Venezuela

Desde hace más de una década, los ciudadanos venezolanos practican una forma de protesta pacífica denominada “cacerolada” que pronto pasará a la historia gracias a la última reforma del Código Penal. Según la nueva redacción del artículo 506, podrán manifestarse y protestar pero deberán tener buen cuidado de no perturbar el buen orden mediante «gritos o vociferaciones, con abusos de campanas u otros instrumentos…». Ahora, asomarse al balcón para protestar se ha convertido en peligroso porque conlleva el riesgo de ser arrestado hasta cuatro meses y pagar varios millones de multa.

Éste es uno de los 34 artículos modificados por la mencionada reforma que, según la organización de Derechos Humanos PROVEA, «crea un marco jurídico de protección a favor de altos y medios funcionarios del Estado que dificulta la crítica al ejercicio de sus funciones, favorece el abuso de autoridad, limita el cuestionamiento a prácticas irregulares y entraba la labor de control social. Fortalece así al estamento privilegiado de la alta burocracia estatal». Y la situación puede empeorar con el nuevo proyecto de reforma que «profundiza los elementos regresivos y anticonstitucionales de la reforma anterior. Entre otros aspectos resalta la penalización a quienes realicen acciones de protesta en las empresas básicas del Estado, lo cual se convierte en una prohibición del derecho a huelga o acciones como la operación morrocoy, formas de lucha tradicionales de los trabajadores».

Al margen de esta cuestión, Venezuela, el quinto exportador de petróleo más grande del mundo y el país más rico de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), camina hacia un régimen cada vez más personalista, no exento de rasgos totalitaristas, y con riesgo de que sus instituciones democráticas se desplomen en cualquier momento. Hasta la fecha, las políticas tendentes a redistribuir la riqueza se han basado principalmente en medidas “asistenciales” que proporcionan a Chávez importantes réditos políticos a corto plazo, pero insostenibles si no se realizan los oportunos cambios estructurales. Mientras tanto, el Estado sigue enriqueciéndose a costa de los indígenas y de sus territorios —¿qué pensará de ello Evo Morales?— con nuevas explotaciones y se anuncia una nueva invasión de empresas extranjeras como la norteamericana Chevron Texaco o la China Nacional Petroleum Corporation, así como la constitución de Petrosur, Petrocaribe y Petroandina, las cuales bajo el financiamiento de Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) pretenden expandir el modelo de explotación petrolera en todo el Continente (Críticas al proyecto).

Que ahora Chávez enarbole el discurso antinorteamericano para justificar la adquisición de helicópteros rusos y la posible compra de Mig-29 mientras las grandes empresas «explotan» los recursos energéticos del país no nos debe extrañar en absoluto. Empresas como las mencionadas o la Corporación Carbones de Perijá y la Minera MAICCA, C.A. (de las empresas Japonesa Tomen y de la estadounidense TransMar Inc.) hacen su agosto en las tierras de los indígenas con total desprecio hacia sus legítimos dueños y hacia el medio ambiente. A cambio, Chávez recauda miles de millones de dólares que reparte en forma de ‘caridad’ a los venezolanos. Eso sí, cuenta con el apoyo del presidente español Rodríguez Zapatero que, en vista de su nula influencia en Europa, busca en el populismo latinoamericano un salvavidas para su política exterior.