Constitución Española

Alegoría de la Constitución de 1812
Alegoría de la Constitución de 1812

La Fundación Manuel Giménez Abad, con motivo de la Conmemoración del Segundo Centenario de la Constitución de Cádiz, ha coorganizado con la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza el siguiente acto:

El jueves, día 22 de marzo, a las 18,00 horas, en la Sala Joaquín Costa, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraiso, 4).

La entrada es libre y gratuita.

Conferencia: Marta Lorente Sariñena, catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

A continuación tendrá lugar una mesa redonda integrada por Manuel Contreras Casado (Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Zaragoza), Jesús Morales Arrizabalaga (Profesor titular de Historia del Derecho, Universidad de Zaragoza), Antonio Serrano González (Profesor de Historia del Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona) y José Tudela Aranda (Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza. Moderada por Encarna Samitier, subdirectora de Heraldo de Aragón.

La Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, dentro de su programa de actividades para el 2012, ha organizado los DIÁLOGOS sobre “TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN”:

Manuel Aragón Reyes, Magistrado del Tribunal Constitucional, dialoga con Ángel Garrorena Morales, autor del libro “Derecho Constitucional. Teoría de la Constitución y sistema de fuentes” y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. Moderador: Francisco Rubio Llorente, Presidente del Consejo de Estado

Fecha: 21 de febrero de 2012
Hora: a las 17 horas
Lugar de celebración: Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón

Inscripción previa hasta completar el aforo de la sala: fundacion@fundacionmgimenezabad.es

La anunciada reforma de la Constitución para incluir en ella una limitación del déficit es papel mojado. No debe, por tanto, preocuparnos lo más mínimo. Tampoco debe quitarnos el sueño si se convoca o no un referéndum. Para sustentar tales afirmaciones basta examinar la “calidad” de nuestra democracia. Aunque son varios los pilares, mencionaré tan solo dos: separación de poderes e imperio de la Ley.

Sobre el primero baste decir que el sistema electoral elimina de golpe la separación entre ejecutivo y legislativo hasta el punto que ambos se confunden. Los diputados y senadores, cual dóciles borregos, pulsan el botón indicado por su respectivo portavoz y aquí acaba para la gran mayoría su contribución como servidores públicos. En cuanto a la justicia, aún se vislumbraban rayos de esperanza en lontananza, pero la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió la presentación de la coalición Bildu a las elecciones dejó bien claro que era el Gobierno quien dictaba la sentencia. Solo así puede entenderse que dicho Tribunal pasara de ser competente en el amparo de los derechos fundamentales a realizar una nueva valoración de las pruebas e invadiera de esta forma el campo propio del Tribunal Supremo. Adiós definitivo a la separación de poderes.

Nos queda aún el imperio de la Ley. Los servidores públicos deberían dar ejemplo, pero resulta que no hay día en el que los medios de comunicación no informen de autenticas tropelías. Lo peor de todo es que a los políticos les sale gratis incumplir la ley, y no me refiero sólo a los casos más graves de corrupción sino al día a día en la gestión de los recursos públicos. En Zaragoza, por ejemplo, la segunda fase del tranvía se comenzó sin el pertinente permiso de Patrimonio. Se adujo que era más importante comenzar las obras que respetar la ley. Sin duda, un buen ejemplo para los ciudadanos.

¿Qué importancia tiene entonces la reforma de la Constitución? Ninguna. El gobierno de turno la acatará o incumplirá en función de sus intereses, es decir, de cómo ganar las próximas elecciones. El colmo de la inocencia es pedir una reforma integral aprovechando la ocasión ¡Pobres ilusos! ¿acaso creen que somos islandeses?

Actualización (25/08/11 – 21:02): Ni siquiera papel mojado. Los socialistas han convencido a los populares de que la “cifra concreta de déficit no figure en la Constitución sino en una posterior ley orgánica” (El País). Los futuros gobiernos ni siquiera tendrán necesidad de incumplir la Constitución pues les bastará modificar la ley orgánica, un procedimiento más sencillo y menos costoso en términos políticos.

La Fundación “Manuel Giménez Abad” de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, dentro de su programa de actividades para el 2011 ha organizado, en colaboración con el centro de la UNED de Barbastro (Huesca), las IV Jornadas de Derecho Constitucional: “Constitución y libertad religiosa”.

Fecha: 4 y 5 de Marzo de 2011
Lugar de celebración: Centro de la Universidad de Educación a Distancia de Barbastro (UNED).
C/ Argensola, 55, Barbastro (Huesca)

Inscripción previa gratuita hasta completar el aforo de la Sala:
Tel: 974 316 004
alacoma@unedaragon.org
Encargada: Ascensión Lacoma
Solicitado a la UNED 1 crédito de libre configuración (en tramitación)

Religión y laicismo (El Roto)
Religión y laicismo (El Roto)

Programa:
Viernes, 4 de marzo:

  • 17,00 h. Inauguración
  • 17,30 h. “La jurisprudencia del TEDH en relación con la libertad religiosa”, por Lorenzo Martín-Retortillo Báquer, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad Complutense de Madrid.
  • 18,30 h. Debate.
  • 19,00 h. “La libertad religiosa desde la Constitución”, por Miguel Revenga Sánchez, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Cádiz.

Sábado, 5 de marzo:

  • 11,00 h. “Derecho, política y libertad religiosa”, por Alfonso Ruiz Miguel, Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid.
  • 12,00 h. Debate.
  • 12,30 h. “España como Estado laico”, por Fernando Rey Martínez, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid.
  • 13,30 h. Debate.
  • 14,00 h. Clausura.

Informe preliminar realizado por la Comisión de Estudios de Consejo de Estado sobre las modificaciones de la Constitución española. Este inforne, que será debatido el próximo 16 de febrero, se centra principalmente en los siguientes asuntos:

  1. La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono.
  2. La recepción en la Constitución del proceso de construcción europea.
  3. La inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas.
  4. La reforma del Senado.

Nos encontramos ante una dejación absoluta de responsabilidad por parte del gobierno pues pretende -¡nada menos y nada más!- que el Consejo de Estado decida incluso “las funciones que debe ejercer el Senado como Cámara de representación territorial”. Lejos de proponer una reforma determinada, el ejecutivo deja una decisión política en manos de un organismo cuya finalidad es exclusivamente consultiva. Y estudios no faltan: El Senado y las Comunidades Autónomas (R. Punset, 1987), La reforma del Senado (M. Martínez Sospedra, 1990), La reforma del Senado (V.A., CEC, 1994), La reforma del Senado: territorialización del Senado (F.J. Visiedo) o La experiencia constitucional, 1978-2000 (V.A., CEPC, 2000) entre otros. Y modelos donde poner la mirada también los hay: Austria y Alemania son, por ejemplo, un buen referente en esta cuestión.

Señores del gobierno, dejen ustedes de marear la perdiz y hagan el favor de explicar cuáles son realmente sus intenciones en aspectos tan fundamentales como:

  • La participación de las Comunidades autónomas en la aprobación de las leyes que les afecten y, en especial, en las leyes básicas del Estado.
  • La participación de las CCAA en la formación de las normas y decisiones de la Unión Europea que les puedan afectar.
  • Los instrumentos para promover las relaciones entre las CCAA y disminuir los conflictos de competencias.
  • La modificación de la Ley Electoral ya que un Senado como Cámara de representación territorial deja en entredicho las actuales circunscripciones electorales. Se podría pasar, por ejemplo, a una única circunscripción para el Congreso y mantener las actuales para el Senado.

Texto de referencia: Reforma constitucional propuesta por el gobierno socialista

Se trata de una reforma limitada y constreñida a cuatro aspectos muy concretos. Tanto la supresión de la preferencia del varón en la sucesión del trono salvaguardando expresamente los derechos del actual Príncipe de Asturias, como la adecuación de la Constitución a la integración europea no creo que desaten grandes polémicas.

El tercer aspecto de esta reforma, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas, es problemática por cuanto el gobierno no eleva propuesta alguna al respecto, limitándose a preguntar cuál sería el método idóneo para ello. El gobierno demuestra su escasa ambición desde el momento en que no plantea ninguna propuesta para cerrar el confuso camino que nos ha llevado al “Estado de las Autonomías”. Aunque el sistema, tras la revisiones de los Estatutos en la década de los noventa, ha quedado sustancialmente igualado, no estaría de más que quedara reconocido explícitamente el derecho de TODAS las Comunidades Autónomas a disfrutar de las mismas competencias. Tampoco se alude a los los mecanismos necesarios para armonizar las disposiciones de las Comunidades Autónomas cuando así lo exija el interés general; un mecanismo, por otra parte, muy común en otros sistemas federales como, por ejemplo, el alemán. Aunque dicho mecanismo ya existe (art. 150.3 de la Constitución) es sorprendente que el Estado no lo haya utilizado NI UNA SOLA VEZ después del fracaso de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) en los años ochenta. Ante este supuesto miedo escénico, tal vez conviniera matizar el mencionado precepto para convertirlo en una herramienta práctica que evitase, por poner un ejemplo, la actual y absurda fragmentación del sistema jurídico urbanístico.

Nos queda una última propuesta -la reforma del Senado- pero esto es harina de otro costal y requiere alguna que otra matización. Mañana lo vemos.

Texto de referencia: Reforma constitucional propuesta por el gobierno socialista

Art. 150.3 de la Constitución: “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (PDF):se trata de una constitución muy particular porque, entres otros motivos, es la única que ha tenido México en el siglo XX aunque, como es lógico, ha sido reformada en varias ocasiones. Nosotros, en cambio, debemos ser uno de los países que más textos constitucionales ha tenido a lo largo de su historia.