Relaciones Estado-Iglesia(s)

A modo de introducción:

Los problemas derivados de las relaciones Iglesia-Estado no son precisamente recientes. Incluso antes de fundarse las ‘naciones’ en el sentido actual del término, esta controversia ya suscitó agrios debates políticos como el producido, por ejemplo en el siglo XIII entre Felipe IV el Hermoso y Bonifacio VIII. Desde entonces, la supremacía papal y eclesial sobre los asuntos temporales ha ido disminuyendo aunque no por ello ha perdido su influencia, especialmente en las cuestiones morales. En España, la dictadura franquista significó la intromisión del catolicismo en todos los ámbitos (social, educativo, político,…). Con la llegada de la democracia, la Iglesia Católica conservó buena parte de sus privilegios y mantuvo su estatus en la educación. De hecho, hoy en día más de 7.000 centros de enseñanza, incluyendo jardines de infancia, están sus manos y a ellos acuden millón y medio de alumnos. También en el ámbito hospitalario y asistencial la importancia de las distintas órdenes eclesiásticas es muy importante: casi 3.000 centros sociales donde se atienden a más de tres millones de personas al año, destacando especialmente la atención en centros de caridad. En el campo de las ONG,s su presencia es asimismo mayoritaria y así, dos terceras partes de aquéllas se sitúan en la órbita de la Iglesia. Por último, no podemos dejar a un lado los valiosísimos y abundantes bienes inmuebles: parroquias, catedrales, museos, monasterios, hospitales, etc.

Por su parte, el Estado le exime de pagar diversos impuestos y le apoya económicamente a través de los Presupuestos Generales. Esta financiación no se deriva totalmente de las declaraciones a su favor en el IRPF, ya que existe un máximo y un mínimo. Para el año 2005, por ejemplo, la cantidad mínima fijada es de 141.469.680 euros, la cual supera en 35.478.445 euros a la cantidad recaudada en el ejercicio fiscal de 2002 (último del que dispongo las cifras) y, teniendo en cuenta la tendencia —disminución de recaudación a través del IRPF—, es de suponer que tal diferencia entre las cantidades recaudadas (IRPF) y las realmente percibidas por la Iglesia Católica irán aumentando a favor de las últimas.

En relación con los privilegios fiscales, tan sólo la eximente de IVA en las adquisiciones de objetos destinados al culto católico es exclusivo de la Iglesia Católica. El resto es compartido por todas las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado (evangélicos, musulmanes y judíos). Estas confesiones minoritarias y los mormones (declarada de notorio arraigo) recibirán 3.000.000 de euros que sólo podrán invertir en proyectos de carácter cultural, educativo y social.

Nos encontramos, por tanto, con una cooperación Estado-Iglesia que sobrepasa con creces lo manifestado por los ciudadanos en su declaración de la renta. Además, dicha cooperación queda a expensas del partido político que gobierne en cada momento.

Un modelo compensado (para todas las confesiones):

La separación completa Iglesia-Estado, es decir, la financiación exclusiva a través de donaciones (con incentivos fiscales) sería probablemente lo ideal pero aplicarla a todos los ámbitos —cultural, social, asistencial, educativo— conlleva problemas de difícil resolución.

En primer lugar, propongo distinguir los gastos dedicados al culto y a la propia organización eclesial —sueldos de los clérigos y religiosos, bienes inmuebles no protegidos por las leyes relativas al patrimonio histórico-artístico, …— del resto. Para los primeros, aplicaría el modelo alemán: un impuesto religioso que recargue el impuesto sobre la renta y los rendimientos del trabajo personal. El Alemania, este impuesto oscila entre el 8 y el 10 % de la cuota tributaria y se define como ‘impuesto de pertenencia’ ya que cualquier ciudadano puede darse de baja. Eso sí, automáticamente pierde el derecho a recibir las ‘prestaciones’ propias de la confesión religiosa a la que pertenecía. Por poner un ejemplo: un ciudadano que no pagara dicho impuesto a la Iglesia Católica, no podría confesarse, casarse ‘por la Iglesia’ o bautizar a sus hijos. De esta forma se paliaría el llamado efecto ‘free rider’ (consumidor libre de impuestos), que sucede cuando una persona recibe determinados servicios aún cuando no haya puesto la cruz en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica.

Para los centros de asistencia —hospitales, ambulatorios, centro de caridad, orfanatos, guarderías, etc.— me decanto por un sistema financiero de cooperación cuyo objetivo principal sería la integración de dichos centros en la red asistencial nacional y con un régimen financiero idéntico a sus homólogos ‘laicos’. Por supuesto, los aspectos relacionados con el culto dentro de estas instituciones quedarían al margen.

En cuanto a los conjuntos artístico-monumentales, apuesto por una titularidad estatal con concesiones administrativas a la correspondientes confesiones religiosas.  El objetivo es triple: la conservación del patrimonio histórico, permitir el uso para las ceremonias propias de la confesión religiosa usufructuaria y asegurar el derecho de los ciudadanos a conocer y visitar dicho patrimonio.

Por último, los centros de enseñanza. Las confesiones religiosas decidirían si se incorporan al sistema público o se convierten en privados. De éstos, salvo su exigible y obvia homologación de las titulaciones impartidas en ellos, nada más diremos. Los primeros —conocidos como concertados—, se integrarían en el sistema educativo público en igualdad de condiciones, incluidas retribuciones de los profesores, zonas de influencia, admisión de alumnos, etc. Las actividades propias de cada confesión —la clase de religión, por ejemplo— se realizarían fuera del horario escolar y tendrían carácter voluntario tanto en los públicos como en los concertados.

No se agotan aquí todas las posibilidades y, por ejemplo, no hemos hablado de los beneficios derivados del uso o usufructo de los hospitales, colegios o catedrales. La cuestión, como ven, daría para mucho más, pero la brevedad obliga. En todo caso las características principales serían las siguientes: financiación a cargo de los acólitos de cada confesión en materias relacionadas con el culto y la estructura organizativa, y cooperación en los ámbitos educativo, asistencial y social.

5 comentarios


  1. Cuanta más enjundiosa es la anotación, menor número de comentarios :(((

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    A ver si puedes conseguir el PDF del artículo de Eugenio Trías en EL MUNDO de hoy miércoles. En Bye, bye Spain lo extractan:
    El problema de España

    Ya no avisas vía RSS de la actualización de la bitácora matriz :(

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  2. Hola ‘maty’: efectivamente y no creas que no me preocupa porque los comentarios de los lectores son la salsa de las bitácoras. Por otra parte, no podría, aunque quisiera, cambiar mi estilo. Muchas veces llego tarde al debate mediático pero, antes de escribir, me gusta informarme y reflexionar. Y eso, lógicamente cuesta.
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    Artículo de Eugenio Trías: se publicó el martes día 15 y lo tienes archivado en esta página. El enlace directo: El espíritu de las leyes.
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    Avisos de actualizaciones: sigo avisando; sólo que algunos días, como hoy, me olvido. Ahora mismo me pongo a ello.
    Un saludo.

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  3. Vaya artículo más obtruso! ¿Por qué algunos se empeñan en ofuscar el lenguaje? Siento habértelo pedido, pero lo extractado prometía. En cualquier caso, muchas gracias.

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  4. Como católico creo que estoy básicamente de acuerdo con lo que propones, Miguel, aunque con algunas puntualizaciones.

    En el ámbito que conozco, los colegios concertados tienen que cumplir los mismos criterios de admisión, zonas, etc., que los públicos, pero aún más estrictamente. Es más, el problema que tiene la Junta es que la gente hace de todo con tal de meter a sus hijos en colegios religiosos (como empadronar a sus hijos en casa de sus abuelos para caer en la zona del colegio deseado), pero no les permiten aumentar el ratio por aula ni construir más porque no pueden vender que lo público tiene peor calidad que lo concertado, y esa es la base del problema. Me parece estupendo que los padres que no quieran una educación cristiana para sus hijos vayan a centros públicos, pero cuando la zona de ciertos colegios de prestigio (por ejemplo los jesuitas) se altera año tras año para incluir en ella a según qué jerifaltes de la Junta (que ha sido del PSOE desde el principio) veo una contradicción. Lo que deberíamos plantearnos es: ¿por qué tanta gente asume que la calidad de los colegios religiosos es mejor que la de los públicos? Literalmente, algo tendrá el agua cuando la bendicen.

    Ya que nos ponemos europeos, yo sugeriría que el Estado diese un “bono educativo” de aquello que está dispuesto a subvencionar y respete la libertad de los padres para elegir el centro más acorde con sus valores, independientemente de la zona en que se encuentre. Ya que parece que hoy día en España la Iglesia está tan mal vista y es tan problemática, por mí no hay problema: que todos los que abominan de ella se lleven a sus hijos a colegios estrictamente laicos y nos dejen las plazas a los que deseamos un tipo de formación y de valores que la escuela pública no nos va a ofrecer. Desde el momento en que el centro respete el modelo curricular básico del Estado, no veo por qué no ha de incluir la formación religiosa (que no catequética, lo cual es muy diferente) como una asignatura adicional, ya libremente escogida por las familias, de la misma forma que en ciertas escuelas se da un segundo idioma desde primaria. Y que sea en horario lectivo y evaluable, aunque no se considere después a efectos de la nota media oficial de cara a la Consejería de eudcación y el Ministerio.

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