El pasado día 27 de diciembre, el diario El País publicaba un artículo, Diversidad e igualdad, un falso dilema, en el que su autor —Joan Saura, presidente de Iniciativa per Catalunya Verds— defiendía el proyecto de Estatuto de Cataluña, al que calificaba de equitativo y eficiente en materia económica.
El modelo propuesto en el Estatuto catalán se asemeja al cupo vasco y a la aportación navarra y, curiosamente, ninguno de estos dos sistemas puede calificarse precisamente de «equitativo». Coinciden en ello tanto expertos económicos adscritos a la derecha —Alberto Recarte— como a la izquierda —Ángel de la Fuente— y, sin embargo, ningún grupo político se atreve a cuestionar su existencia. El PP rechaza la financiación catalana pero, que sepamos, entre sus planes no figura reformar la Constitución en el sentido de suprimir la «excepción» vasca y navarra. El PSOE, por su parte, niega a Cataluña lo que acepta sin recato para los mencionados territorios.
Lo más grave, sin embargo, es el deslizamiento de Joan Saura hacia la Edad Media en materia fiscal: el Estatuto catalán —según dicho político—es eficiente porque establece «la correspondencia entre esfuerzo fiscal e ingresos: a mayor esfuerzo fiscal, mayores ingresos». En el siglo XVIII, Ensenada proyectó la abolición de varios impuestos —alcabalas, cientos y millones— y su sustitución por un único impuesto sobre la renta , el catastro, de aplicación a todos los ciudadanos sin importar condición y clase, y basado en la capacidad económica de aquéllos. La idea fue arrinconada en un primer momento pero, con el paso de los años, se convirtió en piedra angular de los sistemas fiscales de las sociedades más avanzadas, incluida la española. En las postrimerías del siglo XIX, el Estado intervendría de forma más decidida en la economía, sentando las bases del llamado Estado del Bienestar. A la creación de un sector público económico se añadió la obligación, por parte del Estado, de garantizar la prestación a todos los ciudadanos de una serie de servicios públicos en determinados ámbitos como la sanidad o la educación. Sin embargo, el razonamiento de Joan Saura aplicado a la ciudadanía invertiría el proceso histórico y convertiría la solidaridad en papel mojado pues entonces «a mayor renta, más servicios». Llegamos a este absurdo medieval porque Saura y el resto de nacionalistas parten de una premisa falsa al sustituir el concepto «ciudadano» por el de «territorio»; en realidad, no son los territorios quienes tributan sino los ciudadanos y, por supuesto, nadie puede alegar «mayor esfuerzo» ya que la presión fiscal es la misma para todos. El acceso de aquéllos a iguales servicios en el conjunto del Estado no depende del esfuerzo fiscal de uno u otro "territorio", sino de los mecanismos de solidaridad que se establezcan. Estos mecanismos de ningún modo pueden basarse en la "renta" de una determinada región sino en las necesidades concretas de los ciudadanos: a mayores necesidades, mayores recursos. Lógicamente, la estructura geográfica —en mayor medida que la administrativa o territorial— influye. No es lo mismo, por ejemplo, un plan sanitario para una zona con poca densidad de población que para otra con sus habitantes concentrados en unos pocos núcleos urbanos. En todo caso, poco debe importarnos lo "ricos" que sean sus habitantes aunque algunos pretendan convencernos de todo lo contrario. Desde luego, hay quienes han perdido el rumbo y ya no saben ni dónde está su mano izquierda.
El Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid y el Forum of Federations, con la colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad y el Departamento de Derecho Público del Estado de dicha universidad, han organizado un seminario sobre "La autonomía tributaria de los entes sub-estatales".