Administración Pública

Interinos: una propuesta para modificar el proyecto de LeyAunque no soy funcionario interino, he seguido con atención la tramitación del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio). Se puede resumir en dos palabras: chapuza monumental. A la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde dejaba bien claro que la situación de cientos de miles de interinos era de «fraude de Ley», tanto el Tribunal Supremo como el propio Gobierno han intentado solucionar el problema, pero solo han conseguido aumentar la confusión.

El Tribunal Supremo abocó a los interinos a la situación de «indefinidos no fijos», es decir, temporales que pueden ser cesados sin problemas cuando la plaza sea convocada y resuelta. El problema ahora es que probablemente esa figura también pudiera ser contraria a la legislación europea. De hecho, un juez ya ha decidido plantear una cuestión prejudicial al TJUE para aclarar este asunto.

El Gobierno, por su parte, alumbró un proyecto de Ley que probablemente tenga dos consecuencias: el cese de miles de internos en situación de «fraude de Ley» y el aumento de forma exponencial de los recursos ante los tribunales. La solución más sencilla tal vez hubiera sido convertir a esos interinos en «personal laboral fijo» y mantener sus plazas sin convocar hasta su jubilación o su dimisión. Sin embargo, el Gobierno ha decidido quedarse a mitad de camino con un proyecto de Ley ambiguo que, como ya he dicho, puede concluir en un concurso que suponga el cese de miles de interinos.

Tanto es así que he mandado un correo electrónico a los miembros de la Comisión de Función Pública del Senado, a donde ha llegado el proyecto de Ley tras ser aprobado por el pleno del Congreso. Les exhorto en ese correo a que se dejen de medias tintas y apuesten por una decisión firme.

Actualización 08/12/21. Respuesta del senador Clemente Sánchez-Garnica Gómez (Partido Aragonés Regionalista): «Miguel, comparto la preocupación que indica, y, en consecuencia, su aportación la incluiré como enmienda al Proyecto de Ley de medidas sobre medidas para la reducción de temporalidad. Saludos».

Este es el texto enviado a los senadores


Estimados senadores:

Antes de entrar en materia, les informo que este correo se ha enviado a todos los senadores que forman parte de la Comisión de Función Pública. De ahí la salutación general en el encabezamiento y el uso del plural.

Me pongo en contacto con ustedes para trasladarles una sugerencia en relación al «Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio), y en concreto a lo establecido en la «Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración».

Con su redacción actual, miles de interinos que se encuentran en «fraude de ley» (según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) podrían ser cesados ya que, al final, todo dependerá de los méritos que se contemplen en el concurso.

Es por ello que les invito a reflexionar sobre la inclusión de dos párrafos en la mencionada disposición en el sentido de primar a estos trabajadores. Algo así como:

En el concurso de méritos se valorará principalmente los servicios prestados por el funcionario interino o laboral que se encuentre en situación de «fraude de ley» (de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) en la misma Administración y plaza objeto de la convocatoria.

Las plazas a las que hace referencia esta disposición adicional y que hubieran sido convocadas (y no resueltas) con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, deberán suprimirse de sus respectivas convocatorias con el fin de que sean publicadas de acuerdo a lo establecido en esta disposición adicional.

No pretendo ser agorero, pero a la vista de lo sucedido en convocatorias muy recientes de estabilización de empleo a través del concurso-oposición, me temo lo peor si no se incluye una referencia explícita. En estas convocatorias, por ejemplo, no se han valorado de forma especial los servicios prestados por los interinos en «fraude de ley» sino justo todo lo contrario. He aquí un ejemplo real tomado de una de esas convocatorias:

«Se valorará a razón de 2 puntos por año para los servicios prestados como funcionario de carrera, funcionario interino, laboral fijo o laboral temporal en cualquier Administración, organismo o entidad pública en las mismas plazas/puestos objeto de la convocatoria, con misma escala, subescala, grupo y subgrupo (funcionarios) y mismo nivel del anexo I del convenio colectivo...»

Fíjense en la incongruencia de aplicar los mismos puntos incluso a funcionarios de carrera para un concurso-oposición cuyo objetivo es estabilizar empleo !!!!!!!!!!

De aplicarse este baremo en el concurso establecido por la nueva Ley, tendríamos no miles de interinos cesados sino cientos de miles. Y lo que es peor aún: el concurso podría acabar siendo un mero concurso de traslado.

Aún más... y con esto acabo. Permítanme contarles lo sucedido en una Diputación Provincial con un concurso-oposición de estabilización temporal:

Justo antes de que saliera publicado el Real Decreto-ley 14/2021, el presidente de una Diputación tuvo noticia de que se incluía una frase —ahora eliminada— que permitía continuar con las convocatorias ya en marcha, quedando éstas por tanto fuera de lo aprobado en el Real-Decreto. ¿Qué hizo? Pagar un suplemento para adelantar la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial antes de la entrada en vigor del RD. Creía así que podría evitar el tener que convocar el concurso excepcional que ya por entonces se suponía que iba a incluirse en el RD al tramitarse como Proyecto de Ley. Ahora, esa frase ha desparecido y ya no tiene base legal para ello pero ya ven por donde van sus intenciones.

Den por seguro que en esta Diputación todos los interinos serán cesados si no se pone remedio porque nunca los primará en el concurso. Lo grave es que esto mismo puede suceder en muchas administraciones.

Un saludo.

Desde hace unos días vengo recopilando información con la finalidad de escribir un artículo sobre la política social del ayuntamiento de Zaragoza o, mejor dicho, sobre el atropello cometido por el PSOE, PAR e IU en los últimos presupuestos aprobados. Casi lo tenía preparado cuando he caído en la cuenta de que en varias informaciones aparecía la promesa del alcalde no solo de manetener las partidas sociales sino de incrementarlas. Esta propuesta se habría realizado durante el último debate del Estado de la Ciudad. Por ello, he accedido al sitio del ayuntamiento para descargar la información pero, por desgracia, falta buena parte de la documentación.

Ante este contratiempo, he utilizado el servicio de "Quejas y sugerencias" del mencionado ayuntamiento. En concreto, envié la siguiente solicitud:

He accedido a la sección donde aparecen los distintos debates sobre el Estado de la Ciudad pero solo he encontrado el discurso inicial del alcalde y las resoluciones aprobadas. Me gustaría saber dónde puedo encontrar el texto íntegro del mencionado debate.

La respuesta me ha dejado de piedra:

Respecto a su petición de tener acceso a la totalidad o parte de debate sobre el estado de la ciudad, deberá solicitarlo mediante una instancia en el registro del Ayuntamiento.

¿Será una broma? ¿una instancia? ¿me entregarán la documentación en papel? Voy a disfrutar del asunto porque el motivo que exponga en la instancia será el "leer el debate". Así, sin más.

Les recuerdo que, de acuerdo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art. 70.1), las solicitudes que se formulen deberán contener:

  • Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
  • Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
  • Lugar y fecha.
  • Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
  • Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Y todo esto para conseguir "cuatro papeles". La pregunta es obvia: ¿quién está al servicio de quién?

Buenas noticias para los proveedores del Ayuntamiento de Zaragoza: los que utilicen facturas electrónicas cobrarán en 30 días. La noticia en el blog de Pedro J. Canut. Si la web municipal ya se encontraba entre las mejores de España, ahora todavía más con la nueva iniciativa. No todo se hace mal en el consistorio de mi ciudad.

Miren ustedes, nada más sencillo en Internet que montar una bitácora... ¿o no? Pues debe ser que "no". Vean, vean ustedes el nuevo blog del ínclito Moratinos: en Firefox aparece descuadrado y si pretenden escribir un comentario, vayan olvidándose porque no funciona (hice la prueba ayer). Y me pregunto: ¿lo habrán pagado con dinero del erario público o habrá salido del bolsillo del ministro? Lo digo porque en el sito del Ministerio de Asuntos Exteriores aparece enlazado (columna "Ministro") y, según leo en El Mundo, "la edición corre a cargo de su gabinete, así como la publicación de los vídeos en YouTube", es decir, funcionarios pagados por los ciudadanos le hacen el trabajo "sucio". Si en detalles tan nimios confunden lo público con lo privado, no quiero ni imaginarme....


Actualización 16/12/2016: el blog ya no existe pero aún mantiene una página personal.

Como muchos otros ciudadanos, anoche me levanté a las cinco de la mañana pero, a diferencia de la gran mayoría, no fue para ir a trabajar sino para apuntar a mi hijo pequeño a una actividad deportiva a desarrollar durante el próximo curso escolar, en concreto a natación. Se preguntarán ustedes por qué ese madrugón. La respuesta es muy sencilla: los responsables de gestionar los recursos deportivos de esta ciudad han tenido la peregrina idea de habilitar un sólo día —17 de julio a partir de las 9,00 horas— para que los sufridos padres podamos inscribir a nuestros hijos en la mencionada actividad. Mañana o pasado mañana se ufanarán de los resultados obtenidos —todas las plazas cubiertas— y dejarán constancia de los pocos niños que han quedado fuera. Esto último no me extraña porque los requisitos eran muy exigentes:

  1. No encontrase disfrutando de unos días de descanso fuera de la ciudad. Lo sentimos mucho pero su hijo no tiene derecho por ser ustedes tal malos padres y cogerse las vacaciones en fechas tan poco apropiadas.
  2. Poner el despertador entre las cuatro y las cinco de la mañana. Para los niños inscritos el año pasado la renovación es automática y, por tanto, el número de plazas libres es muy reducido. Ya lo dice el refranero: a quien madruga, Dios le ayuda. Ya comprenderán ustedes... es preciso hacer las paces con la Iglesia.
  3. No trabajar ese día por la noche o por la mañana, o tener un jefe amable que le permita ausentarse unas cuantas horas. En caso contrario, lo sentimos. Su obligación es trabajar y su país se lo agradece.
  4. Si se recurre a la familia (abuelos, por ejemplo), preparar una silla y algo de almuerzo para que no sufran mucho durante la espera. Eso suponiendo que sus condiciones físicas les permitan pasar cinco o seis horas esperando en la calle a que se abran las puertas del Pabellón Príncipe Felipe, el lugar donde se inscriben a los niños. Los del ayuntamiento han prometido que el próximo año se activará una UVI móvil por si algún anciano necesita asistencia médica. Hemos pedido también bocadillos y café y han dicho que se lo pensarán. ¡Qué majetes, verdad?

Bromas aparte, el sistema actual no es justo porque no todas las personas pueden acceder a esta iniciativa con las mismas oportunidades. Hace algunos años se sorteaban las plazas libres tras un período de diez o quince días en el que se podían inscribir a los niños incluso a través del correo electrónico. Desconozco por completo por qué se cambio de procedimiento pero, en cualquier caso, el actual es vergonzoso e injusto se mire por donde se mire. Según la revista Ciberp@is, el portal municipal de Zaragoza se sitúa entre los mejores de España, pero de qué me sirve eso si al final debo guardar cola durante más de cinco horas para que mi hijo pequeño pueda practicar deporte. De nada, aboslutamente de nada.

9 horas 36 minutos (hora local). Envío el siguiente mensaje al Congreso: «El pasado día 15, con ocasión del Pleno, el Grupo Socialista presentó una enmienda transaccional al Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional que fue finalmente aprobada. Por tanto, el proyecto aprobado por el Pleno difiere del que aparece en el dictamen de la Comisión (7 de julio) y, he aquí la consulta, no consigo encontrar ni la mencionada enmienda transaccional ni el definitivo proyecto, tal y como fue aprobado por el Pleno. Les estaría muy agradecido si pudieran indicarme el enlace para acceder a dicha información».
10 horas 29 minutos (hora local). En menos de una hora tengo la respuesta en mi buzón: «El texto finalmente aprobado por el Pleno tardará algunos días en ser publicado y contendrá la enmienda transaccional a la que hace referencia. Dichas enmiendas no se publican previamente, por ello no es posible encontrarla. En el Diario de Sesiones del Pleno podrá, sin embargo, tener conocimiento de aspectos de la misma».
Como no se trata de la primera vez que me atienden adecuada y rápidamente, sirvan estas líneas para agradecer a todas las personas que mantienen la web del Congreso su buen hacer. Por desgracia, no puedo decir los mismo de los diputados quienes deben tener el correo electrónico de adorno. En el mes de junio intenté contactar con algunos miembros de la Comisión de Cultura y todavía espero respuesta. Otros, incluso, ni siquiera ponen a disposición de los ciudadanos su dirección. Un ejemplo de esto último lo encontramos en la presidenta de la mencionada comisión, la diputada socialista Clementina Díez de Baldeón García (pulsar en el círculo que aparece a la izquierda del nombre para acceder a los datos).

Todos o casi todos, en uno u otro momento, hemos caído en las redes de la burocracia: largas colas, paseos interminables de una ventanilla a otra, ... Desde el trámite más sencillo -renovar el DNI- hasta el más complicado -licencia de apertura de un negocio, por ejemplo-, pasando por otros más habituales requiere demasiadas veces la paciencia del santo Job. Tanto discutir de estatutos, naciones, nacionalidades y, en realidad, al ciudadano lo que le interesa de verdad es que las administraciones le hagan más fácil la vida. En este sentido, el programa Administratel merece un fuerte aplauso. Se trata en concreto de una "oficina interactiva" a través de la cual se pueden realizar diversos trámites sin necesidad de amplios conocimientos de informática. El proyectó arrancó la década pasada e inicialmente eran las Universidades las destinatarias de los terminales pero, comprobada su utilidad, el Ministerio de Administraciones Públicas decidió en 2003 extender su funcionalidad a las administraciones que lo solicitaran. Eso sí, se trata de un proyecto complementario a lo ofrecido a través de la Red y, por tanto, muy valioso dado el retraso que sufrimos en la incorporación a la Sociedad de la Información respecto a otros países europeos.

Estas "ventanillas electrónicas" ya están presentes en otros países como Francia, Canadá, México o Argentina y, desde el pasado 15 de septiembre, en la sede de las Naciones Unidas gracias a un acuerdo firmado entre esta organización y la Fundación Universitaria de España. Hasta veinte terminales contará dicho edificio y a través de ellas se podrán realizar 225 gestiones diferentes incluido el envío gratuito de correos electrónicos.

A partir de este mes las administraciones autonómicas y locales podrán solicitar este servicio que cuenta con importantes subvenciones pero, he aquí la nota discordante: si tan útil resulta su implantación, ¿por qué no se aprueba un plan para dotar a todos los ayuntamientos de tal invento y acercamos de verdad la administración a la ciudadanía? En todo caso, el objetivo principal es sencillo de enunciar: ventanilla única que sirva al ciudadano para que desde la misma pueda plantear la demanda o petición oportuna y desde ahí se canalice a la Administración, o incluso, a la entidad correspondiente.

Dentro de unos días visitaré la Diputación General de Aragón para tramitar la inscripción de una Asociación Cultural y tomaré buena nota de cuantos pasos fueren necesarios para llegar a un buen puerto. Ya les contaré...

Radares recaudatorios (en Blogespierre): no dejen de leer, especialmente los conductores, la noticia sobre el 'descubrimiento' de ciertos radares pensados exclusivamente para recaudar y claramente alejados de lo que sería la política correcta, es decir, la disuasión y la información.

La noticia (Fuente: EL PERIODICO) Los accidentes con daños de chapa se han multiplicado: Los roces y las colisiones con daños de chapa se han multiplicado en la autovía de Huesca desde que existe la rotonda de la MAZ. Sin embargo, estos accidentes provocan, a lo sumo, heridos leves. "Ahora hay pequeños choques a cualquier hora", indican en Tráfico. El problema, en su opinión, es que muchos conductores españoles no saben cómo conducir por una glorieta, una maniobra que no figuraba en el manual cuando pasaron por la autoescuela. Las colisiones se originan por no respetar el ceda el paso y por cruzar desde el carril interior al exterior, en busca de una salida, sin cerciorarse de la dirección que toman los demás vehículos. "Televisión debería emitir anuncios que enseñen cómo abordar una rotonda", afirman en Tráfico.

El comentario Cuenta la historia que un Rey de Navarra andaba preocupado por una previsible invasión por los ejércitos de su vecino y antiguo familiar, el Rey de Aragón. Se ve que ya de antiguo no había nada peor que la familia. Este intento de invasión era tan seguro que, el pobre Rey, buscaba y buscaba la forma de proteger su capital, Pamplona, pero no encontraba ninguna que le convenciera. Dábale y dábale más vueltas al asunto cuando, sin previo aviso, una musa, harta de las pesadas rogativas del monarca, le dió la luz del entendimiento justo a tiempo para que, el Rey, pensara algo acertado: cuantas más vueltas le doy más perdido me hallo. En ese momento, supo que había encontrado la solución a su problema. Poco tiempo después los ejércitos aragoneses avanzaban imparables cuando tras tomar el desvío a Pamplona, en la entrada de la ciudad, se encontraron con algo extraño que nunca antes habían visto. ¿Qué era aquello? ¿Qué extraño maleficio demoníaco había sido conjurado? ¡Rotondas! ¡Lo han llenado todo de rotondas! susurró un agotado y afónico mensajero al Rey de Aragón antes de caer desplomado al suelo ya que, no en vano, había completado los 150 kilómetros que separan ambas capitales en una sola etapa. Las tropas aragonesas ya en la tercera rotonda habían sucumbido derrotadas y desorientadas con los carromatos abollados y con casi todos sus caballeros envueltos en algún percance circulatorio más o menos grave pero siempre fastidioso. Desolado, un Rey aragonés, alzó su voz al cielo, que amenazaba lluvia, y se lamentó ¡envié mis tropas a luchar en combate, no contra las rotondas! Así fue y esa es la explicación. Desde aquel infausto día Pamplona es conocida en Aragón como la ciudad de las rotondas y guardado en la memoria del olvido aquella terrible lección y sin sacar provecho alguno de ella los aragoneses en general y zaragozanos en particular seguimos sin saber tomar una maldita rotonda. Saludos. Konde.

Al final... y veinte días después de iniciarse las negociaciones entre los afectados del Carmel y la Generalitat, se ha llegado a un acuerdo que, a decir de los representantes de los afectados, es satisfactorio. Dicho acuerdo se restringe a los propietarios de los cuatro edificios derribados por lo que aún queda por indemnizar al casi millar de personas que fueron desalojadas de sus viviendas por la aparición de grietas. Mientras tanto el 3% se ha convertido en el comentario favorito de todos los programas de humor. Y algo que no acabo de entender: si Maragall conocía las supuestas prácticas delictivas de CIU, ¿por qué no puso la correspondiente denuncia?

Por otra parte el artículo de Jorge M. Reverte me deja estupefacto. Aunque coincido con su diagnóstico sobre la calidad de nuestra democracia, causa estupor leer que "el hundimiento del barrio del Carmel y el incendio de la torre Windsor no han sido catástrofes naturales, sino el resultado de una cadena de despropósitos". Los socavones del Carmel tiene un origen innegable y se llama "negligencia" pero afirmar que el incendio del Windsor es producto de los despropósitos políticos es sencillamente ridículo. O al menos lo será mientras no finalicen las investigaciones, las cuales, de momento, ya han determinado que la grabación donde se veían dos figuras humanas es auténtica. En todo caso, podremos hablar de despropósito si, en un margen razonable de tiempo, tanto la Comunidad de Madrid como el resto de Comunidades Autónomas no refuerzan las medidas preventivas contra este tipo de accidentes (?). ¿Y el Estado? ¿no tiene nada que decir en este asunto? Si tan deficitaria es la legislación actual, ¿por qué no actúa y promueve una Ley Orgánica que armonice la legislación autonómica? ¿O sólo vamos a pedir responsabilidades en función del color de quien gobierna?