Intimidad

Hace unos años recogí de La Vanguardia un artículo en el que aparecía el nombre y apellidos de un abogado que, al parecer, estaba metido en asuntos turbios. De hecho, había sido condenado en primera instancia —no recuerdo el motivo exacto— aunque la sentencia no era firme por aquél entonces. Al cabo de cierto tiempo recibí una llamada de un familiar cercano de dicho abogado y me pidió que borrara el artículo. Según me informó, y yo mismo pude constatar, el artículo de marras alojado en mi sitio aparecía en primer lugar al teclear los apellidos del susodicho en Google.

Mi primera reacción fue la de rechazar su propuesta. Yo no era el autor del artículo y éste había sido publicado en La Vanguardia, y entendía que debía dirigir su reclamación a dicho periódico. Si aquí accedían, no tendría ningún reparo en hacer lo mismo. Días más tarde, otro familiar, más cercano que el primero, volvió a pedirme lo mismo, es decir, que borrara el artículo. Le prometí meditar sobre ello y al cabo de poco decidí sustituir el nombre y apellidos por las iniciales.

Las razones fueron:

  • El abogado no era un personaje público y su pecado tampoco fue noticia de primera plana.
  • No se alteraba en modo alguno el fondo del artículo.

Por supuesto, nunca se me pasó por la cabeza pedirle que se dirigiera a Google o a otros buscadores pues éstos no son sino los mensajeros.

¿Por qué les cuento esta historia? Porque hoy he leído en El Mundo una noticia relacionada con el “derecho al olvido” y el “derecho a enlazar”. La historia es la siguiente: una mujer presenta ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación contra Google Spain, S.L. por no haber sido debidamente atendida su derecho de cancelación. El “delito” de Google no fue otro que el de indexar dos Diarios Oficiales de la Generalitat de Valencia donde aparecían datos personales de la reclamante.

¿Imaginan ustedes la resolución? Pues sí, la peor de las imaginables, es decir, condenar el mero hecho de indexar y enlazar. Aquí tienen la resolución. Lo peligroso es el precedente: hoy se prohíbe enlazar a documentos oficiales que contengan datos personales, mañana….

Eso sí, ustedes no dejen de votar en las próximas elecciones. Tal vez consigan que cambie el collar pero el perro seguirá siendo el mismo. Lean, por ejemplo, la postura del PP respecto a la Ley Sinde.

Actualización, 19/01/11: vista en la Audiencia Nacional. El Estado, a través de su abogado, alega que el buscador tiene responsabilidad. La censura a un paso de volver a ser un hecho en España.

Hace muy pocos días el Congreso aprobó la Ley de Conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones. Durante su tramitación no hubo sorpresas hasta que el proyecto entró en el Senado donde el PSOE, con el inestimable apoyo del PP, introdujo una enmienda destinada a modificar el artículo más importante —el relativo al secreto de las comunicaciones (art. 33)— de la Ley General de Telecomunicaciones. Se trata de una táctica parlamentaria legal pero “tramposa” por cuanto rehúye el debate y dificulta su conocimiento por parte de la sociedad. Además, las modificaciones introducidas limitan las garantías de los ciudadanos y podrían dar lugar a considerables abusos por parte de la Administración. No olvidemos que estamos hablando de uno de los derechos fundamentales más importantes, el derecho a la intimidad. Las modificaciones introducidas ni siquiera han pasado por el Consejo de Estado y el gobierno no ha presentado ni un solo informe previo. El atropello queda reflejado en la disposición final primera de la nueva ley por la que se modifica el mencionado artículo 33:

  • Hasta ahora, los operadores estaban obligados a realizar las interceptaciones que se autorizaban de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en otras Leyes Orgánicas. Con la nueva redacción del apartado 5, «los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, […] y sin perjuicio de otros datos que puedan ser establecidos mediante real decreto…». En cristiano: los datos exigibles a los operadores podrán ser modificados por un simple real decreto y no solo por lo que indique esta nueva ley.
  • Pero aún hay más porque la reforma del apartado 8 del artículo 33 exige a los sujetos obligados a suministrar a los agentes facultados los datos de carácter personal con carácter previo, incluso, a la ejecución de la orden de interceptación legal. Mal utilizado, puede llevar a investigaciones predelictuales que chocarían frontalmente con el derecho a la intimidad.

Dejando a un lado la disposición adicional primera y su “tramposa” introducción, nos queda aún el artículo 7 de la ley propiamente dicha.

  • En el texto aprobado en el Congreso y enviado al Senado, dicho artículo rezaba así: “Los operadores estarán obligados a ceder al agente facultado, previa resolución judicial, los datos conservados a los que se refiere el artículo 3 de esta Ley». Pues bien, tras su paso por el Senado, ha quedado de la siguiente forma: «Los operadores estarán obligados a ceder al agente facultado los datos conservados a los que se refiere el artículo 3 de esta Ley concernientes a comunicaciones que identifiquen a personas, sin perjuicio de la resolución judicial prevista en el apartado siguiente». Curiosamente, casi todos los Grupos Políticos manifestaron su alegría por tal cambio.
  • Sólo Izquierda Unida, por boca de la diputada Navarro Castillo, puso en duda la validez de la fórmula finalmente aprobada: «a pesar de que comprendemos el objetivo de la enmienda que se introduce en el Senado, en el sentido de diferenciar cuándo es necesaria la resolución judicial previa para que los operadores pongan a disposición del agente facultado los datos conservados y cuándo es suficiente la habilitación que regula la Ley Orgánica de Protección de Datos, consideramos que la redacción puede generar dudas. Con la redacción actual puede interpretarse como un recorte de garantías y sobre todo parece inconexa con la redacción del segundo apartado al que hace relación. Es decir, a nuestro juicio la redacción que se propone por parte del Senado no cumple con los objetivos necesarios esclarecedores o delimitadores con respecto a la autorización judicial y puede suponer, por tanto, un recorte de garantías. Por lo demás, quiero recordar que la directiva europea que se traspone ya fue objeto de un debate con cierta polémica en el ámbito europeo, y esta polémica se mantiene si miramos el texto que finalmente se aprueba».

Comparto el punto de vista de Izquierda Unida y creo que la redacción final es confusa, y puede conducir a prácticas que ya creíamos desterradas como las investigaciones generalizadas y predelictuales.