No soy economista y mis conocimientos sobre la materia se limitan a los conceptos más manidos en este mundillo: PIB, renta per cápita, impuestos directos e indirectos, demanda agregada y poco más. Sin embargo y al igual que todos ustedes, formo parte de una pequeña empresa a la que llamamos «familia». Las hay de distintas clases y tamaños pero todas ellas comparten los mismos tipos de gastos e ingresos.
Por el lado de los ingresos contamos con los salarios y las transferencias del sector público (prestaciones de desempleo, pensiones, ayudas familiares, etc). Por el lado de los gastos, el consumo de bienes y servicios finales (alimentación, ropa, electricidad, etc) y los impuestos. La diferencia, en caso de ser positiva, es el ahorro.
La empresas, por su parte, presentan un esquema muy parecido. Los que las familias gastan en bienes y servicios finales son sus ingresos a los que se les suma las subvenciones y ayudas proporcionadas por el sector público. En el lado contrario, sueldos, impuestos y consumo de bienes y servicios finales.
En medio de ambas organizaciones se encuentra el sistema financiero que capta el ahorro para después ofrecer recursos para la inversión a las empresas y préstamos a las familias para su consumo. Y por supuesto, el sector público cuyos ingresos dependen de los impuestos mientras que los gastos comprenden las transferencias a las familias y a las empresas, servicios productivos (v.g. contratar personal), y bienes y servicios finales.
Con la declaración del Estado de alarma este flujo de ingresos y gastos se ha deformado y el Gobierno presenta como solución el aplazamiento de las deudas (y no de todas) pero esto solo conseguirá diferir en el tiempo el problema. Supongamos que esta situación se prolonga durante dos meses: ¿y si borramos del mapa económico ese tiempo para todas las familias y para la empresas afectadas?
Dejamos de pagar durante ese tiempo la hipoteca, el alquiler y los impuestos, y eliminamos el IVA de la electricidad, el agua, la basura, Internet,... medidas todas ellas aplicables tanto a las familias como a las empresas. No solo eso sino que además se reduciría de forma proporcional los impuestos directos anuales en aquellos apartados afectados por el confinamiento. Con ello reducimos el gasto al mínimo imprescindible de forma que sacrificamos una parte muy pequeña de nuestro ahorro.
El flujo económico se rompe quedando el Estado como único garante del sistema. Mantendría tanto las transferencias a las familias (prestaciones de desempleo, pensiones, ayudas familiares) como a las empresas (subvenciones) y seguiría gastando en bienes y servicios finales así como en servicios productivos. Como es obvio, sus ingresos se reducirían de forma notable y sería entonces cuando el Banco Central Europeo debería acudir en ayuda del país mediante la compra de deuda. Sencillo, efectivo y práctico.
Nota: probablemente, nada de lo dicho tenga sentido y estoy seguro de que los economistas se llevarían las manos a la cabeza si leyeran esta peregrina idea pero... ¿y si tengo razón? Hasta los caballitos del diablo me mirarían asombrados.