Crímenes contra la Humanidad

La decisión de Garzón de inhibirse a favor de los Juzgados de Instrucción de diversas localidades y declarar extinguida la responsabilidad penal de los acusados por su fallecimiento es una muestra de los peligros que acechan a la llamada Memoria Histórica, entre ellos el de convertirse en un instrumento de venganza en lugar de justicia.

Una observación antes de exponer los argumentos en contra de Garzón: criticar tanto su proceder como la de quienes le apoyan no implica situarse en contra de los familiares que buscan reparar el daño ocasionado por el régimen franquista. Más bien al contrario. Tan solo que la justa y deseada reparación histórica no puede provenir de otra injusticia como la que pretendía Garzón. El fin no justifica los medios.

Garzón ha pretendido pasar por encima de la Justicia y el Estado de Derecho yendo incluso contra los intereses de los denunciantes al convertir el procedimiento en una Causa General. Sorprende, no obstante, que desde distintos ámbitos se haya defendido al juez Garzón negando tal arbitrariedad y que algunos incluso hayan ido más lejos al equiparar este caso con otros en los que se investigaron Crímenes contra la Humanidad. En todos ellos los tribunales se limitaron al procesamiento de los reos por los delitos concretos que se denunciaron. Garzón, por contra, pretendía investigar TODAS las muertes y desapariciones ocasionadas por un solo bando durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, y todo ello desde un único procedimiento. Eso, señores, es una Causa General. Ya solo por ello, dicho juez debería ser apartado de su puesto.

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, defiende por su parte que «es la investigación judicial la que debe determinar la extinción de la acción penal por fallecimiento de los presuntos responsables, la existencia de otros responsables no identificados y, asimismo, la suerte que corrieron las víctimas y la naturaleza del delito». El propio Garzón le ha respondido en su último auto al «declarar extinguida la responsabilidad penal de los acusados por su fallecimiento». No hacía falta tanta alforja para tan corto viaje.

¿De verdad no sabían los denunciantes y sus abogados que la responsabilidad penal se extingue a la muerte del reo? La confusión llega incluso desde instancias jurídicas e intelectuales: «No es posible que los tribunales españoles hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda, Irak, Marruecos, Palestina, Austria y Alemania, en cuyas causas ha sostenido la nulidad de las leyes de amnistía o prescripción y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país”. ¿Son conscientes los firmantes del manifiesto que estos procesos condujeron al procesamiento de personas con nombres y apellidos?. Y vivas, cabría añadir. Ni siquiera las potencias vencedoras en la II Guerra Mundial se atrevieron a tanto: Hitler no fue juzgado por los aliados porque estaba muerto. Tampoco lo fueron los dirigentes nazis que se suicidaron antes de que comenzara el juicio. Aquí, sin embargo, algunos pretenden sentar en el banquillo de los acusados a los muertos para, acto seguido, declararse demócratas (sic).

Para añadir más confusión al asunto, se mencionan asimismo otros procesos supuestamente semejantes como la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) en Argentina, la Comisión de Verdad y Reconciliación o Comisión Rettig (1990) en Chile, la Comisión de la Verdad de la ONU (1992) en El Salvador y la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU sobre Guatemala (1997). Se olvidan quienes nos recuerdan tales actuaciones que ninguna de ellas fue un proceso penal sino comisiones creadas ad hoc.

Coincido, no obstante, en ciertas críticas a la actuación del fiscal. En contra de la opinión de éste, y como ya explique en un un artículo anterior, mantengo que Franco y sus secuaces cometieron un delito de lesa humanidad y, por tanto, no están amparados por la Ley de Amnistía.

La pelota en el tejado del Gobierno:

¿A qué espera el Gobierno para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica? ¿cuando desarrollará, por ejemplo, lo establecido en el artículo 11 y siguientes (localización e identificación de las víctimas)? ¿acaso solo buscaban la foto? Así parece porque, una vez aprobada, se ha olvidado por completo de ella.

Es obligación del Gobierno reconducir la situación hacia vías administrativas que permitan recuperar los cuerpos de los miles de españoles que aún permanecen enterrados en las cunetas de las carreteras y caminos de este país. Los familiares no tienen por qué convertirse en detectives privados y menos aún pagar a otros por ese trabajo. La obligación del Gobierno es apoyar, ayudar y colaborar con ellos para recuperar los cuerpos de los desaparecidos. Lo escribieron en la Ley pero no lo están cumpliendo. Una y otra vez palabras huecas, promesas incumplidas y esperanzas rotas: ese será el legado de Rodríguez Zapatero a nuestra democracia.

En cuanto a crear una Comisión de Investigación orientada a descubrir lo que sucedió en tan trágicos años, creo que llegan tarde. La Historia ya ha juzgado a Franco y solo desde la mala fe o la ignorancia se puede decir lo contrario.

Si me dieran a elegir entre morir en Darfur o en Iraq, no lo dudaría: escogería sin dudarlo la segunda opción. Puestos a dejar este mundo, mucho mejor sabiendo que mi recuerdo perduraría en España cada cierto tiempo, justo cuando se aproximaran unas elecciones o cuando las encuestas no fueran favorables al Gobierno. Los neoconservadores norteamericanos organizaron una guerra ilegal, injusta y de catastróficas consecuencias para Oriente Medio; la ONU, una vez consumados los hechos, demostró su incapacidad para gestionar una crisis de tal magnitud y acabó legitimando la invasión de Iraq; los ingleses dieron pruebas fehacientes de por qué son los más fieles amigos de EEUU; y Aznar, en el apogeo de su mesianismo, apoyó y defendió la intervención norteamericana. Una decisión, por cierto, de la que el PP no sabe como escapar, incapaz de reconocer el craso error cometido y de rendirse ante la evidencia de la sangría que asola a Iraq y del fracaso de la gestión “aliada” una vez finalizada la invasión. La izquierda, por su parte, no pierde oportunidad de recordar la “foto de las Azores” y encabeza cada cierto tiempo manifestaciones en contra de “la madre de todas las guerras”. Ni una sola palabra sobre Darfur, Afganistán, Zimbabwe,…; ante la falta de responsabilidad de EEUU en estos conflictos y los escasos beneficios electorales, mejor callar. Medio mundo se desangra ante la indiferencia general de la sociedad, el silencio de la derecha y la hipocresía de la izquierda pero, ¿qué más da? ¿a quién le importa? El muerto al hoyo y el vivo al bollo.

Nota: Otegui queda libre al retirar el fiscal, es decir el Gobierno, la acusación. ¿Y la contrapartida?¿tal vez un nuevo comunicado de ETA? ¿el PP volverá a convocar otra manifestación? ¿se presentará Batasuna a las próximas elecciones?

Antes de entrar en la noticia —la condena internacional del régimen franquista—, permítanme expresar la opinión sobre dicho régimen con la finalidad de evitar equívocos e interpretaciones sesgadas. Recurro para ello a un texto que escribí en 2002:

«El régimen de Franco construyó una nación basándose en la dicotomía buenos españoles/malos españoles para, de esta forma, justificar la victoria de la mitad de sus miembros sobre la otra mitad y, de paso, elevar la miseria y la humillación al estatus de virtudes nacionales. Encontró además en la Iglesia el apoyo necesario para establecer otra dicotomía (españoles espirituales/extranjeros materialistas) y, así, mantener enlatado a todo un país durante muchísimos años. Una vez tomada la decisión de emprender la modernización económica y buscar la integración europea, el propio anacronismo del Estado actuó como freno pues los aires europeos ponían en peligro su razón de ser. Cualquier intento de acercarse a Europa fue cercenado por las élites dominantes y, especialmente, por la Iglesia Católica cuyo objetivo principal consistía en convertir a España en una nación imperialista de guerreros y santos. En el terreno interno fueron excluidas sistemáticamente todas aquellas orientaciones y medidas políticas contrarias a la supervivencia de la dictadura en cualquiera de sus aspectos. Exclusión ésta que se realizó a través de toda una serie de mecanismos: estructurales (limitaciones derivadas de la propia estructura institucional del Estado), ideológicos (cualquier idea democrática era excluida por no ser ideológicamente coherente con la lógica interna de la dictadura), de procedimiento (las reglas y las normas de las instituciones oficiales favorecieron la ideología nacionalcatólica, tendiendo a excluir cualquier otra) y de represión (aplicada sin reservas e institucionalizada desde la guerra civil). De esta forma se hizo aparecer los intereses particulares de la clase dominante como universales, como idénticos a los de la colectividad en conjunto y, al mismo tiempo, se encubrieron las contradicciones sociales. Finalmente dichas clases proclamaron lo que puede denominarse la naturalización del presente de forma que se viera el estado vigente de cosas como algo «natural», ocultando su carácter relativo e histórico, y por tanto susceptible de ser reemplazado por otro. La realidad era muy distinta».

Aplaudo, por tanto, la condena al régimen franquista aprobada por la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria y sus recomendaciones, entra las que destacan las siguientes: insta al gobierno español a erigir monumentos en memoria de las víctimas del franquismo, a convertir el Valle de los Caídos en una gran exposición como homenaje a los presos que lo construyeron, y a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa; propone también declarar como día internacional de condena contra el franquismo el 18 de julio de 2006, ya que en esta fecha se cumplen 70 años del golpe de Estado. Estas recomendaciones están basadas en el informe Brincat.

Por desgracia, iniciativa tan laudable se ve enturbiada por la demagogia, el cinismo y la hipocresía de su principal promotor, el español Luis María de Puig, presidente del Grupo Socialista. Durante el debate sobre los crímenes del comunismo, dicho Grupo, por boca de Lluis María de Puig, pidió la devolución del informe a la Comisión de Asuntos Políticos, debido a la “falta de análisis” y a que puede dar lugar a “interpretaciones incorrectas y nefastas”. Gracias también al Grupo Socialista, no salió adelante el proyecto de recomendación a los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa para el que eran necesarios dos tercios de los votos. Tampoco salió adelante la iniciativa de crear, junto a la Unión Europea (UE), un Museo europeo en memoria de las víctimas de los regímenes comunistas totalitarios, con sede en Bruselas, o el lanzamiento de campañas nacionales de sensibilización sobre “los crímenes cometidos en nombre de la ideología comunista”. A quien condena la represión ejercida por regímenes totalitaristas de «derecha» y al mismo tiempo justifica la de los regímenes totalitaristas de «izquierda» (o viceversa) se le debería condenar, al menos desde un punto de vista moral y ético, como cómplice de Crímenes contra la Humanidad.