El Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, abogó ayer por cambiar el término «nacionalidad» por el de «comunidad nacional» cuando se hace referencia a determinadas Comunidades Autónomas y lo explicaba de esta forma: «La comunidad nacional vasca se extiende, como se explica bien en el célebre plan Ibarretxe, en muchos territorios distintos de dos Estados diferentes. La comunidad nacional catalana abarca al menos tres Comunidades Autónomas. De ahí mi sugerencia de sustituir el término nacionalidad por el de comunidad nacional, porque este último no tiene componente territorial».
En principio, no nos deben extrañar tales declaraciones pues reflejan exactamente lo propuesto por el PSE-EE en el País Vasco y así queda reflejado en el documento Bases para actualización y reforma del Estatuto de Autonomía (recordemos que Rubio Lorente fue nombrado por Rodríguez Zapatero). Aunque la formulación parece inocua, debemos tener siempre presente las premisas sobre las que descansan las estructuras nacionalistas vascas y catalanas:
- como identidades culturales diferenciadas (?), asumen que tienen derecho a una organización política independiente (Estado).
- cada "pueblo" tiene el derecho a ejercer el poder soberano sobre el territorio donde habita.
De ahí que la propuesta de Rubio Lorente tenga el efecto contrario al que sugiere y abra la puerta a futuras reclamaciones territoriales basándose en una supuesta identidad cultural. Al final, y esto es lo realmente lamentable, los derechos individuales y los valores cívicos son pisoteados por la verdad nacionalista. Como escribe Álvarez Junco la visión nacionalista está basada en «la creencia de que los seres humanos se encuentran agrupados en unos entes colectivos, estables en el tiempo y diferenciados entre sí tanto por sus rasgos culturales como por las características psicológicas y éticas -la manera de ser- de los individuos que los componen» (Mater Dolorosa, Taurus, 2001, pág. 12-13). Una creencia, por cierto, de la que no se escapa ningún nacionalismo y carente por completo de justificación científica.
En mi modesta opinión, la solución pasa por deslindar el concepto jurídico del histórico y simplemente nominar a todas por igual: "Comunidad Autónoma". Cualquier otra fórmula solo conduce a crear ciudadanos de primera y de segunda clase y, por lo tanto, a renunciar a lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».