Democracia (Continuación)

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Rodríguez Zapatero no se salió del guión que tantos frutos le está dando y su discurso no sorprendió a casi nadie: autocomplacencia, buenas palabras, talante y muchas promesas. Su primer año de gobierno se ha centrado casi por completo en medidas sociales -bienvenidas sean- pero, no no olvidemos, con un coste económico mínimo. En el resto de ámbitos -economía, vivienda, infraestructuras, temporalidad del empleo, cultura, ...- el suspenso es casi obligado. Tiempo habrá, no obstante, de afinar los elogios y las críticas. Rajoy, por contra, sorprendió a todo el mundo con un discurso durísimo y fuera de lugar en bastantes cuestiones. No cabe la excusa del acaloramiento y todo parece indicar que la estrategia elegida pasaba premeditadamente por dibujar un panorama catastrofista sin precedentes en este país. Tal desaguisado causa aún mayor extrañeza en boca de un político con fama de moderado y dialogante como Rajoy y yo sólo le encuentro dos explicaciones: o el núcleo duro (aznarista) ha impuesto sus puntos de vista y Rajoy ha cedido a tales ideas o guarda algún as en la manga. Normalmente, nadie se tira piedras contra su propio tejado y por eso me pregunto si Rajoy no maneja algún dato -desconocido para el resto- que le permita prever ciertos acontecimientos futuros. En todo caso, Zapatero le ganó por goleada, especialmente en el cuerpo a cuerpo.

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La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) incorporó, como derecho fundamental, la «resistencia a la opresión» (art. 2º) recogiendo así los frutos de una cuestión ampliamente reflejada en la literatura medieval y moderna. Véase, v.g. la obra de Mariana De rege et regis institutiones (1599) o la de Duplessis-Mornay y Languet Vindiciae contra Tyranos (1660). También la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) recoge dicho concepto en su preámbulo: "Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Sin embargo, la aparición en la escena mundial de «guerras» y «rebeliones» alejadas del concepto tradicional de éstas ha vuelto a despertar el interés de alcanzar un acuerdo para delimitar conceptualmente el término «terrorismo». Palestina, Chechenia, Iraq, Afganistán, País Vasco, Irlanda,... para unos «guerras de liberación» y para otros «terrorismo»: ¿quién tiene razón?.

Para Kofi Annan «constituye terrorismo todo acto que obedezca a la intención de causar la muerte o graves daños corporales a civiles no combatientes, con el objetivo de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto» y confía que los dirigentes mundiales se unan a esta propuesta. Veamos algunas carencias:

Primera: al parecer los componentes de las Fuerzas Armadas y de la policía pueden ser masacrados aun cuando su labor se realice en el marco de lo ordenado por la ONU como sucede en las misiones de ayuda humanitaria o de interposición entre bandos enfrentados.

Segunda: al incorporar como elemento fundamental la «intención de causar la muerte o graves daños personales», quedan excluidos los actos de sabotaje contra instalaciones e infraestructuras que ofrecen servicios básicos a la comunidad.

Tercera: nada se dice acerca del «derecho a la resistencia» de los pueblos oprimidos por regimenes totalitarios. Ni tampoco aclara los límites de esta resistencia ¿pueden aquéllos utilizar la violencia contra el tirano y quienes lo sustentan? ¿En qué momento la lucha por la libertad se convierte en terrorismo? Estas son las preguntas claves que debemos responder para delimitar dicho derecho.

Documentos de referencia: Una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo y ¿Qué es terrorismo? La opinión de la calle árabe

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Nos encontramos ante una dejación absoluta de responsabilidad por parte del gobierno pues pretende -¡nada menos y nada más!- que el Consejo de Estado decida incluso "las funciones que debe ejercer el Senado como Cámara de representación territorial". Lejos de proponer una reforma determinada, el ejecutivo deja una decisión política en manos de un organismo cuya finalidad es exclusivamente consultiva. Y estudios no faltan: El Senado y las Comunidades Autónomas (R. Punset, 1987), La reforma del Senado (M. Martínez Sospedra, 1990), La reforma del Senado (V.A., CEC, 1994), La reforma del Senado: territorialización del Senado (F.J. Visiedo) o La experiencia constitucional, 1978-2000 (V.A., CEPC, 2000) entre otros. Y modelos donde poner la mirada también los hay: Austria y Alemania son, por ejemplo, un buen referente en esta cuestión.

Señores del gobierno, dejen ustedes de marear la perdiz y hagan el favor de explicar cuáles son realmente sus intenciones en aspectos tan fundamentales como:

  • La participación de las Comunidades autónomas en la aprobación de las leyes que les afecten y, en especial, en las leyes básicas del Estado.
  • La participación de las CCAA en la formación de las normas y decisiones de la Unión Europea que les puedan afectar.
  • Los instrumentos para promover las relaciones entre las CCAA y disminuir los conflictos de competencias.
  • La modificación de la Ley Electoral ya que un Senado como Cámara de representación territorial deja en entredicho las actuales circunscripciones electorales. Se podría pasar, por ejemplo, a una única circunscripción para el Congreso y mantener las actuales para el Senado.

Texto de referencia: Reforma constitucional propuesta por el gobierno socialista

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Se trata de una reforma limitada y constreñida a cuatro aspectos muy concretos. Tanto la supresión de la preferencia del varón en la sucesión del trono salvaguardando expresamente los derechos del actual Príncipe de Asturias, como la adecuación de la Constitución a la integración europea no creo que desaten grandes polémicas.

El tercer aspecto de esta reforma, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas, es problemática por cuanto el gobierno no eleva propuesta alguna al respecto, limitándose a preguntar cuál sería el método idóneo para ello. El gobierno demuestra su escasa ambición desde el momento en que no plantea ninguna propuesta para cerrar el confuso camino que nos ha llevado al "Estado de las Autonomías". Aunque el sistema, tras la revisiones de los Estatutos en la década de los noventa, ha quedado sustancialmente igualado, no estaría de más que quedara reconocido explícitamente el derecho de TODAS las Comunidades Autónomas a disfrutar de las mismas competencias. Tampoco se alude a los los mecanismos necesarios para armonizar las disposiciones de las Comunidades Autónomas cuando así lo exija el interés general; un mecanismo, por otra parte, muy común en otros sistemas federales como, por ejemplo, el alemán. Aunque dicho mecanismo ya existe (art. 150.3 de la Constitución) es sorprendente que el Estado no lo haya utilizado NI UNA SOLA VEZ después del fracaso de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) en los años ochenta. Ante este supuesto miedo escénico, tal vez conviniera matizar el mencionado precepto para convertirlo en una herramienta práctica que evitase, por poner un ejemplo, la actual y absurda fragmentación del sistema jurídico urbanístico.

Nos queda una última propuesta -la reforma del Senado- pero esto es harina de otro costal y requiere alguna que otra matización. Mañana lo vemos.

Texto de referencia: Reforma constitucional propuesta por el gobierno socialista

Art. 150.3 de la Constitución: "El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad".

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Responsabilidades políticasNi derechas, ni izquierdas. Poco importa el color ideológico de nuestras elites políticas. En todas y cada una de las desgracias acaecidas en estos últimos años -aceite de colza, Pretige, Barrio del Carmel por citar sólo algunas- estos pájaros han adquirido la mala costumbre de eludir responsabilidades sin que los ciudadanos podamos hacer mucho por evitarlo. En esta ocasión, sin embargo, han ido más allá de lo previsible. Me refiero, en concreto, al intento de 'apagón informativo' que recuerda a tiempos peores.

¡Si al menos pudiéramos confiar en la Justicia! ¡Pero no! No podemos porque esta institución se han convertido por obra y gracia de los políticos en un mal irresoluble. Lentitud, ineficacia, falta de medios materiales y humanos, subordinación a los dirigentes de turno, politizada por unos y otros, ... Son solo algunos de los defectos que, sobre la justicia en este país, comparten probablemente muchos de mis conciudadanos.

Fotografía: Vecinos del barrio del Carmel buscan objetos personales entre los escombros del edificio derruido (EFE, 06/02/05)

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La nueva Ley de Partidos sustituye a la preconstitucional Ley 54/1978 y se conforma como la herramienta legislativa para «garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas». Cuando en el artículo 9 se listan los motivos concretos para la ilegalización, la vista del legislador apunta directamente a Batasuna y esta relación la estigmatizó aun antes de su alumbramiento. Lo cual no significa necesariamente que viole ética alguna o discurra por caminos antidemocráticos. Más bien al contrario, pues una lectura atenta del mencionado artículo no puede sino reafirmar algo que, al parecer, se olvida a menudo: en ningún caso puede ilegalizarse una formación política por motivos ideológicos (ver los motivos de ilegalización). Esta percepción resulta crucial en el debate actual ya que, con la ley en la mano, no podría ilegalizarse un partido por el mero hecho de defender objetivos políticos anticonstitucionales. Así, un partido que defendiera la soberanía de un territorio o, por el contrario, que considerara mejor un Estado centralizado  o simplemente abogara por la pena de muerte, se encontraría defendiendo ideas ajenas a la Constitución pero, no por ello, podría ser apartado del juego democrático. No al menos por sus ideas, salvo lógicamente que intentara imponerlas a la sociedad por medios violentos como el asesinato, la extorsión o la coacción.

Por último, no debemos olvidar las garantías procesales que acompañan a la Ley pues el poder legislativo sólo puede proponer, quedando la resolución en manos del sistema judicial, en concreto en una Sala especial del Tribunal Supremo. Queda por ver si la objeción presentada por los nacionalistas catalanes (y manifestada por el PSOE en un momento determinado) en cuanto a que sea el Poder Legislativo el que inste la ilegalización de un partido, no acaba en el Tribunal Constitucional pues, en principio, tiene cierto calado jurídico.

Lógicamente cualquier disposición legislativa es susceptible de controversia, de disenso y ésta en concreto más aún pues los propios firmantes -salvo Manuel Fraga- han mantenido durante veinticinco años la tesis opuesta, es decir, considerar un error la ilegalización de Batasuna. Sin embargo, esta y otras objeciones formales -como la defendida por los nacionalistas catalanes- no pueden ocultar los sólidos argumentos que acompañan a la solicitud de ilegalizar Batasuna. Y ello, sin menoscabo de quienes defienden y entienden hoy que, como ayer, dicha ilegalización es un error político y, por lo tanto, rechazan la Ley de Partidos. Respeto, por tanto, para quienes, desde la legitimidad democrática, discrepan aunque a muchos nos parezca, ayer y hoy, que tal postura sólo favorece a los terroristas.

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Hace 25 años, los españoles acudíamos a las urnas por primera vez desde la caída de la 2ª República, allá por 1939. Iniciábamos así un período democrático que puede considerarse como uno de los más fructíferos de la historia de España. Entre otros muchos políticos, merece destacar al ex presidente de gobierno D. Adolfo Suarez quien con pasos cortos pero seguros condujo a este país a la democracia. Su figura -estoy seguro- encontrará un lugar en la Historia y en la memoria de las futuras generaciones. ¡Un brindis por todos los que hicieron posible que mis hijos hayan nacido y crecido en democracia y libertad! ¡Por ellos!

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El Estado español cuenta desde hoy con un nuevo instrumento legal para combatir el terrorismo: La ley de Partidos. Y, además, aprobada por prácticamente todos los partidos políticos, lo que le proporciona una legitimidad democrática fuera de toda duda. Durante muchos años Herri Batasuna y sus derivados han gozado de total impunidad para apoyar política y económicamente a ETA sin que desde los distintos gobiernos se hiciera nada por evitarlo. Ahora, sin embargo, esa impunidad desaparece y espero que pronto los partidarios de la violencia puedan ser ilegalizados.

En el País Vasco, mientras tanto, la Iglesia y los partidos nacionalistas hacen gala de un victimismo que ya cansa. Especialmente grave me parece la pastoral de los tres obispos vascos. Representa, en primer lugar, una injerencia inaceptable pues no se trata de asuntos que afecten a los principios cristianos como pudieran ser otros temas (aborto, divorcio, ...). En cuanto a las contenidos, la pastoral simplemente se alinea con el «integrismo nacionalista» al equiparar demócratas y asesinos para, a renglón seguido, defender la negociación política como medio para resolver el fenómeno del terrorismo. Y es que parten de una premisa falsa: identificar ETA con la lucha por la independencia vasca. Nada más lejos de la realidad: la pretendida soberanía debe enmarcarse en el más estricto respeto al Estado de Derecho pues, sólo así, conserva toda su legitimidad en cuanto a proyecto político.

La única negociación posible con los terroristas es acordar cuando y en qué lugar se deben entregar éstos para ser juzgados de acuerdo a la legislación actual y con todas las garantías procesales. La otra, la política, la deben llevar a buen puerto los partidos demócratas. En ningún caso, un grupo de asesinos, nazis y fascistas debe imponer sus ideas ¡El fin no justifica los medios!