Una izquierda totalitaria

Un sondeo de urgencia de Metroscopia para el periódico El País arroja unos resultados inimaginables en una democracia. A la primera pregunta sobre si un juez debería poder interceptar las conversaciones de un preso con su abogado si considera que lo que hablan va más allá del estricto derecho a la defensa, nada menos que el 65 % de los encuestados ha respondido que sí. Aún más grave: entre los que se llena la boca de palabras como "democracia", "derechos sociales" o "cuotas paritarias", es decir los votantes del PSOE, el porcentaje es del ¡ 81 % !

Si alguien necesita que le expliquen por qué el secreto de las comunicaciones entre acusado y abogado es la piedra angular del derecho de defensa, no hace falta que siga leyendo. Los siguientes argumentos van dirigidos a los demócratas y no a fascistas cuya idea de la justicia no es otra que la que se aplica en los regímenes totalitarios.

En primer lugar, la manipulación de Metroscopia es evidente y su finalidad es obvia, a saber, proporcionar al País leña con la que mantener el fuego donde quemar al Tribunal Supremo y elevar a Garzón al rango de héroe. La pregunta, tal y como está formulada, obvia un aspecto fundamental de las actuaciones del mencionado juez.

Según auto de fecha 19 de febrero de 2009, Garzón ordenó "la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos [los acusados] con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos...”. Se desprende de ello, como bien recoge la sentencia, que "la grabación y escucha de las comunicaciones iba a incluir no solo las que realizaran con los letrados ya personados en la causa, a los que, salvo al letrado ya imputado José Antonio López Rubal, no se menciona individualizadamente, sino a todos los letrados, fueran quienes fueran, que eventualmente se personaran en el futuro como defensores de los internos. Es decir, que el acusado [Garzón] sabía que, dado el tenor de su acuerdo y la ausencia de disposiciones o instrucciones complementarias al mismo, en el caso de que los internos designaran nuevos letrados, las comunicaciones que mantuvieran con ellos serían intervenidas, aun cuando al momento de firmar la resolución su identidad fuera desconocida y, por lo tanto, no se pudieran conocer y valorar los indicios que, en su caso, existieran contra los mismos."

Reformulemos ahora la pregunta: ¿Cree que un juez debería poder ordenar que se graben las conversaciones que mantienen con su abogado alguien que está en prisión, sin que exista indicio alguno de que lo hablado vaya más allá del estricto derecho de la defensa?

El resto de las cuestiones van el misma dirección y no merece la pena comentarlas. No se dejen influir por ciertos medios de comunicación, lean la sentencia y después reflexionen. Un indicio: unanimidad en el fallo.

Una reflexión final: la baja calidad de nuestra democracia no deriva tanto de un sistema de partidos corrupto como de unos ciudadanos que se comporta como súbditos. Mañana hablaremos de la reforma del mercado laboral, una prueba más de la incapacidad de la sociedad para responder a los desmanes de los políticos.

Actualización 14/02/12:

A raíz de la sentencia por la que se condena al juez Garzón se vienen produciendo diversos comentarios acerca de casos semejantes con el fin de justificar la llamada "cacería a Garzón". Uno de los ejemplos más comentados se refiere al caso de Marta del Castillo ya que el juez instructor ordenó la "intervención, grabación y escucha de las comunicaciones que M.C.D, S.B.P y F.J.D.M. mantengan en los Centros Penitenciarios en que los mismos permanecen o permanezcan recluidos, tanto telefónicas como de locutorio" con el único propósito de descubrir el paradero de la víctima.

Primer elemento: las grabaciones de las conversaciones que mantienen los presos es una práctica legal aunque, como es obvio, deben existir argumentos de peso. Nótese que, a diferencia de las instrucciones dadas por Garzón, no se ordenó de forma específica que se intervinieran las conversaciones con sus abogados.

De hecho, el abogado de uno de los imputados intentó anular el auto del juez instructor pero su solicitud fue denegada: "… no acordó expresamente la intervención u observación de las conversaciones abogado-cliente por más que fueran también grabadas como consecuencia de no haber sido excluidas y no se desconoce que no sería utilizable contra los reos el contenido de esas comunicaciones con sus Abogados excepto en lo atinente al hallazgo o localización del cuerpo de la víctima".

Segundo elemento: principio acusatorio. Dado que el juez instructor del caso Marta del Castillo no fue acusado de prevaricación, mal se puede hablar de trato discriminatorio hacia el juez Garzón.

Garzón cruzó la línea cuando ordenó grabar las conversaciones abogado-defensor:

1. sin especificar el alcance de dichas medidas
2. incluyendo a cualesquiera abogado que se personara en la causa, es decir, sin mediar indicio alguno de delito.

El papel de la fiscalía: a pesar de todo lo escrito en muchos medios de comunicación, se opuso de forma rotunda cuando los acusados cambiaron de abogado. En el informe emitido por el Ministerio Fiscal se puede leer: "Por ello, el Fiscal no se opone a la prórroga de las intervenciones solicitadas por la UDEF si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los imputados y, en todo caso, con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa." A pesar de ello, Garzón ordenó la prórroga de las grabaciones. Como se recoge en la sentencia, "Por lo tanto, y el acusado [Garzón] era consciente de ello, entre las comunicaciones que se iban a intervenir a los internos en el centro penitenciario, imputados respecto de los que había acordado la prisión provisional, se encontrarían, sin excepción alguna, las que mantuvieran con los letrados designados por cada uno de ellos para su defensa, contra los cuales no constaba indicio alguno de actividad criminal.