LOE

Tras la manifestación en contra de la LOE, el PSOE negoció con diversos grupos políticos y sociales diversas modificaciones que se han plasmado en una centena de enmiendas transaccionales al texto original. Aunque éstas no se publican, el Dictamen de la Comisión permite comprobar los cambios al constar éstos en negrita. Los más importantes son:

  • Se refuerza el concepto de “servicio público”: «El servicio público de la educación considera a ésta como un servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales. El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza».
  • Se modifica el apartado 3 del artículo 6: «Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquéllas que no la tengan».
  • Se mantiene el área de «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos» cuyos contenidos —tal y como se establece en el preámbulo— no pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa.
  • Promoción y evaluación en Secundaria:
    El alumno repetirá curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias aunque, excepcionalmente, podrá promocionar cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
    Recuperación de las materias con evaluación negativa: las Administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias en las condiciones que determinen.
  • El Capítulo III (Escolarización en centros públicos y privados) recibe numerosas correcciones pero la libertad de elección de centro seguirá siendo una quimera ya que se mantienen las zonas de influencia. Insiste además en la redistribución como fórmula para solucionar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
  • Garantías de gratuidad (artículo 88): Se mantiene que los centros públicos o privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito…, pero se añade un nuevo apartado por el que las Administraciones educativas quedan obligadas a dotar a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.
  • Se añade un nuevo Título, el VIII, sobre los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley.
  • Enseñanza religiosa: «La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos». La enseñanza de otras religiones queda supeditado a los Acuerdos de Cooperación que el Estado español firme con cada una de ellas.
  • Una nueva disposición (segunda bis) impedirá a la Iglesia Católica su actual discrecionalidad en relación a los contratos de los profesores de religión.

Por último, señalar la grave irresponsabilidad de quienes pretenden aprobar una nueva Ley Orgánica de Educación sin un período de reflexión y estudio. Al margen de sus cualidades y defectos, no tiene sentido una tramitación tan rápida —han bastado tres meses— para una ley de tanta importancia.

No se han presentado mil quinientas enmiendas pero ha faltado poco: mil trescientas sesenta y cinco. Hoy nos detendremos en el artículo 6 (currículo) del capítulo III, en concreto en su apartado tercero (*): «Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan.» Es decir, los contenidos básicos establecidos por el Estado podrían ir desde el 0% al 55(65)% y esto significa, que en la práctica, la desaparición de las directrices nacionales en los planes de estudio podría ser una realidad dentro de pocos años. Se han presentado once enmiendas al artículo 6, de las cuales cinco de ellas hacen referencia a este apartado concreto [Leer enmiendas].

En todo caso, un repaso a la historia —tan amiga últimamente de los nacionalistas— nos puede dar pistas sobre el futuro. Durante la II República, los esfuerzos por reformar la educación por parte de la izquierda fueron, sin duda, muy importantes. Tanto como el rechazo de la derecha. Pero los republicanos no sólo tuvieron que luchar contra la derecha monárquica y católica, sino también contra los enemigos del Estado unitario. En Cataluña, por ejemplo, sus dirigentes —ante la falta de regulación nacional de la enseñanza primaria— sustituyeron el estudio de la historia de España por el de Cataluña en las escuelas administradas por la Generalitat. Así, los libros de texto no hacían referencia a España; cuando debían mencionar al resto de la península, utilizaban eufemismos tales como «otras tierras», «pueblos hispánicos» o «Hispania». Pueden imaginarse el resto: una Historia «natural» —manipulada— al servicio de la etnia catalana que, según el eminente arqueólogo Pere Bosch Gimpera, podía identificarse desde tiempos prehistóricos. Una manipulación, por cierto, que en la dictadura de Franco se invertiría al quedar la política cultural y educativa en manos de una sucesión de grupos católicos. Si finalmente se aprueba el artículo 6 con su actual redacción, el debate territorial creará las mismas tensiones internas que tanto daño hicieron a la II República. Téngase en cuenta que, como entonces, también los colegios religiosos quedaran fuera del alcance del Estado y tanto éstos como los regidos por los nacionalismos étnicos se convertirán en estrados desde los que se cuestionará la legitimidad del Estado.

¿Soluciones? Yo les propongo la siguiente: «El Estado fijará el currículo para todo el territorio nacional con el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. Un 10% del horario escolar quedará a disposición de las Comunidades Autónomas que fijarán los contenidos específicos». Si alguien presenta argumentos que justifiquen por qué los contenidos o los objetivos debieran diferenciarse en función del lugar geográfico, cambiaré de opinión.

(*) La técnica legislativa deja bastante que desear y Coalición Canaria pone el dedo en la llaga cuando en la justificación de la enmienda nº 617 aduce, refiriéndose al apartado 3, lo siguiente: «En el apartado 2 del artículo 6 se habla de competencias básicas que, junto con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, forman parte de los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Por tanto, el calificativo «básico» se aplica a las competencias y a los aspectos del currículo. Sin embargo, en el apartado siguiente se ha sustituido la redacción del anteproyecto (aspectos básicos del currículo) por contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, siendo así que tal expresión no guarda relación con el apartado 2, como ha quedado indicado».

Si ya es difícil seguir la tramitación de una ley, aún resulta todavía más complicado analizar una Ley Orgánica como la de educación (592KB) De momento, se han presentado casi mil quinientas enmiendas a un proyecto que consta de 154 artículos, veintidós disposiciones adicionales, trece disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales ¡Casi nada!

No obstante, todo parecerse reducirse a la asignatura de religión, los colegios concertados y la elección de centro. No quiero restar importancia a tales cuestiones pero, personalmente, preferiría titulares e informaciones sobre problemas tales como la situación de los maestros, el fracaso escolar o el compromiso de los padres con la educación.

Sí; he escrito maestro porque, a diferencia del término profesor, su significado se extiende más allá de la mera enseñanza de conocimientos. Dadme el maestro —decía Giner de los Ríos en una de sus más conocidas acotaciones— y os abandono el edificio, las instalaciones, la organización, los programas…, todo lo demás. Pero lejos de mimar tan importante figura, la sociedad la ha desposeído de toda significación, convirtiéndola en un mero funcionario que cumple con su trabajo de forma rutinaria. A su pesar, claro. Porque nadie puede negar que, de su vocación, surge la abnegación de quienes, día a día, intentan «educar» a nuestros hijos. Les exigimos ejercer la autoridad, mantener la disciplina, requerir esfuerzo a los niños y jóvenes educandos,… pero ¿y en el seno de la familia? ¿participamos de esas ideas o las dejamos colgadas a la entrada de casa como si fueran prendas de quita y pon?

Tengo delante de mi el último número de la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, un monográfico, cuyo título lo dice todo: “Bournot Burnout en profesores: recientes investigaciones”. ¿Están quemados? Pues sí y nadie les puede culpar. La investigación, basada en principios de intercambio social, argumenta que el bournot se produce «por una falta de reciprocidad; por un desajuste entre inversiones y resultados. Los profesores quemados se caracterizan por haber dado demasiado durante demasiado tiempo y por recibir demasiado poco a cambio». La solución no es sencilla y ni una u otra ley podrá remediar la situación si no se logra la comunidad entre padres, maestros y poderes públicos. Por desgracia, el camino emprendido dista mucho de ello.