Libertad de expresión

Fuente: J.R. Mora
Fuente: J.R. Mora

Desde el Gobierno se insiste en que será la Justicia quien determine si finalmente se cierra un sitio en Internet. Pues bien, eso es rotundamente falso. Patadas al Estado de Derecho:

  1. Primera patada: la Comisión será juez y parte. Las discográficas, distribuidoras de cine etc, a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, estarán sentadas en dicha Comisión. Eso significa que juzgarán los mismos que denuncian.
  2. Segunda patada: alega el Gobierno que hay garantías porque se podrá recurrir. Falso: la jurisdicción Contencioso – Administrativa solo valorará si se han vulnerado los derechos fundamentales. En ningún caso entrará a considerar si el cierre es pertinente. O dicho de otro modo: el juez no cerrará sitios en Internet y tampoco el cierre en sí mismo podrá ser recurrido ante la Justicia.
    Corrijo: el cierre administrativo podrá ser recurrido ante los tribunales pero DESPUÉS de que ya haya sido clausurado el sitio. En todo caso, no hay alteración de lo fundamental: no serán los jueces sino una comisión la que ordene el cierre.
  3. Tercera patada: estamos ante un cierre administrativo de una actividad que, a diferencia de una farmacia, no necesita licencia para operar.
  4. Apéndice: según el Gobierno solo se cerrarán sitios con ánimo de lucro. Falso: la ley establece que se cerrarán sitios con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Un sitio SIN ÁNIMO DE LUCRO que enlace a contenidos audiovisuales podrá ser cerrada sin ningún problema. Recuerdo que esta actividad, la de enlazar, no ha sido considerada ilegal por la Justicia.

En resumen: como al Ministerio de Cultura y a la industria audiovisual no le gustan las sentencias de la Justicia —todas ellas en su contra—, se inventan una Comisión para poder cerrar sitios en Internet. Pura y dura censura.

Actualización, 21/12/10 (22:25 h): 18 a favor, 20 en contra y 1 abstención. Las Ley Sinde rechazada.

Mañana, salvo milagro de última hora, la llamada “Ley Sinde” se aprobará sin tan apenas debate y con la consideración de “ley menor”. Por si alguien todavía no es consciente de que la censura ha llegado a este país, puede leer lo escrito en febrero de este año al respecto. De todas formas, he encontrado una explicación menos árida, más completa e incluso con cierto sentido del humor: Sinde de qué vas.

Para más inri, ni siquiera sabemos el contenido exacto de la ley ya que al parecer se está negociando una supuesta enmienda transaccional. Mañana más.

Actualización, 21/12/10 (20:36): todo parece indicar que la Ley no va a contar con los apoyos suficientes para ser aprobada. De todas formas, queda aún el paso por el Senado, que no se producirá hasta enero, y el PSOE tendrá tiempo suficiente para negociar con CiU o el PP.

Propiedad intelectual y censura (II)

Fuente imagen: J.R. Mora.

El maremoto económico desatado por las últimas cifras de desempleo y déficit público ha desplazado de las primeras páginas a la feliz idea del gobierno sobre el cierre o bloqueo de sitios en Internet, pero no por ello debemos bajar la guardia. El mero hecho de que la propuesta se enmarque en un proyecto económico es motivo de sospecha porque nos da pistas acerca de las intenciones del Gobierno quien, al parecer, solo atiende a los aspectos económicos de la cultura reduciendo ésta a un mero negocio.

Hoy me limitaré a exponer ciertas cuestiones previas de necesario conocimiento:

1) La censura se practica sin disimulo alguno en la Administración Pública. La felonía más reciente que se conoce es el caso del blog personal del juez y profesor José Ramón Chaves García. Lo narra con un toque de humor el abogado Javier Muñoz en su blog.

2) Se cierran o bloquean sitios por parte de la Administración Pública sin intervención de los jueces. Se acogen, para ello, al artículo 8º de la LSSI. La prueba de ello la tenemos en las declaraciones de González-Sinde: Sanidad bloquea páginas web y nadie se rasga las vestiduras. Dicha ley fue aprobada por el Gobierno de Aznar y resulta esclarecedor leer las objeciones que por entonces hicieron los socialistas, más si tenemos en cuenta que la propuesta actual pasa por modificar el mencionado artículo. En concreto, se introduce una nueva letra e) en el art. 8.1.de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información con el siguiente tenor: e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Señalo a continuación el argumento más importante con el que Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz en aquella época de Ciencia y Tecnología, se opuso a la iniciativa del Gobierno al respecto del artículo 8: «¿Que en una página de Internet aparecen informaciones que atentan a la dignidad de las personas? Que actúen la policía y los jueces, y se cierre la página. ¿Que algún desaprensivo, algún delincuente o algún miserable comercia en la red con prostitución infantil? Que actúen los jueces, y manden a los responsables a la cárcel. Pero todo eso, señora ministra, tiene que hacerse respetando la Constitución y las leyes.» (Debate de totalidad de iniciativas legislativas: Proyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Sesión plenaria núm. 146 celebrada el jueves, 11 de abril de 2002. A partir de la página 28).

El corolario es obvio: ¿Que alguna persona atenta contra los derechos de propiedad intelectual? Que actúen los jueces, y manden a los responsables a la cárcel o les impongan la sanción económica oportuna.

3) Unanimidad en la Justicia (Código Penal): solo se condena cando existe ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, tal y como se establece en el artículo 270 del Código Penal. Sin embargo, el concepto de ánimo de lucro podría variar. Si bien en relación a los delitos contra la propiedad hay doctrina legal del Tribunal Supremo, no ocurre lo mismo en el caso que nos ocupa lo que puede provocar distintas interpretaciones según el juzgado donde se vea la causa. De momento, el ahorro que obtiene un sujeto al “bajar” una canción o una película no se considera como tal y la norma, apoyada por la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, es la de aplicar tal concepto cuando se trate de lucro a “escala comercial”.

Segundo motivo para sospechar de las intenciones del Gobierno. Según la ministra González-Sinde, hablaríamos tan solo “de una página que se lucra y perjudica a alguien”. Si la Justicia ya condena este tipo de comportamientos, ¿por qué cambiar los juzgados por una comisión administrativa?

Tercer motivo de sospecha: en 2007, los socialistas ya intentaron perpetrar un “robo a mano armada” cuando propusieron que las Entidades de Gestión de Derechos de Autor pudieran exigir a los proveedores de Intenet el cierre de páginas; todo ello sin pasar por el juzgado y bastando tan solo el criterio de tales entidades. Por fortuna, la propuesta decayó y nunca llegó a las Cortes.

4) ¿Son legales las descargas? La respuesta en NO. Como hemos visto, tal conducta no es punible desde el punto de vista penal pero sí desde el civil (mercantil). Los usuarios tenemos derecho a la copia privada pero de ninguno modo podemos “comunicar publicamente“, pues se trata de un derecho reservado al autor de la obra.

5) A la caza de la páginas que ofrecen enlaces a contenidos supuestamente protegidos o que generen ingresos por publicidad aunque éstos sean mínimos: «La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.

6) Como en tiempos de Franco: la censura fue moneda corriente durante la dictadura, pero… ¿sabían ustedes que las sanciones, una vez agotada la vía administrativa, se recurrían ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa? Artículo 71  de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e imprenta. Desde luego, el Gobierno no podía beber de peores fuentes.

Controlar los medios de comunicación ha sido siempre una tentación política. Regímenes represivos sin libertad de prensa llegan a extremos increíbles para silenciar a los periodistas. Los nuevos medios son más difíciles de controlar que los tradicionales, pero también lo es la calidad de lo que publican [Seguir leyendo en el Correo de la UNESCO].

Indulgencia: dícese de la facilidad con la que determinados medios de comunicación disimulan los pecados del ínclito Polanco y de sus protegidos. A las pruebas me remito: el 5 de febrero del presente año, José Blanco (PSOE) anunció un boicot contra Telemeadrid en virtud del cual, los socialistas ya no participarían en los programas de dicha televisión autonómica. Una semana más tarde los socialistas baleares adoptaban la misma medida en relación con la televisión autonómica IB3. Al margen de las razones esgrimidas por ambas federaciones socialistas, nadie podrá negar la evidencia ya que dicho boicot fue anunciado en sendas ruedas de prensa. Por si alguien tuviera dudas acerca del alcance de la extorsión, Polanco lo dejó muy claro durante la Junta General de Accionistas (22/03/07): a la pregunta de un accionista sobre la participación del periodista Herman Tertsch en Telemadrid, respondió que tal “contradicción” ya estaba resuelta. ¡Y de qué modo! Todo apunta a la pronta salida de El País de dicho profesional.

Pero la junta aún dio más de sí cuando Polanco arremetió contra el Partido Popular y le acusó de desear una guerra civil. Al día siguiente el Partido Popular reaccionó anunciando que dejaría “de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas del Grupo Prisa y demás empresas controladas por Jesús Polanco” [Leer comunicado íntegro]. Nos encontramos, por tanto, ante un boicot de la misma naturaleza que el protagonizado por los socialistas madrileños y baleares. No les pareció así a los responsables de El País que se despacharon con un duro editorial contra el PP. Mientras la respuesta de éste era considerada como un chantaje, los boicots de las dos federaciones socialistas no fueron objeto de crítica alguna por parte de tan “objetivo” medio de comunicación. Si la primera supone un ataque a la libertad de expresión, también la segunda por mucho que la disfracen alegando que se trata de una medida contra una televisión pública que “el PP utiliza en beneficio propio”. Por supuesto, los graves insultos con los que Polanco obsequió al Partido Popular tampoco fueron merecedores de un juicio negativo por parte de El País.

No obstante, el inicial planteamiento del PP ha derivado hacia turbias aguas. El anuncio de la retirada de publicidad institucional o la negativa de responsables públicos a responder las preguntas formuladas por periodistas del grupo PRISA supera con creces lo admisible. Por graves que consideremos los exabruptos de Polanco —y lo son—, jugar con el dinero público y con la responsabilidad hacia los ciudadanos de los servidores públicos a cuenta de una disputa entre un partido político y un grupo de comunicación, es un error muy grave. En cualquier caso, la imparcialidad del grupo PRISA queda de nuevo entredicha a la vista de la diatriba de su “jefe”.

El quinto informe sobre la libertad de expresión en el mundo, confeccionado por Reporteros Sin Fronteras, presenta alguna que otra sorpresa. Francia, por ejemplo, pierde cinco puestos respecto al año pasado y acumula un descenso de veinticuatro en cinco años. O Japón, cuyo «restrictivo sistema de los clubes de prensa (kisha clubs) y el crecimiento del nacionalismo» le hacen retroceder catorce posiciones.

Por otra parte, la “guerra de civilizaciones” se ha cobrado su primera víctima, Dinamarca, que ha perdido el primer puesto, pasando al decimonoveno «a causa de las amenazas pronunciadas contra algunos de los autores de las caricaturas del profeta Mahoma, en el otoño de 2005. Por primera vez en los últimos años, en ese país, muy respetuoso de las libertades fundamentales, algunos periodistas han tenido que llevar protección policial, por culpa de las amenazas debidas a su trabajo».

Más predecible era la pérdida de nueve puestos por Estados Unidos (53) debido a las restricciones de la libertad a causa de las medidas tomadas contra el terrorismo. España, por su parte, pierde un puesto debido a «la aprobación por el gobierno catalán de una apremiante ley del audiovisual». Finlandia, Irlanda, Islandia y Países Bajos encabezan una clasificación cuyos puestos finales lo ocupan Cuba, Eritrea, Turkemistán y Corea del Norte [Ir al informe].

Chat rooms monitored. Blogs deleted. Websites blocked. Search engines restricted. People imprisoned for simply posting and sharing information (Conversaciones vigiladas, web bloqueadas, motores de búsqueda restringidos, personas arrestadas por el mero hecho de escribir y compartir información)… Amnistía Internacional lanza una campaña desde irrepressible.info para denunciar la censura en Internet.

Enlaces relacionados:

Por Wifredo Espina. Periodista y ex director del Centre d’Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya.

Además de triste y lamentable, es escandaloso. Se pretende imponer un referéndum dirigido, a fin de que gane el “sí” al polémico Estatut de Cataluña. Y nada menos que desde un organismo creado, principalmente, para velar por la libertad y pluralismo de los medios de comunicación. Un organismo que, pese a contar con miembros de gran solvencia personal y académica, ahora parece convertirse –consciente o inconscientemente, erróneamente o por consigna- , en comisario político contra la libertad de expresión. Seguir leyendo …

Colaboraciones: Wifredo Espina. Periodista, ex director del Centre d’Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, y ex subdirectoir y comentarista político de El Correo Catalán.

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Contra la libertad de expresión, otra vez

Con el alarmado, y alarmante, título de “La amenaza del CAC contra la libertad convertida en una inadmisible realidad”, el excelente y prestigioso periodista Ramón Pedrós (hombre de confianza que fué de Jordi Pujol) viene a darme, en buena parte, la razón a la alerta que hice, desde varias publicaciones catalanas y españolas, sobre los peligros para los medios de comunicación del espíritu del Gobierno tripartito catalán, ahora corroborados por la Ley del Audiovisual al amparo ya de lo previsto en el futuro Estatut.

Denuncié el intervencionismo en los contenidos de los medios que, en nombre de la veracidad, establecía el proyecto de Estatut. A raíz de las reacciones levantadas, se suavizó el texto. Pero, como se ha repetido tantas veces, sin que acabe de hacerse llegar a los ciudadanos, el intervencionismo en todos los campos de la vida cívica inspira todo el Estatut. No, no es un Estatut de todos los catalanes, es un Estatut partidista. Lo ha aclarado bien Zapatero en su inicio de campaña para el referéndum en Cataluña, al advertir a ERC que es un Estatut de izquierdas, por lo que ese partido no podía votar “no”. Seguir leyendo …

Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

Pronto se cumplirán los dos años desde que IU presentó esta proposición y al parecer nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Y no me extraña. Veamos:
¿Quién será periodista? Todo aquél que disponga del correspondiente carné expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos, conforme a un modelo único, que será regulado por Ley (Artículo 2).

¿Consejo? ¿Qué Consejo? ¿Quién formará parte de él? Pues periodistas, juristas y representantes de las asociaciones empresariales, Centrales Sindicales y asociaciones de consumidores; serán elegidos por el Congreso y el Senado. Y ahora, sin necesidad de eufemismo alguno, viene lo mejor: este Consejo, según reza el artículo 25, rendirá «cuentas de su actuación al poder legislativo» (sic). O dicho de otra forma: «en lugar de vigilar los periodistas los posibles abusos del poder, sería el poder el que vigilaría los posibles abusos de los periodistas». No lo digo yo, aunque coincido, sino Fernando Castelló, presidente de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, en su artículo Contra la libertad de Prensa. Al difunto Haro Tecglen tampoco le gustaba; en su último artículo —El otro estatuto— trataba precisamente esta cuestión: Seguir leyendo …