Sindicatos

Si en los años ochenta el debate sobre el papel de la clase obrera en las sociedades capitalistas cobró inusitada fuerza, no podemos afirmar lo mismo en el arranque del siglo XXI. Tanto la «conciencia de clase» como la idea de una clase social con intereses y objetivos distintos a los de otras clases han perdido el protagonismo de antaño. Aunque algunos autores defiendan la existencia de una conciencia crítica propia de los obreros, lo cierto es que sus expresiones han alcanzado un grado de pragmatismo tal que resulta muy dificil reconocerla.

La mejor prueba del debilitamiento de la clase obrera en cuanto clase social propia la tenemos en los sindicatos españoles. Sobre el papel se trata de organizaciones representativas de aquélla y, por tanto, encargadas de defender sus intereses. En la realidad, su participación en el ámbito del mercado y de la política es practicamente nula. Las razones son varias; entre otras podemos mencionar las siguientes: escaso grado de sindicación de los trabajadores, divisiones en el movimiento sindical y dependencia económica del Estado. El resultado ha sido una crisis de representatividad que, finalmente, ha desembocado en la búsqueda, por parte de los trabajadores, de nuevos cauces de acción. Así, el centro de gravedad se ha desplazado hacia la política en perjuicio del mercado, reduciendo la fuerza reivindicativa de los sindicatos.

La estructura ocupacional ha cambiado en los últimos años y se ha reducido el número de los obreros industriales —núcelo básico de la clase obrera— pero la clase trabajadora mantiene su importancia numérica, aunque ahora se presenta más compleja y diversificada. Si los sindicatos desean convertirse en organizaciones representativas de la nueva clase trabajadora, tienen por delante un gran trabajo. Para comenzar deberían explicar a la sociedad española sus propuestas concretas para resolver, por ejemplo, la precariedad laboral, el paro femenino y la siniestralidad. Seguir leyendo …

Según anuncia la agencia EFE, «El Congreso de los Diputados aprobó hoy -con los votos a favor de PSOE, CiU, ERC, BNG y CHA y los votos en contra de PP e IU- la convalidación del Decreto Ley que permite la devolución a UGT del patrimonio sindical histórico que le fue incautado en la dictadura, por un importe de 151 millones de euros. Sin embargo, la Cámara Baja rechazó, por 161 votos en contra y 144 votos a favor, que esta iniciativa se tramite como proyecto de ley, por lo que el texto queda aprobado definitivamente, sin posibilidad de que se le introduzcan enmiendas.» El diputado socialista Antonio Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía del Congreso y ex secretario general de CCOO, se abstuvo al considerar que esta medida «contraviene los acuerdos firmados entre UGT y CCOO».

CC.OO, por su parte, «lamenta la decisión tomada, […], que nace de la irresponsabilidad y mala fe del Gobierno por precipitar una iniciativa de devolución del patrimonio histórico que, según su propia Memoria Económica, no está en condiciones de acreditar documentalmente». Esta afirmación se basa en la Memoria Justificativa que el propio gobierno remitió al Parlamento y en la que se puede leer lo siguiente: «La problemática de los expedientes reside básicamente en dos cuestiones: tratarse de patrimonio (inmobiliario o financiero) considerado procedente de entidades sin carácter sindical (sociedades obreras, cooperativas, sociedades de socorros mutuos, fundaciones, etc.) o inmuebles en los que no queda acreditada suficientemente su incautación o la vinculación con la organización sindical reclamante de las entidades correspondientes, mientras que en las cuentas corrientes queda sin poder determinarse la vinculación del titular de la cuenta con la organización sindical o no queda acreditada la incautación por no constar la ficha de desbloqueo.» Izquierda Unidad también ha mostrado su disconformidad. Para el diputado de esta formación, Ángel Pérez, este decreto ley del Gobierno se promulga «en un contexto que no es bueno, en un momento que no es el idóneo y en una forma que no es la correcta», y tildó esta iniciativa de «trato de favor» hacia UGT.

Desde la promulgación de la Ley 4/1986 hasta el año 2000, la UGT se ha embolsado unos 25 millones de euros y ha recuperado más de cien inmuebles. Ahora, con la nueva ‘ayuda’ podrá pagar la deuda —según distintas fuentes, entre 144 y 150 millones de euros— que mantiene con el ICO por el caso de la cooperativa de viviendas PSV. Aunque la UGT fue exculpada, el escándalo —que llevó a la cárcel a Carlos Sotos— supuso un duro golpe a sus finanzas ya que el pago de las correspondientes indemnizaciones se hizo gracias al mencionado crédito, el cual se concedió con cargo a su patrimonio histórico.

¿Trato de favor? Pruebas tal vez no, pero indicios… la única beneficiaria es la UGT, hay problemas para acreditar documentalmente el derecho a las devoluciones, los grupos parlamentarios no pueden presentar enmiendas, el crédito se concedió a cargo del patrimonio histórico de aquélla (casualmente, vence el próximo 30 noviembre) y, por último, el gobierno no ha facilitado la información solicitada por el PP sobre el proceso de devolución del patrimonio.

Digo yo, que tal vez una traspaso del crédito a la Caixa y posterior condonación hubiera sido mejor para todos: La UGT sanearía sus arcas y los españoles nos libraríamos de pagar los ratos platos de una pésima gestión.

ACTUALIZACIÓN (24/11/05 – 23:04 h.)
Una amable lectora me indica, con toda la razón del mundo, que no he facilitado el punto de vista de la UGT. Subsano este error con dos comunicados de prensa que me envía dicha lectora: Patrimonio histórico de UGT: reparación de una injusticia (08/11/05) y La restitución del patrimonio expoliado a UGT es un acto de reparación de la libertad sindical y no un atentado contra la misma (23/11/05). Aprovecho la ocasión para aclarar un aspecto de la cuestión: no cuestiono la restitución del patrimonio sino el procedimiento, la falta de garantías jurídicas y el hecho de que sólo UGT sea la beneficiaria de la medida del gobierno.