Según el ministro de Economía, Pedro Solbes, las viviendas en España se venden sin ninguna dificultad. Y no le falta razón: a pesar de sus elevados precios, la mayor parte de las viviendas que salen al mercado son adquiridas rápidamente. Desde finales de la década de los noventa, asistimos a un encarecimiento continúo que pone en un brete a muchos jóvenes que desean adquirir una vivienda. Al margen de la corrupción y la especulación, que afectan más a la calidad urbanística que al precio, la razón fundamental de este problema radica en que las compras de viviendas con fines de inversión son altísimas. De ahí que la construcción de viviendas supere la demanda generada por la creación de nuevos hogares. El círculo vicioso se cierra con las facilidades dadas por los bancos —plazo de las hipotecas y desaparición de los límites de endeudamiento requeridos— y los bajos tipos de interés de estos últimos años. A tal punto ha llegado la situación que la OCDE, en su último informe anual sobre España, afirma que el precio de la vivienda se encuentra sobrevalorado en un 30%.
Ninguna de las medidas tomadas por populares y socialistas en los últimos años ha frenado la escalada de precios. La desaceleración actual se explica más por las reglas de la oferta y la demanda que por las iniciativas gubernamentales. La futura Ley del Suelo podrá, en el mejor de los casos, combatir eficazmente la corrupción pero no rebajar sustancialmente los precios de las viviendas. Aun cuando, por ejemplo, las plusvalías generadas por la venta de suelo urbanizable se reduzcan y el peso de éste disminuya en el coste de construcción, los promotores seguirán vendiendo al precio que pueda asumir el mercado. Ni más, ni menos.
Propuestas como las expropiaciones o el tratamiento fiscal diferenciado no son sino medidas electoralistas de muy dudosa legalidad y efectividad. La realidad es otra: en los seis primeros meses del año 2006 se construyeron en España 325.000 casas, de las que únicamente 28.800 (el 8,86%) eran protegidas. El porcentaje para años anteriores es similar: 9,55% en 2003; 9,76% en 2004; y 10,51% en 2005 (Fuente: INE). Por ello, los jóvenes se ven obligados a acudir al mercado libre donde los precios superan su capacidad de endeudamiento razonable. Datos, por cierto, que contrastan con los de hace quince años: el porcentaje de casas protegidas alcanzó el 21,7% en 1990 y el 17% en 1991. Disparar contra quien legítimamente ha adquirido una propiedad privada y, al mismo tiempo, ocultar su escasa preocupación por facilitar la construcción de viviendas de protección oficial indica claramente la demagogia en la que caen quienes las proponen.
¿Cuál es la solución? Si cada año igualamos o aproximamos el número de viviendas protegidas disponibles al número estimado de nuevos hogares, el precio de la vivienda libre ya no tendrá tanta importancia pues quienes de verdad las necesiten tendrán a su disposición casas dignas a precios asequibles y justos. De paso, se desincentivará la compra de viviendas como inversión al restar a la demanda los que adquieran aquéllas.