Si por algo es conocido el diputado Joan Herrera Torres, secretario general de ICV, es sin duda gracias a su constante y encarnizada batalla para despojar a las calles, plazas, edificios y bases militares de cualquier referencia al pasado franquista. Por desgracia, tan meritoria iniciativa esconde un profundo desconocimiento de la Historia de España. En realidad, no es desconocimiento sino ignorancia supina.
Resulta tan obvia la "listeza" de este elemento que casi hace imposible explicar lo sucedido. Probemos:
- El artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en su punto 1, establece que "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura...".
- Boletín Oficial de las Cortes Generales del 10/SEP/2009: en la página 333 aparece una pregunta para respuesta escrita del mencionado diputado en la que, tras recordar lo establecido en la citada ley y afirmar que le consta la existencia de una base militar cuya denominación es "Alfonso XIII", se interesa por las previsiones del Gobierno para cambiar tal nombre.
- Sí, han leído bien: al parecer, Alfonso XIII guarda algún tipo de relación con la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura... ¿Confunde Joan "El Listo" la Dictadura de Primo de Rivera con la de Franco?
- La respuesta del Gobierno no podía ser otra: "la mención a la figura del Rey Alfonso XIII no se encuentra entre los supuestos que figura en dicha Ley 52/2007".
En fin... sobra cualquier comentario.
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¡Cómo empata con ZP este Joan, en eso de torearnos con lo del estatuario, nominalismos, las cosas del fútbol y sus quinielas con ZP, etc. para que no queramos tratar esa (contra)reforma laboral que aprobó ya el congreso... antes de la fecha fijada por su 'Sindicalismo amigo' para protestar, o sea, dos meses más tarde!
Sobre la política social de ZP: "...la subida de las pensiones mínimas, totalmente insuficiente, y un poco tramposa porque casi, casi, son salvas sin munición, dado que afecta a un número limitado de ellas y con un coste pequeño. ¿Por qué sólo las mínimas? En realidad, en el sistema público de pensiones hasta las más altas son mínimas. La ley de dependencia es casi una declaración de intenciones, sin apenas financiación. Por último, otras, como el cheque-bebé o la desgravación de los 400 euros tienen un carácter netamente electoral, y una naturaleza muy dudosa ya que se aplican por igual a ricos y a pobres.
En cualquier caso, en lo que conviene insistir es que una política verdaderamente social es algo muy distinto. En primer lugar, es totalmente inseparable de la política económica. Resulta difícil aceptar que se haya instrumentado una política social coherente cuando a lo largo de los años de abundancia los salarios apenas han mantenido el poder adquisitivo.
En segundo lugar, la política social precisa de actuaciones tanto desde el lado de los gastos como desde el de los ingresos. Una política fiscal marcadamente progresiva es imprescindible, dado que su capacidad redistributiva es tanta o mayor que la de los gastos y, además, porque será imposible la financiación de estos, si no se cuenta con un sistema tributario con elevada capacidad recaudatoria.
Los gobiernos de Zapatero no se han caracterizado precisamente por haber practicado una política fiscal progresiva. Comenzando por el fraude fiscal, mal endémico de nuestro país, apenas se le ha prestado atención desde el Ejecutivo. No han modificado la reaccionaria Ley General Tributaria que aprobó el Partido Popular, incluso han sido protagonistas de una de las actuaciones más bochornosas cometidas por un gobierno frente a la Administración tributaria. Cuando ésta levantó acta de inspección por el fraude de ley cometido por un número importante de las grandes fortunas de este país al constituir de manera fraudulenta Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV), el Ejecutivo quitó la competencia a la Inspección de Hacienda para concedérsela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entidad que, desde luego, no ha emprendido ni emprenderá ninguna actuación. Además, dio carácter retroactivo a la medida, de manera que las actas levantadas se anularon. Por último, cómo no ver en la parsimonia con que se ha abordado la persecución de las cuentas de Suiza un signo claro de cuáles son las intenciones del Gobierno en esta materia.
Las reformas fiscales emprendidas durante el mandato de Zapatero han sido todas regresivas. Disminución del tipo del Impuesto sobre Sociedades; reforma del IRPF, reduciendo el numero de tramos y el tipo marginal y, lo que es aún más grave, consolidando la escandalosa medida adoptada por el PP, separando las rentas del capital de las de otra clase y aplicándoles un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional. Y, por último, la eliminación del Impuesto de Patrimonio.
Cuando se hacen números es fácil constatar la política social que de verdad se podría haber realizado con los recursos empleados en rebajar los impuestos a las clases altas y medias altas, así como con los ingresos adicionales que se podrían haber obtenido si se hubiera acometido en serio la lucha contra el fraude fiscal y se hubiesen aplicado determinas medidas que corrigiesen las reformas que el PP llevó a cabo en su momento. Sin demasiado margen de error, se podría señalar que las reformas fiscales emprendidas por Zapatero han podido representar para un consejero de alguno de los grandes bancos del país un beneficio anual superior a los 10.000 euros, sin duda bastante parecido al ‘incremento de la pensión mínima’, ¿no?
Pero, con todo, lo que muestra realmente la política social de Zapatero es el hecho de que cuando se ha decidido a realizar una política restrictiva con una reducción brutal del déficit su mirada se ha dirigido no a los impuestos directos, sino a la subida del IVA que pagan por igual todos los ciudadanos, a los sueldos de los funcionarios y a las pensiones, y a un empeoramiento de los servicios públicos mediante recortes en las plantillas de la Administración y de las inversiones.
Dicen que el PP no tiene proyecto ni alternativa en materia económica. ¿Cómo los va a tener si el trabajo sucio ya se lo está haciendo el PSOE?”