Bolivia: nacionalización de los hidrocraburos

Aunque en los últimos días fuentes gubernamentales bolivianas habían descartado la opción nacionalizadora, Evo Morales decidió finalmente optar por ella. Brasil y España, con fuertes intereses en Bolivia, son dos de los países más perjudicados por la medida. Para tomar el pulso de la noticia he preparado la siguiente documentación: Editoriales de los principales periódicos de Bolivia, un resumen con los puntos de vista y el texto completo del decreto.

Quien lo desee, puede descargar el contenido del artículo en formato PDF.

EDITORIALES PRINCIPALES PERIÓDICOS DE BOLIVIA:

El Deber: La tercera nacionalización.

A cien días de gestión el Gobierno de Evo Morales decidió, mediante decreto supremo, la nacionalización de los hidrocarburos del país.

Por tercera vez en sus últimos 70 años de historia, Bolivia intenta recuperar los recursos naturales del sector, animado por el impulso de un amplio sector que dio su voto en diciembre pasado por ese proyecto y por márgenes económicos atractivos que pueden dar oxígeno a la asfixiada economía nacional. Apenas conocida, la medida ha causado sorpresa e impacto en varios frentes. El regocijo inicial popular, la incertidumbre del sector privado, la preocupación de algunos gobiernos y la desconfianza de los inversionistas que explotan los recursos hidrocarburíferos, desde la Ley de Capitalización promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996, componen un escenario coyuntural complejo. La más reciente historia nos revela que en 1996 el ex jefe del MNR capitalizó YPFB a través de la Ley 1689, que estableció que los inversionistas extranjeros debían pagar el 18% de dividendos al Estado boliviano por la explotación de campos nuevos, y el 50% por los que ya existían.

Hoy la escala de transferencias al Estado, para los campos que producen más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas, será otra: 82% para el Estado y el 18% para las compañías extranjeras que los explotan. El nuevo decreto obliga, específicamente, a dos campos a sujetarse a esa nueva escala durante la etapa de transición que no debe durar más de seis meses. Seguramente, esta medida puede traer réditos políticos inmediatos al partido gobernante, con una balanza que tal vez en este periodo se incline a favor del MAS, que se apoyó para adoptarla en los resultados del referéndum realizado en julio de 2004. Sin duda que las consecuencias económicas y geopolíticas son las de mayor impacto y seguramente se las podrá dimensionar en las siguientes semanas. Las negociaciones entre el gabinete técnico y los consorcios internacionales que explotan los hidrocarburos en más de cincuenta campos en todo el territorio nacional, tendrá un plazo perentorio de 180 días.

En este corto lapso podrán elucubrar las posiciones y estrategias más convenientes para uno y otro interesado. Ejercer el control de la explotación, distribución y venta de los hidrocarburos dentro y fuera del país, fue una de las consignas preelectorales que el presidente Evo Morales argumenta hoy como su quinto cumplimiento prometido. Anoche, en un encendido discurso en la plaza Murillo de La Paz, anunció que está dispuesto a extender la nacionalización a todos los recursos naturales, especialmente el minero, el forestal y el de la tierra. ¿Suena esta medida como bisagra de una nueva etapa? ¿Resistirá este envión a posibles ciclones que soplarán en su contra para desviar el rumbo? Los detalles técnicos del decreto Héroes del Chaco serán en las próximas horas seguramente objetos de estudio para posteriores propuestas y decisiones que verán la luz en los próximos seis meses. Tres momentos, 1937, 1969 y 2006, quedan marcados a fuego en la historia de los hidrocarburos de la nación. Hoy el escenario es muy diferente en esta tercera nacionalización. Queda por ver y atestiguar si Bolivia resiste a este elocuente punto de inflexión histórico, de cara a un futuro lleno de expectativas e incertidumbres.

Jornada: Nacionalización y nuevo plazo de 180 días.

El Presidente Evo Morales Ayma, hizo conocer mediante Decreto Supremo Nº 28701 que a partir del lro. de Mayo (ayer) se nacionaliza los hidrocarburos con la toma física de los campos petroleros que detentan las transnacionales. Instruyó a las FF.AA., tomar los campos petrolíferos, Transredes fue custodiada y se espera que los campos que administran Repsol, Petrobras, Chaco, Andina, también sean “tomados”.

“Es el mejor regalo al pueblo”, señaló el Presidente. Manifestó que el Estado, mediante YPFB, tendrá a su cargo la producción y comercialización de energéticos, que las petroleras tienen 180 días para migrar a nuevos contratos de lo contrario “deben irse de Bolivia”, aseveró. Que de la producción de los pozos un 82% será para el Estado y un 18% para las petroleras.

En la Nueva Ley de Hidrocarburos aprobada por la anterior gestión Legislativa, año 2005, se especifica que los hidrocarburos pasan a propiedad del Estado nacional. Contempla impuesto del 32% y 18 % de regalías. En lo fundamental, abroga (anula) todas las disposiciones legales y Decretos contrarios a la Nueva Ley, es decir que los contratos de riesgo compartido ingresaban, a partir de la promulgación de dicha Ley, en cuestionamiento y se conminó a las transnacionales a migrar, en el plazo de 180 días, a nuevos contratos en los que el Estado debía tener mayores ingresos. Ese plazo venció superabundantemente el año 2005, el gobierno de Rodríguez Veltzé, emitió un Decreto por el cual se daba un nuevo plazo que debía cumplirse en junio de este año.

El gobierno por la prisa que lleva para cumplir con la oferta electoral, parece haber olvidado derogar el Decreto de Rodríguez Veltzé. En el Decreto emitido ayer, se otorga un nuevo plazo de 180 días que corre a partir del lro. de mayo y concluirá el 1ro. de noviembre de este año.

Cuál la explicación legal sobre nuevos plazos a las petroleras?, al parecer recién el gobierno lo hará conocer. No se especifica quién administrará la producción y comercialización de hidrocarburos durante ese lapso, pues al darles opción las transnacionales podrían considerar que se efectuó expropiación con la toma por la fuerza de los campos petrolíferos.

¿ Se expropiará, se pagará indemnización, se acudirá ante los Tribunales Internacionales o qué medidas legales se adoptará contra las transnacionales?. Es importante decir la verdad a los bolivianos para que no haya falsas expectativas y resultados adversos en esta era de la tecnología en la que todas las decisiones gubernamentales de los Estados democráticos, a través de las comunicaciones vía satélite, Internet, son analizadas en su real alcance.

Cabe recordar que durante el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia se nacionalizó la Gulf Oil Company, a la que el Estado tuvo que indemnizar después de algunos años, la administración se otorgó a YPFB mediante Presidentes designados a dedo por los diferentes gobiernos del sistema neoliberal que impulsó la aparición de nuevos multimillonarios, la traición a los intereses nacionales por quienes después de detentar el cargo aparecieron como Ejecutivos de transnacionales que capitalizaron YPFB durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con leoninos contratos de riesgo compartido, ahí esté el pésimo ejemplo de Arturo Castaños que se calificaba como un recalcitrante “populista” y que a la fecha es un fiel servidor de Petrobras. En el D. S., el gobierno afirma que quienes capitalizaron y firmaron contratos de riesgo compartido cometieron “traición a la Patria”. La referencia es en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Diego Mesa Gisbert, Eduardo Rodríguez V., los tres primeros firmaron contratos obviando cumplir con la aprobación por el Senado Nacional y el cuarto por haber violado la Nueva Ley de Hidrocarburos al haber otorgado mediante Decreto Supremo un nuevo plazo de 180 días a las petroleras, cuando toda Ley se cumple y no se discute.

El tiempo hará saber la verdad. De todas maneras los bolivianos no solo que contarán con los 700.000.000 de dólares por el 32% de impuestos a los hidrocarburos y 18% por regalías, sino que por la reciente “nacionalización” se obtendrá aproximadamente el triple con los 82% a favor del Estado. Una suma aproximada a los un mil setecientos cincuenta millones de dólares ($us. 1.750.000.000) que beneficiará a todos los sectores, especialmente de salud, educación, vivienda social y también para infraestructura caminera.

Con el más sano propósito patriótico cabe recordar al gobierno que falta que el Congreso de la República modifique la Nueva Ley de Hidrocarburos y estipule, en el Artículo pertinente, el 82% que señala el D.S. Nº 28701.

El Mundo: Terremoto histórico.

El decreto 28701 nos despertó el 1 de mayo. De pronto una medida que no deja de ser un acto trascendental e histórico, cambia la jugada en el tablero de las piezas de ajedrez. Cada movimiento de esta magnitud es un terremoto cuando no se precisa el epicentro que hace temblar a los que hasta hace poco tenían toda una estrategia para darnos jaque mate en 4 jugadas. Evo Morales primer presidente indio de los bolivianos, obliga a las transnacionales a entregar toda la producción de hidrocarburos a YPFB, para su comercialización e industrialización; si no están de acuerdo pueden marcharse del país en 180 días, no importan las réplicas de los perjudicados que hasta hace poco ponían las reglas; la jugada de ellos no tendrá comparación, porque por donde miren su jugada es demasiado tarde. Muchos de afuera y sus agentes internos la cuestionaran, pero esta no deja de ser de los afectados y sus agentes internos. Se puede cuestionar que esta “tercera” nacionalización no tiene nada que ver con la expropiación y expulsión de la Estándar Oil en 1937, ese hecho tenía como factura 50.000 vidas que derramaron su sangre en las arenas candentes del Chaco. Luego el gabinete intelectual de Ovando Candía tenía elementos ideológicos y doctrínales que condujeron a la nacionalización de la Gulf Company. Aunque es importante hacer notar un elemento que flota en el aire: es una mezcla agridulce de esta medida, cuando los 9 millones de Bolivianos deberíamos estar en las calles festejando el retorno de nuestros recursos naturales, existe una especie de incertidumbre con este hecho, para quienes combatieron desde cada una de sus trincheras contra la capitalización, el entreguismo y por ultimo el saqueo de algunas compañías que violentaron las reglas del juego en el que ellas se beneficiaron. Si bien en la regla estricta de la palabra nacionalización, recuperación, o confiscación no existe, lo que si sucedió es el control de la mayoría con el 51% de las acciones de las empresas, y volcando la tortilla en los mega campos donde el Estado lleva a su favor el control de la propiedad con el 82% en contra del 18% que tendrán a su favor las compañías que hasta hace poco controlaban en su beneficio el 82% y dejándole al propietario de dichos recursos no renovables el restante 18%. Esta actitud del Estado no deja de ser una medida ideológica y nacionalista incuestionable y soberana, donde cada uno de nosotros debe poner su respaldo, que no significa apoyo ideológico al gobierno, pero ésta es una medida nacional, que no debe confundir nuestros sentimientos particulares, y es un deber del ser boliviano brindarle nuestro militante apoyo. Cuando Sánchez de Losada nos regaló, entregó hasta el aire que respiramos, nuestro deseo interno, y por que no externo, era la llegada del día en que los zares de las transnacionales no sigan con el saqueo desvergonzado de nuestros hidrocarburos. Buscamos la llegada de esta hora, la de recuperar para nuestros hijos no solo los hidrocarburos. Lo de ayer fue un camino para recuperar dignidad, soberanía y sobre todo recuperar la patria, y fue un hecho histórico que quedará grabado en las piedras de la Bolivia que vienen luego de este terremoto.

Los Tiempos: Nacionalización.

Es muy previsible, a partir de ahora, que las principales empresas petroleras que operan en Bolivia deban elegir entre tres caminos: retirarse de Bolivia, acudir a recursos legales y arbitrajes internacionales o, por último, aceptar los nuevos términos y condiciones que ha señalado el Gobierno.

El presidente Evo Morales ha sorprendido al país y al mundo al decretar, ayer, la nacionalización de los hidrocarburos, la toma física de los campos hidrocarburíferos operados por empresas multinacionales, la entrega del control total de la cadena productiva de los hidrocarburos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la expropiación de acciones de varias compañías del sector, entre otras medidas.

Mientras el Primer Mandatario presentaba públicamente el Decreto Supremo 28701 y encabezaba personalmente el operativo de ocupación física de los más importantes campos petroleros en el departamento de Tarija, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público realizaban similar tarea en otros 56 campos de petróleo y gas.

Pasando por sobre la Ley de Hidrocarburos -lo cual seguramente será motivo de polémica en los siguientes días- la decisión gubernamental crea un nuevo mecanismo de distribución de los ingresos por la producción de hidrocarburos. La Nacionalización deja para las empresas petroleras un 18 por ciento del valor de la producción e incrementa los ingresos del Estado de un 50 a un 82 por ciento.

Esto quiere decir que, a partir de la fecha, las multinacionales deberían pagar un 18 por ciento por concepto de regalías, un 32 por ciento por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otro 32 por ciento de una participación adicional para YPFB.

Además, el Gobierno ha decidido conceder a las empresas petroleras que operan en Bolivia un plazo de 180 días para que actualicen sus relaciones contractuales a las condiciones impuestas por el decreto nacionalizador.

La contundencia de las medidas establecidas en el Decreto 28701 abren un nuevo capítulo en el accidentado camino que la ha tocado transitar al país, durante al menos el último quinquenio, a raíz de la interminable pugna nacional por el control de nuestras inmensas riquezas de gas natural.

A decir de una primera lectura del decreto promulgado ayer, es muy previsible, a partir de ahora, que las principales empresas petroleras que operan en Bolivia deban elegir entre tres caminos: retirarse de Bolivia, acudir a recursos legales y arbitrajes internacionales para hacer respetar sus inversiones y contratos con el Estado o, por último, aceptar los nuevos términos y condiciones que ha señalado el Gobierno.

Habrá que esperar, sin embargo, la reacción oficial de las empresas petroleras, que ayer realizaban intensas reuniones de urgencia tras ser anoticiadas de la intervención gubernamental a los campos petroleros y del conjunto de medidas que, si bien no constituyen una nacionalización plena, afectan a sus intereses e inversiones.

Desde ya, un primer resultado de la decisión presidencial ha sido el favorable golpe de imagen que representó el inesperado lanzamiento del Decreto 28701, en momentos en que la estabilidad política del Gobierno empezaba a verse socavada por una serie de amenazas y conflictos sectoriales de toda índole.

La Palabra: Nacionalización y su mensaje.

El presidente Evo Morales sorprendió al país con la dictación del DS No 28701 por el cual se “nacionaliza los hidrocarburos” y recupera el derecho de fijar las reglas del juego en cuanto al destino de la producción como la fijación de los precios de los mismos. Pero no se menciona nada de los activos de las empresas que operaban con las antiguas reglas.

El Gobierno da un plazo de 180 días para que las empresas firmen nuevos contratos con el Estado, los que serían aprobados de acuerdo a las normas constitucionales. En una primera y rápida lectura de la norma, las empresas mantienen sus propiedades físicas pero solo eso. Lo más significativo en esto es que el Estado definirá los precios de venta en el mercado interno, con lo cual se puede ahorrar al Tesoro General de la Nación algunos recursos pues también tomaría posesión de las refinerías. Ahora, ese precio dependerá de lo que pase en casa ajena, los vecinos. Pues si está por encima del nacional, habría contrabando.

No está claro si es una nacionalización en el sentido semántico, o si se le da un nuevo contenido a la palabra. Eso quedará claro en los textos de los nuevos contratos que aún no han sido conocidos y – con certeza- serán negociados en un marco muy diferente al de los acontecimientos de ayer.

Lo cierto es que las acciones que tenían los bolivianos beneficiarios de la Ley de Capitalización, en las empresas petroleras, ha dejado de ser de ellos, pues el decreto las pasa a “título gratuito” a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Aquí hay una confiscación que seguramente levantará polvareda. Primero, porque eso pertenece a personas identificables y segundo porque significa un monto de acuerdo a los valores de antaño, 680 millones de dólares, o actuales. Algo que deberá ser definido de la manera más rápida posible.

Con esta medida las futuras pensiones de los jubilados es algo a atender como el BONOSOL, así como las controversias que se den con las AFPs que manejan ese portafolio, y la comisión respectiva, que enriquece un monto global que al ser disminuido tendrá efectos negativos.

Las reacciones de los afectados todavía se hacen esperar. Y claro, hay 180 días para negociar su permanencia o su salida del país. Lapso en el cual el Gobierno demostrará su capacidad de garantizar el abastecimiento interno de carburantes como el cumplimiento de contratos externos.

El valor de las acciones de las petroleras serán las primeras en sentir los efectos, y aquello marcará el rumbo de muchas futuras declaraciones y actos de los gobiernos que de una manera u otras son afectados, y que deberán tomar una posición.

El presidente Lula, declaraba, hace poco, que Brasil era autosuficiente en materia de hidrocarburos gracias al trabajo de PETROBRAS, su forma de operar. Esa empresa es afectada por el decreto del gobierno del presidente Evo Morales. Y no se puede olvidar que es un año electoral en Brasil.

Lo que viene, los 180 días que se han fijado para concluir o empezar a ver efectos del DS No 28701 serán más que interesantes. Lo bueno, es que se sabe a dónde vamos solo resta saber cómo llegamos.

Con esa medida el Presidente dejó en segundo plano el monto del Salario Mínimo Nacional, ya que el haber decretado el 82% de los ingresos por la explotación de los hidrocarburos para el Estado, abre esperanzas de un futuro mejor a ser construido en el ritmo ya fijado y de acuerdo a los factores externos al Gobierno; que deberán comprender los trabajadores.

En la medida que el pueblo se aglutine y haga causa común, los beneficios le llegarían más pronto.

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PUNTOS DE VISTA: La nacionalización divide a las regiones, sindicatos y partidos [Vía La Razón]:

Una vez conocido el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, las repercusiónes recogidas de los diferentes sectores mostraron posiciones encontradas; mientras unos felicitan al Gobierno, otros anuncian petición de informes y efectos negativos para la economía.

Los representantes de las regiones ricas en hidrocarburos (Santa Cruz y Tarija) no emitieron una posición oficial, aunque el prefecto interino de Tarija, Arturo Lema, adelantó que la medida perjudicará porque afectaría los recursos económicos de la región. “Los hidrocarburos generan el 95 por ciento de ingresos y no sé en qué quedará eso”, manifestó.

En Santa Cruz, según ANF, el vicepresidente de los cívicos, Jaime Santa Cruz, sostuvo que “la nacionalización de los hidrocarburos era una medida extremadamente urgente para el país”. Sin embargo, desde esa entidad se informó que el directorio se reunirá hoy para pronunciarse.

Los partidos políticos revelaron también desacuerdos. El jefe de UN, Samuel Doria Medina, afirmó que el decreto es una medida imprudente e irresponsable que dejará a Bolivia “en cuarentena” en el ámbito internacional, que traerá incertidumbre, menos inversión y menos empleo para los bolivianos. Además calificó la medida de electoral.

Mientras que Alejandro Colanzi, diputado por Santa Cruz, dijo a ANF que la decisión es “histórica y razonable´. Podemos anunció que solicitará un informe sobre el decreto para que se conozcan los efectos negativos.

El MNR, impulsor de la capitalización, no quiso opinar.

El jefe de la ADN, Mauro Bertero, advirtió que el decreto “es radical con las empresas de países amigos y puede congelar los fondos de cooperación internacional destinados a Bolivia”.

Los empresarios fueron más cautos y solicitaron una explicación detallada sobre sus consecuencias, negativas o positivas.

Entre los trabajadores, el ejecutivo de la COB, Jaime Solares y el dirigente del M-17 y concejal alteño, Roberto de la Cruz, manifestaron su desacuerdo con el Mandatario. “Es un show mediático, para hacer creer al mundo que se hizo la nacionalización; pero nada pasó pues es una mamada nacional” dijo De la Cruz.

En contra de esas aseveraciones, la COR alteña, mineros, gremiales y otros, festejaron la medida. El dirigente de los campesinos, Isaac Ávalos, anunció que su sector tomará los campos petroleros si las empresas se niegan a entregarlos al Estado.

“Homenaje a los caídos del 2003”: ÉDGAR PATANA, ejecutivo de la COR de El Alto.

Estamos emocionados porque la nacionalización de los hidrocarburos ha sido una de las banderas fundamentales de las movilizaciones de octubre de 2003 y de mayo y junio del 2005, y para nosotros es un homenaje a los caídos de octubre. Es un hecho histórico que ojalá, en los próximos meses, el país tenga mejores ingresos para paliar el desempleo mejorando las fuentes de trabajo y haciendo que el país tenga más ingresos.

“Celebramos la nacionalización”: JAIME ROCHA, ejecutivo del magisterio urbano nacional.

Al magisterio urbano le satisface la nacionalización de los hidrocarburos, porque ha sido una demanda y una pelea de los bolivianos de varios años. El anuncio ya era conocido por nuestro sector, pues funcionarios del Poder Ejecutivo nos anunciaron, durante las negociaciones, que tengamos paciencia y tolerancia, porque el Gobierno preparaba cambios trascendentales para el país y ahora estamos celebrando la nacionalización.

No hay posición definida cruceña. Daniel Castro, vocero del Comité Cívico pro Santa Cruz.

Todavía no hay una voz oficial”, afirmó el vocero del Comité Cívico de Santa Cruz, debido a que el presidente de la entidad, Germán Antelo, estaba en San José de Chiquitos y ninguno de los otros dirigentes se había comunicado con él. Según el cívico, “cuando es una medida de esta naturaleza, generalmente se convoca al directorio y ahí se analiza con los documentos y se toma una posición”, de igual manera se hará con la nacionalización.

“Una medida de impacto político”: SAMUEL DORIA MEDINA, jefe de Unidad Nacional (UN).

El decreto es una medida de impacto político, en tiempos de elecciones para la Constituyente, que no garantiza una nacionalización viable y compatible con el progreso porque genera una gran cantidad de incertidumbres. Los efectos que tendrá la medida radical afectarán al empleo y a la economía del país, trayendo más pobreza, por eso, no es lo más adecuado. No hay que olvidar que Brasil es el consumidor más importante de gas.

“Se favorece a todo el pueblo”: Alfredo Aguilar, dirigente de los mineros de Bolivia.

Éste es el primer paso que está dando el Gobierno sin equivocarse. Antes criticamos muchos errores que cometió y las propuestas que no se cumplían, ahora estamos viendo que empieza a enmendar la situación. Para los mineros es una medida magnífica que favorece a todo el pueblo, aunque hubiese sido mucho mejor que el Presidente diga en su discurso que el Estado refundará YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos).

“Afectará al departamento”: Arturo Lema, prefecto interino de Tarija.

La región de Tarija vive de esto, (hidrocarburos) y parte del país, lo primero, y espero equivocarme, es posible que las inversiones petroleras se paralicen, eso afectará a la industria. Cambiar las reglas con un decreto y subir los pagos, impuestos o regalías de las empresas creo que tendrá sus repercusiones en la inversión. El 95% de los ingresos de la región están sustentados por los hidrocarburos y esto afectará más al departamento.

El Chaco festeja la determinación: Cívicos chaco, Gualberto Durán, R. Bayar y M. Reynaga

Tenemos que estar atentos a la serie de irregularidades que se abrirán con los contratos que enajenó los recursos naturales.
Se debe iniciar ya con la industrialización del gas y fiscalización de Yacimientos refundado.
El gran Chaco sufrió mucho por la marginación en la que vivió, pero hoy el Presidente ha presentado un decreto y las regiones del Chaco festejando para decirle al país que se unan al décimo departamento.

“Es un engaño al pueblo boliviano”: Jaime Solares, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.

Es un engaño al pueblo boliviano, es un paliativo, por lo tanto vamos a seguir peleando por la lucha reivindicativa revolucionaria la nacionalización total sin indemnización y con la confiscación total frente a las petroleras. El Gobierno que le diga al país, en 180 días, si se plasmará esa su nacionalización acordada con las petroleras porque ellas seguirán trabajando, pero hay un problema, que diga en números cuánto va a ser el TGN.

“Pedimos una explicación clara”: Roberto Mustafá, Pres. de Cámara de Empresarios Bol.

El Presidente tiene que completar la explicación. Lo que nos interesa es cómo se va a encarar el negocio petrolero, porque tenemos 27 millones de pies cúbicos que estarían entrabados y lo que se necesitan son inversiones y no solamente es nacionalización. Pedimos que nos explique cómo se va a llevar adelante el proceso, si se va a compensar o no a las petroleras. Aunque hay un plazo de 130 días para que se adecuen los contratos.

Solicitará informe oral al Gobierno: Luis Vásquez Villamor, senador de Podemos.

Luis Vásquez, senador de Podemos, anunció que pedirá un informe oral al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, para conocer los alcances del decreto. Expresó su preocupación por los efectos económicos y legales que pueda traer, porque en los últimos 20 años, Bolivia se esforzó por cambiar su imagen para ser un país interesante a la inversión externa, y esta señal puede comprometer el destino de los bolivianos.

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LOS AFECTADOS:

Repsol YPF, la tercera productora de gas natural de Bolvia:

[Vía EFE].- La petrolera hispano-argentina Repsol YPF es la tercera productora de gas natural en Bolivia y se dedica, al igual que en otros países de la región, a la actividad petrolera y la exploración de nuevos yacimientos.

Junto con el Grupo Iberdrola y Red Eléctrica Española son las tres empresas españolas con presencia en el mercado energético, eléctrico y de hidrocarburos en el país andino.

Repsol YPF opera en el sector minorista del gas en Bolivia bajo el nombre Repsol YPF Gas Bolivia donde trabaja en la explotación y producción del yacimiento de Margarita, una de las zonas más importantes de gas, situada en el departamento de Tarija, al sur del país.

En el sector mayorista opera con una cuota del 38,6% a través de Repsol YPF GLP Bolivia, sociedad creada en el 2002 y cuya actividad fue anteriormente desarrollada por Maxus Bolivia.

De acuerdo con los datos de la última memoria, en 2004 extrajo alrededor de 10,6 millones de barriles de petróleo, logró una producción de gas cercana a los 40 millones de barriles equivalentes, y su actividad en el país representa el 1,4 por ciento de sus resultados operativos.

Petrobras:

Con sorpresa y estupor fue recibido en el gobierno brasileño el decreto con el cual el presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó la explotación de petróleo y gas en el país andino, lo que afecta a la compañía Petrobas [Más información en la BBC].

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DECRETO 28701 POR EL QUE SE NACIONALIZAN LOS RECUROS HIDROCARBORÍFEROS:

CONSIDERANDO: Que en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado a costa de su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país.

Que en el Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, a través de la contundente respuesta a la pregunta 2, el pueblo ha decidido, de manera soberana, que el Estado Nacional recupere la propiedad de Todos los hidrocarburos producidos en el país.

Que de acuerdo a lo expresamente dispuesto en los artículos 136, 137 y 139 de la Constitución Política del Estado, los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable.

Que por mandato del inciso 5 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado, los contratos de explotación de riquezas nacionales deben ser autorizados y aprobados por el Poder Legislativo, criterio reiterado en la sentencia del Tribunal Constitucional N0 00 19/2005 de 7 de marzo de 2005.

Que esta autorización y aprobación legislativa constituye fundamento del contrato de explotación de riquezas nacionales por tratarse del consentimiento que otorga la nación, como propietaria de estas riquezas, a través de sus representantes.

Que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se están llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales y que violan expresamente los mandatos de la Carta Magna al entregar la propiedad de nuestra riqueza hidrocarburífera a manos extranjeras.

Que ha expirado el plazo de 180 días, señalado por el artículo 5 de la Ley N0 3058 de 17 de mayo de 2005 Ley de Hidrocarburos, para la suscripción obligatoria de nuevos contratos.

Que el llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB ha significado no sólo un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales.

Que de acuerdo a los artículos 24 y 135 de la Constitución Política del Estado, todas las empresas establecidas en el país se consideran nacionales y están sometidas a la soberanía, leyes y autoridades de la República.

Que es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y recuperar la propiedad de los hidrocarburos, en aplicación a lo dispuesto por la Ley de Hidrocarburos.

Que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como también el Pacto de los Derechos Económicos y Culturales, suscritos el 16 de diciembre de 1966, determinan que: todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

Que Bolivia ha sido el primer país del continente en nacionalizar sus hidrocarburos, en el año 1937 a la Standar Oil Co., medida heroica, que se tomó nuevamente en el año 1969 afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización de su gas y su petróleo.

Que esta medida se inscribe en la lucha histórica de las naciones, movimientos sociales y pueblos originarios por reconquistar nuestras riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía.
Que por lo expuesto corresponde emitir la presente disposición, para llevar adelante la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos del país.

EN CONSEJO DE MINISTROS DECRETA:

ARTÍCULO 1.- En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país.

El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos.

ARTÍCULO 2.-

I. A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, toda la producción de hidrocarburos.

II. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización.

ARTÍCULO 3.-

I. Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país.

II. Para garantizar la continuidad de la producción, YPFB, de acuerdo a directivas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

III. YPFB no podrá ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no hayan sido individualmente autorizados y aprobados por el Poder Legislativo en pleno cumplimiento del mandato del inciso 5 del artículo 59 de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 4.-

I. Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades).

II. Para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período de transición, se mantendrá la actual distribución del valor de la producción de hidrocarburos.

III. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinará, caso por caso y mediante auditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Los resultados de las auditorías servirán de base a YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a ser firmados de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 5.-

I. El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país.

II. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía regulará y normará estas actividades hasta que se aprueben nuevos reglamentos de acuerdo a ley.

ARTÍCULO 6.-

I. En aplicación a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco SA, Andina SA y Transredes SA.

II. Para que esta transferencia no afecte el pago del Bonosol, el Estado garantiza la reposición de los aportes por dividendos, que estas empresas entregaban anualmente al Fondo de Capitalización Colectiva.

III. Las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva que están a nombre de las Administradoras de Fondos de Pensiones en las empresas Chaco SA, Andina SA y Transredes SA serán endosadas a nombre de YPFB.

ARTÍCULO 7.-

I. El Estado recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos.

II. Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.

III. YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en los respectivos directorios y firmará nuevos contratos de sociedad y administración en los que se garantice el control y la dirección estatal de las actividades hidrocarburíferas en el país.

ARTÍCULO 8.- En 60 días, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo y dentro del proceso de refundación de YPFB, se procederá a su reestructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social.

ARTÍCULO 9.- En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, se seguirán aplicando los reglamentos y normas vigentes a la fecha, hasta que sean modificados de acuerdo a ley.

Los señores ministros de Estado, el presidente de YPFB y las Fuerzas Armadas de la Nación, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de mayo del año dos mil seis.

FDO. EVO MORALES AYMA. David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Alicia Muñoz Alá, Walker San Miguel Rodríguez, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda Sosa Lunda, Salvador Ric Riera, Hugo Salvatierra Gutiérrez, Andrés Solíz Rada, Wálter Villarroel Morochi, Santiago Álex Gálvez Mamani Ministro de Trabajo e Interino de Justicia, Félix Patzi Paco, Nila Heredia Miranda.

43 comentarios


  1. Estoy de acuerdo. No tengo ni la menor duda que los índices de pobreza que arroja Venezuela son muy graves pero, como todo, es conveniente valorarlos en relación con otros datos.
    A ver si me explico:
    Según el FMI la economía venezolana ocupa el puesto 50 en la economía mundial y tiene en torno a un 50% de su población por debajo del umbral de pobreza.
    Según las mismas fuentes, España está en el puesto 12 y tiene en torno a un 20% por ciento de su población por debajo del umbral de pobreza y Estados Unidos, que está en el número 1, tiene en torno al 15% de su población por debajo del umbral de pobreza.
    Por favor, compara y dime si en relación con su puesto en el ranking, la proporción de pobreza en nuestro país o en los USA es más aceptable que en Venezuela o menos.
    Esto también quisiera ser sólo una apreciación, ya puestos.
    Un saludo.

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  2. Fino. ¿ podrías referenciarme esa fuente de entrada del FMI ?. Lo pregunto por mi desconocimiento.

    ¿ Tu crees que en España hay el 20% de su población (44.000.000 habitantes x 20 % ) = 8.800.000 habitantes) en el umbral de la pobreza?. No discuto tu fuente de información, pèro sería lo mismo que como decir que Andalucia y Extremadura ( por decir dos CCAA sin ofensa a ninguan de ellas)están en el umbral de la pobreza, y evidentemente eso no es cierto, como todos sabemos, porque es constatable. Por eso agradecería me indicases la entrada de esta fuente.

    Saludos.

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  3. sin conocer la fuente, no sólo me creo la cifra sino que me parece optimista. só lo con que tomes la masa de pensionistas con pensiones por debajo del SMI (creo que las hay de 300€ o menos)ya me diras si eso es o no pobreza aunque sea una pobreza invisible. No confundir pobre con homeless.

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  4. Miguel: Perdona por no haberte contestado, a tu grata propuesta veraniega.

    Lo de la charla bañada de cerveza, es de lo más agradable que he leído ultimamente. Reservate los días 7/8/y 9 Julio, en tu apretada agenda.

    Un Abrazo

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  5. Vitruvi: Tienes más razón que un santo. Pero el tema de las pensiones merece un debate principal y en Justicia social enmendable.

    Estoy de acuerdo contigo que un país (Llámese España por territorialidad) que dice haber conseguido es status social de ” estado del bienestar”, que para mi es el ” estado de los bien estan”, no se pueda permitir es establecer las pensiones ( sobre todo de viuded) en el 100% del salario mínimo interprofesional.

    Y mi pregunta es la siguiente ¿ Las centrales sindicales, que tanto luchan por el mantenimiento de dicho salario a sus trabajadores, ¿ porque no propugnan el mismo derecho para las viudas de aquellos que contribuyeron a hacer respetables a la clase trabajadora ?

    Yo propongo que cualquier tipo de pensión, tenga un “mínimo” garantizado del 100% del salario mínimo interprofesional, y que por su propia calificación de “pensión” este exenta de tributación.

    Cuenta con mi firma.

    saludos

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  6. Mediterráneo:
    Será complicado referenciarte esa dirección que pides porque la información que cito no viene de la red sino de un archivo propio.
    En cualquier caso, hay datos que confirmarían los números ofrecidos sobre el umbral de pobreza en España en el buscador de la página del Instituto Nacional de Estadística. Aparecen desglosados por nivel de instrucción, así que me he limitado a sacar la media.
    Un saludo.

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  7. Fino:
    Quizás queriendo decir lo mismo, empleemos ambos términos diferentes en cuanto a los datos. Los datos del ine vienen de Eurostat y se refieren a “pobreza relativa” y no a pobreza absoluta, habiéndose cambiado los parametros para su fijación.

    Xavier Sala i Martí ( de la universidad de Columbia)publicó para mi un muy buen articulo en la Vanguardia en fecha 01/03/2004 sobre este tema. Aunque referido a Catalunya, el mismo es extrapolable el resto del estado.

    No sé si Miguel lo podrá “colgar”, sino lo debería transcribir, y sería un rollo para el bloq.

    Saludos

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  8. Pues ya lo siento, mediterráneo pero he revisado la Revista de Prensa y no aparece ningún artículo de Sala en la fecha que indicas. Y tampoco puedo recuperarlo ahora porque no tengo acceso ilimitado a La Vanguardia. Si nos dices el título, podemos buscar en la Red.
    Saludos.

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  9. Permitidme esta pequeña contribución al debate. He aquí el artículo a que hace referencia Mediterráneo (lo replico porque lo tengo en mi disco duro):

    “Flagrante Distorsión de la Realidad

    Decía Mark Twain que la mentira es capaz de dar la vuelta al mundo mientras la verdad todavía se está poniendo las zapatillas. Digo esto a la luz de una noticia aparecida la semana pasada: “un estudio de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya demuestra que la pobreza en Catalunya ha subido del 14,3% al 18,6% entre 1996 y 2000”. No hace falta decir que, a raíz de ese estudio (dirigido por Magda Mercader, una excelente economista de la UAB) los medios de comunicación llenaron páginas y páginas y algunos partidos políticos exigieron responsabilidades, cabezas y el consabido aumento del gasto social. Nadie. Absolutamente nadie se paró a analizar la veracidad de la noticia. Porque si lo hubieran hecho se habrían dado cuenta de que era mentira. Una gran mentira que dio la vuelta al país sin dar tiempo a que la verdad se calzara las zapatillas. Veamos.

    La primero pregunta es: ¿qué es ser “pobre”? Cuando la gente piensa en “pobreza” imagina desnutrición, hambrunas, mortalidad infantil y penurias. Esa es, efectivamente, la definición de pobreza que se utiliza en los países subdesarrollados. El umbral más utilizado ahí es el de “un dólar al día”, unos 282 euros anuales.

    Pero no. Esa no es lo que hacen los trabajos de Un Sol Món. Si lo hicieran, el número de pobres en nuestro país sería cero. Ellos definen el “umbral de pobreza” como la “mitad de la renta mediana”. Para entender este concepto, imaginemos que ponemos a todos los ciudadanos del país en fila india por orden de renta, desde el más rico hasta el más pobre. Cojamos al que está exactamente en la mitad de la fila y preguntemos qué renta tiene. En el año 1996, esa persona ganaba 6.318 euros. Dividamos su renta por dos (nos quedan 3.159 euros) y ése es el umbral de la pobreza: todos los ciudadanos que ganaban menos de esa cantidad eran considerados pobres. Es una definición arbitraria… pero también lo sería cualquier otra. Y como es la que usa la ONU para los países ricos, aceptémosla y prosigamos. La pregunta es: ¿era realmente pobre una persona que cobraba 3.159 euros anuales en 1996? Yo no lo sé. Es cierto que esa es una renta vergonzosamente baja…pero también es cierto que queda muy lejos de los 282 euros que normalmente asociamos con la pobreza extrema. Dicho de otro modo, no se puede decir que el 14,3% de los catalanes son “pobres” y luego hablar (como hacen muchos) de hambre o de no poder comer carne más de una vez por semana porque esos son dos conceptos de pobreza muy distintos. Y si se hacen esas comparaciones se debe explicar que, en Catalunya los ciudadanos que pueden comprar carne menos de una vez a la semana son sólo el 1% … ¡y no el 14,3%!

    El segundo gran problema es que los diferentes estudios de Un Sol Món utilizan definiciones de pobreza distintos. Me explico. Entre el 96 y el 2000, la economía catalana creció. A raíz de eso, la renta mediana aumentó a 9.680 y la mitad de esa renta mediana pasó a ser 4.840 euros. Ese debería, pues, ser el nuevo listón. Según la Tabla 1.1 del estudio, si se utiliza ese umbral el número de pobres en Catalunya baja de 14,3 en el 96 a 11,3% en el 2000. Es decir, los datos del propio Un Sol Món demuestran que, cuando se utiliza la misma definición de sus trabajos anteriores se observa que ¡la tasa de pobreza se redujo en una quinta parte en sólo cuatro años!

    Pero no. Los autores deciden no usar el umbral de 4.840 sino… de 5.805 euros ¿Por qué? Pues porque, misteriosamente, cambian la definición de pobreza para el 2000 y en lugar del 50% la sitúan en el ¡60% de la renta mediana! Y con ese nuevo listón la tasa de pobreza “sube” hasta 18,6% de la población. ¡Ahora ya se puede decir eso de que “vamos fatal porque cada día hay más pobres”! El problema es que ese “aumento de pobreza” no se debe a que ha empeorado la situación sino a que se ha subido arbitrariamente el listón. Cambiar la definición de pobreza a mitad del análisis es como mover las porterías cuando se está a punto de marcar un gol.

    Lo realmente interesante sería saber la fracción de la población que vive por debajo del mismo umbral en 1996 y en 2000. Dado que el listón del 96 era de 3.159 euros, podemos preguntar cuánta gente vivía con menos de eso (ajustando por inflación) en el año 2000. Curiosamente el estudio no lo reporta… pero en la Tabla 2.2 se dice que el 4,5% de la población vive con menos de 3.872 euros, más o menos lo que buscamos. Es decir, según la propia Fundació Un sol Món, si se usa un umbral constante, la pobreza en Catalunya ha pasado del 14,3% a menos del 5%. Si ese no es un éxito espectacular, que baje Dios y lo vea.

    Resumiendo: Resulta que se publica un estudio que demuestra que la pobreza en Catalunya se ha dividido por tres y la noticia del día es que ésta ha subido vertiginosamente. ¡Todo un curioso ejercicio de prestidigitación informativa! ¿Quién es el responsable de tal tergiversación? Pues en parte los autores del trabajo por utilizar definiciones cambiantes y sembrar así la confusión. El resto de la responsabilidad es de los medios de comunicación (con su afán de publicar noticias catastróficas) y de los partidos políticos interesados en “demostrar” que todo iba mal cuando ellos no mandaban. El sectarismo político siempre ha estado reñido con la honestidad intelectual.

    Unos y otros están haciendo irresponsables malabarismos retóricos sin analizar seria e imparcialmente lo que los datos dicen de verdad. Unos y otros son culpables de entablar un debate poco serio, basado en una flagrante distorsión de la realidad.

    La Vanguardia, Febrer 2004”

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  10. Gracias Julián.

    Ciertamente es ese (yo lo tengo en papel y lo he confrontado).

    saludos

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  11. Julián: El artículo es exactamente el mismo,y tu ayuda en este caso la agradezco, pero tú lo pones en fecha Febrero/2004 y yo lo tengo con fecha 01/03/2004. No sé cómo puede ser.

    En fín saludos.

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  12. Mediterráneo, yo lo tengo fechado como 1/03/2004, es decir, ese debió ser el día de la publicación. Las comillas dicen sobre la literalidad del artículo tal y como en su día lo recogí. No puedo saber porque acaba con “febrer 2004”.

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  13. Vale.
    Todo eso está muy bien pero; ¿Podría alguien decirme en qué quedamos? Porque al final va a parecer que tanto la riqueza como la pobreza son un invento de los medios de comunicación o que, como decía Borges: “Hay dos tipos de mentiras. Las piadosas y las estadísticas”.
    Un saludo.

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  14. A Julián: Gracias por confirmar la misma fecha.

    A Fino: No le dés más vueltas. La respuesta a tu comentario 4.220 la respondes tú mismo porque cuando dices con buen criterio que “la riqueza y la pobreza son un invento de los medios de comunicación” yo añadiría que también de los medios de divulgación de organismos oficiales y/o oficiosos interesados en ello.

    En tu conclusión final, para mí has acertado en la respuesta, no sé si queriéndolo o sin querer, pero las “has clavao” .

    saludos

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  15. Pérdoname Miguel, porque ya sé que no es objeto del apartado de este Bloq. Pero quiero felicitar y dar la enharabuena A TODOS LOS SEVILLANOS por el triunfo del Sevilla CF.

    Si consideras que no se debe insertar este comentario, te autorizo a eliminarlo.

    felicidades CAMPIONS ¡¡¡¡

    Saludos

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  16. Yo también me sumo a la felicitación. Sólo he visto la segunda parte pero creo que el Sevilla ha sido muy superior a su rival. Ahora solo falta que gane el Barcelona la Liga de Campeones.
    NOTA: no me gusta ver fubol por televisión pero soy muy aficionado a ese deporte. De hecho, aún juego todos los domingos en un equipo de Liga Laboral.

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  17. Excelente estudio… es un buen ejemplo de como se deben publicar articulos sobre un tema especifico, linkeare desde mi blog a tu articulo…
    Un saludo desde Bolivia.

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