La protección del menor

La trágica muerte de Marta del Castillo ha puesto de nuevo sobre la mesa la posibilidad de imponer la pena de cadena perpetua en determinados casos. Se trata de un debate estéril por cuanto nuestra Constitución asume, como objetivo principal, la reinserción del delincuente y tal pena requeriría su modificación. Por otra parte, reformar las leyes como reacción a la alarma social producida por hechos concretos no parece muy prudente, por muy graves que sean aquéllos.

No obstante, merece la pena reflexionar sobre las penas que este tipo de asesinos merece, y sobre todo cuando hay implicados menores. Es necesario un planteamiento global en el que se estudie no sólo una posible reforma del Código Penal, sino también medidas para proteger a los menores en ámbitos como la familia, el colegio, internet o la televisión.

No tiene sentido, por ejemplo, permitir que una niña de 16 años pueda abortar sin el permiso de sus padres y, al mismo tiempo, jugazarla como menor en caso de delinquir. No estoy equiparando aborto con asesinato sino de establecer con claridad cuando un joven es adulto con la responsabilidad que ello conlleva. Si así se le considera para tomar una decisión de graves consecuencias para su bienestar psicológico y físico -el aborto—, no entiendo por qué no se le debería juzgar como tal, sobre todo cuando concurren circunstancias especialmente graves.

¿Nadie recuerda ya el caso de Sandra Palo? Sandra Palo, de 22 años y con una minusvalía psíquica, fue violada, atropellada y quemada viva por tres menores y un joven de 18 años en la noche del 17 de mayo de 2003. Unos de esos menores, El Rafita, fue condenado a cuatro años, la pena máxima contemplada para un menor con 14 años de edad. No se trataría de negarle la sal pero convendría modificar la Ley del Menor para que los menores fueran juzgados como adultos en casos como los de Sandra y Marta.

¿Y qué me dicen de los padres? ¿cómo catalogar a la madre que lleva a una niña de 14 años a un programa televisivo para ser sometida al tercer grado? Hablo de la novia —o ex novia— del presunto asesino, interrogada no en un uno sino en varios programas con el beneplácito de la madre. Mientras tanto, propinar un tortazo a su hijo le ha costado a una madre de Pozo Alcón (Jaén) 45 días de prisión y, lo que es más grave, a permanecer separada de su hijo —tiene que estar a más de 500 metros de él— durante un año y 45 días. Me parece mucho más grave exhibir a una menor para satisfacer el morbo de la audencia que darle una bofetada a un hijo desobediente y, sin embargo, la primera acción quedará sin castigo y la segunda ya hemos visto el resultado. El mundo al revés.

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