La solución final ya está de camino: el PP y el PSOE han pactado que el cierre de un sitio en Internet lo decidirán cinco personas: el Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia. Los jueces no decidirán sobre el cierre de los mismos, es decir, que no entrarán a valorar si el sitio en cuestión vulnera la ley en relación a la propiedad intelectual.
La única garantía judicial, tan en boca de unos y otros, es la que ofrece la Justicia. Sólo a ella le debería competer el cierre de un sitio en Internet. Pero no, aquí, en este país, los tics franquistas afloran en cuanto se les lleva la contraria.
Pero aún queda lo mejor: esos cinco sujetos investidos de poder por el mismísimo Dios podrán interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.
En esta frase se esconde la hipocresía de quienes, para defender un derecho (propiedad intelectual), se erigen en juez y parte. Señores del PP y PSOE: el ánimo de lucro ya está contemplado en el Código Penal (art. 270): "Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios."
¿Por qué entonces es necesaria una comisión para juzgar un hecho ya contemplado en el Código Penal? Porque así podrán cerrar cualquier sitio por el mero hecho de enlazar a contenidos audiovisuales que vulneren derechos de propiedad intelectual. Esta es la batalla: enlazar no debe ni puede ser delito. Eso, señores míos, es censura.
Lean, lean: pacto del PP y PSOE sobre la Ley Sinde.
Me olvidaba: con la ley en la mano, deberíamos cerrar todos los buscadores y, pensándolo bien, voy a ponerme en contacto con la Asociación de Internautas para promover una denuncia contra aquéllos. Tal vez así se den cuenta (los políticos) de hasta dónde llega su estulticia.
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Esto empieza a parecer una democracia absolutista. ¿Quién limita el poder público?
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Empieza el contrataque. Atentos al artículo de Enrique Barón publicado en El País: Propiedad intelectual 2.0.
Internet es pornografía infantil, terrorismo y delitos económicos. Ya no es un medio: ¡¡ahora es la responsable!! Y como tal debe ser controlada porque si no... esto... si no... como dijo Andersen... ¡¡¡hay que controlarla!!! Delirante también eso de que España es pionera en este campo (¡y sin sonrojarse lo más mínimo, tú!). Algunos fuman demasiado y no precisamente tabaco. Es que de verdad se han creído que somos tontos. Pues no lo somos pero sí estamos muy pero que muy cabreados.
¡POLÍTICOS A LA BASURA! ¡NO LES VOTES, BÓTALOS! ¡¡Por una abstención del 70%!!
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existe en nuestro código penal el delito de receptación, que en relación al Art 270 debería ser suficiente para la persecución de los delitos de piratería informática. Lo demás es puro intervencionismo, sin garantía de eficacia,por otro lado. Porque quién garantiza a los autores que sus creaciones no se copien y descuelguen desde otros países, mediante los actuales o incluso nuevos procedimientos tecnológicos.
LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA.
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P.D. Seguro que por el ministerio, lo mismo pagan por las copias digitales de las pelis de cartelera.
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Estamos asistiendo a profundos ataques a la libertad de expresión, basándose en el concepto de privatización de las ideas. El resultado es procurar los beneficios de las compañías y el resto de la información que sea publicidad. Internet reconvertida en televisión. Pago un canon por grabar las distribuciones libre de linux.
El único valor que se otorga a las ideas es el de la titularidad y la ocasión de negocio.
Propiedad privada no es otra cosa que el derecho a privar a otros del acceso a un bien, cuando ese bien son las ideas, solo nos queda el fascismo comercial.
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Ahora parece que toca ademas ampliar la privatizacion, mediante subasta, de las radiofrecuencias
liberadas de la TV analógica para dedicarías a telefonía móvil de banda ancha.