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La cámara Baja francesa aprobó hoy la polémica ley contra la piratería que tanto debate ha generado en el país vecino. En virtud de aquélla, un usuario podrá ver como le cortan la conexión a Internet entre dos meses y un año. Es cierto que serán necesarios tres avisos antes de que dicha desconexión se lleve a cabo, pero no serán los jueces quienes impongan la pena sino un órgano administrativo. Todo ello en contra con la dictaminado por la Unión Europea.

Solo cabe lamentar tal medida y esperar a que no cunda el ejemplo. Internet está en el punto de mira de muchos gobiernos desde sus inicios y no cejarán en su empeño hasta que la controlen. La excusa es ahora la “piratería”, después… les servirá cualquiera.

Quien tenga interés en leer el desarrollo de la ley, puede hacerlo aquí (en francés).

A pocos días de comenzar la campaña navideña —se espera un fuerte descenso del consumo—, el Gobierno ha decidido pasar a la acción y presentar batalla a la “piratería” y a las redes P2P. Los pasos en los últimos meses han sido los siguientes:

  • Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cultura, sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
  • Proposición no de Ley relativa a una estrategia para hacer frente a la “piratería” cultural en Internet (162/000229): «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar, en el marco de la Comisión Intersectorial contra la Piratería, una estrategia consensuada y eficaz que permita ordenar la circulación de contenidos en Internet, para hacer frente a la piratería cultural, garantizando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la industrial cultural en este ámbito y asegurando la debida protección de la propiedad intelectual.»
    En China también ordenan la circulación de contenidos en Internet y todos sabemos cuáles son las consecuencias: pura y dura censura. Tras su discusión en el Pleno del pasado día 25 se aprobó una enmienda transacional pero desconocemos su contenido exacto. Estamos a la espera de que se publique en la web del Congreso.
  • Campaña del Ministerio de Cultura: ¿A quién daña la piratería? Se incluyen las 10 supuestas mentiras sobre propiedad intelectual que tanto han dado que hablar en la blogosfera.
    El País las ha recogido añadiendo un antidecálogo basado en las opiniones de las asociaciones de internautas, blogs y otros colectivos ciudadanos relacionados con la Red: Las 10 verdades del P2P que dice Cultura que son mentira.
    Sin embargo, no todos consideran que ese antidecálogo sea del todo correcto y han ofrecido su particular punto de vista: Las 10 aclaraciones de la campaña del Ministerio de Cultura (de obligada lectura).

En Francia, la marejada provocada por el reconocimeinto de las redes P2P ha dado paso a un tormenta con la presentación de un nuevo proyecto sobre Derechos de Autor, que no satisface ni a unos ni a otros, y en el que han desaparecido las enmiendas aprobadas en diciembre pasado por las que se legalizaba el intercambio de ficheros en redes P2P a cambio de una ‘licencia global’ [Vía: El Navegante].

La prensa francesa recoge estos días una muestra de la controversia suscitada con artículos de Renaud Donnedieu de Vabres (Ministro de Cultura), Philippe Bailly y Georges Fenech, y Françoise de Panafieu.

Actualización. Ludovic Blecher nos explica cómo el ministro francés pretende derrotar a las redes P2P: Les radars anti-P2P seront automatiques, pas les amendes. El método en cuestión se basará en un programa informático que buscará en dichas redes las obras “protegidas” y, una vez descubierto el “tráfico ilegal”, la policía acudirá al juez quien determinará si se procede o no contra el internauta. Los jueces franceses deben estar dando saltos de alegría ante tan original idea: juzgar a varios millones de internautas será muy divertido…

Contenido íntegro de la sentencia: METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC. ET AL. v. GROKSTER, LTD., ET AL.

La noticia:

Una lectura rápida de la sentencia me permite tan sólo apuntar una idea: se trata de un intento desesperado de la justicia norteamericana para eliminar las redes P2P y abre una senda muy peligrosa por cuanto pone el acento en la ‘intencionalidad’, un concepto jurídico de difícil aprehensión.