Por J. Andrés Sánchez Pedroche, rector de la Universidad a Distancia de Madrid. Fue miembro de la Comisión de expertos para la reforma del IRPF en 1998 (EL MUNDO, 04/10/10):
El IRPF constituye la viga maestra del sistema impositivo español, quizá el único tributo llamado a cumplir los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y progresividad. Obvio es señalar que cualquier reforma de este impuesto incide en la puesta al día de la política fiscal y económica, con repercusiones que deben medirse finamente con el cartabón de la prudencia y la mesura, so pena de lograr efectos indeseados.
El Gobierno de la nación y algunas de las comunidades autónomas han venido anunciando durante estos últimos días subidas para las rentas más altas. La justificación de dichas políticas descansa, según sus autores, en la necesidad de atemperar el enorme déficit presupuestario que, en apenas dos años, ha arrasado con el superávit que nos permitió alcanzar los límites fijados por el Tratado de Maastricht. Pero la arquitectura del IRPF español debe perfilarse teniendo en consideración la estructura de los impuestos directos del resto de los países de la Eurozona. Siguiendo esa estela, las últimas reformas del IRPF (1998 y 2006) intentaron dar respuesta a esa necesidad, reduciendo los tipos impositivos marginales más altos. Y, así, la primera de ellas, redujo del 56 al 45% el tipo marginal más alto de la tarifa, y la segunda, lo volvió a bajar dos puntos, del 45 al 43%.
Resulta curioso que fuera un Gobierno socialista el que apoyara esta reforma que discrimina muy positivamente a los rentistas del capital, es decir, aquellos que no tienen que madrugar para ir al trabajo, frente al asalariado por cuenta ajena (con un tipo mucho más severo). Aunque lo cierto es que en temas fiscales los partidos políticos no suelen derrochar mucha memoria, pues lo que se defiende con ardor cuando se ejercen labores de oposición, suele ignorarse completamente desde el mismo momento en que se accede al poder. Esa medida, probablemente razonable desde la perspectiva del mantenimiento y fomento del ahorro, no suscitó, sorprendentemente, ni la más mínima queja. Sea como fuere, lo cierto es que la nueva subida de los tipos marginales en dos puntos anunciada por el Gobierno, sumada a la ya prevista por determinadas CCAA, puede tener importantes efectos de desestímulo respecto al trabajo, al ahorro o a la aceptación de riesgos económicos, comportando una separación de la tendencia de todos los países de nuestro entorno (en Alemania el tipo marginal máximo ha bajado desde que comenzó la década 6,3 puntos; mientras que en Francia ha caído nada menos que 13,2 puntos).
Pero, además, únicamente afectará a los asalariados, de manera que un rentista del capital que obtenga más de 120.000 euros quedará sometido a un tipo fijo, 24 puntos menor, lo que no parece muy equitativo. Una imposición de fuerte progresividad formal induce al ocio, reduciendo la actividad económica de las personas y con ello el crecimiento del país y favorece la economía sumergida frente a la economía formal.
Además, son muy pocos los que se verán afectados por la medida, pues la mayoría de los contribuyentes que estaban en la franja más alta de la tarifa desaparecieron de ella, transformándose en personas jurídicas (SL o SA), al calor de unos tipos mucho más bajos (25 o 30% frente al 43%). Por lo general, se tratará de altos directivos de empresas (ni siquiera profesionales de éxito, porque éstos facturarán a través de sus propias sociedades). Y lo que se logrará recaudar a su través será una verdadera minucia, incapaz de contribuir al propósito que pretendidamente se persigue con la medida.
El Gobierno quizá pretenda vacunarse contra las críticas más furibundas de determinados espectros ideológicos, pero habría que recordarle que son otras vías las que permitirían alcanzar los objetivos que se propone. Bastaría, por ejemplo, con igualar las rentas del capital (ahora gravadas al 19 o al 21% si se superan los 6.000 euros) con el tipo mínimo del IRPF (24%) para obtener unos resultados recaudatorios mucho más rotundos, sin menoscabo de la justicia, pues el rentista del capital seguiría disfrutando de un tipo privilegiado (24% frente al 45%), contribuyéndose así a paliar el desequilibrio fiscal actualmente existente entre las rentas del capital y las del trabajo, lo que ayudaría a difuminar la idea real de que el IRPF es un tributo que únicamente soportan los que tienen una nómina. Con esta medida, el impuesto sería más justo en su conjunto.
Podrá gustarnos más o menos, pero lo cierto es que para alcanzar el 3% de déficit público en 2013 impuesto por Bruselas, deberá recortarse drásticamente el gasto público, y probablemente sea necesario subir un punto o dos todos los tramos de la tarifa del impuesto -y no sólo al más alto-, donde no existen prácticamente contribuyentes (1% de los declarantes). Por cierto que, de paso, no estaría de más encomendarse al cielo para que dichas subidas no tengan un efecto demoledor en el consumo (que constituye entre el 70 y 80% del PIB), pues en tal caso se habría logrado un efecto contrario al esperado.