Nos encontramos ante una dejación absoluta de responsabilidad por parte del gobierno pues pretende -¡nada menos y nada más!- que el Consejo de Estado decida incluso "las funciones que debe ejercer el Senado como Cámara de representación territorial". Lejos de proponer una reforma determinada, el ejecutivo deja una decisión política en manos de un organismo cuya finalidad es exclusivamente consultiva. Y estudios no faltan: El Senado y las Comunidades Autónomas (R. Punset, 1987), La reforma del Senado (M. Martínez Sospedra, 1990), La reforma del Senado (V.A., CEC, 1994), La reforma del Senado: territorialización del Senado (F.J. Visiedo) o La experiencia constitucional, 1978-2000 (V.A., CEPC, 2000) entre otros. Y modelos donde poner la mirada también los hay: Austria y Alemania son, por ejemplo, un buen referente en esta cuestión.
Señores del gobierno, dejen ustedes de marear la perdiz y hagan el favor de explicar cuáles son realmente sus intenciones en aspectos tan fundamentales como:
- La participación de las Comunidades autónomas en la aprobación de las leyes que les afecten y, en especial, en las leyes básicas del Estado.
- La participación de las CCAA en la formación de las normas y decisiones de la Unión Europea que les puedan afectar.
- Los instrumentos para promover las relaciones entre las CCAA y disminuir los conflictos de competencias.
- La modificación de la Ley Electoral ya que un Senado como Cámara de representación territorial deja en entredicho las actuales circunscripciones electorales. Se podría pasar, por ejemplo, a una única circunscripción para el Congreso y mantener las actuales para el Senado.
Texto de referencia: Reforma constitucional propuesta por el gobierno socialista