Estatuto de Autonomía (Continuación)

Colaboración: Wifredo Espina (periodista y ex director del Centre d’Investigació de la Comunicació)

La Generalitat también quiere llevar el Estatut al Tribunal Constitucional. Ahí se va a encontrar con el Partido Popular, algunas Autonomías y el Defensor del Pueblo que también han presentado, o presentarán, recursos ante dicho Tribunal. La diferencia, substancial, está en que estos recurren contra el Estatut, por considerarlo total o parcialmente inconstitucional, y el Govern de la Generalitat quiere recurrir porque cree que el Gobierno central no cumple el nuevo Estatut.

Lo ha dicho claramente el conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hombre hábil, simpático y que sabe vender bien la moto, pero que a veces comete deslices o cae en contradicciones flagrantes, ya conocidas..Ahora, si cumple su palabra, o amenaza, se va encontrar con que pedirá al Tribunal Constitucional que haga cumplir al Gobierno Zapatero lo que dispone un Estatut que dicho tribunal tiene sobre la mesa precisamente para estudiar si es o no constitucional. Lo más probable es que este le diga: oiga, primero déjenos que resolvamos la cuestión de su constitucionalidad o no. Hay que ir con cuidado con lo que se dice, o con las amenazas que se hacen, aunque sean de boquilla.

Saura ha declarado a Catalunya Radio que el Ejecutivo central no se cree la reforma estatutaria y la ignora a la hora de respetar ciertas competencias que se atribuyen a la administración catalana, y acusa nada menos que al ministro de Administraciones Públicas, señor Sevilla, de ser el principal impulsor de proyectos de ley que incumplen el nuevo Estatut. “Iremos al Constitucional”, ha afirmado Saura.

Naturalmente, la Generalitat tiene todo su derecho –y quizás deber- a recurrir, y el señor Saura a anunciarlo –aunque sólo sea para presionar al ministro en vistas a su próxima reunión. Pero lo que ni el señor Saura ni el Govern de la Generalitat tienen derecho es a hacer el ridículo. Se han pasado años en acusar, descalificar e insultar a los que afirmaban que llevarían el Estatut al Tribunal Constitucional para que lo examinara, y ahora son ellos los que también lo quieren llevar al alto Tribunal. O el Constitucional sirve para todos o no sirve para nadie. No presumo que tengan razón los que acuden a dicho Tribunal “contra” el Estatut, ni que la tengan los que van porque están “a favor”. Lo que me parece claro es que al Constitucional pueden ir todos, unos y otros. Allí se pueden encontrar todos, y con los mismos legítimos derechos, claro.

Joan Puigcercós i Boixassa, portavoz de ERC en el Congreso: «Este es un buen Estatuto para una región de España, pero es un mal Estatuto para Cataluña, para una nación de Europa» (Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2006).

No criticaré su oposición al Estatuto de Cataluña porque, desde su punto de vista, no colma las aspiraciones del "pueblo catalán" y, por tanto, su voto negativo es consecuente con su pensamiento. Sin embargo, la comparación entre lo que se merece Cataluña y el resto de regiones españolas denota claramente el surgimiento de un nacionalsocialismo de nuevo cuño. Al establecer la entidad colectiva —en lugar de la raza— como poseedora de un valor superior al individual, barren las libertades civiles que las instituciones democráticas deben proteger y destruyen las libertades políticas en las que se basa el gobierno democrático. Según estos totalistas, el grado de autogobierno de una sociedad depende ahora de la "fuerza de la identidad" lo que reduce al individuo a un objeto accionado por una fuerza externa, la "identidad nacional", privándole de su libertad individual. Por supuesto, allí donde no se ha desarrollado tal fuerza sus ciudadanos deben conformarse con estatutos de segunda clase. Por desgracia, David Hooson acertó en su predicción cuando escribió que «la última mitad del siglo XX pasará a la historia como una nueva era de multiplicación de nacionalismos desenfrenados de una naturaleza más duradera que las terribles tiranías que también han caracterizado nuestro siglo» (Geography and National Identity, 1994). Y más terrible, diría yo... si los permitimos y consentimos.

Discursos íntegros del debate sobre el Estatuto catalán en el Congreso (30/03/06):

• María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno.
• Mariano Rajoy, portavoz del PP en el Congreso.
• Pérez Rubalcaba, portavoz parlamentario del PSOE.
• Josep Antoni Durán i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados.
• Joan Puigcercós i Boixassa, portavoz de ERC en el Congreso.
• Josu Erkoreka Gervasio, portavoz en el Congreso de PNV-EAJ.
• Joan Herrera Torres, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
• Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida.

Cataluña, reconocida como "una nación". Así se desprende de la última redacción del preámbulo del Estatut, aprobada en la Ponencia conjunta del Congreso y del Parlament. Se ha producido un cambio substancial respecto del texto anterior pactado entre Zapatero y Mas. Veámoslo.

En este pacto, según las versiones publicadas, se decía que "el Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de ciudadanos y ciudadanas catalanes, ha definido de manera ampliamente mayoritaria a Cataluña como una nación. La Constitución, en su artículo segundo, reconoce esta realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad". ¿En qué consiste el cambio actual?

Pues que en lugar de decir que el Parlament recogía el sentimiento y la voluntad “de ciudadanos y ciudadanas catalanes” –"de", pero no "de los"- ahora se dice que este sentimiento y esta voluntad es el de "la ciudadanía catalana". Por tanto, no de unos –muchos o pocos- ciudadanos y ciudadanas, sino "de la ciudadanía catalana" en general, de toda la ciudadanía. Y se añade seguidamente que "la Constitución, en su artículo segundo, reconoce esta realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad".

Es decir, "la ciudadanía catalana" se ha "definido" legalmente, a través del Parlament, como "una nación" y "la Constitución reconoce esta realidad nacional" si bien la llama "nacionalidad". Por tanto, la realidad es la "nación", la denominación "nacionalidad" y la manera como ejerce su autogobierno "comunidad autónoma".

Esto último se deduce del primer artículo del nuevo Estatut (que es prácticamente el mismo que el vigente de 1979) que considera a Cataluña como "una nacionalidad que ejerce su autogobierno constituida como comunidad autónoma", lo que indica que lo de "comunidad autónoma" es secundario ya que se refiere a la manera de "ejercer" su autogobierno por parte de una "nacionalidad" que es la palabra como es "reconocida" esta "realidad" de "nación".

Total: una forma rocambolesca de decir disimuladamente lo que disponía el Estatut salido del Parlament de Cataluña el 30 de septiembre: "Cataluña es una nación". Por esto Artur Mas ha exclamado que «este es un gran día», mientras el celoso Carod, que prefería menos circunloquios para decir lo mismo, ha afirmado que «no es un día grande», y el PP ha votado en contra.

Estamos, pues, ante un nuevo paso de doble filo. Por un lado, este reconocimiento real de "nación" constituirá una nueva plataforma para reivindicar desde ella la soberanía y la autodeterminación, y, por otro, dará nuevos argumentos a quienes sostienen que se trata de una reforma encubierta de la Constitución para acudir al Tribunal Constitucional.

La "vía Mas" de alcanzar "por etapas" lo aprobado por el Parlament de Cataluña, al final coincidirá con la "vía Carod" de ir más deprisa, aunque fuese con el subterfugio sacado a última hora de introducir la palabra "nación" escrita en minúscula para distinguirla de la española en mayúscula.

Quizás la primera redacción –la del pacto Mas-Zapatero-, vistas las encuestas y las reacciones, era sociológicamente más rigurosa y políticamente más prudente. Las cosas pueden complicarse aún más.

Por WIFREDO ESPINA. Periodista y abogado. Ex director del Centre d’Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya