Comunidad Valenciana

Los políticos nacionalistas catalanes, entre los que incluyo al PSC, hacen amigos por doquier: al seguro recurso de inconstitucionalidad que presentará el PP y al más que probable del Defensor del Pueblo —socialista, por cierto—, se añade ahora el del gobierno aragonés, también socialista, a cuenta del Archivo de la Corona de Aragón: La DGA llevará al Constitucional la entrega del Archivo a Cataluña.

Aunque este archivo se regulaba en el artículo 127, una enmienda transaccional traslada su contenido a una Disposición Adicional que tendría la siguiente redacción:

«Los fondos propios de Cataluña ubicados en el Archivo de la Corona de Aragón o Archivo Real de Barcelona se integrarán en el sistema de archivos de Cataluña. Para la gestión eficaz de estos fondos y de los compartidos con otros territorios de la Corona de Aragón, la Generalitat debe colaborar con las otras Comunidades Autónomas representativas de estos territorios y con el Estado a través de mecanismos que se establezcan de mutuo acuerdo».
(NOTA: esta versión no es definitiva ya que se encuentra pendiente de aprobación. Hasta que no se publique el Dictamen no sabremos su versión definitiva)

Observen las diferencias con lo aprobado en el Estatuto de la Comunidad Valenciana:

Disposición Adicional Tercera.
1.ª Por medio de la correspondiente norma del Estado se creará y regulará la composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, patrimonio histórico del Pueblo Valenciano, compartido con otros pueblos de España, en la que tendrá participación preeminente la Comunitat Valenciana y otras comunidades autónomas.
2.ª El Consell de la Generalitat, previo informe del Consell Valencià de Cultura, informará el anteproyecto de norma al que se refiere el apartado anterior, que atenderá a la unidad histórica del Archivo de la Corona de Aragón.

Resumiendo: los valencianos se comprometen a mantener la unidad del archivo y a respetar la norma estatal que regulará el Patronato. Los catalanes, además de bloquear durante 20 años dicho Patronato, pretenden ahora quedarse con él. Es lógico: primero adoptan la bandera de los Reyes de Aragón —cuyos símbolos datan del reinado de Alfonso II (1162 – 1196) y más concretamente a partir de que este monarca ayudó al rey de Castilla en la campaña que éste último soberano hizo en Cuenca en 1177 donde recibió la ayuda aragonesa. Desde entonces “mudó las armas e seynnales de Aragón e prendió bastones“, tal y como refiere la «Crónica de San Juan de la Peña», escrita hacia 1370— y ahora pretenden quedarse con los archivos. Todo muy democrático y muy nacionalista, tanto como el nuevo nombre que, desde instancias catalanas, se promociona para nominar a la Corona de Aragón: «Confederación catalano-aragonesa» (sic).

Actualización (10/11/06): No se engañen ustedes, en tanto en cuanto no se derogue la Disposicional Adicional del Estatuto de Cartaluña que permite la división unilateral del Archivo, la aprobación del Real Decreto 1267/2006 por el que se crea el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón no sirve absolutamente para nada. Es, sencillamente, papel mojado. La DGA haría bien en presentar el anunciado recurso y dejarse de componendas que no conducen sino a dar aliento a futuros conflictos.

«El ansia de una interpretación de la historia está tan arraigada que, si no tenemos un enfoque constructivo del pasado, somos arrastrados al misticismo o al cinismo.» Sir Maurice Powicke (Conferencia en la toma de posesión de la cátedra Regius de Historia Moderna en Oxford, 1929).

Si la inclusión de los «derechos históricos» no levantó crítica alguna en la propuesta de Estatuto valenciano, un acuerdo entre Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU) sobre la misma cuestión ha provocado un serio enfrentamiento de dichos grupos con el PSC-PSOE. En concreto, dicho acuerdo consiste en añadir la frase «En virtud de la actualización de los derechos históricos de Cataluña se incorpora a a la Generalitat…” a varios artículos que hacen referencia a competencias.
En ambos casos debemos preguntarnos a qué derechos históricos se aluden con tanta alegría. O dicho de otra manera, cuándo paramos el reloj histórico. Resulta evidente que todos los nacionalismos lo detienen cuando más les interesa sin caer en la cuenta que las estructuras políticas y sociales, en un momento o en lugar concreto, quedan explicadas por las condiciones históricas del momento y del lugar. Convertir aquéllas en valores absolutos y suprahistóricos es un error monumental. El contenido práctico de estos absolutos como la igualdad, la libertad o los derechos civiles y políticos varían de un período a otro y, por tanto, no puede reclamarse para ellos una objetividad más allá del alcance de la historia. El problema no es tanto la utilización del reloj histórico como el intento mismo de levantar un punto de referencia concreto y concederle un valor absoluto con el que medir el presente.
En segundo lugar, conviene destacar el objetivo fundamental de estas propuestas, a saber, proteger «su» propiedad y evitar futuras reformas estatutarias que puedan recortar las actuales competencias. El pueblo, como soberano de su futuro, pasa a segundo plano cuando se corre el peligro de que aquél tome decisiones contrarias a las defendidas por los nacionalistas. Por contra, la «voluntad del pueblo» se convierte en el argumento fundamental cuando se postula la independencia. Esto tiene un nombre: cinismo.

La carrera emprendida por las distintas Comunidades Autónomas para actualizar sus respectivos estatutos se parece, cada vez más, a la de los autos locos, aquella serie de dibujos animados en la que los pilotos intentaban ganar el título de «Piloto Más Loco del Mundo». Aunque el debate político se centra en el Estatuto de Cataluña, una rápida ojeada al valenciano nos muestra hasta qué punto los políticos han perdido el rumbo. En la exposición de motivos puede leerse, por ejemplo, lo siguiente: Es necesario que a través de la recuperación de «Los Fueros del Reino de Valencia» recupere también nuestra Comunidad la dignidad perdida como consecuencia de la abolición llevada a cabo por la injusta promulgación del Decreto de 29 de junio de 1707. Por eso mismo el desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos de los Fueros del Reino en plena armonía con la Constitución Española. Si tanta relevancia tienen dichos fueros, tal vez deberíamos los aragoneses ir pensando en reclamar aquellas tierras pues, no en vano, fue Jaime I -dueño y señor de la Corona de Aragón y conquistador de Valencia- quien creó de derecho el Reino de Valencia cuando en 1239 tuvo a bien otorgarles la Costum. Código legal éste que, al año siguiente y con adiciones, se convertiría en los Furs o Fueros de Valencia.
Pero dejemos a un lado tales referencias históricas porque, en realidad, no conducen a ninguna parte y detengámonos en un asunto de máxima actualidad. Me refiero en concreto al agua y a la regulación de las cuencas ya que, según se desprende del texto, los valencianos tienen «derecho» a los excedentes que les plazca: [..] Igualmente, se reconoce el derecho a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad (Art. 17.1). El recurso al pleonasmo (sobrantes – excedentarias) no les libra de su pecado ya que, según la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma (Art. 149).
El Estatuto valenciano se ha presentado como modelo respetuoso con la Constitución y ejemplo de «construcción nacional» pero recordar viejos privilegios -¡derogados en 1707!- e invadir las competencias exclusivas del Estado no parece el mejor camino. Si éste es el modelo a seguir, ya me dirán ustedes qué pensar del nuevo estatuto catalán. No se molesten en buscar la versión en español porque sólo está disponible en catalán y tampoco se sorprendan por ello. Son los mismos que propusieron doblar al catalán las páginas web de los organismos oficiales y, al mismo tiempo, derogaron hace un mes la normativa de 1996 sobre el uso del catalán en la Televisión y Radio autonómica catalana para sustituirla por otra que gustosamente hubiera firmado cualquier totalitarista que se precie de ello. Los entrevistados sólo podrán contestar en español de forma «excepcional y motivada», los e-mail, cartas, SMS, … serán traducidas y leídos en catalán y «es donarà prioritat a la presència dels convidats d’expressió lingüística catalana». Y volvemos de nuevo a la Constitución española: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (Art. 3.1) y los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (Art. 14).