Iglesia Católica

A modo de introducción:

Los problemas derivados de las relaciones Iglesia-Estado no son precisamente recientes. Incluso antes de fundarse las ‘naciones’ en el sentido actual del término, esta controversia ya suscitó agrios debates políticos como el producido, por ejemplo en el siglo XIII entre Felipe IV el Hermoso y Bonifacio VIII. Desde entonces, la supremacía papal y eclesial sobre los asuntos temporales ha ido disminuyendo aunque no por ello ha perdido su influencia, especialmente en las cuestiones morales. En España, la dictadura franquista significó la intromisión del catolicismo en todos los ámbitos (social, educativo, político,…). Con la llegada de la democracia, la Iglesia Católica conservó buena parte de sus privilegios y mantuvo su estatus en la educación. De hecho, hoy en día más de 7.000 centros de enseñanza, incluyendo jardines de infancia, están sus manos y a ellos acuden millón y medio de alumnos. También en el ámbito hospitalario y asistencial la importancia de las distintas órdenes eclesiásticas es muy importante: casi 3.000 centros sociales donde se atienden a más de tres millones de personas al año, destacando especialmente la atención en centros de caridad. En el campo de las ONG,s su presencia es asimismo mayoritaria y así, dos terceras partes de aquéllas se sitúan en la órbita de la Iglesia. Por último, no podemos dejar a un lado los valiosísimos y abundantes bienes inmuebles: parroquias, catedrales, museos, monasterios, hospitales, etc.

Por su parte, el Estado le exime de pagar diversos impuestos y le apoya económicamente a través de los Presupuestos Generales. Esta financiación no se deriva totalmente de las declaraciones a su favor en el IRPF, ya que existe un máximo y un mínimo. Para el año 2005, por ejemplo, la cantidad mínima fijada es de 141.469.680 euros, la cual supera en 35.478.445 euros a la cantidad recaudada en el ejercicio fiscal de 2002 (último del que dispongo las cifras) y, teniendo en cuenta la tendencia —disminución de recaudación a través del IRPF—, es de suponer que tal diferencia entre las cantidades recaudadas (IRPF) y las realmente percibidas por la Iglesia Católica irán aumentando a favor de las últimas.

En relación con los privilegios fiscales, tan sólo la eximente de IVA en las adquisiciones de objetos destinados al culto católico es exclusivo de la Iglesia Católica. El resto es compartido por todas las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado (evangélicos, musulmanes y judíos). Estas confesiones minoritarias y los mormones (declarada de notorio arraigo) recibirán 3.000.000 de euros que sólo podrán invertir en proyectos de carácter cultural, educativo y social.

Nos encontramos, por tanto, con una cooperación Estado-Iglesia que sobrepasa con creces lo manifestado por los ciudadanos en su declaración de la renta. Además, dicha cooperación queda a expensas del partido político que gobierne en cada momento.

Un modelo compensado (para todas las confesiones):

La separación completa Iglesia-Estado, es decir, la financiación exclusiva a través de donaciones (con incentivos fiscales) sería probablemente lo ideal pero aplicarla a todos los ámbitos —cultural, social, asistencial, educativo— conlleva problemas de difícil resolución.

En primer lugar, propongo distinguir los gastos dedicados al culto y a la propia organización eclesial —sueldos de los clérigos y religiosos, bienes inmuebles no protegidos por las leyes relativas al patrimonio histórico-artístico, …— del resto. Para los primeros, aplicaría el modelo alemán: un impuesto religioso que recargue el impuesto sobre la renta y los rendimientos del trabajo personal. El Alemania, este impuesto oscila entre el 8 y el 10 % de la cuota tributaria y se define como ‘impuesto de pertenencia’ ya que cualquier ciudadano puede darse de baja. Eso sí, automáticamente pierde el derecho a recibir las ‘prestaciones’ propias de la confesión religiosa a la que pertenecía. Por poner un ejemplo: un ciudadano que no pagara dicho impuesto a la Iglesia Católica, no podría confesarse, casarse ‘por la Iglesia’ o bautizar a sus hijos. De esta forma se paliaría el llamado efecto ‘free rider’ (consumidor libre de impuestos), que sucede cuando una persona recibe determinados servicios aún cuando no haya puesto la cruz en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica.

Para los centros de asistencia —hospitales, ambulatorios, centro de caridad, orfanatos, guarderías, etc.— me decanto por un sistema financiero de cooperación cuyo objetivo principal sería la integración de dichos centros en la red asistencial nacional y con un régimen financiero idéntico a sus homólogos ‘laicos’. Por supuesto, los aspectos relacionados con el culto dentro de estas instituciones quedarían al margen.

En cuanto a los conjuntos artístico-monumentales, apuesto por una titularidad estatal con concesiones administrativas a la correspondientes confesiones religiosas.  El objetivo es triple: la conservación del patrimonio histórico, permitir el uso para las ceremonias propias de la confesión religiosa usufructuaria y asegurar el derecho de los ciudadanos a conocer y visitar dicho patrimonio.

Por último, los centros de enseñanza. Las confesiones religiosas decidirían si se incorporan al sistema público o se convierten en privados. De éstos, salvo su exigible y obvia homologación de las titulaciones impartidas en ellos, nada más diremos. Los primeros —conocidos como concertados—, se integrarían en el sistema educativo público en igualdad de condiciones, incluidas retribuciones de los profesores, zonas de influencia, admisión de alumnos, etc. Las actividades propias de cada confesión —la clase de religión, por ejemplo— se realizarían fuera del horario escolar y tendrían carácter voluntario tanto en los públicos como en los concertados.

No se agotan aquí todas las posibilidades y, por ejemplo, no hemos hablado de los beneficios derivados del uso o usufructo de los hospitales, colegios o catedrales. La cuestión, como ven, daría para mucho más, pero la brevedad obliga. En todo caso las características principales serían las siguientes: financiación a cargo de los acólitos de cada confesión en materias relacionadas con el culto y la estructura organizativa, y cooperación en los ámbitos educativo, asistencial y social.

Leyendo la nota de Conferencia Episcopal Española sobre la objeción de conciencia a la celebración de matrimonios homosexuales, no puedo sino recordar la concepción transmitida por los Padres de la Iglesia a la Edad Media. La posición desarrollada por los pensadores cristianos en la época patrística, la cual recibió autorizada exposición a fines del siglo V en boca del papa Gelasio I, colocaba al cristiano bajo un derecho y un gobierno dobles -el secular y el espiritual- pero al mismo tiempo situaba la obligación cristiana por encima del derecho terrenal y de la ciudadanía del Estado. Hoy, dieciséis siglos más tarde, la Iglesia Católica recupera esta idea al exigir la pureza de culto a una ley terrenal e incitar a la desobediencia civil. Una teoría que, por cierto, ya recibió en el siglo XIV cumplida respuesta por parte de Marsilio de Padua para quien «el legislador o causa eficiente primera y verdadera de la ley es el pueblo o la totalidad de los ciudadanos (civium universitatem) o la parte de más valor (valentiorem partem) de aquél, que manda y decide por elección o voluntad propia en una reunión general de los ciudadanos […]» (Defensor minor, XII, 1). Harían bien los teólogos católicos en releer a Padua porque fue el primero en reducir la religión a la condición de fe privada y en defender que toda acción pública -incluida la religiosa- tenía que estar bajo el control del gobierno secular y no al revés como pretende la Conferencia Episcopal.

FUENTE: Suplemento Babelia (30 de abril de 2005). Texto y enlaces por Josep M. Sarriegui.

Con unos golpes de ratón, quienes quieran conocer de manera directa su pensamiento encontrarán en Internet buena parte de los escritos del nuevo pontífice.

Cuesta creer que la peregrinación de cientos de miles de personas a Roma para despedir a Juan Pablo II se deba exclusivamente a factores mediáticos. Hasta el propio Fidel Castro, dictador en un país que se declaraba oficialmente ateo hasta hace no muchos años -ahora es un Estado laico- le ha rendido honores. Tantas muestras de cariño y respeto sólo pueden nacer de una premisa, a saber, el mensaje de Juan Pablo II no sólo llegó hasta los más recónditos lugares de la Tierra, sino que además cuajó en muchos espíritus. Este mensaje, muy avanzado en cuestiones sociales y muy conservador en las morales, presenta contradicciones si lo analizamos desde un punto de vista laico pero concuerda perfectamente con el mensaje secular de la Iglesia. Juan Pablo II eligió dos caminos, contrapuestos uno al otro, y por ambos anduvo hasta su muerte. Ariel Dorfman refleja esta contradicción: Y ahí estaban yuxtapuestos, en aquellos mínimos cinco minutos, los dos lados de un único Papa, la paradoja central de su existencia.

La salud del Papa se agrava a cada hora que transcurre y, al parecer, se aproxima a su hora final. Lo reconozco: no he leído ni una sola de sus encíclicas ni he seguido la línea argumental de su papado. No puedo, por lo tanto, juzgar su mensaje evangélico pero debo reconocer que ningún otro Papa como Juan Pablo ha sido tan popular y, a la vez, tan influyente como él. No obstante, el balance de su pontificado ofrece versiones contrapuestas. Para el teólogo Hans Küng «este Papa no es el más grande, pero sí el más contradictorio del siglo XX»; para Peter Seewald, por contra, «Juan Pablo II ha sido la piedra del siglo XX». Otros subrayan su protagonismo en la caída del Muro de Berlín y en la instauración de las democracias en Europa del Este. En fin, que no dejó indiferente a casi nadie: 25º aniversario del papado de Juan Pablo II.