Nuestra primera singladura después de las vacaciones no podía sino reflejar las turbulentas aguas políticas que estos días zarandean nuestra democracia. De cuantos análisis se han reproducido en la prensa me quedo con el escrito por Josep Ramoneda pues, aún con matices, coincido en su interpretación de los sucesos acaecidos hasta el momento:
1. Ilegalizar un partido es un acto extremadamente grave. Más todavía en un país en que la dictadura franquista prohibió los partidos políticos y los que hoy están en la oposición parlamentaria eran ilegales hace 30 años. Cualquier objeción o discrepancia a una iniciativa de esta envergadura no sólo es legítima, sino que debería ser reconocida como aportación al debate democrático. El PP ha querido llevar el asunto por el camino de las adhesiones incondicionales: o estás a favor de la ilegalización o estás con los terroristas; además de injusto, es antidemocrático. Planteando la cuestión en estos términos, como ha hecho el Gobierno, no hay debate posible; sólo hay presiones y rechazos.
Nadie ha pensado nunca -ni siquiera la propia ETA, que por eso se inventó Batasuna- que ETA pudiera ser un partido legal. Un partido que utiliza la violencia como método de acción política no cabe en una sociedad democrática. Después del auto de Garzón no sólo desaparece cualquier duda, sino que hay muchas pruebas de que ETA y Batasuna son la misma cosa. Si así es, Batasuna forma parte de una organización terrorista, lo que la excluye del sistema democrático. La ilegalización no sólo tiene fundamento, sino que es ineludible. Y la pregunta que habría que formularse es: ¿por qué no se hizo antes? Porque algunos tópicos de la cultura de la transición lo impedían: en especial, la idea de que el PNV tenía el monopolio de la política vasca y la fantasía de la solución negociada que quedó definitivamente enterrada en Lizarra. Sólo una vez superados estos tópicos ha sido posible enhebrar una política antiterrorista fundada en la posibilidad de derrotar a ETA.
2. PP y PSOE dicen que la ilegalización de Batasuna es una cuestión de principios, CiU afirma que PP y PSOE están utilizando el terrorismo políticamente. ¿Desde cuándo los partidos se preocupan más de la justicia que de la victoria electoral, como diría Stefan Zweig? ¿No es el objetivo de todo partido conquistar el poder? ¿Por qué sorprendernos de que también en la ilegalización de Batasuna haya razones de estrategia electoral? En asuntos humanos hay que confiar siempre en sacar virtudes públicas de los vicios privados. Efectivamente, el PP ha visto que la opinión pública sintonizaba con su estrategia frontal en la cuestión vasca y profundiza en ella, sabiendo que le da muchos votos en España. El PSOE acepta la ilegalización sin apenas marcar distancias con el PP, a pesar de que las tiene, porque teme que cualquier otra posición le dejaría en fuera de juego ante una parte sustancial de la opinión pública. El PNV actúa con un objetivo muy concreto: arrastrar el voto de los electores que, sin Batasuna, se queden sin representación. Izquierda Unida busca, como siempre, el voto de los que consideran que el PSOE se amarra demasiado al PP. Y los inmaculados nacionalistas catalanes de CiU, que dicen ser los únicos que no utilizan electoralmente la cuestión terrorista, tratan de capitalizar la distinta forma de entender el problema que tiene la opinión pública (o quizá sólo la opinión publicada) en Cataluña, sabiendo que el PSC está obligado, aunque sea a regañadientes, a acompañar al PSOE.
Ante ETA hay tres posiciones que son las que deberían debatirse abiertamente. Unos piensan que la derrota de ETA no sólo es deseable, sino que además es posible; otros que es deseable, pero no posible, y unos terceros, que no es posible ni, en cierto sentido, deseable. Se podría pensar que estas tres posiciones se corresponden con las tres opciones de voto: el sí, la abstención y el no. Pero no es exactamente así, porque dentro de algunos partidos hay posiciones divergentes que el imán de la unanimidad frente al terrorismo y de la razón de partido obligan a silenciar. Está en el haber del PP que la confianza en la posibilidad de derrotar a ETA esté más extendida que nunca.
3. Una estrategia unitaria sólo es sólida si nadie se queda con reservas. La ilegalización de Batasuna se emprende sin la confianza necesaria entre las distintas fuerzas y sin la garantía de lealtad suficiente a la hora de aplicar las decisiones judiciales. ¿Qué hará el PNV, que está en contra, el día después de que los jueces pronuncien la ilegalización? Entre un debate abierto, para restaurar la confianza y disipar dudas y sospechas, y un debate cerrado, para organizar las adhesiones, se ha escogido esta última opción. ¿Era realmente la única posible? Si fuera así habría que apuntarlo en el debe del PP y del PNV, que cada cual desde su ‘nosotros’ contempla al ‘otro’ como aquel con el que no hay comunicación leal posible. Las razones del ‘otro’ también existen. El Gobierno de Ibarretxe se ha comprometido a aplicar la ley. ¿Podría darse, paradójicamente, que el cumplimiento de la ley de la que se discrepa fuera el punto de reconstrucción de la unidad democrática?
Desde un punto de vista político, el objetivo principal de la acción de gobierno debe ser que los ciudadanos vascos recuperen las libertades y los derechos básicos que en estos momentos, por la acción de ETA, no tienen garantizados. Todo otro objetivo debe subordinarse a la restauración de la normalidad democrática en Euskadi. Por tanto, retórica e hipocresía aparte, la pregunta es: ¿la ilegalización de Batasuna nos hace avanzar o nos hace retroceder en relación con el objetivo citado?
4. La derrota de Batasuna en las elecciones vascas fue el preludio de una serie de síntomas de aislamiento político y de crisis en el mundo aberzale radical. La situación internacional después del 11-S ha dejado a ETA con las espaldas desprotegidas y ha acrecentado su imagen anacrónica en Europa. La eficacia policial contra los comandos de ETA, que caen con una rapidez inusitada, y la acción judicial contra el entramado ETA-Batasuna han debilitado enormemente su estructura organizativa. Batasuna está en un callejón sin salida con su incapacidad para imponer cualquier iniciativa política a ETA. En este contexto, la ilegalización ¿es un instrumento indispensable para seguir avanzando, como pretende el Gobierno, o permitirá a Batasuna apelar a la solidaridad aberzale para reaparecer con más fuerza con otras formas, como sustentan los nacionalistas?
No es el argumento de los efectos no deseados -un posible aumento de la violencia etarra- lo que me hace plantear esta duda. Mata, luego existe. ETA seguirá matando, esté o no ilegalizada Batasuna. Si se dejaran de tomar decisiones por el peligro de que ETA mate, estaríamos completamente paralizados y entregados en sus manos. Son otras razones las que me inquietan: el procedimiento y la representatividad.
El auto de Garzón viene a despejar muchas incógnitas. Por un lado, confirma que la vía penal podía ser suficiente para desactivar a Batasuna; por otro, aporta pruebas contundentes sobre la relación ETA-Batasuna. Es fundamental que la propuesta de ilegalización se fundamente en estos aspectos. Sería muy problemático que un partido pudiera ser ilegalizado por cuestiones de opinión (o de omisión de juicio: no condenar un atentado). Y sería catastrófico que el Tribunal Constitucional o -mucho más grave todavía- que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se cargara la ilegalización. Batasuna, por tanto, ETA, tendría un éxito insoportable.
La representatividad: algunos medios de comunicación se precipitaron poniendo como ejemplo la rápida ilegalización, por parte del Gobierno francés, del partido ultraderechista en que militaba el hombre que atentó contra Chirac. La efectista decisión del Gobierno galo era gratis: el tal partido era un grupúsculo del que nadie sabía su existencia el día antes del atentado. Batasuna representa a decenas de miles de electores vascos. El criterio numérico no hace verdad ni bondad. No por ser muchos tienen razón o dejan de ser delictivas sus actividades. Pero decenas de miles de personas son un problema político. Aunque estén montadas sobre la violencia. Y, por tanto, hay que medir muy bien las consecuencias de lo que se hace, aunque se haga por principios.
5. ‘Todo conflicto violento acaba con una negociación y toda negociación tiene efectos sobre el marco institucional del país’, me decía, a propósito de los conflictos latinoamericanos, un alto militar español especializado en mediaciones. Éste es el argumento que, desde sectores nacionalistas e incluso desde alguna opinión de izquierdas que todavía no ha completado la ruptura sentimental con ETA, o desde cierto pragmatismo de las relaciones de fuerzas, se traslada a la situación vasca para rechazar la ilegalización de Batasuna. Hay que preservar la expresión política del aberzalismo radical, dicen, que puede ser el camino para la integración de ETA en la vida civil. Es, a mi entender, un doble error: por un lado, se da carta de naturaleza al falso argumento del contencioso con el Estado, cuando la única figura que altera la vida democrática en Euskadi es ETA; por otro, se sigue pensado en ETA como agente político, cuando ETA sabe -y más todavía después de la tregua en que se dio cuenta de que en dos días habría perdido todo su protagonismo- que, si no mata, no existe. Cualquier cambio o negociación que se pueda producir será después de ETA, como exige la más elemental lealtad democrática. Por eso, el nacionalismo vasco debe ser el primero en considerar deseable la derrota de ETA. Son precisamente los sectores más fundamentalistas del nacionalismo español los que piensan que ETA es la garantía para que el País Vasco no se vaya. Y así se frustró en el pasado más de una oportunidad.
Decía Paolo Flores en El individuo libertario que hoy, más que nunca, la legalidad es el poder que tiene la ciudadanía para defenderse de los abusos de los poderosos; también, de ETA. La ciudadanía tiene derecho a exigir al Gobierno que aplique la ley. Pero, ¿por qué no dejar que Garzón complete el desmontaje de la trama político-económica ETA-Batasuna? Con las pruebas en la mano, todo el procedimiento será más claro y mucho menos vulnerable a los recursos judiciales. La democracia debe defenderse de sus enemigos, pero lo que la distingue de los otros regímenes es que en ella hasta éstos tienen derecho a expresarse. Por doloroso que sea para los demás. Cuando la democracia estrecha el marco de lo que se puede decir, se resiente toda ella.
