II. Introducción

Por Carlos Dardé, comisario de la exposición.

La exposición Liberalismo y Romanticismo en tiempos de Isabel II y el presente catálogo, ilustrado con las piezas de la misma, han sido realizados para conmemorar el centenario de la muerte de Isabel II, ocurrida en París el 9 de abril de 1904, mucho tiempo (casi treinta y seis años) después de que una revolución, la de 1868, la hubiera expulsado de España y puesto fin a su reinado. Nuestro propósito es mostrar, analizar y explicar, no la biografía de la reina —aunque son muchas las referencias que tanto en la exposición como en el catálogo se hacen a la misma—, sino los aspectos más destacados de la historia política, económica y cultural de España entre 1833 y 1868, treinta y cinco años en los que Isabel II ocupó el trono.

El segundo tercio del siglo XIX —que casi coincide exactamente con el reinado de Isabel II en España— tuvo en Europa occidental un significado específico. En aquellos años culminó la primera fase de la nueva civilización industrial que, a fines del siglo XVIII, había comenzado a fraguar en Inglaterra sobre la base de los avances tecnológicos en la industria textil y siderúrgica. También entonces —a partir de 1830— se hicieron realidad muchas de las propuestas formuladas por la gran revolución iniciada en Francia en 1789: los derechos humanos fueron reconocidos y salvaguardados, los privilegios de algunos grupos sociales abolidos para dar paso a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, las monarquías absolutas sustituidas por monarquías constitucionales, y las naciones proclamadas soberanas. Un impulso racionalizador se extendió por todas las esferas del Estado. Efecto conjunto de los cambios económicos y políticos fue el surgimiento de una nueva sociedad compuesta por clases, en lugar de por los antiguos estamentos, mucho más urbana que la anterior. El romanticismo, por último, que al decir de Isaiah Berlin fue una revolución cultural, paralela y de importancia semejante a la económica y a la política, se manifestó ampliamente tanto en las letras y las artes como en la mentalidad de los contemporáneos.

Del contexto político europeo trata el primero de los espacios de la exposición, con obras relativas a la historia de Francia, el Reino Unido, Portugal, Italia y Alemania, además de a la del papado, que en aquella época perdió su poder temporal. En su artículo, Octavio Ruiz-Manjón se refiere al proceso de cambio, en toda su amplitud, experimentado por el viejo continente,— a las transformaciones económicas, cuyo símbolo —y el factor más importante de expansión— fue el ferrocarril, al aumento de la población y su nueva distribución espacial, con el crecimiento de las ciudades, en general, y el desarrollo de las grandes urbes como París, Londres o Berlín; a la nueva estructura social y el predominio de las clases medias; a la extensión de la educación y a los cambios en la mentalidad y la sensibilidad: del romanticismo, dominante hasta mediados de siglo, al realismo, que es claramente perceptible a partir de esta fecha, no sólo en las creaciones filosóficas, científicas y artísticas sino también en las actitudes políticas. Del mundo político, en concreto, se estudian las principales corrientes ideológicas de la época —el liberalismo en su evolución hacia la democracia, el nacionalismo y el socialismo—, los grandes movimientos globales —como las revoluciones de 1848— y la plasmación de todo ello en la historia de algunos países, sobre todo, en el Reino Unido —la Inglaterra victoriana—, en Francia —la monarquía de Luis Felipe y el II Imperio— y Portugal, cuya trayectoria en esa época es tan semejante a la española.

Durante el reinado de Isabel II, España participó plenamente en aquel proceso modernizador que se estaba realizando en Europa. Las instituciones políticas, la vida económica y la sociedad se transformaron de acuerdo con las nuevas tendencias, que también se manifestaron en las distintas expresiones literarias, artísticas y culturales. De todo ello se dan abundantes testimonios en la exposición con obras de elevada calidad artística. Luis Comellas recrea en el catálogo el ambiente de una época que caracteriza como liberal, romántica e isabelina: «la única época toda y sola liberal, toda y sola romántica es justamente la época isabelina». Señala Comellas que hay mayor unanimidad en considerar el romanticismo como «una forma de entender la vida, y por tanto un estilo de comportamiento» que en concretar exactamente su contenido, pero se decanta por identificar el romanticismo con «la inquietud, […], el desasosiego […], la inflación de los sentimientos y la imaginación, y por consiguiente con un cierto predominio […] de lo afectivo sobre lo estrictamente racional.». En España —«este suelo clásico de lo maravilloso y de lo extraño», como escribiera el general Narváez en uno de sus partes—, son muchos los ejemplos de la difusión de la actitud romántica entre todos los grupos sociales, y no sólo entre la burguesía, que abarca todas las esferas de la vida. Así, «los nervios [que] estaban a flor de piel de los españoles», «la fiebre industrial y mercantil», la pasión por los alicientes y bellezas del mundo o la extraordinaria afición por el teatro y la música. El «alma romántica […] tiende a soñar y a confundir los sueños con la realidad», y muchas veces sucede que «el choque frontal del sueño maravilloso con la prosaica realidad» desemboca en la tragedia, tanto en la ficción —los desastrosos finales de las obras dramáticas— como en la vida misma: los fracasos de tantas aventuras políticas que acaban en el fusilamiento —los de Diego de León o Zurbano, por ejemplo—, de tantas empresas económicas que llevan a la ruina de sus protagonistas —el marqués de Salamanca es en este caso el paradigma— o de tantas existencias, como la de Larra, que terminaron en el suicidio. Los liberales españoles no escaparon lógicamente de aquella fiebre romántica que también condicionó toda la vida política: el Parlamento —con oradores cuyo último objetivo era conmover más que convencer a su audiencia—y la existencia de los gobiernos, debilitados por una pasión partidista exacerbada que abrió la puerta al intervencionismo militar. La reina, por último, de la que no puede decirse que fuera liberal en política —ya que nunca supo muy bien en qué consistía aquello— pero sí en el sentido de «abierta, generosa, espontánea y sin trabas» y, sobre todo, profundamente romántica —«lanzada sin freno ni inhibiciones a las aventuras del sentir y del querer»— y que por ello «constituye tal vez una exageración de lo que [fueron] los españoles de entonces».

Los espacios dedicados en la muestra a la historia política hacen referencia a los principales acontecimientos del reinado: el nacimiento de la infanta Isabel, pronto reina niña cuya causa —defendida por su madre, María Cristina de Borbón— estuvo unida a la del liberalismo; la guerra carlista y el triunfo liberal que permitió la creación y consolidación en España de la monarquía constitucional y el Estado nacional. Una vez proclamada Isabel II mayor de edad, recién cumplidos los trece años, se reflejan su desgraciado matrimonio con Francisco de Asís de Borbón y los avatares de la vida política: el predominio de los moderados durante una década, y la infructuosa búsqueda del equilibrio y la estabilidad institucionales entre 1854 y 1868, año este último en el que una revolución promovida por una amplia coalición de partidos, con participación de la Armada y buena parte del Ejército, acabó violentamente con el primer ensayo de monarquía constitucional en España, identificado con la primera mujer que, desde Isabel la Católica, ocupaba el trono. Con razón, los contemporáneos se refirieron a Isabel II como la reina «de los tristes destinos».

La colaboración de Antonio Morales Moya traza las líneas maestras del proceso que culminó con la creación del Estado nacional en el reinado de Isabel II. Aquel proceso no surgió en el vacío sino que supuso la continuación de la acción llevada a cabo por el Estado en el siglo XVIII —encaminada a la formación de «una comunidad nacional, históricamente sedimentada, que se pretende territorialmente uniforme, culturalmente integrada e identificada en el tiempo»—y el «esfuerzo de reforma y racionalización administrativa en sentido unificador y centralizador», realizado durante el reinado de Fernando VII, con objeto de «perfeccionar técnicamente y hacer más eficaz el aparato administrativo legado por la monarquía absoluta». Los moderados, principales responsables en el reinado de Isabel II de la creación de un Estado burocrático legal-racional de carácter centralista, y de una Administración pública, «elevadora y creadora de vida social» que incorpora las garantías jurídicas en las relaciones del poder con los ciudadanos, son presentados así como «herederos de la política de los Borbones». Lo que sí tuvo de radicalmente nuevo aquel proceso —desde su inicio en Cádiz, durante la guerra de la Independencia— fue su más importante  dimensión política: la proclamación de la soberanía nacional, en lugar de la del monarca y el surgimiento de las instituciones representativas de la voluntad nacional, es decir, la formación de una Monarquía constitucional que no llegó a ser realmente parlamentaria. Los pros y los contras del modelo adoptado, la fuerza o debilidad del Estado resultante y el alcance social del nacionalismo español son temas polémicos en la actual historiografía española que analiza Antonio Morales.

Algunos aspectos concretos de la historia política del reinado son abordados a continuación por Luis Garrido Muro —la guerra y la política durante la época de las regencias, 1833-1843—, Carlos Dardé —los partidos— y Jorge Vilches —las ideas liberales—. «Nada salió como estaba previsto durante la minoría de edad de Isabel II», afirma Luis Garrido. Fallaron las previsiones iniciales de los dirigentes liberales que esperaban acabar inmediatamente y sin apenas esfuerzo con la guerra carlista; en lugar de ello, tuvieron que movilizar al ejército más numeroso de los formados hasta entonces en España —370.000 quintos, más alrededor de 50.000 milicianos nacionales—, realizar un inmenso esfuerzo económico y pagar una elevadísima «contribución de sangre» —200.000 muertos— a lo largo de los seis años que duró la contienda. Tampoco lograron hacer realidad el proyecto de «una reforma política tutelada, pacífica y gradual», de acuerdo con el modelo británico, que se concretó en el Estatuto Real, desbordado por sucesivas oleadas revolucionarias. El consenso alcanzado poco después por todas las fuerzas políticas en torno a la Constitución de 1837 fue de muy corta duración; tras una prolongada crisis, en la que «ninguno de los actores principales del juego político se ajustó […] a sus atribuciones», María Cristina abandonó la regencia, en octubre de 1840, y se exilió del país, acompañada por la plana mayor del partido moderado. Pero tampoco los progresistas que se habían alzado con el triunfo —Espartero, en particular— consiguieron materializar sus proyectos: tres años más tarde eran desalojados del poder por los moderados. En los años siguientes, ya superada la época de las regencias, éstos sí pudieron cumplir sus dos grandes propósitos: «apartar a sus rivales del juego político y echar las bases del Estado moderno»: «las palabras, al fin, se ajustaban a los hechos».

En mi propia contribución, repaso la formación y trayectoria de los partidos políticos que tuvieron en algún momento la responsabilidad de gobierno. El germen de los primeros partidos españoles —el moderado y el progresista— estuvo en los dos grupos que se formaron en el Estamento de Procuradores, elegido de acuerdo con el Estatuto Real en 1834; aquellos grupos, uno gubernamental y otro de oposición, se dotaron en seguida de órganos de prensa y, pocos años después, dieron el último paso para su constitución orgánica con la creación de comités electorales. Moderados y progresistas —mejor diferenciados por sus ideas y proyectos que por la extracción social de sus dirigentes, aunque contaran con el apoyo de distintos grupos sociales— se alternaron en el poder durante la minoría de edad de Isabel II, en una monarquía que ya era constitucional. La década que siguió a la declaración de la mayoría de edad de la reina fue de dominio de los moderados, que llevaron a cabo la tarea ya descrita de conformación del Estado centralista y unitario. En 1854, una revolución promovida por disidentes moderados devolvió el poder a los progresistas durante dos años, que serían los últimos en los que tendrían responsabilidades de gobierno durante el reinado de Isabel II. En 1858 se formó el tercer gran partido, la Unión Liberal, que más que un partido pretendió ser la única agrupación liberal, pero que tras una brillante etapa en el poder, de 1858 a 1863, terminó desintegrándose. El último quinquenio del reinado se caracteriza por partidos atomizados que, ante la deriva autoritaria y anticonstitucional de la facción moderada que contó con el apoyo incondicional de la reina, optaron por la vía revolucionaria. Dos cuestiones quedan claras en esta narración: la dependencia de los partidos del «poder militar», y lo que el marqués de Miraflores llamó «el principio del suicidio [que] presidía los destinos y la suerte de todos los partidos políticos en España». En efecto, si moderados, progresistas y unionistas fracasaron en sus respectivos proyectos no fue por la oposición que les presentaron sus adversarios, ni por la injerencia de la Corona, sino por su propia debilidad a causa de la incapacidad para superar las querellas y divisiones internas.

El bloque dedicado a la política concluye con la exposición, a cargo de Jorge Vilches, de las distintas formulaciones de las ideas liberales en sus tres grandes tendencias: conservadora, progresista y demócrata. El propósito común de los liberales, afirma Vilches, era «dotar a la sociedad española de un gobierno representativo que permitiera el mejor y más seguro desarrollo de la libertad, compatible con el mantenimiento del orden y la mejora moral, social y económica del país». El debate sobre las distintas fórmulas constitucionales, muy intenso y rico, se desarrolló públicamente dada la «amplia libertad de expresión, a pesar de las en ocasiones restrictivas leyes de imprenta», que existió en el período. Y se manifestó más que en tratados sistemáticos en colaboraciones en prensa, discursos en las Cortes, o intervenciones en los nuevos círculos de sociabilidad, como los Ateneos, tertulias, casinos o clubes, «todos definidos por su simpatía a un partido político determinado, o a una fracción del mismo».

La persona de la reina es un elemento destacado de la historia política del reinado y por ello aparece frecuentemente al tratar de la misma. Pero, en parte por el hecho que ha dado pie a la exposición, que es la conmemoración de la muerte de Isabel II, y en parte por la abundancia de piezas artísticas existentes en Patrimonio Nacional relacionadas con ella, hemos querido dedicar un espacio aparte para mostrar algunos aspectos particulares de la vida de la reina como son su imagen fotográfica, el ambiente familiar y doméstico, y los numerosos viajes que realizó por España. En el catálogo, Isabel Burdiel realiza una síntesis biográfica de Isabel II. A partir de una siniestra composición, a modo de las cartes de visitede la época, realizada probablemente en los ambientes carbonarios italianos de mediados de siglo, resume la leyenda (negra) de una reina, de quien el político francés Guizot dijo que tenía «el diablo en el cuerpo». Isabel II aparece así como el símbolo de todos los obstáculos tradicionales, de todas las crueldades e ignominias de un reinado: […] fanatismo religioso, represión antiliberal, camarillas siniestras y amores ilícitos […]. El icono de una cultura […] que la España regeneracionista consideraba el epítome de todos los vicios y todos los fracasos de un país que parecía incapaz de sacudirse sus fantasmas de atraso, incultura, fanatismo y excepcionalidad.

Del recorrido por su biografía, Isabel Burdiel nos ofrece la imagen de una mujer real, abandonada por su madre en la infancia, casada contra su voluntad con un hombre al que aborrecía, secuestrada políticamente por los más reaccionarios e intolerantes de los moderados, y que a causa de sus romances y aventuras fue sometida constantemente a chantaje por las personas de su entorno, entre ellas su madre y su marido. Una reina cuya culpa fue «quizás, la culpa de la más genuina ignorancia y de la más profunda desorientación» respecto al modo de usar su poder, en lugar de la responsabilidad total que los políticos atribuyeron a su «caprichosa omnipotencia […], eximiéndose así, de paso, de sus propios errores, del cainismo con que se trataron unos a otros».

Desde luego, la profunda inestabilidad política de la monarquía isabelina —nada excepcional, como hemos visto, en el contexto europeo de una época que estaba dando sus primeros pasos por el camino de la monarquía constitucional— no fue sinónimo de parálisis o retroceso en ningún aspecto. «Los adelantos realizados» en las infraestructuras y la vida económica y social se muestran en el siguiente espacio de la exposición con piezas relativas a la adopción del sistema métrico decimal, las obras públicas, el desarrollo de los ferrocarriles, el crecimiento urbano, las reformas monetarias y financieras, y las instituciones culturales.

En la colaboración de Pedro Tedde de Lorca sobre la economía, se afirma explícitamente que «la España de Isabel II era una nación pobre, relativamente lenta en su modernización y regionalmente desequilibrada en términos de renta y organización socioeconómica. Pero, en absoluto, se trataba de una nación económicamente estancada o deprimida». En las décadas centrales del siglo XIX, según una interpretación ampliamente compartida por los especialistas, «la economía española recuperaba […] el tiempo perdido en el primer tercio del siglo, debido a la guerra de Independencia, la emancipación de la mayor parte de las colonias americanas y la primera guerra carlista». Fueron muchos los problemas a los que, en el terreno económico, tuvo que enfrentarse ineludiblemente el nuevo Estado liberal: una «exorbitante deuda del Tesoro», la reforma del sistema tributario y de la moneda, la creación de un eficaz sistema de comunicaciones terrestres para hacer realidad un mercado nacional, la política arancelaria y, por último aunque no menos imprescindible, la creación de un marco jurídico e institucional apropiado a la nueva economía de mercado. Todas estas necesidades fueron abordadas y resueltas, con más o menos acierto y eficacia, por los sucesivos gobiernos isabelinos. En una primera etapa del reinado, de signo moderado, el ministro Alejandro Mon con la colaboración de Ramón Santillán, llevó a cabo, de acuerdo con los representantes de los acreedores, una conversión de la deuda que rebajó considerablemente la carga del Estado. Mon y Santillán también fueron responsables de una duradera reforma fiscal, cuyo núcleo era la imposición directa, que en sus principios respondía al ideario liberal pero que quedó desvirtuada por su aplicación práctica, favoreciendo «la ocultación de la riqueza en grandes proporciones, el fraude fiscal y la desigual distribución de la carga impositiva entre los contribuyentes». La reforma arancelaria, en sentido «moderadamente proteccionista», culminó la obra de Mon en aquella primera fase. Dentro de la década moderada, cabe destacar también un primer paso en la reforma monetaria —que en 1848 adoptó el sistema decimal— proseguida en las siguientes etapas y que no terminó de alcanzar sus objetivos de crear una base estable y evitar la exportación de las piezas de plata españolas, propósitos que al depender de la regulación monetaria de los demás países occidentales excedían de las posibilidades de control del gobierno. Importancia particular tuvieron los cambios relativos al crédito y la banca, cuyo hecho más significativo fue la fusión, en 1847, del Banco de Isabel II, creado en 1844, y del Banco de San Fernando, casi convertido en un banco oficial; una fusión que favoreció escandalosamente a los accionistas del primero, entre ellos, al marqués de Salamanca, ministro de Hacienda responsable de la misma. Entre las reformas realizadas por Bravo Murillo, en la etapa final de la década moderada, destacan la Ley de Administración y Contabilidad, de 1850, unánimemente alabada, y el más discutido arreglo de la deuda pública a largo plazo que, hecho sin el acuerdo de los acreedores, dañó considerablemente el crédito internacional del Estado español. En el bienio progresista fueron fundamentales la Ley de Ferrocarriles de 1855 —que acabó con el escándalo de las subvenciones públicas a los anteriores concesionarios y permitió la construcción de 5.000 kilómetros de red en los siguientes diez años—, la desamortización de patrimonios eclesiásticos y municipales —que proporcionó los recursos necesarios para la inversión pública— y la conversión del Banco de San Fernando en Banco de España, por ley de 28 de enero de 1856. Por fin, en el período que media entre el final del bienio progresista y la revolución de 1868, Pedro Tedde resalta tres hechos: el mantenimiento por moderados y unionistas de las reformas llevadas a cabo por los progresistas, la continuación de la política fiscal expansiva, y la mayor apertura al exterior, lo que hizo que «se manifestaran con mayor contundencia los ciclos financieros en el interior de la economía española»; hecho este último que influiría en los acontecimientos revolucionarios de 1868.

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