Justicia (Continuación)

El antecedente más importante de la «división de poderes» lo encontramos en Platón. Se trata del principio de la forma “mixta” de gobierno, «destinada a conseguir la armonía mediante un equilibrio de fuerzas o una combinación de diversos principios de diferente tendencia, de tal modo que esas diversas tendencias se contrapesen recíprocamente» [1]. Posteriormente, otros autores como Marsilio de Papua, Maquiavelo, Bodino y Locke trataron esta cuestión, y finalmente Montsequieu le dio su forma definitiva. Atribuyó la libertad que disfrutaba Inglaterra a la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y a la existencia de frenos y contrapesos entre esos poderes, estableciendo así un dogma liberal que ha perdurado con ciertos matices hasta nuestros días. Como contrapartida, los jueces dejaron de intervenir en la función legislativa y en la acción del Ejecutivo, y el poder judicial quedó reducido a la jurisdicción. En la Constitución española ambos aspectos se recogen en el artículo 117 al proclamar la independencia de los Jueces y Magistrados por un lado, y limitar sus funciones, por otro. Seguir leyendo ...

No satisfecho con acaparar -gracias al grupo PRISA- el espacio mediático, el PSOE asaltó la trinchera de los jueces con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, al margen de sus contenidos, siguió en el Parlamento un trámite accidentado y chapucero. Como mínimo, podemos asegurar que tanta prisa resulta mas que sospechosa. Ahora le toca el turno al Real Instituto Elcano: el cambio previsto por el Ministerio de Asuntos Exteriores en la cúpula conduce inevitablemente a la ideologización de este Instituto, lo cual sería una autentica vergüenza. Pero ya se sabe: el que manda no admite opiniones independientes y veraces; y las del RIE lo son.

Más chapuzas: el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Vaya por delante que no me cabe la menor duda sobre la necesidad de esta regularización y de sus efectos beneficiosos tanto para la sociedad en general, como para los inmigrantes sin papeles en concreto. No obstante, su desarrollo práctico se ha convertido en una carrera de despropósitos. Primero fue el modelo de impreso por el cual los ayuntamientos daban fe del empadronamiento de los inmigrantes; después el ejecutivo se negó a facilitar datos sobre el número de inmigrantes regularizados; y, finalmente, Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, anunció la posibilidad de un empadronamiento retroactivo si los inmigrantes presentaban "documentos alternativos" pero  dejando al libre albedrío de los ayuntamientos la cuestión. Tras las críticas recibidas desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Caldera ha rectificado -una más- y hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene previsto publicar una lista de documentos común a todos los municipios a fin de evitar agravios comparativos entre estos a la hora de inscribir a los extranjeros. Más vale tarde que nunca pero, a la vista de esta y otras actuaciones del ejecutivo socialista, me pregunto si son suficientes las buenas intenciones y el «talante» para gobernar un país.

Según publica EL MUNDO, «en la última reunión de la Comisión de Justicia del Congreso se aprobó, con los votos favorables de todos los partidos excepto del PSOE, una propuesta de la diputada del PNV Margarita Uria en la que se prevé que el Código Civil obligue a los hombres y mujeres a compartir las tareas domésticas». Yo además propongo que dichas tareas se cuantifiquen: diez puntos por fregar, quince puntos por cocinar, otros tantos por planchar,... De esta forma los jueces podrán condenar de forma objetiva al cónyuge que se escaquee. Y ya puestos en faena, podrían también regular quien hace los deberes con los niños, las horas en las que podemos ver la televisión o leer, cuando debemos acostarnos, etc. Todo ello me lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿cómo pueden ser tan cretinos?

Como declaración de intenciones, la cooperación de los cónyuges en las tareas domésticas es muy loable pero su inclusión en el Código Civil como obligación representa una ilegítima intromisión en los asuntos privados de los ciudadanos. Dentro de dos semanas el Pleno del Congreso debatirá este asunto: ya veremos en qué queda porque el único grupo que se ha opuesto -el PSOE- ha anunciado, por medio de Julio Villarrubia, que «lo estudiará para ver qué actitud adopta cuando llegue la hora de votarlo en el Pleno.»

Leer Noticia de referencia.

Sacco y Vanzetti: la historia de una injusticia. Hace muchos años pude contemplar en un cine de ¿ensayo? la versión cinematográfica de este suceso y quedé impresionado por lo que allí se narraba: un proceso judicial contra dos personas cuyo único delito fue el de ser inmigrantes italianos. En 1977 - cincuenta años después de su ejecución - fueron, por fin, rehabilitados al ser reconocido el error por el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis.