Democracia (Continuación)

Colaboraciones: Wifredo Espina. Periodista. Ex director del Centre d’Investigació, Generalitat de Catalunya.
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Si los políticos mienten...

Si nuestros políticos mienten y engañan –como ellos mismos dicen-, ¿qué confianza pueden tenerles los ciudadanos? Es vergonzante e imparable el chaparrón de descalificaciones públicas que se cruzan unos a otros por “mentir” y por “engañar” a la ciudadanía y a los parlamentos. ¿Y estos son los que luego nos propondrán sus programas de gobierno y nos pedirán el voto? ¿Con qué autoridad política y moral podrán hacerlo si ellos mismos se descalifican con acusaciones tan graves? Seguir leyendo ...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presentará el próximo 25 de enero el libro El fraude del buenismo. La obra, editada por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), analiza desde diversos puntos de vista el nuevo arcaísmo denominado buenismo, una ideología que amenaza la técnica y el arte de la libertad política así como la concepción occidental del ser humano como sujeto de derechos. Xavier Pericay, Miquel Porta Perales, Florentino Portero, Andrés Ollero y Valentí Puig son los autores de la obra, que coordinada por el propio Puig, cuenta con nutridos ejemplos las muchas variables y actuaciones del buenismo, aliado del relativismo y del multiculturalismo.

Miércoles, 25 de enero de 2006 a las 19,00 horas: Auditorio del Edificio Mutua Madrileña. Paseo de la Castellana, 33.
Aforo limitado. Imprescindible invitación (Teléfono 91 576 68 57; correo: fundacionfaes@fundacionfaes.org)

Dentro del elenco de problemas provocados por la cuestión nacionalista, subyacen premisas como el derecho a la autodeterminación, la secesión, la soberanía o la nación que normalmente no brillan en el firmamento mediático. Sin embargo, dichas nociones políticas son fundamentales para abarcar el proceso en su totalidad.

El proyecto de Estatuto de Cataluña, por ejemplo, establece en su preámbulo el derecho de los ciudadanos catalanes a «determinar libremente su futuro como pueblo». Plantea, por tanto, el derecho a cambiar sus relaciones con el Estado español de forma unilateral y si así quisieran, incluso la secesión. Además, quienes defienden tal derecho suelen apoyarse en el Derecho Internacional. Conviene, no obstante aclarar este punto porque aquél sólo lo reconoce para tres casos: situaciones coloniales, ocupación militar y violación grave de los derechos humanos. Como señala Habermas (*), la secesión «está justificada solamente cuando la violencia del Estado central priva de sus derechos a una parte de la población que está concentrada en un territorio; entonces, la exigencia de inclusión puede producirse por vía de la independencia nacional». Por ello, insiste Habermas, «la legitimidad de la secesión no se puede decidir sin plantear previamente la legitimidad del statu quo; legitimidad de que en principio disfruta todo sistema democrático basado en cargos públicos electos, elecciones libres y frecuentes, libertad de expresión, pluralidad de medios de información, autonomía de los grupos y asociaciones y una ciudadanía inclusiva.»

Por otra parte y en relación al derecho de autodeterminación como fórmula para modificar el modelo de Estado, debe quedar claro que «no hay derechos absolutos y que el ejercicio de cualquier derecho por su titular tiene que ser compatible con el ejercicio por parte de otras personas de derechos de signo diferente», tal y como señala Virgilio Zapatero (**). Por ello —continúa—, «no puede bastar la simple manifestación de la voluntad: tiene que ser una voluntad que se base en muy sólidas razones, tan fuertes que primen sobre el derecho de los demás a mantener la conformación del Estado vigente». Esto significa que el derecho de autodeterminación «no puede ser considerado como un derecho originario sino como un derecho compensatorio que sólo se puede plantear cuando la minoría nacional en cuestión sufre determinadas circunstancias especialmente graves (…). Ningún grupo de ciudadanos en un Estado democrático puede apropiarse el derecho a la autodeterminación bajo el pretexto de que sus atributos particulares, como la lengua, la cultura o la religión, les permiten ser considerados como una nación o un pueblo diferenciado dentro del Estado».

Teniendo en cuenta que el actual proyecto catalán supone un cambio sustancial en el modelo de Estado —bilateralidad, impuestos, blindaje de competencias...—, sólo el pueblo español como depositario de la soberanía nacional —y no una parte de él— puede (y debe) aprobar una reforma que afecta al conjunto del país. Si no sucede así, los que consideramos anticonstitucional el Estatuto catalán deberemos reclamar la intervención del Tribunal Constitucional. Una medida ésta ante la que no cabe alegación posible pues se enmarca en el más estricto respeto a las normas democráticas.

(*) Habermas, J. La inclusión del otro, Paidos, 2004
(**) Zapatero, V.: El nacionalismo: teorías y doctrina. En "Horizontes de la Filosofía del Derecho", Universidad de Alcalá, 2002

No es mi intención exponer un análisis detallado de los sistemas políticos en los países musulmanes porque, entre otras razones, existen estudios ya realizados que pueden servirnos perfectamente. Probablemente, uno de los más completos es el confeccionado por la organización Freedom House: el último publicado es del año 2005 y aporta datos muy interesantes. Como aquí nos interesan los países musulmanes, me he tomado la libertad de señalar en la tabla por países los que pertenecen a la Organización de la Conferencia Islámica. El resto de comparativas pueden leerse en la página dedicada al mencionado informe. Aunque hacen referencia al informe publicado en el año 2004, es también interesante el mapa que muestra gráficamente el grado de libertad en todo el mundo y el apartado donde se puede buscar información por países.

Las conclusiones son más que evidentes: la implantación de la democracia en los países musulmanes no sólo no avanza sino que retrocede en algunos de ellos (Afganistán, Comoros, Egipto, Guinea-Bissau, Jordania, Malasia, Marruecos, Níger, Qatar y Turquía). Para quien no se fíe de este informe puede recabar datos de la ONU, en concreto del Human Development Report que ofrece una herramienta muy útil para este menester.

Quienes abogan por democratizar las sociedades musulmanas deberían tener en cuenta que éstas no comparten nuestros modelos políticos y sociales. Sirva de botón de muestra las críticas realizadas por los países musulmanes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la sustitución de ésta por otra propia en 1990 (!), la llamada «Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Islam». En ella destacan principalmente las continuas referencias a la sharía -fuente ingente de desigualdades- aunque curiosamente muchas de ellas se omiten en la versión francesa e inglesa y varias expresiones han sido convenientemente edulcoradas. Además, muchos capítulos finalizan con la expresión restrictiva «a menos que la sharía no disponga algo distinto». Tal es así que, por ejemplo, cuando Arabia Saudí se adhirió a la «Convención sobre los derechos del Niño» y a la Convención internacional para la eliminación de todas las modalidades de discriminación racial emitió una reserva: que las cláusulas de los tratados no contradijeran la ley islámica. Y no es, ni mucho menos, el único caso. ¿Se imaginan ustedes que al final de los artículos de nuestra Constitución se incluyera «a menos que la Biblia no disponga algo distinto»? También deberíamos preguntarnos si admitiríamos bien en el preámbulo, bien en sus disposiciones finales alguna referencia al Derecho Canónico como el contenido en los artículos 24 y 25 de la Carta musulmana: «Todos los derechos y los deberes estipulados en esta declaración están sujetos a los preceptos de la Sharía islámica» y «La Sharía Islámica es la única fuente de referencia para la aclaración o interpretación de cualquiera de los artículos del presente documento». Mucho me temo que nuestros valores occidentales, especialmente los laicos, no pueden exportarse al mundo musulmán así sin más. Enfrentadas o no, Occidente e Islam son dos civilizaciones muy distintas, cuando no opuestas, en creencias, valores y derechos.

Desafortunadamente la respuesta es NO. Distintos países europeos democráticos han sufrido, por ejemplo, el azote del terrorismo de cariz étnico-nacionalista. Organizaciones como ETA (Euskadi at Askatasuna o Euskadi y Libertad), el IRA (Irish Republican Army o Ejército Republicano Irlandés), el FLB (Front de Libération de la Bretagneo Frente de Liberación de Bretaña) o el FLNC (Fronte di Liberziones Nazionale di a Corisca o Frente de Liberación Nacional de Córcega) son un buen ejemplo de ello.

Por otra parte, organizaciones terroristas de extrema izquierda como las Brigate Rosse (Brigadas Rojas) y la RAF (Rotee Armee Fraktion) alemana llevaron a cabo una campaña común a mediados de los ochenta contra instalaciones de la Alianza Atlántica que fue denominada 'euroterrorismo'.

Aún podemos añadir unos cuantos grupos más: el francés AD (Action Directe o Acción Directa), el belga (Cellules Communistes Combattantes o Células Comunistas Combatientes), el portugués FP25 (Forças Populares do 25 Abril o Fuerzas Populares del 25 de Abril), el griego EO17N (Epanastatiki Organosi 17 Noemuri u Organización Revolucionaria 17 de Noviembre) y el español GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

De todo ello podemos deducir que difícilmente la democracia per se representa barrera alguna contra el terrorismo. Alentarla en los países -musulmanes o no- regidos por tiranos o apoyarla en aquellos otros donde se encuentra en formas incipientes es laudable pero no suficiente para detener al terrorismo «islamista».

Tras las elecciones gallegas, Mariano Rajoy propuso reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que sea la lista más votada la que forme gobierno. Si la propuesta no va más allá de modificar la mencionada ley, nos encontraríamos con un escenario limitado por cuanto la Constitución establece en el punto 3º del artículo 68 que "la elección [Congreso] se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional". Asimismo, el punto 1 del artículo 152 establece para las Comunidades Autónomas el mismo sistema. No sucede lo mismo para el Senado para el que se ha escogido una fórmula de mayoría simple corregida por el voto limitado. A efectos taxonómicos, algunos autores la incluyen dentro de los sistemas mayoritarios y otros como semiproporcional. De todos modos, se pueden introducir variantes como, por ejemplo, la promulgada en Italia. Allí se ha escogido una fórmula mixta aunque, como todo sistema electoral, tampoco está exenta de problemas. En todo caso, pasar a un sistema mayoritario implicaría cambiar la Constitución.

Hemos mencionado los sistemas proporcionales y los mayoritarios pero no se dejen engañar por su nombre. Si aplicáramos índices de proporcionalidad a diversos sistemas electorales, encontraríamos una aparente contradicción: la aplicación de un sistema mayoritario puede producir una representación con un grado de proporcionalidad superior incluso a la de algunos sistemas de decisión proporcional. A la inversa, un sistema proporcional puede dar lugar a una representación orientada en sentido mayoritario. Lo que importa aquí es destacar la importancia de otros factores ya que éstos modulan la representación final obtenida a partir de la fórmula electoral. Entre los más importantes, destacan los siguientes: las circunscripciones, el tipo de candidaturas, la estructuración del voto, los umbrales electorales, las primas a la mayoría y el quórum de participación.

No cabe duda que la actual Constitución consagró un sistema electoral destinado a proteger a las minorías nacionalistas y por ello los legisladores se decantaron por el sistema proporcional con circunscripciones uniprovinciales. Curiosamente esta fórmula perjudica notablemente a las minorías políticas nacionales. Veamos un ejemplo: en las pasadas elecciones (2004) Izquierda Unida obtuvo 801.821 votos, CIU se situó ligeramente por encima (835.471 votos) y ERC claramente por debajo (652.196 votos). Sin embargo, CIU cuenta con diez escaños, ERC con ocho e IU sólo con dos. Por ello, me parece más conveniente situar el debate en unas coordenadas más globales que en el tipo concreto de fórmula electoral. Si se reformara el Senado en el sentido de convertirlo en una auténtica cámara territorial y teniendo en cuenta el desarrollo actual de las autonomías, no estaría de más anular la sobreprotección a los nacionalismos en lo que se refiere, al menos, a la elección de los diputados (Congreso).

En las últimas semanas, los ciudadanos hemos asistido a la confrontación ideológica entre el PP y el PSOE a cuento, por ejemplo del matrimonio homosexual o de la inclusión de la palabra 'nación' en los estatutos de ciertas autonomías. No entraré en el fondo de estos debates pero sí intentaré mostrar el error en que caen los que, como Rodríguez Zapatero, consideran infundada la necesidad de «disputar acerca de las palabras y sobre seudopalabras» y, por tanto, que «podemos escoger cualquier nombre que nos guste [...] [porque] ésta no es una disputa sobre palabras». La cita es de Karl Popper y en ella se hacía referencia a la palabra 'democracia' pero no pierde su sentido original si la aplicamos a otras como 'matrimonio' o 'nación'. En todo caso, G. Sartori califica este pasaje como desafortunado y aduce, en primer lugar, la siguiente observación: «es obvio que la disputa no es sobre palabras, pero se desarrolla por medio de palabras». Para este autor es lícito y necesario «indagar sobre el significado verdadero o propio de las palabras si se entiende que el significado de éstas no es arbitrario y que no está establecido por el arbitrio de estipuladores específicos».

Por otra parte -continua Sartori-, las palabras y particularmente las adscritas al corpus político son, como expuso Mill, memoria de experiencia histórica: «el depositario de un cuerpo de experiencias al que todas las edades han contribuido". Con ello se expresa algo obvio: el significado de las palabras no se establece en una asamblea y de forma arbitraria sino que lo adquieren a través de los tiempos. Sin embargo la acumulación y transformación histórica de los conceptos queda anulado cuando se reivindica la "libertad de definición": «un universo lingüístico es un 'sistema' caracterizado precisamente por características sistémicas. Por lo tanto, quien echa a perder una palabra a su arbitrio, echa a perder, en consecuencia, las palabras circundantes y así, sucesivamente, va de desmantelamiento en desmantelamiento hasta llegar a la Torre de Babel».

[Citas: SARTORI, G.: ¿Qué es la democracia? Taurus, 2003]

Los continuos enfrentamientos entre el PP y el PSOE a cuento de casi cualquier asunto pueden provocar, si no lo han hecho ya, una disociación más allá de lo aceptable en una democracia entre la ciudadanía y la clase política. Nuestras elites políticas pretenden imbuirnos ideas radicalmente opuestas cuyo coralario sería la imposibilidad de llegar a un acuerdo o pacto bajo ninguna circunstancia. Los dirigentes de uno y otro partido defienden, al parecer, objetivos no ya distintos sino totalmente incompatibles, negando asimismo la posibilidad de la más mínima cesión. Parece que nos encontremos en plena campaña electoral pero sin fecha fija para el veredicto y ello conduce a cuestionar tanto la fiabilidad como las verdaderas pretensiones del adversario político que, en función de la propia ideología, cada uno de nosotros identificamos como tal. Propongo, por tanto, una manifestación para exigir a los políticos que abandonen la dicotomía amigo-enemigo y la sustituyan por relaciones si no cooperativas, al menos conciliadoras. El modelo territorial, la lucha antiterrorista, la enseñanza..., en suma todas aquellos asuntos relativos al «bien común» son merecedores de tal esfuerzo. En este sentido me adhiero por completo a lo expresado por el filósofo Daniel Innerarity: «Los problemas políticos de la sociedad tienen muchas soluciones posibles o no tienen ninguna que sea realmente definitiva, pero hay remedios, acuerdos, compromisos e incluso ajustes, ninguno perfecto, pero varios, o quizá muchos, en la franja que va de lo más o menos positivamente satisfactorio a lo más o menos tolerablemente aceptable. Las divergencias reales de intereses continuarán, pero con voluntad, habilidad, recursos y buena suerte, a veces pueden hacerse menos intensas y más pacíficas. Éste es el ámbito en que se hacen valer virtudes propias de la política entendida como compromiso: la prudencia, la conciliación, los acuerdos parciales, la adaptabilidad» (La transformación de la política, Ediciones Península S.A., 2002)

Durante la pasada legislatura, los dirigentes populares criticaron por activa y pasiva todas y cada una de las manifestaciones que, en contra de determinadas medidas gubernamentales, se produjeron a lo largo y ancho de toda España. No sólo criticaron e insultaron a los propios manifestantes, sino también a los dirigentes políticos que participaron en ellas, especialmente al entonces líder de la oposición Rodríguez Zapatero. Ahora le han dado la vuelta a la tortilla y lo que era tan demagógico se está convirtiendo en costumbre: el pasado 4 de junio participaron en la manifestación de la AVT en contra de la negociación con ETA, mañana acudirán a la prevista en Salamanca a favor de la unidad del Archivo de la Guerra Civil y el próximo lunes sabremos si acuden a la que se realizará el día 18 de junio en Madrid en contra de la Ley de matrimonios homosexuales. Para más inri, esta última coincidirá con la 'jornada de reflexión' de las elecciones gallegas.

Leyendo estos días Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano (Condorcet, 1795), me sorprende la confianza en el destino humano y la fe en el progreso que el autor profesa. Confianza y fe a pesar, incluso, de las calamidades que para él supuso la Revolución. Condorcet creía que el progreso seguiría tres direcciones: una creciente igualdad entre las naciones, la eliminación de las diferencias de clase y, como consecuencia de ambas, una mejoría mental y moral de la especie. Creía, por ejemplo, en la democracia como medio para acabar con la explotación de unos pueblos sobre otros y defendía que la igualdad de oportunidades podría llegar gracias, sobre todo, a la educación universal. En este sentido, también apostó por la libertad de comercio, los servicios sociales, la abolición de la guerra, la eliminación de la miseria y el lujo, y la igualdad de derechos para las mujeres. Pero, por encima de todo ello, la fe axiomática en la razón:

Llegará una época en que el sol alumbre sólo a un mundo de hombres libres que no reconocerán otro señor que su razón y en que los tiranos y los esclavos, y los sacerdotes y sus instrumentos estúpidos o hipócritas no existirán sino en la historia o en la escena.

Así de contundente se expresaba aunque, tres siglos más tarde, su optimismo nos pueda parecer algo infantil a la vista de acontecimientos recientes como la invasión de Iraq, de conflictos como los de Sudán, Chechenia o Palestina o de problemas actuales como el trato dispensado a las mujeres en la mayoría de los países musulmanes. Aunque tampoco hace falta irse tan lejos porque, en España mismo, la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico es el pan nuestro de cada día. Seguro que todos y cada uno de nosotros podemos, sin demasiado esfuerzo, poner otros tantos ejemplos.