¡Hace más de cien años!

La reivindicación del concierto económico para Catalunya no es una ambición que tenga fundamento en la Constitución española de 1978 o en los sucesivos Estatutos de autonomía aprobados por el pueblo de Catalunya en base y en el marco del mencionado texto constitucional. A finales del siglo XIX, desde el año 1897 a 1899, un ancho movimiento liderado por la Societat Econòmica Barcelonesa d’amics del País, el Foment del Treball Nacional, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el Ateneu Barcelonés y la Liga de Defensa Comercial e Industrial (hoy desaparecida) plantearon a las autoridades españolas la necesidad y la urgencia de atender aquellas reivindicaciones del concierto. Corresponde ahora, a los que asumen la presidencia de aquellas entidades, como sucesores de la historia corporativa de las mismas, ratificar y apoyar aquellas reivindicaciones que, como es evidente, no pueden ser calificadas ni de improvisadas o precipitadas, avaladas como están por una sostenida voluntad de más de cien años.

En aquellos momentos, la Societat Econòmica Barcelonesa d’amics del País, presidida por Bartomeu Robert, condenaba en un informe contundente y apasionado –del que se hacía eco la Memoria elaborada por la Diputación provincial de Barcelona el 29 de abril de 1899– el vigente, en aquel momento, régimen tributario señalando “la necesidad jurídica y económica de acomodarlo a las condiciones y aptitudes de cada comarca”. Concretamente, se señalaba que cuando España tenía provincias y posesiones ultramarinas, “firmábanse presupuestos especiales para las Antillas y para Filipinas” y se pedía porqué aquella diversidad no se tenía que reconocer para la diversidad de condiciones de las diferentes comarcas de España. Reivindicación que se hacía extensiva para toda Catalunya y que en términos muy precisos se recogía también en los manifiestos que sobre esta cuestión formularía el Ateneu Barcelonès.

No estamos, pues, en la actualidad, ante una reivindicación nueva en el panorama político y económico catalán. Y no es de extrañar ni puede causar sorpresa que esta reivindicación tome cuerpo en los momentos de crisis económica. La fuerte crisis que vive Europa, que tiene singularidades muy específicas en España, pone en primer término que a una política imprescindible de rigor y austeridad en el gasto público se corresponda un sistema de financiación que dé a las comunidades autónomas una máxima responsabilidad en la gestión y administración tributaria, objetivando y limitando sus obligaciones en el campo de la imprescindible solidaridad interterritorial. Todas las obligaciones tienen que ser leídas en el actual contexto económico que estamos sufriendo y, en este sentido, un nuevo pacto fiscal en la línea de un concierto económico se constituye en un instrumento imprescindible a fin de que Catalunya pueda enfrentar su particular situación y asentar las bases de una deseable recuperación económica.

Nadie se atreve a discutir que el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas presenta desigualdades bien patentes que vienen perjudicando gravemente a Catalunya. El déficit presupuestario catalán tiene causas bien plurales y heterogéneas; pero es evidente que destaca entre todas la de una financiación pública que retorna a Catalunya mucho menos de lo que esta aporta al conjunto de la Hacienda pública del Estado. Este déficit fiscal castiga el gasto social de Catalunya, perjudica y limita la financiación de partidas tan necesarias como la enseñanza o la sanidad, generando situaciones tan conflictivas como injustificables.

Hoy, como hace cien años, corresponde a la sociedad civil catalana apoyar esta reivindicación de un nuevo pacto fiscal para Catalunya. Hoy, afortunadamente, Catalunya cuenta con instituciones representativas que pueden y tienen que liderar esta reivindicación; pero eso no excluye que las entidades más históricas del país, fieles a las ideas que defendieron en aquellos momentos finales del siglo XIX, quieran volver a ratificar su validez, actualidad y vigencia. El 21 de noviembre de 1899, aquellas entidades dirigían un mensaje al país que comportaba un compromiso, hoy todavía vigente, para atender una ambición que la sociedad catalana ponía de manifiesto al servicio de una mejor financiación y una más justa distribución del esfuerzo fiscal a nivel de toda España.

Las circunstancias han cambiado, el país también; no todo tiene que tener el mismo sentido, ni ser leído como si nada hubiera pasado desde 1899 para acá. Pero hay ideas que, en formas y manifestaciones diferentes, siguen vivas en la sociedad catalana. Y los presidentes infrascritos creen que es su obligación defenderlas como tributo de coherencia con la historia de las entidades que representan. No sería justo ignorar que la situación especialmente grave que la crisis económica plantea en Catalunya da prioridad a la tarea de definir un nuevo pacto fiscal para Catalunya, en línea con lo que representaría un concierto económico.

Por Miquel Roca i Junyent, presidente de la Societat Econòmica Barcelona d’amics del País, J. Gay de Montellà, presidente de Foment del Treball, Baldiri Ros Prat, presidente del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, y Francesc Cabana Vancells, presidente del Ateneu Barcelonès.

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