Por Suso de Toro (LA VANGUARDIA, 12/04/08):
El fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de un modo o de otro afectará a la capacidad de autogobierno catalán y a su reconocimiento nacional, afectará también a la política y la gobernabilidad de Catalunya. Pero la situación en la que está un texto de tal importancia, refrendado por la Cámara catalana, la española y la ciudadanía en referéndum, plantea una pregunta: ¿quién es al final dueño de la democracia, la ciudadanía o los jueces miembros de un tribunal? El recurso del Estatut, junto con una serie de actuaciones judiciales recientes que podríamos decir que tienen carácter de incidente, ha hecho aflorar un problema de Estado: la justicia española. La justicia no ha encontrado un lugar claro en la democracia y no está apareciendo como una institución del Estado sino como un instrumento de la lucha política, y marcadamente de la derecha.
Pero, suponiendo que el Estatut no hubiese sido recurrido y hubiese sido aprobado sin más, ¿resolvería el encaje de Catalunya en España? Eso pretendió Maragall, y luego Zapatero, apostando por un nuevo Estatut (un camino político alternativo al plan Ibarretxe), pero lo ocurrido desde entonces muestra que no basta una reforma jurídicoinstitucional para solventar un problema político tan profundo, se trata de un enfrentamiento ideológico entre nacionalismos contrarios y reactivos. Ese enfrentamiento además está planteado de modo radical, especialmente por la derecha española y los medios de comunicación.
La derecha española sabe perfectamente que España empezó a evolucionar desde un Estado nación al aprobarse la Constitución vigente que reconoce regiones y nacionalidades. Esa evolución se confirmó al entrar en la Unión Europea y levantarse las aduanas y fronteras con sus vecinos, al someter sus tropas a un mando de la OTAN, al eliminarse el ejército de leva y al desaparecer la peseta.
Hoy España es otra cosa, no es un Estado nación como no lo son los otros estados europeos. ¿Nación, Estado? Que las ideologías perduren más que las sociedades que las crearon explica en parte la prolongación de las ideologías nacionalistas, pero se explica también por los intereses creados. En Madrid, en Catalunya, en España toda la vida social se lee a través del nacionalismo, la economía, las infraestructuras, la historia, las crónicas y la literatura. En realidad, la Constitución no estableció unas reglas del juego ordenadas sino que abrió un proceso de reformulación nacional tanto para España como para las nacionalidades, un proceso gobernado por la ansiedad y la inestabilidad, unos con miedo a ver amputada su identidad y otros a que perezca la suya.
En estas décadas no se ha creado un espacio cultural y de referencias común y compartido. Es justo reconocer que se instituyeron los premios nacionales de literatura y ensayo que reconocen como “nacionales” también a las creaciones en lengua catalana, vasca y gallega, pero la evidencia abrumadora es que la llamada cultura española excluye a esas lenguas. Lo que se le reprochó a Catalunya cuando fue país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt lo hace España todos los días con la cultura de las lenguas no castellanas.
Leemos la noticia de la publicación de otra Historia de la literatura española,referida esta a la que está escrita en castellano: la catalana, la vasca y la gallega no son españolas. Euskadi y Catalunya, por su parte, han creado unas reservas culturales propias pero fuera de ellas, en los medios de comunicación llamados nacionales, es imposible oír cantar en catalán o saber novedades culturales de Galicia. Esta España es refractaria a una parte de su ciudadanía, ve como más propia a una persona de México que a una de Girona. La inclinación por la opción de independencia en Catalunya o Euskadi nace de esta realidad.
El Estado de las autonomías es muy débil ideológicamente, culturalmente. La manipulación de la memoria y la agitación nacionalista que hace la derecha con todo su poder mediático impiden comprender por qué nuestra democracia es necesariamente plurinacional. En cambio, el Estado de las autonomías está cuestionado permanentemente desde los inicios de la democracia. Hace unos años ese discurso político se expresaba en Fuerza Nueva, Falange y, en parte, en Alianza Popular, pero carecían de la legitimidad de la democracia, aparecían como el pasado, el Régimen, y eso lo dejaba en desventaja. Eso ha cambiado, la derecha hoy “sin complejos” asume su pasado franquista, ypor otro lado la dialéctica entre nacionalismos ha decantado a un grupo de intelectuales dedicados a reargumentar el nacionalismo de Estado. Junto al nacionalcatolicismo ha reaparecido un nacionalismo laico que tiene raíces en el regeneracionismo del primer tercio del siglo pasado y se expresó antes en distintas modulaciones en Ortega, Ramiro Ledesma o Lerroux. Al reformularse el españolismo en dos corrientes, la tradicional integrista católica y la laica o laicista, ha ensanchado su base y hoy ese discurso es transversal a la gran mayoría de la prensa madrileña, sus voceros son igualmente aceptados para la práctica totalidad de los medios de prensa de la capital del Estado.
Las comunicaciones por tierra van dejando de ser radiales, pero la estructura de las comunicaciones de la información sigue fuertemente centralizada en Madrid. Y Madrid es hoy un fenómeno nacionalista realmente interesante. Allí la derecha madrileña ha creado una verdadera “nacionalidad” con sus rasgos identitarios. Es raro que aún no haya estudios serios al respecto. Al españolismo castizo tradicional le han sumado una agenda de reivindicaciones económicas, agravios y un programa ideológico nacionalista sistemáticamente reactivo frente a Catalunya, capaz de lanzar un boicot comercial, rompiendo así la unidad de mercado española, o elevar la tauromaquia a símbolo “nacional”. Y todo con un lenguaje vulgar, amenazador, con desembarazo, sin complejos y con la brutalidad del gángster.
El enfrentamiento ideológico es muy fuerte, la derecha no va a abandonar la agitación ideológica y no bastarán reformas institucionales, se necesita un pacto político que articule un proyecto común. España será nación, Estado o lo que se quiera, pero sólo tiene sentido, durará e interesará a todos si existe un proyecto civil compartido. Eso no ocurrirá hasta que fuerzas políticas de las nacionalidades no sólo apoyen presupuestos, no sólo apoyen investiduras, sino que también se sienten en el Gobierno, de la nación o del Estado. Compartiendo responsabilidades y siendo reconocidos. Sólo así se desvanecerán recelos y se hará un compromiso de pertenencia y de lealtad a un proyecto español compartido, común.