El PSOE carga las escopetas y apunta directamente a la judicatura con el proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial. Si en la legislatura pasada contemplamos sus intentos para designar a dedo a los jueces —por fortuna la iniciativa caducó—, ahora estamos ante una de esas leyes que, de aprobarse en sus términos actuales, podría ocasionar una grave perjuicio.
La discusión se centra principalmente en la transferencia de funciones y responsabilidades propias de los jueces a los secretarios judiciales, y en la organización funcional.
Respecto al primer punto, debemos recordar que los Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (Art. 117.1 de la Constitución) mientras que los secretarios judiciales carecen de esta independencia ya que desempeñan sus funciones con sujeción a los principios de “unidad de actuación y dependencia jerárquica” (art. 452.1 LOPJ).
En cuanto a la organización funcional, el debate se centra en el mantenimiento de un sistema de autoridad difuso y dependiente de varias instancias, lo que perjudica de forma notable el "día a día" en los juzgados.
Más información en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid donde han elaborado una declaración (formato PDF) al respecto.