Financiación autonómica

La autonomía tributaria de los entes sub-estatalesEl Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid y el Forum of Federations, con la colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad y el Departamento de Derecho Público del Estado de dicha universidad, han organizado un seminario sobre “La autonomía tributaria de los entes sub-estatales”.

 

Fecha: Día 25 de febrero de 2010
Lugar de Celebración: Universidad Carlos III de Madrid, Salón de Grados (Edificio Rectorado). C/Madrid 126, 28903 Getafe, (MADRID)

Inscripción:
Laura Baamon de Gómez
lbaamond@der-pu.uc3m.es
+34 916249714

Programa
Se facilitará traducción simultánea

El pasado día 27 de diciembre, el diario El País publicaba un artículo, Diversidad e igualdad, un falso dilema, en el que su autor —Joan Saura, presidente de Iniciativa per Catalunya Verds— defiendía el proyecto de Estatuto de Cataluña, al que calificaba de equitativo y eficiente en materia económica.

El modelo propuesto en el Estatuto catalán se asemeja al cupo vasco y a la aportación navarra y, curiosamente, ninguno de estos dos sistemas puede calificarse precisamente de «equitativo». Coinciden en ello tanto expertos económicos adscritos a la derecha —Alberto Recarte— como a la izquierda —Ángel de la Fuente— y, sin embargo, ningún grupo político se atreve a cuestionar su existencia. El PP rechaza la financiación catalana pero, que sepamos, entre sus planes no figura reformar la Constitución en el sentido de suprimir la «excepción» vasca y navarra. El PSOE, por su parte, niega a Cataluña lo que acepta sin recato para los mencionados territorios.

Lo más grave, sin embargo, es el deslizamiento de Joan Saura hacia la Edad Media en materia fiscal: el Estatuto catalán —según dicho político—es eficiente porque establece «la correspondencia entre esfuerzo fiscal e ingresos: a mayor esfuerzo fiscal, mayores ingresos». En el siglo XVIII, Ensenada proyectó la abolición de varios impuestos —alcabalas, cientos y millones— y su sustitución por un único impuesto sobre la renta , el catastro, de aplicación a todos los ciudadanos sin importar condición y clase, y basado en la capacidad económica de aquéllos. La idea fue arrinconada en un primer momento pero, con el paso de los años, se convirtió en piedra angular de los sistemas fiscales de las sociedades más avanzadas, incluida la española. En las postrimerías del siglo XIX, el Estado intervendría de forma más decidida en la economía, sentando las bases del llamado Estado del Bienestar. A la creación de un sector público económico se añadió la obligación, por parte del Estado, de garantizar la prestación a todos los ciudadanos de una serie de servicios públicos en determinados ámbitos como la sanidad o la educación. Sin embargo, el razonamiento de Joan Saura aplicado a la ciudadanía invertiría el proceso histórico y convertiría la solidaridad en papel mojado pues entonces «a mayor renta, más servicios». Llegamos a este absurdo medieval porque Saura y el resto de nacionalistas parten de una premisa falsa al sustituir el concepto «ciudadano» por el de «territorio»; en realidad, no son los territorios quienes tributan sino los ciudadanos y, por supuesto, nadie puede alegar «mayor esfuerzo» ya que la presión fiscal es la misma para todos. El acceso de aquéllos a iguales servicios en el conjunto del Estado no depende del esfuerzo fiscal de uno u otro “territorio”, sino de los mecanismos de solidaridad que se establezcan. Estos mecanismos de ningún modo pueden basarse en la “renta” de una determinada región sino en las necesidades concretas de los ciudadanos: a mayores necesidades, mayores recursos. Lógicamente, la estructura geográfica —en mayor medida que la administrativa o territorial— influye. No es lo mismo, por ejemplo, un plan sanitario para una zona con poca densidad de población que para otra con sus habitantes concentrados en unos pocos núcleos urbanos. En todo caso, poco debe importarnos lo “ricos” que sean sus habitantes aunque algunos pretendan convencernos de todo lo contrario. Desde luego, hay quienes han perdido el rumbo y ya no saben ni dónde está su mano izquierda.

CIU propone una financiación autonómica semejante a la vasca, es decir equiparse en privilegios. Maragall habla ya abiertamente de «Estado», los valencianos se arrogan el derecho sobre las aguas sobrantes de las cuencas excedentarias y, finalmente, el presidente del gobierno aragonés Marcelino Iglesias propone incluir en el nuevo estatuto una fórmula jurídica que permita «blindar» el río Ebro y evitar así «amenazas» como la «sufrida» con el derogado Plan Hidrológico Nacional. Anteriormente ya propuso eliminar las cabezas de los moros del escudo de Aragón y hacer cooficial el catalán en Aragón pero lo del blindaje se lleva la palma.

¿Y qué decir del déficit sanitario? Por lo pronto, el acuerdo adoptado es papel mojado en tanto en cuanto no se modifiquen varias normas, desde los Presupuestos Generales del Estado hasta una Ley Orgánica para aumentar la capacidad normativa de las CCAA en materia de impuestos, pasando por un Real Decreto sobre los fondos de cohesión y las normas relativas a las subidas de tributos para el alcohol y el tabaco. Finalmente, me gustaría saber cómo se realizará el reparto ya que, como escribe Soledad Gallego-Díaz, «lo increíble es que en España, o mejor dicho en sus 17 comunidades autónomas, los datos sobre la sanidad y la salud son “propiedad” de los políticos y que los ciudadanos y los expertos se las ven y se las desean para conseguir migajas de información». Lo dicho, volvemos a la Edad Media. Sólo nos falta establecer aranceles intercomunitarias.

Hoy, día 13, el Consejo de Política Fiscal y Financiera probablemente pondrá el punto final al culebrón del déficit sanitario y se aprobará lo propuesto por el gobierno en la Conferencia de Presidentes. Una cumbre, por cierto, con un prolegómeno muy significativo: la bandera de España no figuraba en el cartel anunciador. Un detalle de poca importancia si no fuera porque los cerca de cinco mil millones de euros puestos a disposición por el gobierno para paliar tal déficit saldrá del bolsillo de «todos» los españoles. En resumen, la propuesta es la siguiente: la aportación directa del Estado, vía Presupuestos del Estado, sería de 1.677 millones de euros más otros 1.365 millones de euros por anticipo de tesorería. Por otro lado, el Gobierno autoriza el aumento -justo el doble- de la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en los impuestos sobre la gasolina y la electricidad de forma que aquéllas podrían recaudar hasta 1.838 millones de euros. Y aquí comienza lo divertido:

  1. Si en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se llega a un acuerdo, deberá reunirse de nuevo este Consejo ya que la Conferencia de Presidentes carece de potestad legislativa y, mucho menos, tiene carácter ejecutivo. No es de extrañar, por tanto, que asistiéramos a una pelea de gallos. Eso sí, una vez alcanzado el objetivo prioritario -transmitir a la ciudadanía su «verdad mediática»- aceptarán el dinero porque, les guste o no, a caballo regalado
  2. Una buena parte del remedio saldrá de impuestos indirectos. Esta medida, rechazada ahora por los populares, fue reclamada por éstos en 2001. Los socialistas, por su parte, la rechazaron en 2001 y, sin embargo, ahora la aceptan encantados. ¡El mundo al revés!

Y mientras unos y otros se apedrean, la realidad supera todo lo imaginable: admiten a trámite en la Fiscalía una denuncia contra el Salud por una demora de cinco meses en una colonoscopia (leer artículo). Para este tipo de prueba, vital para detectar posibles tumores en el colon, los datos de demoras expuestos por la Diputación General de Aragón en su página web es de “tan sólo” 24 días.Aragón. Días de demora para la realización de un prueba médica

Información básica:

  • Legislación: aunque han sufrido alguna modificación posterior, las normas básicas son la LEY ORGÁNICA 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la LEY 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Tanto éstas como otras disposiciones relacionadas fueron publicadas en el B.O.E. nº 313 de 31 de diciembre de 2001 (corrección de errores).
  • Sistemas de financiación. Dos sistemas: el régimen foral -País Vasco y Navarra- y el régimen común que se aplica al resto de las CCAA (Canarias tiene un régimen especial por razones históricas y geográficas).
  • Impuestos autonómicos propios: sucesiones, donaciones, sobre el patrimonio, de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, matriculación, electricidad y tasas sobre el juego.
  • Participación de los impuestos estatales: 33% del IRPF, 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales (gasolina, alcohol y tabaco).

Fuentes de discriminación: En primer lugar, los impuestos autonómicos propios por cuanto las CCAA tienen capacidad normativa para modificarlos. En segundo lugar, el régimen foral del País Vasco y Navarra que resulta muy favorable para ambas comunidades. Para Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, la ventaja consiste “en poder sustraerse a una buena parte del flujo redistributivo”. Por su parte, Alberto Recarte, Técnico Comercial y Economista del Estado en excedencia, afirma que “la negociación con Navarra nunca ha tenido problemas, aunque los supuestos utilizados no son muy sólidos. El caso del cupo vasco es considerado por los expertos como una cesión al PNV, en una vano intento de comprar su lealtad constitucional. Su cálculo, imperfecto y fruto de una negociación política, no tiene bases contables sólidas […].” Para Ángel de la Fuente, Doctor en Ciencias Económicas, “la metodología adoptada para el cálculo del cupo vasco y la aportación Navarra ha resultado extraordinariamente favorable a estas regiones, permitiéndoles disfrutar de un volumen de recursos por habitante muy superior al del resto de los gobiernos autonómicos.” (más adelante encontrarán ustedes los análisis completos de estos expertos, los cuales van más allá de la problemática foral). Seguir leyendo …

Si Zapatero confiaba en ganarse a los nacionalistas periféricos mediante el “talante” y el diálogo, los hechos demuestran justo lo contrario. Ibarretxe, 48 horas antes de entrevistarse con José Luis Rodríguez Zapatero, ha mantenido una larga conversación con Otegui -es decir, ETA- pasándose por el arco del triunfo la ley y el Estado de Derecho, tal y como han reconocido los propios socialistas. Una vez más Ibarretxe sacrifica todo -incluidos los cientos de muertos y heridos que ETA ha causado- en aras de una futura “nación vasca”. Y digo futura porque, no lo olvidemos, en el pasado nunca existió tal patria, ni tal nación, ni tal Estado. No me olvido de Cataluña donde sus dirigentes políticos se han empecinado en romper la solidaridad interterritorial con una propuesta de financiación que, como mínimo, aconsejaría aplicarles algún que otro vergajazo. El mismísimo Ibarra, compañero de partido de Maragall, haciendo gala de su sinceridad les ha tildado de cretinos. Para colmo de males a Zapatero no se le ocurre otra cosa que proponer la Conferencia de Presidentes como órgano donde debatir dicha reforma. O bien desconoce las funciones de dicha Conferencia o nos está tomando el pelo. No cabe otra posibilidad. Como ciudadano exijo al Presidente del Gobierno que, de una vez por todas, cierre el proceso autonómico con la aprobación de un único estatuto para todas y cada una de las Comunidades Autonómicas. Sin diferencias, sin clases y sin privilegios. Y exijo también al PP que participe con lealtad y tolerancia en este proyecto pues, no en vano, es el principal partido de la oposición. Si es necesario modificar la Constitución, el Congreso, el Senado o la Ley Electoral…, pues adelante. Nos va mucho en ello. Más de lo que nos imaginamos. Y, si no, al tiempo.