado presentar la muerte de Marie como un caso único, aislado y accidental, entre artistas borrachos, drogados o sadomasoquistas. Cada tres días muere en Francia una mujer a golpes de su compañero. En la gran mayoría de los casos, esas muertes no son fruto de explosiones accidentales de cólera, sino el epílogo trágico de un proceso de verdadera tortura afectiva, que aísla progresivamente a las víctimas de su familia y de sus amigos mediante crisis de celos terribles e irrupciones cada vez más fuertes de violencia física.

También en esto, desgraciadamente, la muerte de Marie correspondió a la “norma” y confirmó que las brutalidades hacia las mujeres se ejercen en todo tipo de clases sociales. Nadine Trintignant cuenta que recibió un SMS de Marie firmado Ta petite fille battue (“Tu hijita golpeada”), que su madre fue incapaz de descifrar.

Marie era una mujer llena de vida y de talento, dedicada ante todo a sus hijos y sus padres. Sin duda la fuerza de los lazos afectivos en esa familia, toda ella orientada hacia las artes, irritaba la ambición de posesión de Cantat. Pero resultaba imposible imaginar que Marie pudiera estar entrando en un proceso de sumisión a un hombre violento. A medias palabras, ella intentó pedir auxilio. Sabemos, y las asociaciones de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia lo saben, cuánto cuesta pedir auxilio, vencer la vergüenza y el dolor.

España es uno de los países de Europa que aborda más seriamente el problema de la violencia conyugal, donde se habla de forma más justa y franca del tema y donde se están tomando medidas efectivas sobre la cuestión. Por eso pensamos que el caso de Marie Trintignant merece ser bien contado en España.

El pasado 28 de octubre, con la ayuda de la alcaldía de París, Nadine Trintignant y varias asociaciones de apoyo a víctimas organizaron una manifestación contra la violencia en las parejas. Uno de los temas centrales fue la gran tolerancia penal que existe en Francia en relación a los crímenes entre cónyuges. Efectivamente, como indica Nadine Trintignant, la ley francesa dice que un hombre que mata a su compañera puede ser condenado a 20, 25 años e incluso perpetuidad, pero en realidad nunca es condenado a más de ocho años y siempre cumple tan sólo la mitad de ellos. Sería importante, como medida de disuasión, que este tipo de penas se cumplieran hasta al final. Cumplir tan sólo cuatro años es casi una forma de excusar un crimen horrible.

Por planear un atraco a un banco, un grupo de personas fueron condenadas recientemente en Francia a 15 años de cárcel. Es muy probable que un chico que queme un coche en un suburbio de París sea condenado a cuatro años. En cambio, Cantat fue liberado hace unas semanas después de haber pasado recluido cuatro años por causar la muerte de Marie con 17 golpes en la cabeza. La mencionada manifestación delante del Hôtel de Ville de París fue un acto público de impacto mediático, pero también un momento político de gran fuerza emotiva. Hablaron mujeres y hombres, y muchos indicaron que el núcleo de la vida en la sociedad residía en la pareja, que ahí empezaba la justicia, el respeto y la democracia. Y quedó bien claro que la lucha contra la violencia conyugal no es una cuestión de mujeres contra hombres, es una lucha que importa y moviliza a todos por igual.

Nadie se puso a pensar que el compañero de Svetlana era en realidad un monstruo que la asesinaría después de sorprenderla con su insana presencia en un programa de telebasura. Nadie comprobó que la sorpresa que el programa deparaba a Svetlana era en realidad una muerte súbita. Porque esos y otros programas no están pensados, están sólo producidos en función de la cuota de audiencia que puedan alcanzar y, por lo tanto, en la rentabilidad publicitaria que ofrezcan y los muy modestos costes con los que se manipule a los invitados y a la propia audiencia. Se trata de programas que son, simplemente, un negocio porque en la comunicación -en sentido lato- funciona la perversa coartada según la cual hay que ofrecer al público lo que el público quiere ver. Esta afirmación es ya canónica en el sector y encierra la abdicación más radical a la función pedagógica y de la responsabilidad social que los medios deben asumir en un régimen de opinión pública y enteramente mediatizado.

Cuando la temeridad se convierte en una pauta de trabajo y la instigación de las pasiones -sean del género que sean- es un objetivo para buscar antes que el raciocinio la emocionalidad, pueden ocurrir y ocurren casos como el de esa pobre criatura llamada Svetlana. Así como el mal, según Arendt, podía ser -y lo fue- banal, también la imprudencia puede serlo, y no extraer alguna lección de esa práctica anormal transformada en código de conducta mediática en algunas instancias sería dolosamente incívico.

En España, a una velocidad de vértigo, se han rebasado unos infranqueables límites éticos en la comunicación como consecuencia de la deformación patológica de la prevalencia del derecho a la libertad de expresión e información que estableció en su momento el Tribunal Constitucional al desentrañar el artículo 20 de la Carta Magna. Cuando la jurisdicción de garantías constitucionales interpretó que esas libertades se sobreponían, en determinados casos, a otros derechos y libertades, no los convertía en oceánicos ni en ilimitados, sino que los insertaba en una sinergia de facultades, libertades, derechos y obligaciones a administrar con sentido común y responsabilidad social desde todas las escalas colectivas y, en particular, desde los medios de comunicación. Transformar el entretenimiento en un espectáculo de circo romano; confundir la realidad con la excepcionalidad elevándola a categoría rutinaria; mostrar las miserias de las gentes a la contemplación inmisericorde de una anónima audiencia que, desarticulada, se lamenta tanto como se regodea en unas imágenes y en unos lenguajes tan ínfimos, constituye una lacra y, como se ha visto, por desgracia, una tragedia de naturaleza ya irreversible: el asesinato de Svetlana.

La reclamación, puramente reactiva y carente de credibilidad, de que los medios se autorregulen es, ni más ni menos, la expresión de una impotencia. Porque las televisiones y los periódicos -incluso las radios con sus denominados idearios- ya disponen de códigos deontológicos, que son, simplemente, papel mojado. Cuando los mecanismos de autorregulación no establecen sistemas de control y de verificación -eventualmente, de sanción mediante el reproche profesional público- esos códigos deontológicos sólo sirven para anestesiar conciencias livianas y cubrir el expediente ético de algunos. La expulsión de los periodistas profesionales, con trayectoria y solvencia cívica, de los medios masivos y su sustitución por intrusos que invocan las libertades constitucionales, e incluso las profesionales del secreto y la cláusula de conciencia, para perpetrar sus fechorías es una de las causas de la situación por la que estamos atravesando, aunque no la única.

El propósito de espectacularizar la noticia, hacerla más morbosa y adictiva, constituye la deriva amoral de no entender la convivencia desde parámetros de civilidad en los que deben jugar determinados valores y principios. El aburrimiento puede llegar a ser una sensación protegible en un régimen democrático cuando la alternativa es el histrionismo, la imprudencia, la inmisericordia y la banalidad. El caso Svetlana supone el paroxismo -una especie de finisterre mediático- que resume lo peor de lo que está sucediendo en ese orden de cosas.

Pero esta tragedia amoral tiene algunos cooperadores necesarios: los que con el concurso financiado del relato de intimidades y truculencias, tanto sexuales como de conducta, responden a preguntas que son sólo la entradilla a un espectáculo simulado. Se comercia con el maltrato psíquico y físico de hombres contra mujeres; con la fidelidad y la infidelidad de las parejas; con especulaciones injuriosas e incluso calumniosas; se manejan hipótesis verosímiles e inverosímiles, pero en todo caso excitantes, y todos ganan dinero: los que preguntan y los que responden. La dignidad a cambio de denarios sin ninguna reprobación social. Al contrario: de la telebasura o la radiobasura o la prensabasura el salto a la fama es perfectamente previsible, o a la literatura, o al cine, y, en todo caso, a la ornamentación de saraos, festejos y jolgorios varios. El éxito -la imagen del éxito- se adosa a estos comerciantes de escabrosidades. Y la rueda sigue como sigue el negocio. Y llega un caso Svetlana y muchos se extrañan.

Es irritante, además, que aquellos que participan de una u otra forma -autoría material, inducción, colaboración necesaria, complicidad o encubrimiento- en este montaje farsante se reclamen miembros de una comunidad profesional como la periodística. No lo son aunque los periodistas -esos que vivimos de nuestra nómina sin más pretensión que ser lo que somos (en todo caso dignos)- estemos sumidos en un exilio de silencio y resignación, inermes y alarmados ante este dislate y barridos por un tsunami de eufemismos tramposos que está horadando la nombradía de este bello y necesario oficio.

Confieso que el asesinato de Svetlana me ha conmovido, impactado, indignado y afirmado en una impresión que compartimos muchos profesionales de la información: no cabe atribuir la responsabilidad concreta a una persona, a un programa o a una emisora de televisión. Es el sistema mediático el que falla, es la capacidad de absorción de la basura mediática la que frustra una reacción social, es la inmadurez de nuestro sistema de convivencia la que no permite que prospere un llamamiento institucional a poner coto a estos despropósitos. Es verdad que la realidad siempre supera a la ficción, pero hay realidades que deben estar en el psiquiátrico, o en la cárcel, o cubiertas para preservar la dignidad de las personas, pero no expuestas al aire, indiscriminadamente, haciendo mella -cincelando malamente las categorías morales de los ciudadanos- en el universo de valores cívicos de la sociedad. Asco.

La violencia reside en la mente. La causa de la violencia hacia la mujer es la desigualdad de género. La desigualdad de género forma parte de la estructura de nuestras sociedades, construidas sobre el modelo de masculinidad dominante. La masculinidad dominante se cimienta en la mente de hombres y mujeres, transmitida intergeneracionalmente en los procesos de socialización. Hombres y mujeres se socializan, hoy y en nuestras democracias, asimilando toda una estructura de códigos de interpretación de la realidad que les dice que hombre y mujer son distintos y que deben cumplir distintos roles sociales por el hecho de serlo. El rol social del hombre es controlar la esfera pública y establecer las reglas de lo privado, ser referente de autoridad, pensar y decidir con racionalidad. El rol social de la mujer es servir y cuidar, gestionar la comunicación emocional, ajustarse a las reglas y apoyar al hombre. Esta síntesis del código de masculinidad con el que definimos nuestra identidad la llevamos grabada en nuestra genética social y está traducida a todas las esferas de las relaciones interpersonales.

Algunos de ustedes pensarán que exagero, que la desigualdad no llega a tanto. Es cierto que hemos avanzado mucho si nos comparamos con la Edad Media. Ahora las mujeres existen como sujetos políticos y tienen derechos civiles. Sin embargo, la igualdad está muy lejos. Incluso, corremos el riesgo de que la igualdad que conquistemos, que estemos conquistando, sea nada más que una refinada desigualdad disfrazada de igualdad. La desigualdad y la discriminación bajo la apariencia de igualdad son todavía peores que la visible asimetría de género explícita y aceptada, porque la desigualdad vestida de igualdad nadie la reconoce y es difícil de percibir, incluso para quienes la padecen. De esta manera, el discurso tras el que se esconde el nuevo machismo sería que la igualdad ya existe, pero las mujeres no quieren aprovecharla, por ejemplo, porque prefieren ser madres. Es una nueva forma de desigualdad, la igualdad machista.

La violencia es una conducta instrumental cuyo único fin es imponerse a otra persona por la fuerza. Si el código de significados de la sociedad, aquél que utilizamos para dar sentido a la realidad interpersonal y a la colectiva, reconoce a los hombres un derecho legítimo a ejercer un rol de autoridad sobre las mujeres, que dos millones y medio de hombres recurran a la violencia para someter a dos millones y medio de mujeres (que sepamos) no es nada sorprendente. De hecho, lo sorprendente parece ser que no exista más violencia, puesto que los hombres nacen y crecen con códigos mentales implantados desde la tierna infancia que les hacen creer que tienen derecho a exigir que las mujeres se comporten de una determinada manera, y a corregir las desviaciones que detecten en ese comportamiento normativo. La norma es masculina.

El ámbito laboral es una expresión fiel, como tantas otras, del código de masculinidad dominante. Un estudio reciente de Catalyst revelaba que únicamente el 6% de los puestos ejecutivos de las 500 primeras compañías estadounidenses estaban ocupados por mujeres, casi al mismo tiempo que declaraciones de la patronal japonesa advertían de que el 67% de las mujeres abandonan sus puestos de trabajo para ser madres, o que una investigación de la Universidad de Navarra subrayaba que el 30% de las mujeres que llegan a altos cargos acaban renunciando. A renglón seguido, hemos leído opiniones que recriminaban a la mujer demandar la igualdad para después abandonar las responsabilidades que obtenía producto de esa igualdad. El machismo recocinando el machismo.

Resulta que la igualdad real de género, el acceso y presencia en las estructuras del poder social, es una ficción. Cierto es que a golpe de una legislación progresista de igualdad que va por delante de la mente social se están incrementando las oportunidades de introducir presencia de la mujer en espacios que continúan siendo de poder masculino. Sin embargo, incluso hasta la ley puede ser en cierto sentido una rémora más si no se consigue un cambio en actitudes y comportamientos sociales. Con la ley en la mano, un hombre le dice a una mujer que ya ha logrado la igualdad y que, a partir de ese momento, dependerá de ella aprovecharla o no. Y la mujer se encuentra con que esa igualdad definida en código masculino es inaprovechable, porque es la misma discriminación de siempre pero vestida de domingo. Con las cuotas, como un ejemplo entre otras medidas, se está logrando que la mujer llegue a la lista electoral, al gobierno y, tal vez, a los consejos de administración. De acuerdo, pero ahora adáptate al modelo masculino de toma de decisiones; adáptate a que los proyectos importantes arranquen en las comidas o mientras te tomas la cervecita en el bar, o mientras juegas al golf, vas al fútbol o al gimnasio, cuando no a la partida de cartas; adáptate a que te coloquen la reunión de seguimiento de cuentas a las siete y media de la noche, que es cuando el jefe ha regresado de su larga sobremesa. Si quieres ser igual, vas a ser tan igual como te diga el código dominante. O sea, o te comportas como un hombre o abandona si quieres ser madre o tener vida privada.

No lo van a leer en ningún estudio académico probablemente, pero el mayor escollo para tener un horario laboral conciliable con la vida familiar en España proviene de otro paradigma del machismo: la infidelidad en la pareja. Aparte las interminables comidas de negocios en donde se toman decisiones importantes ante el balón de espirituoso, uno de los principales condicionantes de las reuniones de las siete de la tarde es la relación sexual extraconyugal que el ejecutivo agresivo está aprovechando para tener en torno a la hora de la comida, en un hotelito discreto. Ése es el modelo dominante, salvando a los honrados trabajadores por turnos. Existen incluso hoteles que han habilitado precio y habitaciones especiales entre las cuatro y las seis de la tarde para el sexo ejecutivo. A todo esto, añádase que el hombre medio nunca ha tenido prisa por regresar a casa desde el trabajo porque ya tiene allí a la mujer que se ocupa de un hogar que no está considerado un espacio de influencia masculina, más que para vegetar, y tendremos reuniones laborales a las seis, a las siete y a las ocho, seguida de copita de despedida a las nueve. Y luego adáptate al formato si quieres ser ejecutiva porque ya eres una de nuestros iguales.

La causa subyacente más determinante para la violencia hacia la mujer es el código de masculinidad dominante. Ese código se administra e implanta en las familias y se transmite intergeneracionalmente a través de los diversos agentes y espacios sociales. En la prevención y reversión de esa realidad también estamos fracasando o, por decirlo más suave, avanzamos muy, pero muy lentamente. La prevención la estamos concentrando en las escuelas, con los niños y las niñas. En las comunidades autónomas donde hay suerte, les impartimos clases de igualdad combinadas con iniciativas de prevención de la violencia. En esas clases, de horario ocasional cuanto menos, enseñamos a los niños y niñas, en lenguaje que pueden entender, que los roles de género son discriminatorios. Los pequeños regresan a casa después de una hora de igualdad al mes y allí, con papás y mamás que no sólo no han sido formados en igualdad sino que practican la desigualdad por imperativo genital, el mensaje docente queda destruido en treinta segundos. Si el niño ha aprendido un día que en casa hay un instrumento denominado lavadora, que sirve para lavar la ropa de un colectivo familiar todos cuyos miembros deberían colaborar en el esfuerzo, y que él puede comenzar por llevar sus calcetines sucios a la cesta de la colada sin esperar a que lo haga mamá, es muy probable que en su primera intentona reciba el siguiente mensaje paterno: «Ese profesor es maricón; ponte a hacer los deberes y no seas niña». La desigualdad se adquiere en la familia. El machismo también.

En el año 1999 la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invitando a los gobiernos e instituciones nacionales e internacionales a organizar esa jornada actividades destinadas a fomentar la conciencia pública sobre esta lacra social. Se eligió este día para rendir homenaje a las tres hermanas Mirabal, torturadas y asesinadas por agentes del Servicio Militar de Inteligencia de la República Dominicana por defender los derechos de las mujeres y las libertades políticas durante la dictadura de Trujillo. Fueron encontradas el día 25 de noviembre de 1969 arrojadas en un precipicio, estranguladas, cubiertas de sangre y destrozadas a golpes. El triple asesinato fue considerado en aquel entonces el crimen más horripilante de la historia dominicana.

Este día es, pues, una jornada para realizar actos de solidaridad con las víctimas, pero también para hacer reflexiones. La violencia machista ha arrebatado la vida a 315 mujeres en los últimos seis años, asesinadas en el ámbito de la pareja o ex pareja. Sorprende que sea precisamente este espacio de las relaciones sentimentales que se inician por amor y afecto el que se convierta para muchas mujeres en un auténtico infierno y dolor. Treinta años de democracia no han sido suficientes para terminar con una de las manifestaciones más brutales de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y ello es así porque estamos ante un problema atávico y de carácter universal, que responde a una construcción social que ha potenciado un reparto desigual de las actividades productivas, creando unos roles sociales asignados en función del sexo. Es la pervivencia de los patrones culturales machistas, de discriminación hacia la mujer, la que explica la permisividad social durante muchos años ante la violencia masculina, que se ha convertido para algunos hombres en el instrumento más expeditivo para mantener relaciones de poder.

La última iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en el Parlamento español para combatir este cáncer social fue la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, de 28 de diciembre de 2004. En un único texto legal se concentran todas aquellas soluciones que deben desplegarse desde distintos ámbitos de la sociedad: educativas, preventivas, sanitarias, contra la publicidad ilícita, además de las medidas sociales, asistenciales, de recuperación psicológica y de reinserción social de los condenados. Dos años después de la aplicación de esta ley, se ha de resaltar el papel relevante de la Justicia. Desde los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con la especialización de jueces, fiscales, policías, abogados y funcionarios, se está otorgando una respuesta judicial hacia las víctimas de la violencia de género más eficaz, de mayor calidad y prioritaria. Se ha terminado con la dispersión judicial y con la descoordinación de la jurisdicción civil y penal. Asimismo se ha logrado una óptima coordinación de estos juzgados con el resto de administraciones públicas que han de proporcionar una respuesta integral. En estos dos primeros años se ha juzgado a 69.400 personas, de las cuales 50.086 han sido condenadas (el 72%), se han dictado 54.320 órdenes de protección (un 75% de las solicitadas) y se han resuelto 24.634 procedimientos civiles.

Pero nos falta todavía avanzar. Falta mayor implicación social. El asesinato en Alicante de Svetlana, una víctima de nacionalidad rusa, plantea la reflexión acerca de la vulneración de los códigos éticos de autorregulación periodística en los programas televisivos en los que se ventilan cuestiones personales que afectan a los derechos de intimidad e imagen de las personas afectadas, sin su previo consentimiento -al parecer ella acudió engañada-. El mínimo deber de diligencia de cualquier periodista es indagar si, además de un conflicto familiar, existe una situación de violencia de género. Y, en este último supuesto, la voluntad empresarial debería ser siempre inequívoca y rotunda: no le queremos en el programa. La Ley Integral prohíbe la mediación en estos casos. Los poderes públicos deben esforzarse para que los derechos de información y asistencia social integral lleguen a todos los rincones: seguimos manteniendo un promedio de un 75% de mujeres que previamente a su asesinato no habían denunciado ninguna situación de amenaza o maltrato y que, en consecuencia, no estaban protegidas. Se ha de dar un impulso al tratamiento y rehabilitación de los agresores, ingresen o no en prisión, para conseguir el fin constitucional de su reinserción social. Se han de comarcalizar los juzgados, a fin de crear más juzgados exclusivos -suprimiendo los compatibles- con competencias en varios partidos judiciales, con criterio de proximidad territorial y equipados con todos los medios: presencia del fiscal, del abogado de oficio, del médico forense, equipos psicosociales y unidades de valoración forense integral. Sin éstas últimas es difícil que los jueces puedan determinar con acierto la valoración del riesgo de cada víctima, extremo clave para decidir si deben otorgarse o no medidas cautelares de alejamiento.

Es verdad que no hemos podido reducir las insoportables cifras mortales, pero no podemos atribuirlo a una supuesta ineficacia de la ley, máxime cuando cambiar los patrones culturales sexistas nos puede llevar años. El Derecho es siempre un motor de cambio y de transformación social. Los resultados a veces son lentos, pero finalmente estables. En este largo recorrido es preciso trabajar codo con codo hombres y mujeres, porque ésta es una batalla a favor de la igualdad y de la justicia, que debe interesar a toda la sociedad.

He leído el artículo El perdón de la ofendida, publicado el pasado día 7 en estas mismas páginas y firmado por la abogada Lidia Falcón. Un presupuesto de la inalienable libertad de expresión es el deber de estar informado sobre lo que se habla y el deber de no manipular las opiniones de los demás. En ninguna de mis intervenciones orales o escritas he defendido “que el perdón de la ofendida conlleve el archivo de la causa penal para que el delincuente salga indemne”. Tampoco he dicho nunca “que un solo acto de violencia, sin que se produzca el segundo, no puede dar lugar a un proceso penal”; ni jamás he argumentado “que se eliminen las órdenes de alejamiento anejas a la pena principal, una vez condenado el agresor”. Solo desde la ignorancia o desde la mala fe se me puede acusar de formular semejantes propuestas.

SÍ HEMOS sugerido desde hace meses los magistrados del Grupo de Expertos del Observatorio del CGPJ, después de hacer el seguimiento de miles de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género y de la violencia familiar, la revisión del artículo 57. 2 del Código Penal (CP), que obliga al juez a que, de forma automática, imponga en todas las condenas, junto con la pena principal, la pena accesoria de alejamiento, con independencia de las circunstancias del hecho, la gravedad del delito o la situación de riesgo de la víctima.
El redactado de este precepto arranca de una reforma legislativa del 2003, anterior por tanto a la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, de 28 de diciembre del 2004. La impulsó el anterior Gobierno, junto con la modificación de 190 preceptos del CP. Las fuerzas parlamentarias progresistas no votaron esta reforma, aunque posteriormente la hayan hecho suya. En cualquier caso, hacer esta sugerencia no supone ningún ataque a la ley integral, ley que defiendo con convicción y de forma comprometida, al constituir el mejor instrumento para combatir la violencia de género.
En modo alguno pretendemos que dicha pena accesoria deje de imponerse. Lo que defendemos es que su imposición no sea automática, sino vinculada al riesgo de la víctima, al igual que las medidas de seguridad o las medidas cautelares de alejamiento en la fase de instrucción. Cuando el delito es ocasional, ¿debe el Estado imponer el alejamiento aunque la víctima no esté en situación de riesgo y no quiera separarse? Son casos que deberían poder ponderarse: si hay riesgo, por supuesto siempre debe prevalecer protegerla, aun en contra de su voluntad. Muchos se preguntan: “¿y cómo pueden los jueces determinar si hay situación de riesgo?”. Forma parte de su labor diaria. Para otorgar una orden de protección o medidas cautelares de alejamiento se ha de valorar el riesgo, porque así lo exige la ley. Por eso es indispensable que en todos los territorios se disponga de unidades de valoración forense integral para que jueces y fiscales puedan disponer de buenos informes periciales.
De las más de 50.000 condenas dictadas en España en los dos últimos años, se evidencia que nos encontramos ante hechos con grados de violencia distintos: actos violentos ocasionales con intensidades diversas y violencias físicas y psicológicas habituales y reiteradas. Y en cada caso hay una víctima con una problemática única y distinta, que merece ser escuchada. Exigir y conseguir que las mujeres tengan la mejor información de todos sus derechos, así como conseguir su recuperación psicológica, cuando la precisan, es un camino irrenunciable. Sin embargo, imponer el alejamiento cuando ella no quiere separarse, y pericialmente se demuestra que no hay riesgo, es innecesario, plantea problemas en la ejecución de la sentencia y efectos perjudiciales para la mujer, al criminalizarla por su conducta de cooperación en el quebrantamiento de la pena. Ello ha llevado a algunos jueces a plantear más de una decena de cuestiones de inconstitucionalidad ante el Constitucional, aún sin resolver. Aunque partamos de que la norma es constitucional, muchos jueces, fiscales, juristas y sectores de la universidad abogamos por un cambio de este precepto, en beneficio de las propias víctimas.

NO PIDO impunidad para los agresores, señora Falcón. La pena principal siempre debe ejecutarse y todo acto violento debe ser investigado y castigado como delito. El legislador es soberano para mantener este precepto tal como está. Pero no pueden seguir aduciéndose razones de desconfianza hacia los jueces como argumento para no modificarlo. Con la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la justicia está actuando de forma especializada y con mucha responsabilidad.
Dos apuntes más: 1) No es cierto que las penas no se cumplan. Las penas alternativas a la prisión también son penas y se ejecutan. 2) No es cierto que los jueces archiven automáticamente la causa cuando la víctima retira la denuncia. Solo cuando lo pide el fiscal, si la declaración de la víctima era la única prueba existente.
Aunque mantengamos discrepancias, en la lucha por la igualdad y contra la violencia nos seguiremos encontrando. Sumando, además, muchos esfuerzos desde toda la sociedad. Porque esta es una batalla de todos, de mujeres y de hombres, contra la injusticia y la discriminación.

La seguridad jurídica de un Estado depende fundamentalmente de que el sistema legal sea justo y de que se cumpla sin excepciones ni favoritismos. Especialmente las leyes y procedimientos penales. Hasta que la Constitución estableció la igualdad entre hombres y mujeres y se modificó el Código Penal, la víctima de una violación podía en cualquier momento del proceso perdonar al violador y este quedaba sin cargo alguno. Es lo que se llamaba “el perdón de la ofendida”, que todo lo borraba, por el convencimiento profundo que tenía el legislador de que cuando a una mujer la violan le es- tán haciendo un favor. Todavía hoy los delitos de agresión sexual deben ser denunciados únicamente por la víctima, y en los procesos por maltrato la retirada de la denuncia de la mujer o su negativa a declarar acogiéndose al derecho constitucional significan el archivo inmediato de las actuaciones.

NINGÚN OTRO delito se persigue con estas particularidades. Si el denunciante de cualquier otro delito contra las personas o la propiedad pretende más tarde retirar la denuncia, ni la policía ni el juez ni el fiscal se lo permitirán. El delito es una agresión contra la estabilidad del orden legal que es el fundamento jurídico del Estado, de las garantías constitucionales que nos convierten en una sociedad democrática. Pretender transigencia con el delincuente significa anular la seguridad jurídica de los ciudadanos y conculcar la garantía de que el Estado perseguirá el crimen para restablecer las relaciones pacíficas y justas entre el perjudicado y su agresor, quebrantadas por el delincuente. Estos principios son los que, por lo menos en las cátedras de Derecho, se siguen ense- ñando en las universidades. Su puesta en práctica es bastante menos fiable.
Pero lo que no se puede es dar carta de legalidad a la corruptela habitual que se practica en el más que deficiente sistema judicial que padecemos, con el archivo de las actuaciones cuando la víctima de malos tratos se niega a declarar o a proseguir la acusación, permitiendo que la ley sancione la dejación de los deberes del Estado en la persecución del delito. Y eso es precisamente lo que pretende la consejera del Poder Judicial Montserrat Comas cuando defiende que se eliminen las órdenes de alejamiento anejas a la pena principal, una vez condenado el agresor, argumentando que muchas mujeres quieren perdonar al agresor y volver a vivir con él. Sus declaraciones respecto a que un solo acto de violencia, sin que se produzca el segundo, no pueden dar lugar a un proceso penal, no deben ser tenidas en consideración. Se me dirá que la condena del agresor ya contempla una pena, pero bueno es recordar que todas las penas de prisión que no sobrepasen los dos años quedan en suspenso si el reo no es reincidente. El 90% de las condenas no traspasan ese límite, y la posibilidad que contempla la ley de que se sustituyan por “servicios a la comunidad” es hasta hoy una frase sin contenido alguno, puesto que nadie sabe en qué consisten esos servicios. En definitiva, que las condenas inferiores a dos años de cárcel significan la libertad para el agresor, sin alternativa alguna. Supongo, por tanto, que, contando con ello, el legislador estableció la orden de alejamiento automática para el convicto como única garantía de protección de la víctima, y también como único castigo para el agresor. Si la suprimimos, restableceremos la impunidad de siempre.

VOLVEMOS,como en un eterno retorno, a los tiempos del perdón de la ofendida que tanto juego dio durante el franquismo a los violadores, estupradores, abusadores sexuales y seductores de mujeres para que salieran indemnes de sus crímenes. Para nadie es un secreto –y no debería serlo tampoco para la señora Comas– que ese perdón se consigue fácil y perversamente de la víctima. En el mejor de los casos, se la adula, se le piden disculpas, se le promete que no volverá a suceder, se le hace algún regalo o invitación que la inocente cree con el ánimo confortado. En el peor, se la amenaza, a ella y a toda su familia. Las víctimas conocen bien las llamadas a media noche, las frases insultantes, los gritos, las esperas en la puerta de sus casas, los seguimientos por la calle, las visitas al trabajo, a casa de los padres, a los amigos. Ahora internet ofrece mejores alternativas publicando fotos e insultos varios. Hasta que en cualquiera de los dos casos se quiebra la resistencia de la mujer, ya no demasiado firme después de las agresiones.

NADIE PROTEGE a las perseguidas y a sus familias. Ningún sistema policial tendría suficientes efectivos para garantizar la seguridad de las mujeres a toda hora del día y de la noche; la mayoría de las víctimas –por eso lo son– se caracterizan por su debilidad física y psíquica, las familias tienen una resistencia limitada, y el final victorioso del acosador está garantizado.
Cuando se establece la posibilidad del perdón del agraviado como medio de que el delincuente salga indemne de un proceso, estamos abriendo la posibilidad de la coacción y del chantaje a la víctima. Si se suprime la obligatoriedad de la orden de alejamiento, estamos acordando la total impunidad de los maltratadores, exactamente el objetivo contrario del deseado al aprobar la ley de violencia contra la mujer.

Le responde Montserrat Comas, Magistrada, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género: La mujeres sí están protegidas (EL PERIÓDICO, 10/11/07):