España (Continuación)

El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. Así lo aseguran en OkDiario.

Actualización: El Euro Pacific Bank Ltd., entidad que supuestamente había emitido el documento de ingreso de un presunto dinero pagado por Venezuela y mostrado como prueba por el periódico, ha afirmado que el mismo es falso. Lo hace a través de un breve comunicado que ha publicado en su web:

Response to false OKDIARIO article
On May 6th, 2016 Euro Pacific Bank was named falsely in a Spanish online tabloid (OKDIARIO) claiming that the Bank opened an account and received a wire transfer for Pablo Manuel Iglesias Turrión. Euro Pacific Bank has never maintained an account for this individual, or received a wire transfer from any of the financial institutions, or sources named in the article. Furthermore the Bank does not maintain accounts for PEPs, or accept payments from Venezuela under any circumstances.

The Bank has escalated the matter to local authorities for further action.

Actualización 08/04/2016: El presidente de la Asamblea de Venezuela confirma la noticia de OKDIARIO sobre el pago a Iglesias.

Mañana martes, un miembro de ETA condenado por pertenecer a dicho grupo terrorista hablará en el Parlamento Europeo por invitación, entre otros, de sus amigos de Podemos e Izquierda Unida.

¿Hablará de los Derechos Humanos pisoteados por la banda asesina o de los derechos de los asesinos encarcelados? ¿de paz o de la violencia sufrida por quienes no pensaban igual que ellos? ¿de política y democracia o de los cientos de asesinatos cometidos por ETA para imponer su proyecto nacionalista?

Ver para creer: Otegi, de gira por Europa.

A ver si lo entiendo: les dejamos nuestro dinero para que nos lo guarden; ellos lo utilizan para emprender negocios con los que obtienen pingües beneficios; y nos cobran por acceder a nuestro dinero física (cajeros) o virtualmente (tarjetas), por el mero hecho de tenerlo en sus cajas (comisiones de mantenimiento) y ahora parece ser que pretenden cobrarnos aún más. Pues no, no lo entiendo. Bueno sí… que son unos ladrones. 0

Si Platón levantara la cabeza, estoy seguro de que añadiría a su tipología el «Gobierno de los cretinos». Estaría formado por personajillos salidos de las cloacas populistas y con el sectarismo implantado en su cerebro.

Un buen ejemplo de este tipo de gobierno lo encontramos en Zaragoza, donde las consignas y los brindis al sol han sustituido a cualquier acción de gobierno digna de calificarse como tal.

En materia de vialidad, por ejemplo, han decidido que no importa cuantos atascos se produzcan con tal de seguir construyendo el carril-bici. Incluso donde existen soluciones para que coches y bicis discurran sin molestarse unos a otros, se toma justo la decisión que solo un cretino defendería. Nota: jamás uso el coche para moverme la ciudad; voy siempre andando o en autobús. Y por cierto, cuando hace veinte años nadie iba en bici, yo ya la usaba.

Un ejemplo: el Puente del Pilar (más conocido por el «Puente de Hierro»). Como pueden observar en la foto, el puente se divide en tres partes. Las dos laterales para paso de vehículos y la central (ver fotografía inferior) para peatones. Ahora decidimos construir un carril-bici que una las dos riberas y para ello usamos parte del tramo central ya que su anchura es más que suficiente. Pues no; el carril-bici no se construirá allí sino en el tramo izquierdo y para ello se eliminará un carril. Lo dicho: el «Gobierno de los cretinos».

Puente de Hierro: ¿De verdad no se puede hacer un carril-bici en el tramo central?
¿De verdad no se puede hacer un carril-bici en el tramo central?

Dignidad en la victoria

¿Despedida de solteros? ¿hooligans celebrando la victoria de su equipo? Pues no. Son los concejales de Zaragoza en Común (Podemos) a su salida de la toma de posesión. Espectáculo bochornoso e imposible de justificar.

Dignidad en la victoriaLa legitimidad de un gobernante no se reduce a las urnas. En el mismo momento en el que toma posesión, se convierte en representante de todos los ciudadanos (le hayan o no votado) y por tanto el acto no puede ni debe convertirse en una reunión de maleducados e irrespetuosos. Las instituciones públicas y los ciudadanos merecen más respeto que el demostrado por estos elementos. No sirven a sus acólitos sino a todos los zaragozanos con independencia de su color político y eso exige respeto y dignidad, algo de lo que ellos carecieron por completo.

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí les dejo la foto del «rambo-concejal» en el momento de usar la banda para menesteres más propios de un borracho a la salida de un bar que de un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para más inri, la celebración estuvo presidida por el odio y el rencor. Sus simpatizantes, dando pruebas de que son cualquier cosa menos demócratas, no ahorraron insultos a los elegidos por otras fuerzas políticas, especialmente a los del PP.

En fin… luego se jactan de demócratas.

Nota: el PSOE debería tomar buena nota de lo sucedido y reflexionar sobre su apoyo a estos «hooligans».

Firma el 27 de octubre de 1977 de los Pactos de la Moncloa. Tierno, Carrillo, Triginer, Reventós, González, Ajuriaguerra, Suárez, Fraga, Calvo Sotelo y Roca.
Firma el 27 de octubre de 1977 de los Pactos de la Moncloa. Tierno, Carrillo, Triginer, Reventós, González, Ajuriaguerra, Suárez, Fraga, Calvo Sotelo y Roca.

Corrían tiempos difíciles pero los españoles fuimos capaces de mirar al futuro y embarcarnos en la nave de la democracia. Hoy en día, nacionalistas, populistas y corruptos pretenden hundirla. Imposible pronosticar cuál será el destino de este país. Treinta y siete años más tarde, todo indica que otro gran pacto es necesario para evitar la tragedia.

Art. 57: Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Abdicación y renuncia son, en sentido amplio, dos supuestos de pérdida de los derechos regios. Ambos comparten las características de tratarse de actos voluntarios, personalísimos, unilaterales, recepticios e irrevocables. Y a ellos se refiere el último punto del artículo 57 de la Constitución, dando a los mismos, por vez primera en nuestra historia constitucional, un tratamiento conjunto.

Con más precisión, podríamos definir la abdicación como el abandono o dejación voluntaria del oficio regio por el titular de la Corona, causándose la transmisión de sus derechos al sucesor.

Históricamente, las abdicaciones requerían autorización de las Cortes mediante una ley especial, porque se partía de la concepción decimonónica de la existencia de un pacto, expreso o tácito, entre el Rey y su dinastía, por una parte, y la nación, representada en las Cortes, por otra. En un sistema parlamentario como el nuestro actual, si bien el entendimiento de la Monarquía ha cambiado de forma sustancial, igualmente sería impensable que tuviese lugar un acto de tal relieve sin la intervención de las Cortes Generales.

Y de ello pareció tener conciencia el constituyente, que estableció en nuestro Texto fundamental la previsión de una ley orgánica para resolver cualesquiera dudas de hecho o de derecho que pudieran plantearse en relación con esta figura. Además, la intervención de las Cortes supone que, de alguna manera, las Cortes han de aceptar la abdicación.

Ninguna previsión más contiene la Constitución, con lo que la abdicación se nos presenta en su diseño constitucional como un mecanismo un tanto desdibujado. Cuestiones como el procedimiento de comunicación a las Cortes Generales, la necesidad de autorización parlamentaria previa, la posibilidad de una negativa de las Cámaras o el refrendo del acto de abdicación y otras que pudieran ir planteándose son las que habría de resolver el legislador orgánico en el desarrollo del artículo 57.5 de la Constitución.

Distinta de la abdicación es la renuncia del derecho a reinar, cuyo protagonista no es el Rey, sino que lo son las personas que forman parte del orden sucesorio a la Corona (el ejemplo más reciente lo tenemos en Don Juan de Borbón, padre del actual Rey, que renunció a sus derechos en favor de su hijo). Aunque no lo deja claro el texto constitucional, en principio, no cabe entender incluida en este precepto la renuncia regia o renuncia de derechos del Rey para sí y sus descendientes (como fue el caso de Amadeo de Saboya en 1873, el único caso de renuncia regia de nuestra historia).

A diferencia de la abdicación, la renuncia no pone en marcha automáticamente el mecanismo sucesorio, ni supone una traslación de las funciones que corresponden al titular de la Corona, ya que viene a producirse previamente al acceso a tan alta magistratura.

En todo caso, al igual que ocurre con la abdicación, cualesquiera dudas de hecho o de derecho que se planteen en el orden sucesorio se habrán de resolver por las Cortes Generales por ley orgánica. Damos, pues, por reproducido aquí todo lo dicho anteriormente a propósito de aquella otra figura.

Sobre las diferencias teóricas entre abdicación y renuncia, véase la explicación de T. Fernández Miranda en la Nueva Enciclopedia Jurídica, citada en la bibliografía. Para una información más completa puede consultarse la bibliografía ya citada.

Sinopsis realizada por:

Isabel María Abellán Matesanz, Letrada de las Cortes Generales. Diciembre 2003.

Actualizada por Luis Molina, Letrado de las Cortes Generales. Febrero 2011.

Fuente: Congreso de los Diputados.

El exalcalde de Villanueva del Pardillo, Carlos Hipólito.
Carlos Hipólito.

Historias del siglo pasado que aún levantan odios… una pena que no seamos capaces de reconocer la valentía y el honor de las personas sin importarnos su ideología.

Villanueva del Pardillo se niega a dar el nombre de una calle al exalcalde Carlos Hipólito, que salvó a decenas de vecinos de ser asesinados durante los primeros meses de la Guerra Civil: El héroe olvidado.

Dos rostros a recordar, dos hombres a admirar. No entendían la Democracia sin Dignidad ni ésta sin aquélla. Gutiérrez Mellado nos dejó en 1995; Adolfo Suárez hoy. Un brindis por dos hombres honestos.

Mellado y Suarez

23 de febrero de 1981: Gutiérrez Mellado se encara con los golpistas. Suárez permanece impertérrito ante las pistolas. El aún presidente del Gobierno intenta convencer a Tejero de que pare el Golpe de Estado. Un ujier, presente durante una parte de la conversación, toma nota de lo que se habla y años más tarde entrega las notas a Alfonso Guerra que a su vez las hace públicas:

Suárez: «¡Explique qué locura es esta!»

Tejero: «¡Por España, todo por España!»

Suárez: «¡Qué vergüenza para España!. ¿Quién hay detrás de esto?, ¿Con quién puedo hablar?»

Tejero: «No hay nada de que hablar. Sólo debe salir».

Suárez: «¿Pero quién es el responsable?»

Tejero: «Todos, estamos todos».

Suárez: «Como presidente le ordeno que deponga su actitud»

Tejero: «Usted ya no es el presidente de nadie»

Suárez: «Le ordeno…»

Tejero: «Yo sólo recibo órdenes de mi general»

Suárez: «¿Qué general?»

Tejero: «No tengo nada más que hablar»

Suárez: «Le insisto, soy el presidente»

Tejero: No me provoque.

Suárez: ¡Pare esto antes de que ocurra alguna tragedia, se lo ordeno!

Tejero: «Usted se calla. ¡Todo por España!»

Suárez: «Le ordeno…»

Tejero: «Callase, siéntese y usted —refiriéndose al ujier— fuera».

La Doctrina Parot ha suscitado un intensa polémica en la sociedad a raíz de la STEDH en la que se condenaba a España a poner en libertad a la etarra Del Rio al concluir que no se podía aplicar retroactivamente dicha doctrina.

Debate en el que voy a dejar de lado en un primer momento la posibilidad de retroactividad o no de la doctrina para hablar primero de lo que, a mi parecer, es la clave para decidir sobre la validez o invalidez de aquélla: ¿el Tribunal Supremo reinterpreto o reescribió la ley? Los defensores de lo primero argumentan que el tribunal reinterpretó el art. 70 del CP del 72 ajustándolo al principio de proporcionalidad ya que dicha disposición otorgaba un día de redención de pena por cada dos de trabajo o estudio y ello sin importar el número de asesinatos cometidos por el condenado. Por el contrario, los defensores de la segunda posibilidad sostienen que el tribunal se extralimitó en sus funciones constitucionales al llevar a cabo una reescritura que desbordaba el sentido de sus términos. De tal forma que, si llegáramos a la conclusión de que el TS retorció la ley hasta ajustarlo a los términos que la sociedad y el poder político demandaban, no cabria dictaminar algo distinto a la invalidez de la Doctrina Parot. Si por el contrario concluimos que el tribunal llevó a cabo una correcta interpretación del texto legal, la doctrina sería válida y ahora cabría preguntarnos sobre su aplicación a condenas dictadas con anterioridad al cambio en su interpretación. Seguir leyendo …