V. La construcción del Estado-nación

I

En plena guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz, una reducida minoría, intentarán proseguir la obra de la Ilustración, interrumpida, aunque no totalmente, en el reinado de Carlos IV. La novedad entonces —los antecedentes ilustrados, sobre todo en los terrenos económico y educativo, son claros— será, sobre todo política. No se podrá confiar ya, después de todo lo ocurrido en España, en un rey absoluto. La Monarquía limitada, constitucional —soberanía nacional, derechos de los ciudadanos, división de los poderes estatales, principio de legalidad—, era necesaria si se quería evitar que un poder despótico rompiera la continuidad con aquellas medidas que la propia Monarquía había venido impulsando desde Felipe V a Carlos III. A partir de entonces, la España del siglo XIX describe una trayectoria que lleva desde la restauración absolutista de Fernando VII a la definitiva implantación del régimen parlamentario. Será un proceso complejo, viviendo el país una continua inestabilidad política: se producen las revoluciones de 1820, 1854 y 1868, las guerras carlistas, la Primera República y el pronunciamiento de Martínez Campos en 18741.

La década de 1833 a 1843 tiene un carácter decisivo. La revolución liberal en el campo económico-social, culminando el proceso iniciado por el absolutismo dieciochesco, se llevó a cabo con la desvinculación de los mayorazgos (1836 y 1841), la abolición del régimen señorial (1837) y la desamortización de los bienes de la Iglesia realizada mediante la ley de Mendizábal de 1837, completada en 1855, fecha esta última en que se liquidará también la propiedad comunal. Con el fin de la primera guerra carlista (1833-1840), el Estado liberal, dirigido políticamente por militares y en el que tendrán también carácter castrense las instituciones encargadas del orden público, se implanta definitivamente en una España romántica, convertida ya, después de la emancipación americana consumada entre 1820 y 1824, en una potencia de segunda fila.

El reinado de Isabel II, en el que España conoce un progreso económico que no alcanza a modificar una estructura social preindustrial, supone un momento clave en la configuración de un Estado nacional español y en la aparición de un nacionalismo cuyos contornos acabarán de perfilarse con las campañas y expediciones militares exteriores desarrolladas entre 1856 y 1868. La obra de gobierno de los moderados, herederos de la política de los Borbones, se caracterizará por estar orientada a la configuración de un orden jurídico unitario y de una Administración centralizada de acuerdo con el modelo francés. Y en ese período, intentando superar el exclusivismo político del moderantismo, la Unión Liberal de O’Donnell y de Posada Herrera, constituida formalmente en septiembre de 1854, gobernará —«Parlamento largo»— entre 1858 y 1863. El nuevo partido, heredero del «puritanismo» de Pacheco, Pastor Díaz, Ríos Rosas y Borrego que, concebido como alternativa al «gobierno de los espadones», fracasa entre 1847 y 1848, representará entre nosotros el intento más decidido, semejante a la regeneraçao portuguesa de Saldanha y al trasformismo italiano, para institucionalizar el liberalismo, atrayendo a las clases medias y buscando la cooperación leal entre los distintos grupos. Pero la Unión Liberal —que, junto con los «puritanos», constituye el origen del centrismo político y el antecedente más claro de la Restauración— tampoco alcanzó entonces sus objetivos.

El Sexenio democrático, iniciado con la Revolución de septiembre de 1868 —unidos por el Pacto de Ostende, señaló Azcárate, los progresistas representarán el «sentimiento», los demócratas, la «inteligencia», y los unionistas, la «fuerza militar», participando, asimismo, grupos proletarios del sur y del este del país, movilizados por el ideario federal—, desemboca en el fracaso político de la Primera República. A estos grupos progresistas, demócratas y federales corresponderá, sin embargo, en la España del tercer cuarto del siglo XIX, frente a los moderados y «unionistas», más identificados con la tradición, la «capacidad de utopía y vocación de futuro» (J. Mª Jover), trátese del sufragio universal, las reivindicaciones obreras o la libertad religiosa.

Finalmente, en 1875, la Restauración de Alfonso XII. Cánovas, antiguo puritano y «unionista», construirá la estructura política más eficaz y duradera en la historia del liberalismo español. Empero, ni siquiera el político malagueño, señala Duran, hubiera podido «levantar un edificio liberal perdurable con los tres elementos inevitables en la España isabelina: la Corona, el ejército y los partidos, o, dicho de otra manera, si se quiere, con Isabel II, Espartero y Narváez y la intolerancia erigida en sistema de gobierno». Por ello, sólo cuando se entiende y aprecia esta realidad, «el fracaso del quinquenio unionista cobra dimensiones de victoria; Cánovas triunfó cuando el reloj marcó al fin la hora del liberalismo en España, pero O’Donnell y la Unión Liberal hicieron posible la llegada de esa hora»2.

  1. Cfr. Morales Moya, A., «El Estado de la Ilustración. La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz: La Constitución de 1812», en ídem (coord. e intr.), Las bases políticas, sociales y económicas de un régimen en transformación (1759-Í834), vol. XXX de Historia de España Menéndez Pidal, dir. por J. Mª Jover, Madrid, Espasa Calpe, 1998, especialmente, pp. 11-232. Del mismo autor, «Posada Herrera entre los gobiernos moderados y progresistas», en Posada Herrera y los orígenes del Derecho Administrativo en España, I Seminario de Historia de la Administración, Madrid, INAP, 2001, pp. 169-183.
  2. Duran, N., La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada, Madrid, Akal, 1979.
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