Social

Ya podrían haber buscado un ejemplo mejor porque ya me diréis si es normal que un fontanero se gaste 130.000 euros en un estudio de 22 metros cuadrados. Estoy seguro de que la mayoría de los desahuciados no se gastaron sus ahorros en caprichos sino en una casa digna y acorde a sus necesidades.
“Okupamos las casas pero no somos vagos. Antes éramos la clase media”

Según iba leyendo el artículo Así debe actuar un “héroe” no dejaba de pensar en el caso de un joven al que una juez le ha impuesto 3 meses de cárcel y 15.550 euros de multa por meterse en camisa de once varas. Pérez-Reverte lo desgrana con su habitual humor socarrón en Piénselo dos (o tres veces).

Y ya nos les digo nada si no tienen la plena seguridad de que la maltratada es realmente la mujer, porque se pueden encontrar con que todo es una gran mentira.

Por desgracia, estas casos ni son tan esporádicos como creemos ni benefician a las mujeres; más bien todo lo contrario. Es lo que sucede cuando se entra en el Código Penal como un elefante en una chatarrería.

Europa ha recorrido un largo camino para construir lo que se conoce como Estado de Bienestar o Welfare State. El término, utilizado ya por Adolph Wagner en 1879, se generalizó tras la publicación del Informe Beveridge en 1942. En él se desarrollaban las ideas que a la postre se convertirían en los pilares de la actual Seguridad Social. Dos años más tarde vio la luz el segundo informe —Full Employment in a Free society—, y lo que hasta entonces no había pasado de ser un experimento —pocos consideraban que la intervención del Estado fuera rentable— se fue consolidando y los poderes públicos estatales fueron asumiendo funciones tradicionalmente desempeñadas por los concejos municipales, las iglesias o las instituciones benéficas.

El sistema gozó desde los años cuarenta de un amplio consenso pero la crisis económica de 1973 hizo ganar enteros a los políticos neoliberales. Para éstos, el Estado del Bienestar favorecía el estancamiento económico, fomentaba la ineficacia y el despilfarro, y reducía los beneficios empresariales. Durante los años 80 los países dieron prioridad a cuestiones muy distintas como la reducción del déficit público y la inflación, y los sistemas de protección social sufrieron importantes recortes al generalizarse en Europa la reducción de impuestos y la flexibilización del mercado laboral.

España, por su parte, nunca ha conseguido situarse a la misma altura de los países más avanzados de Europa. Cuarenta años de dictadura —un 14% del PIB de gasto social frente al 22,95 de media en la UE en 1975— han sido un lastre demasiado pesado y hoy en día la convergencia social aún se antoja como una quimera. Es cierto que durante los primeros años de la década de los 90 dicho gasto aumentó hasta alcanzar el 24 % del P.I.B. en 1993, pero conviene aclarar que este dato esconde el hecho de que la mayor parte de aquél iba a parar a la protección por desempleo, que por aquéllos años rondaba el 24%. En realidad, las inversiones en sanidad, educación o ayudas a las familias no crecieron en la proporción que hubiera sido necesaria. Con el gobierno del PP se apuntalaron las tendencias neoconservadores y el Estado del Bienestar sufrió un duro varapalo. El superávit en las cuentas del Estado no se aprovechó para afianzar el sistema educativo, mejorar la sanidad o cambiar el modelo productivo. De hecho, el gasto social en 1998 estaba entre los tres más bajos de la Unión Europea y la diferencia era de 6 puntos porcentuales. En 2000 había aumentado a 7,2 puntos (La protección social en España y su desconvergencia con la Unión Europea).

La llegada al poder del PSOE en 2004 no varió en demasía el panorama. Durante la primera legislatura se mantuvieron constantes las líneas económicas heredadas del PP e incluso se profundizaron en algunas de ellas como la rebaja de impuestos. A principios de 2008, en plena campaña electoral, las alertas sobre la endeblez de nuestra economía y la posibilidad de una crisis  llegaban desde muy distintos ámbitos pero el Gobierno prefirió negar la mayor, prometiendo incluso el pleno empleo. En agosto de ese mismo año la tasa de desempleo española se había disparado y ya superábamos en 4,5 puntos porcentuales la media de la zona euro (en noviembre de 2007 esa diferencia era tan solo de 1,3) y el Gobierno seguía negando la realidad. De haber reconocido a tiempo la gravedad de la situación, es muy posible que las medidas tomadas hasta la fecha hubieran surtido mayor efecto. La tardanza en aplicarlas ha desembocado en una crisis más grave, y probablemente más duradera, que la sufrida por el resto de países europeos.

Mientras España se tambalea pasando de la inflación a la deflación y nos vemos abrumados por el paro y la recesión económica, el Gobierno promete, por activa y por pasiva, mantener los derechos sociales. Es necesario precisar tal afirmación porque, al igual que en los años 90, se trata de una falacia.

En primer lugar, Rodríguez Zapatero confunde “derechos sociales” con “prestación de desempleo” o, dicho de otro modo, le sierra tres patas al Estado del Bienestar para poder afirmar sin ningún rubor que lo suyo es “política de izquierdas”.

En segundo lugar, el desorbitado aumento del paro conducirá al aumento de los fondos que deberán destinarse a cubrir las prestaciones por desempleo. Con un Estado central disminuido por el poder de las CCAA, los privilegios nacionalistas —deuda histórica andaluza, financiación catalana— y las rencillas cainitas, el margen de maniobra es mínimo. Las tres patas restantes —sanidad, educación, pensiones, etc.— sufrirán inevitables recortes y, por ende, el Estado del Bienestar corre el peligro de diluirse en un mar putrefacto.

En tercer lugar, resulta imposible mantener tanto la protección social en sus actuales niveles como impulsar medidas estructurales si no se corrigen a la baja los porcentajes de desempleo. Aquí es donde el Estado debe intervenir de una forma decidida y tirar del carro de la economía mediante el aumento del gasto público con el objetivo de generar empleo aún a costa de un fuerte endeudamiento. La segunda fase, una vez recuperado el consumo, consistiría en aumentar los impuestos directos para paliar las deficiencias en sanidad, educación, justicia, etcétera.

Como ya tuve oportunidad de explicar, la generalizada creencia de que los países con mayor presión fiscal se encuentran entre los menos eficientes y competitivos del mundo es sencillamente falsa. Según el informe Taxation trends in the uropean Union (Edition 2007), Suecia, Bélgica, Francia, Finlandia, Austria y Alemania se encuentran entre los diez primeros puestos de Europa en cuanto a carga fiscal global (total de los impuestos y cotizaciones de seguridad social) y superan a España en la carga fiscal sobre el trabajo (impuestos sobre el trabajo más cotizaciones sociales, dividido entre la remuneración bruta total de los trabajadores). Si comparamos ahora las economías de aquéllos con nuestro país en 12 variables (The Global Competitiveness Report 2007-2008), el resultado es demoledor: los seis nos superan ampliamente en eficiencia y competitividad. Tan sólo tres países se sitúan por detrás de nosotros en una de las variables y cuatro en otra. En el resto, España ocupa una posición inferior.

Concluyo: gasto público coherente y útil más aumento de los impuestos directos (una vez recuperado el consumo) igual a recuperación económica. La formula solo requiere de la voluntad política necesaria para llevarla a cabo.

El 8 de marzo se celebra el Día de las Naciones Unidas para los derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Este año 2009, el lema es “Mujeres y hombres: unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Actualmente, la violencia contra la mujer sigue siendo una realidad devastadora. Las Naciones Unidas indican que, por ejemplo, una de cada cinco mujeres en el mundo se convertirá en víctima o intento de violación en el transcurso de su vida.

Actualización 16/03/2016: la ONU ha habilitado un sitio web donde se recoge numerosa información sobre la mujer.

Este cortometraje no habría sido posible sin el empeño y el tesón de Jacinto.

Sinopsis
La historia cuenta como una madre (Candela Peña) se enfrenta a la decisión mas difícil de toda su vida, donar los órganos de su hija Ana (Mónica Fuertes) que tras sufrir un terrible accidente de moto con 15 años, se encuentra en coma por muerte cerebral. De esta decisión, a la que mucha gente en la vida real se enfrenta, dependerá la vida de muchas personas que necesitan de un trasplante para poder seguir viviendo.

Producción
El corto, protagonizado por la actriz ganadora de 2 Goyas Candela Peña, fue rodado en enero de 2008 en Cine Alta, en varias localizaciones de la ciudad de Zaragoza, bajo la dirección de Ignacio Bernal, la producción de Angel Esteban y con el guión escrito por Ana Blasco e Ignacio Bernal. Caben destacar también, la dirección de fotografía de Beatriz Orduña o la banda sonora compuesta por Sergio Lasuén e Interpretada por el Grupo Enigma.

La reciente publicación de una resolución (2008/20452) de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad en la que se establece el “copago” ha vuelto a poner en el candelero la Ley de Dependencia.

Con la mencionada resolución llegamos a un punto en el que ya no es posible cometer más errores: el primer artículo de la Ley se convierte en papel mojado y abre la puerta a 17 sistemas diferentes. El gobierno, en lugar de desarrollar la ley —reglamento—, ha optado por un mero acuerdo de intenciones —la resolución— lo que permitirá a cada CCAA aplicar a su gusto la Ley. El resultado es obvio: la igualdad en servicios, prestaciones, obligaciones (copago) desaparece. De hecho, ya existen diferencias importantes: según información proporcionada por Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, el derecho a la prestación económica se origina en distintos momentos. En algunas CCAA,s tal fecha se corresponde a la solicitud mientras que en otras es la correspondiente al dictamen.

Por otra parte, el Gobierno ha incumplido por segundo año consecutivo lo establecido en la Disposición final sexta, donde se establece que aquél “deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en la presente Ley”.

En tercer lugar, nos encontramos con la recurrente discusión acerca del cumplimiento por parte de las CCAA,s y creo que es hora de confeccionar un cuadro comparativo para aclarar esta cuestión de forma definitiva. Antes de presentar los datos una observación: por parte del ministerio se aduce el número total de solicitudes para justificar la “lista de espera” existente en algunas Comunidades gobernadas por el PSOE. El argumento no se sostiene por cuanto los equipos destinados a la valoración y dictamen son de nueva creación, y todas las CCAA,s partieron, por tanto, de la misma situación. Tendría sentido si el grueso de las solicitudes se hubieran realizado en el último mes pero no es así. El 1 de junio de este año se habían presentado el 84 % de aquéllas. Han tenido, por tanto, seis meses para preparar la infraestructura necesaria. No obstante, dejo el dato para que puedan valorarlo.

Más sobre la Dependencia

Documentación:

  • Datos estadísticos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
  • Artículo 1 de la Ley 39/2006: «La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español».
  • Resolución de 2 de diciembre de 2008 (Referencia: 2008/20452), de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La primera modificación importante de la ley para facilitar la conciliación familiar y laboral vino de la mano del Partido Popular (Ley 39/1999). Aunque supuso un notable avance en esta materia, quedaba aún mucho trabajo por delante. En concreto, todo lo relacionado con la mayor implicación del hombre en el cuidado de los hijos de forma que no fuera siempre la mujer la que acabara dejando el trabajo aunque fuera de forma temporal. Tampoco quedaron resueltos aspectos muy importantes relacionados con los horarios y la distribución de la jornada.

La esperada reforma de esta ley vino de la mano del PSOE (Ley Orgánica 3/2007). Fue vendida como la panacea para resolver todos los problemas relativos a la igualdad entre el hombre y el mujer pero su alcance no fue más allá de resolver algunas lagunas legislativas y clarificar aspectos muy concretos de la anterior ley, al menos en lo que se refiere la conciliación familiar y laboral. De hecho, solo dos novedades pueden reseñarse ya que el resto de preceptos ya estaban reflejados en la Ley 39/1999. La primera fue el permiso de paternidad. La segunda —adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo—, ha quedado, como ahora veremos, en agua de borrajas.

Antes incluso de la aprobación de la Ley 39/1999, la reducción de jornada en los supuestos de lactancia, cuidado de un menor de seis años o de un familiar (hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad) ya era un derecho individual de los trabajadores. Con la entrada en vigor de dicha ley aún quedó más patente tal derecho al establecerse que la concreción horaria correspondía al trabajador. Los jueces, por su parte, han interpretado esta disposición de forma extensiva, apoyando en numerosas sentencias cambios de turnos o de horarios a pesar de que la ley establece que aquéllos se deben realizar dentro de la jornada ordinaria. A fecha de hoy, por tanto, cualquier trabajador puede hacer efectivo el derecho a conciliar su vida familiar y laboral siempre y cuando el cambio vaya acompañado de una reducción de jornada.

No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando el trabajador pretende un cambio de horario o turno de trabajo sin la correlativa reducción horaria. La coletilla introducida en el apartado 8 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores por la Ley Orgánica 3/2007 deja en manos de los empresarios el disfrute efectivo del anunciado derecho y de ningún modo puede considerarse como tal al depender de otra parte.

El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.

Quedaba la esperanza de la Justicia pero la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dejado bien claro en dos recientes sentencias que los trabajadores no tienen derecho a cambiar el horario o el turno de trabajo si dicha petición no va acompañada de una reducción de jornada. Las consecuencias son nefastas para la conciliación familiar y laboral hasta tal punto que no cabe hablar de tal desde el momento en que los trabajadores se ven abocados a perder parte de su salario para hacer efectiva aquélla.

Enlaces:

  • Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
  • Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: tramitación :: aclaraciones y comentarios.
    Nota: durante su tramitación el único parlamentario que presentó una enmienda para corregir el apartado 8 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores fue el por entonces diputado del Grupo Parlamentario Mixto D. José Antonio Labordeta Subías, quien propuso introducir un nuevo punto: «La persona con menores de ocho años a su cargo podrá elegir el horario de trabajo de su jornada reducida. Además se intentará establecer la posibilidad de elección de horario sin necesidad de reducir la jornada, si ésto no fuera posible de forma generalizada, sí al menos se acordará en los casos de familias en la que los menores están exclusivamente a cargo de un único progenitor, tanto en el aspecto legal como en el económico.»
  • Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo: 897/2007 (Horario de trabajo sin reducción de jornada para el cuidado de un hijo menor de seis años) y 1625/2007 (Horario de trabajo sin reducción de jornada para el cuidado de un hijo minusválido).
  • Estatuto de los Trabajadores.

El PSOE defiende a capa y espada un modelo de Estado que hace agua por los cuatro costados pero se aferran a él porque buena parte de sus posibilidades para continuar en el poder pasan por mantenerlo. Solo así se explica la deriva hacia un sistema confederal con el agravante de que solo algunas CCAA reciben los beneficios de tal sistema.

El asunto no sería tan grave si no fuera porque limita la acción del Estado en cuestiones tan básicas como las políticas sociales. Ha ocurrido, por ejemplo, con la excelente Ley de la Dependencia. Dos años después de su aprobación, 126.000 personas con discapacidad y mayores están pendientes de dictamen o valoración; los convenios con las CCAA —necesarios para su desarrollo efectivo— para el año 1.997 se firmaron el 24 de diciembre y este año aún no se han remitido cuando deberían haber entrado en vigor el 1 de enero; no se ha desarrollado el reglamento de copago; …

«El fracaso en la aplicación de la Ley de Dependencia está evidenciando que nuestro modelo de Estado autonómico es incapaz de llevar a cabo una actuación política potente desde el Estado de común acuerdo con las comunidades autónomas cuando estas tienen competencias exclusivas en esa materia». No lo digo yo sino el diputado Campuzano i Canadés (CiU). Se puede decir más alto pero no más claro.

Hoy tenemos otro ejemplo en el mismo sentido. Otro de los proyectos estrella de Rodríguez Zapatero, la Unidad Militar de Emergencia, ha sido hundido por el Gobierno vasco y el Tribunal Supremo. Al margen de que se tratara de un capricho personal del presidente del Gobierno, la resolución del TS demuestra que el Estado se encuentra atado de pies y manos para impulsar políticas de alcance nacional.

Enlaces:

Actualización (23/11/08):

Según informa El País, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Gobierno subsanará “con la mayor rapidez posible” el “defecto de forma” que ha llevado al Tribunal Supremo a anular el protocolo de actuación de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Curioso el caso: ahora saltarse la ley por puro capricho del nene es solo un “defecto de forma”. No puedo creer que los servicios jurídicos no alertaran sobre la exigencia legal para la aprobación del protocolo de actuación de la UME de los informes de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Consejo de Estado.

Lo digo en serio: ¿en qué me equivoco? Verán, acabo de leer una noticia sobre la violencia machista y su último párrafo me ha dejado dubitativo:

También ha explicado [Miguel Lorente, delegado del Gobierno sobre Violencia de Género] que, según los datos de 2006, la tasa de agresores en los inmigrantes es del 9,4%, frente al 2,2% de los españoles, si bien ha puntualizado que estos porcentajes están “desproporcionados” ya que entre los inmigrantes hay un 64% de hombres de entre 20 y 49 años -que es el sector con más agresores-, mientras que entre los españoles esta franja de edad representa el 46,9% de la población masculina.

No se si ustedes habrán entendido lo mismo que yo pero creo que va en la dirección de “el porcentaje de los inmigrantes es más alto pero se explica por la pirámide de la población”. Lo curioso es que calculo y el resultado sigue siendo muy desfavorable para los inmigrantes.

Nota: tampoco entiendo muy bien qué quiere decir con inmigrantes. No se si si está hablando de extranjeros o de españoles de origen extranjero.

Veamos:

  1. Supongamos para simplificar que todos los agresores tienen entre 20 y 49 años.
  2. Para el caso de los inmigrantes tendríamos 9,4 agresores por cada 100 hombres. Como 64 tienen entre 20 y 49 años, el porcentaje sería el siguiente: (9,4 x 100) / 64 = 14,7 %
  3. Para el caso de los españoles tendríamos 2,2 agresores por cada 100 hombres. Como 46,9 tienen entre 20 y 49 años, el porcentaje sería el siguiente: (2,2 x 100) / 46,9 = 4,69 %

Aunque la diferencia ha disminuido, el número de agresores entre los inmigrantes triplica al de los españoles. Si tengo razón, el Gobierno estaría realizando una evaluación incorrecta de la violencia machista al creer que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los inmigrantes y los españoles. Ello implicaría:

  1. Creer que no existen variables distintas y propias en el grupo de inmigrantes que expliquen las diferencias con el otro grupo de referencia.
  2. Diseñar intervenciones basadas en evaluaciones incompletas al pasar por alto factores que podrían explicar las diferencias entre ambos grupos como son los culturales y los distintos roles de la mujer en otras culturas.

La noticia: Sólo el 0,4% de los españoles ve como un problema grave la violencia machista.

Hace ya algunos días, la mayoría de los medios de comunicación daban la noticia de la publicación de un informe del World Economic Forum en el que España, respecto al año pasado, descendía siete puestos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. En función de su ideología cada uno de aquéllos interpretó los datos de una forma distinta y por ello les dejo los enlaces directos a dicho informe:

Uno de los apartados en los que España alcanza una buena puntuación es la legislación que castiga la violencia contra la mujer pero salimos peor parados cuando comparamos los salarios de hombres y mujeres, ya que éstas siguen cobrando menos, aun cuando realicen trabajos idénticos.

Tanto en uno como en el otro caso el fracaso del Gobierno es notorio. La razones de ello no debemos buscarlas en la propia ley sino en la deficiente gestión posterior. Como ha ocurrido con otro tipo de iniciativas, como la Ley de la Dependencia o las ayudas a los alquileres, la falta de recursos junto al escaso interés — o ineptitud— del Gobierno por desarrollar lo aprobado nos ha llevado a la situación actual. La cuestión de los salarios es significativa ya que desde el año 1.995 (y aclarado aún más a partir de 2.002) el Estatuto de los Trabajadores lo deja bien claro:

Artículo 28: El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla.

¿Por qué entonces retrocedemos en este aspecto? Porque aquí no hay fotos ni portadas de periódicos ni da lugar a grandes discursos. Aquí se necesitan más inspecciones y más sanciones (si fueran necesarias). Por desgracia, estas medidas requieren tesón, voluntad y trabajo por parte de la Administración y eso vende mucho menos que una ministra de Defensa embarazada o una reunión en el G-20.

En cuanto a la violencia contra la mujer, el Gobierno ha llevado la discriminación positiva a un absurdo jurídico avalado, eso sí, por el Tribunal Constitucional. Voy a poner dos ejemplos con los que creo se entenderá perfectamente de lo que estoy hablando:

Ejemplo 1: caso de racismo.

Caso A: accidente leve de coche. Uno de los conductores es de raza blanca, el otro negra (o asiática). El blanco sale enfurecido del coche y le pega tal paliza al sujeto negro que le ocasiona la rotura del tabique nasal. El conductor blanco es detenido por la policía y puesto a disposición judicial pero al juez nunca se le ocurriría aplicarle la agravante de racismo porque el color de la piel nada ha tenido que ver con la pelea.

Caso B: un joven de raza blanca, integrante de una banda neonazai, sube un día por la escalera de su casa y se encuentra con otro joven de raza negra. Sin mediar provocación, le pega una paliza mientras le espeta “negro de mierda”, “inmigrante de mierda”, etc. El resultado es el mismo del caso anterior, es decir, la rotura del tabique nasal. Pues bien, en aplicación del artículo 22 del CP, el sujeto en cuestión pasaría a ver cómo su pena se agrava por el componente racista de su acto.

Ejemplo 2: violencia contra la mujer.

Llega un día a casa y se encuentra a su mujer borracha y al hijo menor de ambos desatendido. Enfurecido, le pega un puñetazo y le rompe, como en el caso anterior, el tabique nasal. De un delito castigado con la pena de tres a seis meses pasamos a un castigo de dos a cinco años por el mero hecho de que la víctima es su esposa. Si es al mujer la agresora, entonces la pena es menor y no se le aplica agravante alguna.

Dicho de otro modo: toda agresión de un hombre a una mujer es gravada porque, según la Ley, aquélla obedece siempre a una «manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».

¡Esperpéntico! Diga lo que diga el TC, esta situación infringe el principio de proporcionalidad de las penas, el de igualdad, la responsabilidad penal personal y la presunción de inocencia. La defensa, justa y necesaria, de las mujeres cruelmente maltratadas por sus parejas no puede ni debe pasar por alto principios tan básicos del Derecho. Los que defienden la actual redacción de la Ley no deben olvidar que sus argumentos se podrían volver en su contra en un futuro próximo cuando, por ejemplo, se soslayen dichos principios en materias como la seguridad ciudadana o la lucha contra el terrorismo por poner solo dos ejemplos. El fin no justifica los medios.