XVI. La identidad española

Por José Álvarez Junco, Universidad Complutense de Madrid.

Desde el punto de vista de la construcción nacional, el reinado de Isabel II pareció iniciarse bajo buenos augurios. Fernando VII había muerto, tras una agonía tan interminable como la de Carlos II —o como la que vendría más tarde con Franco—, y lo había hecho en medio de la hostilidad, o al menos del hastío, general. Dominaba el convencimiento de que era necesario cerrar una era histórica y la oportunidad la brindaba la inocente niña que se sentaba en el trono, portadora del mismo nombre que aquella a quien se consideraba forjadora de la unidad nacional. En favor de la apertura del sistema monárquico hacia algún tipo de participación política se alineaban las clases medias, funcionariales y profesionales, y sobre todo la mayoría de los militares, principal rama de la administración y grupo de excepcional importancia en un Estado tan militarizado y tan masculino; lo apoyaban también la casi totalidad de los políticos significados, en especial los prohombres de la primera generación liberal, que en su juventud habían escrito la mitificada Constitución de 1812 y habían visto transcurrir el resto de su vida entre breves etapas revolucionarias y largos exilios, durante los cuales era fama que habían aprendido prudencia, reformismo y legalidad británica. Es verdad que la legitimidad de la reina niña era discutida por su tío don Carlos, el contumaz hermano del difunto rey, y que el desafío armado de este príncipe contaba con amplios apoyos, entre ellos el de gran parte de la institución eclesiástica, convertida en defensora casi unánime del Antiguo Régimen tras haber sido depurada durante las dos décadas absolutistas de toda veleidad ilustrada o liberal. Pero ¿qué iba a poder la hidra de la reacción frente a las amplias y visibles fuerzas que depositaban sus esperanzas en aquella reina niña?

Los protectores de Isabel, y asesores de su madre, la joven viuda y regente María Cristina, decidieron establecer una monarquía participativa, pero alejada de todo exceso demagógico. Esperaban que, con esa fórmula, reinaría la soñada hermandad entre los españoles y se daría ejemplo, en especial a los turbulentos vecinos franceses, de lo que era vivir una libertad ordenada. Porque la lealtad, la sumisión y la sensatez se creían virtudes innatas a un grupo humano tan excelente como el español; un pueblo, como se decía con unción según el nuevo estilo romántico, que acababa de dar al mundo una lección de unidad y apego a su identidad milenaria, pues había hecho resurgir en Zaragoza y Gerona su rasgo más singular —una heroicidad, una disposición a morir en defensa de su libertad, desconocida en cualquier otro grupo humano—, similar al que la historia había registrado con asombro dos mil años antes en Numancia y Sagunto. Después de eso, se daba por probado que el temple bélico de los españoles bastaba para escarmentar a cualquier osado que cometiera el error de pretender dominarles. También era cierto que, en la confusión del combate con Bonaparte, la monarquía española había perdido su inmenso imperio americano, pero ello no parecía angustiar a las principales cabezas pensantes, pues se había extendido la teoría de que la aventura imperial había sido una errónea desviación de los esfuerzos colectivos, sólo impulsada por la ambición de una dinastía extranjera. Ahora, el rey había perdido esos territorios, pero ello liberaba a los españoles de una carga que nunca debieron asumir y les permitía concentrarse en sus problemas internos; también en este aspecto darían ejemplo al mundo, y en especial a los orgullosos ingleses, de lo que era vivir en paz, sin entrometerse en vidas ajenas. En ese estado de ánimo cautamente optimista se inició el reinado y se otorgó el Estatuto de 1834.

La guerra contra Napoleón, que justamente en aquellos primeros años de Isabel estaba pasando a los libros de historia como «Guerra de la Independencia», había favorecido también en otro sentido el reforzamiento de la identidad nacional, pues a partir de ella se estaba produciendo un giro positivo en la imagen exterior del país, dominada desde hacía dos siglos y medio por el ceño de Felipe II, las hogueras de la Inquisición, las persecuciones de judíos y protestantes y el predominio de una nobleza inútil para todo lo que no fuera blasonar de rimbombantes apellidos. En plena guerra contra los franceses se había producido la breve pero resonante visita de Lord Byron, que propaló el heroísmo de los habitantes del país y el ardor amoroso de sus amazonas. Y en esos mismos años crecía en Madrid un niño francés, hijo del general Hugo, que de adulto sería un literato de inmensa popularidad y propagaría también la imagen idealizada de una España de paisajes agrestes y sentimientos intensos, de gentes caballerescas, austeras, religiosas, movidas sólo por sus principios y sus pasiones, al revés de lo que ocurría en aquella Europa avanzada en la que se exhibían sin pudor conductas y valores «materialistas».

Con el retorno de los veteranos de aquella misma guerra llegaron a las cortes y los salones de Londres y París tesoros artísticos españoles del Siglo de Oro; Europa se extasió ante los Velázquez, Zurbarán, Greco y Murillo. A esa admiración se sumó el primer hispanismo literario, el de los Schlegel, Ticknor, Bouterweck o Sismondi. Algunos de éstos habían visitado la Península en tiempos de Fernando VII, pero fue en las décadas de Isabel cuando de verdad se puso de moda el viaje a España. Literatos, sobre todo franceses, como Alphonse Daudet, Edgar Quinet, Prosper Mérimée o Alexandre Dumas, recorrieron Castilla, Valencia y, en especial, Andalucía, y volvieron haciéndose lenguas de un país pintoresco, apegado a su vida medieval, que sobrevivía como un milagro en el margen mismo de la Europa en industrialización y urbanización aceleradas. Era justamente lo que un ilustrado hubiera despreciado como atrasado o decadente, pero la sensibilidad había cambiado y ahora se veía en la sociedad premoderna «autenticidad» humana o «fidelidad a la propia forma de ser», y si era preciso se exageraban o inventaban maravillas para hacer de España el mundo de lo extremado, irracional o mágico. No era sino el inicio del consumo turístico fácil, alrededor de un exotismo cercano, en buena medida imaginario. Por muchos elogios que vertieran todos estos escritores, ninguno tomaba verdaderamente a España como modelo. Declaraban adorarla, pero, tras una corta visita, retornaban a sus ciudades con calefacción y trenes de vapor. No es eso, de todos modos, lo que importa desde el punto de vista de la construcción nacional. Lo importante es que en esas décadas centrales del siglo XIX en que ocupó el trono Isabel II, ningún europeo culto dudaba de que la identidad española era una de las más marcadas e inconfundibles del mundo.

Los intelectuales y políticos españoles habían entrado en contacto con esta imagen medieval y excéntrica del país en sus años de exilio, y no se habían sentido especialmente halagados por ella. Algunos habían sufrido en sus carnes el peso del estereotipo y habían tenido que presentarse como víctimas de la Inquisición para obtener apoyos políticos o se habían visto obligados a situar sus dramas escénicos en el al-Andalus medieval para poder estrenarlos. Al final, acabaron rindiéndose a la nueva manera de entender la realidad política como dividida en compartimentos culturales y psicológicos estancos a los que se llamaba naciones. Se indignaron entonces cuando vieron que, siguiendo la nueva visión nacional del pasado, se publicaban historias de España, pero las firmaban extranjeros como Samuel Dunham o Charles Romey. Llenos de prevención, las leyeron y, como no podían por menos, las encontraron plagadas de prejuicios y errores. ¿Cómo podía un extranjero comprender la vida nacional? Cuando regresaron a su país, tras la muerte del rey absoluto, llegaron decididos a escribir ellos mismos esos relatos y reformular toda la cultura en términos nacionales. A ello dedicaron las décadas siguientes. Era, en definitiva, la gran tarea cultural de la Europa posnapoleónica: construir identidades colectivas que sustituyeran a las casas nobiliarias y reales como legitimadoras del poder soberano. En el caso español, Alcalá Galiano lo expresó como nadie en frase célebre: ahora, los liberales deben hacer de España una nación, que no lo ha sido nunca.

El primero de los ámbitos culturales que debía ser presentado en términos nacionales era, en efecto, la historia. Había que reescribir el pasado convirtiéndolo en el proceso de nacimiento y desarrollo de ese ente colectivo que era la nación moderna. Había que demostrar que, desde el inicio de los tiempos, había habitado ese territorio una misma comunidad humana, cuyo «espíritu colectivo» o «voluntad común» era el único fundamento legítimo de toda soberanía. A partir de 1850 comenzó a aparecer la gran Historia general de España, que seguía este modelo, firmada por Modesto Lafuente. No era una genialidad personal, pues a su obra siguieron en pocos años las de Patxot y Ferrer, Cavanilles, Aldama y García González o Víctor Gebhardt. Aquélla fue, como ha visto con agudeza José María Jover, la obra de toda una generación.

Lo menos original de aquellas historias eran las páginas iniciales, que se limitaban a repetir el modelo del Laus Hispaniae establecido más de un milenio antes por el obispo Isidoro de Sevilla. Consistía éste en un elogio desmesurado del territorio español como el más privilegiado del orbe: dotado del clima más benigno y las tierras más feraces, producía de manera espontánea los mejores caballos, los vinos más sabrosos, la más rica y variada cantidad de alimentos. No sólo se anclaba de esta manera la psicología colectiva en la geografía, sino que se daba a entender que el pueblo que habitaba ese territorio era el preferido de la divinidad. En tal marco se desarrollaba, a continuación, un relato cuyo inicio se remontaba al origen mismo de la humanidad, al atribuir a Túbal, nieto de Noé, la «fundación» del pueblo español en el momento en que, tras el Diluvio, el género humano se había dispersado por el mundo en forma de familias o pueblos. La personalidad colectiva quedaba, así, establecida por voluntad de la divina providencia. Y sus rasgos no sólo eran permanentes, sino también de excepcional calidad: los españoles primitivos eran leales, religiosos, valientes y nobles. Bajo tan excelentes condiciones, y habiéndose asentado en tierra tan ubérrima, vivían en armonía y felicidad. Pero las mismas coordenadas míticas del planteamiento explicaban también el origen de los males patrios. La riqueza del territorio, y en especial sus minas, había suscitado la envidia de los vecinos y atraído las sucesivas invasiones que sus ingenuos, pero altivos, dueños naturales se habían visto obligados a repeler. De aquí la belicosidad del carácter nacional, forzada por las circunstancias, pero incorporada como rasgo también permanente al retrato psicológico de la colectividad.

A partir de ese marco inicial, la saga nacional consistía en ciclos repetidos de invasiones y guerras de liberación. A las pérdidas de la independencia, o inicios de situaciones de opresión y decadencia, respondían los españoles con largas y obstinadas reconquistas. Las primeras, tan difíciles de explicar como cualquier quiebra de una situación natural y paradisíaca, se atribuían a factores externos, como la innoble conducta de los enemigos (la traición, pagada por Roma, que acabó con el invencible Viriato), a pasajeros momentos de relajación de las virtudes propias (nunca por parte del pueblo, sino de dirigentes degradados, como los últimos monarcas visigodos, entregados a la «molicie») o a ese único defecto nacional, del que tan consciente debía ser todo buen patriota y al que con tanto empeño debía combatir: la desunión, el incorregible «individualismo» de los españoles.

Esta versión de la Historia se veía ratificada por la literatura, tan influyente en la era romántica. También la ficción literaria —no mucho más ficticia que la Historia— se hizo nacional a lo largo del XIX. Siguiendo tendencias iniciadas en las décadas anteriores, el siglo se estrenó con los cantos de Quintana y tantos otros al patriotismo y la heroicidad de la lucha popular contra los franceses. Al triunfar el romanticismo, se pusieron de moda el romance, la novela y el teatro históricos, principalmente medievales, y muchos de esos relatos versaron sobre temas o se situaron en ambientes «españoles». No hará falta añadir que en estos temas o ambientes predominaban valores como la belicosidad, la caballerosidad, la fidelidad a la monarquía o el catolicismo más acendrado. Incluso cuando se introducía el tema oriental, los «moros españoles» tenían un empaque y una nobleza de sentimientos muy similares a los de los cristianos. A estas producciones nuevas acompañó una presentación también novedosa de la historia literaria. Se empezó por editar colecciones de textos antiguos «españoles», se siguió escribiendo «historias de la literatura española», como las de Gil y Zárate o Amador de los Ríos —tras los pasos de Ticknor, Bouterweck o Sismondi—, y se acabó por hacer de ésta una materia obligada en cualquier plan de estudios.

Podría plantearse alguna duda sobre la autenticidad romántica de la literatura de la época de Isabel II. Pese a que el cliché lanzado por los hermanos Schlegel, y aceptado por todos en las décadas siguientes, hacía de España el país romántico por antonomasia, el romanticismo literario tardó en penetrar en la Península y cuando lo hizo fue de forma mimética y con escasa creatividad. Cabe incluso dudar de que fueran genuinos su apasionamiento, su raíz intuitiva y sentimental —en las antípodas del racionalismo ilustrado— y sus expresiones de desgarro y desesperación ante la incomprensión social o la imposibilidad de satisfacer las ansias personales de amor o plenitud. Las composiciones de Espronceda, Larra o el duque de Rivas tienen, con frecuencia, mucho de ejercicios neoclásicos, y su visión de la realidad humana está anclada en el ideario liberal y la fe en el progreso. Mas tampoco era eso lo crucial en la construcción nacional. Lo crucial era que estaban convencidos de la existencia de un Volksgeist español, del que creían derivar su inspiración literaria, y que, con sus temas y su estilo, contribuyeron a crear un imaginario nacional, tanto en relación con el presente como con el pasado.

También la pintura contribuyó a recrear la realidad, y en especial la histórica, en términos nacionales. Con un desenfado que hoy sorprende, los pintores dieron forma y color a un pasado imaginario, entendido, desde luego, como «español»; pusieron rostros visibles a Viriato, Don Pelayo, Boabdil o El Cid, y lo hicieron en actitudes perfectamente acordes con la saga nacional. Fue, en efecto, en 1856, en pleno reinado de Isabel II, cuando comenzaron las Exposiciones Nacionales, y con ellas la época dorada de la pintura histórico-nacional, que duraría hasta el comienzo de los noventa. En contra de lo que podría esperarse —y con pocas excepciones, como Los amantes de Teruel—, en la pintura romántica no primaba el drama individual, a diferencia de la literatura, sino que el protagonismo directo correspondía a la nación, representada por sus reyes y héroes. Una nación adornada, una vez más, por rasgos como la belicosidad, la caballerosidad, el catolicismo, la fidelidad al rey y la unidad, la libertad e independencia nacionales. El ambiente y la época preferidos fueron los medievales, y en especial la era visigoda, frente al taurinismo o el orientalismo que reflejaban los extranjeros cuando pintaban sobre España.

A diferencia también de la literatura o de la historia, la pintura histórico-nacional fue de encargo, normalmente a iniciativa de instituciones oficiales, como las Reales Academias, el Congreso o el Senado. Domina en ella el estilo académico y ecléctico, y su calidad difícilmente resiste la comparación con la de Goya, ni con el siglo de Velázquez. Pero, en términos políticos, tampoco era eso lo que interesaba. Como los propios comentaristas de la época comprendieron, lo fundamental de aquellos cuadros no era su valor técnico, sino su mensaje ideológico. Puede que incluso una pintura más creativa hubiera sido menos comprensible y hubiera cumplido peor su función pedagógica. Porque su intención era pedagógica, como demostró la amplia divulgación de aquellas imágenes en libros, grabados y revistas ilustradas. Dado este propósito político, era también inevitable que se reflejara en estas producciones artísticas la polarización que dominaba la política: la rama liberal, como el Antonio Gisbert que pintó a los comuneros en el cadalso, o los diversos cuadros sobre Lanuza o Pau Claris, subrayaba la lucha de la libertad contra el despotismo; la derecha, en cambio, como el Casado del Alisal de Fernando IV el Emplazado, se preocupaba por las funestas consecuencias de la falta de religiosidad de los monarcas.

Estos medios conservadores que tan estrechamente ligaban su identidad al catolicismo tardaron en aceptar la nueva manera nacional de entender la cultura. Hay que tener en cuenta que la creación cultural había estado en manos de la Iglesia durante más de un milenio. Y que la visión eclesiástica del mundo político partía de la premisa de que el único poder soberano correspondía, por definición, a Dios, que lo transmitía a los monarcas, bajo la maternal vigilancia de la Iglesia, si bien en esa transmisión desempeñaba el papel de intermediario un pueblo más teórico que real. Las novedades procedentes de la Ilustración, y luego del liberalismo revolucionario, que convertían al verdadero pueblo, a la opinión pública, en sujeto único de la soberanía —por no mencionar al individuo como portador de derechos—, fueron rechazadas de plano por los doctrinarios católicos. El conservadurismo tradicional anterior a 1850 vivió, en general, al margen de la nación, e incluso combatió abiertamente la doctrina de la soberanía nacional, considerada una de tantas herejías modernas. El entorno absolutista de Fernando VII dio siempre más importancia a la religiosidad de los súbditos que al patriotismo, aun cuando hubiera podido ser útil hacer del monarca, retrospectivamente, el adalid de la independencia patria frente a Napoleón. La misma línea mantuvo su hermano don Carlos en el programa con el que durante tantos años reclamó, en vano, el trono. Incluso algunos ideólogos conservadores del círculo de la regente María Cristina defendían posiciones similares: así, un Donoso Cortés, que repudiaba la nación como palabra vana, y que interpretaba la lucha política de su época como un combate apocalíptico entre la fe cristiana, fundamento de toda autoridad, y el racionalismo ateo, origen de la disolución del orden social iniciada, según él, por Lutero y culminada en el anarquista Proudhon.

Pero el siglo continuó su avance. El poder real absoluto desapareció con Fernando VII y el carlismo, vencido por las armas en 1840, volvió a serlo en 1849 y 1860. La Iglesia perdió, con la desamortización, la mayor parte de su riqueza inmueble y vio reducido de manera drástica el personal a su cargo, aparte del desprestigio consiguiente a su implicación en la causa derrotada. Las alarmas saltaron cuando se supo que, entre 1835 y 1843, misioneros protestantes estaban recorriendo —aunque más tarde se vería que con nulo éxito— Castilla y Andalucía. En 1855, durante el Bienio Progresista, se defendió por primera vez la inclusión de la tolerancia para los cultos no católicos en el proyecto constitucional, aunque no diera tiempo a aprobarlo. Y Julián Sanz del Río, becado en Alemania en esos mismos años, emprendió la tarea de importar el deísmo de un oscuro filósofo alemán llamado Krause, una doctrina que acabaría por alcanzar gran predicamento entre las elites intelectuales progresistas, alejadas por fin del catolicismo. La Iglesia española consideraba la situación extremadamente grave. Y al asalto interno se sumaba el que el propio papado estaba sufriendo por parte de los nacionalistas italianos, lo que iba reduciendo progresivamente los territorios sobre los que ejercía soberanía directa y acabaría por encerrarle en los palacios vaticanos.

Por muy dramáticamente que se viviera por los católicos tradicionales, la pérdida de poder o de territorios materiales no era lo peor. Había también un asalto ideológico generalizado, que iba ganando audacia a medida que avanzaba el reinado de Isabel. En estas décadas centrales del siglo, hubo versiones liberales de la historia nacional que comenzaron a denunciar el catolicismo como causa de la decadencia patria. Porque los primeros liberales no habían osado poner en cuestión el carácter católico de la nación española, ni habían atribuido a la religión, ni a la institución eclesiástica en su conjunto, efectos nocivos sobre el pasado nacional. Criticaban, sí, excesos, como la Inquisición, o errores, como la expulsión de judíos y moriscos, pero no iban más lejos. Al ir creciendo y enconándose la oposición entre los liberales y el clero católico, comenzaron, sin embargo, a aparecer libros que reivindicaban el pasado musulmán o judío de España y ensalzaban a otros discrepantes de la ortodoxia romana; desde las críticas iniciales de la Inquisición o del excesivo poder clerical por parte de los Calvo de Rozas, Llorente, Martínez Marina o Sempere y Guarinos, se fue pasando al interés histórico por el pasado musulmán de un José Antonio Conde y, más tarde, Pascual Gayangos, para llegar a la defensa de los judíos y los ataques a la «tiranía eclesiástica» de Adolfo de Castro o a las apologías del protestantismo de Blanco White o Usoz y Río. Estos últimos autores, haciendo suya sin el menor remilgo la «leyenda negra», presentaban a Felipe II como un tirano lúgubre y parricida, causante de la decadencia nacional por su empeño en aislar al país de las corrientes intelectuales europeas. Y el culpable no era sólo ese rey, ni únicamente la Inquisición; el causante de los males patrios era el «fanatismo católico», en general. Algo así diría un Echegaray, en su discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias, en 1866, iniciando con ello el célebre debate sobre la ciencia española. Un debate que, desaparecida ya Isabel de la escena política, prolongarían al iniciarse la Restauración Núñez de Arce, Manuel de la Revilla, Gumersindo de Azcárate o José del Perojo.

Era urgente contraatacar. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, no era posible presentar una argumentación política que no se identificase con la nación. La única manera de defender el catolicismo era demostrar la contribución positiva de la Iglesia a la historia nacional. En este sentido fue como replicaron a estos últimos autores los Pidal y Mon, Gumersindo Laverde y, sobre todo, Menéndez Pelayo, a finales de la década de 1870. Pero para llegar a ese punto hizo falta un largo recorrido previo. La idea parece que surgió unos treinta años antes, en la mente del clérigo catalán Jaime Balmes, infatigable autor de artículos y director de periódicos que no se titulaban ya La Cruz, El Católico o El Amigo de la Religión, sino La Nación, La España o El Pensamiento Español, y su línea fue seguida por el grupo de los llamados «neocatólicos». Fue un giro estratégico crucial en la defensa de la causa católica: abandonando el apoyo al carlismo, aceptaron la monarquía liberal y concentraron sus esfuerzos en el mantenimiento o el aumento de la influencia de la Iglesia sobre la sociedad española por medio de la política parlamentaria o ejerciendo presión sobre el trono o el gobierno. Tanto Cándido Nocedal como Pedro J. Pidal, neocatólicos ambos, brillaron en el debate constitucional de 1855 por su apasionada defensa de la intolerancia hacia los cultos o creencias no católicos, presentándolos como incompatibles con la historia y la «forma de ser» españolas. Otro político cercano al grupo, Claudio Moyano, sería el autor de la primera ley general de educación, inmediatamente después del Bienio. Y, tanto en los años finales del reinado como al inicio de la Restauración, otro destacado neo, el marqués de Orovio, sería el ministro de Fomento que firmaría las dos órdenes sucesivas de expulsión de los catedráticos krausistas de la universidad española.

En el terreno intelectual, los nacional-católicos no se limitaron al debate sobre la ciencia española. También presentaron su propia versión de la historia nacional, insistiendo en el paralelismo entre las glorias patrias y la adhesión al dogma romano. Ya en 1850, un Amador de los Ríos replicó a Adolfo de Castro discutiendo su valoración de la aportación judía a la cultura española. Pero las versiones alternativas globales a la historia liberal de España aparecieron a partir de 1860, firmadas por autores como Francisco Belmar, Antonio Cavanilles, Eduardo Orodea, Ferrer de Couto, Sánchez y Casado o Manuel Merry. Eran, en muy buena medida, historias de la Iglesia española, disfrazadas de historias de España. Partían del relato bíblico de la creación del mundo, con el que España conectaba a través de Túbal. Se insistía también en que la idolatría nunca había sido planta natural de la Península, sino traída siempre por invasores extranjeros. Los «españoles», de forma instintiva, habían tenido desde el origen de los tiempos una propensión hacia el monoteísmo que anunciaba ya su posterior adhesión a la fe cristiana. De ahí el fulgurante éxito de la predicación del cristianismo en la Península. Ello hacía del apóstol Santiago una especie de re fundador de la nación, alterecjo de Túbal. Lo que quedaba de paganismo romano desapareció, en cualquier caso, con los godos. El mejor de sus reyes, Recaredo, al añadir a la unidad y la independencia políticas la unidad de fe en términos católicos, había vuelto a fundar, por tercera vez, la nación. En aquella era afortunada de los concilios de Toledo —y «gracias al clero», como insistía Manuel Merry—, España «se hizo nación».

Esa situación cuasi perfecta de la última monarquía visigoda se derrumbó, pese a todo, ante el embate musulmán, y en una sola batalla; era un episodio que no cuestionaba, según estos relatos, el valor indomable de los españoles, sino que se atribuía a castigo divino por los vicios de sus últimos monarcas. Lo cierto es que con don Pelayo hubo que recomenzar, una vez más, la reconstrucción nacional, la reconquista del territorio y su recristianización. En los siglos siguientes, luchando por su patria y por su religión, los españoles realizaron su más grande y prolongado esfuerzo histórico de afirmación de la identidad colectiva, cuya recompensa providencial fue visible cuando los Reyes Católicos conquistaron el último reino musulmán, expulsaron a los judíos y garantizaron la unidad de creencias por medio de la Inquisición. Los Habsburgo, y en especial Carlos V y Felipe II, representaron la culminación del poder español, ligado a la defensa de la verdadera fe. La decadencia llegó cuando monarcas y clases dirigentes —nunca el pueblo— traicionaron esta sagrada misión y comenzaron a imitar modas extranjeras. Y el último resurgimiento nacional había comenzado en 1808, con una sublevación popular espontánea y unánime contra los franceses, que estos historiadores interpretaban también en términos de defensa de la religión, el rey y las instituciones tradicionales, y en la que, una vez más, el papel del clero fue crucial. En resumen, España, como todo pueblo elegido, había sido grande siempre que se había mantenido fiel a los mandatos divinos, lo que equivalía a fidelidad a la Iglesia de Roma, y había decaído cuando su fe había flaqueado.

Liberales y conservadores coincidían, por tanto, en situar en la era medieval el período de expresión más plena de la identidad nacional. Pero ahí terminaban las coincidencias. Discrepaban incluso en la interpretación del significado de la lucha contra los musulmanes, impulsada por el deseo de recuperar las libertades patrias, según los primeros, mientras que para los segundos lo crucial había sido su contenido religioso. A partir de ese momento, todo se veía de manera radicalmente diferente. Los dos siglos de los Habsburgo, que para los católico-conservadores marcaban el apogeo del poder nacional, habían sido ya, para los liberales, el inicio de la decadencia. La localización y las causas de esa decadencia era, en definitiva, el quid de la cuestión, y ahí se encerraba el programa político subyacente. Lo más que admitían los católico-conservadores era que una cierta declinación imperial se había producido en el XVII, con los últimos y débiles Habsburgo, que cometieron el error de delegar el poder en favoritos ambiciosos. Para los liberales, en cambio, la decadencia había comenzado nada más terminarse la Reconquista y lograrse la «unidad nacional», al acceder al trono, tras la muerte de Fernando de Aragón, una dinastía extranjera, incapaz de comprender y preservar las libertades españolas; la ejecución de los dirigentes de las Comunidades castellanas era la fecha trágica que marcaba esa salida del Paraíso y el comienzo de un último período de infelicidad y distanciamiento respecto de la propia forma de ser. La redención sólo se había iniciado con la sublevación nacional de 1808 y el constitucionalismo gaditano. De ahí que esa Constitución pudiera presentarse, como en su día hizo Argüelles, como culminación de la Edad Media española.

La Historia cumplía de esta manera su función al servicio de los objetivos políticos del momento en que se escribía: para unos probaba que el pueblo español había siempre sido fiel a la monarquía, a un orden social jerárquico y a un catolicismo sin fisuras; para otros, en cambio, demostraba que el ser nacional exigía la implantación de un régimen constitucional que imitase la fórmula monárquica «templada» o «mixta» que habían establecido los españoles en su plenitud medieval. En lo que ambos coincidían era en que desde el origen de los tiempos había existido un grupo humano caracterizado como «español», empeñado en defender su unidad y su independencia, y que el principal peligro a combatir era la desunión interna.

El acuerdo entre estas dos visiones de la nación, pese a no ser fácil, se logró, aunque sólo de manera transitoria, en el terreno de la política internacional y al servicio del objetivo que con más ahínco se proponía cualquier potencia europea a partir de mediados del XIX: el de la expansión colonial. Entre 1856 y 1863, bajo los gobiernos de mayor estabilidad del reinado, presididos por el general O’Donnell, todas las fuerzas políticas coincidieron en apoyar una serie de pequeñas empresas de ambición imperial en puntos tan dispares como Vietnam —la Conchinchina, en términos de la época—, México, la República Dominicana o El Callao. La guerra de Crimea había desbloqueado el statu quo existente desde el final del período napoleónico y O’Donnell pretendió incluir a España entre las potencias que aspiraban a repartirse el mundo. Creer, hacia 1860, que España era una gran potencia, al nivel de Inglaterra, Francia o Alemania, revelaba una absoluta falta de realismo. Desde el momento en que había perdido su imperio, cincuenta años antes, la monarquía española había pasado a ser potencia de tercera categoría y de ningún modo estaba capacitada para participar en el festín imperial de la Europa de la segunda mitad del XIX. Pero eso era algo imposible de percibir para quienes estaban dominados por lo que Jover ha llamado una visión «retrospectiva» de la realidad política, es decir, una visión basada en la historia, y en una historia atenta, además, exclusivamente a las batallas internas, libradas en la propia Península contra agresiones exteriores —a partir de un relato que, por supuesto, daba por bueno cualquier dato que demostrase la propia heroicidad—.

De aquella media docena de aventuras, todas de poca monta e incapaces de generar beneficios visibles, la de mayor resonancia fue la llamada «Guerra de África» de 1859-1860, que condujo a una breve ocupación de Tetuán por un ejército en el que destacó el general Prim. Aquella campaña generó una desmesurada retórica sobre el papel de España en el mundo, que se suponía se había multiplicado tras esa demostración de fuerza, de la que se esperaba hubiesen tomado buena cuenta las potencias europeas. El republicano Castelar y el arzobispo de Madrid coincidieron en presentar la empresa como el cumplimiento de un mandato providencial, consignado ya en el testamento de Isabel la Católica. Una vez más, las dos versiones de la identidad y el destino nacionales divergían, aun usando términos similares, pues para el prelado la misión providencial asignada a España consistía en difundir el cristianismo en el mundo, mientras que futuro presidente de la República pensaba más bien en la carga que, en términos de Kipling, debía soportar toda nación civilizada (raza superior, se diría pronto) de expandir esa civilización entre los pueblos bárbaros.

El problema con que toparon estas misiones imperiales a las que se asoció el nacionalismo español en ese penúltimo período del reinado de Isabel II fue la extrema debilidad del Estado. El Estado español del siglo XIX, afectado por un déficit presupuestario crónico, no sólo era incapaz de construir carreteras o escuelas, sino que, pese a dedicar la inmensa mayoría de los fondos públicos a las partidas militares, no poseía un ejército capaz de ganar una guerra que no fuese civil. Lo más que consiguieron sus fuerzas armadas fue mantener el orden público y el control del territorio, a veces por intervenciones militares directas y otras por medio de la Guardia Civil, en definitiva la creación más duradera y eficaz del reinado de Isabel II. Pero, tras el final de la primera guerra carlista, la escasez de fondos y la indisciplina y la rivalidad entre los generales, hicieron imposible la adecuación de las fuerzas armadas a los nuevos tiempos. Incluso expandir las plazas africanas y dominar una pequeña franja en el norte de Marruecos resultó ser una tarea al límite de sus fuerzas. Pese a ello, reconstruir el imperio, especialmente en el norte de África, seguiría siendo el sueño de políticos y militares colonialistas hasta bien entrado el siglo XX, y las bravatas imperiales se mantuvieron largo tiempo, apoyadas esporádicamente por los círculos intelectuales y las clases medias, aunque fueran muy impopulares en los medios sociales más bajos. Con razón, porque eran estos últimos los que pagaban el precio de aquellas aventuras con su propia sangre. La «buena sociedad», pese a esas expresiones ocasionales de patriotismo exaltado, evitaba que sus hijos «sirvieran a la patria», aprovechando un servicio militar lleno de favoritismos y exenciones; un servicio militar que, en definitiva, no merecía el nombre de «nacional» y no sirvió para nacionalizar a la sociedad.

Así como se desaprovechó el canal bélico para la nacionalización popular, tampoco se usó de forma eficaz el educativo. Es cierto que fue en tiempos de Isabel II cuando se aprobó, tras una gestación de casi medio siglo, la Ley Moya-no, pero apenas se aplicó en la práctica, como demostraron las deprimentes cifras de escolarización y analfabetismo aireadas tras la crisis del 98. Era lógico, porque entre aquellas dos fechas el Estado estuvo casi constantemente en manos de gobiernos conservadores, mucho más preocupados por la instrucción religiosa de los subditos que por la difusión de los valores patrióticos entre los ciudadanos. No sólo había penurias presupuestarias sino que el dinero público del que se disponía se consumía, aparte de partidas militares, en los gastos de la corte y el mantenimiento del culto y clero. Apenas hubo escuelas públicas, y de esa manera no se «fabricaron españoles», ni se impuso el castellano, por mucho que fuera considerado «idioma nacional» y se descartara despectivamente a las demás lenguas peninsulares como «dialectos». De ahí que España finalizara el siglo XIX con una diversidad lingüística muy superior a la francesa, pese a que lo hubiera comenzado con niveles muy semejantes; ello significó un legado de mayor riqueza cultural, sin duda, pero se convirtió también en una de las claves de los problemas políticos de la centuria siguiente.

Lo dicho no significa que durante el siglo XIX, y en especial durante el reinado de Isabel II, estuviera paralizada la construcción del Estado español. Se avanzó, y siempre tras los pasos del modelo centralizado de Francia, y no tras los del federalismo suizo o el norteamericano. A lo que mayor importancia se dio fue a la necesidad de proyectar una imagen única del cuerpo social. Para ello, se homogeneizó formalmente el territorio por medio de la división en provincias, realizada por Javier de Burgos en los años de infancia de la reina. Se homogeneizó el Derecho por medio de los primeros códigos, el penal y mercantil, un esfuerzo que venía del reinado anterior y se vería prolongado en otros reinados y situaciones de muy diverso significado político. Fueron también surgiendo los cuerpos de funcionarios e instituciones culturales nacionales, como los museos y academias. Pero todo costó un inmenso trabajo debido a las penurias del fisco, a la escasez de personal y la inexistencia de una moral de servicio público. Aunque, de nuevo, hay que insistir en que no todas las carencias se debieron a falta de recursos, pues apenas hacía falla dinero para crear unos símbolos aceptados por toda la comunidad, e incluso eso fue difícil; en casi ningún momento hubo el consenso mínimo necesario para adoptar una bandera o un himno que fueran sentidos por todos como propios o una fecha que rememorara una efeméride de significado «nacional». Tampoco se erigieron monumentos: en todo el reinado de Isabel II, no se inauguró más que el del Dos de Mayo, en Madrid, cuando la reina todavía se hallaba bajo la tutela de Espartero. De nuevo, la escasez de recursos se combinó con la falta de acuerdo y de voluntad política.

La fórmula con la que el Estado acabó solucionando su debilidad crónica fue el caciquismo, desarrollado ya en su primera fase en ese cuarto de siglo moderado en que consistió, básicamente, el reinado de la Isabel adulta. El caciquismo era el recurso lógico de un Estado incapaz de imponer su autoridad en todos los rincones del país, pero tenía el inconveniente de que patrimonializaba la Administración pública, hacía de ella un predio explotable, por turno, por los diversos partidos o gobernantes individuales y, de manera estable, por los notables locales. Con ello perdió legitimidad política todo el sistema, convertido en buena medida en una ficción. Peor aún era, desde el punto de vista de la construcción nacional, su incapacidad de integrar políticamente el cuerpo social. El localismo caciquil hacia imposible la homogeneización política, jurídica y cultural, clave de un proceso nacionalizados No sólo no se creaban escuelas, carreteras o servicios públicos, con lo que no se unificaba el territorio ni funcionaba un mercado nacional, sino que las disposiciones que llegaban a aparecer en el Boletín Oficial del Estado no se cumplían o se cumplían de manera diversa y arbitraria. La centralización a la francesa existía sólo sobre el papel. La realidad era una estructura política fragmentada y heterogénea. Al pactar con los poderes locales, la vida real quedaba en manos de un provincianismo asfixiante, como denunciaría Ortega medio siglo después. Se comprende la frustración de las elites estatalizadoras.

A medida que avanzaba el reinado de Isabel, los círculos cercanos a palacio fueron dejándose dominar por el miedo a la modernización de la sociedad y al funcionamiento de un sistema representativo. Si algo caracterizó a la célebre «camarilla» que rodeó a Isabel fue su fidelidad al catolicismo más intransigente, en especial desde el momento en que fue casada con su primo Francisco de Asís, al que se añadieron, con los años, la «monja de las llagas», y el padre Claret. E Isabel, que nunca llegó a tomarse en serio las lecciones de patriotismo liberal que le diera Quintana en su niñez, se imbuyó en cambio de la mentalidad asediada y la versión apocalíptica del momento histórico que estaba viviendo propia de Donoso Cortés y del Syllabus. Respirando a fondo esa atmósfera, no dudó apoyar sin reservas a la Iglesia, tanto en la «cuestión romana» como en las distintas pugnas sobre su influencia política y social en el interior de España; quizás era, como se pensó en la época, una manera de obtener el perdón por sus licencias amorosas. Lo cierto es que, en vez de hacer suyo el proyecto liberal y patriótico, Isabel consideró el triunfo del liberalismo un mal inevitable, acaso, pero temible: el derrumbamiento de un orden social que ella debía preservar. Y, en la medida —nada despreciable— en que pudo influir en la situación política, cerró el paso a la versión más genuina del liberalismo, representada por el partido progresista, obligándole así a recurrir a la conspiración y los pronunciamientos militares.

El paso del tiempo impuso, por otra parte, una gran carga de pesimismo en los medios liberales, lo que les hizo abrazar posiciones cada vez más conservadoras. Ya en los años treinta, la primera generación liberal mostró que sus idealizaciones del pueblo eran pura retórica cuando optó por un sufragio censitario muy restringido. La prolongación de la guerra carlista, las brutalidades masivas por ambos lados, las algaradas políticas constantes, los pronunciamientos, las feroces matanzas de clérigos y la falta de autoridad incluso sobre sus propios partidarios en los períodos en que los progresistas tuvieron el gobierno en sus manos, fueron imponiendo un escepticismo generalizado sobre la capacidad del pueblo español para vivir en un régimen de libertad. Incluso la retórica populista inicial fue disminuyendo de forma visible a lo largo del reinado. En los años sesenta, muy pocos evocaban ya la imagen de unos españoles estables y sensatos, contrapuesta a los «ligeros» e «impresionables» franceses. Por el contrario, se fue imponiendo la visión de un pueblo ignorante, extremista y cruel, como esa «bestia feroz» que le viene a la mente a Galdós cuando narra las matanzas de frailes en 1834-1835 y tantos otros episodios del XIX. En el campo historiográfico, frente a la delectación morosa en las glorias medievales o imperiales, la generación de Cánovas centró su interés en el problema de la decadencia. Todo este pesimismo les llevó a moderar su programa político. Alguien ha escrito que hacia la mitad del siglo XIX, el programa liberal español se limitaba ya a dos objetivos: el orden público y la paz con la Iglesia.

Al aproximarse a su fin el reinado de Isabel II, el impulso nacionalizador perdía fuerza, carente de objetivos políticos claros. No servía ya para fundamentar una revolución liberal que parecía estancada; tampoco podía asociarse a una expansión colonial imposible de llevar a cabo por un ejército dividido, indisciplinado e infradotado. Otros propósitos políticos posibles fueron coyunturales y nunca acabaron por conducir a nada: reivindicar territorios irredentos, como Gibraltar, era impensable en un momento en que la Gran Bretaña se hallaba en el apogeo de su poder mundial; el panhispanismo ni siquiera había empezado a anunciarse; y el sueño de la Unión Ibérica, o fusión con Portugal, a la manera de las unificaciones alemana o italiana, se convirtió en imposible en cuanto comenzó a ganar fuerza en el país vecino un nacionalismo republicano apoyado sobre todo en mitos antiespañoles.

Lo que estaba cada vez más claro al acercarse el fin del reinado, era que la monarquía y el ideal nacionalista iban por caminos divergentes. A mediados de los años sesenta, cualquier observador podía detectar que los portaestandartes del nacionalismo no eran los isabelinos, que fusilaban a sargentos y prohibían la celebración del Dos de Mayo, sino los progresistas y los demócratas, muy pronto republicanos declarados, que conspiraban con los militares. Por fin, en 1868, tras varios intentos, un ejército bastante unido y en el que brillaba especialmente la estrella de Juan Prim y Prats, el general que había encarnado las glorias nacionales en Tetuán ocho años antes, derrocaría a Isabel. Y en el período revolucionario que se abrió a continuación se llevó a cabo el mayor esfuerzo nacionalizador de todo el siglo. Tampoco triunfaría, en parte por falta de tiempo y de estabilidad política. Por el contrario, el españolismo ganó fuerza durante esos seis años al servicio de la función opuesta, la contrarrevolucionaria, que acabaría siendo su orientación dominante a finales del XIX y durante buena parte del XX. Pero esa parte del proceso se aleja demasiado del reinado de Isabel II.