España. Crisis financiera y económica. 2012. Soledad es una investigadora catalana casada con un político poco imaginativo. Cansada de vivir su realidad, se va al cine a ver su película favorita: Una mente maravillosa. A los pocos minutos, se duerme y revive su pesadilla.

Vive en un lugar cuya crisis fue provocada por una burbuja inmobiliaria alentada por créditos irresponsables. Primeros sudores. ¡Hay que cambiar de modelo de crecimiento! ¡No más ladrillo!¡Investigación! Decían los políticos. Uno de ellos cometió el error de querer imponer su modelo («economía social y sostenible»). Pero los modelos los determinan los inversores y el emprendedor. Lo más que pueden hacer los gobiernos es no poner trabas. Por supuesto, no tuvo éxito. Sudores fríos.

Entonces sube otro partido al poder y la apuesta es… ¿Biotecnología?¿Telecomunicaciones?¿E-nergías renovables?¿Ciencia en general? ¡No, qué va! De hecho, no solo hay recortes en I+D, sino que el tema desaparece del organigrama ministerial. La única apuesta es recuperar la deducción en el IRPF por la compra de vivienda habitual y mantener el IVA superreducido. And the winner is… ¡el ladrillo! Terrible déjà vu.

Ella sabe por qué no hay que recuperar esa deducción:

1. Aumenta muchísimo el déficit público. Si recortamos es o bien para ahorrar o bien para hacer una apuesta esperanzadora. Unos números nos situarán. En los últimos 10 años la medida ha costado 53.000 millones de euros (el 5% del PIB). En el 2009, antes de que se eliminara para rentas superiores a 24.000 euros anuales, dicha deducción costó 5.040 millones (cantidad similar a toda la inversión publica en I+D de ese año). Y prácticamente igual al esfuerzo que nos va a suponer la subida del IRPF (por cierto, a las clases medias, no a las altas, que no tributan por rentas del trabajo).

Recuperarla para todos los contribuyentes costará 1.500 millones, de los que 145 al año corresponden al hecho de recuperarla con efectos retroactivos para los que compraron vivienda en el 2010. Ello le supone un coste al Estado de más de 3.500 millones (145 millones anuales durante 24 años, la duración media de una hipoteca). Y, en este caso, ni siquiera sirve la justificación de fomentar la demanda de vivienda nueva y reducir así el estoc. ¡Nadie puede comprar ya una vivienda en el 2011! «¿Perdona?¿Alguien ha hecho un estudio riguroso del coste de esta medida y lo que se podría hacer con estos recursos si se dedicaran a otros aspectos más asociados al crecimiento a largo plazo? ¿Lo han hecho ustedes? Porque a mí, nadie me lo ha pedido», reflexiona para sí Soledad.

2. Ni siquiera está claro que esta deducción o el IVA superreducido del 4% fomenten la demanda a largo plazo. Dicho de otra forma, ¿son sensibles los consumidores a estas medidas? La respuesta es sí, pero solo a corto plazo. En Estados Unidos, se hicieron unas encuestas durante el periodo temporal de desgravación especial a la compra de vivienda (2009 y 2010), y el 75% dijeron que pensaban comprar de todas formas y que lo único que hizo la medida fue que se adelantaran. Exactamente lo mismo logró el anuncio de la eliminación de la desgravación a partir del 2011 en España. Las compras se anticiparon al 2010, y en el 2011 se paralizaron (y más sabiendo que el probable ganador de las elecciones iba a reintroducir dicha desgravación). El efecto neto es insignificante.

3. No favorece a las familias, sino que se capitaliza en menores reducciones de precios de la vivienda que solo favorecen a constructores, promotores y entidades financieras que reducen así sus pérdidas. Un documento de trabajo reciente del Banco de España estima que la eliminación de la desgravación reduciría el precio de la vivienda entre 7 y 8,5 puntos. «Es decir, yo, investigadora, que nunca he vivido por encima de mis posibilidades (y eso que era fácil, porque mis posibilidades no son muchas), vuelvo a hacer una generosa transferencia de renta a los colectivos que sí lo hicieron. ¡Fantástico!».

4. Discrimina en contra del alquiler y de otras formas de ahorro. El mismo documento del Banco de España estima que la eliminación de la desgravación aumentaría en 5,6 puntos la proporción del alquiler. Algo que todos los organismos internacionales recomiendan a España (un país con más de un 85% de propietarios).

5. Y un porcentaje tan elevado de propietarios reduce la movilidad laboral, lo que suele conducir a aumentos en la tasa de paro.

6. Es regresiva, únicamente las rentas más altas tienen suficiente capacidad adquisitiva para conseguir la máxima deducción legal.

7. Aunque se plantee como transitoria, luego cuesta mucho eliminarla (para muestra, un botón).

Se despierta horrorizada. Ojalá pasara como en aquella otra cinta de Woody Allen, y John Nash (Russel Crowe) saliera de la pantalla, porque: «¿Ven imaginación? Yo no».

Un agujero negro es una concentración de masa que causa tal fuerza gravitatoria que ninguna partícula, ni siquiera los fotones, pueden salir de ella. En la actualidad, la masa de activos de los bancos inmovilizados de una forma o de otra en inmuebles ejerce ese efecto sobre el conjunto la economía española. Aunque son muchas las reformas necesarias -laboral, financiera, de las administraciones, de la justicia, de la educación- la solución de esta cuestión puede ser el primer paso hacia la recuperación.

El problema tiene su origen en la famosa burbuja inmobiliaria, con la peculiaridad de que lo grave no ha sido su explosión sino justamente que sigue flotando, gracias al papel en la misma del sistema financiero. A lo largo de poco más de 10 años los precios de las viviendas subieron en España un 250% y durante varios años se construían en España tantas viviendas como en todos los demás grandes países europeos juntos. La especialidad de la burbuja es que, en 2007, aproximadamente un tercio de todo el dinero prestado al sector privado por entidades financieras españolas lo era a promotoras inmobiliarias. Cuando en la segunda mitad de 2007 se paran las ventas de viviendas y las promotoras no pueden pagar los préstamos, el ajuste no se produce a través del desplome del precio de la vivienda. En un contexto de gran incertidumbre sobre la viabilidad de todo el sistema financiero, las entidades financieras convencen al poder político para tomar otra dirección, la de la ya famosa “patada adelante”. Para que no quiebren los promotores, las entidades financieras llegan con ellos a pactos de refinanciación, que se intentan reforzar con la reforma de la ley concursal. Como los bancos no pueden hacer frente a sus propios vencimientos de deuda, el Estado y el BCE les prestan dinero, y el Banco de España echa una mano relajando las normas sobre provisiones en inmuebles para evitar que las daciones en pago supongan grandes pérdidas en sus balances.

La idea era que se fuera vendiendo poco a poco el stock de viviendas, y que los bancos se fueran recapitalizando con su actividad normal. Desgraciadamente, las consecuencias de esa táctica han sido muy otras, y tremendamente negativas para la economía española. Por una parte las ventas de viviendas no se han recuperado, sino que se han paralizado de forma casi total. A través de daciones en pago, de refinanciaciones o de canje de deuda por acciones de las promotoras, casi todo el stock de suelo y vivienda nueva no vendida está en manos, directa o indirectamente, de los bancos. La relajación en las normas sobre provisiones hace que les interese más mantener los inmuebles en el activo que venderlos a precio

de mercado, lo que mantiene los precios de la vivienda artificialmente altos: la vivienda sigue sobrevalorada en un 30% o 40% comparada con sus valores históricos de precios sobre rentas o sobre ingreso medio familiar. Por otra parte, la enorme masa de deuda ha ido atrayendo hacia la parálisis al resto de la economía, pues la inmovilización de los recursos de los bancos en activos inmobiliarios es un factor fundamental en la restricción del crédito al resto de las empresas, a las que simultáneamente se les ha reducido el crédito y aumentado los intereses.

Mientras tanto, los bancos españoles seguían dando año tras año grandes beneficios (nada menos que la CAM dio un beneficio de 368 millones en 2010) y repartiendo buena parte de los mismos en dividendos a sus accionistas (7.600 millones de euros repartieron en 2010 los bancos del Ibex). Cabe sospechar que los interesados ya se imaginaban que las refinanciaciones eran imposibles, que las ventas caerían más y los precios también; pero que también pensaron que esa estrategia les permitiría mantener sus puestos y cobrar sus bonus y sus dividendos al menos unos años más, aunque eso perjudicara a la economía, al Estado y a los propios bancos. Aún hoy los bancos siguen ampliando sus secciones dedicadas al sector inmobiliario, con la idea de esperar hasta que los puedan sacar al mercado con ganancias.

El problema no es solo que esto nos parezca mal e injusto, sino que es inviable. Por una parte no volverá a fluir el crédito mientras una gran parte de los recursos de los bancos españoles están presos en unos activos que no se venden ni rentabilizan. Por otra, si tenemos en cuenta el coste real de financiación, la amortización y los costes de mantenimiento, cada año que pasa con el mercado paralizado, la pérdida real del banco aumenta en más de un 10% del valor de esa masa improductiva.

Es absolutamente necesario que el nuevo Gobierno y el Banco de España tomen las medidas necesarias para que en un plazo breve, de dos o tres años, los bancos vendan la totalidad de la vivienda terminada y se termine la iniciada. Se tiene que inspeccionar a las entidades y poner fin a las refinanciaciones totalmente inviables y obligar a la liquidación de stock de las inmobiliarias de forma progresiva. El argumento de que obligar a los bancos a vender a precio de mercado los quebraría es falso al menos en parte, pues a la vista de los supuestos beneficios de los bancos está claro que se podría -debía- haber sido mucho más exigente en materia de provisiones. Incluso la intervención de alguna entidad es un mal menor comparado con la situación actual y sobre todo con lo que sucederá si se deja pasar más tiempo. En caso de intervención, se debe proteger a los depositantes, pero no a los accionistas u obligacionistas, que han asumido el riesgo (y a menudo han obtenido el beneficio) de financiar a esas entidades mal gestionadas. Tomar esas medidas tampoco hará desplomarse en Bolsa a los bancos españoles: de sobra saben los inversores que los balances de los bancos son irreales y por eso la banca española que cotiza lo hace a un valor que solo es entre el 30% y un 70% de su valor en libros.

El efecto de las medidas será la reactivación del mercado inmobiliario y de las actividades conexas, el aumento de la recaudación y la mayor circulación del crédito. Naturalmente, veremos cómo nuestras viviendas valen menos y no nos podemos endeudar a cuenta de ellas, pero eso es algo que a estas alturas también los ciudadanos tenemos descontado.

El límite a partir del cual ninguna partícula puede escapar a la atracción de un agujero negro tiene el enigmático nombre de “horizonte de sucesos”. Si conseguimos reducir la masa de crédito inmovilizado, es posible que el resto de la economía pueda encontrarse fuera de esa línea y empecemos, por fin, a ver otro horizonte.

Hace poco, Naciones Unidas calculó que la población mundial alcanzaría los 7.000 millones, como así ha sido. Este crecimiento casi exponencial de los últimos años es la causa principal de los problemas actuales a nivel mundial.

Ya el Club de Roma, en el informe «Los límites del crecimiento» publicado en 1972, indicó que, de seguir el aumento de la población al nivel de aquella década con el consumo energético y alimentario de entonces, en cien años a partir de ese momento los recursos naturales se agotarían, lo que generalmente ha sido ignorado y/o vilipendiado. Desgraciadamente, el Club de Roma tenía razón. En un extremo hay una gran proporción de personas, aproximadamente la mitad de la población mundial, que malviven, con un 15 por ciento de la población en riesgo de muerte por inanición, y en torno a otro 20 por ciento, como se ha comentado muchas veces, consume la mayor parte de los recursos. Estos recursos, especialmente los energéticos, tales como el petróleo y/o ciertos metales, no solo escasean, sino que se acabarán pronto.
La revolución industrial, con la posibilidad de energía barata, y las mejoras sanitarias mundiales han supuesto un aumento de la esperanza de vida al nacer, que nos ha conducido a la enorme población mundial que hoy tiene el planeta.
Pero este aumento poblacional nos ha llevado a un cambio de nuestras costumbres y ha forzado un éxodo de las zonas rurales a las ciudades. Así, los residentes urbanos, que en 1950 representaban el 30 por ciento de la población mundial, son hoy más del 50 por ciento de los habitantes del planeta, y en el llamado mundo desarrollado se calcula que en torno al 80 por ciento de la gente vivirá en ciudades en 2050.

Las razones de este cambio son muchas. A los obreros que llegaron para hallar trabajo en las fábricas durante la revolución industrial se han sumado en años posteriores personas que venían en busca de comodidades y mejoras de vida.

Naturalmente que hay grandes ventajas por la existencia de una planificación urbana, y los económetras insisten en que la concentración de infraestructuras en las grandes ciudades, con una planificación adecuada, supone un ahorro del 15 por ciento en los gastos de mantenimiento de la oferta del bienestar en comparación con los pequeños pueblos. Afirman que esta concentración permite al ciudadano corriente vivir mejor y tener ciertas cosas más accesibles y asequibles. Entre las ventajas indudables figuran la proximidad a universidades, museos y otros centros culturales, grandes hospitales, y la posibilidad de disfrutar de buen transporte público. Todo ello es innegable, como demuestra la atracción que ejercen en los habitantes rurales, especialmente los jóvenes, las ciudades.

Sin embargo, hay también muchos aspectos negativos, algunos de los cuales han preocupado bastante a expertos, como la mayor implicación de los grandes núcleos urbanos en el cambio climático. Por ello ciudades como Nueva York pretenden reducir para 2020 las emisiones de gases con efecto invernadero al mismo nivel que tenían en 2005. Es difícil que lo consigan, puesto que muchas de estas emisiones son la suma de pequeñas cantidades debidas a cada ciudadano, y limitarlas supone que los habitantes de las ciudades realicen «sacrificios». Claro que muchos de ellos, como ir a la oficina dando un paseo en lugar de conducir un utilitario, o en bicicleta, como parece ser que por fin se va extendiendo, resultan en un enorme beneficio para la salud.

Dado que muchas de las emisiones de las grandes ciudades se deben también a los grandes edificios, en algunas ciudades se intenta controlar las construcciones de forma que sean más «ecológicas», lo que es una buena idea. Especialmente interesante resulta la idea de optimizar la energía producida por las placas solares disponiéndolas de la misma forma en que se colocan las hojas en los árboles. Según la prensa, ya hay dos proyectos independientes sobre ese tema: uno es el de un niño americano de 13 años que, disponiendo las placas en la secuencia de Fibonacci, que es la que tienen las ramas de los manglares, mejora la obtención de energía fotovoltaica con respecto a la tradicional distribución lineal; y la otra es el diseño de un árbol lumínico, de energía solar, en Viena, por el ya afamado diseñador Lovegrove.

Pero no todo en la ciudad son ventajas. Entre las desventajas cabe citar, además de la congestión del tráfico y el aumento del número de accidentes y hasta de crímenes, el aumento de la incidencia de ciertas enfermedades. En algunos casos, ya bien establecidos, y otros que no por novedosos resultan menos alarmantes.

Recientemente han aparecido en Nature dos artículos realmente preocupantes, pues, aunque generalmente se olvida, lo cierto es que aproximadamente el 1 por ciento de los seres humanos padecen esquizofrenia, una enfermedad de origen casi desconocido. En realidad, los trastornos mentales son más frecuentes que otras muchas enfermedades, pero sufren de un estigma social que hace que las personas no hablen abiertamente del problema.

Los autores de los artículos de Nature, los doctores Kennedy y Adolphs, de la División de Ciencias Sociales de Caltech, por un lado, y un amplio grupo de investigadores del Instituto Central de Salud Mental de la Universidad de Heidelberg, por otro, han analizado la influencia de la vida en la ciudad sobre los niveles de estrés en humanos. Los últimos incluso han analizado los resultados de tres estudios con resonancia magnética funcional y descubierto que las personas que viven en ciudades tienen mayor actividad en una zona cerebral llamada amígdala, y que el crecimiento y la formación de los adolescentes en núcleos urbanos altera la función de una región de la corteza cerebral. Ambos artículos resaltan la importancia de ese estrés añadido y creen ver una relación con el aumento de casos de esquizofrenia diagnosticado en las ciudades.

En la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados se han realizado durante tres años reuniones que, con el título «Sin salud mental no hay salud», han reunido a relevantes especialistas en enfermedades mentales. Las jornadas contaron con el patrocinio de la Fundación Esther Koplowitz, consciente, como lo somos nosotros, de que muchas personas que tienen trastornos mentales no lo saben o lo ignoran, con el consiguiente peligro; y otras son reticentes a recibir ayuda, especialmente los indigentes que duermen en nuestras calles. Curiosamente, el éxito de la farmacología ocasionó el cierre de los manicomios. Cierto es que estos centros dejaban mucho que desear, pero centros de acogida y tratamiento son necesarios, especialmente porque muchos enfermos abandonan el tratamiento.

El Flatiron es uno de los edificios más célebres del mundo. Se encuentra en Nueva York, en la confluencia de la Quinta Avenida con Broadway, y fue terminado de construir en 1902. Le debe la fama a su forma de planta triangular, que, si se mira con una determinada perspectiva, hace concebir el efecto óptico de que es un simple muro con ventanas. El empresario George Fuller compró el solar y le encargó la construcción al arquitecto Daniel Burnham. Si a Burnham le hubieran dado una finca grande y vacía habría hecho sin duda otro edificio, seguramente más cómodo y funcional para quienes fueran a ocuparlo. Pero aquello era Nueva York y ese cruce unía dos avenidas privilegiadas, una de ellas oblicua. Todo el genio arquitectónico de Burnham debía expresarse en las dimensiones de ese espacio. Debía adaptarse a ese espacio.

El urbanismo es siempre así: se construye partiendo de la ciudad preexistente. En política es exactamente igual: se construye siempre sobre lo que existe, no hay otra posibilidad. Pero una buena parte de la izquierda orgánica y social parece empeñada en ignorarlo, a pesar de que incluso el padre Marx lo dejó escrito: “Los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado”. Es decir, si tienes un solar triangular en el esquinazo de la Quinta con Broadway puedes construir el Flatiron u otro edificio de planta triangular, más alto o más bajo, con cornisas o sin ellas, pero no puedes construir el Empire State.

El fundamento de cualquier acción política ha de ser el conocimiento minucioso del solar que se posee. No debe resultar extraño, por eso, que partidos de la misma familia ideológica establezcan discursos y prioridades completamente distintos en países que también lo son. La izquierda norteamericana puede hacer bandera de su lucha por la sanidad pública, dado que hay 50 millones de estadounidenses sin seguro médico, pero sería absurdo que hiciera lo mismo el partido laborista de Noruega, donde toda la población, sea cual sea su adscripción política, suscribe la cobertura sanitaria universal como uno de los derechos sociales irrenunciables. En ese sentido, y estirando la paradoja, muchos estadounidenses de izquierdas estarían felices de ser gobernados por el partido conservador noruego.

La pregunta que cabe hacerse ahora es si conocen bien los españoles de izquierdas el solar que hay disponible para edificar. O en otras palabras: en qué medida han castigado al PSOE por lo que ha hecho deliberadamente y en qué medida por loque ha hecho ineludiblemente. Es evidente que los votantes de este espacio ideológico rechazan con indignación la preeminencia de los mercados sobre la política, pero ninguno de ellos ignora -sin mala fe o sin analfabetismo económico- que dar la espalda abiertamente a esos mercados habría supuesto entrar en quiebra y atravesar un desierto aún más árido que el que estamos cruzando. Esos votantes rechazan también el capitalismo basado en la especulación y en el beneficio rápido, que consiente los paraísos fiscales y otorga un poder sobrehumano a los directivos de las grandes empresas, pero saben bien que esos problemas desbordan el ámbito nacional y no pueden ser afrontados en solitario.

Una solución a todos estos desmanes del mundo sería abandonar el euro y la Unión Europea y convertir a España en un reino casi medieval, con contactos comerciales restringidos, como si, hartos de solares estrechos y deformes, decidiéramos irnos a la selva y construir una ciudad nueva al estilo de Brasilia. No parece, sin embargo, que esta opción cuente con el apoyo de muchos españoles, teniendo en cuenta que ni siquiera los seguidores del 15-M proponen asaltar el Palacio de Invierno, sino únicamente refundar el sistema para que permita a todos los ciudadanos encontrar un trabajo digno y desarrollar un proyecto de vida decoroso. Esta es la causa más probable de que un 22% de los votos que pierde el PSOE se vayan a la abstención y solo un 17% a IU, que sigue defendiendo un inédito modelo anticapitalista en el que no creen ni siquiera muchos de sus simpatizantes. Los votantes trasvasados, así, parecen dar su apoyo a la coalición en el convencimiento de que no tendrá nunca posibilidades reales de gobernar, pero sí de amarrar al PSOE a la izquierda.

Siempre hay que pedir cuentas políticas por lo que pudo ser hecho y no se hizo, no por las ensoñaciones de un mundo justo. Oponerse a una realidad que tiene alternativas es rebeldía; oponerse a una que no las tiene es simplemente inmadurez. Ya se ha dicho muchas veces que gobernar no es tener la capacidad de imaginar una sociedad perfecta, como hacen los adanistas, sino tomar decisiones concretas en circunstancias históricas concretas. Joseph Brodsky lo describió con humor: “La vida, tal y como es realmente, no consiste en una batalla entre el Bien y el Mal, sino entre el Mal y el Peor”. Podemos llamar a esto pragmatismo o realpolitik, pero es solo urbanismo: en un solar triangular puede levantarse exclusivamente un edificio de planta triangular.

No es solo importante el solar, sino también los materiales de construcción con que se cuenta. La calidad del hormigón, la firmeza de las vigas y la solidez de los cimientos. Y a este respecto, hay un mensaje electoral en el que han coincidido todos los partidos nacionales, desde el PP hasta IU: España es un gran país, dinámico, imaginativo, laborioso y capaz. Yo miro a mi alrededor y no encuentro ese país por ningún lado. Encuentro un país ruidoso, gritón y bastante beato. Un país con una sociedad civil anémica y una capacidad asociativa lastimosa. Un país insolidario en el que muchos de sus ciudadanos defraudan a la Hacienda pública, creando una de las mayores bolsas de fraude europeas. Un país en el que los medios de comunicación son charangueros y sectarios. En el que la casta intelectual y artística languidece con mediocridad. En el que la clase empresarial no innova demasiado, prefiriendo el ladrillo a la tecnología. En el que la profesionalidad laboral, que nunca fue modélica, se deteriora gravemente, volviendo a los tiempos de la pandereta y la chapuza. Un país, en fin, que no es Alemania ni Noruega ni Francia.

Que un país así le cargue todas sus culpas a la clase política que lo gobierna no solo es siniestro y sainetero, sino que conduce al peor escenario para la izquierda: la negación de las lacras que deben ser corregidas. Si la única regeneración de la que hablamos es política, y no social, tendremos garantizado el fracaso de todos, pero sobre todo el de aquellos que aún confían en cambiar poco a poco el mundo. Porque para lograr que el Flatirion sea hoy ese edificio hermoso y fascinante que los turistas fotografían en Nueva York, fue necesario antes que el arquitecto tuviera claro cuáles eran el perímetro de su terreno y las limitaciones de su obra.

Quien viaja estos días por las grandes ciudades europeas extrae una sensación paradójica. Por una parte, la vida parece fluir inalterada: en Londres la temporada de proms en el Royal Albert Hall se ha desarrollado con gran afluencia de público, en Rotterdam los comensales aprovechan el otoño benigno para sentarse en las terrazas junto al río, en Lisboa los oficinistas salen como cada día del metro de Marqués de Pombal a las ocho de la mañana… Por otra parte, en cambio, la situación de pesimismo respecto de la situación económica y el futuro inmediato es abrumadora, tanto en la Administración pública como en los círculos profesionales y en sectores cada vez más mayoritarios de la ciudadanía.

En el campo del urbanismo -en la Bienal de Urbanistas Europeos celebrada en Génova, en el congreso de la Royal Geographical Society en Inglaterra, entre los colegas universitarios- reina a menudo una impresión extraña de redundancia e impotencia. La disciplina, tan vibrante y polémica en los últimos años, parece ahora agotada e inútil. Quienes habían visto el crecimiento y la remodelación urbana sobre todo como un instrumento de enriquecimiento económico privado han perdido interés, escarmentados por la falta de perspectivas del sector inmobiliario y por las restricciones al crédito. Y quienes, desde la Administración o los movimientos ciudadanos, habían querido hacer del urbanismo una herramienta para la creación de espacio público, la dotación de servicios, la provisión de vivienda asequible y la mejora de las condiciones de vida se encuentran ahora atenazados por la falta de recursos públicos y las exigencias de contención del gasto.

En España (y otros países) algunos cuestionan incluso las tímidas medidas racionalizadoras del desarrollo urbano introducidas en los últimos años, con el pretexto de que limitan el crecimiento económico. Así, proponen reducir las garantías ambientales, disminuir la obligación de aportar suelo para vivienda asequible, atenuar la protección del paisaje y levantar las restricciones a la urbanización de determinadas áreas. Como si la expansión alocada del sector inmobiliario y la urbanización no hubiera contribuido, precisamente, a la crisis, como si ordenar la urbanización no fuera un requisito imprescindible para la eficiencia económica, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental, y como si -fuera de las pulsiones especulativas siempre vivas-hubiera hoy alguna necesidad real de clasificar de nuevo grandes extensiones de suelo.

Lo más sorprendente, sin embargo, es que este estado de espíritu parece haber contagiado incluso a buena parte de aquellos que se han dedicado y se dedican profesionalmente a la práctica urbanística. Es como si se hubieran resignado a compartir el sino que Bertolt Brecht atribuía a los poetas líricos en el periodo de entreguerras: «Pintan naturalezas muertas en las paredes de un barco que se hunde». Se olvida así que la política territorial y el urbanismo, y los profesionales que a ello se dedican, han tenido responsabilidades destacadas en el origen de la crisis y pueden contribuir a salir de ella.

En efecto, los urbanistas no pueden pretender ser ajenos al proceso que engendró la crisis: en España, en el 2006, en el punto más alto del ciclo inmobiliario que tanto ha influido en la situación económica actual, se iniciaron más de 800.000 unidades de vivienda. Cada una de ellas había sido diseñada por un arquitecto y colocada en el territorio por un urbanista. En el campo del urbanismo, todos tenemos responsabilidades: sea por haber contribuido activamente a generar las circunstancias en las que nos encontramos, sea por no haber sabido oponernos con suficiente fuerza a la deriva que nos llevaba a ellas.

Del mismo modo, quienes se dedican al urbanismo no pueden asistir impávidos e inactivos a la tormenta. El 70% de la población europea vive en ciudades y la situación actual puede tener efectos notabilísimos -de hecho los está teniendo ya- sobre la evolución de nuestras áreas urbanas: en la degradación de los barrios, en el empeoramiento de los servicios, en la financiación del transporte público, en la marginación de quienes menos tienen. Para ello es necesario, de manera urgente, debatir la manera de afrontar estos retos desde el planeamiento y la práctica urbanística. Hay que diseñar un urbanismo para la crisis que tenga como preocupación principal evitar la degradación de la ciudad, asegurar la vivienda, hacer frente a los efectos de la segregación, proveer servicios, contribuir a generar empleo.

Se trata, de hecho, de poner las bases de un New Deal para la ciudad europea. Una visión renovada que, en el marco de una estrategia económica de alcance europeo, permita el impulso de otra política urbana: la defensa y mejora de la calidad de la ciudad como medio de atemperar los efectos devastadores de la crisis y de romper con la retórica y la práctica de la austeridad. Solo así nuestras ciudades evitarán la profundización de las fracturas sociales y serán motores de la recuperación.

La ciudad siempre ha sido el objeto del deseo de la ideología. Toda ciudad conserva la huella de las ideologías que, literalmente hablando, han pasado por encima de la misma. En este sentido, se puede afirmar que la ideología —para entendernos, una determinada concepción del mundo— otorga identidad a la ciudad. En otras palabras: la ciudad, en un proceso de impregnación mutua, vive en la ideología y la ideología vive en la ciudad. Cosa que se percibe, por ejemplo, en ese elemento fundamental que es la arquitectura. Si, a través de unos de los agujeros de gusano que contempla la física posteinsteiniana, viajáramos al Egipto y la Grecia clásicos, veríamos que estos lugares son portadores de una determinada ideología que se manifiesta en la pirámide y el templo. La pirámide o la grandiosidad e inmortalidad del poder omnímodo egipcio. El templo o el equilibrio y la proporción de la civilización griega. Un ejercicio parecido podríamos hacer con la basílica de San Pedro del Vaticano, la torre Eiffel de París, los rascacielos de Nueva York o el Nido de Pekín donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 2008. San Pedro o el poder supraterrenal, la torre Eiffel o la industrialización, los rascacielos o la pujanza norteamericana, el Nido o la emergencia de una nueva potencia que combina la tradición milenaria con la modernidad avanzada.

Llegados a este punto, se plantea la cuestión de cómo mirar la ciudad. Podríamos abordar el asunto a la manera de los filósofos, historiadores, geógrafos, economistas, sociólogos o literatos. A buen seguro que son necesarios para entender el fenómeno urbano y determinar su función, complejidad y sustantividad. Pero, hay otra forma de aproximación y análisis. Lo sugería antes: la ideología conforma la ciudad.

Hay un buen ejemplo de ciudad española donde se percibe claramente la huella de la ideología. Hablo de Barcelona. El Novecentismo de las primeras décadas del siglo XX —reformismo, cosmopolitismo y catalanismo, aderezados con la Ilustración de la época instalada en Viena y Berlín— se manifiesta a través de la cultura, la educación o el urbanismo. Y se exhibe en la edificación y exteriorización de un nuevo orden. En primer lugar, con proyectos, reformas y servicios que facilitan la vida del ciudadano: la apertura de avenidas a la manera del París de Hasumann, la electrificación de la ciudad, la construcción de alcantarillas o el transporte subterráneo. En segundo lugar, con todo aquello que potencia la identidad considerada y definida como propia: la división comarcal que rompe con la provincia española, la institucionalización de la cultura catalana con la fundación del Institut d’Estudis Catalans, la recuperación del patrimonio «nacional» catalán, el diseño de escuelas y museos cortadas por el patrón catalanista o la instalación —en la falda de Montjuïc— de las Cuatro Columnas de Puig i Cadafalch como homenaje a las victorias catalanas y los patriotas catalanes. Sin olvidar un Art Déco atractivo y orgulloso, omnipresente, que festeja la industrialización, que muestra líneas definidas y colores brillantes, que ofrece una nueva concepción del espacio, la luz y el confort. Un Art Déco —detalle importante en la época de la Segunda Revolución Industrial protagonizada por la burguesía catalana— susceptible de ser reproducido y llegar —comercialmente hablando— a las clases populares.

La Primera Guerra Mundial, la crisis de la Lliga Regionalista, los conflictos sociales y Primo de Rivera, suponen la defunción práctica del Novecentismo. Aunque, con la dictadura de 1923 —por cierto, con el plácet de la burguesía, antes partidaria del Novecentismo— la ciudad continúa siendo escaparate de la ideología. Por partida doble: de un lado, la obra pública de Primo de Rivera, expresión de un talante modernizador; de otro, el paternalismo que toma cuerpo en la construcción de vivienda social —las conocidas Casas Baratas— para realojar a las familias que vivían en las barracas de Montjuïc. Llega la Segunda República y la Generalitat republicana. Barcelona deviene el laboratorio de la vanguardia de la mano del Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (Gatcpac). El racionalismo constructivo y el funcionalismo compositivo (Josep Lluís Sert, por ejemplo), así como la utopía a la manera de la Ville Radieuse de Le Corbusier, se muestran en diversas actuaciones urbanísticas como el Plan Regulador. Y en Barcelona se exhibe, asimismo, la ideología revolucionaria (la Casa Bloc, por ejemplo) que pretende ser el reflejo «de la nueva sociedad». Arquitectura, política de vivienda e ideología van de la mano.

Después de la dictadura del general Franco —el monumentalismo, sí, pero también la vivienda social de la Obra Sindical del Hogar, así como el gran centro hospitalario de la ciudad: Valle de Hebrón—, después del grupo R (Bohigas, Coderch o Martorell) que critica —la oposición arquitectónica al franquismo— el conformismo y reivindica la herencia del Gatcpac, llega esa penúltima expresión de la ciudad como escaparate de la ideología —sin olvidar los Juegos Olímpicos de 1992— que es el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. El Fórum o la plasmación del buenismo —pacifismo, ecologismo, multiculturalismo— que nos rodea. Conviene añadir que el Fórum —recuperación de la fachada marítima y construcción de hoteles y viviendas de lujo— es también la culminación del llamado «modelo Barcelona». ¿Parque temático? ¿Ciudad museo? ¿Ciudad postal? ¿Ciudad del shopping1 ¿Ciudad de la fiesta? ¿Ciudad de la tecnología y el diseño? Un híbrido en tiempos de búsqueda y cambio.

Que la ideología —en este caso, la globalización y sus secuelas— sigue conformando hoy la ciudad se constata en el siguiente hecho: Barcelona —como otras ciudades— está dejando de ser una metrópolis para devenir una metápolis. De la ciudad que crece alrededor de un centro a la ciudad policéntrica y discontinua que, como una malla, va ocupando el territorio gracias a las nuevas tecnologías del transporte, la comunicación y la información. El primer aviso lo dio el sociólogo francés Marc Augé cuando, hace un par de décadas, advertía que en nuestras ciudades desarrolladas se estaban multiplicando unos «no lugares» o «espacios del anonimato» —aeropuertos, estaciones de ferrocarril, vías rápidas, hoteles, superficies comerciales, hospitales, cajeros automáticos— que únicamente facilitan el tránsito acelerado de personas. El «no lugar», como figura de la sobremodernidad avanzada, sería la expresión de cierta ideología individualista que cuestiona la ciudad como lugar de la relación humana.

Con el paso del tiempo, la ideología ha ido convirtiendo la ciudad en un patchwork, en un mosaico de retales diversos que obedece a intereses distintos y a concepciones diferentes del mundo. Con el paso del tiempo, la ideología, con la inestimable colaboración de la razón instrumental, ha ido desvirtuando la ciudad. El urbanicidio acecha. Pero, no todo está perdido. Recuperemos lo aún recuperable. Volvamos la vista atrás, a los orígenes. Instalémonos, de nuevo, en ese espacio de la sociabilidad y el conflicto en donde se manifiestan los anhelos, pasiones, enfrentamientos, compromisos, alegrías y frustraciones del ser humano. Reconstruyamos una ciudad adaptada a los nuevos tiempos que siga siendo el lugar de la civilización. El escenario que permite el conocimiento mutuo y facilita el crecimiento personal y la convivencia. Sólo así, la ciudad podrá ser, por decirlo a la manera del Aristóteles más optimista, el lugar de la vida buena y feliz.

Seismic risk mitigation is the greatest urban policy challenge the world confronts today. If you consider that too strong a claim, try to imagine another way in which bad urban policy could kill a million people in 30 seconds. Yet the politics of earthquakes are rarely discussed and, when discussed, widely misunderstood.

Take Japan’s Sendai earthquake on March 11, which released 600 million times the energy of the Hiroshima bomb. The ensuing partial meltdown at the Fukushima Daiichi nuclear power plant prompted international hysteria about nuclear power, but few seemed to realize that a far deadlier threat had been averted. As seismologist Roger Bilham aptly put it, houses in seismically active zones are the world’s unrecognized weapons of mass destruction — and Japan’s WMD didn’t go off. Its buildings — at least those that weren’t swept away by the accompanying tsunami, a force of nature against which we are still largely helpless — remained standing, and the people inside survived.

That so few buildings collapsed in the earthquake was a human triumph of the first order. But cities around the world seem happy to ignore the earthquake threat — one that is only growing as the cities themselves get bigger and bigger.

The Japan quake was not the catastrophe it could have been because the country learned from experience. In the wake of the 1995 Kobe quake, in which 200,000 buildings collapsed, Japanese engineers took extensive measures to reinforce buildings and infrastructure. They installed rubber blocks under bridges. They spaced buildings farther apart to prevent domino-style tumbling. They introduced extra bracing, base isolation pads, hydraulic shock absorbers. A minute before the March earthquake, seismic monitoring systems sent warnings to Japanese cellphones. Elevators glided obediently to the nearest floor and opened. Surgeries were halted. Videos from Tokyo show skyscrapers swaying gracefully, like cornstalks in the wind. Not one collapsed.

Cities at risk

But many of the world’s biggest cities are at massive seismic risk, built more like Port-au-Prince, Haiti, which was devastated by an earthquake in 2010, than like Kobe. Eight of the world’s 10 biggest cities are built on fault lines, and they are growing larger every day. The urbanization trend is continuing upward, as is the trend of housing migrant populations in death traps. As a result, it’s likely that before long we’ll see a headline announcing, “1 Millon Dead in Massive Earthquake.”

Yet, just as we know how to build airplanes that don’t crash, we know how to construct buildings that don’t collapse. We also know which cities are most at risk: Bogota, Cairo, Caracas, Dhaka, Islamabad, Istanbul, Jakarta, Karachi, Katmandu, Lima, Manila, Mexico City, New Delhi, Quito and Tehran. Los Angeles and Tokyo are prime candidates for a major quake, but they will probably survive because they are well-built — though Los Angeles could do better.

It’s tempting to think that people in certain countries are cavalier about the risk because they’re poor. The argument goes like this: Safe houses cost more to build than cheap ones. Cement watered down with sand stretches further. People in poor cities don’t have the money to build safe houses, or if they do, they have decided to use it to mitigate more immediate risks such as hunger.

If wealth was all there was to it, the solution would be, if not simple, at least obvious: To prepare for an earthquake, promote economic development and cross your fingers. When a country becomes wealthy enough, the problem will solve itself.

This theory has been voiced in Istanbul, where I live. Mustafa

Erdik, chairman of the Department of Earthquake Engineering at Bogazici University, has suggested that Turkey’s best hope is rapid economic growth. If growth happens fast enough, he says, property owners will be able to replace the worst housing stock before the ground starts shaking. If we look at it this way, we see seismic risk reduction as a paradox: The best way to reduce the risk is to ignore it.

The idea is tempting and elegant. But it’s wrong.

Money isn’t everything

Wealth in and of itself is not enough to get people to take earthquakes seriously. Here is the evidence. On Feb. 27, 2010, a magnitude 8.8 earthquake struck near the city of Concepcion, Chile. Though the epicenter was not at the heart of the city, this quake was 100 times bigger than the one that leveled Port-au-Prince. It was so massive that it shortened the length of the day by 1.26 microseconds and moved the Earth on its axis by eight centimeters. When it was over, the entire city of Concepcion had been moved three yards to the west.

The death toll from this monster was 521. Each death was its own disaster, of course, but the number was nevertheless astoundingly small for an earthquake that, by all rights, should have destroyed Chile as a whole. Chile did so well because it has some of the strictest and most advanced building codes in the world, and because the codes do not merely exist on paper — they are enforced.

Now consider Turkey. Like Chile, Turkey is no stranger to earthquakes. In 1509, an earthquake killed between 5% and 10% of Constantinople’s population. The Ottomans called it Kiyamet-i Sugra, the Minor Judgment Day. Since then, the city has suffered serious quake damage 11 times, most recently at the end of the 19th century.

There is not a geologist alive who doubts that a major earthquake is likely to hit Istanbul soon. In 2000, the U.S. Geological Survey put the odds of it happening within 30 years at 62%. Erdik has estimated that it will kill 200,000 to 300,000 people. The cost of the cleanup — $50 billion would be an optimistic estimate — will surely set Turkey’s economy back decades. It will be a political cataclysm, with massive ramifications for the entire region.

Every day I walk past buildings in Istanbul that are clearly unsound. I see ground floors, for example, with walls or columns removed to make way for store displays, violating one of the most important principles of earthquake-resistant construction. There are vast neighborhoods filled with illegal, flimsy structures called gecekondu, “landed overnight.” Gecekondu aren’t built by engineers. They tend to be built on bad soil. They are packed with children.

Even buildings approved by engineers, warned a recent study by the Turkish Chamber of Civil Engineers, are largely not built to code. The group also warned that 86% of the city’s hospitals were at high risk of collapse.

Is this because Turkey is poor? The per-capita gross domestic product in Chile this year is $15,867. In Turkey, it is $14,077. That’s not a huge difference.

The point becomes even clearer if we consider “nonstructural seismic risk mitigation” — the little things, besides building better houses, that people can do to protect themselves.

These steps aren’t expensive. For example, according to studies done by the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Preparedness Project, a quake of the size widely predicted would rupture 30,000 natural gas lines. In the aftermath of a stressful event, people do a predictable thing: They smoke. Smoking near a ruptured gas line is a good way to start a fire. But I don’t think I’ve ever seen a sign or TV commercial anywhere in Istanbul saying, “If it happens, don’t light up.”

Nor have I seen more than a handful of commercials or public service announcements reminding people what else they should do in an earthquake: duck, cover and hold on. Last year, I stayed in a hotel in Palo Alto. The first thing I noticed in my room was a card on the desk, labeled “Earthquake Safety Tips for Visitors,” with instructions in Spanish and English as well as diagrams. I’ve never once seen anything like this in a Turkish hotel room.

Although it is very expensive to tear down and replace, or reinforce, inadequate housing, it isn’t expensive at all to bolt heavy goods to the walls or to move heavy furniture away from beds. Rarely is this done in Istanbul. The odd thing, though, is that everyone does fear the coming quake. Last year, a minor jolt panicked the city and sent the Turkish word for earthquake, deprem, to the top of Twitter’s trending topics. But almost no one knows what to do if it happens, or cares to know. I know many people in Istanbul who are wealthy enough to live in safer buildings but don’t. They are fully aware of the risk; they’re just fatalistic.

Contrast Turkey with Japan. After the March quake, journalist Kirk Spitzer, who lives in Japan, wrote about the culture of earthquake preparedness there: “Our shelves are lined with rubberized material to keep glasses and plate-ware from sliding; nothing fell over and broke, not even delicate champagne glasses we brought from Paris. Elsewhere, floor-mounted latches kept bedroom and hallway doors from slamming or breaking loose. Picture rails built into the ceiling kept even heavy frames from crashing to the floor.”

Ordinary, middle-class Japanese take these steps to protect their drinking glasses. Many museums in Istanbul fail to take similar steps to protect priceless sculptures, ceramics and cuneiform. This isn’t a matter of comparative wealth; it’s a matter of culture.

You see a similar failure to turn worry into action at the governmental level. Local officials in the municipality of Besiktas have elaborate earthquake plans. But though they have existed since 2008 in a PowerPoint presentation, no progress has been made toward implementation.

Fatalism kills. Short-term thinking kills. But above all, corruption kills. On the anniversary of the Haiti earthquake, Nicholas Ambraseys and Roger Bilham published an extraordinary study in Nature magazine. Using data from Transparency International’s Corruption Perception Index, they calculated that 83% of all deaths from building collapses in earthquakes in the last 30 years took place in countries that were “anomalously corrupt” — that is, in countries that were perceived to be more corrupt than you would predict from their per-capita income.

Economist Charles Kenny’s definitive 2007 study argues persuasively that the construction industry is the most corrupt sector of the world economy. And the more corruption there is in construction — whether it consists of companies using substandard materials or of governments granting permission to build in zones unsuitable for habitation — the likelier you are to die.

The absence of outright corruption isn’t enough to keep countries safe; it is also essential to have in place a particular kind of legal regime. Strong tort law is the key, and Chile is a model here as well. During the recent earthquake, a new building in Concepcion collapsed. Its surviving inhabitants took the builders to court, charging fraud and, in some cases, murder. Chilean law holds the original owner of a building liable for any earthquake damage suffered during its first decade, even if ownership has changed during that time. Because of this law, owners often exceed the provisions of Chile’s already strict building codes in their eagerness to avoid liability.

Terror in Port-au-Prince

When the Haiti earthquake struck last year, I had a personal reason to be alarmed: My brother and his family lived in Port-au-Prince. They survived, but many of my sister-in-law’s co-workers were crushed to death. From Washington, I translated text messages sent to an emergency number set up to help search-and-rescue teams locate victims. The messages were awful: “Jean-Olivier Neptune is caught under rubbles of his fallen house…. He is alive but in very bad shape.” “Hotel Montana at Rue Franck Cardozo in Petionville collapsed. 200 feared trapped.” “My mother is part of a medical team that had just arrived in Port-au-Prince. We received a text that she and two others are trapped beneath the rubble.”

Estimates vary widely, but it seems likely that more than 150,000 people were killed in Haiti, and God knows how many more were maimed, physically and emotionally, by collapsing buildings.

This will happen again and again, in larger and larger numbers, with ever-weepier celebrity telethons to accompany the carnage. But you’ll see no calls to save the world from corrupt building practices on your bags at Whole Foods. Nobody will suggest that the U.S. government enter into seismic risk reduction treaties with other nations.

Spin the wheel: Bogota, Cairo, Caracas, Dhaka, Islamabad, Istanbul, Jakarta, Karachi, Katmandu, Lima, Manila, Mexico City, New Delhi, Quito, Tehran. It will be one of them. It isn’t too late to save them. But we need to discuss truthfully why they’re at risk in the first place.

Hace unos días el ministro de Fomento, José Blanco, fue a Londres en una misión extraordinaria, para ofrecer casas a precios económicos para el público británico. Es la primera vez en la historia que un ministro de Gobierno se convierte en un agente de la propiedad inmobiliaria, evidentemente un acto de desesperación de alguien que ha demostrado no poder ofrecer soluciones a un público al que se supone debería servir. Probablemente el peor legado que un Gobierno puede transmitir a su pueblo sea dejarle sin trabajo. Pues bien, la actual Administración será recordada por su nivel de desempleo de casi cinco millones de personas, la cifra más alta de Europa y la proporción más alta de cualquier país occidental. Sin embargo, el desempleo no ha sido el único logro desastroso del Gobierno actual, que ha logrado también, bajo la égida de Blanco, el nivel más alto de personas sin hogar jamás conocido en la España democrática.

Parte de este desastre de la vivienda ha sido el colapso de la industria de la construcción. Mas de 600.000 casas acabadas sin vender, 300.000 en construcción, 400.000 con las obras paradas, que dibujan una perspectiva desoladora del mapa inmobiliario, sin hablar de bloques desocupados y urbanizaciones vacías. En la España de Zapatero, ocho millones y medio de personas viven en situación de pobreza, una proporción que supera a la media de la Unión Europea. Y una gran proporción de ellos no tiene ni tan solo una casa. Los sin techo han llegado a ser una de los legados más nefastos del así llamado socialismo del partido en el poder.

¿Dónde han ido todas las casas? Han pasado a manos de los bancos. Según publicó una agencia el año pasado: «2010 pasará a la historia como el año en el que se ha producido un número récord de procesos judiciales para ejecución de inmuebles con garantía hipotecaria». Hay quizás más de 300.000 hogares a los que el banco o las cajas de ahorros les han ejecutado la hipoteca a través de un proceso judicial que, en la gran mayoría de los casos, no ha servido a los deudores para quedar en paz con la entidad financiera. Son cientos de miles los hogares que han perdido su sueño y se han convertido en familias sin casa, y todavía peor, endeudadas de por vida con el banco.

Pero eso es sólo el pasado. ¿Qué hay del futuro? Más de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años, según calcula la Asociación de Afectados por los Embargos y Subastas (AFES) a partir de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El estudio de AFES estima que las entidades financieras pondrán a la venta cerca del medio millón de viviendas, cuyo origen se debe a los créditos hipotecarios fallidos que se otorgaron durante el periodo 2004-2007. Cientos de miles de familias más en España están en peligro de perder su vivienda, según un informe de Amnistía Internacional.

¿Qué han hecho el Gobierno y los bancos con todas estas casas y pisos embargados? En un país verdaderamente socialista, en un país realmente cristiano, el Gobierno y los bancos intentarían remediar la miseria social con políticas encaminadas a devolver las casas a la gente que las perdió, y reformarían las escandalosas leyes sobre hipotecas. En cambio, el Gobierno no se ha apresurado a devolver las casas a sus propietarios, sino que en su lugar las ofrece a otras personas, con la esperanza de obtener más beneficios para un Tesoro en bancarrota y llenar aún más los bolsillos de los bancos. Tal vez el acto más vergonzoso del Gobierno a este respecto haya sido el intento de vender el stock de viviendas vacías a personas de fuera de España.

José Blanco tiene la intención de recorrer Europa ofreciendo casas españolas a buen precio a extranjeros. Según la Secretaría de Estado de la Vivienda, la expedición internacional estará dividida en dos fases. La primera se centrará en mejorar la imagen, ya muy dañada, del mercado inmobiliario nacional y reforzar la marca España, y será la segunda la que tendrá un perfil más comercial. La primera parada de Blanco fue Londres, donde trató de vender sus productos a un público incrédulo. El ministro fue recibido con sarcasmo por la prensa británica, y el periódico The Guardian denomina la visita de «insulto». No cabe duda de que la prensa francesa y alemana le recibirán con la misma hostilidad, a juzgar por la reacción de franceses y alemanes que actualmente viven en España y han sido víctimas de la corrupción política de los últimos años. «Ein Skandal en der EU», escribió un periodista alemán, al enterarse de la pretendida visita.

La visita a Londres era obviamente importante. Con 13 millones de turistas al año y 850.000 de sus ciudadanos residiendo en España, el Reino Unido es el principal inversor extranjero en el sector de la vivienda en España. En 2009, los británicos representaban el 32% de los compradores extranjeros de propiedad en España. Pero la visita del ministro fue un desastre, sobre todo porque no habla ni comprende el inglés. Trató de hacer hincapié en las medidas que se han tomado para reforzar la seguridad jurídica de las transacciones en el sector, un punto especialmente polémico en Reino Unido. Pero cuando alguien le preguntó sobre los británicos que han sufrido de la corrupción de la propiedad en España, descartó el asunto por ser «anecdótico». No es una palabra que agradaría a los cientos de residentes británicos en España que han sido atrapados por la ilegalidad y la corrupción y han perdido los ahorros de su vida junto con sus casas. ¿Cómo puede el ministro esperar que el público británico crea que el Gobierno de pronto prestará atención a una situación jurídica que se ha negado a tratar durante tantos años?

En toda España y especialmente a lo largo de su costa, miles de residentes -españoles, británicos, franceses, alemanes y muchos otros- se enfrentan a un futuro sombrío, con sus hogares confiscados, y condenados a una vida de pobreza. Mientras tanto, los bancos que poseen sus casas son cada día más ricos con activos inmobiliarios (el Banco de España recientemente calculó que la propiedad embargada en manos de los bancos españoles y cajas tiene un valor de 180.000 millones de euros). Las leyes hipotecarias en España son excesivamente duras en comparación con otros países europeos, por no hablar de los EEUU, donde los deudores de hipoteca pueden liquidar su deuda devolviendo la casa al banco. En España los bancos insisten en que los acreedores hipotecarios deben no sólo perder sus casas sino además seguir pagando el crédito. Mientras los que han perdido sus casas sufren, el Banco Santander esta semana anuncia felizmente un bonus de 330 millones de euros para 250 de sus directivos. ¿Alguien más que yo piensa que los delincuentes no son aquellos que han perdido sus casas?

¡No tiene sentido ir a Londres, Sr. Blanco! El problema está aquí en España. Antes de ir a Londres, usted debería examinar la situación actual de los británicos residentes en España. Aparte de la ilegalidad y la corrupción que han sufrido durante años en España, ahora están sufriendo el colapso del mercado inmobiliario y no pueden vender sus casas. Muchos de ellos viven de las pensiones, y el valor de la pensión británica también se ha derrumbado, a medida que se ha reducido el valor de la libra esterlina frente al euro. Miles de ellos están tratando de vender la casa de sus sueños y regresar a su país, pero no pueden hacerlo.

En lugar de perder tiempo y dinero público viajando al Reino Unido, Blanco debería quedarse en España y tratar de reformar las leyes de la hipoteca, a fin de que las casas españolas sean asequibles para las personas que viven en la península. El problema se encuentra en España, no en Londres, y un buen Gobierno debería buscar la respuesta aquí y no ir pidiendo por las calles en el extranjero. «Las empresas y familias en quiebra alcanzan un nuevo récord», es el titular en un periódico español que normalmente apoya al Gobierno. Pero quizás el ministro está demasiado ocupado viajando y no tiene tiempo para esas noticias «anecdóticas».

La vivienda es una necesidad básica para las personas. Nuestro ordenamiento jurídico vigente la reconoce como un derecho fundamental al que todos deberíamos tener acceso. Para muchas familias, la pérdida de la vivienda o el no poder acceder a ella es el inicio de una situación de marginalidad social extrema que puede acabar con la desestructuración de la persona y la cronificación de su dependencia de los servicios sociales. Un viaje sin retorno. La crisis económica actual, con un fuerte componente inmobiliario en nuestro país, ha provocado en muchas familias la pérdida del piso adquirido por falta de recursos. A la pérdida de ese bien básico hay que sumar las deudas contraídas con las entidades financieras, fruto de la depreciación del valor del bien inmueble y de las condiciones hipotecarias. El derecho del banco a adjudicarse un piso por el 50% del valor de tasación, si la subasta del mismo es declarada desierta, supone una deuda inasumible de por vida para el titular de la hipoteca, que puede conducir a hacer crónica su situación de exclusión social.

Organizaciones que acogemos a personas en situación de fragilidad social y económica reivindicamos una legislación crediticia como la norteamericana en la que, con la entrega de la vivienda al banco, queda saldada la deuda. Los expertos responden que el cambio de modelo supondría el encarecimiento del tipo de interés por un mayor coste de la morosidad y la reducción del porcentaje del precio que aceptarían financiar bancos y cajas de ahorros, con lo que las posibilidades de adquirirla para muchas personas serian menores. Si bien es cierto que en el momento actual existen dificultades para muchas familias, también lo es que un porcentaje superior a la mayoría de países occidentales son propietarias de la vivienda gracias a las condiciones hipotecarias vigentes en España. Admitamos estas razones, aceptemos que no está en las manos de nuestros gobernantes cambiar el sistema económico, pero nuestra conciencia no nos permite obviar la denuncia sobre la situación de muchas personas -sencillas e inexpertas que fueron animadas por algunas de las entidades financieras a adquirir una vivienda-y nos obliga a formular ciertas propuestas, en absoluto demagógicas, convencidos de que son del todo asumibles por la Administración y el sistema económico.

Dada la excepcionalidad del momento, y que en otras ocasiones se han regulado amnistías fiscales, instamos a una amnistía por la deuda añadida a quien ya ha perdido la vivienda y proponemos que el sobrecoste bancario sea asumido por el Fondo de Reconversión Ordenada Bancaria (FROB). Esta cifra proporcionalmente irrelevante, de difícil cobro, se capitalizaría como la inmensa deuda de los promotores. Tengamos en cuenta que solo el 14% de la morosidad proviene de las familias, que estas ya han pagado parte de la deuda y que el banco se queda con el bien inmueble.

Mejoremos la gestión del parque público de viviendas. Cedamos su intermediación, cobro de alquileres, gestión de los trámites necesarios a una concesionaria de solvencia contrastada. Evitemos pisos sociales desocupados.

Liberemos suelo, incluso de forma extraordinaria, para la construcción de vivienda social. Legislemos de urgencia si el momento lo requiere. Obras sociales de cajas de ahorros y fundaciones constituidas para la construcción de vivienda social no han podido cumplir sus objetivos constructivos por falta de concesiones de suelo.

Invirtamos, si es posible, desde la Administración en la construcción de vivienda social por la urgencia de la necesidad, como lo hacemos en otras infraestructuras. Y, si no es posible, movilicemos fondos privados como se hacen concesiones para autopistas u otras infraestructuras, con pago aplazado. Estudiemos la posibilidad de que, después de unos años de cesión del inmueble, la propiedad del mismo pueda revertir en el promotor privado con una rentabilidad aceptable.

Facilitemos, desde la mediación, para evitar costes difíciles de asumir, el concurso de acreedores para situaciones familiares insostenibles, de la misma forma que el proceso es habitual para las empresas. Esta solución permitiría, a medio plazo, la reinserción social de muchas personas después de pasar por un proceso que el sistema admite como usual para las empresas.

No somos expertos en la vivienda. Las propuestas formuladas lo son desde el sentido común, respetando un sistema económico que se demuestra injusto con los más débiles e incluso el ordenamiento legal siempre relativo.

Estamos convencidos de que, con una voluntad política decidida, podemos mejorar el futuro de muchas personas ahora en situación o riesgo de exclusión social. No hacerlo porque las consecuencias no son palpables en una legislatura, porque la inseguridad ciudadana aún es asumible y no afecta a todos por igual o, sencillamente, por omisión, sería de una gravísima irresponsabilidad.

Las fuerzas detrás del crecimiento de las ciudades europeas y norteamericanas en el siglo XIX y XX hoy son el motor de la urbanización en Brasil, China, India, México, Rusia y otros países de mercados emergentes. Dado que el crecimiento de estas ciudades se vio impulsado y magnificado por tecnologías productivas, una rápida migración interna y altas tasas netas de reproducción, muchas de ellas alcanzaron un tamaño sin precedentes a una velocidad acelerada. De hecho, todas excepto tres de las 20 ciudades más grandes del mundo están en mercados emergentes.

Muchos pronósticos sugieren que para 2030, las cuatro principales economías de mercados emergentes habrán superado a todo el G-7 en tamaño, y que para 2050, las economías de mercados emergentes de hoy representarán más de la mitad de la economía global y una porción aún mayor de la población mundial. Todos estos pronósticos suponen que el crecimiento económico se generará en las ciudades.

Ahora bien, ¿las ciudades de mercados emergentes serán lo suficientemente saludables como para impulsar un rápido crecimiento económico? Las cuestiones que preocupan a los responsables de políticas sanitarias y a los profesionales de la salud en Lima, El Cairo, Kolkata y Yakarta reflejan climas, geografías, historias y culturas contrastantes. Cada ciudad, en definitiva, es un caso especial. Pero comparten algunas características genéricas.

Una es que la carga de enfermedades urbanas está mutando de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas –las llamadas “enfermedades de la prosperidad”-. Pero los pobres urbanos, que se enfrentan a una mala situación habitacional, una infraestructura limitada y servicios precarios, son vulnerables a epidemias, enfermedades infantiles basadas en la desnutrición, VIH/SIDA, malaria, tuberculosis y trastornos mentales. También son más proclives a verse afectados en mayor medida por desastres naturales, como las inundaciones y los derrumbes de lodo que devastaron partes de Río de Janeiro en enero.

Una segunda característica genérica de las ciudades de mercados emergentes es que las densas concentraciones de pobreza ayudan a crear entornos frágiles que dan pie a desórdenes civiles, con el consiguiente resultado de muertos y heridos. Pero en un simposio reciente en la Universidad de Oxford se llegó a la conclusión de que las ciudades de mercados emergentes podían mejorar y mantener la salud urbana si aprovecharan las ventajas inherentes de la concentración, coordinaran políticas y programas sanitarios, adoptaran innovaciones exitosas, reformaran la educación y la capacitación sanitarias y desarrollaran mejores procesos de planificación.

De hecho, muchas soluciones potenciales surgen de las oportunidades de innovación generadas por la concentración física de personas y de actividad económica. Es invariablemente más eficiente construir y mantener una infraestructura relacionada con la salud, como por ejemplo suministro de agua y sistemas sanitarios, clínicas y hospitales, y orecer atención médica especializada, donde las densidades de población son más altas –y crear redes costeables de trabajadores sanitarios comunitarios que utilicen tecnología de bajo costo-. Es invariablemente más fácil incorporar economías de escala y operación en programas de salud pública donde esas economías son más grandes.

Es más, mientras la salud de las poblaciones urbanas se ve directa o indirectamente afectada por las acciones tomadas (o no tomadas) en casi todas las ramas de gobierno, son pocos los mercados emergentes que tomaron medidas para mejorar la coordinación horizontal dentro de la administración nacional o municipal. Menos aún afrontaron la necesidad de una coordinación entre los gobiernos nacionales y municipales. Hacen falta soluciones a medida –lo que funciona en una ciudad tal vez no funcione en otras–, pero como los problemas que surgen de una coordinación débil o de una falta de coordinación están generalizados, los mercados emergentes deberían considerar modelos de gobernancia que depositen en los gobiernos municipales la responsabilidad por los resultados en materia de salud urbana –junto con la autoridad necesaria para darles forma.

Sin embargo, esta innovación no siempre empieza en casa, razón por la cual los gobiernos municipales necesitan estar al corriente de ideas y lecciones potencialmente aplicables que provengan de otras ciudades y países. Desafortunadamente, la difusión y propagación de ideas innovadoras en el campo de la salud pública y la atención sanitaria normalmente es un proceso aleatorio, desordenado e ineficiente. De manera que los mercados emergentes deberían colaborar para desarrollar redes de conocimiento en materia de salud destinadas a facilitar el aprendizaje mutuo.

También existe una necesidad urgente de abordar el hecho de que la salud pública y la educación médica en los mercados emergentes rara vez están integradas. Al haber recibido una capacitación diferente y al haber desarrollado mentalidades diferentes, las autoridades de salud pública y los médicos (y sus subordinados) suelen operar en contextos tipo búnkeres –en detrimento de la gente que atienden-. Es más, existen escasas oportunidades para que los médicos se especialicen en salud urbana. Para superar este desafío, los gobiernos de los mercados emergentes deberían considerar reformas radicales en educación y capacitación en salud pública y atención sanitaria urbanas.

El crecimiento urbano en los países de mercados emergentes –y la correspondiente concentración de pobreza- ha desafiado y algunas veces abrumado la capacidad de sus gobiernos para ofrecer vivienda sostenible y costeable, suministro de agua y saneamiento, servicios de gestión de residuos sólidos y educación –todos los cuales afectan de manera directa la salud urbana- así como servicios de atención médica básicos. Para abordar estas cuestiones las ciudades de mercados emergentes deberían poner en práctica una planificación anticipatoria, basada en pronósticos demográficos realistas, desarrollar registros de pacientes y sistemas de información de salud a nivel municipal y nacional, e intentar integrar la planificación de la salud y la atención médica con la planificación general de la ciudad.

Si las ciudades han de impulsar a los países de mercados emergentes hacia un futuro mejor, sus gobiernos deben asegurar que la vivienda, la infraestructura y los servicios urbanos estén a la altura de la demanda. Después de todo, un entorno empresario favorable a la inversión exige adultos que estén en condiciones de trabajar y niños en condiciones de aprender. En definitiva, la salud económica de los países de mercados emergentes dependerá de la reinvención de la salud pública urbana.

Un personaje del O’Donnell de la cuarta serie de los Episodios Nacionales —sea don Mariano Centurión— se pasea por los lugares por los que discurre la trama de la novela: de la calle del Turco a San Carlos, de la plaza de santo Domingo a Lavapiés: al final, Madrid todo. Es la España del «gobierno largo» y se abre el año 1861, en parte parecido y distinto en parte a tantos otros de nuestro torturado siglo XIX. Polemizan los partidarios de Espartero, criticados en el periódico clandestino El Padre Cobos, con aquellos otros que se han acomodado a la Unión Liberal, a su vez satirizados en el semanario La Flaca; en los cafés se comentan los avatares del tratado de Wad-Ras, firmado hace unos meses y que clausura la campaña de África; los cesantes lamentan su situación y quienes arriban a la Administración cuentan los reales de sus haberes; circulan los chismes de palacio: la Reina, don Francisco de Asís, sor Patrocinio…

Pero, bajo las noticias de la «rabiosa» actualidad en la superficie, otras corrientes, silenciosas, lentas, poderosas, van fluyendo por debajo y arrojando sus frutos: el plan Pidal, con su pléyade de institutos de bachillerato y la reforma de la enseñanza universitaria. Más recientemente, la Ley Moyano, que traza las líneas fundamentales de la instrucción pública. La desamortización de Madoz, que ya había declarado en venta todos los bienes en manos muertas que no lo hubieran sido en las anteriores desamortizaciones, provoca el nacimiento, los brotes de una burguesía enriquecida por su adquisición y por el fomento de grandes obras públicas. Y desde 1855 viene trabajando con discreción una comisión de juristas para redactar una ley de aseguramiento de la propiedad territorial, cuyos trabajos concluyeron en 1859 y se convierten en Ley Hipotecaria precisamente el 8 de febrero, estableciendo el Registro de la Propiedad, cuyo sesquicentenario por tanto celebramos hoy.

Al cumplirse los cien años de esta Ley, don Ramón de la Rica y Arenal trajo a colación la indicación de Ortega en Goethe desde dentro. ¿Estamos para centenarios?; porque, si en las fiestas del centenario el rico heredero repasa complacido el tesoro que un siglo ha ido destilando, es triste y depresivo repasar un tesoro de monedas depreciadas.

La promulgación de la Ley Hipotecaria suple el fracaso de la codificación civil de 1851 y funciona, tal como se reconoció después, como verdadero «código de la propiedad territorial, dictado con carácter de generalidad para toda España». Y, además, desencadena en los veinte años siguientes un torrente de leyes particulares: registro civil, montes, ferrocarriles, municipal, notariado, administración y contabilidad de la hacienda, aguas, matrimonio civil, propiedad intelectual, expropiación forzosa… Todas estas normas se imponen sobre el piélago insoluble de costumbres, fueros y prácticas locales características del Antiguo Régimen. Y se hace a sabiendas, pues en la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria se sentencian las antiguas leyes como «condenadas por la ciencia y la razón». Y con la creación en 1872 del Banco Hipotecario se genera la unidad de mercadode la incipiente movilización de los capitales asegurados con garantía real.

No fue fácil la andadura de la Ley. Desde sus inicios encontró una serie de factores que trataron de impedir que desplegara su eficacia modernizadora: propietarios que carecían de título, usureros, juristas que permanecían en la mentalidad tradicional de la teoría del título y del modo en una sociedad que transitaba de lo exclusivamente agrario a una incipiente industrialización en algunas regiones, antiguas costumbres que desaparecían o se debilitaban, poseedores por la fuerza de los hechos a quienes no interesaba una calificación jurídica de su situación, titulares de derechos privada y secretamente documentados, corporaciones públicas que obtenían ingresos fiscales de los inmuebles sin necesidad de darlo a conocer públicamente, beneficiarios de cargas reales clandestinas e irredimibles que rezumaban, aún en mitad del siglo XIX, aroma feudal: censos, foros, servidumbres perpetuas, patrimonios amortizados indefinidamente…

Otra oposición provino de las mismas instancias públicas, recelosas de la aparición en el aparato del Estado de un ámbito de autonomía funcional; a ellas van dirigidas las palabras de la Exposición de Motivos de la Ley: «Lo que a derechos civiles se refiere no puede, con arreglo a nuestra legislación política, estar subordinado a las autoridades del orden administrativo…». Y es que la tentación de interferir en la independencia del registrador al calificar conforme a la ley es un hecho que reaparece periódicamente: desde la contrarreforma de 1869, que pretendió sustituir la fe pública registral por la purga de documentos, hasta las más recientes —y afortunadamente derrotadas por el Tribunal Supremo— apelaciones a doctrinas «vinculantes», que se sobrepondrían a la misma Ley en el sistema de fuentes del Derecho. A pesar de todo ello, la larga marcha hacia la seguridad jurídica y la transparencia ganó la partida, y en la actualidad ya está asentado un registro de derechos que asigna públicamente y con carácter oficial las titularidades reales, prevaleciendo los efectos respecto de todos (erga omnes) sobre los pactos entre los interesados (inter partes). En esta tarea debe reconocerse un papel fundamental a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, con una jurisprudencia progresiva (así recientemente en sus sentencias de 5 de marzo y 7 de septiembre de 2007), antepone el valor constitucional de la seguridad jurídica general, basada en la confianza y la buena fe, a los avatares particulares de cada caso entre los contratantes.

A fecha de hoy, el montante del saldo vivo de crédito hipotecario protegido en el registro español es superior a nuestro producto interior bruto. A diferencia de otros países de nuestro círculo de cultura política y económica, en donde se ha llegado hasta el embargo judicial de viviendas por supuestas deudas hipotecarias, sin que existiera hipoteca alguna, el sistema registral español ha aguantado el vendaval de la crisis económica sin que se cuestionen en ningún momento sus pronunciamientos. Al sufrimiento de muchas personas para pagar los créditos que asumieron en época de prosperidad no se ha añadido así una litigiosidad que agrave los problemas que ya genera de suyo la propia situación. Los principios de nuestra Ley fueron también recogidos en las repúblicas que conforman la comunidad iberoamericana de Derecho, y aquellos de entre ellas que han sabido impulsar el sistema se cuentan entre las economías emergentes del continente. Muy señaladamente, Brasil y Chile.

España, en estos inicios del año 2011, tiene una faz muy diferente de la de la época de la corte isabelina. Tiene en común con ella la superficialidad —el «presentismo»— de algunos de los debates que ocupan la plaza pública: banalidad de muchos de los espacios en los medios de comunicación, personalismos políticos, impremeditación y ligereza en algunas decisiones públicas y privadas; pero también necesidad de acometer reformas en la estructura general de la enseñanza, el sistema financiero, la organización territorial del Estado. Frente al ruido de lo instantáneo, también hoy sigue trabajando silenciosamente (es necesaria una efeméride para que sea noticia) una ley que ha conseguido, en la continuidad de su razón de ser, a través de los distintos regímenes políticos que se han sucedido, la depuración de un sistema mundialmente reconocido e imitado.

Por eso cuando hoy, en torno a la figura de S. M. el Rey, conmemoremos este día, debemos rendir un homenaje a quienes en las destartaladas oficinas administrativas del Madrid galdosiano dedicaron una porción de sus vidas a la edificación de un modelo registral cuyos frutos de prosperidad, con las debidas adaptaciones, alcanzan hasta hoy. Moderados que citaban a Balmes o a Donoso Cortés junto a progresistas imbuidos de filosofía krausista fueron capaces de superar sus diferencias personales y trabajar con la mirada puesta en un horizonte más lejano que el de su propia existencia.

El precio de la vivienda de segunda mano en España está a 2.262 euros el metro cuadrado. En el 2010 descendió un 3,8%, que unido a una inflación del 2,3%, indica que la bajada real en el precio de los pisos en el último ejercicio fue del 6%. El inmobiliario es un sector muy importante en la economía española dado que constituye una parte importante de la industria de la construcción, que hoy por hoy es la que mueve la economía, tanto en los periodos de vacas gordas como en el de las flacas. Además, a todos nos afecta, pues todos vivimos en un piso que, sea nuestro o no, tenemos que pagar. Seguir la evolución de este sector es de interés general. Al cierre de cada ejercicio hay una lluvia de datos e informaciones, algunas aparentemente contradictorias. Otras, de fiabilidad cuestionable. En el mismo día un periódico puede decir que el precio de la vivienda en Barcelona sube un 2%, y el periódico de al lado decir que baja un 2%. ¡Y los dos tienen razón! Uno puede estar refiriéndose a la ciudad de Barcelona y el otro, a la provincia. Uno puede estar refiriéndose al último trimestre y el otro, al último año. O bien unos hablan de compraventa y otros, de alquileres.

En el IESE procesamos cada mes los precios de aproximadamente 250.000 viviendas de segunda mano que están anunciadas en el portal inmobiliario Fotocasa.es, y trimestralmente sacamos un informe. Publicamos cada mes el precio promedio en toda España, en cada una de las 17 comunidades autónomas, en las 50 provincias, en casi 300 municipios y en los distritos de Madrid, Barcelona y Valencia. Lo hacemos desde enero del 2005, por lo que esos informes dan una visión muy precisa y sin ambigüedades de la evolución de los precios de la vivienda de segunda mano.

En enero del 2005 el precio medio en España era de 2.400 euros el metro cuadrado. Fue subiendo de modo constante hasta alcanzar un máximo de 2.952 euros en abril del 2007 y a partir de entonces fue decayendo cada mes paulatinamente hasta llegar a los 2.262 euros en este último diciembre. Es decir, una caída del 23% desde su máximo hace tres años y medio. Dicho de otro modo, una vivienda tipo, de 90 metros cuadrados costaba en su momento más álgido unos 265.000 euros y ahora vale poco más de 200.000. Los precios actuales están bastante por debajo de los de hace seis años. En la época de bonanza subían a razón de 20 euros el metro cuadrado cada mes. A partir del 2007 empezaron a declinar, también a razón de 20 euros cada mes durante dos años, el tercer año disminuyeron unos 10 euros mensuales y últimamente están bajando alrededor de 6 euros por mes.

La evolución de los precios de los pisos es muy lisa y fluctúa poco. Los precios tanto suben como bajan lenta pero constantemente. No es como el mercado bursátil. Las decisiones de compra y venta de acciones se toman casi instantáneamente, por eso la bolsa está continuamente subiendo y bajando. Sin embargo, tomar y ejecutar decisiones de compra y venta de pisos requieren meses, por lo que los precios se mueven muy lentamente.

Respecto al volumen de venta, en la época de bonanza en España se vendían en torno a 240.000 viviendas de segunda mano cada trimestre. En promedio, desde que el inmueble se ponía en venta hasta que se vendía pasaban menos de dos meses y medio. Actualmente, en España se venden unos 100.000 pisos al trimestre y también en promedio se requieren unos siete meses para cerrar el proceso. Pero esta cifra es una media. Hay pisos que se venden muy rápidamente. Si usted de verdad quiere vender una propiedad, si baja el precio suficientemente lo conseguirá en menos de un mes.

Todo lo dicho hasta ahora son cifras tipo para toda España, y ya se sabe, hay mentiras, mentiras grandes y estadísticas, y estos datos esconden una gran diversidad en toda España. Desde los 1.735 euros el metro cuadrado de Huelva hasta los 5.445 de San Sebastián. Desde el 4% que crecieron los pisos en Palma hasta el 7,6% que bajaron en Guadalajara. Por cierto, y para informar al lector, en Barcelona el precio está a 4.066 euros el metro cuadrado después de haber bajado un 1,9% el año pasado, mientras que en Madrid está a 3.503 euros tras un descenso anual del 4,4%.

Todo hace pensar que, terminadas las exenciones fiscales para la adquisición de vivienda habitual, van a seguir disminuyendo las ventas de viviendas y los precios seguirán bajando, quizá ahora otra vez a tasas de entre 10 y 20 euros por mes. Como los precios de los pisos tienen una gran inercia y no hay sorpresas importantes de un mes para otro, no podremos decir que vuelve la alegría al sector inmobiliario hasta que los precios empiecen a estancarse y dejen de bajar, hasta que empiecen a necesitarse menos de siete meses para cerrar una operación y hasta que no repunte el número de transacciones por mes. Estos son tres indicadores que hay que seguir para intuir cuándo cambia el ciclo. Creo que aún queda mucho tiempo.

Si bien el mercado de compraventa se estanca, el de alquileres va al alza, aunque sus precios también bajan paulatinamente.

La imputación penal de los responsables del urbanismo barcelonés y de un reconocido arquitecto por el caso del hotel del Palau constituye la última manifestación de un fenómeno que causa asombro a los que llevamos ya bastantes años dedicados al derecho urbanístico: la criminalización de las mal llamadas recalificaciones urbanísticas, que, según parece, resultan en sí mismas sospechosas de entrañar un buen número de delitos.

Las recalificaciones o, más propiamente, las modificaciones de los planes aparecen previstas expresamente en la vigente legislación y constituyen un instrumento habitual e imprescindible para el desarrollo de las políticas urbanísticas. Si alguien obtiene beneficios ilícitos de una actuación urbanística debe ser perseguido penalmente, pero por causa de la ilicitud de tales beneficios, no por la actuación urbanística en sí, que aparece con carácter general sujeta al derecho administrativo. Únicamente cuando existan indicios de que la obtención de tales beneficios ilícitos era la finalidad perseguida con la modificación del plan procederá la calificación penal de la tramitación urbanística seguida, ya que en tal supuesto estaríamos ante la denominada prevaricación urbanística prevista en el artículo 320 del Código Penal.

En el caso del hotel del Palau, y como evidente daño colateral de las andanzas del inefable dúo Millet-Montull, parece que la imputación de la cúpula del urbanismo barcelonés se relaciona con una supuesta ocultación de la identidad real del propietario de las fincas, dado que quien había promovido la actuación urbanística, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, ya no era propietario de los terrenos cuando se aprobó su recalificación, sin que dicha información constara en el plan. Supuestamente, el error u omisión en la identificación de los propietarios podría esconder una finalidad especulativa en la operación, en lugar de las finalidades de interés público que, también supuestamente, comportaba el hecho de que esta actuación fuera promovida por el Palau.

No obstante, esta vinculación entre propiedad de las fincas y bondad de la actuación urbanística nada tiene que ver con el criterio que debe guiar la formulación y aprobación de los planes urbanísticos. Las administraciones competentes deben decidir la procedencia de modificar o no el plan en función de la racionalidad y bondad de la ordenación urbanística, sin olvidar que es también necesario garantizar su viabilidad: que genere las suficientes plusvalías urbanísticas para afrontar las cargas de urbanización y poder llevar a cabo la actuación prevista por el plan. Y en este contexto carece de toda relevancia quién va a ser el propietario final de las fincas. Tanto es así, que la propia legislación estatal sobre el suelo prevé expresamente la participación de los particulares no propietarios en los procesos urbanísticos.

En el caso del hotel del Palau las plusvalías se generaron en gran parte a favor de la Generalitat de Catalunya, que realizó una excelente operación patrimonial mediante el cambio de calificación de la finca de su propiedad, de residencial a equipamiento, según el convenio firmado en su momento. Para que estas plusvalías fueran efectivamente apropiadas por la Generalitat, así como por el Palau, era imprescindible que un tercero asumiera su pago mediante la adquisición de las fincas recalificadas destinadas a la construcción de la instalación hotelera, tal y como además se estableció expresamente en el referido convenio. En consecuencia, la decisión urbanística de implantar un hotel en ningún caso podía aparecer supeditada a que el titular de las fincas fuera el Palau de la Música (¿o es que acaso el Palau tenía que convertirse en un empresario hotelero?), sino a la conveniencia para la ciudad de tal decisión.

No voy a entrar aquí en el legítimo debate planteado por determinadas entidades vecinales sobre la bondad urbanística de la propuesta; pero es evidente que dicho debate no debería haberse situado nunca en la órbita del derecho penal. No parece, pues, que se esté cumpliendo en este caso con el principio de última ratio propio de la intervención penal ante la eventual existencia de ilícitos administrativos, sino más bien todo lo contrario. En este contexto, es ciertamente lamentable que, partiendo de una errónea aproximación a la naturaleza de las actuaciones urbanísticas, pueda cuestionarse la honorabilidad de excelentes servidores públicos y profesionales con una trayectoria personal sin tacha alguna.

Pero más allá de esta circunstancia, los efectos de este intervencionismo de la jurisdicción penal pueden ser especialmente nocivos para el buen funcionamiento de la Administración pública, ya que pronto va a resultar algo cercano a la heroicidad participar en la gestión de la cosa pública. Y disponer de los mejores, dispuestos a ello, es fundamental para la construcción de un país.

Durante los últimos meses han aparecido en la prensa y en algunos medios vinculados a la arquitectura, una serie de textos en forma de libro o de pequeños artículos de opinión, que la sitúan poco menos que como la causante de la crisis presente. La argumentación sería más o menos como sigue: la ambición y el empeño de los gobernantes por inmortalizarse, así como de algunos arquitectos por dejar su huella imperecedera, introdujo en las últimas décadas a las ciudades en una espiral de intervenciones rotundas y de obras mastodónticas, no siempre necesarias ni valiosas, que no solo no redundó en beneficio de aquellas, sino que se tradujo en uno de los agentes desencadenantes de muchas de sus limitaciones actuales, contribuyendo, a la postre, a la recesión económica en que ahora nos encontramos.

Aun admitiendo algunos mensajes parciales incluidos en el discurso, como que en las épocas de bonanza se cometen errores de exceso y que un traspiés en arquitectura puede desencadenar disfunciones graves en las ciudades, o el hecho palpable de que en innumerables ocasiones a los arquitectos de gran prestigio se les ha utilizado para obtener ventajas de proyecto (en la volumetría, en la forma, en su disposición urbana…), el tema de fondo exige bastantes matizaciones. Entre otras razones, porque con frecuencia se confunde arquitectura con construcción y se aplican a la arquitectura (una bella arte) excesos que provienen de la desregulación de un sector económico, la construcción inmobiliaria, que sí anduvo desbocado en España durante las últimas décadas y que sí ha sido uno de los causantes de la crisis.

Las buenas obras de arquitectura y las ciudades que hoy admiramos, visitamos y disfrutamos, nunca fueron producto de pactos y conversaciones amables entre los colectivos implicados, ni se impulsaron y desarrollaron en un ambiente grácil y distendido. Fueron, como es fácil de entender, el resultado de la imposición de una clase poderosa, culta y con ambición de cambio, que utilizó la arquitectura y, en general, el espacio urbano, como un vehículo para la autorrepresentación, es cierto, pero también para el desarrollo, la motivación personal y el aumento de la calidad de vida.

Pongamos un ejemplo socorrido: París, que es la ciudad más visitada y uno de los centros urbanos más selectos y cotizados, al que pocos pondrían objeciones sobre su monumentalidad, coherencia formal y calidad ambiental. Pues bien, París fue el producto de uno de los procesos de transformación urbana más rotundos y traumáticos, en el que a través de una serie encadenada de operaciones bien calculadas, se liquidó todo un tejido (físico y social) para ser materialmente sustituido por otro: el que ahora conocemos. Y todo ello en menos de un siglo y con un respeto muy dudoso a los derechos de localidad, propiedad y edificabilidad, entonces, lógicamente, muy poco desarrollados. ¿Cuánto de todo ello podríamos encontrar, pongamos por caso, en el Nilo de Ramsés II, la Florencia de los Medici o el Nueva York de los Rockefeller?

La ciudad posmoderna, definida así por intentar identificarla con un fenómeno cultural reciente y generalmente aceptado, también ha sido un producto de su tiempo. Y debe ser, en la misma línea que lo han sido las de otros periodos históricos, contextualizada. Porque además, ha tenido (y continúa teniendo) un papel mucho más relevante que sus predecesoras en el modelo de desarrollo económico dominante, caracterizado, como es sabido, por la globalización, la revolución tecnológica y la información. Durante las últimas décadas, las ciudades han evolucionado desde su rol tradicional de meros contenedores del desarrollo a sus más activos protagonistas que, organizados en red, surgen como los centros neurálgicos básicos donde está pivotando el sistema. Y ahí la (buena) arquitectura y los (buenos) arquitectos, como también otras muchas profesiones, encontraron un campo abonado y novedoso para desplegar sus habilidades.

El cambio de la ciudad industrial a la ciudad informacional, un trayecto en el que todas ellas se encuentran ahora, exigió a sus gobernantes, tejidos urbanos mejor organizados y estructuras más eficaces, así como ambientes más humanizados y habitables. Pero también les exigió participación activa en ese nuevo contexto caracterizado por un mundo globalizado y en competencia creciente. Y tanto en su organización interna como en su mejora ambiental, pero sobre todo en su enganche a la red de ciudades que mostraba mayor capacidad para el cambio, la arquitectura jugó su papel. Y no cualquier arquitectura, sino aquella que mostraba mayor aceptación y consenso entre los círculos más reputados.

Durante esos años, y como consecuencia de este fenómeno, las ciudades más despiertas y dinámicas, aprovecharon todos los recursos a su alcance para adaptar sus estructuras a los nuevos requerimientos: reordenando sus tejidos internos, mejorando su habitabilidad e incrementando la calidad de su arquitectura, con la incorporación, en innumerables casos, de obras emblemáticas de gran repercusión mediática que se suponía contribuirían a la mejora de la imagen externa de aquellas. Una hipótesis, esta última, por demostrar, pero que aún sin haberla demostrado, e incluso demostrada su falsedad, no tendría por qué involucrar al valor de la arquitectura misma.

El Museo Guggenheim de Bilbao, el edificio que, en los últimos años, más atención ha recibido por parte de los especialistas, debido a su supuesta contribución a la reconversión económica y urbanística de Bilbao, puede ser un buen museo y una excelente obra de arquitectura, más allá de su valor como motor del cambio o su rechazo por los escasos beneficios obtenidos en relación con su costo. ¿Entraríamos ahora a objetar la calidad ambiental de los Campos Elíseos por los insuficientes escrúpulos tenidos durante el siglo XIX con los propietarios del suelo donde la obra fue finalmente desarrollada? Porque, pasados 40 años ¿cuántos beneficios, han podido reportarle a ciudades como Sidney y Nueva York, la construcción de obras “mastodónticas” como la Ópera, en el primer caso, y el Rockefeller Center, en el segundo?

No sabemos a ciencia cierta el futuro que se le tiene reservado a las ciudades que apostaron durante estos años de bonanza por ese tipo de dispositivos para la mejora de su oferta y de su imagen exterior. Y no es su tamaño, lo decisivo, a la hora de evaluar el interés de su arquitectura, como tampoco se puede asegurar que fuera siempre el resultado de decisiones desacertadas o desproporcionadas en relación con los objetivos pretendidos. Una crisis del tamaño de la que estamos sufriendo, especialmente en España, puede que no ofrezca las mejores condiciones para establecer diagnosis sobre la calidad de la arquitectura reciente, sobre todo si se hace en la dirección de los textos aludidos al inicio de este escrito.

En cuanto que disciplina especulativa, a unos puede interesar más la arquitectura que se genera en el contexto de un discurso teórico o bien como resultado de una buena práctica. A mí me motiva más la que se produce en paralelo a una reflexión sobre aspectos tan vertiginosamente cambiantes como los de la presente sociedad. Pero eso no es sino una opción personal. Arquitectos, como escritores, profesores o diseñadores de moda, hay de todo tipo. Y supongo que en los diferentes campos, el éxito puede darse a partir de los más rocambolescos procedimientos relativos a la ambición, el marketing personal, incluso las malas artes. Y aun siendo esto importante, no debe distraernos de lo esencial de la discusión.

La arquitectura tiene una dimensión pública, y está siempre expuesta al escrutinio de los usuarios y en general de los ciudadanos. Obtener su aceptación y reconocimiento no es una tarea fácil. Cuando además alcanza la consideración de sus más agudos críticos, que son los propios arquitectos, y se ensalza y distingue por cualquiera de los aspectos que la definen, sean estos de carácter estratégico, topológico o simbólico, o simplemente por su potencial innovador, se le debe conceder algo más que el beneficio de la duda.

El que la reciente coyuntura haya generado élites, no nos debe preocupar, puesto que eso es lo normal. Lo difícil es rendir cuentas día tras día y demostrar que se está ahí por méritos propios.

Más del 50% de las playas y el 70% de las dunas en la costa española están degradadas o profundamente alteradas; el 60% de los humedales que había en 1950 ha desaparecido; más del 60% del entorno inmediato de las playas de las costas mediterránea, atlántica sur y de los archipiélagos está urbanizado. Con los ritmos de ocupación seguidos en los últimos 60 años, incluidos los tres periodos de recesión económica habidos, hacia el año 2030 la totalidad de la costa española estará tocada por actividades humanas.

La costa es la franja marítimo-terrestre donde la corteza pasa de estar permanentemente sumergida a ser tierra firme; un paisaje complejo de múltiples colores y texturas; un organismo vivo en permanente proceso de remodelación y embellecimiento por la acción de las fuerzas de la naturaleza; el destino final de las olas y de los maremotos; una esponja que amortigua y controla sus acciones; el principio de los encuentros del hombre con el mar.

El Reino de España tiene algo menos de 10.000 kilómetros de costa; calas, rasas y acantilados, ramblas y deltas, estuarios, rías y marismas, flechas, cordones y lagunas litorales, playas de arena y guijarros, dunas…, son algunas de las formas naturales que albergan ecosistemas esenciales para la diversidad biológica, que se podían encontrar a lo largo y ancho de la costa española y que formaban parte de su patrimonio paisajístico único, finito, frágil y sensible.

Posiblemente, fueron las cualidades excepcionales de la costa y la tradición jurídica las que motivaron que la Constitución Española, Artículo 132.2, proclamara como bienes de dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, y ordenara su regulación por Ley. La Ley de Costas, Ley 22/1988, reconoce el carácter público de la costa y define la parte terrestre de estos bienes y los integra en un concepto territorial, la ribera del mar, utilizado en el Código de las Siete Partidas por el rey Alfonso X el Sabio; además, acota, regula y administra su uso y ocupación temporal. Ella y la normativa adicional de las Comunisdades Autónomas son los instrumentos jurídicos indispensables para que el patrimonio colectivo, especialmente valioso como espacio natural de libertad, sea preservado para el uso y disfrute de los ciudadanos. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios son responsables de que así sea.

El deslinde es el procedimiento que establece la Ley de Costas para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DMPT). Cualquier uso no común, que por su naturaleza no pueda realizarse sino en la ribera del mar, requiere de un título administrativo, concesión, reserva o adscripción. Desde el deslinde, la ley proyecta su incidencia hacia el interior del territorio, en bandas paralelas a la línea de costa, estableciendo servidumbres de acceso y tránsito y protección (limitación) frente a la urbanización, imprescindibles para garantizar la integridad física y el uso común del DMPT.

Sin embargo, una parte de la costa española está en manos privadas, urbanizada, alterada profundamente o destruida. Ya en 1988, en la exposición de motivos de la Ley de Costas, se decía: “Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, (…) con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos (…) la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales…”.

La realidad es que la Ley de Costas no ha podido frenar los motivos por los que fue promulgada. Desde hace una década, los informes anuales Destrucción a toda costa de Greenpeace son referencia crítica de la creación de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas con lo que ocurre en las costas españolas.

A principios de la década de los sesenta del siglo pasado, se accedía a las playas al norte de Oropesa (Castellón) hasta Alcossebre por caminos rurales, entre campos de olivos y naranjos. Formaban parte de la denominación turística de costa de Azahar. Los desarrollos urbanos de Marina d’Or y Torrenostra han transformado de forma radical la costa primitiva y han encajado el Parque Natural del Prat de Cabanes. Al norte, las urbanizaciones de Alcossebre rampan por las estribaciones del Parque Natural Sierra de Irta; ¿qué les depara el futuro al Prat de Cabanes y a la Sierra de Irta?

Son Bou es una de las playas de Es Migjorn en Menorca. Sus arenas blancas, sus dunas y el humedal que a mediados del siglo pasado aún se comunicaba con el mar por varias golas son sus principales cualidades naturales. Al este reposan las excavaciones de una basílica paleocristiana, encajonadas por edificios irrespetuosos e ignorantes y levantados sobre las dunas. La reciente construcción de una carretera y un aparcamiento sobre la laguna litoral anuncia lo peor: ¿en los próximos años se urbanizarán la laguna y las dunas de Son Bou?

A principios del siglo XX, entre los cabos de la Huerta (Alicante) y Palos (Murcia) dando apoyo a la Manga, se podían disfrutar unos 100 kilómetros de costa formada, en su mayor parte, por playas barrera y lagunas litorales entre pequeños tramos acantilados. Sobre aquellas se construyeron pueblos barrera de edificios barrera. Lo que fue bello ahora es lineal, monocromático y simple, sin valor ambiental; todos ellos están amenazados por la subida del nivel del mar asociada al calentamiento global. Se pronostica que, en este siglo, el mar ascenderá entre medio metro y un metro. ¿Se protegen o se desmantelan estos desarrollos urbanos? ¿Quién paga?

La construcción de un hotel mastodóntico sobre el acantilado de la playa del Algarrobico, posiblemente para delimitar (colonizar) un tramo de costa “urbanizable” en las cercanías de Carboneras, ha disparado todas las alarmas. Ocupa terrenos del Parque Natural del Cabo de Gata, que alberga un entorno privilegiado donde todavía es posible el diálogo libre del hombre y la costa. Otros desarrollos penden sobre este parque natural: el crecimiento brutal de San José acosando la playa de los Genoveses y las propuestas urbanizadoras de las Salinas y la Fabriquilla. ¿Son compatibles estas ocupaciones con la Constitución y la Ley de Costas?

Son solo algunos ejemplos. Si las evidencias naturales, las consecuencias y las leyes son tan contundentes, ¿por qué se sigue destruyendo el patrimonio colectivo e ignorando lo que dicen la ciencia y el conocimiento? Si en las últimas elecciones generales todos los partidos llevaron en su zurrón de promesas la sostenibilidad de la costa, ¿por qué allá donde gobiernan porfían con el desarrollo urbanístico a toda costa? ¿Dónde quedó la política del anterior Gobierno, conflictiva, sí, pero a favor de la sostenibilidad de la costa, de los derechos de más de 45 millones de ciudadanos y de un legado ejemplar, justo y solidario, y acorde con el valor ambiental de la costa española?

Desde hace más de 60 años, con breves y notorias excepciones, la costa española se gestiona, principalmente, como un espacio económico donde las todopoderosas industrias de la construcción y del turismo marcan las pautas de uso y explotación, y los municipios costeros encuentran la vía de construir y mejorar sus infraestructuras y financiar sus gastos corrientes. Cuando hay desastres naturales, todos ellos son los primeros en demandar la reconstrucción y las subvenciones pertinentes. Entonces, los partidos políticos callan ante la sinrazón y otorgan. Si las leyes no son las adecuadas, se deben cambiar, pero, entretanto, se deben cumplir con tolerancia cero.

El futuro es desesperanzador, pues la experiencia pasada y la realidad cotidiana nos muestran que, en el Reino de España, no se consigue manejar con inteligencia el binomio desarrollo socioeconómico y proceso evolutivo natural de la costa. La ambición personal de unos pocos y la complicidad de otros están provocando la pérdida irreparable de nuestro patrimonio y dejan un legado insostenible para las siguientes generaciones.

En torno a 1920, José María del Palacio, conde de Las Almenas, construyó en la cima de un monte de la Sierra de Guadarrama un pintoresco edificio que ha venido a ser conocido como el Palacio del Canto del Pico. Esta peculiar casa-museo la proyectó el mismo conde a partir del ensamblaje de fragmentos arquitectónicos, adquiridos y extraídos de arquitecturas representativas del arte español entre los siglos XII y XVII.

El resultado de aquella afición desmedida del conde por la arquitectura, fue algo más cercano a la obsesión del doctor Frankenstein por crear un nuevo ser humano a partir de restos de cadáveres, que a la canónica versión restauradora de los especialistas en el Patrimonio. Aún así, y de manera sorprendente para los criterios actuales de la ortodoxia teórica, aquel monstruo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1930.

El Palacio del Canto del Pico cobró relevancia popular cuando, tras la Guerra Civil española, su creador y propietario lo regaló al general Franco, convirtiéndose entonces en casa-refugio y lugar de recreo del dictador. Ya en manos de sus herederos sufrió una larga decadencia hasta su venta a la empresa Stoyom Holding Limited.

La historia del curioso monumento atrajo de nuevo la atención pública cuando la Comunidad Autónoma de Valencia reclamó el claustro de Valldigna, con la intención de reintegrarlo a su lugar original, objetivo que logró, tras largos trámites administrativos, en el año 2007.

En el intermedio, a la administración responsable del Patrimonio de la Comunidad de Madrid se le planteó un interesante problema jurídico: autorizar el desmontaje de una parte del Monumento Histórico sin caer en la responsabilidad del expolio. La situación se solventó rebajando el nivel de protección del Palacio, mediante el prolijo itinerario administrativo previsto en la legislación.

No ha pasado tanto tiempo para que el gobierno valenciano se enfrente ahora a una acusación de expolio, el que supondría la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma de Cabanyal-Canyamelar.

La paradoja resultante es que, ahora, la misma administración, la valenciana, que declaró bien de interés cultural al barrio del Cabanyal mediante un Decreto del año 1993, intenta defender su autonomía mediante otra resolución que anule la anterior, tramitada de manera apresurada y mediante un procedimiento de dudosa legalidad, e inicia, de manera provocadora, las demoliciones. La cuestión de fondo, la de que la aplicación del Plan constituye un expolio del conjunto histórico queda relegada por el debate de competencias.

Porque lo que justifica la intervención del Ministerio es la constatación de que el Plan Especial no responde a la protección del bien de interés cultural sino a permitir la realización de la apertura del Paseo del Mar, una amplia avenida que implica la demolición de una parte sustancial del barrio protegido, y, sobre todo, supone nueva configuración ajena a las características morfológicas del conjunto histórico preexistente.

En los últimos años parecen prodigarse las tensiones por las distintas interpretaciones sobre la distribución de competencias entre las distintas administraciones en relación con el Patrimonio, en los criterios sobre las intervenciones restauradoras, o en las advertencias de la Unesco sobre el Patrimonio de la Humanidad reconocido en el territorio español. Síntomas indudables de que un tema, tan sensible en la consideración pública actual, ofrece lagunas suficientes para el debate y un cierto grado de discrecionalidad.

Hay que señalar el doble origen que determina la complejidad de la idea de Monumento; si por un lado el término monumentun tiene, en el momento de su formulación en la República romana, la referencia de las fuentes escritas y materiales que aquellos coleccionistas, (los anticuarios, o archaiologos), reunían con el objetivo de fijar una tradición, la valoración de lo antiguo en el proto-renacimiento tiene como justificación el que constituye un modelo estético. De ahí la dualidad, nunca resuelta, entre el valor documental del patrimonio y su dimensión artística. Y también orienta sobre la contraposición, en el comienzo de una específica cultura de la tutela, entre la posición de un Ruskin, cercana a la voluntad de embalsamar el cadáver, toda vez que el monumento, su valor, está ligado a la sugestión misteriosa de lo que fue y de lo que perdió, y la de Viollet-le-Duc, convencido de poder restablecer un estado unitario que puede no haber existido en ningún momento.

Años más tarde, Riegl, Boito o Brandi, intentaron dar solución a este doble requerimiento de una manera equilibrada, mediante unos principios de carácter genérico que podrían resumirse en la idea de intentar recuperar la cualidad persuasiva y el significado del monumento, su valor permanente, sin falsear la materia original, donde reside su verdad documental.

Prácticamente todas las legislaciones actuales de protección del Patrimonio recogen, de manera más o menos rígida, esta defensa de la autenticidad, aunque traducirla a normativa legal resulta siempre decepcionante y empobrecedor. Así, el artículo 39.2 de la actual Ley del Estado español, mucho menos flexible que el de la Ley de 1933, ha dado origen a una serie de sentencias judiciales contrarias a los criterios de muchos especialistas.

Sin duda la más notable y conocida fue la del Tribunal Supremo sobre la intervención de los arquitectos Grassi y Portacelli en el Teatro Romano de Sagunto, que ha venido a detectar alguna de las insuficiencias de la Ley estatal del Patrimonio Histórico.

Desde esta perspectiva debió de entenderse el informe que sobre El impacto de la Torre Cajasol sobre los edificios declarados Patrimonio Mundial en Sevilla, elaboramos la comisión de expertos designados por el Ministerio de Cultura.

La primera, y obvia, constatación fue la de la obsolescencia de la Declaración en 1987 por la Unesco, donde se clasifica como Patrimonio Mundial a sólo tres monumentos, (la Catedral, el Alcázar, y el Archivo de Indias), con lo que, además de la inconsecuencia de aislar un conjunto histórico, relativamente pequeño, de un paisaje urbano sin cuyo contexto los edificios singulares pierden una gran parte de su significado, limitaba, también, los instrumentos de protección que la necesaria ampliación del ámbito declarado permitiría.

Hay que insistir que esta nueva extensión del marco patrimonial, determinado por la categoría de paisaje histórico urbano, va más allá de la noción tradicional de centro histórico, pues define un sistema dinámico, que incluye no sólo la edificación, sino también el carácter del lugar, su topografía y su perfil, el espacio público y sus elementos vegetales, y las infraestructuras que articulan su relación con el territorio.

Y, como es lógico en una visión holística que intenta dar razón de una realidad que cambia con el tiempo, esta transformación debe regirse por una lógica que respete su vitalidad, pero, de igual forma, prevenga de los riesgos de su destrucción o de su embalsamamiento, con lo que también acepta, incluso necesita, la presencia de la arquitectura contemporánea, siempre que ésta responda con la cualidad adecuada al medio donde se inserta.

Entre las posiciones metafóricas, y radicalmente opuestas, de un doctor Frankenstein que intenta conseguir una nueva vida a partir de los despojos de lo que ha perdido cualquier síntoma de vitalidad, y la del embalsamador de cadáveres, cuya ideología sólo permite convertir estos paisajes históricos en parques temáticos de sí mismos, existe la posibilidad de una evolución urbana, que concilie la tradición y la innovación arquitectónica.

Cosa que, desgraciadamente, no consigue un Plan Especial como el del Cabanyal en Valencia, que amenaza con la destrucción de un barrio, cuyas características morfológicas le hacen ser considerado como digno de protección en su frágil condición paisajística y sociológica.

Todo un mundo de nostalgia y de tipismo empezó a ceder bajo el primer golpe de piqueta una mañana de hace cien años, en el momento solemne en que Alfonso XIII, uniformado de capitán general, dio por inaugurados los derribos sobre los que se abriría paso la Gran Vía. Hasta entonces, dos ideas muy distintas de Madrid se habían venido enfrentando en torno a ese proyecto, enzarzadas en una larga polémica que se prolongaba ya durante al menos un cuarto de siglo. Una primera, reacia al cambio, disimulaba su visión retardataria bajo un falso costumbrismo que temía ver alteradas las señas de identidad de Madrid. Otra, más lúcida y acorde a los tiempos, intuía lo que Madrid podía llegar a ser, siempre que se abriera a las necesidades que su desarrollo demandaba. Trasladada la pugna al tejido urbano, se trataba de dejar intacto el viejo caserío, con su universo cerrado de manolos y chisperos, o de sajarlo de parte a parte para trazar una vía que comunicara Este y Oeste, saneando el centro y sometiéndolo a nuevas influencias. Más allá de jugosas anécdotas -como la que nos deja la zarzuela del maestro Chueca, de fecha tan temprana como 1886, y al parecer favorita de Nietzsche-, la discusión carece ya de sentido, toda vez que la Historia ha zanjado el debate, y lo que ayer era novedad hoy es tradición. De manera que tras muchos retrasos e incertidumbres, la casa del cura de San José, elegida para el sacrificio inaugural, finalmente cayó, desaparecieron después catorce calles, se modificaron treinta y cuatro manzanas, se levantaron otras treinta y dos, y una corriente de aire nuevo oxigenó, y no sólo materialmente, la vida de Madrid.

La Gran Vía encarna, desde el momento mismo de su concepción, y durante su desarrollo posterior hasta finales de los años veinte, el triunfo de la modernidad, gracias a la visión y la audacia de aquellos que supieron poner el Ayuntamiento de Madrid al servicio de una empresa renovadora que habría de preparar la ciudad para los retos que el nuevo siglo le tenía reservados. Y aunque es verdad que la Gran Vía no tiene un único Haussmann, y que a ella contribuyeron varios alcaldes y arquitectos, han quedado los nombres de Peñalver y López Salaberry, por citar a un representante de unos y otros. Pero es esa continuidad de iniciativa, que aun con todos sus altibajos atraviesa mandatos y decenios, venciendo recelos y dando forma a lo que empezó siendo una necesidad de movilidad, la que hace aún más admirable el empeño, sustentado en la certeza de que la sociedad que no cambia declina.

Hay, además, un factor que ayuda a entender esa constancia. Y es que la Gran Vía, ideada e impulsada por el Ayuntamiento, fue a la vez un proyecto de Estado, que encontró en el gobierno del momento la sensibilidad justa para autorizar los mecanismos financieros necesarios para diseñar la viabilidad de una reforma tan relativamente costosa -¿qué suponen aquellos 29 millones de pesetas en comparación con el beneficio que esa inversión ha procurado a las generaciones posteriores?- como necesaria. En última instancia, la prueba definitiva de que entonces se percibió como un proyecto trascendente es que contó con el aliento de la Corona -el acto del 4 de abril de 1910 convocó nada menos que a un Rey de España, dos Reinas, Victoria Eugenia y María Cristina, un Infante y dos Infantas, acompañados por dos Príncipes-, la cual ha representado siempre para Madrid un importante estímulo de dinamismo y renovación, y no sólo por lo que se refiere a su crecimiento histórico como sede de la Corte, sino también en avances ulteriores como la construcción del Metro o la Ciudad Universitaria. Sobre ese fondo de confianza de la Corona en nuestras posibilidades, que tantas veces nos manifiestan hoy Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, se funda, tanto como en la propia vocación, la capitalidad abierta e integradora que nos sentimos obligados a ejercer.
Desde sus orígenes, la que podríamos considerar nueva calle mayor de Madrid desempeña a este respecto dos funciones que hoy se identifican nítidamente con la España de Juan Carlos I: la búsqueda de la excelencia por el camino de la innovación, y la voluntad de brindar un ámbito de convivencia en el que la pluralidad enriquezca sin dividir.

La Gran Vía ha sido un gran laboratorio donde madrileños, españoles y gentes de todo el mundo han conocido el gusto por el acontecimiento y la mudanza que es propio de toda metrópoli cosmopolita. El salto de escala, tendente a la verticalidad, y su simbolismo, los rascacielos que son resultado de ello, la naciente economía de servicios, la ambición de un nuevo comercio que abrió aquí los primeros almacenes, el ingenio de los escaparates recién descubiertos, el mundo del libro y los medios de comunicación, el auge de la industria cultural y del entretenimiento -con el teatro, el cine y últimamente el musical actuando como puertas abiertas hacia otras realidades- han sido algunas de las flores nuevas y valiosísimas que la Gran Vía ha dado como primicia a los españoles durante decenios, combinando exigencia y prestigio, y también, como es ley en Madrid, sencillez.

Como consecuencia de lo anterior, el paseante -que lo mismo puede dedicar una hora o un día a recorrer esta calle, y que con su deambular accede a lo que en todo entorno urbano es una forma de sabiduría superior- descubre un espacio sincrético -capaz de asimilar hasta el añejo oratorio del Caballero de Gracia-, donde confluyen la ciudad de los flujos y de los usos, la urbe construida y la vivida, dando la palabra a un sinfín de actividades, inquietudes, razas, credos y lenguas. Esa capacidad de representación de la Gran Vía, por lo que tiene de pionera y urgente, de termómetro que mide la temperatura de la economía y la sociedad, pero también como crisol que metaboliza la diversidad humana que nutre Madrid, es la responsable de que sea patrimonio de todos los españoles, por no decir de la gran cultura urbana de nuestra época. La cual, por cierto, nos regala una profunda enseñanza, consistente en la evidencia de que este modelo clásico, europeo y compacto, de usos mixtos y desplazamientos cortos, y por tanto opuesto a la dispersión anglosajona, es el más sostenible y adaptado a las necesidades futuras. Un modelo que hay que proteger y cuidar, renovando aquello que se queda viejo y permitiendo que viva lo nuevo, como se hizo hace cien años al trazar este gran eje, y como seguimos haciendo ahora al abrir otros nuevos -esta vez con una prioridad peatonal, de Fuencarral al Palacio de Oriente, de Atocha a Colón- para favorecer un centro no sólo rehabilitado sino también rehabitado. Porque la labor del planificador, si no es prisionera del prejuicio y la rigidez ideológica, consiste en dejar aflorar la vida que la ciudad puede llevar dentro, como el zahorí cuya preocupación principal no es la de excavar el pozo, sino la de hallar primero dónde está el agua. En el caso de la Gran Vía, ese caudal de vitalidad lleva manando un siglo, y no ha cesado.

La Gran Vía suscitó, antes incluso de nacer, un altísimo nivel de expectativas que no ha defraudado. En esta avenida por la que discurre la legítima ambición de una capital abierta, imaginativa y trabajadora encontramos la demostración de que Madrid puede satisfacer las metas más ambiciosas cuando tiene el coraje de concebirlas. Y más importante aún que eso es que la Gran Vía, que ha conocido todos los avatares de la Historia reciente, todas nuestras disensiones y reencuentros, deja el balance positivo de un tiempo que, aunque repleto de dificultades, nos ha legado a pesar de todo el éxito de la cordura y el afán de superación de los españoles. Una herencia que hemos recibido de nuestros padres pero pertenece a nuestros hijos, y que, engrandecida por nuevos frutos de progreso y concordia, habrán de celebrar, dentro de otros cien años, los ciudadanos de una España unida y en paz.

La que se ha denominado década inmobiliaria terminó el 4 de enero de 2010. Ese día se inauguró en Dubai la Torre Califa, un rascacielos cuyos 828 metros lo han hecho el más alto del planeta. Pero el evento tuvo lugar apenas unas semanas después del pánico en los mercados que puso al emirato al borde de la quiebra -rescatado in extremis por Abu Dabi, su álter ego virtuoso y petrolero del Golfo-, y el gigante vio la luz mientras descendían las sombras sobre el experimento urbano más admirado y denostado de los últimos tiempos: un espejo oscuro y ahora craquelado en el que se reflejan los dilemas de nuestras propias ciudades.

En el hasta ahora boyante emirato, que había adquirido la capitalidad económica de Oriente Próximo tras las crisis bursátiles y bélicas de Beirut y Kuwait, la debacle financiera fue producida por la inmanejable deuda inmobiliaria que venía arrastrando desde el estallido de la burbuja, lo mismo que la bancarrota de Lehman tuvo origen en las hipotecas subprime o que las tribulaciones de las cajas y bancos españoles se derivan en buena medida de los créditos concedidos a promotores. El final del ciclo económico está íntimamente enredado con el final del ciclo inmobiliario, y quizá también con los últimos compases del actual modelo arquitectónico y urbano.

La relación entre el ciclo inmobiliario y el económico explica que los récords de altura de los rascacielos coincidan con las crisis: la Gran Depresión se inició en 1929 al tiempo que se remataban en Nueva York el edificio Chrysler y el Empire State; la crisis petrolera y bursátil de 1973 se desencadenó mientras las torres del World Trade Center y el Sears de Chicago batían el récord; la crisis financiera asiática de 1997 coincidió con la terminación en Kuala Lumpur de las Torres Petronas, y la actual Gran Recesión se marca con la inauguración de la Torre Califa.

En España esta secuencia vendría más modestamente jalonada por un conjunto de construcciones en altura que se extienden desde el edificio de Telefónica de 1929 -el primer rascacielos europeo- hasta las cuatro torres recientemente terminadas en Madrid.

Pero la actual crisis podría ser algo más que meramente cíclica, al producirse en un contexto marcado por la creciente conciencia de los riesgos del cambio climático y el ya próximo declive en la disponibilidad de combustibles fósiles, fundamento último de un modelo de ciudad y de arquitectura que muestra dos rasgos característicos, suburbanización y espectáculo. La suburbanización, impulsada por el automóvil, extiende indefinidamente los límites de la ciudad, colonizando el territorio con extrema ineficacia y degradando el paisaje natural; y el espectáculo, inseparable de la opulencia, contamina la arquitectura con una exhibición circense de formas insólitas, difíciles de reconciliar con la necesaria permanencia física y simbólica de construcciones que exigen grandes inversiones monetarias y termodinámicas.

La ciudad es, en efecto, un sistema termodinámico que exige extraer de su entorno flujos energéticos -combustibles, pero también alimento, o la energía incorporada en los materiales- para mantener su estabilidad, y este desequilibrio siempre presente se ha exacerbado en el último siglo como un fruto agridulce del petróleo abundante y barato, produciendo urbes hipertrofiadas y arquitecturas exhibicionistas que han llegado al paroxismo caricaturesco en el Golfo Pérsico. Dubai -con su downtown de rascacielos y su sprawl de urbanizaciones dispersas e interminables- no es un caso excepcional, sino un ejemplo extremo de la ciudad global, exportada desde América a todo el planeta, y por ello su crisis contiene lecciones utilizables para todos.

Desde luego, Dubai tiene rasgos peculiares -desde la altura escalofriante de la Torre Califa o el lujo extravagante de un hotel de siete estrellas en el mar hasta las islas en forma de palmera, visibles desde el espacio, para las mansiones de los millonarios- que la hacen singular, como singular es también su organización política, que excluye de la ciudadanía a la mayor parte de la población. Sin embargo, su extraordinario dinamismo urbano suscitó la curiosidad de muchos, que vieron en la ciudad del Golfo un modelo a imitar o un monstruo a exorcizar. Un fenómeno, en todo caso, que desplazó inmediatamente el interés que antes se había centrado en ciudades del borde Pacífico de Asia como Hong Kong o, sobre todo, Singapur: una utopía autoritaria que el autor de ciencia-ficción William Gibson resumió como “Disneylandia con pena de muerte”, y que parecía encarnar un futuro urbano a la vez ominoso y sonriente.

Entre los fascinados por el vigor inmobiliario de Dubai estuvo Rem Koolhaas, el arquitecto e ideólogo que más ha influido con sus escritos en la percepción de la urbe contemporánea, que vio en las ciudades del Golfo “versiones de la metrópolis del siglo XXI”, y “la oportunidad definitiva de trazar un programa renovado para el urbanismo actual”.

Esas esperanzas, que el holandés había depositado antes en la eclosión musculosa de las ciudades chinas, resultan hoy empañadas por el melancólico paisaje de urbanizaciones abandonadas a medio construir, cubiertas ya por la arena del desierto, y la crítica situación social producida por el desplome de los precios de los inmuebles, que ha movido a tantos a irse del país, dejando detrás una hipoteca sin pagar y un coche abandonado en el aparcamiento del aeropuerto.

Durante la pasada década, en la cual el llamado efecto Bilbao ha producido la proliferación de arquitecturas espectaculares como medio de rebranding urbano, el efecto Dubai también se ha hecho sentir por doquier, y muy especialmente en aquellos países en curso de integración en los mercados globales, que hallaban en el emirato un referente de éxito. Tras el desplome financiero y el rescate por parte de Abu Dabi, muchos buscarán en las políticas más sosegadas de este último un modelo alternativo, y quizá lo encuentren en el gran proyecto de Masdar, una ciudad carbón-neutral, sin residuos y sin coches, que actualmente construye allí la oficina de Norman Foster, y que usa la morfología de la ciudad tradicional islámica: compacta, de baja altura, con patios y calles estrechas sombreadas.

Aunque no es previsible un efecto Masdar, la ciudad sostenible de Abu Dabi será en los años que vienen un laboratorio de técnicas y sistemas que acabarán incorporándose a la vida cotidiana, de la misma manera que los ingenieros de la fórmula 1 o los científicos de los viajes espaciales desarrollan materiales o procedimientos que terminamos usando en nuestros vehículos o en nuestras cocinas. Pero su principal lección residirá sin duda en el retorno a las formas eficaces de la ciudad tradicional, que permite alcanzar densidades importantes sin necesidad de recurrir a alturas insensatas, y que al encerrarse compactamente dentro de unos límites pone coto al despilfarrador crecimiento disperso.

No obstante, más de la mitad de la humanidad vive ya en ciudades, así que probablemente nuestra tarea en las próximas décadas no sea tanto crear urbes nuevas como reformar las existentes para hacerlas más sostenibles: rehabilitando edificios, regenerando barrios y recuperando paisajes.

Necesitamos ciudades más densas y compactas, pero no más altas; al igual que necesitamos arquitecturas más útiles, pero no más triviales. Y para combatir la fascinación contemporánea por la insostenible suburbanización y el insufrible espectáculo, debemos explicar que la casa unifamiliar y el vehículo particular han de ser domesticados, porque la ciudad jardín es la menos verde de todas; y también que la belleza no reside necesariamente en la provocación estética o la extravagancia formal de la arquitectura que grita: la mejor ciudad habla en susurros.

Cualquiera que oiga la historia de un paseo que va a llegar al mar puede pensar que es una buena noticia: la ciudad que se reencuentra con el Mare Nostrum, el paseo soleado que permite acceder a la playa. Y puede incluso recordar la operación urbanística de la Barcelona olímpica, saneando tejidos obsoletos y generando espacios públicos, equipamientos y áreas residenciales. Un nuevo escenario para un tiempo nuevo. Tal vez.

Pero la experiencia urbana nos dice que una receta no sirve para todas las circunstancias. Que una ciudad no es igual a otra, ni debe serlo, y que el análisis de todos los datos resulta imprescindible para acertar en una intervención sobre la ciudad. Es el caso de Valencia.

Valencia nació y creció a orillas del Turia, no del Mediterráneo, aunque ahora lo reclame. Ya ven, el Turia, un río al que traicionó y envió a las afueras creyendo que así se salvaba de él. Pocas ciudades con sentido han renunciado a su origen sin pestañear.

Mientras, junto al mar, hacia el año 1722, nacía un poblado marinero. Creció así, con sus calles paralelas a la orilla generando un tejido singular y una construcción popular: primero de cabañas y luego de arquitecturas modernistas, eclécticas, también singulares. Las teorías provenientes de Bolonia nos ayudaron a valorarlo. No tienen interés sólo los monumentos, decían los sabios, también los conjuntos. Y eso es el Cabanyal, un poblado que compone un conjunto de interés reconocido al que calificaron como Bien de Interés Cultural. Hasta ahí, no hay conflicto. Y hace poco más de cien años aquel poblado pasó a ser un barrio de Valencia.

Pero la ciudad huele el negocio y, de pronto, sueña con llegar al mar. No crean que para eso pide permiso, se informa, analiza su entorno. Nada de eso; desempolva un viejo proyecto de 1883 para prolongar un paseo, perpendicular al mar, que no toma en consideración las preexistencias urbanas del Cabanyal, que también son ciudad.

Ese paseo se ha ido construyendo y ahora, para llegar al mar, ha de atravesar el barrio marinero de interés reconocido. Y aparecen dudas, debates, concursos. Hasta que un Ayuntamiento -elegido democráticamente, lo sé- decide prolongar el paseo de una manera lineal y brusca, afectando a 400 arquitecturas y más de 1.600 viviendas. Los sueños de una ciudad chocan con los sueños de la ciudad.

Empiezan las batallas jurídicas, con un penúltimo episodio favorable al barrio. De un lado, el empeño del Ayuntamiento; de otro, un grupo de vecinos agrupados alrededor de la plataforma Salvem el Cabanyal que agudiza la imaginación y vincula el arte con la movilización ciudadana, la reivindicación con los recursos legales. Así hasta hoy, once años de conflicto y con un barrio degradado por el bloqueo al que está sometido.

El Ayuntamiento mueve pieza y empieza una política de demoliciones puntuales dividiendo la posición de los vecinos y dañando aún más el medio, con la esperanza de asustar a los que se oponen; un deterioro inducido que no se puede después utilizar como justificación de nada.

Ésta es la historia resumida. No siempre querer llegar al mar es una buena noticia.

Dentro del conflicto hay varias cosas objetivas, que forman parte de la información.

Los valores del barrio nadie los discute. Es un barrio de interés singular, deteriorado, que necesita ser rehabilitado como patrimonio de sus habitantes y de una ciudad que no se entiende si se destruye una parte de ella.

La oposición ciudadana también es incuestionable. Todos estos años de reivindicación lo demuestran y la manifestación de hace unos días explicitó con contundencia el apoyo ciudadano que tiene el barrio.

Hay un tercer dato: el altísimo coste social del proyecto resulta obvio. Afectar a 1.600 familias, con todas las consecuencias que ello conlleva, puede ser motivo suficiente para replantear el proyecto. La ciudad siempre es gente y no se puede marginar a esa población precisamente en nombre de la ciudad.

Y el último punto objetivo es la dificultad que encierra una financiación desproporcionada, lastrada por el peso de las expropiaciones, y que la hacienda pública municipal no puede abordar dada su poca solvencia, hipotecada por eventos repetidos.

Es decir, estamos ante un plan muy caro, que afecta a un barrio de interés reconocido, con un coste social muy relevante y que cuenta con una oposición fuerte de afectados y de ciudadanos.

Pero hay otra versión, la del poder local, que se apoya en una teoría curiosa afirmando que la prolongación del paseo atravesando el Cabanyal tiene poca afección sobre el barrio y sin embargo garantiza su revitalización. La conexión, dicen, eliminará su deterioro y le hará volver a vivir momentos de gloria y esplendor. Incluso llega a afirmar que esa avenida, perpendicular al mar y con una afección de más de 100 metros de ancho, ya forma parte del Cabanyal. Insólito.

Esta teoría se apoya en la bondad de la apertura de grandes vías higienistas, decimonónicas, vinculadas a otra manera de concebir la ciudad, y nos recuerda a Haussman, personaje que reivindica estos días la alcaldesa de Valencia, sin darse cuenta de que pertenece al XIX y que hoy en día, en la manera de planificar, pesa más el respeto y la conversación que la imposición. Por otro lado, esta teoría el urbanismo moderno ya la desahució hace años por ineficaz, dado que destruye pero no revitaliza más que un entorno muy inmediato y abandona el resto del barrio fragmentándolo y dejando su interés por los suelos. Los paseos así son todos parecidos, aquí o allí; sin embargo, el barrio afectado es único y forma parte de la identidad urbana de Valencia.

Cuando hay razones objetivas en contra, y sólo una teoría hilvanada y decimonónica a favor, parece que debería primar la cautela, la prevención y el consenso; evitar el riesgo de destruir lo irrecuperable y buscar nuevas fórmulas que permitan resolver el conflicto.

Porque hay otras alternativas para llegar al mar sin criterios esquemáticos y obsoletos. Se trata de primar la escala humana, social, proporcionar los espacios, aprovechar lo existente, tratar al barrio con dulzura, preguntarle. Y darle al paseo lo que es del paseo, un trazado acabado que empieza en los Jardines del Real, un pulmón histórico relevante para la ciudad, y acaba en el Cabanyal, un barrio singular. No sé qué más se le puede pedir a un paseo que unir dos hitos urbanos de máximo nivel.

Y, sobre todo, rehabilitar el barrio, recuperar su esplendor sin avenidas impuestas; ésa ya es una manera de llegar al mar, de disfrutar de él. Una manera más barata, sin coste social y que aplaudiría la mayoría, incluso los vecinos que hoy defienden el paseo, que los hay, más por resignación que por convicción. La ciudad ya llega al Cabanyal ahora, y el Cabanyal ya llega al mar. No hace falta atravesarlo. Valencia no puede luchar contra ella misma.

Ésta es una ciudad de dilemas, y, ante ellos, han sido sus hombres y mujeres los que han puesto cordura y sentido común salvándola. Una ciudad que hoy, de no ser por esa ciudadanía rebelde, tendría una autopista en lugar de los Jardines del Turia y una urbanización mediocre en lugar del Parc Natural de L’Albufera; sería una ciudad mucho peor. Los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad dan lecciones de urbanismo mientras el poder hace otros planes. Ahora se repite la historia.

Tal vez todo esto suene extraño y queden lectores incrédulos imaginando que son exageraciones. Basta con acercarse al Cabanyal para entender la urgencia de la rehabilitación y el despropósito que supone partir el barrio en dos.

No crean, no es sentimentalismo ni pensamientos románticos, no es pensar en el ayer con nostalgia. En realidad, es defender el futuro de verdad basado en la ciudadanía, la sostenibilidad y la cultura colectiva.

En octobre dernier a eu lieu le 45e congrès de l’Association internationale des urbanistes (AIU) à la faculté d’ingénierie de l’Université de Porto. A cette occasion, 400 délégués de 57 pays se sont rencontrés pour débattre de la problématique des villes à faible émission de gaz à effet de serre («Low carbon cities»).

Deux mois avant le sommet de Copenhague, ce congrès a permis d’apprécier l’état de l’art et de la technique touchant à la planification urbaine et de discuter l’approvisionnement en énergie des villes dans le contexte du réchauffement climatique global et de l’urbanisation effrénée. Or, la problématique n’est pas nouvelle.

Aux alentours de 7500 av. J.-C., en Anatolie, fut fondé ce que certains considèrent comme la première ville de l’histoire, Çatal Hüyük. Plus village que cité, elle partageait pourtant avec ses héritières, comme la première Athènes (2000 av. J-C.) ou Babylone (1800 av. J.-C.), et jusqu’aux villes d’aujourd’hui, une trame urbaine basée sur l’utilisation des ressources énergétiques. Ces villes d’hier ont été fondées lorsque la sédentarisation fut rendue possible par la biomasse, la force animale ou le travail de l’homme, la présence du soleil et du vent.

Ces cités antiques, tout comme Genève aujourd’hui, ont en commun plus que ne sauraient montrer de simples plans de ces villes. Neuf millénaires plus tard, les cités sont toujours articulées autour de l’utilisation de l’énergie qui façonne intimement notre mode de vie. Des transports aux communications, du travail aux loisirs, notre dépendance énergétique est évidente. Seulement, aujourd’hui, exit la force animale et le labeur humain, les ressources fossiles sont prépondérantes, ce qui pose évidemment le triple problème de l’émission des gaz à effet de serre, de la raréfaction des ressources fossiles et des difficultés d’approvisionnement dues aux contraintes d’importation.

Si l’éventail des énergies utilisées a changé, les quantités évoluent également. L’exode rural massif, lors de ces 50 dernières années, causé par l’attractivité des villes en termes d’offres d’emplois, de services, d’éducation et de culture, accompagné d’une croissance démographique marquée de la population urbaine, ont engendré une urbanisation qui devrait se poursuivre à un rythme soutenu durant le XXIe siècle. Ce développement des villes est particulièrement important dans les pays en voie d’industrialisation où le contraste de richesses entre ville et campagne est criant.

Ainsi, en 2008 et pour la première fois, on a dénombré autant d’êtres humains vivant dans les villes qu’à la campagne (50% pour 6,2 milliards habitants), alors qu’en 1972, année de la publication du premier rapport du Club de Rome The limits to growth (Les limites de la croissance), la part de la population urbaine n’était que de 33% pour une population mondiale de 3,8 milliards d’habitants. En 2050, la population mondiale atteindra 9,2 milliards d’habitants, dont 65% habiteront en milieu urbain.

Ces neuf mille cinq cents ans d’histoire urbaine ont donc vu un changement important dans les types et quantités d’énergies utilisées par les villes. Or la consommation d’énergies fossiles est la principale cause d’émission de gaz à effet de serre anthropogéniques qui est amplement responsables du réchauffement climatique. En 2008, la population citadine a émis près de 75% des gaz à effet de serre.

Durant ce congrès, un accent particulier a été porté sur l’utilisation rationnelle des ressources énergétiques. L’approche usuelle, héritée des impératifs économiques et politiques de la révolution industrielle, repose sur le principe que les demandes de chauffage, d’électricité, de rafraîchissement nécessaires sont satisfaites par une production d’énergie liée aux ressources disponibles. Dans les faits, ces ressources énergétiques sont essentiellement fossiles, importées et en voie de raréfaction.

D’où la nécessité de réinventer la ville, sa structure, son architecture.

Au Congrès, les délégués se sont entendus sur la nécessité de prendre des mesures impératives pour passer rapidement des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Les urbanistes ont proposé des solutions holistiques appelées «Compact Cities» (villes compactes). Plus durables, plus équitables, plus efficaces en termes d’énergie, celles-ci représentent l’évolution naturelle de la ville face aux contraintes environnementales, économiques et sociales.

Parallèlement, le bureau BG, présent au congrès de l’AIU, évoque non pas une évolution mais un réel changement de paradigme dont le résultat sera à la fois témoin des préceptes urbanistiques de l’ancienne Babylone et précurseur d’un renouveau urbain. Cette approche stipule simplement que les ressources locales du territoire doivent retrouver leur place au centre de l’attention, c’est-à-dire au centre de la ville, comme elles l’étaient dans les temps anciens.

Les ressources ne doivent pas seulement combler les besoins inhérents au développement, ce qui limite l’éventail de ressources utilisées ainsi que leur localisation, mais doivent façonner l’architecture urbaine et l’orienter. Le but est, dans un futur plus ou moins proche, de pouvoir dessiner des villes énergétiquement autosuffisantes. Ce précepte est déjà utilisé à moindre échelle pour la planification énergétique de quartiers «à énergie positive», c’est-à-dire qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

Ainsi, en localisant, qualifiant et quantifiant les ressources locales, on pourra sélectionner les sites les plus favorables pour un projet particulier, orienter les décideurs quant aux technologies énergétiques à utiliser, préfigurer les solutions économiques de financement de l’énergie, d’anticiper les manques ou surplus de production énergétique, et plus globalement de fournir une série d’information significative et structurante pour les architectes et urbanistes. La connaissance des ressources énergétiques est une des clés essentielles pour un développement urbain durable, harmonieux et efficient.

When the University of Chicago professor, Robert Z Aliber, came to Reykjavik in 2007 and saw the many building cranes rising from the tiny and northernmost capital in the world, he immediately saw that the bubble was going to burst. Like most critics of Iceland‘s economic boom at the time, his prediction was dismissed by the whole Icelandic establishment. They claimed that Aliber, as a foreigner, didn’t have a profound enough understanding of the uniqueness of the Icelandic society.

When the Icelandic Viking economy came crumbling down in the second week of October 2008, many economists started to take another look at Aliber’s theory. And now their eyes are turning to the crisis in Dubai. For a while, more than a quarter of all the building cranes of the world were gathered in this small city state in the United Arab Emirates. It almost feels as though the Dubai skyscrapers are collapsing under their own weight.

It is a strange feeling to witness your country falling apart before your eyes. You first start to panic when you realise that there is nothing you can do to stop the crash. When the crisis hit Iceland’s shores last year the rock of the Viking economy proved to be nothing more than clear water. Now we shall have to wait and see whether Dubai’s economy is built only on sand, or if a more solid base can be found to underpin its economy.

If there is anything to be learned from Iceland’s experience, then it is that authorities need to act very quickly when a financial crisis hits. The country’s three main banks all fell within three consecutive days, sending a shockwave through the whole banking system in Europe. During that horrible time Iceland found itself quite alone in the world, creating a kind of bunker mentality within the country. Anything foreign started to be viewed as a potential threat. And for a while the outlook for this tiny nation in the north Atlantic seemed pretty bleak.

But now, a year on, Iceland is slowly starting to recover. Many people have surely lost a lot of money, homeowners have seen their debt rise – some are in negative equity – unemployment is up to almost 9%, the highest in the history of our young republic, and our currency’s value has fallen by half from its strongest position in 2007. However, contrary to many media reports, life is gradually getting back to normal. One reason is that most Icelanders were never part of this new banking economy. Most of the Icelandic banks’ operations were abroad and therefore the burden is also mostly felt overseas.

This is a big difference between Dubai and Iceland. While Dubai has been attracting foreign billionaires to buy homes on its artificial islands, the Icelandic nouveau riche had largely moved to London. Dubai has been importing billionaires; we were exporting ours. Some 85% of Dubai’s population is foreign and can therefore easily leave if the country collapses. In Iceland, however, almost all of us were born here. And actually, whatever happens, most of us won’t ever leave – even if we have to survive on cod liver oil.

El tema estrella en los comentarios surgidos a raíz del caso Pretoria es el de los convenios urbanísticos. Por ello creo que es preciso hacer algunas reflexiones sobre los mismos y sobre las causas que los motivan, y no demonizarlos de entrada.
En primer lugar, tenemos que referirnos a la escasez de la financiación de los municipios, que les fuerza a buscar formas de financiación adicionales a través del urbanismo.
En segundo lugar, a cierto espíritu patrimonialista de la actividad urbanística por parte de los ayuntamientos, que lleva a que estos consideren la potestad urbanística como un bien propiedad del consistorio, y que, por tanto, puede ser objeto de contraprestaciones mercantiles con los promotores, olvidando que la función urbanística es una potestad y obligación que aquellos detentan, y que tienen que ejercerla según la ley y en atención al interés público. Por su parte, los promotores deben ser conscientes de esa función pública, que debería evitar que cayeran en la aceptación de ciertas condiciones que los ayuntamientos les imponen para tramitar decisiones urbanísticas legales. De todas formas, entiendo que las acepten. Y estamos hablando de contraprestaciones legales, no de corrupciones que pueden darse, y se dan, y que entrarían ya en el campo del delito.

Dicho esto, hay que defender que la práctica correcta del convenio urbanístico no deja de ser un instrumento eficaz para llegar a conseguir el buen fin de determinadas actuaciones urbanísticas dirigidas a la obtención de intereses públicos del territorio y de los ciudadanos. Principalmente en suelo urbano, donde es casi imposible hacer actuaciones de renovación urbana sin el concurso, y por tanto el convenio, con los agentes económicos capaces de llevarlas a cabo, en muchos casos mejor que la actuación pública.
Pero no podrá evitarse la derivación de los convenios hacia prácticas corruptas si no se garantizan la transparencia, la legalidad y la seguridad en el procedimiento, que aseguren el interés público del convenio, su necesidad para lograr los objetivos públicos. Y, por otro lado, que los ayuntamientos no exijan contraprestaciones que no deben pedir para tramitar operaciones totalmente legales. Otra cosa es que los ayuntamientos son plenamente conscientes de que en determinadas operaciones se generarán importantes plusvalías para los particulares de las que el patrimonio público municipal debe participar. Esto nos lleva a la reflexión siguiente.
Es indudable que cualquier actuación de transformación urbanística da lugar a beneficios y plusvalías en favor del particular, y gracias a la actividad municipal. La ley de urbanismo catalana ya prevé la participación pública en un 10% de las mismas Si este porcentaje es insuficiente, que se incremente por ley. Pero su insuficiencia no puede ser compensada por prácticas, que, a pesar de ser legales, son poco transparentes, y provocan inseguridad jurídica y sospecha pública. Las corruptelas pueden llevar a corrupciones. A pesar de que la mayoría de los ayuntamientos, concejales y alcaldes actúan de forma absolutamente correcta y con una dedicación encomiable. Cuando yo era responsable de la transformación urbanística de Barcelona, con ocasión de los Juegos Olímpicos, defendí y apliqué el concepto de «urbanismo concertado», porque creía que una transformación como la que se planteaba no podía ser llevada a cabo por la Administración por sí sola, sino que requería la participación activa de los agentes económicos y los promotores, evidentemente con el beneficio correspondiente.
Por otro lado, no podemos olvidar que la propiedad privada del suelo no urbano es la principal causa de los movimientos especulativos y de la corrupción. La Constitución, en su artículo 33, reconoce el derecho a la propiedad privada estableciendo que la función social de este derecho delimita su contenido de acuerdo con las leyes. Por ello, tenemos que pensar que a partir de la progresiva titularidad pública del suelo podemos avanzar en la supresión de una de las principales causas que favorecen actuaciones condenables. Con suficiente imaginación y dentro del marco constitucional, y sin romper el marco de economía libre del que nos hemos dotado.

Que sirva, como ejemplo, que un país tan conservador y, evidentemente, no totalitario ni comunista como Gran Bretaña, ya en la Land Community Act del 1975, obligaba a las autoridades locales a adquirir el suelo necesario para el crecimiento de las ciudades, mediante expropiación de acuerdo con el valor rústico de los terrenos y prohibiendo todo tipo de transformación en suelo privado.
La eliminación de la corrupción urbanística no se consigue aumentando la burocracia y los falsos controles, que a menudo la incrementan, sino con la transparencia, el control y la ética de los cargos públicos y con la aplicación inflexible y rápida del Código Penal, con todas las garantías para los imputados, que no provoque linchamientos públicos, pero tampoco la sensación de inmunidad de los corruptos.

En los últimos 15 años se ha producido en España un proceso de urbanización sin precedentes. Han desaparecido bajo el asfalto 250.000 hectáreas de territorios naturales o rurales y se ha incrementando la superficie artificial en un 30%. La primera causa de la urbanización ha sido el explosivo crecimiento del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%. Lo ocurrido en España no tiene parangón en Europa; era algo que todos percibíamos al cruzar los Pirineos y que los datos se han encargado de confirmar con contundencia: las viviendas construidas en España en ese periodo superan holgadamente la suma de las realizadas en Francia y Alemania, países cuya población conjunta triplica la española. Los cálculos más optimistas sitúan en 250.000 las viviendas sobreconstruidas anualmente desde 2003.

El proceso de urbanización ha supuesto la pérdida de un importantísimo patrimonio natural y paisajístico y la merma de la calidad de vida de futuras generaciones. Ha cambiado radicalmente la fisonomía de gran parte de nuestros paisajes, como resultado de un modelo turístico basado en el corto plazo y en la edificación residencial, que genera un alto beneficio económico en el momento de la promoción y la construcción, pero cuyos efectos positivos se reducen drásticamente una vez entregadas las viviendas. Por su parte, las áreas metropolitanas se han extendido de forma imparable, obligando a miles de ciudadanos a recorrer distancias irracionales para llegar a sus lugares de trabajo.

¿Cómo ha sido posible un proceso de urbanización tan devastador? Lo primero que cabe decir es que han sido los planes urbanísticos de cada ayuntamiento los que han ordenado o desordenado el territorio de cada municipio. Pese a que la multiplicación de casos de corrupción urbanística puede hacer pensar lo contrario, el desarrollo territorial ha sido resultado, en general, de planes redactados y tramitados cumpliendo la legislación. Además, todo este proceso ha tenido lugar una vez completadas las transferencias de las competencias en planificación territorial, urbanismo y medio ambiente a las autonomías, y después de que éstas hayan aprobado leyes avanzadas sobre estas materias, algunas de cuyas premisas suscribiría el más radical de los ecologistas. Nunca antes la construcción de una vivienda había requerido una tramitación tan compleja, cuajada de informes destinados, en teoría, a racionalizar las dinámicas urbanizadoras y controlar sus efectos ambientales.

Sin embargo, el proceso constructivo ha avanzado sin contar con instrumentos de ordenación del territorio capaces de orientar estratégicamente las formas de ocupación del suelo y de canalizar de manera inteligente las presiones urbanizadoras locales. Tampoco las herramientas de control ambiental han sido eficaces a la hora de evitar la destrucción de parajes con valores ecológicos demostrados, ni siquiera en los casos más evidentes, como bien demuestran los ejemplos del Algarrobico, el Alto del Cuco en Cantabria y otros muchos repartidos por España. Como tantas veces en nuestro país, los discursos y los ambiciosos objetivos en materia ambiental, urbanística o de sostenibilidad, concretados incluso en leyes, no se han visto acompañados por un avance paralelo de los instrumentos de aplicación, y de la voluntad política para alcanzarlos.

Otra de las grandes paradojas del reciente proceso de ocupación del territorio es que, pese a las notables diferencias existentes en los discursos de los dos principales partidos políticos, la urbanización se ha producido de forma similar en comunidades autónomas gobernadas desde hace lustros por el PP o el PSOE (véase, por ejemplo, el litoral meridional murciano y la costa almeriense o gaditana). No hay que olvidar que los planes municipales deben ser aprobados por las administraciones autonómicas. Los ayuntamientos, con independencia de su color político, se han convertido en promotores entusiastas de expansiones urbanísticas en muchos casos excesivas, bajo la premisa de que la construcción residencial es la única forma de progreso de sus municipios y ciudadanos. Para ello han puesto en marcha planes que comparten una característica: la ausencia de transparencia en su tramitación y de participación ciudadana en la toma de decisiones, pese a que en muchos casos implican una transformación profunda del territorio y del marco de vida de los vecinos.

Por otra parte, las disposiciones urbanísticas, sobre todo las que afectan a la determinación de los suelos que pueden ser urbanizados, han estado sujetas a un alto grado de discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, ante la falta de documentos de planificación regional que fijen los límites u orienten al menos las propuestas de cada municipio. En este proceso pocas veces queda claro el papel de los agentes y grupos de interés vinculados a la propiedad del suelo, los grandes ganadores del reciente boom inmobiliario, con beneficios muy superiores a los promotores residenciales. Con frecuencia, estos agentes han comprado a pequeños propietarios locales suelos en los que no era posible construir y en pocos meses han multiplicado su valor por 500 o por 1.000, tras la aprobación del correspondiente plan urbanístico.

Las dinámicas descritas han pervertido el urbanismo, que ha pasado a convertirse en un instrumento cuyo objetivo fundamental es la obtención de beneficios económicos. Nos hemos acostumbrado a que casi cualquier asunto de envergadura, desde fichajes futbolísticos hasta planes para enjugar el déficit de RTVE, RENFE o el Ministerio de Defensa, se financien con las plusvalías generadas por los procesos de recalificación. Incluso gran parte del gasto corriente de muchos ayuntamientos, con el que se abonan por ejemplo las nóminas de los funcionarios, depende de los procesos de urbanización, de forma que para su propia supervivencia se deberían mantener crecimientos urbanísticos permanentes. La ausencia de una financiación local adecuada y suficiente se convierte en la causa, pero también en la excusa perfecta para justificar la necesidad de seguir edificando.

El gran problema es que, el desbocado incremento de los precios del suelo, ha sido uno de los ingredientes clave de un aumento del coste de la vivienda que pagaremos durante décadas en nuestras hipotecas. Además, la planificación urbanística ha perdido su carácter estratégico para la definición del futuro de territorios y ciudades, y se convierte en una más de las herramientas financieras. Si bien es cierto que las administraciones públicas no sólo tienen el derecho, sino la obligación de participar en las plusvalías del proceso urbanístico, no lo es menos que deberían tratar de evitar el incremento excesivo de los precios de la vivienda libre.

Lo ocurrido en los últimos años apunta a que el problema no ha sido, como durante el franquismo, la ausencia de mecanismos democráticos o marcos legislativos adecuados sino la insuficiente voluntad o capacidad política de unos partidos que no han logrado evitar que los intereses de determinados grupos locales hayan pasado por encima de los intereses generales.

Muchos son los cambios a introducir si queremos que el futuro de nuestro territorio sea diferente al perpetrado en estos últimos quince años. Entre ellos debiera contemplarse la consolidación de una nueva cultura del territorio, la formulación de planes de ordenación del territorio de carácter estratégico, la definición de un sistema de financiación local suficiente e independiente de los procesos constructivos, la incorporación de participación pública y transparencia a la formulación de los planes urbanísticos, la identificación de los propietarios de los suelos recalificados, la simplificación de los instrumentos de control ambiental de los planes y un largo etcétera. Pero quizás la única medida efectiva sería regenerar, reforzar y controlar las organizaciones políticas locales con el objetivo de que, una vez alcanzado el poder, no asuman como propios los objetivos de los propietarios de suelo.

El inadecuado marco regulatorio del mercado inmobiliario en España ha generado importantes distorsiones económicas tales como la escasez artificial de viviendas de alquiler, una elevada absorción de la inversión productiva por parte de este sector e, indirectamente, un bajo crecimiento de la productividad. Sin embargo, son mucho más importantes sus consecuencias sociales, como el excesivo endeudamiento de las familias, la disminución de la accesibilidad de la vivienda o las distorsiones a la movilidad de los trabajadores. La corrección de esta situación requiere un cambio profundo de la regulación de este mercado.

El mercado inmobiliario español presenta un conjunto de rasgos que lo diferencian de otros países europeos. El más notorio es la alta tasa de propiedad, que supera el 85% del total de viviendas principales y que implica que el mercado de alquiler sea muy débil (en torno al 13%). Esta tasa es especialmente baja si se compara con la de otros países europeos como Alemania o Francia (con tasas superiores al 40%) o el Reino Unido (en torno al 30%). Al mismo tiempo, en España la tasa de viviendas vacías supera el 16%, una cifra excepcional.

Con estas características, la economía española ha experimentado un gran aumento del precio de la vivienda, que se ha doblado en términos reales entre 1999 y 2007. Asimismo, se ha construido un número de viviendas muy alto: dos tercios de las viviendas construidas en el Unión Europea entre 1999 y 2007 se sitúan en España.

Además, en los últimos años, la accesibilidad de la vivienda por parte de la sociedad española se ha reducido notablemente. En diciembre de 1997, el precio medio de la vivienda representaba 3,6 veces la renta disponible bruta media de los hogares, mientras que 10 años después suponía 7,7 veces esa renta. Que esta dificultad quede encubierta en momentos como el actual por unos bajos tipos de interés no cambia las cosas: nadie puede imaginar que el Euribor pueda seguir indefinidamente en torno al 1%.

La actual situación de crisis ha puesto aún más de manifiesto las implicaciones negativas que tienen estas características del mercado de la vivienda sobre la economía y la sociedad españolas. En primer lugar, la debilidad del mercado de alquiler limita la movilidad de los trabajadores, que no pueden hallar de forma rápida alojamiento en otras provincias en las que podrían encontrar empleo o mejores condiciones laborales.

Asimismo, el mercado de alquiler no ha sido una alternativa eficaz al mercado de la propiedad, debido en gran parte a sus características institucionales. En consecuencia, no ha conseguido atraer a las viviendas vacías ni ha supuesto un colchón frente a los altos incrementos de los precios de la vivienda. Aunque es muy difícil saber a ciencia cierta el número de viviendas nuevas sin vender, una estimación conservadora lo sitúa en algo más de un millón, lo que equivale al número de viviendas que se venden normalmente en tres años.

A esto se añade que muchas personas no encuentran un lugar adecuado para vivir. En especial, la población joven que intenta acceder a su primera vivienda ha soportado gran parte de la carga generada por los desequilibrios mencionados. Más del 65% de los jóvenes españoles con edades comprendidas entre 25 y 29 años viven con sus padres, frente al 20%-22% de Francia, Holanda o el Reino Unido.

Coinciden, por tanto, un elevado exceso de oferta con una gran bolsa potencial de demanda por parte de muchos jóvenes con salarios reducidos y empleos inestables. Éste es un signo inequívoco de un mercado que no funciona.

Es urgente adoptar medidas para remediar esta situación. Fundamentalmente, porque podrían ayudar a salir de la crisis, al contribuir a eliminar el exceso de viviendas sin vender y a ajustar los precios con mayor rapidez. En segunda instancia, porque mejorarían drásticamente la accesibilidad de la vivienda. Además, permitirían aumentar los ingresos de los pequeños propietarios y reducir los efectos de la crisis sobre las economías familiares. Y, por último, contribuirían a reducir el paro.

Tales actuaciones pasarían por potenciar el mercado de alquiler mediante la liberalización de los contratos, el aumento de la seguridad jurídica de los propietarios y la reducción de las trabas a los inquilinos

El mercado de alquiler en España está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que limita la libertad contractual de las partes de dos maneras distintas. Por un lado, impone una duración mínima de los contratos de alquiler de cinco años. Por otro, restringe los aumentos en la renta pagada a la variación del índice de precios de consumo. Además, este mercado sufre una grave falta de seguridad jurídica, en gran parte derivada de la lentitud judicial a la que se enfrentan los propietarios ante posibles impagos de la renta. Lamentablemente, la reforma de los procedimientos civiles en el año 2000 no supuso avances destacables en esta área.

Proponemos reducir la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler y fijarla en un año, para aproximarnos a la situación de otros países europeos. Para aumentar la seguridad jurídica y la rapidez del procedimiento de resolución del contrato proponemos también una reforma legal que permita a los notarios acreditar el incumplimiento en el pago del alquiler y declarar el desahucio del inmueble en el caso de que las partes lo hayan acordado así en el contrato de alquiler.

El incremento de la seguridad jurídica evitaría que los propietarios adoptasen medidas de autoprotección como la exigencia de fianzas elevadas. En particular, la ley no debe imponer la obligatoriedad de la fianza.

Otra medida interesante sería suprimir con carácter inmediato todos los incentivos fiscales a la compra de vivienda. En la actualidad existe en España una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de la primera vivienda habitual que puede alcanzar un máximo de 9.015,18 euros por año. Además, las comunidades autónomas (CCAA) han ido añadiendo en los últimos años otras deducciones a la compra de vivienda.

Por el contrario, los incentivos fiscales al alquiler de vivienda han sido escasos en ese mismo tiempo: los únicos incentivos destacables para el inquilino se introdujeron en 2008 con la aplicación de la «renta básica de emancipación» (210 euros mensuales para la población de 22 a 30 años, durante un periodo máximo de cuatro años) y una deducción por alquiler en el IRPF para contribuyentes con renta inferior a 24.020 euros anuales. Los incentivos fiscales en España han beneficiado, por tanto, a la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler. Las deducciones, además de haber incentivado una asunción de riesgos excesivos, han tenido un carácter regresivo, al no considerar la renta de los compradores de vivienda. Consiguientemente, proponemos que se supriman los subsidios a la compra de vivienda y que se dediquen los recursos así obtenidos a financiar temporalmente una desgravación para el alquiler de vivienda.

Suprimir la vivienda de protección oficial en propiedad y reorientar la protección social hacia el mercado de alquiler es otra disposición que debería valorarse. La dotación de vivienda con algún grado de protección en España ha estado orientada tradicionalmente hacia la vivienda en propiedad. Así, la vivienda pública en forma de alquiler constituye solo el 1%-2% del parque de viviendas, muy lejos de Francia o el Reino Unido, que tienen tasas superiores al 15%. La asignación de vivienda protegida en propiedad toma la forma de una lotería en que muy pocos beneficiados reciben una subvención muy elevada. Además, una vez obtenida la vivienda, los cambios de la renta del hogar no suponen la pérdida o la devolución de la subvención disfrutada. Este régimen es fuente de numerosos fraudes.

Proponemos la supresión de la construcción de nueva vivienda protegida en propiedad, especialmente en un contexto de exceso de oferta como el actual, para dedicar los recursos disponibles a financiar ayudas al alquiler de vivienda libre para personas con bajos niveles de renta.

Finalmente, consideramos que también tendría un impacto positivo la supresión o drástica reducción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compraventa de vivienda. En un momento en que las transacciones en el mercado de la vivienda están cayendo considerablemente, la medida dinamizaría la compraventa de viviendas y, por tanto, favorecería la movilidad geográfica de los propietarios, sin provocar una caída importante de la recaudación. La pérdida de recaudación por la desaparición de este impuesto podría compensarse a través de un aumento del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que podría tener un tramo autonómico. El IBI es un impuesto óptimo desde un punto de vista económico, ya que afecta a un bien como la propiedad inmobiliaria, que es completamente inelástico.

En conclusión, pensamos que una reforma en la regulación del mercado inmobiliario es una condición necesaria para comenzar un nuevo período de crecimiento sostenido. Al dinamizar el mercado inmobiliario y favorecer la movilidad geográfica, tal reforma facilitaría los ajustes necesarios para salir de la crisis en la que se encuentra la economía española, y promovería la adopción de un nuevo modelo productivo para el largo plazo.

Del siglo pasado heredamos un sistema energético que nos provee en casa de energía eléctrica y energía térmica a partir del suministro que nos ofrecen empresas energéticas que actúan, se dice, en un mercado libre. En realidad, los antiguos monopolios de gas y de electricidad, con la desregulación del mercado siguiendo las directivas europeas, se han convertido en oligopolios de facto. Si bien es cierto que se han roto los monopolios y las empresas resultantes (generadoras, distribuidoras, comercializadoras) son jurídicamente independientes, también lo es que suelen formar parte del mismo grupo matriz, manteniendo la estructura (y los privilegios) anteriores a la desregulación, con lo que la pretendida liberalización de los mercados de la energía se traduce en muy poca cosa. Mientras tanto, los usuarios de estos servicios hemos pasado de ser abonados a ser potenciales clientes que deberíamos poder elegir libremente no solo el proveedor del servicio, sino la calidad del producto que nos ofrecen, además de su precio. Y nada más lejos de la realidad. Hoy, en nuestro país, ninguna familia que quiera disponer de un servicio eléctrico procedente de una comercializadora que nos suministre electricidad 100% limpia o verde tiene esta posibilidad. Sin embargo, en Europa (Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera) las familias cuentan con esta posibilidad desde hace bastante tiempo.

Por otro lado, hoy en día gran parte de la ciudadanía cubre sus necesidades de calor (agua caliente, calefacción, cocción) con el suministro de gas fósil por cañería, y las de servicios eléctricos, con el de electricidad por cable procedente de grandes empresas eléctricas y/o gasísticas. La eficiencia global de este sistema es muy escasa: para disponer en casa de una unidad de calor (quemando gas en una caldera) y de una unidad de electricidad (generada en una central térmica convencional, de eficiencia 33%) son necesarias 4,5 unidades de energía primaria (sin haber contado las pérdidas por las redes). Si la electricidad es generada en una central térmica de ciclo combinado, entonces aumenta un poco la eficiencia (para dar el mismo servicio se necesitarían 3,1 unidades de energía primaria). Aun así, las centrales térmicas de ciclo combinado instaladas en el Besòs vierten al mar el equivalente térmico de todo el consumo de gas de la ciudad de Barcelona, y las que se están construyendo en el puerto de Barcelona harán que los vertidos de energía térmica, no aprovechada, al mar se dupliquen. Es como si, de cada metro cúbico de gas fósil, un 40% se tirase directamente tras haberse quemado y de haber contribuido a las correspondientes emisiones de CO2.

Pero, entrado el siglo XXI, hoy se puede generar in situ electricidad aprovechando el calor que las térmicas convencionales vierten a la biosfera. Es lo que se denomina cogeneración. Ninguna central térmica de las existentes en Catalunya está equipada con este sistema. Ni las construidas en los últimos años, ni las que están actualmente en construcción. Lo más interesante de este sistema es que la tecnología que hoy lo hace posible va desde la muy pequeña potencia (1 kW) hasta grandes potencias (400 MW), permitiendo que cualquier familia o colectividad pueda convertirse en autocogeneradora. Proveer los servicios de calor y electricidad mediante sistemas de cogeneración aumenta considerablemente la eficiencia del sistema. De este modo, la cantidad de energía primaria necesaria para suministrar una unidad de calor y una unidad de electricidad a las familias se reduce solo a 2,4 unidades (un 47% menos que si la electricidad se ha generado en térmicas convencionales, y un 16% menos que si se ha generado en térmicas de ciclo combinado). Por lo tanto, se aumenta la eficiencia del sistema de forma considerable y a la vez se reducen las emisiones de CO2.
Actualmente hay en el mundo empresas que ya instalan la microcogeneración doméstica, combinada con el aprovechamiento local de fuentes de energía renovable, haciendo los correspondientes programas piloto de demostración para aprender, de paso, cómo gestionar unas redes (eléctrica y de gas) en las que los consumidores habrán dejado de serlo para convertirse en generadores de energía y usuarios de servicios energéticos. Generadores de electricidad (con gas fósil o energía solar o gas biológico) e, incluso, de biogás doméstico (a partir de la digestión anaerobia de residuos orgánicos y excrementos).

Cambios como estos son los que cualquier empresa energética innovadora debería abordar. No es el caso de las grandes empresas energéticas del país. En lugar de esto, siguen haciendo precisamente lo que ya deberían dejar de hacer si se quiere estar al servicio de la ciudadanía del país (proveyendo servicios energéticos de calidad y con la máxima eficiencia posible): siguen apostando por hacer negocio con la combustión de materiales fósiles, de una eficiencia aún por mejorar, e inyectando grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Y aún hoy siguen incentivando a la ciudadanía para que consuma más gas fósil y derroche electricidad para usos térmicos.
¡Todavía hay quien cree que los negocios del siglo XXI deben basarse en quemar y hacer quemar más combustibles fósiles! Flaco favor están haciendo a nuestro país todos los que la historia, seguramente, calificará como incendiarios del clima. La revolución de la eficiencia debería empezar por desterrar estas prácticas tan derrochadoras y contaminadoras.

Hace ya seis meses que los economistas llevamos inmersos en la búsqueda de unos ‘brotes verdes’ que anuncien el final de la recesión, con un triste resultado: ninguno. Al menos en España; porque en países como Alemania, Francia, Japón, China o Estados Unidos sí comienzan a aparecer señales positivas. Pero, ¿por qué la situación española ha de ser diferente? Probablemente la dimensión y consecuencias de la burbuja inmobiliaria española no se hayan valorado adecuadamente.

En los años de desarrollo de la burbuja, ésta fue impulsada por una política monetaria de tipos bajos -en la práctica tipos de interés reales negativos- impuesta desde Frankfurt y sobre la que España ha tenido, desde la entrada en el euro, escasa influencia. La aplicación de políticas fiscales para enfriar una actividad inmobiliaria desbocada habría sido posible, pero los sucesivos gobiernos no vieron oportuno asumir el coste político de dichas decisiones. Al fin y al cabo, ¿quién desea retirar el whisky de la fiesta cuando todo el mundo se lo está pasando tan bien?

La burbuja inmobiliaria nos diferencia de países como Alemania y Francia, pero es común a la situación de EE UU y Reino Unido. La diferencia con éstos estriba en lo ocurrido a posteriori: fuertes caídas en los precios, unidas a la depreciación de dólar y libra esterlina, han vuelto más razonables los precios de los activos inmobiliarios en estos países. En España eso no ha ocurrido. Según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles difundido ayer por TINSA, el descenso del precio medio de la vivienda sobre los máximos alcanzados en diciembre de 2007 se cifra en un 14%, que dista mucho del 30-35% de sobrevaloración que distintos organismos internacionales cifraban un par de años atrás.

Al igual que ocurrió durante la crisis de 1993, la relativa estabilidad de los precios en el mercado inmobiliario se explica por el fenómeno que los economistas llaman ‘iliquidez de mercado’. O lo que es lo mismo, que nadie en su sano juicio está dispuesto a pagar la cantidad que se pide por una propiedad inmobiliaria (el Ministerio de Vivienda difundía también ayer el dato relativo a las ventas de pisos, que continuó en caída libre en el primer semestre con una reducción de más del 30% sobre el mismo periodo del año anterior). Ante esta situación hay dos alternativas: bajar los precios lo suficiente para que vuelvan a resultar atractivos a los potenciales compradores, o bien mantener la propiedad a la espera de tiempos mejores en la ficción de que ‘si no vendo no pierdo’. De esta forma, las entidades financieras se han convertido ya en las mayores inmobiliarias del país, y esto, desde luego, no ayuda a la recuperación de la confianza aunque fomente la autocomplacencia.

En el año 93 esa estrategia funcionó y la recuperación del mercado de la vivienda en los años siguientes permitió a las entidades financieras deshacerse de sus carteras inmobiliarias sin excesivos problemas. Desgraciadamente no estamos en el año 93. La desaparición de la peseta imposibilita el recurrir a las devaluaciones que en aquel momento propiciaron la pronta recuperación y la adquisición de muchos de estos activos por parte de ciudadanos extranjeros gracias al ventajoso tipo de cambio. Paradójicamente hoy la situación es exactamente la contraria, con la libra esterlina devaluada respecto al euro que hace inasumible para un británico adquirir una propiedad en España.

Llegados a este punto tenemos una buena y una mala noticia: la buena es que la imposibilidad de actuación en política monetaria no agota todas las posibilidades. La mala es que la mayor parte de las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo nos acercan cada vez más a una situación de enquistamiento de la crisis o a una ‘japonización’ de la economía española en alusión a su ‘década perdida’.

La evolución futura dependerá en gran medida de las decisiones que tome el Gobierno. Y en la teoría existe un notable consenso: la salida de la crisis pasa por un incremento de la productividad que favorezca la competitividad de nuestras empresas y un cambio de modelo productivo que reemplace la laguna dejada por el antaño potente sector de la construcción. El más que previsible incremento de los costes energéticos a medio plazo, la progresiva mercantilización del impacto medioambiental y la creciente competencia global en sectores de bajo valor añadido proporciona señales claras sobre el camino a seguir.

La realidad de las acciones del Gobierno sigue, sin embargo, derroteros muy diferentes, primando el gasto corriente no productivo en busca de una mayor cohesión social. El ‘efecto Titanic’ parece estar funcionando: mientras la embarcación toma una notable inclinación, la banda de música sigue tocando y nos acaban de entregar un vale por 420 euros para tomar unas copas. La situación no parece tan desagradable.

Por su parte, el impacto anticrisis de la ‘devolución’ de los 400 euros del IRPF todavía está por descubrir, el primer ‘Plan E’ ha supuesto un coste de 563 euros para cada familia española con una incidencia en la productividad futura que podemos buscar en las aceras de nuestras ciudades y la eliminación en 2011 de los incentivos fiscales a la compra de vivienda provocará, en su momento, una caída adicional del precio de ésta. En resumen, el futuro nos depara o bien un déficit desmesurado que nos relegue al vagón de cola de una Unión Europea de dos velocidades de la que ya comienzan a hablar nuestros vecinos del norte, o bien un incremento de la presión fiscal en absoluto moderado como afirmaba ayer Zapatero en el Congreso de los Diputados y que alejará por largo plazo el horizonte de recuperación.

La necesidad de un pacto de Estado que permita efectivamente un cambio de modelo más allá de la retórica política se hace cada vez más urgente. Y no sólo en materia educativa, que, siendo imprescindible, no tendrá efectos visibles hasta pasada una década, sino también en materia económica. No somos Japón y no podemos esperar diez años.

Cualquiera que haya vivido durante un tiempo en Berlín conoce la mezcla de orgullo y fatalismo con respecto al futuro que los berlineses sienten por su ciudad. Desde los tiempos inmediatos a la caída del muro, en los que se convirtió en un territorio sin ley donde casi todo el mundo se beneficiaba de algún subsidio y los espacios culturales alternativos, las galerías, los clubes nocturnos florecían en cada esquina, los berlineses han vivido sabiendo que las cosas debían cambiar y temiendo al mismo tiempo que lo hicieran.

Veinte años después de la caída del muro y diez después de que Berlín haya vuelto a ser la capital de Alemania, las cosas, ciertamente, han cambiado. Durante 40 años, desde la creación de la República Democrática de Alemania (RDA) hasta su colapso, se habló de Berlín como de una ciudad dividida. La realidad era algo más ingrata. Si hubiese sido sólo una ciudad dividida habría bastado con la eliminación de la separación física para que sus dos partes se reintegraran y lo cierto es que ha sido necesario mucho más. Berlín eran dos ciudades que se miraban de reojo tratando de seducirse pero que en términos prácticos vivían de espaldas. Distintas redes de saneamientos, distintas redes eléctricas, distintas redes de metro cruzaban su subsuelo, y otro tanto sucedía en la superficie con todo lo que hace funcionar una ciudad.

Antes siquiera de que empezase el megalómano proyecto de reconstrucción que tanta atención viene despertando, hubo que armonizar infraestructuras que se daban por duplicado y que en el caso del este estaban en muchos casos obsoletas. Para todo ello hicieron falta dinero sin límite, mucho tiempo y el esfuerzo de conciliar puntos de vista diversos. Por ejemplo: ¿puede una ciudad de tres millones y pico de habitantes como tiene Berlín permitirse el lujo de mantener cuatro grandes óperas abiertas? La razón económica y muchos alemanes de otras regiones que con sus impuestos sufragan ese lujo dirán que no, pero, a cambio, innumerables berlineses sostendrán lo contrario.

Como desde hace años reconocen los políticos que la llevaron a cabo, la reunificación alemana ha sido mucho más difícil de lo que nunca se pensó, y eso atañe también a la ciudad de Berlín. Se ha dotado al este del país de infraestructuras equiparables y en muchos casos superiores a las del oeste, pero la brecha económica entre ambas zonas sigue ahí porque, desmantelada la anticuada industria de la Alemania comunista, el motor económico de la Alemania unida sigue en el oeste. Mientras, en el este el paro se desorbita, un millón y medio de sus habitantes ha emigrado al otro lado, los pisos vacíos proliferan y en algunas ciudades se ha empezado a pagar a los inquilinos para que no los abandonen. El mundo al revés. Así las cosas, es inevitable que muchos se pregunten con nostálgico rencor si no había nada aprovechable en el sistema de la RDA, si era necesario pulverizarla y engullirla como botín de guerra.

Esa pregunta está también en boca de muchos berlineses, pues Berlín es a todos los efectos una ciudad del este y ha sufrido quizá como ninguna las paradojas de la reunificación. Endeudada hasta lo inimaginable, sin industria ni casi recursos propios, con una economía basada en los servicios, Berlín es la capital más pobre de Alemania. Algo que no pueden ocultar ni las mastodónticas intervenciones urbanísticas, como Potsdamer Platz, con las que se han rellenado los grandes vacíos de las antiguas zonas fronterizas, ni las obras a cargo de mediáticos arquitectos diseminadas aquí y allá, ni la voluntad política, que hay detrás, de convertirla en una gran metrópoli europea en competencia directa con París o Londres. De momento no sólo la demografía se empecina en incumplir ese objetivo: también el dinero, que no llega con la fluidez esperada. En un principio, pareció lógico que si el parlamento, la cancillería y los ministerios regresaban a la ciudad, las grandes empresas harían lo mismo. Diez años después, han sido muy pocas las que lo han hecho y no parece que el ritmo se acelere en un futuro. ¿Tiene sentido empeñarse en construir una ciudad distinta de la existente si no hay fuerzas económicas que la demanden? ¿Es legítimo seguir endeudándola y gastando fondos federales y europeos por la ensoñación de que Alemania vuelva a contar con una capital a la altura de su poderío?

Dejando a un lado las nostalgias de salón y las rabietas más o menos utópicas, prácticamente nada de lo que se ha hecho en estos años en Berlín ha estado exento de polémica. Es sin embargo el debate arquitectónico y urbanístico el que más enconamientos ha suscitado. Los bandos han sido siempre dos. A un lado, el poder, quienes han tomado las decisiones, y, al otro, un conglomerado de opositores que defienden causas diversas. Están quienes reivindican que a la hora de construir la ciudad se primen los intereses de los ciudadanos y no los de los inversores privados a los que, en su búsqueda de dinero, las autoridades han cedido terrenos públicos; están quienes preferirían que no se hiciese nada, temerosos de que, cuando Berlín sea una capital más, con la eliminación de sus peculiaridades desaparezca aquello que aún hace de ella la ciudad más confortable y barata de Europa; están quienes protestan porque, por el camino, se esté destruyendo el patrimonio arquitectónico de la antigua RDA para sustituirlo por obras de muy dudosa valía, y están quienes cuestionan, tachándolo de conservador y antihistórico, todo el plan urbanístico de la ciudad. Ese plan, forjado por quien fuera durante quince años su arquitecto jefe, Hans Stimmann, a partir del concepto de “reconstrucción crítica” desarrollado por Josef Paul Kleihues para la Exposición Internacional de Arquitectura de 1984-1987, ha rehecho Berlín sobre los planos anteriores a la II Guerra Mundial, como si ésta y la etapa comunista no hubieran existido, e imponiendo unas rígidas normas de edificación que vetaban, por ejemplo, el uso del vidrio en las fachadas y limitaban la altura de los edificios salvo en casos muy concretos, como la mencionada Potsdamer Platz, en la que se abrió la mano para seducir a las tres multinacionales que sufragaron el proyecto.

Hoy en día hay en Berlín cuatro debates abiertos que ejemplifican las diferentes sensibilidades en liza: la incesante polémica, a raíz de la demolición del Palacio de la República, sede del antiguo parlamento de la RDA, para construir en su solar, a partir de 2010, un complejo museístico con aires de pastiche que, con un interior pretendidamente contemporáneo, reproducirá en su exterior el antiguo palacio real destruido durante la guerra; las dudas acerca del uso que se dará al inmenso solar que ocupaba el histórico aeropuerto de Tempelhof y que, ante el sospechoso silencio de las autoridades, muchos temen que se privatice; la presión ciudadana para modificar el proyecto Mediaspree, unos terrenos antes públicos a la orilla del Spree, a su paso por el céntrico barrio de Mitte, en los que una corporación de empresas se dispone a edificar un centro de negocios que dificulta el acceso libre al río; y la finalización, en la isla de los museos, del Neues Museum, cuyas ruinas permanecieron abandonadas desde la guerra y que el arquitecto británico David Chipperfield, para disgusto esta vez de los recalcitrantes de la falsificación histórica, que habrían preferido una copia del original neoclásico, ha restaurado devolviendo al edificio su antiguo volumen pero conservando sólo los elementos constructivos y ornamentales de los que quedaba algún resto y completando lo que falta con ladrillo visto y hormigón pulido.

Entre tanto, Berlín sigue construyéndose. Hace poco Luis Feduchi, profesor de arquitectura en Berlín, me decía que hay quien ve en la crisis una esperanza. Quizá, efectivamente, haya llegado el momento de acabar con los mastodónticos proyectos y trabajar, en todo caso, con la humildad conciliadora de Chipperfield. Quizá sea necesaria una pausa, para que la ciudad se reencuentre consigo misma, se acomode, y los berlineses que aún temen un futuro que nunca acaba de llegar dejen de temerlo.

Menos ladrillos, más ordenadores”. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero eligió la plaza de toros de Vista Alegre, el pasado 10 de mayo, para acuñar el lema del nuevo modelo económico que propugna. Tras el desplome del sector inmobiliario, la primera parte del programa está garantizada; no es tan seguro que la segunda pueda alcanzarse con sólo voluntad política. Ladrillo es una forma abreviada de referirse a la construcción, y posee abundantes connotaciones negativas, ya que en el uso común se asocia a la edificación excesiva y a la promoción especulativa; ordenador, por el contrario, remite al mundo fascinante de la Red, y sirve como signo de la nueva economía del conocimiento.

Censurar los abusos inmobiliarios y preconizar la modernidad informática suscita el aplauso fácil, pero no es seguro que dibuje un modelo verosímil: por un lado, la construcción no merece el papel de chivo expiatorio de la crisis, ya que ha sido un motor de la prosperidad española durante muchos años, y desempeñará sin duda un papel relevante en el futuro económico del país; por otro, el desarrollo basado en la innovación y el conocimiento difícilmente puede ofrecer resultados a corto plazo, habida cuenta de la precariedad actual de las universidades y la investigación, necesitadas de una reforma educativa desde los cimientos que sólo puede dar frutos tras décadas de esfuerzos.

Si España debe de mirar hacia Florida o hacia California es una discusión añeja, pero en cualquier caso la capacidad de elección viene condicionada por nuestros recursos geográficos, técnicos y humanos, que determinan las ventajas competitivas de los diferentes sectores, y no parece que el de la construcción sea el más ineficaz.

Desde luego, las 800.000 viviendas anuales que llegamos a alcanzar hace bien poco formaban parte de una burbuja especulativa creada por el exceso de liquidez y la canalización del ahorro hacia la inversión residencial, pero alimentada también por la demanda de la población inmigrante en las ciudades y de los europeos acomodados en las costas.

Tras el estallido de la burbuja, nada hace pensar que la construcción no pueda seguir siendo -junto con el turismo, la banca comercial o las energías renova-bles- un puntal del modelo económico. Deberán levantarse menos viviendas nuevas y menos edificios institucionales ostentosos, habrá de prestarse más atención a la rehabilitación o reforma de lo existente, y será imprescindible que la sostenibilidad impregne tanto la construcción como el urbanismo, situando el medio ambiente y el paisajismo en el corazón crítico de la arquitectura; pero el hoy denostado ladrillo continuará soportando el empleo y el bienestar de los españoles.

Dos semanas más tarde que Zapatero, el ministro de Fomento, José Blanco, formuló en el Congreso de los Diputados su propio lema departamental: “Menos puentes de Moneo y más infraestructuras”. El mensaje, más allá del desliz de confundir a Moneo con Calatrava, matiza y en parte contradice el del presidente del Gobierno. Por una parte, se declara a favor de las infraestructuras, lo que supone apoyar la construcción, aunque más en su variante ingenieril del cemento que en su versión arquitectónica del ladrillo; entendido de esta forma, viene a ser una reiteración de las políticas neokeynesianas que procuran reanimar la economía con el electroshock de las obras públicas, de manera que el endeudamiento del Estado reemplace con cemento público el desfallecimiento del ladrillo privado.

Pero, por otra parte, manifiesta su oposición a la autoría, lo que puede interpretarse como desconfianza ante esa economía del conocimiento y la excelencia que Zapatero parece defender o, más benévolamente, como simple rechazo del despilfarro que con frecuencia se asocia a los proyectos de autor. Por desgracia, ese despilfarro se produce demasiado a menudo, pero, en la mayor parte de los casos, más por la ineficacia de la gestión y el descontrol de los procesos que por incompetencia o descuido de los arquitectos, a los que tradicionalmente se les ha inculcado -como solía decir el desaparecido maestro Alejandro de la Sota- que deben dar liebre por gato: ofrecer a la sociedad y al usuario más esfuerzo y rigor que los habitualmente demandados por el cliente público o privado.

Acaso sea el momento de recordarlo sin jactancias: si nos guiamos por el ranking internacional más difundido, es fácil hallar media docena de arquitectos españoles -y a menudo un número mayor- entre los cien más destacados del mundo; por lo menos en este asunto de las listas, la arquitectura está acercándose al nivel del tenis, y los medios se ocupan de sus éxitos en el extranjero con la misma devoción que merecen las victorias deportivas.

Sin embargo, y en contraste, no existe ninguna universidad española entre las cien primeras de los rankings más respetados; hay, es cierto, escuelas de negocios con proyección y prestigio internacional, pero ninguna universidad como tal alcanza a pasar el corte del top cien. ¿No sería una forma más eficaz de promover la economía del conocimiento proponerse un objetivo alcanzable y verificable como, por ejemplo, situar tres universidades españolas entre las cien mejores del mundo en un plazo de 20 años?

El tiempo necesario para materializar estas ambiciones intelectuales y científicas desborda probablemente los ciclos cortos de la política electoral, pero el objetivo está en proporción con nuestro peso demográfico y económico, de manera que sólo las pequeñas mezquindades partidarias podrían dificultar su logro. En cualquier caso, y mientras eso no suceda, los arquitectos -y los tenistas- serán los representantes de la excelencia española en el mundo.

A muchos les resultará paradójico que se defienda el ladrillo como parte de la economía del conocimiento, pero lo cierto es que, junto a los intolerables abusos de la codicia inmobiliaria, en este sector ha habido muchos episodios modélicos y muchos ejemplos de liderazgo, por lo que no parece sensato fustigarlo sin motivo desde el poder, sea a cuenta de la seguridad de Barajas o de los puentes de Moneo.

Más contradictorias con los objetivos declarados de configurar una economía verde son desde luego las subvenciones al automóvil, que se han aceptado con docilidad por entenderlas coyunturales o de emergencia, pero que actúan en sentido contrario a las políticas nominalmente defendidas por el Gobierno. El automóvil, como generador del urbanismo disperso, es el principal enemigo de la sostenibilidad, pero todavía no acaba de entenderse bien que los bloques atroces de Paco el Pocero son ecológicamente menos lesivos para el territorio que las extensiones interminables de chalés o adosados. Más que los colectores solares en los tejados, lo que hace a una ciudad sostenible es la densidad, un objetivo incompatible con la suburbanización contemporánea.

En los próximos años, como sostiene Carlos Slim, probablemente nuestra tarea sea crear empleo incluso en ausencia de crecimiento, y en ello la construcción puede ser un instrumento fundamental, y no sólo porque las rehabilitaciones y remodelaciones que van a protagonizar el futuro inmediato son más intensivas en trabajo que la obra nueva, sino porque mucho de lo que debe hacerse tiene casi el carácter de crecimiento negativo: un urbanismo del despojamiento, que elimine todos los elementos innecesarios o agresivos del paisaje urbano, desde las vallas publicitarias hasta el mobiliario redundante, limitando la presencia del automóvil y amortiguando con vegetación los errores del pasado; y una arquitectura de lo esencial, que valore la continuidad física e histórica, y que sepa dar más por menos.

Quizá es cierto que necesitamos menos ladrillos, pero sobre todo necesitamos ciudades más sostenibles; y quizá también necesitamos más ordenadores, pero sobre todo necesitamos mejores escuelas. Contribuyendo a la creación de empleo y a la competitividad del país, la arquitectura -el ladrillo- puede suministrar más eficacia, más placer y más belleza. Nuestras vidas son necesariamente breves, pero no es imprescindible que además sean brutales.

Los objetivos de las medidas avanzadas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el debate sobre el estado de la nación se dirigen, lógicamente, a mantener el nivel de empleo, o contener el avance del paro, al tiempo que se auxilia a dos sectores (la construcción y el automóvil), que están pasando sus horas más bajas. El coste fiscal de estos paquetes está todavía por concretar, pero el muy elevado déficit pú- blico previsto ya para este año (por encima del 8% del PIB, según la Comisión Europea) y las expectativas del 2010, también con unas finanzas públicas muy problemáticas, sugieren que será moderado. Y que, a pesar de los deseos del Gobierno, el margen de maniobra disponible se está agotando muy rápidamente, por lo menos el de este ejercicio.

LA MEDIDA más notable ha sido el anuncio de la supresión de la desgravación fiscal a la compra de vivienda para las rentas por encima de los 24.000 euros a partir del 2011. Y no tanto por los efectos inmediatos que pueda provocar, como por sus consecuencias más dilatadas en el tiempo. La supresión de esa desgravación generalizada, y el uso de esos recursos para incentivar el mercado de alquiler de vivienda, había sido una petición que ya la OCDE había elevado al Gobierno español nada menos que en el 2003. Pero como estábamos en fase de expansión económica, no hubo el consenso social necesario para retirar un estímulo, que fue definido en 1985 por Miguel Boyer para relanzar una economía prácticamente estancada (y que entonces se extendió a la compra de cualquier vivienda).
Ahora parece que se hace de la necesidad, virtud. La virtud es, lógicamente, incentivar la compra de vivienda por quienes ya estaban decididos a hacerlo y esperaban más reducción de precios. La necesidad, me parece, no es otra que situar el déficit público por debajo del 3% a partir del 2011, de acuerdo con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
Por su parte, la propuesta de fomentar la compra de automóviles aparece también como necesaria para recuperar el gasto en un bien de gran peso en la composición final del consumo. Los problemas que atraviesan el grueso de los fabricantes radicados en España también justifican la adopción de una medida de este tipo, como ya ha sucedido en Alemania y otros países europeos. Refuerza, además, el mantenimiento del empleo de los concesionarios, un sector comercial que había experimentado un inusitado auge en la fase de expansión.
Pero no deja de ser paradójico que nuestra Administración central, que estuvo financiando este proceso en los años del boom con el programa Prever, sea ahora tan cicatera en el diseño de esa política. Los 500 euros prometidos por Zapatero suenan a bien poco, aunque la medida es del todo necesaria.
La reducción de la imposición directa a autónomos y pymes que mantengan el nivel de empleo parece bien enfocada, aunque su instrumentación debería ser objeto de algunos importantes retoques que tengan en cuenta la capitalización de esas empresas, tan necesarias para el futuro productivo del país.
Hay también una medida que está alejada de la necesidad de recuperación del pulso económico: la previsión de dotar a cada escolar, a partir de quinto de primaria, con un ordenador personal y, si fuera necesario, con conexión familiar a internet. Honestamente, creo que se hace un flaco favor al debate sobre las razones del fracaso escolar en España si creemos que con ordenadores personales estamos avanzando seriamente en su solución. La mejora de la comprensión lectora, el avance en matemáticas o en capacidad de expresión, tienen poco que ver, en el límite, con los instrumentos que se utilicen, sean papel y lápiz o un ordenador.
La medida parece destinada a los niños de hogares con menor capacidad cultural, más alejados de las nuevas tecnologías. Pero no tengo claro, en absoluto, si evitar la brecha digital pasa primero por poner el ordenador y la conexión a internet, o luchar contra las razones del fracaso escolar.

DE TODAS formas, y con todas las cautelas, bienvenidas sean esas medidas. Sin duda van a contener el deterioro de ciertas actividades y, desde este punto de vista, van a coadyuvar a frenar la caída actual de la actividad. Pero hay que ser conscientes de que, en ninguno de los mercados a los que se dirigen (automóvil, vivienda o empleo), vamos a recuperar, en los próximos años, los valores alcanzados en el período alcista anterior. Cabe recordar ahora que el mercado de automóviles había experimentado aumentos excepcionalmente intensos desde finales de la pasada década. Los niveles de matriculación entonces alcanzados no regresarán en varios años. Igual en el mercado inmobiliario. Dado el volumen de deuda acumulado por los hogares, vamos a tardar un largo período de tiempo en contemplar una recuperación franca. Y en el ámbito del empleo, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo, vinculados directa o indirectamente a la construcción, es, también, inevitable.
Bienvenidas sean esas propuestas, en la medida en que contribuyen a dulcificar el duro proceso en el que está inmersa nuestra economía. Pero no nos confundamos. El ajuste es, además de inevitable, necesario.

Como comprenderán fácilmente, no tengo la costumbre de leer informes del Parlamento Europeo ni de ningún otro Parlamento; sin embargo, a instancias de un amigo jurista, he leído un documento que les recomiendo si les gusta la literatura de terror: se trata del informe elaborado por la diputada danesa Marguete Auken sobre “el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario”. Es un texto de 30 páginas que se puede leer tanto como un relato espeluznante cuanto como un pequeño tratado acerca de las peores conductas en materia política y moral.

De hecho, yo introduciría el informe de la señora Auken como lectura obligatoria en escuelas y universidades, y además, exigiría su conocimiento detallado previo a todo candidato a ocupar un cargo público. Ustedes se preguntarán por qué muestro tanto entusiasmo por ese documento redactado con la falta de gracia que caracteriza a este tipo de escritos, y la respuesta es que puede considerarse un espejo contundente que refleja, sin florituras ni hipocresías, la abyección incrustada sórdidamente en nuestra vida pública.

Lo que de entrada llama más poderosamente la atención es la conspiración del silencio que rodea al asunto y que se explica por la vergonzosa alianza de los eurodiputados socialistas y populares españoles en el momento de rechazar el informe de Auken que, no obstante, fue aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo a finales del pasado mes de marzo por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. Una arrolladora mayoría a la que se opusieron hasta el final populares y socialistas, tan lamentablemente estos últimos que, según informaron los periódicos al día siguiente de la votación, Michael Cashman, socialista también él y autor de un informe previo sobre el tema, acabó votando a favor de la resolución.

Leído el escrito no extraña en absoluto aquella conspiración de silencio, pues son tantos quienes quedan retratados que apenas es comprensible que un escándalo de tales dimensiones haya podido oscurecerse con permanente disimulo durante décadas. Fíjense, además, que, condenada España severamente por la impunidad que ha rodeado a la corrupción, tampoco con posterioridad nuestros foros parlamentarios se han hecho eco de la resolución europea y, cómplices entre sí los diversos partidos, ha continuado la alegre política de poner la cabeza bajo el ala.

Personalmente, la sensación más desagradable que me ha quedado tras la lectura del informe Auken es que el gran saqueo, la devastación sistemáticadel litoral español, y no sólo del litoral -una devastación que afectará a varias generaciones, las cuales señalarán a la nuestra como culpable-, es algo acaecido durante la democracia y no antes, en el franquismo. Los destrozos heredados de éste se han multiplicado, en las décadas democráticas, hasta límites insoportables. La conclusión no es difícil: nuestra democracia ha sido tan débil y tan poco vigilante que ha aupado una auténtica antidemocracia que pone en cuestión, como actualmente se está comprobando, muchos de nuestros supuestos avances.

Esta idea inquietante se desarrolla exhaustivamente en el informe con una relación minuciosa de hechos igualmente inquietantes cuyos protagonistas tienen en común la codicia, una concepción mafiosa de la política y un sentimiento de impunidad que resulta tanto más irritante por el descaro con que se manifiesta. De hacer caso a Auken, y al Pleno del Parlamento Europeo, la responsabilidad del desastre se propaga por todos los círculos del Estado español, desde el más general al más local. En este peculiar relato de terror se cita con la misma dureza a la Generalitat valenciana en manos de los populares que a la socialista Junta de Andalucía, tuteladora de diversos pillajes en Almería y sustentadora, por acción u omisión, de esa peculiar joya de la corona de la corrupción que ha sido Marbella. Al igual que sucede con todo buen relato de terror hay también en el texto pasajes cómicos, como las trampas que diversos funcionarios tienden a las comisiones de investigación enviadas desde Bruselas o las aireadas protestas de castizos alcaldes quejosos con la intromisión de las narices nórdicas en las suculentas recalificaciones de los terrones mediterráneos.

A estas alturas, y con murallas de hormigón por todos lados, sabemos perfectamente que sólo a la sombra de políticos ventajistas ha podido tejerse la telaraña de especulación y codicia de la que ahora parecemos lamentarnos. Sin embargo, lo grave es que ya lo sabíamos. Estos años de destrucción del territorio del patrimonio han transcurrido a la vista de todos. Bastaba coger el Euromed para comprobar lo que ocurría en la costa castellonense o alicantina; bastaba atender al vértigo de los precios de las viviendas, presentado a menudo como signo de nuestro progreso colectivo, para percibir que algo nauseabundo se cocinaba a nuestro alrededor.

¿A nuestro alrededor? Con su crudeza estilística Marguete Auken pone el dedo en la llaga al describir la corresponsabilidad de los ciudadanos en la callada aceptación del delito. Es cierto que a la cabeza del cortejo de la corrupción han marchado políticos vendidos, especuladores o avariciosos y prestamistas fraudulentos, pero ¿y tras ellos? Conchabados promotores inmobiliarios, concejales e instituciones financieras, ¿qué hacían los jueces? Según Auken, poco, y lo poco que hacían lo hacían tan lentamente que es como si no hicieran nada. La policía iba en consonancia con los jueces. Pero tampoco los otros estamentos ciudadanos ofrecieron resistencia. Los medios de comunicación han reaccionado tarde y los ciudadanos han acabado horrorizándose como consumidores más que como ciudadanos.

Hasta aquí el relato de terror con que la señora Auken ha descrito vivamente, con ingenuidad nórdica y con toda la razón del mundo, el gran saqueo de lo que pertenecía al futuro por parte de nuestros modernos depredadores. Casi nada más se puede añadir al cuadro trazado que, en buena medida, explica las dramáticas percepciones sobre la actual crisis económica.

Aunque bien pensado, quizá sí se puede añadir algo: el gran saqueo material de todos esos años, generador de enormes fortunas y de daños irreparables, no habría sido posible si, paralelamente, no hubiéramos incurrido en el gran saqueo de las conciencias al que ahora denominamos “falta de valores”, “novorriquismo” y cosas semejantes, pero que en los años opulentos, o que creíamos opulentos, estableció una férrea cadena de complicidades entre estafadores y futuros estafados, vinculados unos con otros por el sueño del dinero -sueño, luego, pesadilla para las víctimas- y por la confusión entre bienestar y beneficio. Gracias, señora Auken.

Desde el Cabo de Rosas hasta la frontera con Portugal, nuestro país dispone de más de mil kilómetros de costa y playa y muy pocos espacios naturales. Nuestra oferta turística es la naturaleza y el clima. Representa una partida muy importante de muestro producto interior bruto. Mientras se mantenga la estructura económica de nuestros consumidores de espacios de ocio y descanso todavía podemos competir en el mercado de las vacaciones en situación ventajosa.

Cuando ya casi todo el espacio disponible estaba cubierto de cemento se reaccionó con una Ley de Costas de 1988 que pretende proteger espacios y elementos naturales frente a las perjudiciales consecuencias derivadas de obras e instalaciones. Nada que objetar.

¿Pero queda algo que proteger? Poco o nada. La realidad es descorazonadora y ha servido para alentar a los infractores. Teníamos un patrimonio que hemos malversado con el aplauso unánime y la entrega entusiástica de los complacientes siervos de los depredadores.

En todo caso, ¿existe voluntad de realizar ineludibles, legales y exigibles demoliciones? Parece que no. Cientos de miles de plazas hoteleras y segundas residencias tienen una sentencia firme de derribo sin que nadie tome la más mínima iniciativa para que se cumplan. Habrá que indemnizar a los terceros de buena fe si es que se demuestra su virginal inocencia. La legalidad se ha convertido así en un vacío patético que simboliza la impotencia de las reglas ante la desvergüenza de los poderosos e impunes.

Pero quedan los chiringuitos como hispánico muestrario de nuestras costumbres de ocio y gustos culinarios. En ellos se podía reposar con una caña o un tinto de verano, jugar al dominó y al mus y ofrecer manjares exclusivos de la vera del mar, además de nuestra universal paella regada con sangría y limón.

Espero que los custodios de las normas sean algo más que unos mecánicos lectores y sepan que la ley sin la razón es el súmmum de la injusticia. No hace falta ser ingeniero o arquitecto para saber que los chiringuitos ocupan unos metros cuadrados de playa. Es necesario reflexionar antes de tomar decisiones al pie de la letra.

Salvando los escasos recintos naturales subsistentes, el resto de las playas mediterráneas españolas, son un pequeño microcosmos. Los chiringuitos están situados en la última línea de playa lindando casi siempre con paseos marítimos desde los que se accede a sus recintos, en los que familias enteras sueltan a sus niños con una cierta tranquilidad salvándolos de los ciclistas alocados y de los residuos digestivos de perros mimados por sus dueños.

Creo que no hace falta ser un experto en ecosistemas para comprobar que en invierno sobra playa y que en verano esas lindes sufren altísimas temperaturas que las hacen inhabitables. Hasta que se instalaron las pasarelas, pisar la arena en pleno mes de julio o agosto producía quemaduras de una cierta intensidad en las plantas de los pies. Todos hemos proferido más de una blasfemia al entrar en contacto con ese espacio al parecer tan agredido por los chiringuitos.

El único espacio habitable es, pues, su sombra acogedora que te ofrece la posibilidad de aislarte o integrarte, según tus gustos y días, con gente que quiere compartir la buena mesa y la fresca bebida, y con la posibilidad, si te apetece, de abrirte paso hasta el mar saltando por encima de los que racionalmente han buscado la proximidad del agua como único espacio vivible.

Los chiringuitos deben cumplir determinadas normas de distancias, alineamientos y saneamientos que la mayoría de sus dueños son los primeros en cuidar con esmero. Generan 50.000 puestos de trabajo directo, más los refuerzos veraniegos y los suministros inducidos. Y entretanto, las arcas de los Ayuntamientos se benefician de los impuestos, los ciudadanos disfrutamos de sus espacios y los bañistas no se ven privados del mar.

Hay mucha tarea por delante, no nos obcequemos con los chiringuitos, dejémosles en paz, siempre que sean un espacio de encuentro placentero que no perjudiquen los intereses generales y las zonas de uso colectivo. Lo lamentable es que su subsistencia, en este raro y trasnochado país, se haya convertido en una opción ideológica de derechas o izquierdas.

Resulta demoledor para el sentido de la justicia contemplar la implacable y eficaz demolición de poblados marineros que llevan más de un siglo en sus asentamientos y el derribo de los chiringuitos, mientras miles de construcciones con sentencia firme de derribo permanecen incólumes.

Si los chiringuitos autorizados no obstaculizan el uso colectivo de la playa, contribuyen a los ingresos por turismo, constituyen espacios de ocio y de descanso y crean puestos de trabajo, ¿qué grave delito han cometido? El problema es real y preocupa a los habitantes de las costas mediterráneas. Pero como Madrid, donde están instalados los medios de comunicación de difusión nacional, no tiene chiringuitos playeros, el debate no existe para esos medios. Ahora bien, si quieren conocer sus dimensiones políticas, sociales y económicas, lean los antaño llamados periódicos de provincias.

Por segunda vez en menos de un siglo, la modernidad volvía a España de la mano de sus ciudades y pueblos. En abril, en ambas ocasiones. La primera desembocó en la esperanza fallida de la II República Española. La segunda asentó una transición y una convivencia libre de manera permanente, la que alumbró la Constitución de 1978.

Entre 1939 y 1975, una larga noche oscura y unos cambios demográficos, territoriales, económicos y sociales de asombro, sobre todo a partir de la España de los Planes de Desarrollo y del Seiscientos. Las migraciones forzadas por la miseria y la desesperanza rurales construyeron nuevas periferias urbanas, la triste periferia, la lágrima del urbanismo, lo que Candel señaló como el lugar donde la ciudad cambia de nombre. Un desarrollo acelerado, devastador, capaz de generar acumulaciones de plusvalía sin precedentes sobre las espaldas esquilmadas de los nuevos urbanitas.

Desarrollo acompañado de un déficit descomunal de las infraestructuras más elementales, del saneamiento a la recogida y tratamiento de residuos urbanos, del transporte a la vivienda, de la educación a la salud, de los espacios para el ocio y la cultura al deporte para la ciudadanía, de las calles sin pavimentar a las aceras inexistentes. Los cambios sociales del “desarrollo” propiciaron la lenta pero imparable consolidación de los movimientos urbanos. Reivindicaciones de esquina y barrio, embrión de propuestas más ambiciosas, de ciudad. Se reencontraron como en antigua comunión democrática profesionales del urbanismo, la economía, la sociología, con líderes sociales, dirigentes políticos y sindicales clandestinos, y una muchedumbre de gentes que rechazaban el servilismo del súbdito para reivindicar la honrosa condición de ciudadano.

Las gentes del CEUMT, de Alfoz, de CAU y tantos otros foros elaboraban diagnósticos, proponían soluciones para cuando llegara el momento. Pero la prioridad política, en los albores de la democracia recuperada, fue -por desgracia para las ciudades- por otro lado. Para aceptar la autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia se arbitró una descentralización que incluía identidades regionales sin región. Las ciudades quedaron para mejores tiempos: en la primavera de 2009 parece que aún no ha llegado el momento.

El resultado, nefasto para el espacio en que vive y trabaja la ciudadanía, la ciudad. Las reformas no alcanzan su primera traducción democrática hasta la Ley de Bases de 1986, y el peldaño fallido de la Ley de Haciendas hasta 1988. El reconocimiento de la realidad metropolitana, de los ámbitos reales de movilidad, de trabajo, se estrella contra los poderes emergentes de las autonomías, las históricas y las nuevas. Por no añadir la capacidad, indiferente al signo político de la élite regional, de interferir en las ciudades y su gestión.

Cubrir los déficits más urgentes, acumulados por la desidia y la voracidad, y, a la vez, diseñar un horizonte, constituyeron las tareas de los ediles de 1979. Sin recursos, suplir las carencias de otras administraciones. La orden mendicante y exigente de los alcaldes de las grandes ciudades daría paso a la Federación de Municipios y Provincias.

El cambio se produjo en las ciudades, y así se reflejó en las elecciones generales de 1982. Y el éxito anuló la exigencia, la participación activa de la ciudadanía organizada. Muchos líderes sociales urbanos acabaron en las poltronas de las administraciones, las autonómicas y estatales, con gobiernos de uno u otro signo.

Nunca en tan breve espacio de tiempo nuestras ciudades y pueblos experimentaron una transformación tan profunda y sentaron las bases para un espacio urbano habitable. Por obra de decenas de miles de ediles que se entregaron a sus conciudadanos de manera altruista y generosa.

La izquierda autocomplaciente, o la autoinmolada, renunció en muchas ciudades a gestionar su patrimonio político y social, el adquirido con sus propuestas y realizaciones. Una pena: se lo quedaron quienes nunca desearon ni formularon propuestas más allá de favorecer a las oligarquías urbanas, las antiguas, y las nuevas.

El abandono de la ciudad creativa, culta, igualitaria, innovadora y capaz de competir en cooperación dentro del sistema de ciudades españolas y europeas, da paso al ombliguismo, a la cortedad de miras, incluso con los entornos más inmediatos, los metropolitanos, en una especie de pinza entre el desdén de los administradores locales y la saña de los poderes autonómicos emergentes, celosos de cualquier atisbo de contrapoder tan imprescindible para el funcionamiento de la democracia.

Cunde el clientelismo, la desmovilización, la propaganda que sustituye a la información, la generación de nuevos súbditos. Las ciudades han mejorado pero el ejercicio de la ciudadanía, la participación, la ilusión son frutos caídos. Treinta años más tarde, la Cenicienta financiera de las administraciones públicas, es la local. La administración más cercana, la que es capaz de ser solidaria en su ámbito y más allá, la que puede afirmar su capacidad de competir en colaboración, la que no necesita fronteras, vive una profunda crisis por mal gobierno de unos y desidia de otros. La vieja matrona es despreciada, los bárbaros de Kavafis han vuelto y la ciudad no tiene quien le escriba. Pero renacerá, no lo duden ustedes.

¿Puede la actual crisis ser un estímulo para desarrollar una nueva economía en torno al desarrollo eco-eficiente? España es un referente mundial en el desarrollo de infraestructuras urbanas, construcción de equipamientos y espacios públicos, diseño de viviendas innovadoras y de buena arquitectura. Y es un líder en la producción y gestión de energías renovables. El equivalente a los automóviles eléctricos que hoy se desarrollan en Estados Unidos, Alemania o Japón con los que se pretende impulsar una nueva etapa económica global, puede tener su replica en los eco-barrios, edificios autosuficientes, y diseños de viviendas avanzadas que se pueden desarrollar en España. ¿Es posible superar los debates respecto a la crisis de la economía del ladrillo y centrarse en la oportunidad del desarrollo de nuevos modelos de hábitats autosuficientes, con los que mejorar nuestra calidad de vida, y presentarse al mundo?

La sociedad de la información y el mundo en red, ha cambiado la manera como habitamos las ciudades, pero no ha cambiado las ciudades. Siguen siendo diseñadas y construidas con parámetros propios de la sociedad industrial, disfrazadas en ocasiones con dosis de sostenibilidad. Las actuales circunstancias económicas son un fantástico punto inicial para afrontar la transformación física de los espacios que habitamos de acuerdo a nuevas reglas relacionales. ¿Cómo se aplica el modelo distribuido de Internet a la habitabilidad del mundo?

La sociedad industrial se ha caracterizado por resolver las necesidades humanas a través de grandes infraestructuras que abastecían a millones de personas. Energía, alimentos y bienes se producían de forma centralizada con estructuras creadas para resolver necesidades a la escala global, que luego necesitaban mecanismos logísticos para llevar a la escala individual dichos productos. Estas estructuras funcionaban porque había trabajadores que producían y millones de consumidores que consumían. Ahora, si no consume, el mundo no funciona. Y si se consume, el planeta se degrada.

Sin embargo, a los trabajadores-consumidores de la era industrial les pueden suceder los creadores-productores conectados de la sociedad de la información capaces de producir casi cualquier recurso de forma local a partir de un know-how que se comparte en red. Éste es probablemente el gran cambio de paradigma, que va a transformar la economía y que debe transformar la habitabilidad del territorio.

Frente a un modelo con pocos centros de producción que abastecían a millones de personas con el mismo producto, Internet fomenta la relación de millones de personas que producen contenidos diversos y que permiten personalizar tanto el momento como el producto producido y la manera como se intercambia con otros nodos de la red. La aplicación de estas estructuras, a la construcción del mundo físico, fomentaría el desarrollo de estructuras autoorganizadas tendentes a la autosuficiencia, capaces de crear y mejorar calidad de vida, y consumir menos recursos.

La autosuficiencia conectada es el límite de la sostenibilidad. Este era un concepto basado en buenas intenciones, no definible a partir de parámetros precisos, y ya vacío de contenido por su uso indiscriminado para justificar casi cualquier acción sobre el territorio. La autosuficiencia conectada plantea seguir los principios autoorganizativos propios de los sistemas naturales, que tienen por principio esencial la perdurabilidad en el tiempo con el menor consumo energético. Más que confiar en un desarrollo sostenible, hay que iniciar un proceso proactivo de dotación de estructuras eco-eficientes del territorio construido y de producción de excedentes energéticos en los nuevos desarrollos.

Y varios de los elementos básicos de la habitabilidad de las personas, directamente relacionados con las estructuras que habitamos pueden ser transformados siguiendo principios nuevos:

1. Energía. Cualquier edificio, barrio o ciudad, debería generar el 100% de la energía que consume en el propio lugar a través de la introducción de sistemas captadores integrados en los primeros edificios, que se comparten a través de microrredes inteligentes. Este principio debe redefinir la propia forma de la arquitectura que debe garantizar por medio de su geometría y su posición en el territorio, que es capaz de generar su energía.

2. Alimentos. Lo urbano es por definición diferente de lo agrícola. En el campo se hacía la comida y en la ciudad se consumía. Para dar valor a los alimentos, habría que fomentar la puesta en valor de las grandes extensiones de terreno muy fértil situado en el entorno de grandes ciudades, la distribución directa desde el punto de cultivo al de consumo o la creación de huertos urbanos. Y estos paisajes agrícolas deberían introducir sus trazas y estructuras en los desarrollos en los bordes de las ciudades.

3. Fabricación. La doctrina de los últimos años, decía que en los países avanzados se diseñaba y en los emergentes se fabricaba. Sin embargo, el desarrollo de maquinaria de fabricación avanzada permite que cualquier objeto pueda ser producido en cualquier lugar del mundo por cualquier persona, a partir de conocimiento compartido. Los laboratorios de fabricación o Fab Labs son las nuevas fábricas locales, que fomentan economías de alto valor y evitan millones de desplazamientos diarios.

4. Internet. Tras el Internet de la economía, y el Internet social, el próximo Internet es el Internet de las cosas: objetos, lugares y edificios fabricados con cierta inteligencia, y relacionados con el fin de ahorrar energía, y fomentar la interacción social. De esta manera, existe un potencial de aumentar la eficacia del mundo físico dotándole de nuevas propiedades relacionales, a partir de criterios desarrollados de forma abierta y transparente.

5. Compartir. Si el mundo físico se divide entre espacios públicos y privados, Internet nos enseña los beneficios de los recursos compartidos. El intercambio propio de la economía va más a allá de comprar o vender. Existen otros modelos más centrados en el uso de las cosas, que no en su propiedad, aplicables a espacios urbanos y habitacionales.

6. Conocimiento. El conocimiento es la materia prima fundamental de la nueva economía, y la investigación su principal mecanismo de producción. Cualquier ámbito de la sociedad puede ser motor de la economía, si se investiga y se fomenta la innovación en torno a él. La arquitectura, y el desarrollo urbano deberían ser capaces de mezclarse con disciplinas próximas, como la ecología urbana, el paisajismo, el diseño de nuevos materiales, la nanotecnología o la inteligencia artificial.

Estos y otros cambios de paradigmas pueden fermentar un cambio estructural en la manera cómo se diseñan, producen o reforman las ciudades. La arquitectura debe superar su etapa puramente icónica y volver a los principios esenciales de lo sistémico, donde el proyecto de la habitabilidad sea entendido de forma global. Hay que diseñar barrios y ciudades eco-eficientes, asumiendo que quizás haya que invertir más para ahorrar más. La figura del arquitecto que repite sus diseños (cual franquicia) por ciudades de todo el mundo, es obsoleta. Y hacen falta políticos que lideren estos procesos, en los que más allá de gestionar problemas puedan reconocer oportunidades en las ciudades y en el territorio y las sepan ejecutar, a la velocidad adecuada.

Ahora es el momento de innovar y crear un nuevo liderazgo, más que de vender los logros pasados, o criticar los excesos de los que se quisieron beneficiar del sistema sin aportarle valor. España ha tenido en los últimos años una posición central en el debate urbano internacional porque ha sabido trasladar su transformación social y económica a una transformación física de sus ciudades y su territorio. El desarrollo de experiencias de éxito de una nueva forma de construir y habitar el territorio puede permitir generar nuevas economías a partir de trasladar tanto a países desarrollados, como a las economías emergentes, las experiencias relativas al diseño de nuevos hábitats autosuficientes.

It does not take much to galvanize protest against a movie in India, but few thought the word “slumdog” would cause so much anger — especially as hundreds of Bollywood titles translate into much worse slurs. We had to pay attention, though, when friends from Mumbai’s sprawling Dharavi area joined hands with those demonstrating against the Oscar-nominated film “Slumdog Millionaire.” The Indian media widely reported that the outrage was over the word “dog.” But what we heard from Manju Keny, a college student living in Dharavi, was something else. She was upset at the word “slum.” We could not agree more.

In truth, the movie never claims to be a portrait of Dharavi, though some of the most spectacular scenes were shot there, including depictions of the anti-Muslim riots of 1992. The director, Danny Boyle, constructs a cinematic slum out of many pockets around Mumbai. The opening sequence has children playing near the airport, being chased by policemen and ending up — in a moment of pure Hollywood magic — a few miles away in Dharavi.

The imagery represents what most middle-class residents of Mumbai (and now all over the world) imagine Dharavi to be. The urban legend of its squalor has taken root because few Mumbaikers have ever been there — just as most Manhattanites still avoid stepping anywhere near Bedford-Stuyvesant, that beautiful neighborhood in Brooklyn. Times may have changed since the mid-’70s, when the community worker Barry Stein described Bed-Stuy as the “largest ghetto in the country,” but prejudices die hard, in New York and India.

Its depiction as a slum does little justice to the reality of Dharavi. Well over a million “eyes on the street,” to use Jane Jacobs’s phrase, keep Dharavi perhaps safer than most American cities. Yet Dharavi’s extreme population density doesn’t translate into oppressiveness. The crowd is efficiently absorbed by the thousands of tiny streets branching off bustling commercial arteries. Also, you won’t be chased by beggars or see hopeless people loitering — Dharavi is probably the most active and lively part of an incredibly industrious city. People have learned to respond in creative ways to the indifference of the state — including having set up a highly functional recycling industry that serves the whole city.

Dharavi is all about such resourcefulness. Over 60 years ago, it started off as a small village in the marshlands and grew, with no government support, to become a million-dollar economic miracle providing food to Mumbai and exporting crafts and manufactured goods to places as far away as Sweden.

No master plan, urban design, zoning ordinance, construction law or expert knowledge can claim any stake in the prosperity of Dharavi. It was built entirely by successive waves of immigrants fleeing rural poverty, political oppression and natural disasters. They have created a place that is far from perfect but has proved to be amazingly resilient and able to upgrade itself. In the words of Bhau Korde, a social worker who lives there, “Dharavi is an economic success story that the world must pay attention to during these times of global depression.”

Understanding such a place solely by the generic term “slum” ignores its complexity and dynamism. Dharavi’s messy appearance is nothing but an expression of intense social and economic processes at work. Most homes double as work spaces: when morning comes, mattresses are folded, and tens of thousands of units form a decentralized production network rivaling the most ruthless of Chinese sweatshops in efficiency. Mixed-use habitats have often shaped urban histories. Look at large parts of Tokyo. Its low-rise, high-density mixed-use cityscape and intricate street network have emerged through a similar Dharaviesque logic. The only difference is that people’s involvement in local development in Tokyo was seen as legitimate.

Building on what exists, rather than clearing it for redevelopment, may preserve not only the character of a place but also its economic vibrancy. In Dharavi, it would allow all residents to leverage their most precious asset: a place to live and work. Slum-rehabilitation projects in Mumbai often end up creating new slums elsewhere as they increase real-estate value in the places they redevelop.

In the movie, when the protagonists return to their childhood haunts, they find that multistoried apartments have replaced the old decrepit structures, giving the impression of urban mobility and transformation. What the camera doesn’t reveal are the enormous shantytowns hidden behind those glistening towers, waiting to be redeveloped all over again.

In many ways, Dharavi is the ultimate user-generated city. Each of its 80-plus neighborhoods has been incrementally developed by generations of residents updating their shelters and businesses according to needs and means. As Ramesh Misra, a lawyer and lifelong resident, puts it: “We have always improved Dharavi by ourselves. All we want is permission and support to keep doing it. Is that asking for too much?”

Los incendios forestales en Australia han dejado devastación y decenas de víctimas. Aquí estamos en invierno. Es un buen momento para hablar de incendios, dado que la mejor manera de apagarlos es evitándolos y aprendiendo de los errores.
Ante un incendio forestal se superponen dos culturas, dos maneras de vivirlo y dos estrategias defensivas. Los unos, mayoritariamente agricultores, están organizados en Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), conectados permanentemente por radio u otros medios telemáticos, en estado de permanente alerta en temporada de riesgo. Una vez declarado el incendio, acuden –coordinados con los bomberos– con todos los medios posibles a atacarlo. La inmediatez de su respuesta y la aportación de su esfuerzo personal suelen ser decisivas para que el fuego quede controlado antes de que alcance mayores dimensiones y haga ya muy complicada su extinción.
Los otros, en dirección contraria, huyen del fuego desde las urbanizaciones en las que residen, ubicadas dentro del bosque, sin apenas medidas contra este riesgo evidente y reclamando insistentemente la protección del cuerpo de bomberos. En este caso, la defensa de estos núcleos residenciales es dispersa y resta muchos activos profesionales para atacar el incendio.

ENTRE UNOS y otros hay un abismo cultural. Por una parte, una cultura tradicional que, desde siempre, por propia iniciativa, ha entendido que la acción colectiva es la herramienta para resolver aquellos problemas que son inabordables de forma individual. Esta acción colectiva borra las barreras de lo particular, entendiendo implícitamente que es la cuota de seguridad para, llegado el momento, poderse beneficiar también de esta acción colectiva cuando el problema esté situado en el propio terreno. Por la otra, una cultura de delegación de responsabilidad de actuación a la Administración pública.
Es decir, frente a la acción colectiva se antepone el modelo de funcionarización de todas las tareas colectivas. Llegados a este punto, vale la pena preguntarse si podemos pagar un ejército de funcionarios que haga todo lo que requiere un concierto colectivo. Asimismo, deberíamos cuestionarnos si es el mejor modelo para gestionar este tema.
Ante estas preguntas, debe clarificarse lo obvio: el bosque ya estaba allí cuando se construyó la urbanización. A continuación, debe evidenciarse y evitarse el riesgo que supone construir una casa dentro de un lecho de leña. Para ello existe una legislación clara y una información precisa sobre el mantenimiento de zonas de seguridad entre las urbanizaciones y el bosque. Sin embargo, el incumplimiento de esta normativa es generalizado. No hay una cultura que haga socialmente reprobable este incumplimiento, no solo por el propio riesgo que supone, sino también porque maniata los recursos colectivos que deberían destinarse al núcleo del incendio.
Incluso si el cumplimiento de la normativa fuese óptimo, ¿sería ello suficiente? La normativa habla de planes de autoprotección, de tomas de agua, de accesos, de vegetación, etcétera. Pero la normativa no habla de organización de personas, de responsabilidades estructuradas en la urbanización, de formación antiincendio, de coordinación con los equipos profesionales. Todo parece pensado para que puedan actuar los bomberos, dejando a los demás el papel de espectadores. Con este enfoque, la irresponsabilidad ciudadana está servida.
No se trata de poner en riesgo a ningún ciudadano, pero antes de que se produzca un incendio y –normalmente– entre el momento en que un incendio se declara en un entorno relativamente próximo a una urbanización (teóricamente respetuosa con la normativa) hasta que el incendio supone un peligro para la población de esta, pueden hacerse muchas cosas (sin riesgos añadidos) para evitar que el fuego pueda afectar a esas viviendas. Si las medidas se han tomado correctamente, la aportación responsable y coordinada de los habitantes de la urbanización –a cuya organización la ADF puede dar contenido– puede ser esencial para el desenlace del incendio.
De hecho, no es solo un problema de las urbanizaciones frente a los incendios. Recientemente, Elke Loeffler, directora de Governance International, comentaba en Barcelona la contradicción según la cual la satisfacción del ciudadano británico (¿solo británico?) respecto de los servicios locales disminuía progresivamente al tiempo que la mayoría de indicadores objetivos indicaban que la cantidad y calidad de los servicios aumentaba. Es decir, todo iba mejor, pero la percepción era la contraria.

EN EL CENTRO de este sinsentido quizá esté el paternalismo de la Administración. En un afán de convencer a los votantes, se les acaba ofreciendo un paraíso sin esfuerzo que además de caro resulta ser la vía para el distanciamiento ciudadano y el umbral de su desafección de la cosa pública, facilitando la cultura de la negatividad desde la óptica miope de la no-responsabilidad. Seguramente, con unas dosis de cultura de compromiso mejoraríamos a la vez los resultados y la satisfacción. En este camino, la corresponsabilidad puede abrir la puerta a muchas soluciones. Y todo ello a un coste más asumible por una sociedad que no es tan rica como pensábamos.

¿Cuánto gasta un piso? Nadie lo sabe. Todo el mundo sabe cuánto gasta su coche, pero no cuánta energía consume la casa en que vive. Hice la pregunta en un seminario sobre arquitectura y construcción sostenibles. Los asistentes, aún siendo jóvenes arquitectos llenos de inquietudes, pusieron cara de pasmo.
El consumo de combustible de un automóvil depende de la conducción y de la carga, claro, pero el fabricante declara el consumo basal del vehículo a 90 km/h y descargado. Más que declararlo, lo publicita, porque el bajo consumo es ahora argumento de venta. Los haigas americanos de los cincuenta, aquellos deslumbrantes armatostes que compraban los estraperlistas, tragaban 20 o 25 litros cada 100 kilómetros. Hoy, no los querríamos ni regalados.
Los motores actuales no son peores ni menos potentes porque consuman solo seis o siete litros cada cien kilómetros. Al contrario, son mejores. Como quiera que sea, sabemos cuánto gastan y lo valoramos. Pero ignoramos que nuestros edificios demandan entre 100 y 150 kilowatios/hora por metro cuadrado y año, algunos incluso 200. Son como los haigas, pero no nos percatamos de ello y, pues, no nos preocupa.

EL CONSUMO energético de un edificio, por otra parte, empieza mucho antes que nadie lo ocupe. Se inicia con la obtención de los materiales constructivos y con la manera de llevar a cabo la obra. Hace ya 10 años que el Informe MIES, efectuado por la Universitat Politècnica de Catalunya, determinó que en la construcción del edificio de la Escola d’Arquitectura de Sant Cugat se había consumido una tercera parte de toda la energía que el edificio demandará a lo largo de su vida útil, estimada en unos treinta años. Sobre eso, tampoco suele haber cálculo previo alguno.
Y menos aún sobre las emisiones de dióxido de carbono que la construcción comporta. La pose sostenibilista en boga –demasiado ateo de comunión diaria– se extasía ante los paneles fotovoltaicos o supuestas circulaciones miríficas del aire con arreglo a unas flechitas dibujada en los planos y jamás verificadas en la realidad, pero no se pregunta por el costo energético y las emisiones de CO de los materiales y de los procesos constructivos. No es lo mismo recurrir al cemento armado que a los materiales cerámicos, al vidrio, a la madera o al acero. Las emisiones pueden multiplicarse por 100 o incluso más.
El caso es que sabemos hacer casas con bajas emisiones de CO y con discreta demanda energética, entre cuatro y seis veces menor que la de los edificios convencionales. Sabemos cómo hacer pisos que se las arreglen con 25-35 kilowatios/hora por metro cuadrado y año. O sea, pisos que, perfectamente climatizados en invierno y en verano, reducen a una cuarta o quinta parte la factura de la electricidad o del gas. Me pregunto por qué nadie lo exige aún, y más cuando la vigente Certificación Energética de Edificios ya establece un escalado que va de la G a la A, como en los electrodomésticos (el nivel D es el mínimo obligatorio en obra nueva, según el Código Técnico de la Edificación).
También me pregunto por qué no se acometen rehabilitaciones de obra antigua para mejorar el rendimiento energético. Podríamos empezar por edificios de uso público, por su valor ejemplarizante. En épocas de crisis y de fomento de la inversión pública para la reactivación de la actividad económica, sería una medida doblemente oportuna. Invertir para ahorrar y ser más eficiente y competitivo es una jugada redonda.
Igualmente se puede mejorar, y mucho, el rendimiento hídrico. El consumo medio de agua en España es de 160 litros por persona y día. En zonas de vivienda unifamiliar con jardín y piscina es más alto, del orden de 300 o 400 litros diarios por residente. Pero, más que en el consumo, hay que fijarse en la demanda a la red, porque el agua de lluvia puede capturarse a nivel doméstico y la misma agua se puede recircular más de una vez en cada hogar.

EN EL ÁREA de Barcelona, tras las últimas zozobras, la demanda por persona y día no llega a los 120 litros. Pero el centro que la Fundació Catalana de l’Esplai tiene en el Prat de Llobregat, un edificio de oficinas con 250 trabajadores y un albergue de juventud con 334 camas, está por debajo de los 70. Gracias al diseño de su circuito (recogida de agua de lluvia, rescate de las aguas grises de duchas y lavabos, que se tratan y reenvían a los depósitos de los WC), la demanda de agua potable a la red se reduce a la mitad. Lleva más de un año funcionando, de modo que estos datos no son especulaciones, sino constataciones. ¿Por qué no se generaliza esta práctica, ya?
Las rehabilitaciones energética o hídrica exigen obras, cierto es. Pero no más que las que debieron hacerse con ocasión del cambio de gas ciudad a gas natural (hubo que substituir todas la conducciones, ya se nos ha olvidado). Pero no más que las correspondientes a la instalación de fibra óptica o cable. O las de instalar teléfono o antenas de televisión donde no había. No más que las hechas para dotar de cocinas o baños modernos a las casas con retrete o cocinas de carbón. Se hizo en las últimas cuatro décadas y ahora toca poner al dia la eficiencia energética e hídrica. Respóndase: ¿cuánto gasta su piso, el antiguo de toda la vida o el nuevo que piensa comprarse?

En general, con algunas excepciones en ciudades medias e intermedias y algunos casos singulares, las ciudades españolas están empezando a pagar graves facturas sociales y ambientales derivadas del modelo urbano mantenido en las últimas décadas y que, finalmente, se traduce en términos de empeoramiento de la calidad de vida individual y comunitaria. La calidad de vida es un concepto complejo y transversal, que abarca dimensiones económicas, sociales, ambientales y físico-espaciales, tanto a nivel individual como colectivo. Los modelos y las políticas urbanas contribuyen a mejorar o empeorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, por eso, hay que prestar mucha atención a la definición de objetivos a medio y largo plazo.

La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales y económicos, y también de las condiciones ambientales y físico-espaciales, y la forma urbana condiciona, asimismo, cada uno de estos factores. Sabiendo la complejidad del tema, el informe propone actuaciones sectoriales que, en su conjunto, pueden abarcar muchos de los aspectos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Estas actuaciones tienen que ver con los siguientes aspectos:

1. Un urbanismo para los ciudadanos, que permita ejercer la libertad individual desde la responsabilidad social.
2. Una movilidad racional que optimice el tiempo.
3. El respeto por el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos para evitar el calentamiento del planeta.
4. El acceso a la vivienda, a los equipamientos y a las dotaciones.
5. La mejora de la habitabilidad y de la recuperación del patrimonio construido.
6. La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de los procesos que les afectan.

Entendemos que los gobiernos locales son los organismos adecuados para llevar a cabo muchas de las propuestas que se recogen en este documento. Para ello, además de su voluntad política y su compromiso con la ciudadanía, es necesario dotarles de las herramientas e instrumentos necesarios para abordar programas integrales destinados, en último término, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En el contexto actual, consideramos que estos dos conceptos (calidad de vida y sostenibilidad) son indisolubles, en cuanto que ambos se apoyan en los mismos principios sociales, ambientales y económicos.

Desde ese marco, que es el que va a configurar el modelo de ciudad propuesto, se detecta la primera de las carencias en la gestión urbana: la falta de visión a largo plazo y de coordinación de las políticas sectoriales. Por lo tanto, la primera reivindicación de carácter genérica para mejorar la calidad de vida en las ciudades es potenciar instrumentos que permitan la coordinación transversal de las actuaciones. Partiendo de este marco general, en este estudio se proponen cuatro ámbitos sectoriales en los que actuar: movilidad, lucha contra el cambio climático, acceso a la vivienda y rehabilitación de la ciudad construida. De forma sintética, las propuestas que se plantean se pueden resumir en:

• Mantener un enfoque integrador, huyendo de políticas urbanas sectoriales y desarticuladas.
• Las ciudades deben estar comprometidas con la lucha contra el cambio climático; las políticas de ámbito local de reducción de emisiones en el transporte y la edificación son fundamentales para mejorar la calidad de vida, tanto en el entorno próximo como en el conjunto del planeta.
• Siendo el tema del transporte una de las principales cuestiones que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, las propuestas deben basarse en la elaboración de estrategias globales (municipales, autonómicas o estatales) sobre movilidad sostenible.
• La vivienda debe tratarse como un tema transversal, vinculándolo a otros aspectos sin los cuales no tiene sentido: necesidades sociales de la población y procesos de construcción de la ciudad.
• La recuperación de las edificaciones existentes y la reducción de sus impactos ambientales son temas trascendentales para la mejora de la calidad de vida en las ciudades.

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En 1984, el Tribunal Supremo de Colorado (EEUU) amparaba el derecho a la libre expresión en la campaña ciudadana contra la construcción de un centro comercial en un espacio natural, desestimando la querella de la empresa promotora en el caso POME. Esto dio un vuelco radical a una era de procesos judiciales de promotores inmobiliarios contra ciudadanos contestatarios, en los que reclamaban multimillonarias indemnizaciones por una pretendida vulneración del derecho de iniciativa empresarial.
En estos últimos años observamos igualmente en España un goteo de reclamaciones de daños por parte de promotores o industriales: la urbanización de un espacio protegido en Ronda (Málaga), un hotel en la costa de Almería, una piscifactoría en el dominio público litoral en Galicia y la simulación gráfica de Greenpeace de la elevación del nivel del mar en la Manga del Mar Menor (Murcia). Todos los casos tienen el mismo patrón: una empresa que demanda a un ciudadano o a una asociación por difamación, atentado a su imagen, perjuicio patrimonial o interferencia en su actividad empresarial. Los profesores de la Universidad de Denver Penelope Canan y George Pring, especialista clave en el éxito judicial del caso POME, acuñaron para definir esto el término SLAPP, en la obra SLAPPs, Getting Sued for Speaking Out (Bofetaddas sic, demandado por atreverse a hablar).

DE MODO que los SLAPP, pleito estratégico contra la participación ciudadana en los procesos políticos, tienen una agenda común. Primero buscan silenciar toda voz crítica contra la acción del grupo empresarial que cause un daño ambiental, paisajístico o patrimonial a los recursos públicos o privados. En segundo lugar, tienen un propósito preventivo y ejemplarizante: hostigar a un chivo expiatorio, buscando disuadir a otros individuos o grupos de obstaculizar los intereses privados, advirtiendo de las consecuencias de sumarse a la contestación.
El pleito antiexpresión –plax, en versión castellana– pretende intimidar, anticipando un prolongado, agotador y costoso proceso judicial que silencie a los críticos. No apunta habitualmente a grupos, sino a ciudadanos comunes –aún pertenecientes a grupos–, más vulnerables a unos costes inasumibles. El desencadenante puede ser una manifestación, escrito o declaración pública. El propósito del demandante es convertir un asunto político, de participación ciudadana, en un asunto legal. En ocasiones la compra de voluntades favorece la división y el conflicto en la comunidad local.
Los grupos ecologistas relevantes son también blanco de los SLAPP, como cuando en 1970 Sierra Club –con 75.000 miembros en el momento– fue objeto de una querella por oponerse a una urbanización cerca de Sacramento, California. Este estado se convirtió por un tiempo en un paraíso de demandas judiciales, hasta que se aprobó una legislación específica antislapp que hizo que, en cualquier denuncia de esta naturaleza, la carga de la prueba recayese sobre el demandante.
Por contra, la táctica del demandado es la opuesta: convertir un asunto legal en un asunto político, apelando a la libre expresión.
El resultado de un pleito antiexpresión es decepcionante para ambas partes. La resolución se dilata y el caso es sobreseído por un tribunal superior. En algunos casos, aún perdiendo el pleito, el demandante logra continuar la actividad pero con un elevado coste de imagen para la empresa y, a veces, un acuerdo extrajudicial.
No se puede pasar por alto que el conflicto surge por la intervención ciudadana en defensa de los intereses públicos, ante la pasividad del Estado, intentando así participar en el proceso de toma de decisiones. Cuando ante un SLAPP, el Estado, primero, se inhibe en la defensa de los intereses colectivos y, a continuación, desatiende los derechos individuales, está favoreciendo los intereses particulares.
En 1984 la resolución del Tribunal Supremo de California en el caso Maple, señaló que el objetivo de una legislación antislapp debe ser evitar que lo perdido en el proceso político se gane en el judicial. La cuestión es si se debe promover la eficiencia del Estado en la protección de los recursos naturales y el patrimonio o paliar esta carencia amparando la participación social con una legislación antiplax. Entretanto, la pitonisa de la mitología griega Casandra es abofeteada cuando advierte de que la obtención de beneficios privados –explotando los bienes comunes– supone unos costes ocultos para la sociedad y el medio ambiente que no están siendo contabilizados.

NECESITAMOS de la ciencia para comprender y modelar los efectos de la acción del hombre sobre el medio, porque es la que dispone del conocimiento para hacerlo. No imaginamos una denuncia contra la agencia de meteorología porque la lluvia pronosticada haya impedido realizar un trabajo. Comúnmente la desconfianza en la ciencia está motivada por causas económicas o ideológicas, de tal manera que unos apuntan a Casandra y otros la abofetean.
El desentendimiento de los ciudadanos induce a la desidia de los responsables públicos –regla de minimis– y los bienes comunes o recursos naturales pasan a ser considerados terra nullius, dando la razón a Garret Hardiny su Tragedia de los comunes. El pleito, el plax, está servido.

“La América insomne” era el titulo de un excelente reportaje de Eusebio Val, en este periódico, sobre los cambios sociales en EE. UU., donde se relacionaba horas de trabajo, atascos y horarios de los ciudadanos. La conclusión era que los incrementos de los tiempos de los desplazamientos en el área metropolitana de Washington implican cambios en los horarios del trabajo y de los servicios. La distancia cada vez mayor entre lugar de residencia, de trabajo y de compra y el uso masivo de transportes privados, características de la mayoría de las conurbaciones americanas, cambian los horarios personales y colectivos de los ciudadanos y de la ciudad.

Salvando las distancias, la configuración territorial del área metropolitana de Barcelona también influye en los horarios y en los tiempos de los ciudadanos que viven en ella. El territorio siempre ha estado relacionado con el tiempo. Por una parte, el tiempo largo, que modela los paisajes, la memoria colectiva y la construcción identitaria; y por la otra, el tiempo cotidiano, el del trabajo, de la familia, de los desplazamientos. Por lo que la gestión del tiempo individual o colectivo, del tiempo personal o de la ciudad depende de la vertebración territorial de las ciudades y de las áreas metropolitanas. Y con ella, de los medios de transporte, de la ubicación de los servicios y equipamientos, de las densidades urbanas y la dispersión territorial, entre otras.

Las dinámicas territorialmente disociadas, aquellas que alejan actividades cotidianas, donde los lugares de trabajo, de ocio y de residencia están separados unos de otros; y socialmente diferenciadas, donde viven grupos humanos con características sociales homogéneas, se han convertido, ahora más que nunca, en un elemento de gestión de los tiempos. Hasta el punto de que la conciliación temporal es cada vez más una cuestión de conciliación territorial. A la pregunta que muchas personas se hacen de cuándo, qué tiempo destino a esa actividad y en qué horario, se le suma el dónde: cerca de mi casa, cerca de la casa de los abuelos, al lado del trabajo… Y la respuesta depende no sólo del sexo y del grupo social al que pertenezcas, sino también en qué tipología urbana y en qué parte de la ciudad vivas. Y, de hecho, la centralidad y la periferia metropolitana se pueden definir según el empleo de los tiempos de sus ciudadanos.

Así, el tiempo de la vida cotidiana, donde confluyen los distintos tiempos de trabajo, familiares, de ocio, etcétera, es desigual según los diversos territorios metropolitanos. En Barcelona, la carga semanal de trabajo, donde se contabilizan el tiempo de trabajo mercantil y el familiar doméstico, suma un poco más de 34 horas de media semanal; en la segunda periferia esta es casi un 15% más. En cambio, la valoración por parte de los ciudadanos de la disponibilidad de tiempo libre disminuye en la medida en que nos alejamos del centro de la ciudad.

El tiempo destinado a los desplazamientos es desigual según los distintos ámbitos metropolitanos. En Barcelona ciudad, el tiempo diario invertido en movilidad es algo más de una hora y 25 minutos; en la periferia metropolitana es un 10% menor. Diferencias relacionadas con los medios de transporte usados y con la dimensión de la ciudad.

En el área metropolitana de Barcelona más del 70% de los desplazamientos andando no superan los 15 minutos de recorrido; en vehículo privado este porcentaje baja al 53% de los recorridos, y en transporte público, al 21%. Cuantas más posibilidades tengamos de realizar las actividades cotidianas andando, menos tiempo en desplazamiento invertiremos. Y esa posibilidad está relacionada con elementos de proximidad de servicios y equipamientos y por características de concentración y densidad urbanas, así como por las dimensiones de las ciudades. Así, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona los viajes intermunicipales, con origen y destino en distintas poblaciones, con distancia de recorrido más largo y con tiempos medios de 35 minutos, disminuyen así que aumenta la densidad urbana. Por lo que, a mayores densidades y mezcla de usos y compacticidad, más recorridos en el interior del propio municipio, con medias de tiempo de unos 15 minutos, con menos distancia y con más posibilidades de ir a pie.

Los centros y las periferias metropolitanas tienen, además de diferencias territoriales y sociales, diversidades temporales. La gestión del tiempo, uno de los grandes retos actuales, depende de qué modelo territorial tengan nuestras ciudades y áreas metropolitanas. Existen modelos que apuestan deliberadamente por la lejanía, lo que llega a afectar incluso a las horas de sueño de sus ciudadanos y por ello disminuye su calidad de vida. Otros apuestan por la proximidad, multiplicando las posibilidades de uso de las actividades urbanas. Decidir qué modelo tienen nuestras ciudades y áreas metropolitanas es tarea de técnicos y políticos. Y de ello depende, en buena medida, nuestro tiempo cotidiano y por ende nuestra calidad de vida.

Para ser real y duradero, el crecimiento necesita una sólida infraestructura ética e intelectual. Por eso, cuando la economía se edifica sobre la depredación o la especulación, se desvirtúa la idea de crecimiento.

Tras la fuerte regresión a que han sido arrastradas las cotizaciones mundiales, hay que constatar que la inteligencia y la creatividad humanas siguen siendo la fuente originaria e insustituible de todas las demás formas de riqueza. Hay una riqueza cultural y una riqueza científica que son completamente imprescindibles para la estabilidad y el bienestar de cualquier sociedad.

La Agenda de Lisboa nació con el afán de convertir la economía de la Unión Europea en el sistema productivo más intensivo en conocimiento del planeta. Este año, el Foro Económico Mundial tiene previsto revisar su Índice de Competitividad Global para, entre otras cosas, aumentar el peso relativo de los aspectos concernientes al conocimiento en su evaluación para 2009.

No existen recetas milagrosas frente a esta crisis, pero sí debe exigirse a los poderes públicos que obren con visión estratégica y no caigan en la irresponsabilidad. Se obra con irresponsabilidad cuando se dilapidan aceleradamente los activos del territorio. Cuando los principales agentes del conocimiento son considerados un estorbo. O cuando se ha dejado tan exhausta la capacidad financiera de una Administración que se le impide reaccionar frente a cualquier contingencia.

La visión estratégica requiere, como ha confirmado la crisis, de una continua prevención frente al instinto coyuntural de ciertas actitudes políticas, e invita a primar los ingredientes del crecimiento sostenible a medio y largo plazo, en detrimento de otros más efectistas y socialmente menos rentables. Uno de los ingredientes más relevantes de ese crecimiento es, sin duda, el talento. En el futuro, las empresas, las organizaciones, los territorios y las ciudades que mejor resuelvan el desafío de producir, atraer y retener talento liderarán el escenario posterior a la superación de esta crisis. El capital intelectual es el límite en el que se repliegan los mercados cuando no queda ya ningún margen de depreciación.

Pero el talento ni surge, ni se desarrolla, ni se expande en el vacío. Desde los orígenes de la civilización su localización predilecta han sido las ciudades, porque el talento para fructificar necesita entremezclarse como sólo se puede hacer en el marco de convivencia de la ciudad.

El talento rechaza el dogmatismo porque ve en él una amenaza de paralización. Deplora las sociedades estratificadas porque coartan sus necesidades de relación. Valora el espacio público porque satisface su inquietud cultural. Repudia las ciudades excluyentes porque se alimenta de la diversidad, de la sinergia y de la fluidez.

Generar ciudades donde las oportunidades para el talento sean proporcionales a las personas que las merecen es una base programática segura para la planificación estratégica urbana. Lo es porque el talento provoca en la economía impresionantes aumentos de escala y demanda entornos urbanos de alta calidad ambiental, estética y paisajística.

Las ciudades reúnen unas condiciones objetivas excepcionales para reubicarse el día después de esta situación de crisis global. El proyecto The Urban Age Project: The Endless City, promovido por la London School of Economics y la Alfred Herrhausen Society, estima que en el año 2050 el 75% de la población mundial vivirá en las ciudades, cuando en 1900 sólo era urbana el 10% de la población.

Este proyecto internacional ha seleccionado 20 iniciativas de ciudades de todo el mundo donde se materializan los principios de una nueva planificación urbana que rompe con el modo tradicional de entender las ciudades.

Entre las pautas metodológicas fundamentales de este nuevo modo de organizar la ciudad están la participación pública -con la ineludible inclusión de las miradas diversas de las mujeres-, la densidad, las nuevas tecnologías de la edificación e intensas operaciones de reverdecimiento urbano. También la clusterización de las actividades complementarias, el respeto, rehabilitación y reutilización de elementos patrimoniales, la difusión capilar de bienes y servicios públicos, así como el impulso de enclaves para el conocimiento y las apuestas enérgicas por la integración de las personas más desfavorecidas, sin olvidar el replanteamiento radical de los modelos de transporte urbano.

A conclusiones parecidas llegaron los expertos nacionales e internacionales que reunimos, a principios de este año en Valencia, con motivo de la Primera Conferencia Internacional de Nueva Cultura Urbana.

En todos aquellos lugares en los que estos principios se han aplicado con rigor, la ciudadanía percibe cómo una nueva ciudad emerge en los tejidos urbanos de la existente. La ciencia urbana afronta hoy pocas incertidumbres porque se han generado fuertes consensos a favor de los nuevos principios y pautas. Sin embargo, cuesta explicar por qué esos consensos no siempre se traducen en medidas públicas eficientes que supongan la transición hacia nuevos modelos de ciudad. En el contexto actual la ciudad emerge como el espacio en el que despejar las más inquietantes incógnitas económicas, ambientales y sociales. Los tiempos de crisis son tiempos para la crítica. Hagamos, pues, crítica de la ciudad, pero desde el optimismo urbano.

Hay en el norte de París una catedral truncada de la que sólo queda el ábside y parte del transepto. Es, sin embargo, el mayor edificio de su tiempo y sigue siendo uno de los fracasos más admirables del arte de la construcción. Tanto quisieron subir los muros que la nave central se derrumbó una y otra vez con el eco ominoso de Babel. Los templos góticos crecieron en menos de cien años como leves jaulas de vidrio por cuyas vidrieras entraba en haces la luz solar teñida de azul, rojo y amarillo. El interior del templo sufrió una enorme sacudida y los rayos tintados fueron expulsando geniecillos, demonios y otras potencias mágicas que aún tenían sus nidos en las covachas y hornacinas.

Eran demonios muy disminuidos que a lo largo del medievo habían pululado en las severas fábricas románicas. Allí, en la más completa tiniebla, se les pudo ver entre cirios y velones, a una lumbre engañosa que disimulaba sus rasgos paganos. Aquellos duendes y demonios habían resistido la persecución cristiana acomodados a las estatuas de los santos locales, de las vírgenes salutíferas, de los mártires de nombre ignoto, como San Protasio, en cuyas vísceras se ocultaba Pólux. Los creyentes, que habían aceptado con entereza que Diana o Selene cambiaran de hábito y ahora se cubrieran con una toca (siempre que siguieran protegiendo la fertilidad de las hembras o la salud del ganado), llevaban mil años conviviendo con brujas y magos en armonía sólo quebrada de vez en cuando por una pira en la que ardían algunos ciudadanos cuyo sacrificio era ineludible para seguir viviendo entre hechiceras y adivinos.

Todo se vino abajo cuando el obispo Suger, abad de Saint-Denis (cementerio de la corona de Francia, jardín pétreo de capetos y borbones que aún hoy sobrecoge), con el cerebro fulminado por un libro que él creía de Dionisio Areopagita, concibió una idea impía. A semejanza del emperador Constantino, vio como un mandato del cielo que los ennegrecidos templos de la cristiandad en los que sólo lucía el pabilo de las velas, recibieran una explosión de luz purificadora, para lo cual debía adelgazar los muros y sustituir la piedra por vidrio coloreado, de manera que el fuego divino limpiara de trasgos la casa de la Verdad. La Verdad, pensaba Suger, ha de ser visible, sin opacidades, clara, pura luminosidad, la Verdad quiere ante todo ver y verlo todo. Con esta ofuscación solar comenzó el inevitable camino hacia las luces.

Hasta entonces, en el interior de las ermitas heladas entre glaciares, en las abadías de la sierra alpina o en los monasterios festoneados por la viña, apenas había nada para ver. O mejor dicho, estaba todo por ver. En invierno y en días de oscuridad, sólo la vacilante candela y quizás una sombra lechosa de alabastro, o un oro del altar, pero en verano, con los portones abiertos y días de grandísima bonanza, se seguía por los muros la novela de Cristo, su vida como mago milagrero y su muerte, condenado a la tortura por su gente, sus vecinos, lo que luego se llamará “la sociedad”, la cual no soporta que alguien intente cambiar las costumbres, las manías, el orden cotidiano que no da la felicidad pero permite sobrevivir sin pensamiento.

Entonces los templos comenzaron a crecer en altura y su interior se vio animado por el fulgor de los topacios, de los rubíes, de las esmeraldas, de las turquesas, el bordado en oro de las capas pluviales, los báculos preciosos, las ricas mitras, el terciopelo de los príncipes y el acero bruñido de los condestables. El pueblo, que había acudido al templo durante mil años buscando la vieja magia pagana acogida al vientre de una Santa María o sobre los hombros de un San Cristóbal, ya no tuvo mirada más que para aquella mundana grandeza, aquella visión de la eficacia unida a la razón, la fuerza y la verdad. Ordenados por jerarquía, los ricos burgueses se vigilaban los borceguíes y las chupas genovesas, mientras sus esposas esquinaban tras el velo o la cofia una mirada aguda hacia las hijas en flor. A medida que retrocedíamos hacia el pórtico, grupos cada vez más pobres abrían sus ojos cautivados por el hechizo de los príncipes. Insidioso, por los oídos les penetraba un sutil fuego celeste: la aérea y sublime tracería gótica de las voces, del órgano, del laúd, que inundaba con lluvia angélica el cerebro de cereal. Así el mundo cobraba un sentido nuevo, más externo, claro y luminoso, más apartado de aquel mundo antiguo pegado a la cerrada tierra donde esperan los muertos.

Aún faltaba lo peor. A la iniquidad de cambiar antiquísimos y poderosos demonios por febles santos, y la intimidad absorta del mortal por los espectáculos sociales, hubo de unirse la destrucción final del lugar mismo de la magia pagana, el templo (aquella madriguera de los mortales en la tierra oscura), que sería sustituido por una gramática visual abstracta y traslaticia.

Hay un glorioso capítulo en el generalmente pelmazo John Ruskin, donde abomina de la arquitectura renacentista con palabras que podrían salir de la boca de un profeta veterotestamentario con el estómago hinchado de langostas y alacranes. Viene a decir Ruskin que mientras la construcción estuvo en manos de los maestros de obra, mientras se fabricó de un modo práctico, los edificios tuvieron la dignidad del trabajo humano. Las iglesucas románicas, incluso la más humilde, tenían la perfección de la labor agrícola y las piedras se ordenaban como surcos en el campo bien arado. Todavía los templos góticos fueron construidos a mano, por así decirlo, tanteando las cargas y los pesos, escapando por los pelos cuando caían. Porque siempre caían y entonces se rebajaba la carga y volvían a cepillar los carpinteros su viguería y los estereótomos a cortar sillares. Por eso en Beauvais sólo queda un tronco de catedral, lo que perduró tras múltiples derrumbes de las naves, zona del pueblo. Se conservó el ábside porque es zona noble, aún prodigiosamente noble.

Sin embargo, dice Ruskin, llegó un momento inicuo, un ataque de gravísima impiedad en el que la construcción ya no se llevó a cabo tanteando y dejando que los muros cayeran cuando no aguantaban la carga, sino mediante el cálculo sistemático de una forma ideal. Fatal giro que arrasó un modo de vivir de los mortales desde las cuevas de Chauvet y Altamira. Ya no volverían a habitar acomodados a la materia que regala la tierra, en fraternidad con piedras, maderas, metales, e incluso con el ganado y las plantas impregnadas de droga salvadora, pastoreados por demonios y magos. A partir de ese momento (momento inicuo que da comienzo a lo que llamamos “la era moderna”) los humanos iban a tratar de vivir en el hueco de una gramática calculada, segura, constatable e independiente del lugar, como arrancada de la tierra y suspendida en el aire. La construcción ahora podía ser de piedra y madera, pero también de vidrio, de titanio, de plástico, de papel, de acero o de tela. Siendo lo esencial la forma teórica, el material con que se construya carece de importancia y los gramáticos serán quienes decidan cuándo una puerta, un arco, una ventana o una cubierta es aceptable o no lo es.

En unos años atroces, los de la Italia del siglo XV, se arrancará de la tierra una abstracción llamada “espacio”. Brunelleschi levantará una cúpula que niega la gravedad y es pura teoría visible. De Alberti a Piero aparece completa la integridad de un espacio perfecto y perspectivo, sin relación con la densidad terrestre, liberado de la materia y la decadencia, extirpado de la vida mortal, lanzado a la eternidad que habían inaugurado las cabezas de caballo en la cueva paleolítica de Chauvet. Ahora ya podíamos fabricar casas en serie y adosados.

Ante el horizonte global de crisis, cabe preguntarse si en un sector de la economía donde predominan, por lo que se ve, los neocon-pillos, una administración en Washington más sagaz no podía haber previsto el terremoto hipotecario americano. En otro contexto financiero, pero de alguna forma agravado por aquel, sí era, en mi opinión, predecible la crisis inmobiliaria española, con la desmesurada construcción de más de 800.000 viviendas al año y el precio subiendo; sólo que en aquellos momentos de euforia pocos quisieron escuchar el razonable pronóstico del estallido de la burbuja. Hay que admitir, con todo, que el crecimiento sostenido durante tantos años ha mejorado apreciablemente la calidad de vida; eso sí, por lo general a costa del deterioro del territorio. Un satélite que fotografió el ladrillo nos hizo advertir los efectos de una ciudad en huida, con una excesiva colonización y un crecimiento desordenado y disperso, sobre el que no se quiso echar cuentas de sus costes de conexión, movilidad, seguridad y mantenimiento.

Cuando se “calienta” el suelo y, al mismo tiempo, unos bancos espléndidos catapultan la demanda con un Euríbor asequible y tasaciones un tanto sobrevaloradas para comprar, de paso, muebles y coche, la conclusión que se puede sacar es que la subida del precio de la vivienda es imparable; por cierto, muy al contrario de la filosofía de la ley del Suelo de 1998, derogada en 2007, que relacionaba de forma simplista una liberalización del mercado de suelo con una reforma estructural de la economía española. En los ciclos de máximo beneficio al mercado le molesta lo público y grita, como en el boxeo, segundos fuera, pero luego pide socorro en la adversidad.

En esta ciudad-negocio lo que se compra no es tanto la casa para vivir, que se deprecia, sino más bien la parte proporcional de suelo alcista. En cierto modo, nos vemos todos convertidos en especuladores pasivos, atrapados en una contradicción: somos conscientes de que el precio de la vivienda no puede seguir subiendo desmesuradamente, pero al mismo tiempo rezamos para que no baje; sólo a aquellos que aspiran a adquirir un piso les conviene que el precio se contenga. El problema surge ahora, cuando muchos se encuentran pagando una hipoteca superior al precio de mercado de su vivienda y con el Euríbor inestable.

La Administración central enfatizó quizá en exceso la aportación coyuntural del cemento al PIB y al empleo, y evitó abordar el tema de una financiación municipal suficiente para que los ayuntamientos no sean tan dependientes de la marea inmobiliaria. Porque a la administración local esta actividad le permite recaudar y realizar inversiones y, con cierta candidez, ha vinculado la construcción masiva con el éxito electoral. Mientras, las autonomías más constructoras dedicaron demasiado tiempo a legislar minuciosamente, para luego ser demasiado flexibles en la aprobación de los planes generales y eludir el deber de coordinar las políticas municipales con planes territoriales que acotasen los desmadres de algunos ayuntamientos.

Si algo positivo tienen las crisis es que nos mueven a sacar conclusiones. En primer lugar, no es cierto que el territorio lo aguante todo: su ocupación extensiva produce desajustes y desequilibrios costosos. No necesitamos que la Unión Europea venga a contárnoslo para decir no a la avaricia de unos cuantos grandes propietarios de suelo que lo han ido adquiriendo como rural pensando en convertirlo en edificable, al margen de cualquier previsión urbanística.

Una buena ordenación territorial, como la que admiramos en otros países de nuestro entorno, evitará dedicar el tiempo de la política y los recursos públicos a reparar errores y permitirá, a cambio, invertirlos en una economía de innovación. Es verdad que el urbanismo tendrá que actualizarse a través de planes viables donde la vivienda se incardine en lugar de ir por libre y las infraestructuras, además de comunicarnos, sirvan para ordenar el país. Es aquí donde las autonomías, junto con la inversión y la prestación de servicios, tienen que dedicarse a regular el territorio con criterios supralocales.

Para acometer políticas sostenidas y no cíclicas al albur del interés o desinterés económico es necesario deslindar el problema real de la vivienda del negocio de la vivienda. Debe mantenerse una cooperación continuada entre lo público y lo privado para construir viviendas de protección, en venta o en alquiler, y con una arquitectura innovadora para dar satisfacción a las demandas de una sociedad cambiante. Es decir, hay que racionalizar el sector residencial a fin de permitir una revalorización equilibrada y un dinamismo que impida la formación de grandes stocks de pisos vacíos que conformen una ciudad de persianas bajas.

La política ha de realizar cierto grado de prognosis, ir un palmo por delante de la realidad y dotarse de una perspectiva global que reemplace el pensamiento cortoplacista. El Gobierno no deja de darnos ánimos, mientras la oposición insiste en infundir pesimismo. Ambos habrían de coincidir en que se debe introducir sostenibilidad en el mercado, para que no pase de la euforia a la depresión, dejando familias hipotecadas generacionalmente hacia atrás, padres y abuelos que ayudan hoy, y hacia delante, hijos que heredarán la carga.

Los recientes acontecimientos de Roquetas pudieron haber ocurrido en cualquier parte de nuestro país. Un fin de semana cuatro chicos sentados en un banco a la fresca hablando alto. Es de noche y acaban de romper el ayuno del Ramadán. Callaos, joder, se queja un vecino. Y ellos siguen a lo suyo y cae un balde de agua y los insultos se convierten en pelea a puñetazos. Todo parece acabarse ahí pero otro vecino entra en escena y busca a los cuatro inmigrantes y no los encuentra. Da finalmente con uno de ellos y le asesta una cuchillada. Y cada cual a lo suyo, todos se quitan de en medio mientras el muchacho senegalés se desangra. Al cabo de mucho tiempo alguien llama al 061, que llega de inmediato. A los siete minutos exactamente. Pero el muchacho ya está muriendo.

En cualquier parte de nuestro país hay mucha frustración: barriadas saturadas de gente con problemas, hasta de salud mental, y emigrantes hacinados que se molestan y hablan de noche molestando y también algún vecino que trafica con droga y posee un cuchillo y muy mala leche. Y es costumbre del vecindario mirar hacia el otro lado cuando surge algún percance. Y entonces algunas ONG aprovechan para dejarse ver y justificarse acusando a todos de racismo. Y los reporteros llegan y con hechos de gran frustración social fabrican un acontecimiento nuevo de supuesto racismo entre supuestos gitanos y negros.

La historia del muchacho senegalés asesinado por un vecino, blanco y traficante de droga, es un cúmulo de mal fario. El muchacho ha llegado de visita de fin de semana a 200 Viviendas, adonde unos colegas, pues también él trabajó en Roquetas. Viene de Cuevas de Almanzora, donde ahora posee un contrato de trabajo en regla. A por unos papeles para lograr certificar su arraigo viene. Con el arraigo uno se puede traer a la familia. Es víspera de fiesta y conversa con amigos en un banco de la calle en lugar de ir a la discoteca. Pero sucede que hay por ahí un vecino de los que usan cuchillo para solucionar conflictos de vecindario y sucede que, en respuesta al asesinato, algunos inmigrantes se vengan con su apartamento. Y, en respuesta, al día siguiente aparecen españoles montando una algarada y quemando contenedores de basura.

La noticia fabricada con este asesinato silencia el azar que exacerba las condiciones de escasez y la carestía de vivienda. El hecho mayor de la barriada llamada 200 Viviendas es que uno pueda comprarse casa por 60.000 euros, o sea que en ella vivan inmigrantes en un 50 por ciento. Y que vivan hacinados y sus viviendas no sean un hogar. De unos 40.000 inmigrantes que pueblan Roquetas de Mar sólo 25.000 se hallan censados. De las 35.000 tarjetas sanitarias en manos de inmigrantes irregulares que existen en Almería, 10.000 pertenecen a inmigrantes de Roquetas. Y sigue llegando gente ilegalmente y hay que socorrerla. Y el paro golpea a quien trabajó en la construcción y, a causa de unos costes crecientes y mucha duda ante la elección del producto, el invernadero no se ha puesto todavía en marcha y los inmigrantes con papeles siguen aún sin contrato. Y la municipalidad dispone de fondos decrecientes para hacer frente a cierta pobreza que ya es algo más que bolsas de pobreza (Cáritas de Roquetas da de comer a centenares de personas a diario). Este año el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía han concedido al municipio de Roquetas solamente 200.000 euros. Sale a 5 euros anuales de asistencia social por inmigrante. No obstante la municipalidad puso en marcha un Foro de inmigrantes que funciona reuniendo 25 asociaciones y ha actuado poniendo las cosas en su lugar y llamándolas por su nombre. En lugar de echar gasolina han calmado el incendio. Un síntoma esperanzador.

La carestía de la vida, de la vivienda en especial, que ya golpea duro a nuestros hijos, empuja frecuentemente a los inmigrantes a soluciones tan indignas como la hacinación y el chabolismo. Fenómeno que además de gran perjuicio integrador crea animadversión y conflicto vecinal. En el poniente almeriense la vivienda siempre ha sido un gran problema para los inmigrantes. En 1995, en la barriada de San Agustín, muy próxima a Roquetas de Mar, 86 inmigrantes ocuparon una vivienda en unas condiciones absolutamente vergonzosas para el vecindario. Yo he visitado auténticos antros habitados por inmigrantes y asistido, en 2001, al derribo de las chabolas de la Loma de la Mezquita, en El Ejido, así como al de una caseta de electricidad de alta tensión en cuyo interior se habían instalado tres inmigrantes. Las llamadas 200 Viviendas, en Roquetas, constituyen una barriada destinada a seguir los pasos de los HLM de la región periférica de París. Allá, esos grandes bloques habitacionales de alquiler moderado construidos para la clase obrera francesa fueron masivamente abandonados por ésta en cuanto mejoró su condición económica en los años 80 y 90. Y las familias inmigrantes magrebíes fueron ocupándolos paulatinamente hasta convertirse en auténticos guetos. El deterioro habitacional fue constante y los hijos y nietos de los inmigrantes -ya franceses- tuvieron un importante fracaso escolar y una tasa de paro elevada (su horizonte generalizado era cobrar el RMI, renta mínima de inserción, o el SMIC, salario mínimo interprofesional por trabajos temporales de irrelevante cualificación). Merced a su frustración generalizada esos beur causaron los estragos que conocimos durante jornadas inolvidables.

La especificidad de la crisis en España va a agudizar los problemas habitacionales empujando a concentrarse y hacinarse más todavía a los inmigrantes en paro. En consecuencia, aumentarán las ocupaciones marginales, surgirán conflictos vecinales y aflorará la delincuencia para sobrevivir. La política oportunista de «papeles para todos» que impulsaba la UGT contra los gobiernos de Aznar facultó al gobierno socialista a no condicionar el permiso de estancia del inmigrante a la duración de su contrato de trabajo ni a unas condiciones de vivienda dignas. En su momento dijimos que se trataba de una vía que, a la menor crisis económica, incrementaría la frustración en la primera generación de nuestros inmigrantes y no ya en la segunda o tercera. Parece que los acontecimientos van a darnos la razón. Roquetas es «un caso aislado» ha dicho Rubalcaba, pero no ha especificado de qué sea un caso. El alcalde ha dicho que «no es un brote racista» y es verdad que aunque el racismo no haya sido causa sí habrá terminado para muchos vecinos de ser un final. Cuando un ministro de Trabajo dice pragmáticamente lo que piensan los españoles sobre la prioridad ante el reparto del trabajo, sus colegas de gobierno hacen pucheros y le desdicen. Por bastante menos nos tildaron de racista los progres. Pero la UGT, de donde viene ese ministro, mira a otro lado. No quiere recordar lo contradictorio que es predicar «papeles para todos» y mantener a la vez que los españoles tienen prioridad sobre los inmigrantes ante el puesto de trabajo. ¿No recuerda Cándido Méndez aquella interviú de hace unos años en que María Antonia Iglesias le hizo afirmar que los trabajadores españoles en paro tienen prelación sobre los inmigrantes?

Lo de Roquetas ¿de qué es un caso aislado que el gobierno pueda atajar?

Whatever happened to the triumph of global capitalism? Even more than “the end of history”, the idea that “we’re all capitalists now” became an article of faith around the world from the early 1990s onwards. In the past few years even the few holdouts – countries such as Libya, Cuba and North Korea – seemed on the point of acknowledging that markets, competition and private enterprise were the only rational way of organising economic life, regardless of politics or history or religion or national cultures.

But just as the triumph appeared to be complete the innermost sanctum of the global capitalist system suddenly collapsed.

The nationalisation last weekend of Fannie Mae and Freddie Mac, the two largest financial institutions the world has ever known, signalled the complete failure of the biggest, most dynamic, most innovative and competitive markets that have existed in the history of capitalism – the Wall Street stockmarket and the market for US bonds.

Their failure has been so obvious, that even the most capitalist administration ever, in the world’s most capitalist country, had decided to wipe out the private owners of its biggest and most important financial companies and replace them with state-appointed bureaucrats.

The reasons for these failures – related, ironically, to the dogmatic belief among regulators, politicians and financiers that “the market is always right” – have been much discussed. Much less widely considered have been the consequences of this justifiable disillusionment with market forces.

Even more than the mind-boggling $5,500 billion size of the two US mortgage companies, it was the political significance of their nationalisation that marked it out as an historic turning point. This was, after all, the biggest expropriation of private property undertaken by a government outside the former communist world, yet there was absolutely no protest, nor even discussion, about the terms imposed by the US Treasury.

Viewed from across the Atlantic, where nationalisations of relatively unimportant industries such as steel, shipbuilding or coal provoked years of parliamentary opposition and legal argument, it seems astonishing that the US Government could simply announce itself as the owner of these giant companies, wiping out overnight some $20 billion of shareholder wealth. But what is even more significant is that nobody in American politics or business objected to this anti-capitalist coup.

This lack of any serious debate about the sudden fate of Fannie and Freddie may help to stabilise the US economy and housing market in the months ahead, since American homeowners should soon enjoy a potentially unlimited supply of government-financed mortgages. But the effects of this nationalisation on the future of the world financial system will be more far-reaching and profound.

The Fannie and Freddie precedent implies that any other bank requiring government support in future – certainly in America and probably also in Britain and Europe – will have to agree to its shareholders being wiped out. The need to punish shareholders to deter future reckless behaviour is an argument heard even more vociferously in Britain, and especially in the Bank of England, than in the US.

But will such punitive treatment strengthen market capitalism? More likely, it will do the opposite. Most big banks have recently raised extra money from their shareholders to strengthen their finances. Yet many – including Citibank, Merrill Lynch, Lehman Brothers, UBS, Halifax Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland, Barclays, Deutsche and Credit Agricole – are still widely believed to be undercapitalised.

Until last weekend it seemed probable that most of these banks would be able, if necessary, to turn to their shareholders for extra capital, if this was needed to cover unexpected losses or to expand their business. But any such attempts to raise new capital are now doomed to failure.

It is hard to imagine Saudi Arabia or China wanting to add to the huge investments they have already made in Citibank or Merrill Lynch, now that they have seen the enormous losses deliberately inflicted by the US Treasury on investors who pumped $20 billion of new money into Fannie and Freddie since November last year. Particularly so as the two mortgage giants raised this money with the explicit support of the regulators and the US Treasury.

It was hardly surprising that Korean suitors withdrew from talks to recapitalise Lehman Brothers, the weakest of the remaining US banks, immediately after the Fannie Mae rescue was announced.

A likely consequence of the Fannie and Freddie rescue, whose punitive terms the British and European authorities have strongly endorsed, is that no leading bank in America, Britain or Europe can hope to raise new capital, either from private investors or from governments in Asia and the Middle East.

Meanwhile, an overzealous determination by regulators to prevent reckless lending in future suggests that banks will need even more capital than in the past to increase their lending. Much of the growth of credit and bank lending in the world economy will therefore have to come from governments instead of the private sector, at least for the next few years.

It is hard to imagine how squeezing private ownership out of the banking system could strengthen the cause of free enterprise and free markets. An early sign of which way the wind is blowing will come from a vote in Congress later this month on a request from General Motors and Ford for $25 billion in subsidised government loans to support their investment programmes through the energy and housing crunch. A few months ago such a request, which would, of course, be illegal under EU state aid rules, would have been unthinkable. Today, however, the question in Congress is not whether to grant this subsidy; it is whether to leave it at $25 billion or raise it $50 billion, as both Barack Obama and John McCain now propose.

With banking systems around the world hobbled by the lack of private capital, the motor industry will not be the only supplicants demanding state support. There will be many more demands from industries, workers and consumers, as much in Britain and Europe as in the US.

If the US loses faith with free markets, compromises the protection of property rights and hobbles its financial markets – all of which it has dramatically done in the past seven days – then Europe will surely follow suit. Emerging economies such as China and India will become even more ambivalent about market economics. Instead of We Are All Capitalists Now, There Are No Capitalists Left may become the ideology of the next decade.

The superbly crafted rescue plan that the Treasury announced Sunday represents not an end to the perils of Fannie Mae and Freddie Mac but merely the beginning of a new chapter. Conservatorship of the government-sponsored enterprises does not resolve the long-term questions, and the hardest part of the job lies ahead.

While the Treasury plan left open the possibility of continued private ownership of the GSEs, similar to how bankrupt companies are reorganized, that’s not a viable option. As Treasury Secretary Henry Paulson said, Fannie and Freddie’s unique status as, in effect, partnerships between the federal government and the private sector simply doesn’t work.

Fannie Mae was created in 1938 to provide capital to the Depression-strained mortgage market. But in 1968, eager to keep the Vietnam War from inflating the federal deficit, President Lyndon Johnson privatized Fannie with a vague but implicit government guarantee of its debt.

That left Fannie — and Freddie, when it was created two years later — free to use government credit to profit private shareholders. With management incentivized by bonuses and dollops of stock options, it was only a matter of time before this privilege was abused.

If the GSEs had stuck to their original missions, trouble — or at least disaster — might have been averted. But in recent years, as private mortgage providers dangled in front of home buyers more attractive financings than what the GSEs were offering, Fannie and Freddie responded not by stepping back and allowing their role in the market to contract but by competing in the mosh pit of subprime and Alt-A loans.

So what should we do?

Notables such as Alan Greenspan have suggested that if the GSEs are too big to be allowed to fail (as, indeed, they are), they should be broken up, made smaller and fully privatized, without even a whiff of government support.

But this appealing concept ignores the fact that the reason for Fannie Mae’s creation — providing liquidity to the mortgage market in difficult times — remains compelling, and no more so than present. With private providers vaporized or sidelined, Fannie and Freddie account for around 70 percent of the mortgage market. Ironically, the best solution may well be to go back to the original structure of the GSEs: federally owned, with a limited, carefully defined and closely supervised role of underpinning the private providers of mortgage credit rather than competing with them.

To achieve that in a way that is fair to existing debt holders and shareholders, we should consider setting up a new government entity. (We could even call it the Federal National Mortgage Association, the original name of Fannie Mae.)

As quickly as possible, responsibility for providing liquidity to the mortgage market would be transferred to this new entity. Once freed of buying more mortgages, Fannie and Freddie could begin an orderly liquidation, selling off their portfolios as market conditions permitted and allowing their guarantees of securitized debt to roll off as the underlying mortgages were paid off or refinanced. The Treasury appeared to set the stage for this possibility by including within its package a requirement that a sell-off begin.

As with any corporate liquidation, cash coming in would go first to pay off outstanding debt and then to shareholders, initially to the federal government to the extent that it ends up infusing capital pursuant to Sunday’s plan. If anything remains, holders of preferred stock and then common stock would be the recipients. That would be a fair result for all parties.

Some will argue that even in a shrunken state — returned to the original mission but run by government bureaucrats rather than private-sector finance experts — this new entity would pose unacceptable risks for taxpayers. But Fannie Mae existed successfully for three decades in this fashion, and the Federal Reserve has served in a similar capacity — as provider of liquidity to financial institutions — for far longer without even a meaningful misstep.

Others will maintain that we need the GSEs too much to start mucking about with new structures beyond the conservatorship just announced. Indeed, to ease fears about the continuing meltdown in housing values, the new package included an increase in the GSEs’ authority to buy mortgages. While understandable, this will complicate a wind-down of the GSEs and underscores the need to move quickly on a more fundamental restructuring.

In addition to new structures, we will need to address an even tougher question: how much support the federal government should provide for housing. Whether or not the program announced Sunday causes actual cash losses for the Treasury, no one should be confused about the mammoth implicit cost of this rescue, particularly the extension of an iron-clad guarantee to $5 trillion worth of GSE obligations, roughly as much as all publicly held Treasuries.

That’s on top of decades of (in effect) subsidized borrowing costs for the GSEs, as well as other expensive programs such as the mortgage interest deduction, all to the enormous benefit of the American people. But with a large budget deficit and mounting obligations, we should think harder about the tradeoffs between housing and other urgent needs.

Stock markets were in jubilant mood yesterday after the US treasury announced it was putting the two big beasts of the American mortgage market into “conservatorship”. Don’t be misled by this ugly piece of economics jargon: it’s just another way of saying nationalisation – and it was somewhat bizarre to find the equity markets of Tokyo, London and New York, where dealers profess to exalt the free market, whooping for joy at the state taking a grip.

The reason for the rise in share prices was pure relief. Just as they were at the time of the run on Northern Rock a year ago this week, just as they were when Bear Stearns went under in March – and just as they were at the end of last week – stock markets have been in a complete funk at the mounting losses from the credit crisis. Hank Paulson, secretary of the US treasury, did not take Fannie May and Freddie Mac into public ownership because he has become a born-again socialist: he acted because he feared a systemic global financial crisis that would prompt the biggest depression since the 1930s.

There are five points to note. The first is the sheer scale of the action. Fannie and Freddie together underwrite half the home loans in the world’s biggest economy, and the sum involved is of the order of £3 trillion – about double the entire annual output of the British economy. This is the biggest rescue operation since the credit crunch began – but it probably won’t be the last.

The second point is the duration of the crisis. When markets seized up in August 2007, few market practitioners would have anticipated that central banks and finance ministries around the world would still be firefighting 13 months later. Central banks have cut interest rates; they have pumped money into the banking system; they have agreed to swap worthless mortgage-backed securities for rock-solid government bonds; they have taken failing banks into public ownership. Each time, the markets have rallied in the hope that the latest crisis will prove to be a catharsis – and each time they have been proved wrong. Some analysts do not buy the argument that Paulson’s rescue marks the beginning of the end for the credit crunch; some say it was an act of desperation necessitated by the horrendous state of the global financial system.

Whatever the motivation, the third point to make is that the government-backed rescue of Fannie and Freddie was right. The length and depth of the credit crunch has validated the views of the International Monetary Fund, George Soros and Alistair Darling that this is the most serious financial crisis the global economy has faced since the 30s. Fannie Mae was set up in that decade as part of the New Deal reforms to help the US economy recover from the depression. With almost perfect symmetry, the decision to take it into public ownership highlights the bankruptcy of the freewheeling model that replaced the much more heavily regulated financial system of the decades after the second world war. Let’s be clear: the world is in the mess it is today not because state regulation of the banks was too stringent, but because the state was too timid in the face of demands for deregulation, liberalisation and privatisation. The upshot was excessive speculation, and economies in which the financial sector wields far too much influence and reward structures invite foolishness.

As such, the question is what happens now. The fourth conclusion to be drawn is that the free market has no answers to the problem other than to let banks go to the wall. But no policymaker, even those with the most impeccable laissez-faire background, is prepared to let Bear Stearns, Northern Rock or Freddie and Fannie go bust. Some smaller institutions may be allowed to go to the wall, if only to show the US treasury is aware that the bailouts are being financed by taxpayers, but the global financial community now has institutions that are simply too big to fail.

But if the big financial institutions cannot – unlike, say, a car company or an airline – be allowed to founder, they also cannot be allowed to conduct themselves in the same way as companies where there really is a risk of failure. Congress will undoubtedly demand tougher regulations for the activities of US banks in exchange for bailing them out, and rightly so. If ever there was a time to bring in controls on the ability of banks to create unlimited amounts of credit, to restrict the more toxic forms of derivatives, to rein in the activities of hedge funds, to insist that remuneration structures are not biased in favour of reckless speculation, and to use anti-trust law to break up the power of the big institutions then this, surely, is it.

This leads on to the final point. The credit crunch should be a crisis for parties of the right. They were, after all, behind the campaign to demolish controls on financial markets in the final quarter of the 2oth century. Yet there is scant evidence that either the Republicans in the US or the Tories in Britain will pay a price for the policy errors of the past. In part, that is because in the US the whiff of a return to the soup-kitchen days of the depression brings out the interventionist streak in any administration. In part, though, it is because neither Barack Obama nor Gordon Brown seem willing to seize the social democratic moment. That’s dumb politics. It means that what should be a crisis for the right has become a crisis for the left.

En España, es una costumbre muy arraigada que los poderes públicos traten de corregir los que ellos consideran malos hábitos de los ciudadanos. Para ello han empleado diversos métodos, siendo el más destacado la proliferación de anuncios, en muchos casos impactantes, en la televisión y en la prensa escrita. Quién no recuerda aquel gusano colándose en la nariz de un cocainómano o el ‘No podemos conducir por ti’, cuyo mensaje sería amplificado por unas declaraciones poco afortunadas del ex presidente Aznar. Y es que nos han dado todo tipo de consejos concernientes a nuestra vida privada, la mayoría respecto a nuestra salud y seguridad. Así, nos han aconsejado pasear, no automedicarnos, comer una cantidad diaria de frutas y verduras, conducir con precaución, no fumar, beber con moderación o ingerir mucha agua en días calurosos. Sin embargo, la Administración no ha sido tan prolija en consejos ‘económicos’, y en vista de la escalada del euríbor la verdad es que no habría estado de más, ya que el famoso índice ha hipotecado, y nunca mejor dicho, a toda una generación de españoles.

El euríbor cerró el mes de junio al 5,36%, encareciendo en tan sólo tres años un 56% la cuota de la hipoteca media. Es decir, y traducido a dinero, si la cuota hipotecaria media era de 574 euros en 2005 ahora es de 899, lo que supone 325 euros más al mes. Pero aquí no ha acabado la cosa. Según los expertos la última subida de tipos del Banco Central Europeo y la propia dinámica de la crisis financiera harán que el euríbor continúe su escalada (en julio cerró rozando el 5,4%) y que la deuda de miles de hipotecados pueda cruzar la línea roja del impago. Recientemente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha aludido a esta circunstancia, alertando de que 60.000 familias no pueden pagar la hipoteca y de que serán el doble a finales de este año.

Esta situación, ya de por sí peligrosa, se agrava por el hecho de que esas cuotas que están dejando a numerosos ciudadanos con el agua al cuello son en muchos casos de por vida. Y es que en estos últimos años se han estado firmando hipotecas a 30, 40 e incluso 50 años (es decir, en muchos casos hipotecas ‘post mortem’). Por tanto, aunque ésta puede ser una mala racha que algunos consigan superar, en demasiados casos la espada de Damocles llamada desahucio estará ahí para siempre. Porque el euríbor puede bajar otra vez, pero seguro que en las próximas décadas volverá a subir. y en algún momento podría cruzar la frontera que separa tener una casa o que ésta sea subastada por el banco.

La verdad es que la cuestión de las hipotecas de por vida está dando y dará que hablar por constituir el gran problema de esa generación que ahora mismo se encuentra en torno a la treintena. Gente que para poder emanciparse ha tenido que endeudarse hasta el límite (voluntariamente, todo hay que decirlo), despojándose de una gran parte de lo que ganará en su vida para repartirlo, casi a partes iguales, entre la persona que ha hecho negocio vendiendo un inmueble (en muchos casos pequeños o grandes especuladores) y el banco o caja que ha conseguido atarle a su entidad para siempre. Personas cuya situación personal estará condicionada por esa gran deuda a largo plazo, ya que muchos aspectos personales de su vida cotidiana se verán limitados: ¿Serán libres para protestar en el trabajo? ¿Y para despedirse y buscar otra cosa mejor? ¿Y para cambiar de ciudad? ¿Se atreverán a divorciarse? ¿Tendrán todos los hijos que deseen?

¿Era ésta una situación que se podía prever? Evidentemente, sí. Si el euríbor ya había estado en torno al 5% sólo era cuestión de tiempo que volviera de nuevo a esa cifra. ¿Deberían haber tomado los poderes públicos cartas en el asunto? En mi opinión sí, sin ninguna duda. Y no hablamos, por ejemplo, de medidas drásticas de intervención en el mercado como la limitación del periodo de endeudamiento, o de la creación de un potente parque de vivienda pública de alquiler (medidas todas ellas muy deseables y que habrían paliado el problema), sino de simple información a unos ciudadanos que en muchos casos firmaban hipotecas sin tener muy en cuenta lo que les podía venir encima. Porque a estas alturas parece claro que los bancos y las cajas se callaban, o bien decían con la boca pequeña que una hipoteca de 600 euros podía crecer hasta rozar los 1.000 en apenas tres años. Es ahí donde tenía que haber entrado el Estado, tal y como reza el artículo 51.1 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». Se puede pensar que no hicieron nada debido a que la economía española crecía gracias a la construcción y por tanto interesaba que la gente se endeudara para comprar casas. Sin embargo, visto que el calibre de las deudas que se estaban firmando no era como antes, sino que en demasiados casos suponía la posibilidad de impago hasta la jubilación (o más allá), el deber del Estado era informar de lo que podría pasar en el futuro.

Por eso creo que habría sido pertinente algún anuncio televisivo que explicara lo que podía pasar con el euríbor, anunciando que en caso de impago el Estado no podría hacerse cargo de la hipoteca de nadie. Un anuncio que tuviera como lema algo parecido a la frase que da título a este artículo. Digo esto último porque ya se oyen voces pidiendo al Gobierno que se encargue de parte de la cuota del préstamo de quienes no pueden pagar la mensualidad de su hipoteca, algo que éste no puede hacer (o por lo menos no debe) sobre todo por dos razones. Por un lado sería nefasto para la economía, ya que se daría la impresión de que ‘Papá Estado’ siempre estará ahí para corregir actitudes individuales tomadas irresponsablemente, y por tanto la misma situación, u otra similar, se volvería a repetir tarde o temprano. Pero también sería profundamente injusto para aquéllos que no adquirieron una vivienda, bien porque no pudieron o bien porque vieron la posibilidad de no poder hacer frente a la deuda en un futuro cercano. Es decir, no sería lícito que aquéllos que hicieron el cálculo correcto, y que por tanto se vieron privados de algo tan ansiado en este país como un piso en propiedad, financiaran vía impuestos a los que tuvieron la irresponsabilidad de endeudarse por encima de sus posibilidades.

Con todo esto no quiero decir que los poderes públicos tengan la culpa de unas decisiones tomadas por los ciudadanos de manera individual y bajo su exclusiva responsabilidad. Pero ya que nos han dado, y nos seguirán dando, tantos consejos sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer, no habría estado mal que hubieran avisado de que la llegada de esta situación era cuestión de tiempo y, sobre todo, de que los poderes públicos, es decir, todos los contribuyentes, no pueden hacerse cargo de parte de las cuotas hipotecarias de unos pocos que han hecho mal sus cuentas.

Congress has given the Bush White House yet another chance to operate outside the Constitution. Unsurprisingly, the administration has taken it. Treasury Secretary Henry Paulson now has the go-ahead for his two-part plan to salvage Fannie Mae and Freddie Mac, the government-sponsored mortgage companies — a blueprint that violates fundamental American principles in two worrisome ways.

First, the Treasury will be allowed to advance money to Fannie and Freddie (and even to buy their stocks) in unlimited quantities to keep them afloat — in any fashion Mr. Paulson sees fit. Yet the Constitution requires that “no money shall be drawn from the Treasury, but in consequence of appropriations made by law.” Even in wartime, budgets for the military specify how much is to be spent for what purposes.

Second, as an alternative to increasing the national debt, Mr. Paulson wants to let the two mortgage lenders become preferred customers of the Fed’s discount window, with the authority to pawn their own securities for cash. But only Congress has the constitutional power to borrow on the credit of the United States. Wright Patman, who headed the House Banking Committee from 1963 to 1975, liked to say that the Constitution gave Congress exclusive power to coin money and regulate its value, and that power was merely “farmed out” to the Federal Reserve.

It isn’t a good idea to authorize the Treasury secretary to spend unlimited amounts of taxpayer money, even accepting the administration’s argument that Mr. Paulson will probably never have to use it. Even worse is the notion that the Fed’s portfolio of assets — assets that back our currency — should be polluted by the inferior stuff of collateralized mortgage obligations.

Fortunately, there might just be a way to bail out Fannie and Freddie without willfully ignoring the Constitution. Should the two mortgage firms need a cash infusion, Mr. Paulson could spare the Treasury and dip into a little-known pool of money called the Exchange Stabilization Fund.

A little history first. One reason the federal government is under an obligation to guarantee full payment of the debt instruments issued by Fannie Mae and Freddie Mac stems from a decision made at the Federal Reserve Bank of New York about a dozen years ago.

Historically, foreign central banks that found themselves with excess dollars as the result of the American trade deficit invested that money exclusively in Treasury notes and bills. As a service, the New York Fed made those investments for them, guaranteeing them the best current price and retaining legal custody of the paper as their agent.

However, by the mid-1990s the countries that had large trade surpluses with the United States — primarily in East Asia and the Persian Gulf — began to demand a better return on investment than that offered by Treasury paper. In response, the New York Fed began to buy them “federal agency” paper — including large amounts of obligations from Fannie and Freddie. This paid somewhat better interest, and while it was not officially guaranteed by the government in the way Treasury bills were — well, you know, if push came to shove, Washington could be counted on to do the right thing.

These foreign-government accounts now hold $985 billion worth of Fannie and Freddie paper. It explains why, in mid-July, Secretary Paulson (as well as Senator Chris Dodd, the Connecticut Democrat who heads the Senate Banking Committee) began giving press conferences about how sound the two firms really were, no need to worry. Behind the scenes, Treasury officials overseas made phone calls to the local central banks and finance ministries, stressing that the two mortgage giants would weather the storm.

But the truth is that nobody knows. Fannie and Freddie have financed several hundred billion dollars of doubtful mortgage paper that may or may not pay off enough to meet their debts, and they cannot predict whether they will have gains or losses from their gigantic exposures in the derivatives markets.

If the government had not guaranteed the full payments of principal and interest on their paper, the foreign governments that own so much of it might have had to show losses on their dollar-denominated accounts. To say the least, this would make them reluctant to continue to finance our trade deficit, our wars and the strength (such as it is) of our dollar. Our interest rates, and not just for mortgages, would soar.

So the debate about whether dishonest lenders and dumb borrowers should have been bailed out was really meaningless — the conclusion was foregone. The international position of the dollar had to be defended against even the hint of possible failure at Fannie and Freddie; they had to be saved at all costs.

This brings us to the Exchange Stabilization Fund, which could give the government the means to save Fannie and Freddie without ignoring the Constitution. The fund was started in 1934 as a place to set aside the profits credited to the government when President Franklin Roosevelt took possession of the nation’s monetary gold. It’s been used sparingly ever since, perhaps most notably when Treasury Secretary Robert Rubin used it to extend a $20 billion line of credit to Mexico in 1995.

The net wealth of the fund, most of which can be realized with the stroke of a pen, is about $41 billion. Among the uses specified when it was created was maintaining “orderly exchange arrangements and an orderly system of exchange rates.” Nothing could be more disruptive of orderly exchange arrangements than even the hint of a default at Fannie and Freddie.

Just because Congress has given Mr. Paulson a blank check to dip into the Treasury doesn’t mean he has to do it. Among the advantages of using the stabilization fund is that it comes with built-in Congressional oversight — a mandatory monthly review by Congress was written into the law in 1978. Should conditions worsen at Fannie and Freddie, Congress would have an early warning system.

We should all hope that Fannie Mae and Freddie Mac escape this jam on their own. Should they falter, however, it’s only sensible for the Treasury and Congress to have a plan to step in. But the bailout bill that President Bush is expected to sign this week will give Secretary Paulson untested and unconstitutional powers. Why take that leap when there are proved alternatives like the Exchange Stabilization Fund?

Es curioso constatar que, en Madrid, cuando ocurre algo muy gordo en el mundo de los negocios, todo los medios de comunicación hablan de ello e incluso los políticos dan su parecer. Sin embargo, en Catalunya, en circunstancias equivalentes, en general se mantiene un silencio sepulcral, casi de omertá siciliana, y prevalece el estanque dorado de aguas calmas y tranquilas a menudo fétidas. Lo comprobamos a mediados de julio pasado con la espectacular suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, primera inmobiliaria del país y, por volumen, el mayor desastre empresarial de la historia de España, lugar que hasta ahora ocupaba Ercros. El cataclismo fue de unas proporciones tan grandes que algunos analistas lo han comparado con la caída de Enron en EEUU. Marcaba definitivamente el estallido de una burbuja y dejaba una lista de damnificados.
El protagonista del desastre era Fernando Martín, que se inició en el sector de urbanismo de UCD en Valladolid, al igual que Florentino Pérez hizo lo propio en el mismo sector en Madrid, a quien Martín sucedió como presidente del Real Madrid y que duro solo 56 días en el cargo.

ERAN LOS tiempos en que los palcos presidenciales de los clubs de fútbol servían de local de alterne con concejales y gerentes de urbanismo de las áreas metropolitanas, pero en el estadio Bernabéu ya habían dado el salto a una nueva dimensión. Allí se congregaba el poder fáctico del país representado por una buena parte de los 450 miembros de consejos de administración de las empresas del Ibex 35, que son las que aquí mandan de verdad por encima del Gobierno de turno, o de acuerdo con él. Y a Fernando Martín todo aquello le venía un poco grande. Propició sin éxito la fusión entre Colonial y Vallehermoso, y participó también en la de Sacyr y Vallehermoso que, esta sí, llegó a buen puerto mientras él adquiría un 6,29% de la nueva sociedad. No obstante, Martín no fue nunca aceptado como miembro del sanedrín de los mandamases. Era un advenedizo y, por lo tanto, un outsider ninguneado por los pesos pesados del club de fútbol: Del Rivero, Abelló o Fernández Tapias, Fefé, por ejemplo. Iba por libre y reclamó una plaza en el consejo de administración de la fusionada Sacyr-Vallehermoso, se negó a integrar su empresa en el nuevo conjunto y, sobre todo, se opuso en el 2004 a la operación de Sacyr para quedarse con el control del BBVA que contaba con la bendición y el apoyo de la Oficina Económica de La Moncloa (Sebastián y Taguas), pero que no logró desbancar al presidente del banco, Francisco González, designado por el innegable mérito de ser amigo del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.
La lista de damnificados por la operación fallida fue cruenta y a Abelló le costó la renuncia del puesto de consejero en el Santander. En buenas palabras, Botín le dio a entender que no puede formarse parte de los órganos de gobierno de un banco y, al mismo tiempo, maniobrar para apoderarse de una entidad financiera competidora. Efectivamente, en la Villa y Corte, el juego del poder es real y con las reglas éticas, estéticas y jurídicas sobre incompatibilidades no juegan. Se lo toman muy en serio. No como aquí, entre nosotros, que se toleran los conflictos de intereses o se presentan como normales actuaciones perfectamente discutibles. Verbigracia, que el presidente del Fomento del Trabajo Nacional, Joan Rosell haya sido, durante toda la batalla de la opa de Endesa, consejero de Gas Natural y a la vez de Endesa. Ya se sabe que el interesado, nunca mejor dicho, ha explicado que lo hizo con buena voluntad de hacer de puente entre los dos bandos situados en posiciones irreductibles y en hostilidades totales. Pero más allá de proclamas supuestamente angélicas o seráficas, lo cierto es que todo esto indica una escasa cultura de urbanidad llamémosle mercantil, de elegancia y autoexigencia.

INCLUSO en tiempos de la dictadura franquista, los que eran designados para cargos públicos se borraban de los consejos de administración y al publicarse las memorias aparecían con un asterisco que indicaba su cese temporal a fin de evitar la contaminación lucrativa y privada en las funciones públicas encomendadas. En algunos casos, y en EEUU, se aplica también siempre la saludable normativa de dejar la gestión del patrimonio personal en manos de profesionales independientes y a ciegas. Para evitar la tentación de la información privilegiada y el tráfico de influencias. Que evidentemente son delitos.
En fin, son reflexiones inspiradas por el triste final de Martinsa. Un final que se precipitó con la compra de Fadesa con créditos por valor de más de 4.000 millones de euros y el afán tan típico de este nuevo capitalismo madrileño –que, tras tanta pirotecnia ahora ha fallado– de ser el primero del ranking europeo. Ahora, después de la eclosión fulminante caerá la lluvia radiactiva y alguien se habrá pillado los dedos, pero las cenizas que caerán sobre nuestras cabezas nos afectarán a todos y especialmente a los inocentes. Que ya se sabe que, en momentos de euforia, los especuladores saben privatizar los beneficios y que cuando vienen, por error, imprevisión o motivos peores aun, las vacas flacas saben también socializar las pérdidas a costa de los contribuyentes.

Critics of the Congressional housing package complain that we are now committing taxpayers to huge new outlays to rescue Fannie Mae and Freddie Mac. That view is wrong: Congressional inaction over the past 15 years had already committed taxpayers to the bailout.

Congress could and should have required Fannie and Freddie — which enjoy a peculiar and highly advantageous status as quasi-public agencies and quasi-private companies — to maintain more capital, but didn’t. Now the costs from Congressional inaction are becoming painfully apparent, and they cannot be avoided. To permit the two mortgage giants to default would set off a worldwide crisis. But we can decide what should become of Freddie and Fannie after this crisis. The best option is one getting little mention in Washington: get rid of them.

Because the government cannot permit Fannie and Freddie to default, their obligations are part and parcel of the full-faith-and-credit obligations of the United States. Thus, the national debt, usually viewed as the $5 trillion held by the public, is really $10 trillion once we add the Fannie and Freddie obligations and the mortgage-backed securities they guarantee.

For now, the Congressional Budget Office has entered a “place holder” of $25 billion to cover the bailout costs over the next two years but recognizes that this is a guess. The important issue is not the 2009 outlay, but the total that will be required eventually. Even if the two firms are technically insolvent, the market will continue to buy their obligations readily, for it understands that they are fully backed by the government.

Given this faith on the part of the marketplace, there will be no immediate catastrophe that would force the federal government to provide additional capital to Fannie and Freddie. The situation is similar to the one in the 1980s, when many savings and loans were technically insolvent yet had no difficulty attracting deposits, as they were covered by federal deposit insurance. So the federal government has the option of delaying any ultimate resolution of the Fannie-Freddie mess, as it did with the savings and loans 20 years ago, in hopes that the two giants can dig themselves out of the hole. Still, it seems more likely that — again, just as in the 1980s — the longer we delay, the higher the eventual taxpayer cost will be.

Freddie Mac, according to its own fair-value accounts for the end of March, is technically insolvent — the estimated market value of its liabilities is greater than the estimated market value of its assets. Fannie Mae has a small positive net worth. In coming quarters, these figures may deteriorate because of accounting adjustments (some of the assets are questionable) and continuing defaults on mortgages. The eventual losses could run to several hundred billion dollars.

Whatever the amount of the bailout, even if “only” $25 billion, the real question is not immediate survival of the loan giants but their long-term future. Instead of being regarded as too big to fail, we should look at them as too big to liquidate quickly.

Fannie Mae and Freddie Mac are not essential to the mortgage market; if they were put out of business in an orderly fashion over 5 to 10 years, the market would pick up the business they abandon. Fannie and Freddie exist to provide guarantees for mortgage-backed securities trading in the market. The business is simply insurance.

There are lots of insurance businesses around: property, auto, life and many others. These markets work fine without any government-sponsored enterprises. They are not highly concentrated into a small number of dominant players whose failure would threaten the entire economy; rather, lots of companies compete and spread the risk. Indeed, there are well-established firms in mortgage insurance, but their growth has been stunted by the special advantages Fannie and Freddie enjoy.

In fact, there has already been a test case for how the mortgage market would function without Fannie and Freddie. After an accounting scandal in 2005, regulators severely constrained their activities. The nation’s total residential mortgage debt outstanding rose by $1.176 trillion in that year, even though Fannie’s and Freddie’s stakes rose by only $169 billion, just 14.4 percent of the total. In essence, the market barely noticed that the two agencies’ private competitors were providing 85 percent of the increase in mortgage debt in 2005.

There are more general economic reasons for liquidating Fannie and Freddie, the biggest being that it is very dangerous to maintain such a large role in any market for only two operators. Markets work best when numerous firms compete against each other.

And then there is moral hazard. Knowing they had a federal backstop, Fannie and Freddie held too little capital and the market financed their activities at interest rates very close to those enjoyed by the government. Now we are living through the result. Does it make sense to reconstitute them so that they can engage in a repeat performance?

Some believe that tighter regulation is the answer. I am skeptical of that because I know the extent to which the regulatory system is tied up in Fannie’s and Freddie’s political activities. I find it deeply troubling that Fannie and Freddie, essentially in receivership to the secretary of the Treasury today, continue to employ lobbyists and hand out campaign contributions to influence the legislative debate over their own futures. Fannie and Freddie paid out more than $170 million to lobbyists over the last decade — more than General Electric spent. Government departments cannot hire lobbyists or give money to campaigns — why should Fannie and Freddie, now wards of the government, be permitted to do so?

The long-term health of the mortgage market is too important to be left to only two firms. If Fannie Mae and Freddie Mac can survive as vigorous competitors without the special government privileges they’ve long enjoyed, fine. But if they insist on coming back to life as public-private hybrids with all sorts of unfair federal advantages, we’ll only be setting ourselves up for more disasters. The wisest move, in the end, is to carefully let them wither away.