Medios de comunicación

A los medios de comunicación les traicionan sus propios titulares: “El PP arrebata provisionalmente a CiU un escaño gracias al voto exterior”. No ganan u obtienen un escaño sino que se lo quitan a CiU con violencia y fuerza, pues ese es el significado del verbo “arrebatar”. Ya lo dice el refrán: por la boca muere el pez. En El País, claro.

Nota: El Mundo también comete el mismo error (gracias Julián). Sirva de excusa que, desde hace varios días, no puedo entrar al sitio de dicho periódico. Por motivos que desconozco hasta se queda bloqueado el navegador.

Por Wifredo Espina periodista y ex director del Centre d’Investigació de la Comunicació.

El panorama es entristecedor. Cada vez hay mayor confusión entre periodismo y política. Y cuando ocurre algún acontecimiento de carácter político relevante, esto se acentúa. Como ahora, ante las elecciones del domingo.

No sólo periódicos solventes toman descaradamente partido, en favor o en contra, de algo o de alguien, sino también muchos periodistas acreditados. Periódicos y periodistas que normalmente se dedican a su labor de informar, explicar y comentar lo que pasa con la mayor objetividad posible, cambian su diapasón profesional cuando acontece o se acerca algún hecho de especial relevancia política. Y eso, por partidismo, intereses económicos o presiones de poder de todo tipo.

El sentido profesional de empresarios de la comunicación y de periodistas queda aparcado para alinearse ciegamente con alguno de los bandos en liza. Y no solo en la expresión de opiniones razonadas y legítimas, sino incluso en la tergiversación de textos informativos y especialmente titulares, mezclando escandalosamente opinión con información, lo que crea una enorme confusión y desinformación en la opinión pública.

La profesionalidad no está reñida con la posible simpatía por grandes tendencias ideológicas, pero lo está totalmente con la militancia partidista y las hipotecas que esto conlleva. O se ejerce de periodista o de político. Cada uno tiene su propio campo y sus normas específicas. Confundir ambos campos, o, lo que es peor, someter la función periodística a los dictados o intereses partidistas, es envilecerse personalmente, envilecer la profesión y traicionar a la opinión pública.

Y si, encima, el propio partidismo político se lleva a la distorsión de textos y titulares, a malévolos silencios o magnificaciones absurdas de las cosas, el descrédito de empresas de comunicación y de periodistas es total. Y contra esto, no valen hermosos códigos deontológicos, ni defensores del lector de adorno, ni inactivos –cómplices- colegios o asociaciones de editores y de periodistas, contra esto solo valen dos cosas: una conciencia profesional responsable e insobornable de cada cual, y el boicot de los lectores, radioyentes y televidentes.

Todo lo demás, cuando el panorama está tan distorsionado, es pura y simplemente música celestial. Y con música celestial no funciona una democracia y unas elecciones no pueden ser democráticas.

Controlar los medios de comunicación ha sido siempre una tentación política. Regímenes represivos sin libertad de prensa llegan a extremos increíbles para silenciar a los periodistas. Los nuevos medios son más difíciles de controlar que los tradicionales, pero también lo es la calidad de lo que publican [Seguir leyendo en el Correo de la UNESCO].

El diario El País cambió justo hace una semana de diseño, y la primera impresión no pudo ser más favorable. Mejoraba en todos los aspectos: tipografía, multimedia, actualización, inmediatez,… Sin embargo, la mentalidad no se ha movido un ápice; continúan en la era predigital. Los comentarios de los lectores se restringen a noticias muy concretas y, lo que es más grave, siguen sin darse cuenta de la importancia del hiperenlace.

Un ejemplo: la noticia sobre la reaparición de la revista Triunfo en formato digital (consultada a 18:04 hora local). En primer lugar, la noticia data del año pasado y ya fue recogida en su momento por Ramón Buenaventura (anotación de 4 de julio de 2005). En segundo lugar, la redacción es confusa porque no se sabe muy bien si saldrán nuevos números o si el proyecto acaba con la digitalización de los publicados hasta 1982. En tercer lugar, obliga al lector a usar el buscador para encontrar la página de referencia. ¿Tan difícil era incluir un hiperenlace a la Revista Triunfo? Al parecer sí; lo dicho, el mismo perro con distinto collar.

El Proyecto Mekos presenta contenidos secuenciados para el aprendizaje por módulo y ciclo, con el objetivo de conseguir una mayor integración curricular de los medios de comunicación social en Educación Primaria. La aplicación incluye material gráfico y audiovisual de enorme eficacia en la motivación del aprendizaje, adaptado y diferenciado por edad entre los 6 y los 11 años [Vía MEC].

Los Estados totalitarios se caracterizan, en lo que se refiere a los medios de comunicación, por una estructura rígidamente monocéntrica y monocolora controlada por el poder político con el objetivo de propagar una sola voz, la del régimen. En los modernos sistemas democráticos, la independencia y pluralidad del ‘cuarto poder’ se basan principalmente en la introducción de barreras a la intromisión política. Nuestra Constitución, reconociendo la importancia de tales barreras, establece que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.» (Art. 20.5).

Pues bien, los partidos políticos catalanes, dando muestra una vez más de su «talante» democrático, han decidido limitar la tutela judicial —imprescindible para asegurar la libertad de expresión— y otorgar a un órgano administrativo —el Consejo Audiovisual— la capacidad para determinar no sólo qué información es veraz o no, sino la de cerrar temporalmente un medio de comunicación. Si la intimidación a quienes expresaban ideas contrarias al pensamiento «políticamente correcto» ya se aplicaba, esta nueva ley supone una paso más en esa dirección. Es la nueva cara de un totalitarismo que, aplicando una de las máximas del fascismo —«todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado»— pretende fagocitar la sociedad en el Estado. Como recuerda Sartori, «No basta que la libertad de expresión sea tutelada por el sistema jurídico; también es necesario que no haya temor. Allá donde existen intimidaciones y donde desviarse de la ortodoxia dominante nos pone en peligro (si no es que al margen), la libertad de expresión se vuelve anquilosada y, en consecuencia, la misma libertad de pensamiento es deformada». Y continúa: «Con la excepción de pocos héroes solitarios, quien teme decir lo que piensa acaba por no pensar lo que no puede decir».

Pero no acaban aquí las criticas relacionadas con los medios de comunicación. Hoy mismo, nos hemos enterado que un humorista de la cadena COPE le gastó una broma (sic) al nuevo presidente boliviano, Evo Morales, consistente en hacerle creer que hablaba con el presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero. Para empezar, digamos que calificar tal exceso de broma —como hace la COPE— sí es de verdad una broma y, por cierto, de muy mal gusto. El ejercicio del periodismo no sólo comprende derechos y libertades; también deberes y responsabilidades. Aquí hemos defendido el derecho de la COPE a continuar sus emisiones en tanto en cuanto no existiera una orden judicial pero, de la misma forma, exigimos ahora una rectificación pública por su comportamiento tan poco ético, y las correspondientes disculpas a Evo Morales y a Rodríguez Zapatero.
También hoy hemos conocido el acuerdo del pleno del Consejo Audiovisual de Cataluña, en el que se considera que la COPE y sus cadenas asociadas «han incurrido en una vulneración de los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de información y de expresión, lo cual supone, asimismo, un incumplimiento grave del régimen concesional al cual dichas entidades se encuentran sometidas». Volvemos al punto de partida: la tutela judicial. Rechazo de pleno la competencia de este o cualquier otro órgano administrativo para valorar si un medio de comunicación se atiene o no a lo establecido en las leyes en cuanto a la libertad de información o de expresión.

Vaya por delante que no escucho la cadena COPE por motivos que arrancan de los funestos sucesos del 11 de marzo. Desde entonces, tanto aquélla como la SER fueron eliminadas de la lista de cadenas memorizadas en mi transistor. No puedo, por tanto, juzgar si, como manifestó Montilla, incita al odio o si, como los nacionalistas mantienen, ha sobrepasado los límites de la libertad de expresión. Sin embargo, resulta muy extraño que nadie haya puesto hasta el momento denuncia alguna. Mientras tanto, se intenta silenciar una radio mediante una maniobra política disfrazada de procedimiento administrativo. Así lo han denunciado nueve periodistas españoles mediante un comunicado dirigido al Parlamento Europeo. Seguir leyendo …

En el último Consejo de Ministros (viernes, 29 de julio), el gobierno socialista acordó modificar el contrato administrativo de concesión para la explotación del servicio público de la televisión (03/10/89) entre la Administración del Estado y la Sociedad de Televisión Canal Plus, S.A. (hoy SOGECABLE, S.A). Este acuerdo estipula que «la sociedad concesionaria podrá emitir en abierto durante las 24 horas del día en sus emisiones en analógico y en digital». Esta medida permite a PRISA consolidarse como el grupo de comunicación más poderoso e influyente de nuestro país aunque, por otra parte, no podemos olvidar que el camino hacia la concentración mediática ya se afianzó durante el mandato de Aznar. ¿Cacicada? ¿trato de favor? ¿ataque a la libertad de expresión? Se abre el debate y para situarnos he seleccionado, entre otros, varios artículos publicados en EL MUNDO. Cuando los lean, tengan presente que este periódico es parte interesada en el proceso.

Cae una red de violadores de bebés que difundía “brutales” imágenes en Internet: Así encabeza EFE la noticia y la primera reacción la sientes cuando un escalofrío te recorre la columna vertebral ante tanta maldad. La segunda es maldecir a los presuntos violadores y añorar los ‘látigos para desollar’ o las ‘sillas de interrogatorio’. Pasado este momento de ofuscación mental, ya sólo deseas que la policía tenga las pruebas suficientes para que esos elementos pasen una larga temporada en la cárcel (sigo con la ofuscación: si tiran la llave, mejor).

Ya más tranquilo, analizo el titular y me pregunto qué delito considera la agencia EFE más grave, si ‘violar bebés’ o ‘distribuir las imágenes por Internet’. Una pregunta también pertinente para ABC (“Desarticulada una red de violadores de bebés que distribuía las imágenes por Internet“), EL MUNDO (“La Policía desmantela una red de violadores de bebés que distribuía imágenes ‘horripilantes’ en la Red“), EL PERIODICO y LA VANGUARDIA (estos dos últimos utilizan el mismo titular que EFE). En este caso, además, da la impresión que los videos estaban al alcance de todo el mundo cuando, en realidad, se movían por circuitos restringidos y ocultos. El mensaje subliminal, en especial para quienes no conozcan los entresijos de la Red, resulta evidente: delito e Internet van de la mano. Es tan insistente el empeño de ciertos medios de comunicación en criminalizar a los internautas que, a este paso, no sólo necesitaremos un carné como el de identidad para conectarnos sino también un “certificado de buena conducta” para navegar. Al menos, EL PAIS se desmarca en esta ocasión y titula: La policía detiene a cinco personas en España de una red de violadores de bebés. [NOTA: en todos los casos me refiero a las versiones digitales a las que he accedido entre las 18,00 y las 18,30 hora local].

Grabé anoche el programa 59" y hoy lo he visto con tranquilidad. Bueno… lo de tranquilidad es un decir. Ya en otra ocasión critiqué el sectarismo y la mala educación de algunos de los periodistas que habitualmente acuden a este programa. Ahora les toca a los políticos: su demagogia se ha convertido en algo tan habitual que casi no le damos importancia. Demagogia que se ve acompañada, como en el programa de ayer, de la más absoluta ignorancia. Me refiero, por ejemplo, a las menciones que se hicieron a legislaciones en otros países sobre la adopción de parejas homosexuales. Ninguna de ellas se correspondían a la realidad y, para colmo, tampoco la realización del programa consideró oportuno aportar un estudio comparativo. Y no digamos nada de la doble moral del PP: claman por incorporar la "objeción de conciencia" en la ley que regula el matrimonio homosexual y, al mismo tiempo, sancionan a dos diputadas populares por votar en contra de la opinión mayoritaria de su propio grupo. Objeción de conciencia: sí…, pero cuando les interesa.