Propiedad intelectual (Continuación)

Mañana, salvo milagro de última hora, la llamada "Ley Sinde" se aprobará sin tan apenas debate y con la consideración de "ley menor". Por si alguien todavía no es consciente de que la censura ha llegado a este país, puede leer lo escrito en febrero de este año al respecto. De todas formas, he encontrado una explicación menos árida, más completa e incluso con cierto sentido del humor: Sinde de qué vas.

Para más inri, ni siquiera sabemos el contenido exacto de la ley ya que al parecer se está negociando una supuesta enmienda transaccional. Mañana más.

Actualización, 21/12/10 (20:36): todo parece indicar que la Ley no va a contar con los apoyos suficientes para ser aprobada. De todas formas, queda aún el paso por el Senado, que no se producirá hasta enero, y el PSOE tendrá tiempo suficiente para negociar con CiU o el PP.

Propiedad intelectual y censura (II)

Fuente imagen: J.R. Mora.

El maremoto económico desatado por las últimas cifras de desempleo y déficit público ha desplazado de las primeras páginas a la feliz idea del gobierno sobre el cierre o bloqueo de sitios en Internet, pero no por ello debemos bajar la guardia. El mero hecho de que la propuesta se enmarque en un proyecto económico es motivo de sospecha porque nos da pistas acerca de las intenciones del Gobierno quien, al parecer, solo atiende a los aspectos económicos de la cultura reduciendo ésta a un mero negocio.

Hoy me limitaré a exponer ciertas cuestiones previas de necesario conocimiento:

1) La censura se practica sin disimulo alguno en la Administración Pública. La felonía más reciente que se conoce es el caso del blog personal del juez y profesor José Ramón Chaves García. Lo narra con un toque de humor el abogado Javier Muñoz en su blog.

2) Se cierran o bloquean sitios por parte de la Administración Pública sin intervención de los jueces. Se acogen, para ello, al artículo 8º de la LSSI. La prueba de ello la tenemos en las declaraciones de González-Sinde: Sanidad bloquea páginas web y nadie se rasga las vestiduras. Dicha ley fue aprobada por el Gobierno de Aznar y resulta esclarecedor leer las objeciones que por entonces hicieron los socialistas, más si tenemos en cuenta que la propuesta actual pasa por modificar el mencionado artículo. En concreto, se introduce una nueva letra e) en el art. 8.1.de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información con el siguiente tenor: e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Señalo a continuación el argumento más importante con el que Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz en aquella época de Ciencia y Tecnología, se opuso a la iniciativa del Gobierno al respecto del artículo 8: «¿Que en una página de Internet aparecen informaciones que atentan a la dignidad de las personas? Que actúen la policía y los jueces, y se cierre la página. ¿Que algún desaprensivo, algún delincuente o algún miserable comercia en la red con prostitución infantil? Que actúen los jueces, y manden a los responsables a la cárcel. Pero todo eso, señora ministra, tiene que hacerse respetando la Constitución y las leyes.» (Debate de totalidad de iniciativas legislativas: Proyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Sesión plenaria núm. 146 celebrada el jueves, 11 de abril de 2002. A partir de la página 28).

El corolario es obvio: ¿Que alguna persona atenta contra los derechos de propiedad intelectual? Que actúen los jueces, y manden a los responsables a la cárcel o les impongan la sanción económica oportuna.

3) Unanimidad en la Justicia (Código Penal): solo se condena cando existe ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, tal y como se establece en el artículo 270 del Código Penal. Sin embargo, el concepto de ánimo de lucro podría variar. Si bien en relación a los delitos contra la propiedad hay doctrina legal del Tribunal Supremo, no ocurre lo mismo en el caso que nos ocupa lo que puede provocar distintas interpretaciones según el juzgado donde se vea la causa. De momento, el ahorro que obtiene un sujeto al "bajar" una canción o una película no se considera como tal y la norma, apoyada por la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, es la de aplicar tal concepto cuando se trate de lucro a "escala comercial".

Segundo motivo para sospechar de las intenciones del Gobierno. Según la ministra González-Sinde, hablaríamos tan solo "de una página que se lucra y perjudica a alguien". Si la Justicia ya condena este tipo de comportamientos, ¿por qué cambiar los juzgados por una comisión administrativa?

Tercer motivo de sospecha: en 2007, los socialistas ya intentaron perpetrar un "robo a mano armada" cuando propusieron que las Entidades de Gestión de Derechos de Autor pudieran exigir a los proveedores de Intenet el cierre de páginas; todo ello sin pasar por el juzgado y bastando tan solo el criterio de tales entidades. Por fortuna, la propuesta decayó y nunca llegó a las Cortes.

4) ¿Son legales las descargas? La respuesta en NO. Como hemos visto, tal conducta no es punible desde el punto de vista penal pero sí desde el civil (mercantil). Los usuarios tenemos derecho a la copia privada pero de ninguno modo podemos "comunicar publicamente", pues se trata de un derecho reservado al autor de la obra.

5) A la caza de la páginas que ofrecen enlaces a contenidos supuestamente protegidos o que generen ingresos por publicidad aunque éstos sean mínimos: «La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.

6) Como en tiempos de Franco: la censura fue moneda corriente durante la dictadura, pero... ¿sabían ustedes que las sanciones, una vez agotada la vía administrativa, se recurrían ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa? Artículo 71  de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e imprenta. Desde luego, el Gobierno no podía beber de peores fuentes.

La merecida mala fama de la SGAE lleva camino de batir todos los registros imaginables. A su defensa numantina de modelos de negocios caducos y a su empeño por criminalizar a todos los internautas, se añaden ahora sus delirios de grandeza. Según publica hoy El Mundo, «la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) pretende levantar una imponente sede en el Palacio del infante don Luis de Borbón, en Boadilla del Monte (Madrid), un monumento intocable y protegido por las leyes de Patrimonio, en el que la entidad que gestiona los derechos de autor proyecta edificar seis chalés-residencia, construir un auditorio, instalar ascensores donde ahora hay escaleras históricas y, entre otras cosas, utilizar las reales dependencias para oficinas». [Leer noticia completa]

Hace ya algunos años, en el transcurso de unas jornadas sobre Internet, le pregunté a un abogado de la SGAE —no recuerdo su nombre— cuál era su opinión sobre la duración de los derechos de propiedad intelectual y si le parecía justo que los herederos los cobraran por el mero hecho de ser hijos o nietos del artista, escritor, compositor, etc. La respuesta no dejó lugar a la duda: "¿caduca la propiedad de una vivienda? ¿por qué deberían hacerlo los derechos de propiedad intelectual?".

Cuando se equipara "cultura" y "vivienda", poco más se puede decir salvo expresar nuestro más profundo rechazo a una visión exclusivamente mercantilista de la cultura.

Actualización:
¿A qué espera la Fiscalía anticorrupción para intervenir?: La SGAE se adjudicó el Palacio en un concurso 'ad hoc' del Ayuntamiento.

A pocos días de comenzar la campaña navideña —se espera un fuerte descenso del consumo—, el Gobierno ha decidido pasar a la acción y presentar batalla a la "piratería" y a las redes P2P. Los pasos en los últimos meses han sido los siguientes:

  • Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cultura, sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
  • Proposición no de Ley relativa a una estrategia para hacer frente a la "piratería" cultural en Internet (162/000229): «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar, en el marco de la Comisión Intersectorial contra la Piratería, una estrategia consensuada y eficaz que permita ordenar la circulación de contenidos en Internet, para hacer frente a la piratería cultural, garantizando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la industrial cultural en este ámbito y asegurando la debida protección de la propiedad intelectual.»
    En China también ordenan la circulación de contenidos en Internet y todos sabemos cuáles son las consecuencias: pura y dura censura. Tras su discusión en el Pleno del pasado día 25 se aprobó una enmienda transacional pero desconocemos su contenido exacto. Estamos a la espera de que se publique en la web del Congreso.
  • Campaña del Ministerio de Cultura: ¿A quién daña la piratería? Se incluyen las 10 supuestas mentiras sobre propiedad intelectual que tanto han dado que hablar en la blogosfera.
    El País las ha recogido añadiendo un antidecálogo basado en las opiniones de las asociaciones de internautas, blogs y otros colectivos ciudadanos relacionados con la Red: Las 10 verdades del P2P que dice Cultura que son mentira.
    Sin embargo, no todos consideran que ese antidecálogo sea del todo correcto y han ofrecido su particular punto de vista: Las 10 aclaraciones de la campaña del Ministerio de Cultura (de obligada lectura).

Mi buen amigo Pedro Canut se ha decidido a volcar su dilatada experiencia en un libro que, como no podía ser de otra forma, trata de plasmar, en un lenguaje llano, la problemática actual de los derechos de autor y derechos conexos en el entorno digital; les propongo «navegar» - si me permiten la licencia … poética – por algunas de las normas dictadas en la Unión Europea, espejo en el que se miran muchos Estados para fijar las «reglas del juego»; «enlazar» el derecho positivo a las iniciativas por una cultura libre y «buscar» conmigo el – dificil equilibrio – con los derechos de los creadores. El libro puede copiarse, distribuirse y comunicarse de forma pública, si creen que es merecedor de ello, previa aceptación de la licencia contractual coloriuris.”

Imprescindible su lectura para conocer el entramado legislativo que rodea a nuestras creaciones en Internet y también para comprender por qué el sistema creado por Pedro —ColorIuris— responde a la mayoría de nuestras expectativas en cuanto a la defensa y reconocimiento de nuestras obras —artículos, comentarios, fotografías, videos,... — en el entorno digital.

El pasado día 7 de noviembre de 2005, un nuevo proyecto —ColorIURIS— arrancaba y ponía a disposición de los internautas un sistema para permitir el uso de «nuestros» contenidos en función de lo que cada uno considere conveniente. Para valorar este nuevo sistema, resulta pertinente su comparación con el denominado Creative Commons (en adelante CC) pues se trata de un «producto» ampliamente difundido. No se trata de declarar un ganador, sino de aclarar cuál de los dos se adapta mejor a nuestras necesidades.

  1. ¿Por qué proteger «nuestros» contenidos? ¿no es suficiente la ley?
    Como autor de contenidos on-line, es muy probable que usted quiera ir más allá de lo establecido en las leyes —que actuarían como «condiciones generales»— y fijar de forma más concreta los supuestos bajo los que sus visitantes pueden utilizar sus contenidos. Si adopta este enfoque, debe poner a disposición de aquéllos un «pliego de condiciones» donde se especifiquen sus deseos. Y aquí es donde entran en juego las CC y el nuevo sistema —ColorIURIS—.
  2. ¿Contrato de ColorIURIS o licencia de CC?
    Por un lado, el concepto «licencia» en nuestro derecho hace referencia a una concesión administrativa/cesión unilateral como, por ejemplo, una licencia de caza. Por eso las CC son «licencias»: no podría ser de otra forma ya que no hay contrato sino con el consentimiento de los contratantes (art. 1261 del Código Civil). Cuando pulsa en el logo CC de una página, el usuario no tiene posibilidad alguna de aceptar las condiciones allí establecidas. Tengo serias dudas si el visitante, con este sistema, está obligado por dicha licencia a la vista de lo establecido en el art. 1262 del Código Civil. Este problema se deriva directamente de su origen. Las CC proceden de EEUU donde, a diferencia del Viejo Continente, el término jurídico «propiedad» engloba tanto la industrial como la intelectual.
    El sistema escogido por ColorIURIS deja a un lado el concepto de licencia —aplicable a la propiedad industrial— y adopta como modelo el «contrato», mucho más acorde con el derecho continental y los derechos de autor. Cuando pulsa en el logo, el usuario debe aceptar explícitamente las condiciones de uso definidas por el autor. El método es muy sencillo: aparece un formulario donde el visitante introduce una dirección de correo y marca una casilla por la que «acepta utilizar los contenidos del sitio web/bitácora bajo las condiciones especificadas en el contrato anterior» (todo ello bajo la protección de una página cifrada). El aceptante puede imprimir el contrato que acaba de «firmar», y el oferente (el bloguer o webmaster) recibe un correo-e con información de la aceptación; colorIURIS —que actúa como tercero de confianza— guarda copia de todos los registros.
  3. Responsabilidad y confianza:
    Cuando usted acude a un abogado para formalizar un contrato, deposita en él su confianza y espera que, llegado el caso, cualquier Tribunal acepte como válido y ajustado a derecho dicho contrato. En la Red no tiene por qué ser distinto.
    Sin embargo, tal y como puede leerse en la licencia completa, Creative Commons Corporation «no es un despacho de abogados» y «no ofrece garantía alguna respecto de la información proporcionada, ni asume responsabilidad alguna por daños producidos a causa de su uso». Por el contrario, el equipo de ColorIURIS —la firma Canut y Grávalos— es responsable «de la correcta redacción de los contratos a partir de los datos facilitados por el titular de los derechos; así como de la adaptación de los contratos, mediante la puesta a disposición de los usuarios de nuevas versiones, en un plazo razonable desde que se produzcan cambios normativos a nivel nacional/internacional que pudieran afectar a los contratos, y durante un plazo anual, renovable, desde el momento de la contratación» [Leer avisos legales]. Para mayor seguridad introduce otro elemento, el tercero de confianza: «instituciones y/o profesionales de derecho público o privado depositarios de los contratos suscritos entre los titulares de los derechos y los cesionarios durante un periodo de 1 año renovable, como un medio más de acreditar – llegado el caso – ante los tribunales de justicia la realidad y términos de las cesiones de derechos».
  4. Derechos morales:
    Para la mayoría de los que ‘colgamos’ contenidos en la Red, los derechos morales ocupan —a falta de ánimo lucro— un lugar preferente en la lista de preocupaciones por el uso indebido de aquéllos.
    La licencia Creative Commons, al partir del derecho anglosajón (más restrictivo que el nuestro en esta materia), sólo reconoce de forma explícita un derecho moral, a saber, el de reconocimiento (attribution). Se podría entonces suponer que el oferente renuncia al resto de derechos morales contemplados en el artículo 14 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Pero ello resulta del todo punto imposible porque el mencionado art. 14 establece que son derechos irrenunciables e inalienables. ColorIURIS ha adoptado una estrategia diferente, más acorde con nuestro derecho, al incluir en todos los contratos las siguientes puntualizaciones: «respetando los derechos morales del cedente» y «el cedente se reserva todos los derechos morales» [pueden comprobarlo pulsando en los distintos contratos (colores) que aparecen en ColorIURIS]
  5. Compartir igual:
    En nuestro derecho, el creador de una obra derivada se convierte automáticamente en autor de la misma y la ‘nueva’ obra es totalmente independiente de la original. Además, el titular de la obra original no puede condicionar de forma unilateral el uso de la ‘derivada’ y, por tanto, ésta podría cederse —si no media contrato— bajo otras condiciones distintas a las originales. Para limitar las condiciones bajo las cuales pueden cederse a terceros las ‘obras derivadas’ se precisa de un contrato que, como ya hemos visto, requiere la aceptación explícita de las partes.
    Las licencias CC “compartir igual” no se acomodan al derecho español ya que condicionan unilateralmente los derechos del autor de la obra derivada. Recuerden que, en este tipo de licencias, no existe consentimiento expreso y, por tanto, el cesionario no está obligado a ceder la ‘nueva’ obra del mismo modo en que le fueron cedidos los de la obra original. La cesión de derechos ColorIURIS de "cesión en cadena" (todas las que llevan color azul y la amarilla-amarilla) permiten que el autor de la obra original y aquel que pretenda crear una obra derivada, pacten por escrito que la ‘nueva’ obra sólo pueda cederse a terceros con las mismas condiciones bajo las cuales se cedió la obra original. Todo ello, de acuerdo a lo establecido en la legislación española pues hay contrato consensual y bilateral.

Puede descargarse el comentario completo en formato PDF.

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ACTUALIZACIÓN. 04/12/06: Miren por donde, no soy el único en considerar que el sistema Creative Commons no presenta, a efectos jurídicos, la validez que sus defensores desearían. Como ya expliqué (ver más abajo), dicho sistema se basa en "licencias" y de ahí su dificultad para ser aceptadas por un juez como en el caso de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra: «el documento [Licencia Creative Commons] aportado por el demandado-recurrente como licencia de uso musical libre no pasa de constituir un mero folleto informativo acerca del contenido de la misma y asimismo carente de toda firma, no pudiendo, por ende, serle atribuido ningún valor.» (La negrita es mía)

Vía: Pedro J. Canut :: Andy Ramos ::

Escribo este comentario con la rabia e ira que, tras casi doce horas de pelea dialéctica con un editor de la Wikipedia, se han ido acumulando en mi cabeza.

Hace unos días recibí un correo electrónico de una persona integrada en la Lista de Correos de Ramón Buenaventura, lista a la que yo también pertenezco desde el año 2001. En él, se me invitaba a participar en un proyecto, a saber, publicar en la Wikipedia una entrada sobre el mencionado escritor (Ramón). Acepté encantado porque su obra lo merece; además tengo cierta relación personal con él.

Pues dicho y hecho: tras estudiar la sintaxis, publiqué la correspondiente entrada. Comencé con algo sencillo, es decir, nombre, fecha y lugar de nacimiento, y después, un listado de obras. Éste lo tome de la página de Ramón con su correspondiente autorización; es decir, copie y pegué. Después fui eliminando a lo largo de la tarde de ayer aquellos elementos que no formaban parte del listado propiamente dicho, dejando tan sólo los campos "obra", "editorial", "año publicación" y algunos datos complementarios. Por desgracia, no pude acabarlo completamente y cuando más tarde retomé el asunto, un editor había censurado sin previo aviso la entrada porque, según él, suponía una infracción de copyright.

Intento explicarle al susodicho que se reproducía el listado con la expresa autorización del autor pero sigue en sus trece y no hay forma de convencerle. Su ignorancia es tal, que al parecer es incapaz de percibir la diferencia entre fusilar contenidos y copiar un listado de obras con el correspondiente permiso. Para esta persona, hasta tomar la fecha y el lugar de nacimiento de la solapa de un libro supone una violación de los derechos de autor.

Y lo dejo aquí porque, de seguir, podría escribir cualquier barbaridad y no es ese mi deseo. En cualquier caso, gracias a ese inquisidor he perdido toda la tarde. Con lo fácil que hubiera sido indicarme los pasos a seguir antes de censurarme sin ningún aviso previo. !Con lo fácil que hubiera sido!

:: Página personal de Ramón Buenaventura (bitácora) :: Página de Ramón Buenaventura en la Wikipedia :: Lo que escribí en la entrada. ¡Ojo! es una página de edición; por favor, no modificar nada :: La discusión aquí (al final de la página) y aquí.

El pasado 26 de agosto, el gobierno del PSOE remitió al Congreso el proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Dada la importancia de esta ley para los internautas, seguiremos muy de cerca su tramitación:

ACTUALIZACIONES: 11 de noviembre de 2005.
Comparecencias, con motivo de la tramitación de las iniciativas legislativas sobre modificación del texto refundido del Real decreto legislativo 1/1996, de la ley de propiedad intelectual:

  1. Del señor director de Asesoría Jurídica de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España, AIE (López Sánchez).
  2. Del señor director de relaciones institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU (Joya Verde).
  3. De la señora directora general del Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO (Vinent Gener)
  4. Del señor director técnico de la Entidad de Gestión de Derechos de Autor de Medios Audio-visulales, DAMA (Domínguez Jiménez).
  5. Del señor director de servicios jurídicos de la Sociedad General de Autores de España, SGAE (Hernández Arroyo).
  6. Del señor director general de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, VEGAP (Gutiérrez Vicén).
  7. Del señor secretario general del Consejo de administración de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, AGEDA (Suárez Lozano).
  8. Del señor director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, FAP (Tourné Alegre).
  9. Del señor presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España, FAPAE (Pérez Fernández de la Puente).
  10. Del señor presidente de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, AGEDI, y de la federación de Música de España, PROMUSICAE (Guisasola González del Rey).
  11. De la señora presidenta de Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión, AISGE (Bardem Muñoz)
  12. Del señor director general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE (Benito García).
  13. Del señor presidente de la Unión Videográfica Española, UVE (Molist Pallas)
  14. Del señor Cruanyes i Tor, asesor jurídico del Colegio de Periodistas de Cataluña, CPC.
  15. Del señor abogado de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, AERC (García Arruga).
  16. Del señor director general de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, ASIMELEC (Pérez García)
  17. Del señor secretario de la Asociación de Internautas, AIE (Tur Giner)
  18. Del señor director general de la Federación de Cines de España, FECE (Alvero Alfaro)
  19. Del señor responsable de control de mercado de la Federación de Consumidores en Acción, FACUA (Sánchez García).
  20. De la señora portavoz del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual, de la Federación Española de Sociedades Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID (Riera Barsallo).
  21. Del señor representante de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, AETIC (González García).

30/11/05: enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, así como del índice de enmiendas al articulado.

23/02/06: informe de la Ponencia, del que cabe destacar lo siguiente:

  • Salvo sorpresa de última hora, nos encontramos probablemente ante la versión casi definitiva de la reforma.
  • Como se indica en dicho informe, las materias que han originado mayor tiempo de deliberación, por su índole y por la diferencia de posturas de los Grupos parlamentarios, son las relacionadas con los derechos de autor de intérpretes e ilustradores; con los obligados a pagar el canon; con el disco duro; con la copia privada; con los resúmenes de prensa; con las bibliotecas, la enseñanza y la investigación; con el derecho exclusivo de radio y televisión y con la comisión de arbitraje.
  • La tónica general del proyecto tan apenas ha variado: promueve un mercantilismo salvaje, no resuleve los problemas derivados de la utilización de las nuevas tecnologías e intenta poner «puertas al campo».
  • En cualquier caso, les recomiendo que no pierdan el tiempo analizando esta reforma porque, según se anuncia, el Gobierno presentará próximamente «un nuevo Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual para abordar toda la problemática reguladora de la armonización de derechos y de funcionamiento de las entidades de gestión en el ámbito de una realidad tan cambiante y compleja como la de este tipo de propiedad». Con un poco de suerte, tal vez entonces ya se hayan enterado de la existencia de una «cosa» llamada Internet, que dicha «cosa» permite transmitir Cultura con un coste económico mínimo; que, entre otros contenidos, los fondos públicos de los museos, universidades, etc. se pudren en las estanterías; que el 99% de los catálogos de las exposiciones se arrinconan a lo seis meses de su finalización, y ya nadie puede adquirirlos; que mientras las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual tengan el mando, la difusión de la Cultura será un quimera (si no creen respecto a ésto último, hagan ustedes una pequeña prueba: envíen un correo electrónico al Ministerio de Cultura interesándose por una cuestión relativa a la Propiedad Intelectual. A los pocos días recibirán la contestación, no de dicho ministerio, sino de la ¡SGAE!).

01/03/06: Comisión de Cultura. Sesión núm. 22, celebrada el miércoles, 1 de marzo de 2006: Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por las ponencias.

09/03/06: Dictamen de la Comisión y escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno.

16/03/06: Pleno y Diputación Permanente. Sesión núm. 149, celebrada el jueves, 16 de marzo de 2006. Aprobación del Dictamen. Versión definitiva del texto.

Abril/06: Comienza la tramitación en el Senado.

22/06/06: Aprobación por el Pleno del Congreso, sesión núm. 187. Texto definitivo.

ATENCION A LOS COMENTARIOS: los comentarios no se realizarán en esta página, sino en la del abogado experto en Internet Pedo J. Canut :: Ir a los comentarios ::

Actualización: ya están abiertas las inscripciones al congreso. Los usuarios de ColorIURIS y Blogia, y los miembros de la comunidad Alfa-Redi que se inscriban antes del 15 de mayo dispondrán de una tarifa reducida. Todo el proceso se realiza de forma totalmente segura y de forma rápida y sencilla.

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¿Cúal es la naturaleza jurídica de las bitácoras? ¿Qué labor tienen como instrumento al servicio de la administración electrónica y la sociedad civil? Bajo el lema «de la conversación sin fronteras al gobierno electrónico», el I Congreso Iberoamericano "Bitácoras y Derecho" —organizado por Coloriuris, Blogia y Alfa-redi— intentará responder a dichas preguntas.

Este Congreso, fruto de la imparable expansión de las bitácoras y de su creciente influencia, marcará, a la vista del programa, un punto de inflexión en el debate abierto sobre aquéllas, la propiedad intelectual y el derecho. Los zaragozanos estamos, sin duda, de enhorabuena.