El PSOE defiende a capa y espada un modelo de Estado que hace agua por los cuatro costados pero se aferran a él porque buena parte de sus posibilidades para continuar en el poder pasan por mantenerlo. Solo así se explica la deriva hacia un sistema confederal con el agravante de que solo algunas CCAA reciben los beneficios de tal sistema.
El asunto no sería tan grave si no fuera porque limita la acción del Estado en cuestiones tan básicas como las políticas sociales. Ha ocurrido, por ejemplo, con la excelente Ley de la Dependencia. Dos años después de su aprobación, 126.000 personas con discapacidad y mayores están pendientes de dictamen o valoración; los convenios con las CCAA —necesarios para su desarrollo efectivo— para el año 1.997 se firmaron el 24 de diciembre y este año aún no se han remitido cuando deberían haber entrado en vigor el 1 de enero; no se ha desarrollado el reglamento de copago; ...
«El fracaso en la aplicación de la Ley de Dependencia está evidenciando que nuestro modelo de Estado autonómico es incapaz de llevar a cabo una actuación política potente desde el Estado de común acuerdo con las comunidades autónomas cuando estas tienen competencias exclusivas en esa materia». No lo digo yo sino el diputado Campuzano i Canadés (CiU). Se puede decir más alto pero no más claro.
Hoy tenemos otro ejemplo en el mismo sentido. Otro de los proyectos estrella de Rodríguez Zapatero, la Unidad Militar de Emergencia, ha sido hundido por el Gobierno vasco y el Tribunal Supremo. Al margen de que se tratara de un capricho personal del presidente del Gobierno, la resolución del TS demuestra que el Estado se encuentra atado de pies y manos para impulsar políticas de alcance nacional.
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Actualización (23/11/08):
Según informa El País, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Gobierno subsanará "con la mayor rapidez posible" el "defecto de forma" que ha llevado al Tribunal Supremo a anular el protocolo de actuación de la Unidad Militar de Emergencia (UME).
Curioso el caso: ahora saltarse la ley por puro capricho del nene es solo un "defecto de forma". No puedo creer que los servicios jurídicos no alertaran sobre la exigencia legal para la aprobación del protocolo de actuación de la UME de los informes de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Consejo de Estado.