XVIII. Provincialismos y diferencialismos culturales

Por Justo Beramendi. Universidad de Santiago de Compostela.

En el reinado de Isabel II y en los años inmediatamente anteriores observamos dos fenómenos relativamente nuevos. Uno, de naturaleza ideológico-política, se define por la defensa del autogobierno para ciertas provincias o unidades históricas integrantes de la Monarquía española desde su constitución y por la consiguiente oposición al modelo centralista de Estado liberal. En unos casos, como en los provincialismos catalán y gallego, se trata de corrientes de opinión más o menos influyentes en la sociedad pero que no se articulan en movimientos políticos organizados y, por tanto, no son capaces de incidir de modo sostenido sobre la dinámica política ni del territorio en que surgen ni del conjunto de España. Simplemente afloran aquí y allá, en escritos de publicistas, en discursos de diputados o políticos, en cierta prensa o en las reivindicaciones que inspiran algunos conflictos, más o menos violentos. En otro caso, el del fuerismo vasco-navarro, apoyado en el control de las únicas instituciones de autogobierno corporativo que sobrevivieron a la liquidación definitiva del Antiguo Régimen, tiene la suficiente fuerza social para mantener durante largo tiempo, y desde luego durante todo el reinado de Isabel, la gran excepción a las previsiones constitucionales en materia de distribución territorial del poder, como ya se ha dicho en la contribución de Antonio Morales en este mismo volumen.

El otro fenómeno es de índole lingüístico-cultural, aunque en absoluto está exento de una fuerte carga ideológica, como comprobaremos enseguida. Se trata de los revivals o «renacimientos» que se dan en territorios con lenguas distintas de la castellana. Presentan dos dimensiones principales. La primera es la recuperación del cultivo culto de la lengua autóctona, cuya literatura había florecido en la Edad Media en todos los casos menos en el vasco para sufrir un prolongado eclipse después. La segunda es el nacimiento y desarrollo de una historiografía particularizadora destinada a demostrar, explícita o implícitamente, que los habitantes del territorio en cuestión forman, por su lengua, su raza, su forma de ser, sus costumbres, su folclore y sus instituciones, una nación orgánica, que se ha ido generado espontáneamente a lo largo de una historia propia desde un pasado muy remoto.

Para muchos de quienes contemplan estos renacimientos desde la óptica nacional española, su causa principal está en la aplicación de la moda romántica y del historismus de origen germánico a las peculiaridades etnolingüísticas e históricas de regiones especialmente aptas para esa aplicación. Para muchos de quienes lo hacen desde el correspondiente nacionalismo subestatal, estos renacimientos lo son en sentido pleno, pues lo que renace no sólo es la lengua y la cultura sino la propia nación objetiva, que despierta en forma de conciencia creciente en cuanto encuentra condiciones favorables. Por tanto, estaríamos, desde esa óptica, ante la consecuencia ineludible de la existencia de la nación, ante el primer paso necesario del desarrollo ulterior, también necesario, del propio nacionalismo.

Considero que ambas imágenes son demasiado simplistas y en parte erróneas. Conviene, pues, corregirlas. Y en varios sentidos. En primer lugar, la propia idea de «renacimiento cultural» debe relativizarse. Josep Fontana lo hizo acertadamente hace años para el caso catalán señalando que ni la literatura popular ni la edición de libros en catalán se habían interrumpido totalmente en ningún período anterior. Las únicas novedades que aportaban las décadas centrales del siglo XIX en este campo eran una nueva historiografía y la reaparición de una literatura «patricia» en catalán que, además, tuvo durante bastante tiempo una incidencia social muy reducida incluso en los sectores a los que se dirigía preferentemente. Este error de tomar el todo cultural por la parte que corresponde a unas elites, e incluso a unas minorías dentro de las elites, se comete también con vascos, gallegos, valencianos o baleares, por hablar sólo de los casos en que una lengua diferente actúa de principal marcador cultural. Todas esas lenguas-culturas habían sido socialmente mayoritarias en sus respectivas sociedades durante siglos. Y lo seguían siendo a la altura de 1840. Por tanto, lo único que «renace» después de esta fecha, o un poco antes, son prácticas de alta cultura que habían permanecido atrofiadas. Y paradójicamente, este renacer fue acompañado en algunos casos por un acusado retroceso social del conjunto de la cultura autóctona debido a la acción combinada del proceso de nacionalización español y de las transformaciones socioeconómicas (migraciones, urbanización, industrialización), acción que fomentaba la lengua y la cultura de estirpe castellana en detrimento de las otras.

En segundo lugar, sin negar la importancia del romanticismo y del historicismo como factores instrumentales de estos renacimientos, resulta obvio en el ámbito español, como en tantos otros de Europa, que no cabe considerarlos fenómenos sólo culturales, ni siquiera a efectos puramente analíticos. Como veremos, estuvieron siempre íntimamente relacionados con tendencias ideológicas coetáneas y con los principales procesos y contenciosos políticos en curso, aunque esa relación fuese diferente, en naturaleza e intensidad, según los territorios y los momentos. Y dentro de los principales contenciosos políticos tienen especial relevancia para nosotros dos cuestiones muy vinculadas entre sí: la composición nacional del Estado y su estructura territorial.

En este sentido conviene recordar que el período isabelino es el primero en el que, al no haber ya ninguna posibilidad real de restauración del Antiguo Régimen, la prioridad mayor del liberalismo pasa a ser, por encima de los duros enfrentamientos entre los partidarios de sus diferentes modalidades, la socialización de la nación española en sentido estricto. No podemos entrar aquí en la discusión que se viene dando entre los historiadores acerca de si ese proceso de nacionalización fue o no «débil» durante todo el siglo XIX y si hay que atribuir o no a esa debilidad una de las causas mayores del nacimiento y ulterior desarrollo de nacionalismos subestatales opuestos al español a lo largo del primer tercio del siglo XX. En todo caso, es cierto que, como ha demostrado José Álvarez Junco, intelectuales, organizaciones políticas y Estado hicieron durante la época isabelina un considerable esfuerzo, continuado en los períodos posteriores, por construir la identidad nacional española, por hacer del pueblo una nación, fuese en clave liberal-moderada, en clave tradicionalista o en clave democrática. Para ello procuraron imbuir en los ciudadanos un conjunto de actitudes, emociones, símbolos, mitos, versiones del pasado y creencias acerca de lo español. Y en ese empeño utilizaron, como en todos los procesos similares que tenían lugar en la Europa coetánea, la prensa, la escuela, el discurso, los símbolos comunitarios, las efemérides y las diferentes manifestaciones públicas del poder.

Suficiente o no, ese esfuerzo consiguió al menos la continuidad de la integridad territorial del Estado hasta hoy y desde luego hizo que la mayoría de los ciudadanos acabaran considerándose nación española. No obstante, es igualmente cierto que, al contrario que en Francia, el nation-building español no fue capaz de erradicar o de reducir a la insignificancia social otras identidades etnoculturales de ámbito subestatal, susceptibles de ser materia prima de lealtades nacionales alternativas cuando se diesen circunstancias suficientemente estimuladoras. Por el contrario, desde el principio la nacionalización española se vio acompañada en determinados territorios, y muy especialmente en Cataluña, Galicia y País Vasco, de movimientos que enaltecían las diferencias etnolingüísticas e históricas y que, si bien no solían poner en cuestión la unicidad nacional española, y mucho menos la integridad del Estado, podían preparar el camino para que en el futuro naciesen y se desarrollasen nacionalismos negadores de esa unicidad en nombre de los argumentos, símbolos y emociones particularistas que habían sembrado previamente esos renacimientos provincialistas del período isabelino.

Por otra parte, la propia trayectoria anterior de la Monarquía española desde el siglo XVI, pero sobre todo durante el XVIII, impedía que esa nacionalización española de la sociedad se abordase sobre una base plurilingüística y pluricultural. La identidad española anterior a la revolución liberal se había cimentado sobre la homogeneidad lingüística, religiosa e incluso racial, así como sobre una clara vocación centralista desde la llegada de los Borbones. Era casi inevitable que la nueva identidad colectiva a construir, basamento imprescindible de la nación, asumiese la herencia de aquellos rasgos de la vieja identidad que no fuesen directamente contradictorios con el sistema político liberal. Pero estas continuidades implicaban una actitud excluyente y combativa contra todo aquello que, aun sin tener de momento manifestaciones expresamente políticas, pudiese socavar tal homogeneidad. De aquí el recelo, cuando no la abierta hostilidad, con el que las autoridades y la mayor parte de la opinión pública de habla castellana acogían todo atisbo de «renacimiento» heterocultural lo que, por reacción, contribuía a politizarlo. Politización que no se producía sólo por reacción frente a la presión exógena, sino también por la existencia de factores endógenos, de índole cultural y política, que actuaban en la misma dirección.

Ya hemos mencionado el principal factor de naturaleza cultural: la recepción positiva del romanticismo y del historicismo por parte de una proporción significativa de las intelligentsias provinciales. Con su asunción de los sujetos colectivos populares como agentes históricos mayores, del folclore y las lenguas minoritarias, de la primacía de la singularidad sobre los principios y leyes universales, de la génesis espontánea e involuntaria de culturas, instituciones y supuestos espíritus nacionales (Volkgeist), de la historia como superior partera del buen Derecho a partir de la costumbre, con todo ello tales movimientos artísticos y tales corrientes de pensamiento eran unos instrumentos idóneos para afirmar la existencia y la legitimidad de «naciones» o «nacionalidades» orgánicas, tuviesen o no Estado, o para apoyar reivindicaciones de autogobierno basadas en diferencias culturales y en precedentes históricos reales o supuestos, próximos o lejanos. No es extraño, pues, que la preocupación etnográfica, el cultivo literario de la propia lengua y la re-escritura de la Historia en sentido diferenciador respecto de la española fuesen casi siempre indisolublemente unidos. Por otro lado, la relativa polivalencia ideológica de estos planteamientos organicistas e historicistas les permitía combinarse tanto con el liberalismo como con el tradicionalismo, lo que aumentaba aún más sus posibilidades de difusión. De hecho, sabemos que apenas hubo pueblo ni intelectualidad en Europa que se viese totalmente libre de su influencia.

Pero en el caso español se daban además factores socio-políticos peculiares. Las décadas que nos ocupan son también las de definición y asentamiento del modelo de Estado liberal. Y que prevaleciese uno u otro modelo tenía consecuencias de peso tanto «en vertical» (para las diferentes clases sociales en todo el Estado) como «en horizontal» (para las diferentes fracciones territoriales de cada clase). Las consecuencias del primer tipo dependían de la naturaleza más o menos representativa del sistema y por tanto se relacionaban con la dura pugna entre carlistas, moderados, progresistas y demócratas. Las del segundo tipo nos remiten a los enfrentamientos entre centralistas y descentralizados, que son los de relevancia más directa para el tema que nos ocupa. En efecto, para las elites provinciales o regionales, las oportunidades de «tocar poder» efectivo eran mucho menores con una estructura centralizada, por lo que no es extraño que una parte de esas elites defendiese una u otra forma de descentralización tanto desde ideologías de izquierda como desde las de centro, derecha o extrema derecha. Los descentralizadores de izquierda podían justificar sus aspiraciones, al modo del republicanismo federal, con el argumento de que ese era el sistema más democrático y participativo posible, aunque tampoco venía mal el refuerzo de los argumentos étnicos e históricos. Para los de mentalidad conservadora o abiertamente tradicionalista estos últimos argumentos eran ingrediente imprescindible en la demostración de la legitimidad y las bondades de un autogobierno entroncado con la tradición. He aquí el nexo de unión entre los renacimientos culturales y el fuerismo vasco-navarro o los provincialismos catalán y gallego. Veamos muy brevemente los aspectos fundamentales de esa relación.

Los precedentes en la fase final del Antiguo Régimen

En Cataluña el vigor social de la lengua había resistido bien, durante todo el siglo XVIII, la pérdida del autogobierno tras los decretos de Nueva Planta de Felipe V y los reiterados intentos de los Borbones por excluir el catalán de los usos públicos y de la enseñanza elemental. A pesar de que la política económica de la nueva dinastía propició el desarrollo agrario y la protoindustrialización en el país, y con ellos la fidelidad de la naciente burguesía a la Monarquía, el deseo de recuperar las instituciones suprimidas siguió vivo en amplios sectores de la sociedad catalana. Más vivo permaneció el apego del pueblo a su lengua y su cultura. Como señala Pere Anguera, los sucesivos decretos destinados a imponer el uso exclusivo del castellano en la docencia y la administración indican, con su reiteración, un incumplimiento bastante generalizado. Esta realidad explica que, durante la guerra de la Convención, las autoridades publicasen pasquines en catalán llamando a la lucha contra el francés, y que años después los ocupantes franceses intentasen atraerse a la población del mismo modo.

No es de extrañar, pues, el vigor del teatro popular en catalán durante el primer tercio del siglo XIX ni la relativa abundancia de ediciones y reediciones en ese mismo idioma de romances, sainetes, devocionarios y manuales de cuestiones prácticas o de enseñanza primaria, así como de folletos y catecismos políticos dirigidos a un público popular. A veces estos textos eran bilingües para reflejar la distribución social de las dos lenguas. Por ejemplo, el Nuevo diálogo entre un oficial y una pastora catalana, en el que la gente del pueblo se expresaba en catalán y los otros lo hacían en castellano. En cambio, durante el reinado de Isabel II, la propaganda liberal en castellano ganará rápidamente terreno, aunque la otra no desaparecerá por completo. Una muestra más de la contribución de los principales partidos a la nacionalización española en una sociedad que, en su mayor parte, seguía siendo catalanoparlante.

También hay precedentes del posterior binomio provincialismo-Renaixença en sus dimensiones no literarias. Como dice Albert Balcells, tanto el estudio de la lengua como la valoración y defensa de la historia y las instituciones propias comienzan ya en la época de la Ilustración y en los comienzos del siglo XIX, antes de la recepción del pensamiento romántico. Ahí están para probarlo la obra de Ramón Llàtzer de Dou, catedrático de la Universidad de Cervera y diputado en Cádiz, sobre el Derecho Civil catalán, la Gramatica i apologética de la llengua catalana, de Josep Pau Ballot (1814), el Diccionario de Félix Amat o, en el terreno de la reconstrucción de un pasado específicamente catalán, las Memorias históricas sobre la marina, el comercio y las artes de la antigua ciudad de Barcelona, de Antoni de Capmany (1779-1792).

Pero estos afanes lingüísticos, historiográficos o jurídicos tenían lugar en medio de confrontaciones políticas con las que estaban claramente relacionados. Ya en plena guerra del francés, a pesar de la oleada de patriotismo español de la que participó también la mayoría del pueblo catalán, sectores minoritarios, que podemos personificar en Tomás Puig, aprovecharon la coyuntura para proponer la recuperación de las viejas libertades catalanas con un proyecto prenacionalista. Menos radicales, los diputados catalanes en Cádiz se opusieron con firmeza a la desmembración de la unidad catalana en varias provincias. Durante el Trienio, los propios liberales catalanes, para aumentar sus adeptos, recurrieron a la evocación del antiguo autogobierno catalán, proscrito «por el antisocial derecho de conquista», en clara alusión a los decretos de Nueva Planta. Y cuando perdieron el poder fueron más allá al prometer desde el exilio, durante la «década ominosa» (1823-1833), nada menos que la restitución de los fueros, lo que se traducía, en términos políticos modernos, en reconocer su «independencia» y establecer la posterior unión federativa entre las diferentes partes de España. Aunque los liberales olvidaron estas promesas cuando recuperaron el poder tras la muerte de Fernando VII en 1833 y el fracaso del Estatuto Real de 1834, el hecho de que las incluyesen en sus ofrecimientos en tiempos de turbación indica que estaban convencidos de que eso era lo que deseaba una parte importante de la sociedad catalana. Los indicios en el mismo sentido aumentarán en el conflictivo decenio que precede a la subida al trono de Isabel II.

En el País Vasco, la mayor parte de la población también era monolingüe en vasco, salvo en las ciudades. El euskera no empezó a retroceder significativamente hasta las guerras civiles del siglo XIX y la posterior generalización del servicio militar obligatorio. De ahí que desde el siglo XVII fuesen relativamente numerosas las ediciones de diccionarios vasco-castellanos y gramáticas, así como de obras religiosas. A pesar de ello, la exigencia de que los cargos públicos de municipios y juntas generales conociesen el castellano, reforzada por la política castellanizante de los Borbones, resultó siempre muy difícil de satisfacer fuera del ámbito urbano y de hecho se incumplía en numerosas ocasiones. No obstante, esa política hizo que el euskera empezase a perder prestigio entre el conjunto de la población al convertirse el castellano en medio imprescindible para el ascenso social. Pero esto no impidió que algunos escritores diesen los primeros, y fallidos, pasos en la idealización del ethnos vasco y en la consiguiente promoción de una literatura culta en euskera. Y así, Juan Antonio Moguel, en su novela Perú Abarca, escrita en 1802 pero publicada mucho después, exaltaba la figura del campesino en cuanto depositario de los caracteres culturales y de los valores éticos del pueblo vasco. Después, con la llegada de las primeras influencias románticas, se reforzó la valoración del folclore, con especial atención a bailes y canciones populares, como en la recopilación Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaina que hizo Juan Ignacio Iztueta en 1824.

Por otra parte, la justificación y defensa de los fueros como forma de cosoberanía basada en un supuesto pacto primigenio entre iguales (entre la Monarquía castellana y los pueblos vascos) había dado lugar siempre a una literatura histórica, cuya necesidad aumentó tras la ofensiva deslegitimadora de esa teoría que supuso la obra de Juan Antonio Llórente, incitada por Godoy alrededor del cambio de siglo, y más aún después de la Constitución de Cádiz, que diseñaba un sistema político incompatible en principio con el viejo régimen foral. De aquí la aparición de algunas obras que pretendían salir al paso de esos cambios recurriendo de nuevo a una reconstrucción vasquista del pasado como la Historia de las naciones vascas (1818), de Juan Antonio Zamácola.

En Galicia la situación era parecida y diferente a la vez. Parecida en que la lengua de la gran mayoría de la población (campesinos y clases populares urbanas) era el gallego. Diferente en dos aspectos fundamentales. El primero es que nunca había existido un verdadero autogobierno corporativo gallego ni dentro de la monarquía castellana ni dentro de la española. Fuera del ámbito antropológico, las únicas señas diferenciales de Galicia respecto de Castilla, aparte de un régimen específico de cesión de la tierra a los campesinos, eran un derecho civil algo diferente del castellano y la existencia desde el siglo XVI de la Junta del Reino de Galicia, formada por los procuradores de las siete ciudades y desprovista de competencias reales. Poca cosa para generar en los grupos sociales dominantes, y desde ellos en toda la sociedad, una conciencia de identidad política particular.

Por otra parte, y esta es la segunda gran diferencia, la acelerada castellanización de los grupos sociales superiores en el siglo XVI, incluido el poderoso clero, había eliminado la lengua gallega casi completamente de los usos públicos, civiles y religiosos, con lo que ese idioma funcionaba como marcador social negativo. Por eso los textos en gallego, literarios o no, eran muy escasos, a pesar de la obligada existencia de un folclore muy rico. Prácticamente se reducen en el siglo XVIII a la obra poética del cura de Fruime y algún panfleto, como el irreverente La Piligrina (1787). En cambio, sí se dan entre los ilustrados pronunciamientos en defensa de Galicia y de su etnicidad, frente a lo que se considera trato injusto en relación con otras partes del reino o postergación de sus señas de identidad. Destacan en esto los alegatos del padre Sarmiento a favor de la enseñanza primaria en gallego a los campesinos y de que los cargos públicos conociesen la lengua del país. Sin embargo, estas manifestaciones de la segunda mitad del XVIII, que podríamos considerar precedentes del provincialismo posterior, decaen hasta casi desaparecer en el primer tercio del siglo XIX.

En cuanto a la presencia pública del idioma, los agudos conflictos que se inician en 1808 la activan algo sin que la situación cambie cualitativamente. En el campo literario la producción sigue siendo muy escasa y parece responder siempre, bien a la continuación de tradiciones populares, bien a divertimentos de ocasión entre los cultos. Podemos mencionar el sainete costumbrista A casamenteira, que el liberal Antonio Benito Fandiño escribe en 1812 en la cárcel de Compostela, algunas poesías de este mismo autor, otras del canónigo orensano Juan Manuel Bedoya en 1816, los villancicos de los mindonienses Antonio Castro y Luis Corral, un par de composiciones de Nicomedes Pastor Díaz en los años veinte y poco más. Mayor interés tiene, como expresión de los nuevos tiempos, la aparición de textos, en prosa o verso, destinados al combate político, pues indican la necesidad de propagar las ideologías en conflicto entre un pueblo que es mayoritariamente gallegohablante. Naturalmente, los que aparecen primero están al servicio de la resistencia antifrancesa, como el romance anónimo de orientación tradicionalista Un labrador que foi sarxento (1808) o las patrióticas Proezas de Galicia (1810) de José Fernández Neira. Expulsado el francés pasa a primer término la lucha entre absolutismo y liberalismo, y ambos usan de vez en cuando el gallego, aunque lo hace más el segundo. Absolutistas son, por ejemplo, los textos que publica Manuel Freire Castrillón en la Estafeta de Santiago (1813-1814). Liberales, los que aparecen en la Gazeta Marcial y Política de Santiago (1812-1813); Os rogos de un gallego establecido en Londres (1813), diatriba anti-Inquisición del cura liberal Miguel Pardo de Andrade; y el Diálogo entre dos labradores gallegos, afligidos, y un abogado instruido (1823) en el que Pedro Boado, abogado y jefe político de Ourense durante el Trienio, ataca el régimen señorial y en el que sólo los campesinos se expresan en gallego.

Por tanto, cuando la primera fase de la revolución liberal llega a su término, la situación, en lo que a nuestro objeto se refiere, era más o menos así: la composición pluriétnica de la monarquía apenas había experimentado cambios en relación con el siglo XVIII, por lo que la extensión social y el vigor de las culturas populares no castellanas en nada habían retrocedido en sus respectivos territorios. En cambio, los movimientos de reivindicación culta de esas etnicidades apenas daban sus primeros pasos. Por otra parte, el protagonismo del enfrentamiento liberalismo-absolutismo dejaba en segundo plano, de momento, la polémica centralización-descentralización del Estado. Por ello, la conexión entre las actitudes descentralizadoras, por un lado, y la especificidad cultural y/o institucional y el precedente histórico, por otro, variaba mucho según los casos: era fuerte en el País Vasco, débil pero significativa en Cataluña y casi inexistente en Galicia, Valencia y Baleares.

Culturas periféricas y parto traumático del estado liberal

Los años que median entre la muerte de Fernando VII en 1833 y la coronación de Isabel II en 1843 o el comienzo del predominio político del liberalismo moderado y la promulgación de la Constitución de 1845 son, como es bien sabido, de graves conflictos, entre los que destaca la guerra civil de 1833-1839 que enfrentó a los absolutistas partidarios de la subida al trono del infante don Carlos María Isidro con los liberales agrupados alrededor de la figura de la reina niña. La guerra se saldó con una transacción que, en todo caso, implicaba la liquidación definitiva del Antiguo Régimen y ponía en primer plano la cuestión del tipo de Estado liberal a construir. Pero los conflictos también brotaron por doquier en el seno del bando liberal ya en plena guerra y mucho más cuando ésta acabó. Como ya hemos dicho, dos eran los principales motivos de enfrentamiento entre la derecha y la izquierda del liberalismo: el grado de representatividad social del sistema político y el carácter centralizado o descentralizado del Estado. Ambas cuestiones, pero especialmente la segunda, cambiaron radicalmente la situación en lo que se refería a la consideración cultural, social y política de las lenguas y culturas particulares.

En efecto, en 1833-1843 resucitó con fuerza el modelo juntista, típico de los episodios anteriores de la revolución liberal española desde los primeros de 1808-1810. Según ese modelo, el nuevo poder se constituía de abajo hacia arriba, o de la periferia al centro, es decir, siguiendo un camino realmente federativo desde las juntas locales o regionales a la formación de una junta o gobierno provisional central. Y aunque al final éste acababa siempre forzando la disolución de aquéllas y, por tanto, la génesis federativa terminaba por parir una criatura centralizada, la misma naturaleza del proceso alimentaba las pretensiones y las ulteriores protestas de los federalistas, se diesen o no ese nombre.

En Cataluña estos fenómenos tuvieron especial intensidad porque, además, se unían al nacimiento de nuevas tensiones sociales urbanas que hacían más duros los enfrentamientos entre los defensores de un parlamentarismo de representatividad muy reducida y los partidarios de más democracia, pugna que avivaba la otra y llevó a muchos al convencimiento de que federalismo y verdadera democracia eran la misma cosa. En efecto, en el decenio 1834-1843 se suceden en Cataluña, y muy especialmente en Barcelona, numerosos disturbios o bullangas, en algunos de los cuales el componente obrero se hace ver con fuerza por primera vez, así como movimientos revolucionarios acompañados de la formación de juntas más o menos insumisas respecto del gobierno central, insumisión que en ocasiones llegaba a la rebeldía abierta, como la que llevó a Espartero a bombardear la capital en 1842. En este ambiente, una parte de la izquierda liberal comienza a apoyar sus reivindicaciones democráticas y vagamente federalistas en el recuerdo de las viejas libertades catalanas, eliminadas por la fuerza, y en la denuncia de la prepotencia de los funcionarios castellanos, la marginación de los catalanes de los altos cargos del Estado y los perjuicios económicos que el sistema fiscal trae a la región. Tal hacen, por ejemplo, algunos colaboradores de El Vapor, entre ellos Pedro Mata. Incluso se discute en la prensa la posible independencia de Cataluña, aunque sea siempre para desaconsejarla, sea por razones económicas o por otras. En todo caso, está claro que en ese período convulso una parte importante de la izquierda catalana, con una base popular urbana no despreciable, empieza a postular un modelo de nación española muy diferente del que acabará prevaleciendo y emplea para ello argumentos históricos y políticos que más adelante serán moneda común en todas las fases de la historia del catalanismo.

En otro orden de cosas, la historiografía catalanista posterior fijó el hito inaugural de la Renaixença, y con ella el despertar de la conciencia catalanista, en la publicación de la «Oda a la Patria» de Bonaventura Caries Aribau en El Vapor el año 1833. Aunque hay además otras manifestaciones coetáneas del mismo tenor, como el poema menos conocido de Antoni Puigblanch, «Les Comunitats de Castella», hoy sabemos que el hito no lo fue tanto, no sólo porque, en el caso de Aribau, se trataba de una poesía de circunstancias en un autor que, salvo en muy contadas ocasiones, se expresaba siempre en castellano, sino sobre todo porque, como hemos visto, había usos anteriores del catalán socialmente más importantes y porque los que serían considerados propiamente renaixentistas aún tardarían bastante en adquirir una dimensión significativa. Con todo, aparecen ya precursores claros de la Renaixença, como el poeta y novelista romántico Pablo Piferrer, que murió a los treinta años en 1848, o el catedrático de literatura Joaquim Rubio i Ors, quien en 1839 publicó en el Diario de Barcelona la poesía «Lo Gaiter del Llobregat», título que luego usaría como seudónimo. Dos años después sacó a la luz una recopilación de sus poesías, precedida de un prólogo en el que reclamaba la independencia literaria de Cataluña. También se dieron los primeros pasos de lo que dos décadas después sería el movimiento de los juegos florales. La iniciativa de evocar el pretérito poético medieval fue de Joan Cortada, profesor de Historia, quien en diciembre de 1840 propuso a la Academia de Buenas Letras de Barcelona la convocatoria de un certamen bilingüe, que se celebró al año siguiente y en el que fue premiado Rubio i Ors por un poema en catalán.

Al mismo tiempo se inicia el movimiento historiográfico centrado en el pasado catalán. En algunos autores, ese movimiento es todavía muy deudor de la erudición ilustrada y apenas apuntan los planteamientos catalanistas posteriores. Tales son los casos de Félix Torres Amat, con sus Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes (1839), y de Prosper de Bofarull, impulsor del Archivo de la Corona de Aragón, con Los condes de Barcelona vindicados (1836), historia positivista y laudatoria de los primeros soberanos catalanes, que el catalanismo posterior tomará como uno de sus puntos de referencia. Pero en otros aparecen ya con fuerza tanto el estilo romántico como la motivación nacionalizadora. El ejemplo más claro en esto son los dos volúmenes dedicados a Cataluña que Pablo Piferrer escribió en 1839 para la colección Recuerdos y bellezas de España. En ellos, aparte de evocar con nostalgia «las felices épocas de los Raimundos y los Jaimes» en que brillaban las libertades patrias, se esbozaba ya la sucesión de hitos nacionalitarios típica de la ulterior imagen catalanista de la historia propia, Once de Septiembre incluido.

En el País Vasco, este período está totalmente marcado, lógicamente, por la primera guerra carlista (1833-1839) y sus consecuencias inmediatas. Como es bien sabido, el conflicto se saldó con la derrota pactada de los absolutistas pero también con la preservación de los aspectos fundamentales del régimen foral vasconavarro, que quedó así como la gran excepción al centralismo del Estado liberal. Mutatis mutandis se repetía en el siglo XIX, tras el fin de esa guerra y las leyes de 1839 para el País Vasco y 1841 para Navarra, la situación en que quedaron esas «provincias exentas» tras la guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta de principios del siglo XVIII. Sin embargo, en los años inmediatamente anteriores al acceso de Isabel II al trono, no estaba nada claro que esa excepcionalidad fuera a consolidarse. No es extraño, pues, que la guerra primero y la incertidumbre después acuciasen en algunos el afán de afirmar la organicidad y la historicidad de lo vasco hasta el extremo de adelantarse en muchas décadas a las formulaciones propiamente nacionalistas. Tal es el caso, por cierto muy excepcional y en su momento de influencia sociopolítica nula, del liberal vascofrancés Joseph Augustin Chaho, cuyo libro Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques (1836) pintaba la contienda como una guerra de liberación nacional. En la misma vena protonacionalista, romántica y anticatólica publicó en 1843 La leyenda de Aitor, primitivo ancestro del pueblo vasco, homólogo del Breogán celta del galleguismo. De este modo un mito fundacional pagano, y por tanto laico, sustituía al mito fundacional religioso que, en la persona de Túbal, nieto de Noé, había presidido hasta entonces la genealogía vasca. En la estela de esta leyenda se desarrollaría durante el resto del siglo la literatura historicista ligada al fuerismo.

Al contrario que en Cataluña o en el País Vasco, no hay en Galicia durante la guerra carlista asomo de planteamientos descentralizadores, ni siquiera aislados. El enfrentamiento entre liberales y carlistas ocupa todo el escenario sin dejar sitio a otros matices. El único y débil precedente de lo que aparecerá después es la introducción en su historiografía del celtismo, o teoría según la cual los gallegos descienden de los celtas y son por tanto de raza diferente a los demás pueblos peninsulares. Esta aportación corresponde a un viejo liberal de estirpe ilustrada, Joseph Verea i Aguiar y concretamente a su Historia de Galicia (1838). Por otra parte, la situación de la lengua y la cultura gallegas no cambió en nada respecto de los años precedentes. Los textos publicados en gallego fueron muy escasos y casi todos de carácter político, como las anticlericales Tertulias de Picaños (Santiago) o los constitucionalistas Diálogos en la Alameda de Santiago, ambos de 1836. Al igual que ocurría con los del período anterior, nada hay en ellos de galleguismo ideológico. Simplemente expresan en gallego cuestiones de política general de España. Es significativa también su escasez, indicativa de que el grueso de los destinatarios de los mensajes políticos en aquel momento, las clases medias y altas, tenían el castellano como lengua de comunicación. Por tanto, sólo se enviaban tangencial y esporádicamente mensajes en gallego a los sectores populares en los momentos de máxima conflictividad para intentar atraerlos, aunque sin mucha esperanza de conseguirlo, a juzgar por la debilidad del esfuerzo.

A partir de 1840 la situación cambia cualitativamente con el comienzo del provincialismo gallego, que nace como una corriente diferenciada en el seno del progresismo español en Galicia. Hasta 1846 el grueso de sus adeptos se concentró en Santiago, alrededor de la Academia Literaria, impulsada por el militar progresista Domingo Díaz de Robles. La mayoría eran estudiantes de la universidad compostelana y el resto estaba formado por profesores y profesionales liberales. Su diferencia ideológica respecto de los progresistas estrictos consistía en una valoración especial de Galicia como sujeto histórico y político que, en su opinión, merecía pesar más en el concierto ibérico, para lo cual aspiraban a una descentralización del Estado, cuyas características no concretaban. Más clara era su reacción contra el menosprecio de lo gallego y la consiguiente exaltación de las glorias pretéritas del país y, en menor medida, de su lengua y su cultura. En esta línea, Antolín Faraldo, en sus artículos en El Recreo Compostelano (1842-1843), introdujo en Galicia la concepción historicista y la combinó con las tesis celtistas de Verea para sentar las bases de la reconstrucción galleguista del pasado que desarrollarán los historiadores de la generación siguiente. Al servicio de la difusión de este ideario promovieron una prensa tan numerosa como efímera. La centralidad de Galicia en sus visión del mundo campeaba rotunda en las propias cabeceras: El Idólatra de Galicia (1841-1842), La Situación de Galicia (1843), etc.

Pero la actuación de estos primeros provincialistas gallegos no se limitó al ensayo y la publicística. Participaron muy activamente en política, aunque siempre lo hicieron en cuanto progresistas españoles. Sus principales figuras ya tuvieron una participación relevante en la formación de las juntas revolucionarias de 1840 y 1843. Esta trayectoria culminó, y acabó, con el pronunciamiento progresista iniciado en Lugo contra Narváez el 2 de abril de 1846 por el comandante Miguel Solís, que ni era gallego ni provincialista. En los días siguientes se suman al levantamiento numerosas ciudades y villas, obligando al gobierno a enviar tropas para sofocarlo, para lo que fueron precisas varias pequeñas batallas y más de tres semanas. Tras las últimas escaramuzas en las calles de Santiago, Solís y sus oficiales fueron fusilados en Carral (A Coruña) el 26 de abril. Los provincialistas constituyeron una parte importante de la trama civil de la sublevación. El propio Faraldo fue secretario de la Junta Suprema de Gobierno de Galicia, que se constituyó en Santiago. El fracaso del movimiento y la represión posterior trajeron consigo la desbandada de este grupo iniciador del galleguismo.

A este primer provincialismo gallego corresponden también las primeras obras en gallego de los autores que se considerarán después precursores del Rexurdimento, todos provincialistas: Vicente Turnes, Alberto Camino, Francisco Añón y otros. Pero hasta 1853 todo se reducirá a poemas sueltos de los que además sólo se publicará una pequeña parte desperdigados por la prensa, especialmente por la de tendencia provincialista. Hoy conocemos la mayoría gracias a su recopilación en antologías muy posteriores.

XVIII. Provincialismos y diferencialismos culturales: Pág. 1 Pág. 2