Llevamos ya tres horas hablando de cuanto hay de divino en lo humano, cuando me siento obligado a preguntárselo.

-¿Pero el pequeño Danton vive en el Palacio de Gobierno?

Alan García, cercano ya al final de su sorprendente segundo mandato como presidente del Perú, eslora sus ciento y muchos kilos de educada picardía hacia mí y se explaya en los detalles.

-No. Si hay algo que yo ni puedo ni quiero permitirme es parecer un frívolo. El pequeño Danton vive con su madre, yo no voy a meter a otra mujer acá. Es cierto que la primera dama y yo atravesamos por una etapa difícil, que para ella no fue un momento agradable cuando decidí reconocer al niño. Ella viene de una familia muy tradicional… muy religiosa. Y ahora ha decidido no acudir a los actos oficiales. Yo le dije que debía hacerlo porque ella representa la bondad de la República. Me contestó que a ella no la eligieron, pero yo le repliqué que era mi esposa cuando me eligieron a mí y sigue siéndolo ahora. Fue en vano. Entonces yo tomé mi pequeña revancha y llevé al pequeño Danton a esos actos oficiales. La gente adora a ese niño. ¡Ese niño es tan simpático! Se ha ganado el corazón de los peruanos…

Basta teclear su nombre en You Tube para comprobarlo. En el mismo suntuoso Salón Dorado, inspirado en la Sala de los Espejos de Versalles, que ahora mismo está siendo acondicionado con motivo de la visita del presidente de Panamá, puede verse a un niño flaquito de cinco años con un vistoso flequillo, deambulando desenfadadamente dentro de un impecable traje gris, rompiendo el protocolo, acercándose a los micrófonos de la prensa, haciendo muecas, ensayando incluso unos pasos de baile, convertido en suma en la estrella de la fiesta como si estuviera caricaturizando toda la impresionante trayectoria de su padre en la política peruana.

Poco después de su inesperada reelección en 2006 Alan García demostró una vez más sus reflejos cuando, adelantándose a quienes iban a divulgar que acababa de tener un hijo fuera del matrimonio, compareció ante la prensa para anunciar que, en efecto, era padre de «un niño muy bello» al que pensaba «proteger siempre». La primera dama, Pilar Nores, lo aceptó. Fue un gesto especial toda vez que durante la campaña electoral de 2000 el luego presidente Alejandro Toledo se resistió a dar un paso similar cuando le llevaron a pleito para que reconociera a una hija, fruto de una relación durante una etapa en la que estuvo separado de su esposa, la antropóloga norteamericana Eliane Karp. Al final lo hizo.

«Ella le presionó para que no la reconociera y eso estuvo a punto de costarle la elección. Ten en cuenta que éste es un país con un alto porcentaje de hijos ilegítimos», me explica la mujer del director de uno de los principales periódicos de Lima. «También esta vez Alan ha querido demostrar que él no es como los demás».

El Palacio de Gobierno está ubicado en la llamada Casa de Pizarro pues en este enclave vivió y fue asesinado en 1541 el Conquistador y todavía queda en uno de los patios la higuera centenaria que plantó con sus propias manos. Para llegar al antedespacho del presidente García hay que atravesar un imponente vestíbulo dedicado a la memoria del sargento de origen vasco Eulogio Eléspuru, que dio su vida allí mismo el 29 de mayo de 1909 durante el denominado Día del Carácter, cuando el presidente Leguía se negó a dimitir pese a haber sido secuestrado por una facción rival.

Nadie que conozca a Alan García dudaría ni por un momento de que esa misma sería su reacción en un trance así. Y menos después de oír de sus propios labios el relato de su experiencia tras el autogolpe de Fujimori en abril del 92.

-Era de noche. De repente mi casa estaba rodeada de soldados. No sabía si venían a matarme o a prenderme. Yo estaba en bata y pensé que sería indigno morir en bata. Me vestí, avisé a los vecinos, agarré dos pistolas y comencé a disparar al aire. Los soldados creyeron que había resistencia dentro de la casa y se demoraron lo suficiente como para que yo pudiera escapar por los tejados y cornisas.

Pocos peruanos hubieran derramado una lágrima en ese momento por su ex presidente. El exilio de Alan García, primero a Colombia, después a París protegido por los Mitterrand, fue el epílogo del que probablemente sea -junto a la trágica experiencia de Salvador Allende- el mandato más calamitoso de un gobernante elegido por las urnas en América Latina en la segunda mitad del siglo XX.

Nunca una ilusión tan grande quedó tan amargamente defraudada. Alan García llegó al poder en 1985 con 36 años recién cumplidos, la mitad de kilos de los que pesa ahora y una imagen carismática. No sólo era el presidente más joven de la historia de la República, sino que su triunfo implicaba también por primera vez el del APRA, partido fundado en los años 30 por el mítico líder populista Víctor Haya de la Torre.

-Mi victoria suponía el cumplimiento de un destino y yo no podía apartarme de él… Tenía que cambiar el mundo en un día… Además era la época de Reagan y en Perú había un gran antiamericanismo, casi todos los peruanos se definían de izquierdas.

Pero yo busco explicaciones, no malas excusas. En su discurso inaugural Alan García anunció que restringía unilateralmente el pago de la deuda externa al equivalente del 10% de las exportaciones. Fue una conmoción para el sistema financiero internacional. Todo el orden mundial habría saltado por los aires si otros países en vías de desarrollo le hubieran imitado. Pero no lo hicieron y tras unos meses de euforia, fruto del estímulo artificial de la demanda interna, la economía peruana entró en barrena.

-Cometí ese error tan humano de creer que las cosas que van bien siempre se pueden estirar un poco más…

No sólo eso. Alan García emprendió la huida hacia delante al anunciar en 1987 su propósito de nacionalizar la banca.

-Adopté esa medida porque me di cuenta de que los grandes financieros en lugar de reinvertir en el Perú estaban sacando sus beneficios fuera. Reconozco que fue una gran equivocación.

Ni siquiera llegó a consumar sus propósitos porque los tribunales se lo impidieron, pero la suma del aislamiento internacional y la desconfianza interna desembocaron -entre bandazos y ajustes duros como el llamado paquetazo- en un escenario de auténtica pesadilla con la inflación en tasas del 7.000% y millones de peruanos perdiendo los ahorros de toda su vida, mientras Sendero Luminoso llevaba su sanguinaria ofensiva del campo a las ciudades.

En su ecuánime estudio del periodo, el británico John Crabtree sostiene que García gobernó de forma «altamente personalista y centralizada, ingiriéndose en el día a día de la ejecución de su plan» y que «decisiones importantes se tomaban de tal manera que se conocían en el último momento y cogían a todos por sorpresa». Su conclusión no puede ser más demoledora: «Al no estar inscrita dentro de una estrategia más amplia y comprensiva, la política de corto plazo estaba casi destinada a caer en la incoherencia, las contradicciones y finalmente en el fracaso».

¿Cómo es posible que alguien con semejante balance a sus espaldas pudiera volver al poder 15 años después? En primer lugar porque otros vendrán que bueno te harán: la década del tándem Fujimori-Montesinos sumió al Perú en los infiernos del despotismo y la corrupción, y el mandato democrático de Toledo quedó contaminado por nuevos escándalos. Pero en segundo lugar porque en 2006 funcionó el principio del mal menor: muchos peruanos votaron por García tapándose la nariz para evitar que el país quedara en manos del indigenista Ollanta Humala y pasara a formar parte con la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Correa del bloque liderado por Chávez e inspirado por Castro. Si de algo no tiene nadie duda alguna es del anticomunismo de Alan García.

-Mientras estén esos señores ahí, yo nunca visitaré La Habana.

Pero hétenos aquí que, precisamente ahora cuando las expectativas eran tan bajas, el otrora caballo en la cacharrería de las finanzas se ha trocado en paladín de la ortodoxia económica, ha dado seguridad a los inversores extranjeros -de manera notable a los españoles- y ha desencadenado un pequeño milagro peruano con crecimientos del PIB por encima del 6%, sólo equiparable en la región al brasileño. Además ha logrado recortar en más de 10 puntos el índice de pobreza -número de personas que viven con menos de dos dólares al día-, situándolo claramente por debajo del 40%. No hay mejor antídoto contra el populismo «antiglobalista», contra la «utopía arcaica», que mejorar las condiciones de vida de la gente, explica Alfredo Barnechea en su brillante compilación de textos El Edén Imperfecto.

Total, que el caso de Alan García demuestra que no siempre el hombre tropieza dos veces en la misma piedra e incluso que, como en el mito de Tannhauser, es posible alcanzar la redención de los peores pecados mediante la contrición y el propósito de enmienda. En una reciente conversación, previa a mi viaje a Lima, Zapatero alegaba que quienes le acusan a él de haber cambiado de política económica deberían fijarse en el giro copernicano del presidente del Perú. Alan García salta, entre divertido y competitivo, cuando se lo cuento.

-Sí, yo he cambiado más; pero él lo ha hecho en mucho menos tiempo. A mí me ha tocado gobernar en dos mundos diferentes y habría sido un estúpido si no me hubiera dado cuenta de eso.

También cabe añadir que su examen de conciencia venía de lejos pues en el prólogo de su novela autobiográfica El mundo de Maquiavelo -comienza por cierto con el cerco militar a su vivienda- dejó escritas en 1994 unas palabras que le honran: «En el vértigo de lo ocurrido todos estamos obligados a cambiar y a revisar lo que antes pensábamos».

Gracias a tal autocrítica hubo vida después de la muerte para este insaciable glotón del poder, la buena mesa y la conversación ilustrada. Alan García se ve a sí mismo como un «político torero», entrando a matar como El Viti o avanzando paso a paso hacia el peligro como Paco Ojeda, por citar a dos de sus ídolos. Me explica que él mismo probó como novillero hasta que un bicho le pegó un buen tantarantán: «De repente me encontré volando por los aires sin saber si me habría roto algo». Cuando se lo cuento a un colega limeño me dice que nunca había oído esa anécdota pero que es una buena metáfora de toda su biografía: «Ha dado tantas vueltas que ya no sabe ni quién es».

Alan García no deja indiferente a ningún peruano y hasta quienes más le detestan reconocen su habilidad. Él recorre la historia del pensamiento explicando que se ha pasado de Hegel a Popper, proclama la autonomía del hecho político sobre la coyuntura económica apoyándose nada menos que en Polibio, lo trufa todo de fascinantes anécdotas -«Aquel día que me encontré a Perón en el supermercado Aurrerá de Madrid…», «Aquel día que me vino a ver Noriega y me puso una cinta con un mensaje de Bush padre para mí…»- y se aferra a su santoral de gigantes de la Historia: Roosevelt, Deng Xiaoping, Mirabeau, pero sobre todo Danton. Por eso bautizó así a su «niño muy bello».

Compartimos el mismo interés por la Revolución Francesa y doy fe de que su nivel es de gran especialista. Recordamos casi al unísono las palabras clave del discurso más memorable de Danton: «Necesitamos la audacia, después la audacia, siempre la audacia y Francia estará salvada».

-Lo que me atrae de Danton es su integralidad. Su capacidad oratoria. También su soberbia.

Danton estuvo dos veces en el poder e intentó llegar una tercera pero lo guillotinaron. Alan García no oculta que tan pronto como termine su mandato empezará a trabajar para ser candidato en 2016 -la Constitución peruana prohíbe la reelección inmediata- y volver a ceñirse la banda presidencial en el año del bicentenario de la República. Lo consiga o no, seguro que salva el cuello.

Nuestra larga charla desemboca en una grata cena con colegas en la que me dedico a observarle. Lo veo a la vez tan complicado y tan transparente, tan sofisticado y tan fresco en todos los sentidos de la palabra, que ya no sé si tengo delante al sibarita grandullón o al niño flaquito del flequillo bonito.

-Creo, señor presidente, que si admira tanto a Danton es porque usted se parece mucho a él.

Pienso en las matanzas de las prisiones -París 1792, Lima 1986-, pienso en la teatralidad estentórea de los balconazos, pienso en el mal genio y el buen corazón… pero sólo cito uno de los paralelismos.

-A Danton también le acusaron una y otra vez de corrupción.

-Bah, calumnias del Comité de Salud Pública…

El abuelo Pedro viajó mucho en su juventud por la cordillera y las selvas del Perú y Bolivia y oírlo contar las aventuras y desventuras que vivió en sus recorridos, en la casona familiar de la calle cochabambina de Ladislao Cabrera, era tan entretenido como leer las novelas de Salgari, Miguel Zévaco o Julio Verne. Mis primas y yo lo escuchábamos extasiados. En uno de sus viajes, a orillas del Urubamba, se encontró con la expedición que dirigía Hiram Bingham y que poco después redescubriría el santuario-fortaleza de Machu Picchu, hasta entonces sólo conocido por los campesinos de la región. Pernoctó con los expedicionarios y recordaba muy bien la madrugada que se despidieron, “ese gringo larguirucho hacia la fama y yo hacia las tercianas”.

El abuelo Pedro llamaba “tercianas” a las fiebres palúdicas o malaria, que por entonces infestaban toda América Latina, pues, aunque ya se usaba la quinina para combatirla, no existía, ni existe todavía, una vacuna que sirviera para frenar eficazmente los estragos que causa la picadura del siniestro anofeles. La curación era larga y elemental, poner a sudar al enfermo envolviéndolo en mantas como una momia y haciéndole tragar infusiones ardientes para bajarle las altísimas fiebres que lo hacían delirar y temblar como atacado por el mal de San Vito. Muchos sucumbían a las fiebres o al tratamiento. Pero, peor todavía que la malaria, era la fiebre amarilla, transmitida por otro mosquito, hembra en este caso, peste para la que simplemente no había curación posible: sus víctimas adquirían un color verdoso amarillento y se iban escurriendo hasta perecer sacudidas por el vómito negro. Las historias del abuelo Pedro hicieron que yo contrajera precozmente un odio visceral contra los mosquitos y zancudos, que éstos me han devuelto con creces, sobre todo en mis viajes por la Amazonía, de los que he salido siempre rascándome, devorado por las picaduras.

Me ha hecho recordar las historias del abuelo Pedro que encandilaron mi infancia un artículo de Gabriel Paquette, que acabo de leer en el Times Literary Supplement (Julio 30, 2010). Reseña un libro recién aparecido en Inglaterra, Mosquito Empires, cuyo autor, J. R. McNeill, es un historiador empeñado en dar a la ecología y el medio ambiente un protagonismo en la historia de la que tradicionalmente han sido excluidos y que, según él, en buena parte han modelado y orientado con tanto (y a veces más) vigor que los seres humanos. El subtítulo del libro, “Ecología y guerra en el Gran Caribe”, indica que su investigación se centra en este territorio. Abarca unos 300 años, desde la llegada de los europeos a la región hasta la I Guerra Mundial. El héroe de la historia es el maldito mosquito, tanto el que propaga la malaria como la hembra que inocula la fiebre amarilla, y, si el profesor McNeill ha acertado en sus investigaciones, esta pareja ha hecho más para fraguar la historia de esa encrucijada de culturas, razas, lenguas y tradiciones que es el Caribe, que todos los indígenas, conquistadores, piratas, misioneros, contrabandistas, negreros e inmigrantes instalados en esas islas, costas y selvas bañadas por ese mar esmeralda e iluminadas por esos cielos color lapislázuli.

El Caribe que aparece en el libro de J. R. McNeill, según Gabriel Paquette, no es el paraíso turístico de las playas de arenas doradas y los cócteles de recio ron y palmeritas de plástico, sino un mundo al que, en los barcos de esclavos procedentes del África, llegan en algún momento las hembras del Aedes Aegypti y se domicilian felizmente en las selvas desarboladas y convertidas por los colonos en haciendas cañeras. Al parecer, esta deforestación y erosión del suelo creó unas condiciones muy propicias para la supervivencia y reproducción de mosquitos y virus. Su alimento estaba garantizado con la gran abundancia de material humano, en especial los braceros de las plantaciones, los soldados de las guarniciones y los marineros de los barcos militares, cargueros y piratas.

Tanto Francia como Inglaterra hicieron múltiples intentos para erradicar del Caribe al imperio español, enviando expediciones militares e instalando colonias de inmigrantes en las islas y cabeceras de playa que conquistaron. Según McNeill la razón primordial de que todos estos esfuerzos fracasaran no fue la resistencia que opusieron los soldados del Rey de España sino la labor silenciosa y corrosiva de los inesperados aliados volantes con que contaron -el anofeles y la Aedes Aegypti- cuyos picotazos diezmaron y a veces desaparecieron a los invasores. Por lo visto, quienes ya estaban instalados allí y sobrevivieron a las plagas, habían adquirido inmunidad, a diferencia de los recién llegados cuyos organismos eran pasto veloz de las fiebres mortíferas.

Algunas de las cifras que cita Paquette producen vértigo. A fines del siglo XVII, Inglaterra logró instalar en las selvas del Darién, en una zona que es hoy la frontera entre Colombia y Panamá, una colonia de escoceses que fue íntegramente exterminada por los microbios. En lo que es ahora la Guayana Francesa, entre 1764 y 1765 desaparecieron en el curso de sólo un año 11.000 de los 12.000 europeos que el Gobierno francés había instalado en Kourou, víctimas de la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales. Una de las expediciones militares lanzadas por Gran Bretaña contra España en el Caribe fue la dirigida por el almirante Vernon en 1741, cuyas fuerzas militares pusieron sitio a las ciudades de Cartagena (Colombia) y Santiago (Cuba). Los mosquitos liquidaron a 22.000 de los 29.000 sitiadores en pocos meses, en tanto que sólo un millar de los soldados británicos murieron combatiendo.

En 1762, el conde de Albemarle consiguió cercar con su ejército a la ciudad de La Habana. Ésta parecía condenada a caer en poder de los británicos. Pero los sitiados consiguieron resistir hasta la llegada de la estación de las lluvias, con sus nubes de mosquitos, que en poco tiempo dieron cuenta de unos 10.000 sitiadores. En los combates militares, en cambio, apenas 700 soldados ingleses murieron. Estas cifras indican de manera inequívoca que el mosquito venenoso fue el verdadero conquistador de América y también factor decisivo de que prevalecieran su emancipación e independencia, pues, según McNeill, de los 16.000 soldados que Fernando VII envió a América en afanes de reconquista, el 90% perecieron por las enfermedades tropicales ante las que sus organismos forasteros eran absolutamente indefensos.

Una de las mortandades más terribles de las guerras caribeñas ocurrió entre las fuerzas francesas y británicas que trataron de reconquistar Haití, luego de que esta colonia se emancipara en medio de las guerras de la Revolución Francesa. Aunque en este caso los cálculos estadísticos parecen más inciertos que en los ejemplos anteriores, el profesor McNeill cree posible asegurar que unas tres cuartas partes de los 50.000 muertos que hubo entre aquellos expedicionarios antes de 1800 no murieron de bala ni espada sino entre los delirios de las fiebres y temblores de la malaria y los vómitos incontenibles de la fiebre amarilla.

Gabriel Paquette relata, como colofón de su reseña, que los estragos de aquellos bichos homicidas continuaron prácticamente hasta comienzos del siglo XX. Sólo en 1900, una comisión médica del Ejército norteamericano que ocupaba Cuba estableció una relación de causa-efecto entre el mosquito y la fiebre amarilla. Los medios científicos se mostraron al principio escépticos y The Washington Post, incluso, editorializó en contra de “esa estúpida y absurda chacota”. Sin embargo, el Gobierno de Washington se dejó convencer y emprendió una campaña de erradicación de mosquitos en tierra cubana. Dos años más tarde, la fiebre amarilla había desaparecido junto con sus alados transmisores. Pero sólo 30 años más tarde se pudo elaborar la vacuna que lograría reducir drásticamente en todo el mundo aquel virus que, según J. R. McNeill, ha causado más sufrimiento y atrocidades que la codicia y los fanatismos que llevan a los hombres a entre matarse desde el principio de los tiempos.

Habrá que escribir de nuevo las historias, pues. Aunque la responsabilidad moral de todos los grandes acontecimientos de la historia humana incumbe únicamente a los bípedos que ordenaron y libraron las guerras, las conquistas, los genocidios, las inquisiciones, etcétera, no hay duda que los hombres no pudieron nunca, ni en el pasado ni el presente, tener el control absoluto de las secuelas de las aventuras a que empujaron a la humanidad ni estuvieron en condiciones de hacer frente a los imprevistos que surgían en el camino y les imprimían casi siempre una orientación distinta de la prevista y, a veces, las desnaturalizaron hasta convertirlas exactamente en las antípodas de lo que se esperaba que fueran. Nadie hubiera imaginado antes de ahora -en nuestros tiempos de preocupación por la ecología y el medio ambiente- que el invisible mosquito zumbón hubiera podido ser, entre los siglos XVII y XX, el verdadero hacedor de la historia del Caribe.

Si los españoles quieren salir de la crisis, tienen que rebajar los salarios, dicen los economistas. Si los palestinos quieren la paz, tienen que renunciar a la justicia, dice un diplomático laborista israelí. Si los países emergentes quieren prosperar, tienen que olvidarse de los daños al planeta; es decir, que las conquistas sociales, la justicia o la salud del planeta son los verdaderos problemas.

No parece lógico porque si desmantelan la seguridad social, habría una crisis social de dimensiones imprevisibles. Y una paz sin justicia sería pan para hoy y hambre para mañana. Y si rematamos al planeta, vivir será sobrevivir.

Lo realmente llamativo en los tiempos que corren es el abismo entre lo que los hechos dan a entender y lo que les hacemos decir. Juan Goytisolo recordaba aquí recientemente la de sufrimientos que han sido necesarios para entender, por ejemplo, que matar a alguien por una idea, no es defender una doctrina, sino asesinar a un ser humano. Así de simple. El Nobel de Economía, Paul Krugman, daba un paso más en esta guerra hermenéutica cuando analizaba la ofensiva estadounidense contra la seguridad social. Él, que sabe de números, dice que los de los críticos “no cuadran y en realidad su hostilidad no tiene nada que ver con dólares y céntimos, sino más bien con ideología”. Sus cuentas son una “contabilidad de mala fe”, cercana a “un juego de trilero” o al “timo de la estampita”. Si la falsificación de los datos es tan burda, ¿por qué darles tanta importancia? Pues porque muchas personas importantes se lo creen y han empezado a diseñar las políticas de futuro a partir del supuesto de la inviabilidad de la seguridad social.

Aquí hay dos guerras: la de los hechos y la de su interpretación. La decisiva es la segunda. Gracias a la interpretación de la esclavitud hemos podido tener esclavos hasta el siglo XIX. Hace un par de meses el aeropuerto de Lanzarote parecía un lugar de peregrinación para solidarizarse con la causa saharaui de Aminatu Haidar pero hace poco más de un siglo, los católicos parisinos iban después de misa en La Trinité a comprar bolsos de mano hechos con piel de jóvenes africanas. Habíamos decidido que solo valían para eso.

Pues bien, en pleno siglo XXI se hacen políticas en base a ideas que declaran al Estado de bienestar una rémora para la competitividad de la economía, a la justicia un obstáculo para la paz y a la ecología una manía de exaltados. Es verdad que siempre ha habido de esto. Hay que ver los argumentos que usaba Ginés Sepúlveda, contra Las Casas, para justificar la conquista de América: que si la evangelización, que si la superioridad cultural europea, que si la violencia de los nativos. Hoy dan risa, pero durante siglos los españoles nos los hemos creído.

El problema no es la presencia de argumentos abusivos en favor de los poderosos. Lo preocupante es la naturalidad con la que los asumimos. El brío con el que, desde la II Guerra Mundial, se defendió el Estado de bienestar por parte de la socialdemocracia y de la doctrina social de la Iglesia, suena hoy a exceso doctrinario. Es verdad que eran tiempos en los que existía el comunismo y se hablaba de marxismo, con lo que el Estado de bienestar bien podía entenderse como una zona de seguridad en zona capitalista. Lo cierto es que en países demoliberales era un concepto intocable.

Ahora dicen que es caro de mantener, aunque los que saben de cuentas explican que no es cuestión de números sino de ideas. Sabemos muy bien que el poder de las ideas poco tiene que ver con la verdad que contengan. Su poder depende de quienes las apadrinen. Para que una modesta idea se imponga no basta que tenga razón, tiene que cargarse de razones. “Cuántas lágrimas”, decía Flaubert, “fueron necesarias para liberar Cartago”. Por un momento pensamos que quizá esta vez sí sería posible repensar el sistema. Fue cuando al inicio de la gran crisis, Obama, el presidente, habló de egoísmo y Almunia, desde la Unión Europea, de avaricia, referidos uno y otro al capitalismo financiero. Apuntaban en la buena dirección pero fue un espejismo. El problema, por lo visto, son los sueldos y por ahí van las políticas de los políticos mientras los demás callamos.

Hay un episodio en Primo Levi que viene a cuento. Los nazis han capturado a un prisionero que quería escapar. Deciden colgarle en la plaza del campo ante todos los deportados. Cuando va a subir al patíbulo, arenga a los compañeros: “Ánimo, que yo soy el último”. Pero los compañeros bajaron los ojos acobardados. El campo había acabado con su capacidad de resistencia. Claro, aquello era un campo y esto no o eso dicen. En el breve espacio de una generación la crítica ha perdido mansamente su capacidad de decir basta. Todo rebajado en un otoño que se anuncia largo.

Han comenzado en el mundo las celebraciones que, durante un año, conmemorarán el 150º aniversario del nacimiento de Rabindranath Tagore, un gigante de la vida intelectual y cultural de India en el siglo XX, nacido el 7 de mayo de 1861.

En su apasionante introducción a Gitanjali, W. B. Yeats escribió: “Estos poemas muestran en su concepción un mundo con el que he soñado toda mi vida. Es la obra de una cultura superior”. Han pasado más de 100 años desde que Yeats hizo ese comentario entusiasta sobre la poesía del intelectual indio. En Occidente, el nombre de Rabindranath Tagore ya no figura hoy entre las grandes figuras de su tiempo. La exuberante recepción que se le tributó en los primeros años ha ido dejando paso a una indiferencia casi total.

Podemos tener la tentación de restarle importancia y considerarlo un poeta romántico e idealista, cuyos escritos son poco realistas para un mundo que se enorgullece de su sentido pragmático. Pero no es así. Muchas opiniones de Tagore sobre nacionalismo, educación y diálogo entre culturas tienen aún validez intelectual, y algunas de sus ideas han atraído e influido a pensadores contemporáneos tanto en India como en otros países.

Ahora bien, debemos preguntarnos: ¿qué importancia tiene Tagore para nosotros, los “pos-modernos”, en la primera década del nuevo milenio? Sin duda, en medio de la violencia y el fanatismo del mundo contemporáneo, es urgente que nos aproximemos lo más posible a la filosofía de paz y armonía de Tagore.

Devoto de la paz, Tagore denunció el nacionalismo y la violencia. Intentó inspirar a los seres humanos un sentimiento de que había muchas cosas que los unían. No poseía ninguna fórmula mágica para salvar a la humanidad. No creía en las ideologías. Se limitó a destacar algunos principios básicos que los filósofos han conocido siempre y que los seres humanos hacen mal en ignorar.

Tagore no era un político y aborrecía la política del poder. En una carta escrita a William Rothenstein el 6 de octubre de 1920, resume con gran claridad su amargura por la exhibición de poder. “No tengo ninguna relación directa con la política”, afirma. “No soy nacionalista, moderado ni extremista en mi doctrina ni mi inspiración política. Pero la política no es una mera abstracción, tiene su personalidad y se inmiscuye en mi vida porque soy humano. Mata y hiere a las personas, cuenta mentiras, utiliza su sagrada espada de la justicia para matanzas, extiende la miseria a lo largo de siglos de explotación, y yo no puedo decirme a mí mismo: ‘Poeta, tú no tienes nada que ver con esas cosas, porque son cosas de la política”.

Para Tagore, el hombre espiritual no puede ser completamente apolítico, sino que debe acabar refugiándose en un pensamiento político que garantice el acceso directo a todas las culturas. La cuestión del diálogo intercultural preocupó a Rabindranath Tagore toda su vida, un interés que queda bien patenteen la expresión “Unidad en la diversidad”, que utilizaba a menudo en sus ensayos y conferencias.

Siempre se opuso a la uniformidad y la contrastó con el ideal de unidad. La verdadera unidad, pensaba Tagore, solo era posible si se celebraba la diversidad mediante el diálogo entre diferentes culturas. Su ideal era la búsqueda de la armonía por encima de los imperativos de la modernidad, como forma de relacionar distintas culturas y lograr esa unidad en la diversidad.

Podemos considerar la idea del diálogo intercultural de Tagore y su crítica antipolítica de la civilización moderna como una forma de preparar el terreno para el logro gradual de dicha visión. Si la filosofía de Tagore es resultado de los conflictos y las aspiraciones de la India moderna, también es, a su vez, el criterio moral que le sirve para juzgar el progreso.

Tagore se oponía a la civilización moderna porque no tenía un carácter total y por su predilección por el progreso material de la humanidad en vez del progreso moral. No se hacía ilusiones sobre lo que se denominaba “progreso”, que en su opinión se había convertido en sinónimo de las leyes de la necesidad, no de las leyes de la verdad. Para Tagore, el progreso era la libre expresión de la personalidad humana en armonía con la vida. Por consiguiente, la verdadera crisis de la civilización moderna se debía al conflicto y el choque, no entre culturas, sino entre el ser humano y la idea de la vida como algo integral.

Tagore pensaba sin duda en una cultura universal en la que las grandes mentes de cada nación estarían a disposición de todo el mundo. Por eso tuvo siempre una perspectiva fundamental y constante, en todos sus viajes por su país y más allá de sus fronteras. Los conocimientos y las amistades que hizo durante sus viajes a Oriente y Occidente ampliaron sus simpatías humanistas, que ya eran suficientemente amplias, e intensificaron su comprensión de los impulsos intelectuales y espirituales que habían empujado a las grandes mentes orientales y occidentales a alcanzar sus mayores logros. A partir de entonces, Tagore fue, más que indio, ciudadano del mundo o, mejor dicho, un indio cosmopolita, porque pertenecía al espacio cultural indio sin involucrarse en la idea de un territorio concreto delimitado por unas fronteras.

A caballo entre Asia y Europa, sin rendirse a la idea de un choque entre ambas, Tagore amplió el significado y la importancia pragmática del diálogo crítico intercultural como ninguna otra persona antes que él. Al extender su visión de la civilización más allá del mero particularismo, otorgó un valor supremo a la idea de un mundo integral. Un mundo integral que era como una familia en la que sus miembros, las distintas naciones, contribuyen, cada uno con su parte, al bienestar de todos.

Hoy, en un momento en el que la humanidad se enfrenta a un panorama poco halagüeño, con choques de intereses nacionales y prejuicios étnicos y raciales, un intento de entablar un diálogo intercultural puede ser una forma fidedigna de sentar las bases de una nueva solidaridad humana en un mundo plural.

Lo que debemos preguntarnos es si nos encontramos en el momento histórico en el que debemos “perder nuestra fe en el hombre” o debemos esforzarnos en preparar las condiciones necesarias para que un diálogo intercultural contribuya a forjar la solidaridad humana en un mundo plural. No cabe duda de que Tagore es el testigo cuyos textos nos ayudarán a discernir si estamos avanzando o no hacia más diálogo cultural y más solidaridad humana en nuestro mundo.

Isabel is four years old. Her belly and ankles are swollen and she walks as if it hurts a little bit. Her family, who live in eastern Guatemala, have not had the means to feed her properly, so she is being treated for kwashiorkor – acute malnutrition.

Even though it is classified by the World Bank as a middle income country, the level of inequality in Guatemala is such that almost half its children under five suffer from chronic malnutrition. This is the fifth highest rate of chronic malnutrition in the world, higher even than that in Haiti, which is by far the poorest country in the Americas.

Isabel will stay in the clinic supported by Christian Aid until she is well again. In some ways, she is lucky. At this time of year when the previous year’s harvest has run out, children do die of hunger in this part of Guatemala.

Isabel will recover from kwashiorkor but she will never recover from the irreversible effects of chronic malnutrition, which severely stunts physical and mental development. There’s no excuse for this anywhere, and especially not in a country with as much wealth as Guatemala. Along with the dubious distinction of having the fifth highest level of chronic malnutrition, it is also the world’s fifth largest exporter of coffee and sugar.

This state of affairs is no accident. It is a direct result of the extremely regressive tax regime in Guatemala and many other Latin American countries. The poorest pay a far higher proportion of their income on the equivalent of VAT and other indirect taxes, whilst the business elite enjoy a very generous regime of tax incentives. As a result, one in 20 Guatemalan children does not reach the age of five due to infectious and diarrheal diseases that are easily preventable and treatable. Two-thirds of the country’s children do not complete primary school on time and illiteracy levels are closer to the average for sub-Saharan Africa than to that for Latin America.

Guatemala stands out as much for its indicators of wealth as for those of poverty. The country with the highest number of private aeroplanes and helicopters per head in Central America is also the country with the highest rate of women dying from complications in pregnancy because they lack affordable transportation to a health centre.

In an effort to address these extreme inequalities, a Christian Aid-supported thinktank, the Central American Institute for Fiscal Studies (Icefi in Spanish), hosted an international symposium in Guatemala City last week. It was attended by Simon Pak, an internationally recognised tax expert, with a view to strengthening the Tax Justice Network in Latin America and tackling some of the more regressive policies in the region. Because Guatemala has one of the lowest tax burdens in Latin America, as well as one of the most generous regimes of tax breaks, Icefi chose to focus on the country as a case history for regressive tax policies in the region.

The report focuses on three human rights – those to food, health and education – and on three serious threats to these rights: child malnutrition, maternal mortality and low primary school completion. These issues were selected because they have been declared national priorities by successive governments in Guatemala. They also represent three key fronts in the struggle against poverty, to which all states have committed through the framework of the UN millennium development goals. If they are to have any hope of achieving the goals, and reducing the number of damaged children like Isabel, then governments need money. And the only reliable, sustainable source of that money is tax.

Durante los últimos diez años se ha producido una explosión de análisis y estudios sobre la felicidad humana. Decenas de libros y miles de artículos indican que la felicidad puede medirse con cierta precisión mediante encuestas de ámbito nacional. La investigación al respecto ha indagado sobre las causas de la felicidad y numerosos expertos han planteado cómo los distintos países pueden aplicar políticas susceptibles de aumentar el grado de felicidad de sus ciudadanos.

Parte de tales estudios han inquirido qué países son más felices. Hay escaso consenso al respecto. Una conocida encuesta de la Universidad de Leicester en Inglaterra concluye que los daneses son los más felices, en tanto que España figura en el lugar 46 y Estados Unidos en el 23. El prestigioso Internacional Social Survey Programme sitúa a México en la cima, mientras que España figura mucho más abajo y Estados Unidos notablemente por encima de Dinamarca. El World Values Survey señala que los neozelandeses son los más felices del mundo y sitúa a los españoles en el lugar 13, sólo tres peldaños por debajo de Estados Unidos.

En resumen, tratar de comparar la felicidad entre países es un intento vano. Lo que sí podemos comparar, sin embargo, es la felicidad en un país a lo largo del tiempo. El World Values Survey indica que en la mayoría de los países desarrollados el grado de felicidad, en términos generales, ha aumentado o no ha variado durante el último par de décadas. En Francia, por ejemplo, el porcentaje de los ciudadanos “muy felices” ha crecido del 20% al 36% entre los años 1981 y 2001. En Suecia, país que ha ocupado asiduamente los primeros puestos en las listas de la felicidad, el crecimiento observado fue el 29% en 1982 al 43% en el 2006.

En propiedad, España debería experimentar también mayores grados de felicidad. Al fin y al cabo y según se dice, España ha “progresado” enormemente durante los últimos treinta años…, cosa que se echa de ver, por ejemplo, desde el tamaño de su administración y sus progresistas políticas sociales al aflojamiento del peso e influencia de la Iglesia católica. Considérense los siguientes ejemplos. El gasto social público en España ha aumentado desde un 15,5% del PNB en 1980 a un 21,2% en la actualidad, bastante por debajo del promedio de los países de la OCDE. Y, en un país donde el aborto fue ilegal en su día, resulta en la actualidad que posee la legislación más progresista y avanzada de Europa al permitir el aborto hasta la semana decimocuarta de embarazo. Por lo demás, apenas puede seguir calificándose a España de país católico, dado que la asistencia a la iglesia se ha reducido literalmente a la mitad desde 1981 a la actualidad.

A pesar de estos cambios, España ha ido avanzando en la dirección equivocada en relación con la cuestión de la felicidad, a diferencia de casi todo el resto de países desarrollados. En 1981, el 20,1% de españoles decía sentirse “muy feliz”. En el 2005, tal porcentaje había descendido a sólo el 13,7%.

Claro que no todos los españoles son igualmente infelices en la actualidad. No obstante, la situación asimétrica encierra otra paradoja. Los españoles más infelices coinciden con los que en mayor medida suscriben y aprueban la moderna destrucción de lo tradicional, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones familiares tradicionales. Por ejemplo, según el World Values Survey, los españoles que convienen en que “el matrimonio es una institución anticuada y pasada de moda” muestran un 17% menos de probabilidad de vivir elevados niveles de satisfacción que aquellos que disienten de tal apreciación.

Así las cosas, ¿qué solución cabe para hacer frente a la tendencia hacia la infelicidad observable en España? Acaso la respuesta radique en alcanzar un mayor grado del “progreso” logrado hasta la fecha. Tal vez España pueda encaminarse únicamente hacia mayores cotas de felicidad en caso de fomentar más burocracia, más abortos, más divorcios y convivencia en pareja a la par que menos fe, menos familia, menos libre empresa…

O, simplemente, es posible que tales tendencias progresistas constituyan precisamente el factor que haya conducido a España por el mal camino en la cuestión de la felicidad. En Estados Unidos tenemos una expresión que dice: “Si estás en un apuro, no agraves tu situación”.

No poseo la respuesta al enigma de la felicidad y no me atrevería a decirles a los españoles si están en un agujero por lo que han de dejar de empeorar su situación. Barcelona ha sido mi segundo hogar durante más de veinte años. Mi mujer y mis tres hijos poseen la ciudadanía española. Sin embargo, siempre seguiré siendo un extranjero y decir lo que creo que debería hacer España sería una señal de arrogancia por mi parte. Tan sólo puedo referir lo que constato en los datos sobre la cuestión.

Los ingleses están contentos con la coalición entre conservadores y liberales. Puro sentido común. Visto el reparto de escaños, era la única solución razonable tras la quiebra del «two party system». Ahora ya son tres, tal vez para mucho tiempo. Lección práctica: en democracia mandan los electores y no los sistemas electorales. Ya saben que, según las «leyes» de Duverger, el mayoritario con distritos uninominales debería conducir al bipartidismo. Sin embargo, los amantes de la ingeniería constitucional se equivocan siempre, porque la política, espejo de la vida, es un ejercicio de prudencia y no de lógica abstracta. La democracia tipo Westminster sigue funcionando bastante bien. Incluso la envidian académicos ilustres como Bruce Ackerman frente a su propio modelo presidencialista a la americana. Y eso que el Reino Unido mantiene desde 1689 la fórmula parlamentaria en estado puro. Por ejemplo, no existe en los Comunes esa peculiar censura «constructiva» con candidato incorporado, aquel ingenioso invento del politólogo Carl J. Friedrich para estabilizar al Gobierno en la Ley Fundamental de Bonn. Aquí lo copiamos tal cual en la Constitución de 1978. Por eso, emergencias al margen, la moción de censura es un trasto inservible a efectos jurídicos. Una oposición sensata nunca debe utilizar un mecanismo que lleva directamente al fracaso, mal que les pese a los adversarios de Rajoy y también a unos cuantos amigos. Estos últimos, estoy casi seguro, impulsados por las mejores intenciones.

La política británica resulta aburrida para los amantes de emociones fuertes. Cumplidos de largo los tópicos «cien días», las encuestas avalan a la pareja gobernante. Con un matiz significativo. Sube con fuerza David Cameron, otra buena noticia para un padre feliz después de que Samantha diera a luz antes de lo previsto. La niña, por cierto, nació en Cornualles: hermosa tierra, allá en el límite del fin del mundo, que muchos lectores identifican gracias a «Poldark», una estupenda serie de televisión. En cambio, bajan las acciones de Nick Clegg. El «deputy prime minister», político sensato, rechaza los cantos de sirena de la izquierda y la respuesta oportunista de algunos de los suyos. Como es notorio, «tories» y «whigs» han sido rivales durante siglos, antes incluso de la Gloriosa Revolución. Signo de los tiempos: la naturaleza de las cosas invita ahora a la coalición entre los afines frente al socialismo que rechazan unos y otros. Todo ello sin olvidar el contexto: el «Labour Party», hijo de los fabianos y de las uniones sindicales, nació y morirá socialdemócrata, libre por fortuna de hipotecas marxistas y de tentaciones radicales. A día de hoy, es un partido en busca de líder, jubilado antes de tiempo Tony Blair y fallido Gordon Brown, como era previsible. Por cierto que las memorias de Blair son la sensación editorial de la nueva temporada. Los hermanos Miliband, David y Ed, apuestan por caminos diferentes. ¿Socialismo posmoderno? Su padre, Ralph, intelectual notable, escribió unas cuantas páginas que les pueden servir de inspiración…

Walter Bagehot publicó en el siglo XIX una obra clásica, «La Constitución inglesa», muy difundida en España gracias a la traducción de Adolfo Posada que acaba de reeditar el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con un valioso estudio preliminar de J. Varela Suanzes. Tradiciones domésticas: Bagehot fue director de «The Economist», y todavía hoy esta famosa revista titula con su nombre la sección dedicada a la política nacional. Conviene tener en cuenta la inteligente distinción del autor entre partes solemnes —«dignified»— y partes eficaces —«efficient»— de la Constitución. Entre las primeras, la Corona y los Lores. Entre las segundas, sobre todo, los Comunes y el Gabinete. Todavía practican la democracia ceremoniosa. Es una experiencia inolvidable asistir al discurso de la Reina, redactado por el primer ministro, que lo escucha de pie como si fuera un modesto M. P. en la sala de sesiones de una Cámara alta que no manda casi nada. Pura hipocresía, dicen algunos. Respeto a las tradiciones, creo yo, seña de identidad de una comunidad que se respeta a sí misma. Pero los tiempos cambian y la sociedad de masas marca la pauta, para bien y para mal. Hace pocos meses dimitió el «speaker» de los Comunes, por primera vez después de tres siglos largos. El Daily Telegraph, equivalente en Londres de nuestro ABC, desveló ciertos gastos legales pero ilegítimos de los parlamentarios. Un ejercicio impecable de democracia mediática. Al final, devolvieron hasta la última moneda: 42.000 libras, el que más, y 40 peniques, el que menos.

La Constitución que no existe formalmente cambia de hecho todos los días. «Devolution» para Escocia y Gales. Acuerdos de Stormont para el Ulster. Una ley reguladora de los Derechos Humanos, adaptación parcial del convenio de Roma a la peculiar estructura del Derecho inglés y piedra de escándalo para los euroescépticos. El Gobierno crece y se multiplica, en línea recta o por vías sinuosas. Proliferan los «quangos», o sea, con perdón para el lector no especialista, «quasi autonomous non gubernamental organisations», una fórmula pura y dura para escapar del control público. El ejemplo más reciente, por cierto, es la nueva autoridad independiente encargada de controlar los polémicos gastos de los parlamentarios. La prensa cuenta que ya se han producido unos cuantos incidentes… Mientras, la sociedad sigue a lo suyo. Por suerte, les importa mucho la educación. Se han publicado estos días los resultados globales en la enseñanza secundaria, los famosos GCSE. No están nada mal, pero preocupa el fracaso general en lenguas extranjeras y en la propia lengua inglesa. El sistema funciona bien, a juzgar por el éxito de las universidades a la hora de captar alumnos del mundo entero. Incluso algún británico se deja ver por las aulas de vez en cuando… Por lo demás, ningún joven utiliza ya el clásico «thank you», sustituido por el informal y espontáneo «cheers». Así que no se sorprendan…

Volvamos a los partidos. Como es natural por razón de mi gremio, admiro sinceramente las factorías de ideas que cultivan con esmero todas las fuerzas políticas. Sin embargo, confieso que ahora me siento muy decepcionado. Los conservadores se apuntan a una insulsa «Big Society», que no significa nada en concreto. Los liberales salvan como pueden sus contradicciones internas a base de generalidades. Los laboristas están ocupados luchando por el poder interno. Malos tiempos para la teoría, ante un presupuesto de emergencia y un plan de austeridad en el gasto que pretende una reducción drástica del déficit. Lo mejor, sin duda: tienen muchos defectos, pero en la política inglesa no hay lugar para la demagogia ni se celebran las ocurrencias para salir del paso. Termino con Aristóteles, que nunca defrauda: la gente inteligente —escribe en «Ética a Nicómaco», III, 3— delibera únicamente «sobre aquello que está a nuestro alcance y es realizable».

The global economic crisis has claimed many victims – unemployed workers, flooded homeowners and bankrupt pensioners – but nowhere have the repercussions been as devastating as in the developing world.

The setback to the fragile gains of recent years, particularly in Africa, threatens to return millions of people to the extreme poverty from which they had just managed to escape. In addition to the prospect of enormous human suffering, severe economic, political, and social pressures now threaten to overwhelm and destabilise developing countries, triggering conflict on an unprecedented scale.

What makes the downward spiral particularly disheartening is that the economic crisis has hit at a time of the first glimmerings of progress, notably in healthcare. Since 2000, the rate of people dying from Aids has declined, child-killing diseases like malaria and measles are being tackled more effectively, universal primary education is inching forward, and the targets for safe drinking water are in sight.

Now, though, the global economic crisis is sapping developed countries’ shaky efforts to fulfil their commitments for official development assistance (ODA) in order to achieve the United Nations’ millennium development goals (MDGs). A UN report warns that annual investment from these donor countries is falling $35bn short of the $150bn goal. Unless something changes, there is little chance that the MDG targets can be sustained in the long run.

Indeed, the consequences of the fall-off in ODA are already dramatic; the number of people going hungry and in extreme poverty is now far greater than before, and the same is true of the unemployed, those who work in vulnerable jobs, or earn less than $1.25 (81p) a day. Progress in health and literacy is being undermined. World Bank data links the economic downturn to an increase in mortality among children under the age of five.

Moreover, 536,000 women a year die in childbirth, and maternal health is also the one goal towards which progress has stagnated since the targets were established 10 years ago. Every minute that passes means one less mother, and it is shameful that 99% of these deaths occur in developing countries.

So should we despair of achieving the MDGs, not just by the original deadline of 2015 but even by the end of the century? Viewed through the traditional ODA prism, with its one-year budgets, public-finance constraints and competing national priorities, there seems little cause for optimism. But there is a way to replace the traditional paradigm with an internationally accepted model that has a proven record of success, particularly in healthcare.

Innovative financing mechanisms offer the means to tap incrementally into global financial flows without disrupting economic activity. Among the best-known examples is Unitaid, a UN-sponsored international drug-purchase facility funded largely through a small fee added to airline tickets, which has raised $1.5bn since 2007. This reliable funding source has spearheaded the fight on the three health-related MDGs: treating and fighting life-threatening diseases like HIV/Aids, malaria, and tuberculosis; reducing childhood mortality; and improving maternal health.

Providing funding in 93 countries, Unitaid today finances drugs for three-quarters of the children around the world who receive antiretrovirals. Widespread coverage has been achieved through Unitaid’s influence on the price of life-saving drugs: it guarantees a market through long-term commitments to purchase high volumes of medicines and diagnostics – a commitment made possible by the sustainable and predictable funding of the “air tax”. As a result, the price of antiretrovirals has been cut by more than 50%.

Similarly, Unitaid is attacking child mortality through Unicef’s extensive programme to eradicate mother-to-child HIV transmission. By the end of 2010, 4 million African women will be screened, and tri-therapies treatment provided to 500,000 pregnant women worldwide.

Unitaid is now building on this success by teaming up with the Millennium Foundation to give individuals a chance to help fight major diseases through micro-contributions. An innovative fundraising mechanism called Voluntary Solidarity Contribution will allow air travellers and others to make a voluntary micro-donation to Unitaid simply by ticking a box when buying say, a plane ticket, and adding $2 to the total cost.

The “air tax” currently applies to only 7-10% of all airline tickets sold, yet the $400m it brings in yearly accounts for three-quarters of Unitaid’s financing. With more than a billion people now travelling by air every year, and with a total of 2.2bn flights sold, extending the “air tax” approach to a voluntary contributions model would vastly multiply the programme’s benefits.

Such new financing mechanisms, in addition to national ODA investments, are an important means of supporting the beleaguered MDGs. In September, Ban Ki-moon, the UN secretary general, convenes a summit in New York to renew the drive toward reaching the MDGs, the world leaders in attendance should endorse their use to address MDG priorities in areas other than health.

When the MDGs were adopted in 2000, the sense of urgency was powered by the moral conviction that extreme poverty had become an unacceptable anachronism in our globally connected world. But more is needed, and September’s summit in New York will be an important opportunity for countries to voice their full-throated support for innovative financing mechanisms, and thus give the MDGs a fighting chance.

Cosmologists are agreed that the universe began with a big bang 13.7 billion years ago. People naturally want to know what caused it. A simple answer is nothing: not because there was a mysterious state of nothing before the big bang, but because time itself began then – that is, there was no time “before” the big bang. The idea is by no means new. In the fifth century, St Augustine of Hippo wrote that “the universe was created with time and not in time”.

Religious people often feel tricked by this logic. They envisage a miracle-working God dwelling within the stream of time for all eternity and then, for some inscrutable reason, making a universe (perhaps in a spectacular explosion) at a specific moment in history.

That was not Augustine’s God, who transcended both space and time. Nor is it the God favoured by many contemporary theologians. In fact, they long ago coined a term for it – “god-of-the-gaps” – to deride the idea that when science leaves something out of account, then God should be invoked to plug the gap. The origin of life and the origin of consciousness are favourite loci for a god-of-the-gaps, but the origin of the universe is the perennial big gap.

In his new book, Stephen Hawking reiterates that there is no big gap in the scientific account of the big bang. The laws of physics can explain, he says, how a universe of space, time and matter could emerge spontaneously, without the need for God. And most cosmologists agree: we don’t need a god-of-the-gaps to make the big bang go bang. It can happen as part of a natural process. A much tougher problem now looms, however. What is the source of those ingenious laws that enable a universe to pop into being from nothing?

Traditionally, scientists have supposed that the laws of physics were simply imprinted on the universe at its birth, like a maker’s mark. As to their origin, well, that was left unexplained.

In recent years, cosmologists have shifted position somewhat. If the origin of the universe was a law rather than a supernatural event, then the same laws could presumably operate to bring other universes into being. The favoured view now, and the one that Hawking shares, is that there were in fact many bangs, scattered through space and time, and many universes emerging therefrom, all perfectly naturally. The entire assemblage goes by the name of the multiverse.

Our universe is just one infinitesimal component amid this vast – probably infinite – multiverse, that itself had no origin in time. So according to this new cosmological theory, there was something before the big bang after all – a region of the multiverse pregnant with universe-sprouting potential.

A refinement of the multiverse scenario is that each new universe comes complete with its very own laws – or bylaws, to use the apt description of the cosmologist Martin Rees. Go to another universe, and you would find different bylaws applying. An appealing feature of variegated bylaws is that they explain why our particular universe is uncannily bio-friendly; change our bylaws just a little bit and life would probably be impossible. The fact that we observe a universe “fine-tuned” for life is then no surprise: the more numerous bio-hostile universes are sterile and so go unseen.

So is that the end of the story? Can the multiverse provide a complete and closed account of all physical existence? Not quite. The multiverse comes with a lot of baggage, such as an overarching space and time to host all those bangs, a universe-generating mechanism to trigger them, physical fields to populate the universes with material stuff, and a selection of forces to make things happen. Cosmologists embrace these features by envisaging sweeping “meta-laws” that pervade the multiverse and spawn specific bylaws on a universe-by-universe basis. The meta-laws themselves remain unexplained – eternal, immutable transcendent entities that just happen to exist and must simply be accepted as given. In that respect the meta-laws have a similar status to an unexplained transcendent god.

According to folklore the French physicist Pierre Laplace, when asked by Napoleon where God fitted into his mathematical account of the universe, replied: “I had no need of that hypothesis.” Although cosmology has advanced enormously since the time of Laplace, the situation remains the same: there is no compelling need for a supernatural being or prime mover to start the universe off. But when it comes to the laws that explain the big bang, we are in murkier waters.

On Sept. 1, 1945 — 65 years ago this week — I arrived in Leyte Gulf, the Philippines, aboard a Navy transport ship. Along with other newly commissioned ensigns in the Navy Civil Engineer Corps, I was prepared to join one of the Seabee battalions being mustered for an invasion of the Japanese mainland. However, as we had learned during our voyage across the Pacific, the A-bombs had been dropped and Japan had capitulated. As the fates would have it, the day after our arrival — Sept. 2, 1945 — a peace treaty was signed aboard the battleship Missouri in Tokyo Bay.

The war was over. But we all agreed that it would take years — perhaps a generation — before our hatred of the enemy would diminish.

I joined the 29th Naval Construction Battalion, whose postwar assignment saw us traveling to Truk (now called Chuuk), an atoll in the Caroline Islands that had served as headquarters for the Japanese fleet. This formidable base had been bombed into rubble, and now the Navy had decided that the main airstrip should be rebuilt, along with a basic military camp. Under a unique provision in the surrender agreement, 3,000 Japanese were to remain on Truk to perform the necessary construction, working under the direction of an American force. Our battalion was selected to be that American force.

Arriving at Truk, we found ourselves surrounded by the erstwhile enemy: approximately 40,000 warriors noted for their ferocity in battle. Marines had preceded us to assure security, but one could not help feeling a little edgy.

As the youngest and newest officer, I was put in charge of one of the less imposing projects: building a small earth-fill dam on a mountain stream for our water supply system. I had no experience with earth-fill dams, but using handbooks, and with guidance from colleagues who were knowledgeable engineers, I developed a rudimentary plan. Rising some 25 feet from the bottom of a small gorge, the dam was not exactly Grand Coulee; but for me, it was a challenge. For work in the field, I was given three experienced men from our battalion and a Japanese crew of about two dozen under the command of one of their lieutenants.

On the appointed day, the two teams gathered at the construction site and for what seemed like a long time simply stared at each other. Was there hostility or fear? I cannot say for sure. Friendly feelings? Certainly not.

It was up to me to make the first move. I walked over to my Japanese counterpart and ceremoniously unrolled the drawings I had prepared, showing him the outlines of the job. I set up a basic surveyor’s transit, and within minutes my men were driving pointed stakes at designated spots and stretching cord between them. Soon, under orders from their officer, the Japanese soldier-workers were attacking the earth with shovels and picks.

The Seabee threesome provided supervision, first hesitantly, then with increasing zest. To my amazement, they and the Japanese workers were soon engaged in attempts at banter and pantomime. I had arranged for a clay-like soil to be brought to the site by truck and wheelbarrow, and the Japanese devised a wooden pounding tool with which to compact the material. Within a few days the two groups had settled into an efficient working routine interspersed with episodes of playfulness.

The Japanese lieutenant and I, inhibited by notions of military protocol, did not warm up to each other right away. But enthusiasm for the task at hand, and pride in the progress made, led to mutual respect and, eventually, to friendship. I knew that there had been a breakthrough when he encouraged me to call him “Moe,” an abbreviation of a name that I had difficulty pronouncing.

The anticipated generation-long era of fear and hatred seemed to have been reduced to mere days.

After several weeks, the project was complete and we planned a dedication ceremony. Moe surprised me with the gift of a small ceramic statue, accompanied by a message that had been translated by one of his fellow officers and transcribed painstakingly onto a white kerchief. It read (I’ve retained the original spelling and punctuation):

April 2, 1946. The souvenir of the water plant completion. This is a statue of Admiral of The Fleet Count Hehachiro Togo, I.J.N. He was born at Kagoshima in Kyushu about a hundred years ago. He won the great victory in the Naval Battle of the Japan Sea. Namely he defeated the great Russian fleet (the Barutic Fleet). But some years ago he had a natural death. The world people say that he is the Nelson of the east. I pray that you may be able to make a great work as well as his achievement.

Lt. Moe

Today the statue stands on a shelf in my office, and the white kerchief, framed, hangs on the wall beside it. Perhaps one shouldn’t generalize from this somewhat idyllic tale, but I do. Recalling the events on a small Pacific atoll in 1945, I am reminded how camaraderie can spring up in the unlikeliest situations.

Talks this week mark the beginning of new negotiations between Israelis and Palestinians. If the parties can devise a compromise to get past the expiration this month of Israel’s partial freeze on settlement construction, they will be off and running.

How far they can run, however, depends on whether the United States can avoid three errors that would harm, and perhaps doom, the discussions.

The first mistake is to intrude too deeply and too often in what must be a bilateral negotiation. The Obama team appears poised to do just that, as it plans to send both Secretary of State Hillary Clinton and George Mitchell, special envoy for Middle East peace, to the next round in Sharm el-Sheikh, Egypt, on Sept. 14. Mitchell said this week that “the guiding principle will be an active and sustained United States presence” and “participation.” The best-informed Israeli columnists say this is a polite formulation for far more. As Nahum Barnea wrote in the widest-circulation Israeli daily, Yedioth Ahronoth, on Friday: “In all the talks that Israeli governments held in the past, with the Arab states and with the Palestinians, the Americans only got into the thick of the talks at the last stage. The talks were direct and bilateral . . . Not this time. This time the Americans intend to sit at the negotiating table and to stay there. The talks will be direct, but trilateral.”

This is a grave mistake: The Israelis and Palestinians do not negotiate seriously when U.S. officials are in the room; instead, they take positions designed to elicit American approval. The Bush administration tried trilateral talks, and the two sides argued more when we were present than when we were not. It’s no accident that negotiations that yielded agreements, such as Oslo, were not only begun without us at the table but were kept secret from us. The U.S. role is critical, but mostly in cajoling and reasoning with both parties — separately. Every session where Mitchell is present will be a lost opportunity for Palestinian and Israeli negotiators to dig in.

The second mistake — one the Bush administration made as well — is to concentrate on the negotiations and pay too little attention to life in the West Bank. Palestinians will give the talks no credence if their context is a worsening of conditions there, and whatever may be achieved at the table will be meaningless unless the Palestinian Authority (PA) is strong enough to enforce the agreements. And it doesn’t appear to be. Reuters reported this week that “the United Nations has warned of a looming Palestinian cash crisis.” Saudi contributions this year to the PA were “$30.6 million by August, compared to $241.1 million in 2009. The United Arab Emirates, which contributed $173.9 million in 2009, has yet to pay anything.”

It is impossible to believe the PA would once again be broke if the United States were paying adequate attention and exercising adequate pressure. The Bush administration had to remind, browbeat and shame Arab oil-producing states into forking over what they had pledged, much less what their oil riches would have allowed them to pay. But this is what happens if Washington concentrates on ceremonial details and not how the PA will meet its payroll. A Palestinian state will be built not at Camp David or Sharm el-Sheikh but in the West Bank, which is where our greatest efforts should be focused.

The third mistake would be to seek a “framework agreement.” Mitchell explained Friday that “Our goal is to resolve all of the core issues within one year. And the parties themselves have suggested and agreed that the logical way to proceed, to tackle them is to try to reach a framework agreement first. . . . A framework agreement is not an interim agreement. It’s more detailed than a declaration of principles, but is less than a full-fledged treaty. Its purpose is to establish the fundamental compromises necessary to enable the parties to then flesh out and complete a comprehensive agreement that will end the conflict and establish a lasting peace.”

Such an approach would doom the talks, regardless of whether the parties favor it. The difficult compromises necessary for a final-status agreement that resolves all the core issues will be made at the very end. The only way Palestinian President Mahmoud Abbas can defend such compromises is by delivering to Palestinians their own state; the only way Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu can do so is by saying Israel will now get peace, not only with Palestinians but with all Arab states.

All this cannot possibly happen until a final-status agreement is signed and implemented. Asking the parties to announce their “fundamental compromises” on the core issues when a final-status agreement is years away is asking them to commit political suicide. Those compromises will be balanced by no visible reward, and even a “fundamental compromise” such as “Jerusalem must be shared” or “Israel can protect its security in the West Bank” gets you nowhere without endless detail explaining what you mean. This isn’t Sinai, where there was only one easily grasped and implemented decision: Would Israel would give back every square inch?

It’s worth remembering that the Geneva Initiative, an unofficial effort by well-meaning Israelis and Palestinians to draft a full final-status agreement, came to 500 pages. A vague “framework agreement” could be a sign of progress that keeps the negotiations going beyond one year, but efforts to force the parties to announce their bottom lines in advance of the final settlement will never succeed.

These negotiations will be long and hard. If the United States commits these three mistakes, as we seem poised to do, we will make the difficult impossible.

“Where is the Palestinian Mandela?” pundits occasionally ask. But after these latest Israeli-Palestinian peace talks in Washington fail — as they inevitably will — the more pressing question may be: “Where is the Israeli de Klerk?” Will an Israeli leader emerge with the former South African president’s moral courage and foresight to dismantle a discriminatory regime and foster democracy based on equal rights?

For decades, the international community has assumed that historic Palestine must be divided between Jews and Palestinians. Yet no satisfactory division of the land has been reached. Israel has aggravated the problem by settling roughly 500,000 Jews in East Jerusalem and the West Bank, eliminating the land base for a viable Palestinian state.

A de facto one-state reality has emerged, with Israel effectively ruling virtually all of the former Palestine. Yet only Jews enjoy full rights in this functionally unitary political system. In contrast, Palestinian citizens of Israel endure more than 35 laws that explicitly privilege Jews as well as policies that deliberately marginalize them. West Bank Palestinians cannot drive on roads built for Israeli settlers, while Palestinians in Gaza watch as their children’s intellectual and physical growth are stunted by an Israeli siege that has limited educational opportunities and deepened poverty to acute levels.

Palestinian refugees have lived in exile for 62 years, their right to return to their homes denied, while Jews from anywhere can freely immigrate to Israel.

Israeli leaders Ehud Olmert and Ehud Barak have admitted that permanent Israeli rule over disenfranchised Palestinians would be tantamount to apartheid. Other observers, including former U.S. president Jimmy Carter and South African Archbishop Desmond Tutu, have said that apartheid has already taken root in the region.

Clearly, Palestinians and Israeli Jews will continue to live together. The question is: under what terms? Palestinians will no more accept permanent subordination than would any other people.

The answer is for Israelis and Palestinians to formalize their de facto one-state reality but on principles of equal rights rather than ethnic privilege. A carefully crafted multiyear transition including mechanisms for reconciliation would be mandatory. Israel/Palestine should have a secular, bilingual government elected on the basis of one person, one vote as well as strong constitutional guarantees of equality and protection of minorities, bolstered by international guarantees. Immigration should follow nondiscriminatory criteria. Civil marriage between members of different ethnic or religious groups should be permitted. Citizens should be free to reside in any part of the country, and public symbols, education and holidays should reflect the population’s diversity.

Although the one-state option is sometimes dismissed as utopian, it overcomes major obstacles bedeviling the two-state solution. Borders need not be drawn, Jerusalem would remain undivided and Jewish settlers could stay in the West Bank. Moreover, a single state could better accommodate the return of Palestinian refugees. A state based on principles of equality and inclusion would be more morally compelling than two states based on narrow ethnic nationalism. Furthermore, it would be more consistent with antidiscrimination provisions of international law. Israelis would enjoy the international acceptance that has long eluded them and the associated benefits of friendship, commerce and travel in the Arab world.

The main obstacle to a single-state solution is the belief that Israel must be a Jewish state. Jim Crow laws and South African apartheid were similarly entrenched virtually until the eves of their demise. History suggests that no version of ethnic privilege can ultimately persist in a multiethnic society.

Israeli perspectives are already beginning to shift, most intriguingly among right-wing leaders. Former defense minister Moshe Arens recently proposed in the Israeli newspaper Haaretz that Israel annex the West Bank and offer its residents citizenship. Knesset speaker Reuven Rivlin and Likud parliamentarian Tzipi Hotovely have also supported citizenship for West Bank Palestinians, according to the Haaretz. In July, Hotovely said of the Israeli government’s policies of separation: “The result is a solution that perpetuates the conflict and turns us from occupiers into perpetrators of massacres, to put it bluntly.”

Is one of these politicians the Israeli de Klerk? That remains to be seen. Gaza is pointedly excluded from the Israeli right’s annexation debate. They still envision a Jewish state, simply one with a larger Palestinian minority. But their challenge to the two-state orthodoxy, which empirical experience has proven unrealistic, is healthy.

If Americans aspire to more than managing the Israeli-Palestinian conflict via perpetual and inconclusive negotiations, we should applaud this emerging discussion. Having overcome our own institutionalized racial discrimination, we can model the virtues of a vibrant, multicultural society based on equal rights. President Obama, moreover, would be a fitting emissary for this vital message.

Since 2001, the United States has been carrying out “targeted killings” in connection with what the Bush administration called the “war on terror” and the Obama administration calls the “war against al-Qaeda.” While many of these killings have been carried out on battlefields in Afghanistan or Iraq, our government has increasingly been employing lethal force in places far removed from any zone of armed conflict, effectively carrying out executions without trial or conviction. Some of the individuals on the government’s kill lists are U.S. citizens.

On Monday, our organizations filed a lawsuit challenging the legality of targeted killings that take place outside zones of armed conflict. We did not do this lightly. But we simply cannot accept the proposition that the government should have unchecked authority to carry out extrajudicial killings, including of U.S. citizens, far from any actual battlefield. Nor can we accept the contention that the entire world is a battlefield. In protecting this country from the threat of terrorism, the government cannot jettison the rights that Americans have fought for more than two centuries to safeguard.

In zones of armed conflict, targeted killing can be a lawful tactic. But outside the context of armed conflict, targeted killing is legal only as a last resort and in the face of a truly imminent threat to life — and then only because the immediacy of the threat makes judicial process infeasible. Outside these narrow circumstances, targeted killing amounts to the imposition of a death sentence without charge, trial or conviction. Notably, Anwar al-Aulaqi, the cleric whose rights are at issue in the lawsuit we filed on Monday, has not been charged with a crime, but he has reportedly been the target of almost a dozen missile strikes in Yemen. While the government might argue that targeted killings in Pakistan along the border regions of Afghanistan are connected to the armed conflict there, it can hardly make that argument with regard to Yemen, which is far removed from any armed conflict.

The danger of dispensing with due process is obvious. Without it, we cannot be assured that the people the government kills are individuals who presented a threat to the country. Indeed, over the past decade, our government has repeatedly labeled men terrorists only to find out later — or to be told by a federal judge — that the evidence was overstated, wrong or nonexistent. If we invest the government with unchecked authority to impose death sentences on people who have never been convicted of or even charged with a crime, it is inevitable that innocent people will be executed.

The conduct of our government heavily influences the practices of other countries. The United States would in all likelihood not endorse the authority it claims for targeted killings if it were asserted by other countries. Americans would surely be appalled if another country claimed the right to send a drone after a declared enemy in Wyoming.

The government has the tools it needs to address the threat posed by suspected terrorists, including Americans, who find refuge in other countries. It can indict suspected terrorists and seek their extradition. It can seize their assets. It can share intelligence with other countries so that they can charge and try suspected terrorists. It can provide financial and technical support to other countries’ law enforcement and intelligence services. In a truly extraordinary case, the government may have no choice but to use lethal force to address a threat that is both grave and imminent. But if we are to preserve anything resembling the rule of law, the government’s authority to use lethal force against its own citizens must be limited to such grave and imminent threats.

The Obama administration’s program of targeted killings appears to be far broader than the law permits. The administration has refused to disclose crucial information — such as the standard under which individuals are added to kill lists, the circumstances in which individuals may be targeted outside the context of armed conflict, and the number of Americans on the lists. According to news reports, names are added to kill lists after a secret bureaucratic process, and at least some names have been on the lists for months. Whatever else may be said about this approach, it is plainly not limited to individuals who present an imminent threat.

Many Americans rightly reacted with alarm when the Bush administration claimed worldwide authority to detain suspected terrorists — including U.S. citizens — without charge or trial. We should react with similar if not stronger alarm to the Obama administration’s claim of worldwide authority to kill suspected terrorists without charge or trial. A wrongly imprisoned suspect may eventually be set free. But there is no recourse from a missile.

The Black Sea is a cradle of civilization, trade and cultures, but today it is also a region of unresolved conflicts, porous borders and rivalries.

Terrorism and insurgency are spreading across the North Caucasus, abetted by fighters from the Middle East and South Asia. Everything from narcotics from Afghanistan to supplies for Iran’s nuclear program are smuggled through the region. Georgia remains tense since the 2008 war with Russia; separatists threaten hostilities in the regions of Nagorno-Karabakh and Trans-Dniestr.

Contributing to the insecurity is an absence of effective institutions for Black Sea regional cooperation.

The European Union’s Black Sea Synergy Initiative, the Organization of Black Sea Economic Cooperation and Operation Black Sea Harmony, a Turkish-led naval coalition, limp along.

Three NATO members — Bulgaria, Romania and Turkey — line the Black Sea shore, but the alliance devotes scant attention to the region. Russia and Turkey seek to dominate the sea and keep other navies out, and even if they didn’t, the 1936 Montreux Convention restricts outside warships to three-week sojourns.

Conditions may be ripening, however, for cooperative security initiatives on the Black Sea.

Russia is anxious to assure security for the 2014 Winter Olympics in Sochi, on the edge of the North Caucasus. Ukraine seeks to calm the anxieties of the mostly Russian population in Crimea, while Russia seeks stable naval basing arrangements there.

Turkey, with its large North Caucasian diaspora, and Azerbaijan and Georgia hope fighting in the North Caucasus will ebb. Turkey is also concerned about the security of oil tankers traversing the Bosporus straits. And all the region’s states want to stem illicit trafficking and terrorist flows.

At first glance, Russia seems to be as much a problem as solution. It is building up its ground and air forces in Abkhazia and South Ossetia, Georgian territories it annexed after the 2008 clash with Georgia, and at the Gyumri base in Armenia. These forces create unease because they could easily interdict shipments of Caspian oil and gas. Russia also says it will deploy more warships in the Black Sea, and it is outfitting a naval base in Abkhazia. And despite some hints of change, Moscow still refuses to deal with the government of Georgia.

Yet an over-extended Russia may now have an interest in defusing potential confrontations. Vladimir Putin’s model of authoritarian rule is coming under new challenge, spurred in part by the government’s ineptitude in suppressing this summer’s wildfires. Russian leaders now tout economic modernization and foreign investment. Russia is improving ties with Turkey and Ukraine, and on the second anniversary of the war with Georgia, the Kremlin avoided the patriotic fervor of the previous year.

Russia, Turkey and Ukraine — the largest states on the Black Sea — should take the lead in encouraging cooperative security to lessen the existing threats. All Black Sea states belong to NATO’s Euro-Atlantic Partnership Council and the Organization for Security and Cooperation in Europe, both of which could serve as forums for developing regional initiatives.

Cooperation to reduce transnational threats should improve cross-border links between law enforcement, border control and military organizations, and facilitate joint operations against illicit trafficking.

Cooperation should bolster the capacity to address biological and nuclear threats, including active participation in the Proliferation Security initiative and the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, which Russia co-chairs with the United States. A new regional energy security dialogue would facilitate cooperative measures to share shipping and threat information and conduct joint cleanup exercises.

NATO could provide unique aerial and maritime reconnaissance capabilities, and the E.U. could help with law enforcement, border security and information sharing.

Last spring, the independent Commission on the Black Sea rightly lamented that “the Black Sea still does not attract enough attention.” Summit meetings later this year offer an opportunity to change that.

At these meetings of NATO, the E.U., and the Organization for Security and Co-operation in Europe (O.S.C.E.), the Black Sea region ought to be front and center. With the Sochi Olympics looming, Russia should be a very interested partner.