A modo de introducción:

Los problemas derivados de las relaciones Iglesia-Estado no son precisamente recientes. Incluso antes de fundarse las 'naciones' en el sentido actual del término, esta controversia ya suscitó agrios debates políticos como el producido, por ejemplo en el siglo XIII entre Felipe IV el Hermoso y Bonifacio VIII. Desde entonces, la supremacía papal y eclesial sobre los asuntos temporales ha ido disminuyendo aunque no por ello ha perdido su influencia, especialmente en las cuestiones morales. En España, la dictadura franquista significó la intromisión del catolicismo en todos los ámbitos (social, educativo, político,...). Con la llegada de la democracia, la Iglesia Católica conservó buena parte de sus privilegios y mantuvo su estatus en la educación. De hecho, hoy en día más de 7.000 centros de enseñanza, incluyendo jardines de infancia, están sus manos y a ellos acuden millón y medio de alumnos. También en el ámbito hospitalario y asistencial la importancia de las distintas órdenes eclesiásticas es muy importante: casi 3.000 centros sociales donde se atienden a más de tres millones de personas al año, destacando especialmente la atención en centros de caridad. En el campo de las ONG,s su presencia es asimismo mayoritaria y así, dos terceras partes de aquéllas se sitúan en la órbita de la Iglesia. Por último, no podemos dejar a un lado los valiosísimos y abundantes bienes inmuebles: parroquias, catedrales, museos, monasterios, hospitales, etc.

Por su parte, el Estado le exime de pagar diversos impuestos y le apoya económicamente a través de los Presupuestos Generales. Esta financiación no se deriva totalmente de las declaraciones a su favor en el IRPF, ya que existe un máximo y un mínimo. Para el año 2005, por ejemplo, la cantidad mínima fijada es de 141.469.680 euros, la cual supera en 35.478.445 euros a la cantidad recaudada en el ejercicio fiscal de 2002 (último del que dispongo las cifras) y, teniendo en cuenta la tendencia —disminución de recaudación a través del IRPF—, es de suponer que tal diferencia entre las cantidades recaudadas (IRPF) y las realmente percibidas por la Iglesia Católica irán aumentando a favor de las últimas.

En relación con los privilegios fiscales, tan sólo la eximente de IVA en las adquisiciones de objetos destinados al culto católico es exclusivo de la Iglesia Católica. El resto es compartido por todas las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado (evangélicos, musulmanes y judíos). Estas confesiones minoritarias y los mormones (declarada de notorio arraigo) recibirán 3.000.000 de euros que sólo podrán invertir en proyectos de carácter cultural, educativo y social.

Nos encontramos, por tanto, con una cooperación Estado-Iglesia que sobrepasa con creces lo manifestado por los ciudadanos en su declaración de la renta. Además, dicha cooperación queda a expensas del partido político que gobierne en cada momento.

Un modelo compensado (para todas las confesiones):

La separación completa Iglesia-Estado, es decir, la financiación exclusiva a través de donaciones (con incentivos fiscales) sería probablemente lo ideal pero aplicarla a todos los ámbitos —cultural, social, asistencial, educativo— conlleva problemas de difícil resolución.

En primer lugar, propongo distinguir los gastos dedicados al culto y a la propia organización eclesial —sueldos de los clérigos y religiosos, bienes inmuebles no protegidos por las leyes relativas al patrimonio histórico-artístico, ...— del resto. Para los primeros, aplicaría el modelo alemán: un impuesto religioso que recargue el impuesto sobre la renta y los rendimientos del trabajo personal. El Alemania, este impuesto oscila entre el 8 y el 10 % de la cuota tributaria y se define como 'impuesto de pertenencia' ya que cualquier ciudadano puede darse de baja. Eso sí, automáticamente pierde el derecho a recibir las 'prestaciones' propias de la confesión religiosa a la que pertenecía. Por poner un ejemplo: un ciudadano que no pagara dicho impuesto a la Iglesia Católica, no podría confesarse, casarse 'por la Iglesia' o bautizar a sus hijos. De esta forma se paliaría el llamado efecto 'free rider' (consumidor libre de impuestos), que sucede cuando una persona recibe determinados servicios aún cuando no haya puesto la cruz en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica.

Para los centros de asistencia —hospitales, ambulatorios, centro de caridad, orfanatos, guarderías, etc.— me decanto por un sistema financiero de cooperación cuyo objetivo principal sería la integración de dichos centros en la red asistencial nacional y con un régimen financiero idéntico a sus homólogos 'laicos'. Por supuesto, los aspectos relacionados con el culto dentro de estas instituciones quedarían al margen.

En cuanto a los conjuntos artístico-monumentales, apuesto por una titularidad estatal con concesiones administrativas a la correspondientes confesiones religiosas.  El objetivo es triple: la conservación del patrimonio histórico, permitir el uso para las ceremonias propias de la confesión religiosa usufructuaria y asegurar el derecho de los ciudadanos a conocer y visitar dicho patrimonio.

Por último, los centros de enseñanza. Las confesiones religiosas decidirían si se incorporan al sistema público o se convierten en privados. De éstos, salvo su exigible y obvia homologación de las titulaciones impartidas en ellos, nada más diremos. Los primeros —conocidos como concertados—, se integrarían en el sistema educativo público en igualdad de condiciones, incluidas retribuciones de los profesores, zonas de influencia, admisión de alumnos, etc. Las actividades propias de cada confesión —la clase de religión, por ejemplo— se realizarían fuera del horario escolar y tendrían carácter voluntario tanto en los públicos como en los concertados.

No se agotan aquí todas las posibilidades y, por ejemplo, no hemos hablado de los beneficios derivados del uso o usufructo de los hospitales, colegios o catedrales. La cuestión, como ven, daría para mucho más, pero la brevedad obliga. En todo caso las características principales serían las siguientes: financiación a cargo de los acólitos de cada confesión en materias relacionadas con el culto y la estructura organizativa, y cooperación en los ámbitos educativo, asistencial y social.

  • Las 'lineas' de Nasca: siglos antes del surgimiento del Imperio Inca en nuestro continente, una civilización —los nascas— 'dibujaron' unas misteriosas líneas que permanecieron ocultas a los ojos de la ciencia hasta su redescubrimiento, en 1939, por Paul Kosok.
  • Written in stone: The Kingdom of Saudi Arabia is rich in ancient inscriptions. They form a priceless resource for the study of the region's cultural and linguistic heritage. Throughout the country, inscriptions were etched, engraved, pecked, or even sometimes carved in bas-relief on stones or on the rock-faces of cliffs and hills. Epigraphy is the study of such texts, the science of deciphering and interpreting them. This "virtual exhibition" presents some examples of the Epigraphy Collections of the National Museum of Saudi Arabia, many published here for the first time. We present and examine 54 museum objects which bear examples of ancient epigraphy. This is a small selection from over 9,000 catalogued epigraphic objects within the two relevant collections ("Pre-Islamic Epigraphy" and "Islamic Epigraphy") of the Deputy Ministry of Antiquities and Museums (which includes the National Museum as well as regional museums).
  • Arte etrusco: Los etruscos habitaron en la costa noroccidental de la península Itálica, antes de aparecer la civilización romana. Probablemente procedían de Asia Menor y llegaron a Italia hacia el 800 a.C. Los reyes etruscos, influidos por la cultura griega, gobernaron Roma en el siglo VI a.C., hasta que Etruria quedó eclipsada por el poder y la influencia romana hacia el año 200 a.C. En español contamos con los recursos del Museo Gregoriano Etrusco.
    Después de la conquista romana de Etruria, la lengua etrusca cayó en desuso y su comprensión —aún limitada— ha supuesto un reto importante para los científicos: Etruscan Glossary :: Etruscan Etymological Glossary :: Etruscan Philology Online
  • Imágenes de Roma: curiosa colección de fotografías sobre sitios monumentales de Roma. Presenta, de cada uno de éstos, una secuencia fotográfica ordenada de más antigua a más moderna.

Los bosques cubren el 30% del área total de la tierra: El área total de bosques en 2005 es algo menos de 4 mil millones de hectáreas, lo que significa un promedio de 0,62 per cápita. Pero esta área está desigualmente distribuida. Por ejemplo, 64 países que suman una población de 2 mil millones de habitantes tienen menos de 0,1 ha de bosque per cápita. Los diez países más ricos en bosques reúnen dos tercios del área total de bosques. Siete países o territorios no tienen bosque alguno, y otros 57 tienen bosques en menos del 10 por ciento del área total de su tierra.

El estado de los bosques

El área total de bosque sigue disminuyendo, pero el ritmo de pérdidas netas es más lento: La deforestación, sobre todo para convertir los bosques en tierras agrícolas, prosigue a un ritmo alarmante: unos 13 millones de hectáreas al año. Al mismo tiempo, las plantaciones forestales, la restauración del paisaje y la expansión natural de los bosques han reducido notablemente la pérdida neta área de bosque.

El estado de los bosquesEl cambio neto en el período 2000–2005 se calcula en –7,3 millones de hectáreas al año (área aproximadamente equivalente a la de Sierra Leone y Panamá), frente a –8,9 millones de hectáreas anuales en el período 1990– 2000. África y América del Sur continúan a tener la mayor pérdida neta de bosques. También Oceanía, América del Norte y América Central experimentaron pérdidas forestales netas. El área de bosque en Europa siguió aumentando, aunque más lentamente. Asia, que había tenido una pérdida neta en el último decenio del siglo XX, acusó una ganancia de bosque neta en el período 2000–2005, sobre todo debida a la forestación en gran escala informada por China.

El estado de los bosques

FUENTE: www.fao.org

No se han presentado mil quinientas enmiendas pero ha faltado poco: mil trescientas sesenta y cinco. Hoy nos detendremos en el artículo 6 (currículo) del capítulo III, en concreto en su apartado tercero (*): «Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan.» Es decir, los contenidos básicos establecidos por el Estado podrían ir desde el 0% al 55(65)% y esto significa, que en la práctica, la desaparición de las directrices nacionales en los planes de estudio podría ser una realidad dentro de pocos años. Se han presentado once enmiendas al artículo 6, de las cuales cinco de ellas hacen referencia a este apartado concreto [Leer enmiendas].

En todo caso, un repaso a la historia —tan amiga últimamente de los nacionalistas— nos puede dar pistas sobre el futuro. Durante la II República, los esfuerzos por reformar la educación por parte de la izquierda fueron, sin duda, muy importantes. Tanto como el rechazo de la derecha. Pero los republicanos no sólo tuvieron que luchar contra la derecha monárquica y católica, sino también contra los enemigos del Estado unitario. En Cataluña, por ejemplo, sus dirigentes —ante la falta de regulación nacional de la enseñanza primaria— sustituyeron el estudio de la historia de España por el de Cataluña en las escuelas administradas por la Generalitat. Así, los libros de texto no hacían referencia a España; cuando debían mencionar al resto de la península, utilizaban eufemismos tales como «otras tierras», «pueblos hispánicos» o «Hispania». Pueden imaginarse el resto: una Historia «natural» —manipulada— al servicio de la etnia catalana que, según el eminente arqueólogo Pere Bosch Gimpera, podía identificarse desde tiempos prehistóricos. Una manipulación, por cierto, que en la dictadura de Franco se invertiría al quedar la política cultural y educativa en manos de una sucesión de grupos católicos. Si finalmente se aprueba el artículo 6 con su actual redacción, el debate territorial creará las mismas tensiones internas que tanto daño hicieron a la II República. Téngase en cuenta que, como entonces, también los colegios religiosos quedaran fuera del alcance del Estado y tanto éstos como los regidos por los nacionalismos étnicos se convertirán en estrados desde los que se cuestionará la legitimidad del Estado.

¿Soluciones? Yo les propongo la siguiente: «El Estado fijará el currículo para todo el territorio nacional con el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. Un 10% del horario escolar quedará a disposición de las Comunidades Autónomas que fijarán los contenidos específicos». Si alguien presenta argumentos que justifiquen por qué los contenidos o los objetivos debieran diferenciarse en función del lugar geográfico, cambiaré de opinión.

(*) La técnica legislativa deja bastante que desear y Coalición Canaria pone el dedo en la llaga cuando en la justificación de la enmienda nº 617 aduce, refiriéndose al apartado 3, lo siguiente: «En el apartado 2 del artículo 6 se habla de competencias básicas que, junto con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, forman parte de los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Por tanto, el calificativo «básico» se aplica a las competencias y a los aspectos del currículo. Sin embargo, en el apartado siguiente se ha sustituido la redacción del anteproyecto (aspectos básicos del currículo) por contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, siendo así que tal expresión no guarda relación con el apartado 2, como ha quedado indicado».

Si ya es difícil seguir la tramitación de una ley, aún resulta todavía más complicado analizar una Ley Orgánica como la de educación (592KB) De momento, se han presentado casi mil quinientas enmiendas a un proyecto que consta de 154 artículos, veintidós disposiciones adicionales, trece disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales ¡Casi nada!

No obstante, todo parecerse reducirse a la asignatura de religión, los colegios concertados y la elección de centro. No quiero restar importancia a tales cuestiones pero, personalmente, preferiría titulares e informaciones sobre problemas tales como la situación de los maestros, el fracaso escolar o el compromiso de los padres con la educación.

Sí; he escrito maestro porque, a diferencia del término profesor, su significado se extiende más allá de la mera enseñanza de conocimientos. Dadme el maestro —decía Giner de los Ríos en una de sus más conocidas acotaciones— y os abandono el edificio, las instalaciones, la organización, los programas..., todo lo demás. Pero lejos de mimar tan importante figura, la sociedad la ha desposeído de toda significación, convirtiéndola en un mero funcionario que cumple con su trabajo de forma rutinaria. A su pesar, claro. Porque nadie puede negar que, de su vocación, surge la abnegación de quienes, día a día, intentan «educar» a nuestros hijos. Les exigimos ejercer la autoridad, mantener la disciplina, requerir esfuerzo a los niños y jóvenes educandos,... pero ¿y en el seno de la familia? ¿participamos de esas ideas o las dejamos colgadas a la entrada de casa como si fueran prendas de quita y pon?

Tengo delante de mi el último número de la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, un monográfico, cuyo título lo dice todo: "Bournot Burnout en profesores: recientes investigaciones". ¿Están quemados? Pues sí y nadie les puede culpar. La investigación, basada en principios de intercambio social, argumenta que el bournot se produce «por una falta de reciprocidad; por un desajuste entre inversiones y resultados. Los profesores quemados se caracterizan por haber dado demasiado durante demasiado tiempo y por recibir demasiado poco a cambio». La solución no es sencilla y ni una u otra ley podrá remediar la situación si no se logra la comunidad entre padres, maestros y poderes públicos. Por desgracia, el camino emprendido dista mucho de ello.

Los grandes lectores, los que amamos la literatura por encima de todo, hace tiempo que no leemos los Premios Planeta. Si por casualidad nos los regalan, los cambiamos por otra cosa, todo menos tragarnos lecturas infumables.

El pasado mes de octubre, Juan Marsé, como miembro del jurado, mostró su desacuerdo con las obras ganadoras de tan suculento premio, argumentando la "insuficiente calidad literaria" de las novelas. Esta misma semana, mediando escasamente un mes, Umbral ha vuelto a poner el dedo en la llaga abierta por Marsé calificando la obra de María de la Pau Janer como una "novela sin estilo". Desde que el Nobel Cela se llevó el galardón "interplanetario" para seguidamente verse envuelto en un lío plagiario que acabó en los tribunales, sobre el Premio Planeta gravita el peso de la polémica y las dudas.

La Literatura con mayúscula no vende y esto lo saben muy bien quienes otorgan premios y viven al amparo de las grandes editoriales. Umbral, que ha sido en muchas ocasiones más crítico que escritor, ha tardado en denunciar la falta de estilo literario en esta clase de premios, quizá le haya animado la valiente posición de Juan Marsé descolgándose del jurado, aduciendo la baja calidad literaria de los ganadores. Enfrentarse al criterio de Planeta a la hora de dar premios les puede traer a estos dos pesos pesados de la literatura algún que otro problemilla, al fin y al cabo hay que entender y valorar su posición: un escritor contra su grupo editorial. Y por muy Umbral y muy Marsé que sean, están echando un pulso al poder del que viven. Me alegra que nuestros clásicos vivientes recuperen posiciones y se comprometan a favor de la buena literatura. Que nadie piense que están viejos y que no tienen nada que perder a la hora de hacer este tipo de declaraciones, porque siempre hay algo que perder: reediciones y derechos de autor, por poner un ejemplo.

La opinión de estos dos grandes escritores, que han aportado a las letras españolas una obra digna de estudio, debería hacer reflexionar a todos los que leen por leer y se despachan regalando por navidad un libro falto de calidad literaria y sobrado de marketing. Por desgracia, el Premio Planeta ha perdido su espíritu de mecenazgo para convertirse en una mera gestión de paquetes de libros: dinero para el imperio editorial y agonía para la literatura. Leer lo primero que te ofrece la mesa de una librería cuesta tiempo, dinero y a veces, lejos de formar, deforma. Hay novelas que, después de haberlas leído, ni siquiera dejan una frase digna del recuerdo.

Un libro nace para ser atesorado o desechado, pues los libros ocupan espacio. De esto también sabe mucho Francisco Umbral. Hace años, le oí decir que los libros que no le gustan acaban en el fondo de su piscina. Claro… que no todos tenemos piscina en casa. ¿Qué habrá hecho con las obras ganadoras del Planeta 2005? Descansen en paz.

Por María Jesús Mayoral Roche, escritora.

De la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la causa que se juzgaba a los miembros de la Mesa del Parlamento vasco en la pasada legislatura —por negarse a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak (SA) en la Cámara vasca, como había ordenado el Supremo—, me preocupa especialmente la negativa del Tribunal a entrar en la cuestión de fondo. Según se recoge en la sentencia, dicha Sala «carece de jurisdicción para valorar si hubo o no conducta delictiva, una vez acreditado que los imputados actuaron gozando del privilegio de la inviolabilidad parlamentaria». Nos encontramos en un terreno sumamente resbaladizo donde, a la vista de lo publicado en distintos medios, se confunden y se mezclan dos conceptos diferentes pero complementarios: la inviolabilidad y la inmunidad.

La inviolabilidad «es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las actuaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos parlamentarios exteriores a la vida de las Cámaras siendo finalidad específica del privilegio asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan (STC 9/1990)». Por su parte, el artículo 13 del Reglamento del Parlamento Vasco señala lo siguiente: «los Parlamentarios gozarán, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones, actuaciones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo».

La inmunidad, en cambio, «es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento (STC 90/1985).»

En este caso, el Tribunal ha entendido que, de las dos prerrogativas, se ha de aplicar la de inviolabilidad «pues las conductas imputadas encajan en el ámbito legal mencionado...» en detrimento de la postura de la parte acusadora que defendía la aplicación del artículo 118 de la Constitución (Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto).

Con todo mi respeto al mencionado Tribunal, pero con idéntica firmeza, creo sinceramente que ha confundido «inviolabilidad» con «impunidad». La inviolabilidad proporciona absoluta libertad al parlamentario para expresarse y defender cualquier proyecto político sin temor a ser por ello juzgado. Puede clamar públicamente o alentar incluso una proposición no de ley en contra de una sentencia pero, si se trata de ejecutarla, ya no caben las «opiniones políticas» y mucho menos someter a votación la resolución firme de un Tribunal. En este caso, el parlamentario se encuentra por completo en un ámbito ajeno al ejercicio de sus funciones, y su inexcusable obligación es la de colaborar con la Justicia. ¿Se imaginan ustedes que todas las sentencias tuvieran que contar con el beneplácito del correspondiente parlamento? Yo no, y por eso lamento que el Tribunal no haya valorado si hubo o no conducta delictiva.

El escudo de ZaragozaEl uso de un león como emblema de Zaragoza se documenta por primera vez en 1299, aunque su origen está en la heráldica del rey de Castilla y León, al que perteneció la ciudad entre 1136 y 1177. En el siglo XVI Zaragoza mantenía también un león vivo, como símbolo de la ciudad, en la parroquia de san Andrés. Otros elementos del escudo de Zaragoza: Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Inmortal, títulos otorgados por los Sitios de 1808-1809; Siempre Heroica y una corona de laurel, por los hechos del 5 de marzo de 1838; Muy Benéfica por su actitud humanitaria en la epidemia de cólera de 1885.

FUENTE: Centro de Historia de Zaragoza, sito en la Plaza San Agustín, 2 de Zaragoza.